Por qué el Gobierno propone crear la Secretaría de Integridad Pública y cuáles serían sus funciones

El Organismo Ejecutivo presentó una iniciativa de ley que propone crear la Secretaría de Integridad Pública ante la temporalidad de la actual Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

Sandy Pineda

29 de agosto de 2025

|

17:18h

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El Ejecutivo presentó al Congreso una iniciativa de ley para crear la Secretaría de Integridad Pública (SIP), que sustituirá a la actual Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), cuya vigencia concluye a inicios del 2028.

La propuesta busca institucionalizar los esfuerzos de integridad y transparencia dentro del Organismo Ejecutivo, superando el modelo de órganos temporales que se han creado desde hace más de 20 años.

Julio Flores, presidente de la CNC, explicó que “durante años la lucha contra la corrupción ha dependido de esfuerzos temporales, con comisiones que muchas veces nacen condenadas a desaparecer antes de su consolidación”, al presentar la iniciativa este viernes 29 de agosto del 2025.

Según la CNC, han existido ocho entidades de este tipo desde el 2001, cada una con distinto nombre y estructura, lo que ha dificultado la continuidad de políticas anticorrupción.

Denuncias sin avances significativos

Uno de los argumentos para impulsar la iniciativa es que su enfoque es institucionalizar a lo largo del tiempo la prevención de la corrupción desde las mismas entidades ejecutoras.

La instancia reporta falta de progreso en los casos trasladados al Ministerio Público (MP). De las 347 denuncias presentadas, el 62.8% (218) permanecen en investigación, mientras que 177 aún no han sido asignadas a una fiscalía.

El resto han sido desestimadas (62), archivadas (17) o siguen en otras fases procesales menores, describe el sitio https://tablero.cnc.gob.gt/datos/.

La mayoría de denuncias corresponden a inconsistencias administrativas (122), seguidas por casos en Salud (59), Infraestructura (45), Seguridad (41), Trabajo (16), Desarrollo Social y Educación (14 cada una), Agricultura (11) y Ambiente (9).

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Objetivos de la SIP

La Secretaría de Integridad Pública tendría carácter permanente y se enfocaría en la prevención de la corrupción, sin facultades de investigación penal ni administrativa. Entre sus principales objetivos destacan:

1. Institucionalización de la integridad: consolidar un órgano especializado y permanente.
2. Sostenibilidad: dar continuidad a los proyectos iniciados por la CNC hasta el 2028.
3. Enfoque preventivo: fortalecer sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
4. Cumplimiento de estándares internacionales: atender recomendaciones de la UNCAC, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la OCDE.

Funciones principales

• Diseñar e implementar políticas y estrategias de integridad.
• Acompañar y dar seguimiento a planes institucionales.
• Coordinar interinstitucionalmente la prevención de conflictos de interés y la gestión de denuncias.
• Promover el acceso a la información pública y la colaboración con distintos sectores sociales.

Proyectos complementarios

Además de la iniciativa de ley, el Ejecutivo anunció que serán habilitados próximamente dos portales que permitirán el seguimiento de la ejecución de las obras a nivel departamental:

• Asesores estratégicos departamentales: delegados en cada gobernación para dar seguimiento a casos de probidad.
• Plataforma digital de fiscalización: herramienta para supervisar la ejecución de fondos del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode), que permitirá a los ciudadanos reportar avances de obras y posibles irregularidades.

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La capacidad anticorrupción de Guatemala es de las más bajas del continente, dice informe del Vance Center

El estudio, realizado por abogados del Cyrus R. Vance Center for International Justice, señalan debilidades institucionales y vulnerabilidad a presiones de grupos de poder.

Fátima Najarro

12 de diciembre de 2024

|

12:23h

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El país aunque tiene una legislación anticorrupción, el problema están en la implementación y cumplimiento, resalta el último informe del Vance Center, que coloca a Guatemala en el puesto 16 de 18 en el índice anticorrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los mayores desafíos que enfrenta el país en la aplicación del marco jurídico en materia anticorrupción son la debilidad institucional, que como consecuencia repercute en la falta de independencia de las entidades encargadas de sancionar la corrupción. Así lo identificó la evaluación anticorrupción latinoamericana, realizada por abogados por los derechos civiles y económicos del Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional.

El informe destaca la creación o modificación de normativas legales para favorecer intereses específicos o personas, y una falta de interés en reformar el servicio civil. Además, identifican que hay un retroceso en los casos penales anticorrupción porque el Ministerio Público (MP) ejerce la acción penal de manera discrecional, ya que sus autoridades poseen presuntos conflictos y están sancionados a nivel internacional.

“La corrupción en Guatemala está institucionalizada y arraigada como forma de funcionamiento del Estado. Existe un pacto de corruptos conformado por diversos sectores cuyo objetivo es asegurar impunidad en casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, a través de la cooptación y control de autoridades anticorrupción claves, incluyendo el Ministerio Público (MP) y las altas cortes”, se lee en el informe.

El país tiene un marco jurídico compuesto por al menos 20 instrumentos que regulan las instituciones encargadas del combate a la corrupción, pero el estudio consigna una debilidad en los mecanismos para la detección de actos de corrupción y sistemas de alerta.

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El Cyrus R. Vance Center es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Promueve la justicia global mediante la participación de profesionales del derecho alrededor del mundo para apoyar a la sociedad civil y a una profesión legal éticamente activa.

Puntuación

El país obtuvo un total final de 3.46, solo superado por Nicaragua y Venezuela de los 18 países latinoamericanos. Esta calificación está dividida en tres áreas analizadas que a su vez tienen otras categorías.

• Legislación: 5.42
• Autoridades: 2.56
• Implementación: 2.68

Cada una de las puntuaciones es sobre 10, siendo esta la mejor. Las subcategorías con el punteo más bajo para Guatemala fueron la efectividad de protección a denunciantes, la coordinación entre autoridades y la independencia del MP.

Por otro lado, los países que obtuvieron la calificación más elevada son Uruguay con 5.95, Chile con 5.90 y Costa Rica con 5.83.

Se solicitaron posturas a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y al MP, respectivamente, sin embargo hasta el momento no han sido compartidas.

Debilidades

El informe menciona que el sector público no cuenta con políticas anticorrupción que contemplen procedimientos para a identificar y gestionar conflictos de intereses, que prohíba solicitar regalos por parte de los funcionarios, obligaciones y limitaciones post-empleo público, capacitación a funcionarios públicos en medidas anticorrupción y protección y no represalias a denunciantes de casos de corrupción.

Respecto a los mecanismos de denuncia, los juristas identifican que son accesibles aunque no existe una legislación penal con medidas de protección. Recientemente, la CNC presentó en el Congreso la iniciativa de ley en esa materia junto con una que busca crear un registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas.

Respecto al sector privado no se prevé un marco anticorrupción que incluya códigos de conducta, alcance del trabajo de los funcionarios de las empresas que garantice independencia, medidas de control y auditoría, procedimientos internos, seguros de denuncia, evaluación de riesgo y evaluación de programas de cumplimiento y protocolos de investigación.

La Fiscalía

La comunidad consultada calificó con 2.89 la independencia de las autoridades administrativas, con 2 puntos la independencia del MP, y 2.78 la del sistema de justicia.

Además, respecto a la capacidad institucional las autoridades administrativas la puntuación es 2.28, la del MP 2.5 y la del Organismo Judicial (OJ) en 2.94.

“La comunidad jurídica consultada identifica una eficacia baja de las autoridades, pues están a disposición del control político y de intereses de grupos de poder”, concluye el informe.

También indica que sí existen personas con compromiso e independencia para ejercer la función como fiscales y jueces de mayor riesgo, aunque algunos han recibido ataques mediante diversos mecanismos. Señala que el país carece de una política de ética e integridad pública, mecanismos de verificación y rendición de cuentas. Igualmente, reitera la falta de una reforma constitucional al sector justicia.

Recomendaciones

El informe también presenta una serie de recomendaciones que incluyen impulsar la modernización de la normatividad de ética pública e integridad para fortalecer la prevención de conflictos de intereses, actividades externas y obligaciones al dejar el cargo. También la promoción estrategias, acciones y políticas para el fortalecimiento integral de las capacidades institucionales.

“Impulsar un marco jurídico para la prevención de la corrupción en las empresas del sector privado, con incentivos para su cumplimiento y verificación conforme a estándares internacionales”, se lee.

Así mismo la discusión de una reforma constitucional al diseño de selección y nombramientos en las cortes, además de reformas en el fortalecimiento del poder judicial con estándares internacionales.

Política

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Tres empresas del caso B410 vuelven a habilitarse para prestar servicios al Estado

El Rgae asegura que actualiza sus procesos y los analiza en conjunto con la Comisión Nacional contra la Corrupción.

Fátima Najarro

5 de octubre de 2024

|

05:00h

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El Rgae inició a funcionar en el 2018 y pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Recientemente se presentó el caso B410 que involucra a una estructura que prestan servicios al Estado y lograron defraudar al fisco, la mayoría de las empresas sin estar inscritas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). A las empresas se les inhabilitó el Número de Identificación Tributaria (NIT) y del Registro aunque a tres se les levantó la sanción.

Cuando el caso fue presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se señaló que la estructura se dedicaba a proveer de servicios al Estado sin tener la capacidad en infraestructura y de personal para realizarlo, se calcula que la defraudación tributaria asciende los Q300 millones.

Se conoció que se han inhabilitaron los y del Rgae de las empresas de la estructura, aunque desde que se hizo público por lo menos 26 contribuyentes se acercaron a la SAT a solventar la deuda. Según las autoridades, hasta el 20 de septiembre tres rectificaron y el monto ascendió a los Q10 millones.

Las que nuevamente fueron habilitadas son onstructora y Transporte J.P, Sociedad Anónima, PCS Constructores S.A., y Construcción Movimiento y Vivienda S.A. Las tres realizaron algunos cambios en la precalificación añadiendo y quitando algunos rubros. Se habían inhabilitado por lo menos 12 de las empresas de la estructura.

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En total son 66 las sociedades anónimas que el Rgae ha desabilitado este año hasta el 19 de septiembre, el año pasado fueron 22. En 2022 fueron 13, otras 21 en 2021 y sies en el 2020.

Actualización

El RGAE está en un proceso de revisión y evaluación que se trabaja junto con la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Esta la trasladó al Rgae un documento con una serie de acciones de prevención que buscan fortalecer el sistema de adquisiciones.

“Dicho documento se encuentra en revisión y evaluación por parte del RGAE y se espera el seguimiento con representantes de la Comisión”, afirmó el Rgae.

De acuerdo con el Registro, ya se aprobó el acuerdo gubernativo que responde a la actualización de los sistemas y procesos, aunque además de este se trabaja en mejorar los procesos de inscripción y precalificación de proveedores del Estado.

El RGAE reconoce que tiene diez puntos que necesitan revisarse como la inscripción y precalificación, convenios, la administración del sistema del RGAE, así como los datos para la toma de decisiones.

También la atención al usuario y comunicación, la normatividad, el desarrollo y aprobación de procedimientos de control, capacitaciones, administración y los sitemas de gestión antisoborno y de calidad.

“Se tiene contemplado el fortalecimiento del marco normativo y la metodología para la precalificación, así como el fortalecimiento de los convenios de interconexión con otras instituciones públicas”, reiteró la institución.

En citaciones en el Congreso, las autoridades del Registro han explicado que de las 400 empresas solo menos de diez estaban inscritas en el Rgae, mientras las otras prestaban servicios de baja cuantía -para lo que no es necesario el registro-.

El Rgae sostiene que parte del camino de su actualización está contenido en el acuerdo gubernativo 133-2024, publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto. Se publicaron los requisitos para la inscripción, actualización y preclaificación. Dependiendo de si se trata de una persona individual o una empresa son los requisitos, pero todos requieren presentar formularios y la documentación que pruebe la capacidad y legalidad del prestador de serivicios.

Por el momento, el Rgae no puede estimar una cantidad de empresas y proveedores que podrían ser depuradas debido a estas actualizaciones.

El director de la Cámara de la Construcción, Fernando Orellana, mencionó que la actualización y fortalecimiento del Rgae es necesario debido a que en el pasado ha sido utilizado para bloquear a algunas empresas para que en ciertos eventos no haya competencia.

“El RGAE sí es necesario que exista, pero los procesos de precalificación tienen que ser automatizados con la menor intervención humana posible con tiempos bastante cortos”, puntualizó.

Añadió que respecto a la capacidad financiera el RGAE podría coordinar con la SAT para obtener el historial fiscal y corroborar si se tiene o no la suficiencia para prestar servicios.

Orellana recalcó que el fortalecimiento tiene que buscar agilizar los procesos y dar garantía que los proveedores cuentan con la capacidad física y financiera.

“Consideramos que deben hacerse reformas al RGAE, pero esas reformas no deben ser para sobre burocratizar el proceso, no deben ser para dar más discrecionalidad y arbitrariedad al servidor público que califica las solicitudes”, insistió.

En cifras

Entre el 2018 y el 2014, fue el 2019 el año en el que el Rgae incribió a más empresas porque la cifra subió a 70 mil. el promedio anual oscila en 26 mil. Asímismo el año con menos fue el 2018 que solo inscribió a 16 mil 900 empresas.

Asimismo, al analizar los datos de la empresas las cifras varían, pero el patrón es el mismo porque fue en 2019 el año con más inscripciones con 5 mil 400, seguido del 2020 en el que se incribieron 4 mil 330 empresas. A partir de ese año se mantiene la tendencia y el promedio se fija en 2 mil 400.

Seguían recibiendo pagos

En una citación en el Congreso, los diputados hicieron ver a las autoridades que al menos 16 empresas siguieron recibiendo fondos estatales esta año, hasta septiembre habrían recibido Q320 millones.

Las entidades que les pagaron fueron los ministerio de Salud, Comunicaciones, Defensa, Gobernación, y Cultura y Deportes tal y como dieron a conocer recientemente los dipitados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) según reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas.

Arévalo requiere informe a la Comisión contra la Corrupción por señalamiento contra director de la Copadeh

El director de la Copadeh, Oswaldo Samayoa, es señalado en redes sociales de haber contratado a una persona con quien tendría una relación sentimental.

Miguel Barrientos y Andrea Domínguez

2 de septiembre de 2024

|

11:20h

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Arévalo conocerá un informe de la Comisión contra la Corrupción sobre un señalamiento contra el jefe de la Copadeh. (Foto Prensa Libre: Érick. Ávila)

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes 2 de septiembre sobre señalamientos que se han efectuado en redes sociales contra el director de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh).

El tema surgió el fin de semana en redes sociales, donde se divulgó que Oswaldo Samayoa, titular de Copadeh, habría contratado a una persona con quien supuestamente tiene una relación sentimental.

Durante una conferencia de prensa en la que participó el mandatario Arévalo, cuyo tema principal fue la presentación del Presupuesto general para 2025, periodistas cuestionaron sobre el tema.

Según Arévalo, requirió a la Comisión Presidencial contra la Corrupción un informe al respecto, el cual tendrá que ser entregado en 48 horas.

Arévalo indicó que, luego de recibir el informe, se tomarán las medidas pertinentes.

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“El informe estará listo el martes en la noche y el miércoles se estará trabajando sobre él”, detalló.

| #ConferenciaDePrensa del Presidente @BArevaloDeLeon, secretario de la @SCSPGT, @santipalomov y ministro de @MinfinGT, @jmenkos. https://t.co/YR93kVYRGe

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 2, 2024

MP y Santiago Palomo difieren sobre denuncia contra Jazmín de La Vega

La denuncia contra la exministra de Comunicaciones se presentó en abril de 2024 y, según el Ministerio Público, no fue anónima como señala el comisionado contra la Corrupción.

Sandy Pineda y Leslie Sánchez

30 de mayo de 2024

|

17:32h

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El Ministerio Público (MP) dio a conocer detalles sobre la denuncia presentada contra la exministra de Comunicaciones, Jazmín de La Vega, y otros implicados por presuntas anomalías en el pago a proveedores durante su gestión, pero contradice la versión del comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, sobre que las acusaciones se hicieron de forma anónima.

Según el MP, la denuncia fue interpuesta por un ciudadano el 25 de abril de 2024 y no es anónima, como se había mencionado anteriormente.

Los denunciados en este caso incluyen a la exministra y a representantes de varias empresas constructoras a quienes supuestamente se hicieron los pagos de manera irregular, confirmó la Fiscalía.

En relación con el uso de publicaciones en redes sociales como parte de las pruebas, el MP aclaró que estas no se están utilizando como prueba directa, sino como parte de los actos introductorios que complementan la investigación.

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En cuanto a los funcionarios o exfuncionarios que serán llamados a declarar, el MP señaló que conforme avance la investigación se citará a más personas que puedan proporcionar información relevante para esclarecer los hechos.

Por último, el ente investigador hizo referencia a Santiago Palomo, actual jefe de la Comisión contra la Corrupción (CNC), quien fue llamado a declarar en calidad de testigo en este caso.

“Es importante mencionar que el señor Palomo Vila fue llamado a declarar en calidad de testigo, por lo que llama la atención las declaraciones que emite intentando demeritar la investigación a cargo”, indicó la Fiscalía.

“Acudí a la citación que como testigo me formuló la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público, como dije en redes sociales y a través de otros foros públicos, pues vengo con total transparencia cumpliendo con la ley. Desconozco los motivos por los cuales se me había citado en primera instancia, de hecho, no me lograron explicar la razón, pero bueno, acudí al citado y proporcioné aquellos datos que ellos consideraban que tenían mi poder, pero que no guarda ninguna relación con la investigación que llevan a cabo”, dijo Palomo.

Palomo añadió que le llama la atención que las denuncias contengan “remisiones que hace la Oficina de Información Pública del Ministerio Público, el licenciado Pantaleón, pantallazos de Net Centers, creo que esa es la seriedad y el estándar que están aplicando para darle agilidad a las denuncias en el Ministerio Público hoy en día, en detrimento de las denuncias que ha presentado el Gobierno”.

El comisionado detalló que el caso por el que fue citado “se refiere a denuncias anónimas hechas, dicho sea de paso, las denuncias son anónimas cuando la ley marca que debe haber una identificación del del sujeto denunciante, y las denuncias que remitió la Oficina de Información del Ministerio Público, que son pantallazos de Net Centers que operan en contra del gobierno, y que esos fueron las bases para iniciar los expedientes”.

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Gobierno expone motivos de destitución

La investigación por el caso en contra De La Vega se ventiló tras su destitución el 17 de mayo de 2024.

El Gobierno comunicó que el cese de la funcionaria tomó “debido a que la ministra de Comunicaciones incumplió instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”.

Según el presidente Arévalo, la decisión se debió a los pagos efectuados por deudas de arrastre a diversas empresas, que favorecían a algunas constructoras.

Explicó que, por el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se acordó hacer los pagos a cada tres o cuatro meses para garantizar una distribución equitativa y evitar favoritismos o pagos corruptos.

Según el mandatario, este proceso busca aumentar la transparencia y responde a criterios de administración presupuestaria de la cartera.

No obstante, declaró que se detectó un incumplimiento en un monitoreo previo a la destitución de De La Vega.

Por su parte, el nuevo titular de la cartera, Félix Alvarado, mencionó que la institución tiene compromisos que superan la capacidad de pago, reflejando “arreglos entre personas”.

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Postura de exministra De La Vega

De acuerdo con Jazmín de la Vega, los pagos cuestionados se hicieron siguiendo los contratos establecidos entre las partes, basándose en el avance físico de las obras.

La exfuncionaria ofreció una conferencia de prensa el martes 21 de mayo para dar su versión de los hechos.

De La Vega recordó que aceptó el cargo por invitación del gobierno actual, aunque no era militante del partido del mandatario.

Además, señaló que no estuvo dispuesta a cumplir con órdenes que consideraba ilegales, ya que, según ella, las propuestas de pago del presidente Arévalo afectaban la seguridad jurídica de los contratos establecidos entre el Estado y los contratistas para la contratación de obras públicas.

En declaraciones a medios del pasado miércoles 29 de mayo, aseguró que se verificaba en campo el progreso de las construcciones y que los pagos mensuales eran comunes debido al rápido avance de las obras ejecutadas por empresas activas y sin proyectos suspendidos.

De La Vega también mencionó que incluso se ejecutó un plan para enfrentar las lluvias durante su gestión, la cual se vio interrumpida con su destitución.

No obstante, tras estas declaraciones, la exministra De La Vega, afirmó que se apegó a los procedimiento en ley.

“Esto es un mecanismo que se debe usar, que se debe usar para pagar, de acuerdo a la obra y luego, de acuerdo a su avance físico, así establecer los pagos cómo se manda en los contratos establecidos entre las partes, que se debe dar cumplimiento a esto”, dijo con relación con los pagos hechos durante su gestión.

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CIV analiza acciones legales ante indicios de corrupción en contratos

La ministra de Comunicaciones revisa contratos anteriores, como la intervención en la autopista Palín-Escuintla, buscando irregularidades para tomar acciones legales.

Sandy Pineda y Leslie Sánchez

22 de febrero de 2024

|

16:55h

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La ministra de Comunicaciones está evaluando contratos pasados, incluyendo la intervención en la autopista Palín-Escuintla, con el fin de identificar irregularidades y presentar denuncias la próxima semana. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) conformó una mesa técnica en colaboración con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Comisión Contra la Corrupción, con el propósito de analizar acciones legales ante indicios de corrupción detectados en contratos vinculados a la cartera ministerial.

“Estamos analizando una serie de contratos en los que estaremos tomando acciones legales a futuro, dado que afectan a los intereses del Estado”, explicó la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, al explicar el objetivo principal del grupo de trabajo.

En esta mesa de análisis técnico, que tuvo lugar el jueves 22 de febrero, además de la ministra de Comunicaciones, participaron el Comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, y el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra.

Los funcionarios discutieron específicamente los contratos, muchos de los cuales se remontan a la administración anterior.

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Uno de los casos que destacó de la Vega fue la intervención en la autopista Palín Escuintla, donde una empresa fue contratada para realizar labores de mantenimiento, a pesar de que la autopista aún estaba bajo concesión de Marhnos y no había sido oficialmente transferida al ministerio.

La ministra de Comunicaciones enfatizó que “dicha intervención nunca debió haber ocurrido”.

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El propósito de esta mesa técnica es clarificar los aspectos legales relacionados con las presuntas irregularidades del contrato, con la intención de presentar denuncias la próxima semana, según sea necesario.

Además, se está evaluando el caso del puente Belice. “En este contrato estamos analizándolo porque recién inició el año pasado con todas sus aristas. Es un contrato grande, aún no hemos definido qué procedimiento se irá a seguir”, explicó.

El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, confirmó que se están coordinando las acciones y la metodología de trabajo interinstitucional.

Saavedra afirmó que hay sospechas de corrupción que deben ser investigadas, y por ahora la mesa se enfoca en los contratos del CIV.

Santiago Palomo mencionó que en los próximos días se dará a conocer el progreso de esta mesa de trabajo. Su primera impresión es que aún queda mucho por hacer para combatir cualquier indicio de corrupción que pueda existir.

“Estaremos informando del avance de estos esfuerzos”, declaró el funcionario.

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Cuestiona mantenimiento en autopista Palín-Escuintla

La ministra declaró el pasado 19 de febrero que presentaría una denuncia debido al pago de Q983 mil a una empresa para el mantenimiento del tramo, el cual consideran ilegal ya que el contrato con Marhnos aún no ha sido liquidado.

“Nunca se debió haber intervenido en esa concesión, dado que la intervención es ilegal, porque es una empresa (Marhnos) la que tenía a su cargo la misma, y los trabajos que se contrataron fueron pagados en su totalidad y está en fase de liquidación”, afirmó la ministra.

La ministra subrayó la obligación del CIV de verificar el cumplimiento total de los trabajos antes de liquidar un contrato. En sus palabras, “debido a que el mismo no fue dado en su totalidad, vamos a proceder de acuerdo a lo que nos permita la ley”.

Asimismo, explicó que la concesión del tramo Palín-Escuintla estaba en curso y se esperaba que se realizara ocho meses de mantenimiento antes de su entrega al Estado de Guatemala. Sin embargo, debido a la intervención en esta concesión con la demolición de las garitas, la ministra planteó la pregunta: “¿Cómo cumplir un contrato que ha sido intervenido?”

“No debió haberse hecho eso. Ahora estamos ante esa revisión del mismo —contrato—”, enfatizó la funcionaria.

Comisionado contra la Corrupción rechaza reunión con Fiscal General

Santiago Palomo, Comisionado contra la Corrupción, rechazó la invitación de la Fiscal General y señaló preocupaciones sobre su compromiso anticorrupción.

Sandy Pineda y Leslie Sánchez

20 de febrero de 2024

|

18:30h

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El Comisionado Contra la Corrupción, Santiago Palomo, declaró este miércoles 21 de febrero que no se reunirá con la Fiscal General, Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

El Comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, anunció este miércoles de 21 de febrero su decisión de no asistir a la reunión convocada por la Fiscal General, Consuelo Porras.

Palomo expresó su preocupación por lo que llamó la falta de evidencia de un compromiso genuino por parte del Ministerio Público (MP) en la lucha contra la corrupción.

“Cuando advirtamos que existe el compromiso de lucha contra la corrupción, estaremos dispuestos a colaborar con cualquier institución dentro de la administración pública, así como con actores de la sociedad civil. Sin embargo, en este momento no percibimos ese compromiso, por lo que continuaremos con nuestra agenda prevista para el jueves —22 de febrero —”, afirmó Palomo.

El Comisionado también reiteró su compromiso de trabajar con todas aquellas personas que estén verdaderamente comprometidas en la lucha contra la corrupción, subrayando la importancia de un esfuerzo colectivo en esta tarea crucial para el país.

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Al ser cuestionado sobre la posibilidad de colaborar con el Ministerio Público (MP) en futuras investigaciones, Palomo fue enfático al afirmar que, hasta el momento, no han observado un compromiso serio por parte de dicha institución en la lucha contra la corrupción.

Afirmó que la Comisión está dispuesta a trabajar con cualquier institución comprometida con esta causa, pero que actualmente no perciben esa disposición por parte del ente investigador.

Ante la pregunta sobre cómo planean presentar denuncias sin la colaboración del Ministerio Público, Palomo aseguró que las denuncias se presentarán de todas formas y que confían en que el Ministerio Público cumplirá con su función constitucional de investigarlas.

Posteriormente, en un video que el Gobierno publicó Palomo dijo que espera que el MP “cumpla con su función constitucional de investigar. Nosotros, como comisión, estamos enfocados en acciones para luchar frontalmente contra la corrupción”.

El Comisionado Nacional Contra la Corrupción, @santipalomov, brinda detalles sobre la reunión a la que fue invitado por la Fiscal General del @MPguatemala. pic.twitter.com/LK6Qnrjg0V

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 21, 2024

Sanciones contra Porras

La invitación de la fiscal hacia el comisionado anticorrupción se da en momentos en que Porras ha sido objeto de sanciones internacionales al ser señalada de por corrupción, violaciones a derechos humanos y además, por supuestamente intentar evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

Porras convocó a Palomo enviándole una carta para acordar la cita para el jueves 22 de febrero a las 12 horas en el edificio central del MP, en el barrio Gerona.

En la misiva se hace referencia de que el trabajo interinstitucional coordinado “es indispensable para que como Estado se pueda brindar a la población guatemalteca una respuesta pronta y cumplida a sus necesidades”.

Además, el objetivo de la convocatoria por parte de la fiscal es “consolidar la debida articulación y coordinación interinstitucional”.

El 3 de septiembre de 2019, el entonces presidente Jimmy Morales decidió ya no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Alejandro Giammattei, que recién había sido electo mandatario, prometió que en su lugar crearía un ente contra la corrupción que sería dirigido desde el Ejecutivo, fue así como creó la CPCC, un ente cuya función es detectar anomalías dentro de los ministerios y secretarías del Gobierno.

Esa dependencia le ha valido críticas por falta de confianza de parte de distintos sectores sociales, quienes afirman que no es autónoma y carece de imparcialidad.

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Pacto político

“Esto no funciona, mejor borrón y cuenta nueva. Ninguna comisión que no sea autónoma va a funcionar, tiene que ser una auditoría social, integrada por la sociedad civil”, afirma Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Torres, quien por tercera ocasión consecutiva busca la Presidencia, dice que “promovería un pacto político integrado por sectores de la sociedad para que funcionen como auditores sociales”.

“Yo diría algo local, pero encabezado por gente proba, que sean liderazgos nacionales representados por todos los sectores: iglesias, sindicatos, maestros, universidades, tanques de pensamiento, que se involucren para que exista esa transparencia que necesitamos”, acotó.

La CPCC se estableció con la promesa de crear mecanismos de detección de actos de corrupción y recomendar leyes y reglamentos para otras instituciones del Gobierno, funciones que, según los presidenciables, no se cumplen, por lo cual, prometen concretar otras instancias más independientes.

“Primero vamos a desmantelar la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que no sirve para nada. Vamos a crear otras instancias de vigilancia y de control, pero independientes, con la sociedad civil, con medios de comunicación. Nadie vinculado al Gobierno. Si no, no funciona”, afirma Edmond Mulet, candidato presidencial del partido Cabal.

Mulet, afirma que cualquier acción de combate a la corrupción impulse alcanzaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados llevan más de tres años sin ser relevados.

Evaluación

Por parte del partido Valor, cuya candidata presidencial es Zury Ríos, se informó que “la Comisión tiene vigencia hasta el 21 de enero de 2028, por lo que evaluarán el desempeño de esta instancia.

“Evaluaremos el funcionamiento e impacto de la lucha contra la corrupción realizada por dicha comisión en el Organismo Ejecutivo, posterior a ello tomaremos la decisión de continuar, reformar o dejar sin efecto dicha comisión”, respondió a una consulta de Prensa Libre.

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Debe continuar

A pesar de las críticas, otros candidatos opinan que esta comisión debe continuar y fortalecerse.

“Estas Instituciones hay que mantenerlas, algunas requieren reingeniería. La Comisión Presidencial Contra la Corrupción debe funcionar, deberíamos de tener a la mejor gente, la debemos equipar, debemos darle personal técnico, y debe ser una oficina muy visible para que cumpla su función”, dice Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos, quien afirmar que el caso de corrupción revelado por compras anómalas en el hospital de Chimaltenango fue producto del trabajo de esa comisión.

“Se dijo muy poco que la denuncia la hizo esta comisión y que fueron investigados todos los involucrados en estas compras, esos son los hechos que debemos fortalecer”, argumentó.

Gasto innecesario

El abril último, mediante el acuerdo gubernativo 72-2023, Giammattei amplió la vigencia de la referida Comisión por cuatro años más, por lo que concluiría su funcionamiento en enero de 2028.

No obstante, el candidato del partido Victoria, Amílcar Rivera, sostiene que no invertiría más recursos del Estado en una comisión que, según él, “no es independiente”, por lo tanto sería “eliminada” desde el momento en que asuma la Presidencia.

“Debemos tener independencia real de poderes, que la Contraloría se fortalezca, pero realmente que tenga independencia y que no tenga dependencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo y, por supuesto, también las Cortes y el Ministerio Público”, señaló.

Eliminar acuerdo

Para Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el próximo mandatario “legalmente” tendría que derogar el acuerdo gubernativo para dejar sin vigencia dicha Comisión Presidencial, de lo contrario, tiene que mantenerla en operación.

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La CPCC es presidida por Óscar Dávila, quien fungió como jefe de la fiscalía antinarcóticos del MP y como viceministro Antinarcótico en el Ministerio de Gobernación.

En 2022 la CPCC recibió 205 alertas de corrupción de diferentes dependencias del Gobierno, de estas fueron admitidas 156, de las cuales 37 fueron por presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación y 22 de Salud.

Entre las denuncias penales que ha presentado la CPCC figura la malversación de Q4.4 millones en el Ministerio de Salud, aunque se desconocen los resultados de esa investigación.

Desde el 2020 que fue creada, hasta el 5 de mayo último, la Comisión ha gastado Q29 millones 195 mil, 425 por funcionamiento, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). El presupuesto anual que se le asigna es de Q11 millones.

Estos datos constan en el portal de información pública de la Secretaría General de la Presidencia, de dónde obtienen el presupuesto las tres comisiones.

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En total las tres entidades tienen un presupuesto vigente de Q23 millones 285 mil 149. La más costosa, a la fecha, es Centro de Gobierno, que hasta hoy ha ejecutado Q5 millones 075 mil 126. Le sigue la Comisión contra la Corrupción, con Q4 millones 453 mil 113 erogados y Asuntos Municipales, con Q2 millones 076 mil 163. El dinero únicamente se puede gastar en pago de salarios u honorarios y funcionamiento.

La existencia de estas comisiones, que estarán vigentes hasta 2024, ha sido cuestionada por diversos sectores que dudan sobre su pertinencia.

En particular sobre el Centro de Gobierno, el mismo vicepresidente Guillermo Castillo solicitó su desintegración el pasado 20 de noviembre en una conferencia de prensa, cuando también le pidió al presidente Alejandro Giammattei que ambos presentaran su renuncia tras la aprobación del presupuesto 2021.

“Le he solicitado al presidente que desintegremos Centro de Gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana y, aunque a mí no me afecta (la existencia de la comisión), creo que es una estructura que le está generando, no solo costos extraordinarios (al gobierno), sino también abona muy poco”, afirmó Castillo.

De igual forma, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, solicitó el cierre de la Comisión contra la Corrupción el pasado 27 de octubre, luego de que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no supieran explicar el destino de una transferencia de Q135 millones en esa cartera.

Rodas recomendó al presidente evaluar el cierre de la entidad “dada su evidente ineficiencia”, según un comunicado público.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el gobierno no evalúa el cierre de ninguna de estas entidades, según informó Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia.

Masek aseguró que la labor, funcionamiento y resultados de las instituciones y funcionarios del Organismo Ejecutivo se encuentran en constante análisis. No obstante, el Ejecutivo considera que las tres comisiones han cumplido con sus objetivos.

“Al momento han respondido cada uno a sus competencias establecidas en sus acuerdos de creación, y no se ha planteado el cierre de estas, antes de la fecha establecida”, afirmó Masek.

Las comisiones son dirigidas por Miguel Martínez, en el Centro de Gobierno; Oscar Dávila, contra la Corrupción y Luis Ruano, en la Comisión de Asuntos Municipales.

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¿Son necesarias?

La politóloga Marielos Chang considera que la mejor forma de determinar la eficacia del Centro de Gobierno y el resto de las comisiones es a partir de indicadores que demuestren si el funcionamiento de estas entidades ha generado resultados específicos para los ministerios.

Ahora bien, desde una perspectiva política, es necesario analizar si existe duplicidad en las funciones que desempeñan estas comisiones, particularmente entre el Centro de Gobierno y Vicepresidencia, dice Chang.

“Se debe evitar duplicar funciones y, si hay otras secretarías que realizan esas funciones, hay que evaluar cuáles entidades se pueden ahorrar”, afirma Chang.

La entrevistada opina que actualmente no existen condiciones institucionales que garanticen que las personas que lleguen a cargos directivos cumplan con los requisitos profesionales para desempeñar el cargo. Por eso hay que hacer reformas al servicio civil, afirma.

Por su parte, el politólogo Christians Castillo explica que las tres comisiones en cuestión son poco efectivas. Además, considera que existe duplicidad de funciones, en el caso de Centro de Gobierno, y en el caso de la Comisión Contra la Corrupción, no ha sido proactiva.

Respecto a la Comisión de Asuntos Municipales, el riesgo es que, en vez de fungir como un enlace del Ejecutivo y las municipalidades, se convierta en un mecanismo “espurio de negociación”, afirma el entrevistado.

Castillo considera que el presidente, como una muestra de buena voluntad a la población, debiese clausurar Centro de Gobierno al término de su primer año.

En total las comisiones tienen 81 trabajadores en los renglones 011, 022, 021 y 029. Las remuneraciones mensuales de los directores alcanzan los Q43 mil 125. En octubre el pago de salarios y honorarios ascendió a Q1 millón 477 mil 564. La más costosa fue Contra la Corrupción, que tiene 31 trabajadores que en suma devengaron Q639 mil 439.5.

Las tres comisiones obtienen su presupuesto de la SGP, aunque no es que estén adscritas a esta secretaría sino figuran como una actividad presupuestaria, dijo Leyla Lemus, titular de la SGP.

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Las tres dependencias nacieron los propósitos de fomentar la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo, estrechar los vínculos con gobiernos locales y Ejecutivo y velar por que se cumplan las prioridades presidenciales.

Están adscritas a la Secretaría General de la Presidencia (SGP), aunque manejan un presupuesto propio que solo pueden gastar en funcionamiento, explica Leyla Lemus, titular de la SGP.

Las tres comisiones tienen a su cargo 61 personas. En julio, el pago de sueldos y honorarios alcanzó Q1 millón 201 mil 155. Centro de Gobierno es la más costosa en su planilla. Tiene 24 trabajadores, incluidos cuatro asesores 0-29. La nómina de julio fue de Q494 mil 355.

Le sigue la Comisión contra la Corrupción, con 21 trabajadores, que representa Q409 mil 475 al mes. La Copresam tiene 16 empleados, por quienes se erogó Q297 mil 325, según información pública a julio.

Cada oficina tiene un presupuesto propio, que es de Q8.5 millones para Centro de Gobierno, Q11.5 millones para la Comisión contra la Corrupción y Q5 millones para Compresam. Ese dinero no pueden emplearlo más que en pago a personal e insumos de oficina, aseguró Lemus. Para octubre, deberán proyectar lo que no ejecuten y colocar ese excedente a disposición del Estado, adelantó la Secretaría General.

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¿Son necesarias?

Luis Linares, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que ya existen instituciones en el Estado que pueden desarrollar las funciones de al menos dos comisiones: Centro de Gobierno y Copresam.

Para cumplir las funciones de la primera, por ejemplo, está el gabinete de Gobierno, “es ahí donde el presidente pide cuentas y lleva el pulso de funcionamiento de cada ministerio”, explicó Linares.

Centro de Gobierno nace después de las reformas a la Comisión de Gestión Estratégica, que se creó en el 2017. Su objetivo general es “coadyuvar en la coordinación, acompañamiento, asesoramiento y verificación en materia de planificación, gestión y ejecución institucional para el cumplimiento de prioridades presidenciales, así como informar a autoridad superior ejecución de las mismas (sic)” y cómo “modernizar” el Organismo Ejecutivo.

Lo mismo sucede con la Copresam, que tiene entre sus responsabilidades fortalecer la comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y gobierno municipal, así como fomentar las relaciones del Gobierno e instituciones regionales, departamentales, municipales y comunitarias. Estas funciones las podría desempeñar la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que tiene a su cargo la Coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo, manifestó Linares.

“Estas comisiones no sumaron al presupuesto de la Presidencia ni de la Secretaría, operan con ahorros de otras instituciones de la presidencia. Y le insisto: ellos no ejecutan programas, no ejecutan proyectos (…) Su producto solo de gestión”
Leyla Lemus, titular de la Secretaría General.

Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), mencionó al Instituto de Fomento Municipal o a Segeplán, que pueden brindar asistencia técnica a los alcaldes, afirmó.

“El trabajo de coordinación está ya diluido en muchas instituciones del Gobierno, pero ante la débil cultura de cooperación y trabajo intersectorial se hace lo fácil, que es tratar de centrar el trabajo en una institución. La existencia de estas dos comisiones no tiene fundamento. Estos recursos podrían ser aprovechados en otros gastos”, cuestionó Hidalgo.

Linares añadió: “Las comisiones en general son solo un medio para nombrar a allegados que no se logran acomodar en ningún cargo público; entonces, se crean esas comisiones”.

En el caso de la Comisión contra la Corrupción, el problema no es que duplique funciones, sino que depende de la Presidencia de la República y no goza de independencia, como en su momento lo tuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), comentó Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

“Muchos, equivocadamente, creyeron que la Comisión contra la Corrupción era una sucesora de la Cicig, pero queda claro que no es ni la sombra. A pesar de ello, creo que de las tres ha hecho el trabajo más legítimo; pero es débil, no tiene independencia, porque está debajo del presidente”, expresó Barrientos.

Además, señaló que los alcances que pueda tener la comisión que dirige Óscar Dávila, exfiscal del MP, es que no tiene el alcance de supervisar entidades del Estado ajenas a la Presidencia, como las municipalidades.

La secretaria Lemus argumentó que el presupuesto de esas comisiones sale de ahorros de otras dependencias del Estado. Es decir, no implicaron cargas al presupuesto de la Presidencia ni de la unidad que ella dirige.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), a la fecha Copresam ha ejecutado el 17.70 por ciento de su presupuesto, contra la Corrupción 20.70 y Centro de Gobierno 40.32. Las comisiones tienen vigencia cuatro años, a partir de los acuerdos de creación.

Centro de Gobierno:  “No hay duplicidad”

• Miguel Martínez, director de Centro de Gobierno, respondió, por escrito, que egresó de la Usac como ingeniero químico y tiene experiencia en liderazgo y participación en grupos. Comentó que fue asesor en las comisiones de Cultura y Juventud del Congreso. Acredita experiencia en empresas privadas sobre microrredes de sistemas energéticos renovables y pasantías en el Ingenio Pantaleón. Sobre el gasto en funcionamiento, dijo que lo forman “expertos de alto nivel que apoyan en el monitoreo” de los ministerios para que las ejecuciones sean eficaces. Entre los logros, mencionó que gestionaron donaciones privadas y cooperación internacional. Apoyan en la habilitación de nuevos centros de atención permanente, dijo. Negó que se dupliquen funciones de otras instituciones. “No coordinamos ni participamos en ningún gabinete específico de gobierno, ya que los mismos son coordinados por Vicepresidencia”, explicó.

Contra la corrupción: “Fui claro con el presidente”

• Óscar Dávila, comisionado contra la corrupción, dijo que, según acuerdo, tiene la facultad para denunciar hechos anómalos, sin importar quién sea el involucrado. Ya han presentado siete denuncias en el MP y una en la Contraloría. Durante la pandemia, han detectado compras fraccionadas. Ya recomendaron frenar eso, aseguró. Actualmente, trabaja en una política pública contra la corrupción. “Estamos coordinando temas administrativos con Segeplán para su formulación. Hemos tenido reuniones con sociedad civil y sector empresarial, entre otros. Esta política servirá de mucho, y aunque tenemos carácter temporal —la Comisión—, esto queremos institucionalizarlo, para bien de la población”, explicó. Si en algún momento el Ejecutivo quisiera limitarle sus funciones, está anuente a denunciarlo, aseguró. “Yo fui muy claro y específico con el señor presidente al momento de mi designación”, manifestó.

Asuntos municipales: “Alcaldes no nos conocían”

• Luis Ruano, titular de Copresam, dice que los objetivos de la Comisión no se cumplían antes de su existencia. “Antes, había un vacío entre las municipalidades y el Gobierno Central. Nosotros hemos servido como hilo conductor”, afirmó. Destacó como logro haber dado acompañamiento a comunas que necesitan gestiones ante ministerios que antes no se atendían o tardaban las respuestas. Sobre las dudas de munis sobre cómo seleccionar la lista de beneficiarios de programas sociales, Ruano dijo que atendieron a 45 municipalidades. Añadió que como esa entidad es nueva, algunos ediles no la conocían. “Los ayudamos y orientamos con los listados de la economía informal y con el programa de dotación de alimentos. Hicimos una gira nacional en mayo, y tuvimos asistencia de arriba de 85 por ciento de municipalidades”. Trabajamos con alcaldes, para que no se sientan solos”, explicó.

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En el informe, que contienen datos del 21 de abril al 20 de julio, destacan cuatro denuncias que fueron planteadas en el Ministerio Público (MP) por supuestos actos de corrupción.

Aunque no se revelan detalles sobre los casos para no interferir en la investigación, la Comisión revela que estos ocurrieron en los Ministerio de Salud, cultura, Gobernación y Comunicaciones, así como en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

En uno de esos casos se reporta la captura de una persona, el 2 de julio por supuestamente haber cobrado comisiones a empleados públicos.

En el informe se destaca la recepción de 22 alertas de supuestos actos ilícitos, a las que se les da seguimiento.

Óscar Dávila, titular de la Comisión, señaló que se ha cumplido con la misión y que ahora cuentan con el equipo técnico y humano para darle seguimiento a las alertas que pueden ser generadas desde la misma población.

Se informó que se han activado alertas para prevenir corrupción en compras y contrataciones por la pandemia de coronavirus.

El presidente Alejandro Giammattei por su parte dijo que al llegar a seis meses de la creación de la Comisión se puede decir que esta se ha consolidado, por lo que ahora el siguiente paso debe ser la creación de canales de comunicación para que la población denuncie actos que consideren ilegales en instituciones del Gobierno.

Agregó que se coordinará una reunión entre la Comisión y autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para que se gestionen vías de comunicación, incluso por el Canal de Gobierno, para hacer más efectivo el trabajo y la lucha contra la corrupción.

El mandatario enfatizó que es importante que la población denuncie cualquier acto de corrupción.

Por el momento las denuncias son recibidas por escrito con nombre propio o anónimas en la 6ª. 4-41 de la zona 1, en la sede de Casa Presidencial.

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Alejandro Giammattei y su círculo de confianza en el gobierno

Cuando fue cuestionado por dicha designación, Giammattei dijo que el próximo jefe del Centro de Gobierno es una persona de su confianza y con quien mantiene una amistad de años.

Informó que el próximo 1 de febrero nombrará a los titulares de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y del Centro de Gobierno, pero que será hasta un día después que dará a conocer sus nombres.

Sin embargo, reconoció que Luis Miguel Martínez Morales será el jefe del Centro de Gobierno y dijo que dicha instancia ya existía antes bajo el nombre de “comisión de estrategia”.

El presidente dio las declaraciones después de recibir las cartas credenciales de los embajadores de la República Checa, Turquía y Panamá.

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Giammattei dijo que Martínez fue su secretario particular en durante su campaña electoral. “Tenemos una amistad de hace muchos años”, dijo.

Además defendió sus capacidades para pertenecer al gobierno diciendo: “Participó en el plan de innovación y desarrollo, conoce la coordinación, conoce a los ministros y es una persona de mi absoluta confianza para que pueda llevar la coordinación”, agregó.

A decir de Giammattei, decidir instalar el Centro de Gobierno es debido a una “recomendación de organismos internacionales para agilizar la normativa de las acciones de gobierno y el control de la gestión por resultados”, además trabajará a la mano de la comisión contra la corrupción, la cual aún no se conoce quién será su titular.

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Dicho consejo estará integrado, según la intención de Giammattei, por varios sectores de la sociedad y tendrán dentro de sus funciones, además de acordar soluciones a problemas del país, nombrar a tres guatemaltecos notables que dirijan una nueva comisión contra la corrupción.

Los sectores que serían convocados afirmaron a Prensa Libre que están de acuerdo en participar en un espacio de diálogo y presentar las propuestas que se tienen dentro de una agenda de desarrollo para Guatemala.

Luis Alpirez, dirigente de Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, que pertenece al Frente Nacional de Lucha, dijo que este grupo pertenece al Consejo Económico y Social y por lo tanto serán parte de la instancia propuesta por Giammattei.

“Siempre hemos sido propositivos y de diálogo franco en beneficio de las grandes mayorías. Tenemos una agenda histórica y esa es nuestra base de discusión y análisis, sin ser radicales”, afirmó el sindicalista.

Por su parte, Joviel Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dijo que ese grupo está dispuesto a apoyar al gobierno de turno, “hasta nuestras posibilidades”; además, afirmó que se pedirá que se cumpla con la hoja de ruta para el fortalecimiento de la educación que el mandatario electo firmó en una actividad pública antes de la segunda vuelta electoral.

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Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, dijo que el sector empresarial está en disposición de participar “en lo que sea mejor para el país” y aseguró que es correcto crear este consejo para discutir los problemas del país.

De parte de la Iglesia Católica, Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal, afirmó que los mecanismos de diálogo siempre son buenos, pero pueden resultar inútiles si no se pone en práctica los consensos a los que se llega.

De Villa afirmó que todavía no hay una invitación formal para participar en este grupo.

Que el ejercicio de esta nueva ciudadanía que se ha venido instaurando en el país, aleje por siempre los nubarrones para que el sol ilumine de nuevo esta tierra hermosa y fértil en la que ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos, puedan gozar de una vida digna. pic.twitter.com/XIMM8wTflZ

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 3, 2019

Geidy de Mata, directora del Instituto de Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, explicó que esta es una buena oportunidad para establecer una instancia de diálogo y que, como universidad, ya se propuso una agenda estratégica 2020-2024.

“El espíritu de la Universidad de San Carlos es aportar en beneficio del país”, aseguró.

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Como representante del sector campesino, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, dijo que como parte de la Asamblea Social y Popular están involucrados en la lucha contra la corrupción e impunidad

“Estamos dispuestos a participar y conocer sobre la creación del consejo, así como de la estrategia para seguimiento a la lucha contra la corrupción en impunidad, para establecer si esto conviene o no al país”, señaló Pascual.

El sector de mujeres también estaría involucrado en la instancia convocada por Giammattei, asegura Patricia Pinto, quien coordina la Agenda Estratégica Mujeres en la Diversidad.

Pinto recuerda que, durante la campaña electoral, los partidos políticos firmaron una agenda 2020-2024 con la que se busca el impulso del sector femenino.

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Perfil idóneo

Una de las atribuciones que tendrá el Consejo de Estado, según Giammattei, será el de designar a tres personas para que dirijan una comisión anticorrupción, que sustituirá a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que este 3 de septiembre terminó su mandato en el país.

Guatemala: @AntonioGuterres elogia la contribución de la @CICIGgt al fortalecemiento del Estado de derecho, la capacidad de investigación y el enjuiciamiento en el país tras 12 años de funcionamiento. https://t.co/SbMnl5PUUq pic.twitter.com/Gg2DoK67WS

— Naciones Unidas (@ONU_es) September 3, 2019

La idoneidad, experiencia, capacidad, sin tachas y que haya hecho un trabajo previo en contra de la corrupción, son algunas de las características que deben tener los designados, coincidieron las fuentes consultadas.

Tefel afirma que se requiere que estas personas sean intachables y con estricto apego a la Ley, pero, además, que esta comisión debe ser de apoyo al Ministerio Público (MP) y no estar por encima ni paralelo a esta entidad.

Pinto pidió que haya por lo menos una mujer dirigiendo la comisión y que se tome en cuenta la visión de este género para sus planes.

Para Pascual, los designados no deben tener tachas para evitar ser deslegitimados. “Estamos preocupados por la necesidad de seguir la lucha en contra de la corrupción. El sector indígena siempre es el afectado por estos problemas”, indicó.

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El fin de la Cicig

Para hablar de la instalación de la Comisión contra la Corrupción, el presidente electo viajó este 3 de septiembre a Washington, EE. UU, donde tiene programada una serie de reuniones con altos funcionarios de aquel país y con cooperantes, en la búsqueda de apoyo técnico y financiero.

“Estaremos solicitando el apoyo de los gobiernos amigos, ya hay varios países que han venido externado su voluntad de querer colaborar con nosotros en ese programa, con investigadores, con equipo, y vamos a poder hacer un buen trabajo al respecto”, dijo Giammatei.

El mandatario electo afirmó que no está dentro de sus competencias prorrogar el mandato de la Cicig, que finalizó este 3 de septiembre; además, dijo que, si se solicita el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para formar esta nueva comisión, se tardaría mucho tiempo.

“Nosotros tenemos un problema que es combatir la corrupción y lo vamos a hacer desde el primer día, de eso no tenga la menor duda, pero no podemos poner y soñar y hacer soñar a la gente que mañana van a estar de vuelta cuando el problema se lleva años en que sea conocido”, explicó.

Además, a escala de país se fortalecerá al MP y a la Corte Suprema de Justicia, para lo que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo que se amplíe el plazo para aprobar un préstamo por US$60 millones que está pendiente en el Congreso y cuya fecha de vencimiento se acerca.

Ante salida de @CICIGgt, la Alta Comisionada @mbachelet reiteró la importancia de garantizar la protección de fiscales, juezas/ces y magistradas/os, y un entorno adecuado para defensoras/es de #DDHH, el @PDHgt, líderes y lideresas indígenas,y periodistas
https://t.co/iic1CkpcIk pic.twitter.com/YnjFbxmjEm

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) September 3, 2019

El presidente electo agradeció el trabajo de la Cicig, aunque afirmó que no toda la experiencia fue buena. “Yo le agradezco los años que estuvo, por lo bueno que haya hecho, por las experiencias que nos dejó, creo que dejaron buenas experiencias, dejaron algunas que no eran tan buenas, pero sí nos dejaron algo y es la necesidad de luchar juntos por la construcción de nuestras instituciones”, expresó Giammattei.

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Por el fin del mandato de la Cicig también se pronunció el secretario general de la ONU, António Guterres, a través de su portavoz. “El Secretario General confía en que continuarán los esfuerzos para la lucha contra la impunidad y señala que la ONU está lista para seguir cooperando con Guatemala en el fortalecimiento del Estado de derecho”, informó Stéphane Dujarric.

“El Secretario General espera que los derechos de las personas involucradas en la lucha contra la impunidad en Guatemala sean protegidos”, agregó.

Además, también se pronunció la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien afirmó que ante la salida de Cicig “quisiera recordar la necesidad de preservar y salvaguardar estos avances; y reiterar la importancia de la obligación de Estado de garantizar la protección de fiscales, juezas y jueces, magistradas y magistrados, para que desarrollen su función de manera independiente e imparcial”.

Bachelet también considera necesario que se garantice un entorno adecuado para la labora de abogados, defensores de los derechos humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como para periodistas y todos los sectores “que contribuyen de manera fundamental a la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

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“La propuesta del combate a la corrupción ha sido perfectamente aceptada”, dijo Giammattei en conferencia de prensa.

Giammattei agregó que en diez días viajará a Washington, EE. UU., para afinar su propuesta. “Estamos totalmente de acuerdo en que meteremos a los corruptos a la cárcel, pero la comisión no solo atacará la corrupción, sino que perseguirá a los corruptos”, dijo.

Al preguntarle cuál sería la diferencia con su propuesta a la actual Cicig que se irá del país el próximo 3 de septiembre, Giammattei dijo: “Hay cosas muy diferentes a como se ha estado actuando, pero nadie compuso el sistema, encontraron una Línea y buenísimo, pero nadie cambió el sistema, no se resolvió el problema, la corrupción sigue estando presente en los puertos”.

#NuevoGobiernoGT | Para la Comisión contra la Corrupción que propone el presidente electo, Alejandro Giammattei, el país destinaría de Q40 a Q75 millones anuales, dinero que se ahorrará de la fusión de varias instituciones del Estado. pic.twitter.com/4sHL3nfjLL

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) August 26, 2019

También habló de su intención de visitar al Comité de Asignaciones del senado de Estados Unidos para pedir apoyo financiero para el Ministerio Público ahora que la Cicig se irá del país.

Giammattei explicó que Guatemala aportará entre Q40 y Q75 millones al año para dicha comisión, dinero que se obtendrá al reestructurar varias instituciones del Ejecutivo. Además, espera obterner apoyo de países donantes y organismos internacionales y multilaterales.

Sobre su nueva visita a EE. UU. y el papel que este país tendrá en la nueva comisión, Giammattei afirmó que “el apoyo es en todos los sentidos con personal especializado en temas de investigación, con tecnología y financiero”, mencionó.

La Cicig finaliza su trabajo en Guatemala el 3 de septiembre próximo, luego de que el presidente Jimmy  Morales decidió no renovar su mandato.

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El 23 de agoto, la Comisión entregó 117 informes del trabajo al Ministerio Público, como parte del traslado de infromación a esa institución, dichos documentos incluyen informes policiales, financieros, de análisis criminal y forense. Además entregó 16 informes de análisis financieros, 32 informes de análisis criminal, 18 informes de análisis forense y 33 informes policiales.

En su rendición de cuentas, presentada la semana pasada, la Cicig expuso que desde el 2008 al 18 de julio del 2019, registra entre sus logros:

• 1 mil 540 personas sindicadas en los casos presentados por el Ministerio Público y la Comisión.
• 660 personas están procesadas, a julio del 2019. De ellas, el 70 % goza de medidas sustitutivas.
• 70 estructuras criminales de alta complejidad fueron investigada e identificadas.
• 120 casos de alto impacto fueron judicializados.
• 100 solicitudes de antejuicio se solicitaron en colaboración MP y Cicig.
• Entre los acusados hay expresidentes, una exvicepresidenta, exministros, diputados, altos funcionarios de Estado, narcotraficantes, empresarios y alcaldes.
• 400 condenas se han dictado a la fecha, 43% de ellas se dictaron entre el 2018 y 2019.
• 85%  es la tasa de eficiencia del trabajo conjunto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Cicig.
• 70 procedimientos abreviados se han solicitado, en especial durante los últimos tres años. Este es un procedimiento a través del que los sindicados reconocen y aceptan su responsabilidad en los hechos reprochados.
• 10 agencias fiscales tienen la Feci, que comenzó a trabajar en el 2008.
• 100 casos de los 120 presentados estuvieron a cargo de la Feci.

Las temáticas criminales de los casos presentados por la Comisión fueron, atentados contra la vida e integridad personal -ejecuciones extrajudiciales, tortura, asesinado-, Financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero, defraudación aduanera, corrupción y tráfico de influencias en el sector justicia.

Además, corrupción municipal, corrupción en el sector de la construcción de obra pública y en los sistemas de transporte, salud y penitenciario, corrupción en el Congreso, extorsiones, droga y crimen organizado, trata de personas, corrupción en toras instituciones públicas como el Registro General de la Propiedad, Registro de Información Catastral, la Industria Militar y el Registro Nacional de las Personas.

“No se resolvió el problema, la inoperancia sigue estando igual, la corrupción sigue presente. Queremos que haya una comisión que persiga a los corruptos pero que haya cambio en los procesos y sistemas”, explicó Giammattei.

El funcionario electo dijo que la invitación a participar es para “todos los que nos quieran ayudar en el esfuerzo de hacer una Guatemala diferente. No vamos a cerrarles las puertas a quienes quieran venir a ayudarnos, al contrario vamos a estar agradecidos en la medida que podamos demostrar que la justicia en Guatemala puede ser pronta, cumplida, eficaz e imparcial”.

#NuevoGobiernoGT | El presidente electo, Alejandro Giammattei, también dijo que se habló de crear un sistema regional de combate a pandillas y narcotráfico, cuya sede estaría en #ElSalvador. pic.twitter.com/oQP4Yi3miP

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) August 26, 2019

La Embajada de EE. UU. en Guatemala dijo que aún no tenía comentarios sobre las afirmaciones de Giammattei al respecto del apoyo que recibirá para esta nueva comisión.

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Giammattei y Bukele

El jueves y viernes de la semana pasada, Giammattei se reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien habló sobre el futuro del Parlamento Centroamericano (Parlacen). “Seguimos insistiendo en que lo reformamos o lo eliminamos, o lo volvemos un congreso que principie a tratar por lo menos cuatro temas centroamericanos”, dijo.

A decir del presidente electo, los temas que tendría que tratar el congreso centroamericano es seguridad, ambiente, economía y el tema fiscal.

Otra de las intenciones de Giammattei es apoyar la propuesta de EE. UU. de instalar un centro regional de inteligencia contra el crimen organizado en la región cuyo centro de operaciones estará en El Salvador.

El presidente electo dijo que esta oficina regional deberá trabajar en contra del narcotráfico, paillas, contrabando y crimen organizado, y que los grupos de inteligencia de los países puedan tener comunicación constante y compartida.

Sobre migración

Giammattei también informó que logró que EE. UU. deje de mencionar a Guatemala como un tercer país seguro por el acuerdo migratorio que firmaron el 26 de julio pasado. Además reiteró que el presidente Jimmy Morales no ha compartido el plan de implementación de dicho documento, por lo que vuelve a pedir que un integrante de su equipo sea involucrado en el asunto.

El mandatario electo dijo que solicitó información al secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin McAleenan, pero este respondió que dicha información debe ser compartida por el gobierno guatemalteco.

“No tenemos más allá que el convenio que ya se hizo público y el acuerdo con el departamento de Agricultura, no hemos sido invitados como se comprometió el actual presidente -Jimmy Morales- a ser parte observadora del proceso de negociación, seguimos a la espera de que nos inviten y si no, nos iremos metiendo de shutes hasta que logremos obtener toda la información”, se quejó Giammattei.

Lo que más preocupa al funcionario electo es que no se conoce de forma clara la ruta de implementación del plan, “no sabemos cuándo principia ni bajo qué términos”, afirmó.

Para trabajar en la reducción de las migraciones, Giammattei también visitará México, en atención a dos invitaciones del gobierno de aquél país para participar en actividades oficiales y donde aprovechará para conversar sobre el Plan de Desarrollo Integral que permitirá reducir el flujo de personas que abandonan sus países en busca de mejores oportunidades.

Sobre el proceso de transición, Giammattei indicó que invitó a la Contraloría General de Cuentas para que acompañe el traslado de mando, con el objetivo de que se establezca qué se entrega y qué se recibe.

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Al respecto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, indicó que la invitación del presidente Morales continúa vigente y que el equipo de Giammattei será integrado cuando el acuerdo cobre vigencia, lo que ocurrirá luego de que la Corte de Constitucionalidad resuelva una solicitud de revocatoria, presentada por el Ejecutivo, respecto al amparo provisional que otorgó para que no se firme ningún cambio a la legislación guatemalteca sin que sea conocido por el Congreso.

Harán evaluación

El presidente electo informó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comenzará en los próximos cuatro meses un estudio de prefactibilidad para concretar el funcionamiento del tren urbano, en la capital, y que será el primer paso para la construcción del metroriel, un proyecto que contará con un ramal de pasajeros y otro de carga y que tendrá un circuito en todo el país.

El tren urbano tendría un costo de entre Q3 y Q4, y cada vagón podría pasar cada 15 o 20 minutos, principalmente en las horas pico. Según las previsiones, se necesitarán Q20 millones para que sea habilitada la vía férrea y así comenzaría a funcionar el tren urbano.

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