CIEN sobre Presupuesto 2026: Crece gasto en seguridad y en el MP, pero instituciones clave de justicia siguen rezagadas

Aunque el gasto en seguridad y justicia sigue en aumento, el 89% de los homicidios aún no llega a juicio, advirtió el CIEN al presentar su análisis del presupuesto 2026.

Sandy Pineda

20 de noviembre de 2025

|

16:07h

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Sede central del Ministerio Público, una de las instituciones con mayor crecimiento presupuestario en el sector justicia con relación al Organismo Judicial. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presentó su análisis sobre el proyecto de presupuesto 2026 asignado al sector justicia, y advirtió que, aunque el gasto ha crecido de forma sostenida en los últimos años, persisten desequilibrios que limitan la capacidad operativa de las instituciones encargadas de seguridad, investigación y justicia.

Según el informe, entre el 2019 y el 2025, el presupuesto de las instituciones de justicia criminal en Guatemala ha aumentado, concentrándose principalmente en el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), con el 95% de los fondos; sin embargo, su crecimiento no ha sido uniforme.

La propuesta de presupuesto para el 2026 mantiene la tendencia, aseguró David Casasola, experto del Cien, e incluye un incremento de Q1 mil 492 millones, en su mayoría para el Mingob, impulsado por la reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) — Q788 millones adicionales para el rubro de servicios de seguridad a las personas y su patrimonio, y expansión de infraestructura penitenciaria, por Q423 millones—.

Además, el informe resalta que el techo presupuestario del MP ha superado al del OJ desde el 2022.

El Cien señala que el MP es la entidad que más ha sostenido una tendencia de aumento presupuestario, mientras que otras, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto de Atención a la Víctima (IAV), continúan con niveles de financiamiento que el Cien considera insuficientes para la demanda que enfrentan.

En conjunto, estas tres instituciones reciben una asignación cercana al 5%, a pesar de la importancia de los peritajes científicos, la garantía del derecho de defensa y la atención integral a las víctimas.

David Casasola explicó que la ausencia de un presupuesto interinstitucional “limita la coordinación del sistema y perpetúa cuellos de botella que afectan tanto la calidad como la oportunidad de la atención”.

Los estudios del Cien respaldan este panorama. En agosto pasado, se informó que entre el 2014 y el 2024, solo alrededor del 11% de los homicidios avanzó hasta una acusación formal o una condena, lo cual evidencia limitaciones en las fases de investigación y judicialización.

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Además, para el 2025 se estima que el 55.7% de las personas adultas víctimas de algún delito optaron por no denunciar, principalmente por miedo a represalias (19.9%) y por desconfianza en las autoridades (19.5%). Estos datos evidencian una profunda brecha de confianza en el sistema de justicia.

El centro de investigación también señala que, pese a las ampliaciones presupuestarias aprobadas cada año, varias instituciones enfrentan dificultades para ejecutar lo asignado, especialmente en inversión.

El informe resalta que el gasto del sector sigue orientado en gran medida al funcionamiento —principalmente salarios, arrendamientos y servicios—, mientras que la inversión en equipamiento, tecnología y fortalecimiento operativo continúa rezagada.

Para el Cien, esto provoca un crecimiento administrativo que no se traduce necesariamente en mayor efectividad en la prevención y resolución de delitos.

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Representantes de varias instancias del sector justicia acudieron este martes 30 de septiembre a la Comisión de Finanzas del Congreso para exponer sus programas de gasto proyectados para el 2026, en los cuales plantean incrementos en sus asignaciones presupuestarias.

Urias Gamarro

30 de septiembre de 2025

|

19:59h

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Representantes del sector justicia presentaron las iniciativas de presupuesto para 2026. (Foto Prensa Libre: Congreso)

En la jornada participaron delegados del Ministerio Público (MP), Corte de Constitucionalidad (CC), Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), quienes presentaron a los diputados sus planes de ejecución y los rubros a financiarse para mejorar la atención a los usuarios del sistema.

Una de las coincidencias generalizadas fue la solicitud de ampliación de cobertura, inversión en la construcción de sedes departamentales, creación de centros de justicia e implementación de tecnología.

Los diputados que integran la sala legislativa solicitaron información adicional para completar los análisis de las propuestas.

Fiscalía solicita aumento de fondos

El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de Q5 mil 245 millones para el presupuesto del 2026, monto que supera el vigente de Q3 mil 840 millones, lo que representa un incremento considerable.

La fiscal general, María Consuelo Porras, explicó a los diputados que los recursos estarán destinados principalmente a la construcción de un nuevo edificio (torre dos) en el complejo de Gerona, donde se instalarán fiscalías que actualmente operan en inmuebles arrendados. Según dijo, esto significará un ahorro a largo plazo.

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Asimismo, se contempla la ampliación del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia, así como la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en atención a migrantes, hospitales públicos, casos de extorsión y delitos contra la vida y la integridad de las personas.

El destino de los recursos incluye la contratación de más personal, adquisición de vehículos y equipo para las fiscalías mencionadas.

Durante la audiencia, el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez preguntó sobre el saldo de caja disponible, el cual pasó de Q500 millones a Q900 millones entre el 2024 y el 2025. Ante esto, se acordó ampliar la información en una próxima sesión.

IDPP y CC buscan más recursos

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) informó ante la Comisión de Finanzas que requiere un presupuesto de Q418.4 millones para el 2026. De ese total, Q367.7 millones corresponden al aporte institucional y Q50.7 millones provendrán de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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Del monto planteado, unos Q375.5 millones se destinarán a funcionamiento y Q42.8 millones a inversión. Entre las acciones previstas figura la expansión de nuevas sedes, lo cual implicará un incremento de personal para su operación.

La Corte de Constitucionalidad (CC) solicitó Q278.5 millones para el próximo ejercicio fiscal, lo que representa un aumento de Q3.5 millones respecto del presupuesto vigente, de Q275 millones.

Los recursos estarán dirigidos al programa 11, denominado defensa del orden constitucional, que incluye la recepción, análisis y emisión de sentencias, así como el funcionamiento de la administración central.

En su turno, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) planteó un presupuesto de Q381 millones, de los cuales Q331 millones corresponden al aporte institucional y Q49 millones a un préstamo con el BCIE.

Comisión de Postulación para director del IDPP elabora terna de candidatos

La lista de los candidatos será enviada al Congreso de la República que en pleno deberá de elegir al director de la institución para el periodo 2024 – 2029.

Douglas Cuevas

8 de julio de 2024

|

15:04h

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La Comisión de Postulación para el IDPP está por enviar la lista de candidatos al Congreso. Fotografía: Prensa Libre.

La postuladora para la elección de candidatos para el cargo de director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) llegó a su objetivo. Los comisionados elaboraron la lista de los tres candidatos, entre los cuales estará el nuevo titular de la dependencia jurídica.

El documento oficial será enviado a la brevedad al Congreso de la República, toda vez se publique en el Diario Oficial el nombre de quienes integran la terna. Luego de eso, hay un plazo de 72 horas por alguien presenta impugnaciones a la lista de candidatos.

Los tres profesionales nombrados son Rony Eulalio López Contreras, Carlos Humberto Sandoval Orellana y Lesbia Marleny Sis Chén.

El IDPP es una institución que presta servicio legal de manera gratuita dentro del territorio guatemalteco. Dependencia a que a criterio de analistas es clave para el debido funcionamiento del sistema de justicia.

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Los seleccionados clasificaron a una primera lista con ocho aspirantes y fueron los que llegaron al puntaje mínimo acordada por los comisionados que fue de 70 puntos.

López Contreras obtuvo la mejor calificación con 85 puntos; seguido de Sandoval Orellana con 76; y finalmente Sis Chén con 74 puntos en la fase de calificación, única electa de manera unánime por la comisión.

El mejor calificado fue el actual director del IDPP, Idonaldo Fuentes, quien obtuvo 92 puntos, pero los comisionados optaron por dejarlo fuera al no votar por él en su intento de conseguir su reelección al frente de la institución.

Sobre el actual director se presentaron objeciones que lo vinculaban con aparentes actos de nepotismo, ventas de plazas y uso excesivo de recursos públicos para combustible.

La siguiente etapa

La comisión de postulación para nuevo director del IDPP publicará en el Diario Oficial la lista de los tres candidatos. Procederá a embalar los expedientes y remitirlos al Congreso de la República.

Aunque ya se concluyó con la elaboración de la terna, toda vez se haga la publicación, se habilitan tres días para que se presenten impugnaciones. Agotado ese plazo, la terna queda firme.

El periodo del actual director del IDPP concluye el próximo 5 de agosto. Lo que le permitiría al Legislativo contar con el tiempo suficiente para hacer la elección.

#Ahora

La Comisión de Postulación para director del Instituto de la Defensa Pública Penal elabora la terna de candidatos que será enviada al @CongresoGuate.

1. Rony Eulalio López.
2. Carlos Humberto Sandoval.
3. Lesbia Marleny Sis.@prensa_libre@Guatevision_tv

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) July 8, 2024

La primera crisis de Porras al frente de la Fiscalía podría identificarse cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos la nominó como actora corrupta, el 20 de septiembre de 2021. En esa ocasión se explicó que la designación respondía a “su participación en hechos significativos de corrupción”.

En esa oportunidad también salieron grupos sociales a pedir la renuncia o destitución de Porras. No obstante, ocho meses después, el 16 de mayo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei la elegía entre una terna de candidatos como fiscal general por un segundo periodo.

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La segunda crisis del MP durante la gestión de Porras es la que actualmente atraviesa, de nuevo bajo una presión mediática por su dimisión o remoción del cargo.

Esta vez la inconformidad de algunos sectores también se extiende al trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche.

Después del 25 de junio, cuando se realizó la primera vuelta electoral, la Feci encabezó varias investigaciones que apuntaban a ilegalidades en la conformación del Movimiento Semilla, al extremo de que se solicitó la suspensión de la personalidad jurídica. Además, se abrió pesquisas por supuestas irregularidades en la transmisión de resultados electorales y una posible manipulación de votos desde las Juntas Receptoras.

En ley

Esta coyuntura ha hecho que el rechazo hacia Porras y el equipo de la Feci crezca; sin embargo, en ley solo hay dos escenarios posibles para el cambio de fiscal general: la remoción o destitución con causa justificada y la renuncia.

En el primer escenario, es el presidente de la República quien puede remover al jefe de la Fiscalía, pero solo “por causa justificadamente establecida”, según lo establece la Constitución Política en su artículo 251.

Esta causa justificada para la remoción la dicta el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, donde establece que será “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”. El fiscal será restituido en su cargo inmediatamente cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito.

El artículo 15 establece el camino de la sustitución, en caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva. En ese caso el presidente de la República nombrará a quien deba sustituirlo de la nómina que le fue enviada por la Comisión de Postulación y de no existir, el Congreso convocará a un nuevo proceso de postulación.

La nómina de candidatos de donde fue electa Porras y de donde debería salir su sucesor, en el escenario de una renuncia o remoción está integrada por Brenda Dery Muñoz, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Elizabeth Gámez Barrera, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y Édgar Estuardo Melchor Solórzano.

En los últimos cinco años el MP se ha atribuido hasta un 150 por ciento anual de eficacia, al indicar que todas las denuncias que recibe se investigan y se resuelven, incluidos los casos de políticos señalados de corrupción, lo cual, según analistas en el tema, es inexacto.

Si hace más de 10 años usted fue víctima de un robo u otro hecho de violencia y nunca se le citó después de presentar la denuncia, es posible que reciba una llamada del MP para recordarle el incidente, aunque no será porque haya identificado a los responsables, sino para notificarle que su caso fue cerrado. De esta manera el expediente es depurado. No obstante, se suma a las cifras que presenta el MP y elevan su calificación, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Violencia elaborado por la organización Diálogos.

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“Esas depuraciones ocurren más con quienes han sido víctimas de robo de teléfonos, y son a quienes más llaman para notificarles que su caso no fue resuelto, cuando en realidad no se hace el esfuerzo de investigar, pese a existir recursos para hacerlo, como cámaras de vigilancia, que son herramientas básicas para identificar a los responsables”, sostiene María del Carmen Peláez, investigadora del área anticorrupción de Diálogos.

Reducción de mora

En la presentación del informe de desempeño del MP, el 17 de mayo, la fiscal general, María Consuelo Porras, quien cumple un segundo mandato al frente del ente investigador, dio a conocer que al 31 de marzo del presente año han reducido en un 90 por ciento la mora de casos que recibieron, lo que implica la resolución de 1 millón 136 mil expedientes.

Agregó que desde mayo del 2018 hasta marzo del 2023 recibieron 2 millones 84 mil 503 denuncias, de las cuales el 92 por ciento fueron resueltas —1 millón 863 mil 82—.

Porras refirió que mediante boletas de atención al usuario y llamadas aleatorias, las fiscalías de distrito fueron calificadas con un 95.67 por ciento en satisfacción, y las agencias fiscales en municipios obtuvieron el 98.77 por ciento.

Diálogos: desestima el 80% de los casos

Peláez considera que “esos resultados de eficacia son satisfactorios solo para ellos, porque desde el momento en que alguien se acerca a poner una denuncia hay resistencia del MP, pues les dicen que no procede, que no hay pruebas suficientes, que no encuadra en un delito o que no es la fiscalía adecuada”.

“Los altos porcentajes de eficacia solo demuestran el alto porcentaje de impunidad, porque se abusa de la desestimación, la utilizan en un 80 por ciento de los casos”, señala.

En el flujograma de medición que utiliza el MP, según Diálogos, también se incluyen los trasladados a la unidad de resolución alterna de conflictos del Organismo Judicial, casos liquidados, archivados y depurados.

De otras instancias se incluyen las conciliaciones, suspensión condicional de la persecución penal, falta de mérito, clausura provisional y sobreseimiento.
Añade que el MP ha incluido en sus informes el número de casos que no han sido resueltos en los órganos jurisdiccionales penales de forma acumulada, desde el 2014 hasta el 2021.

“No sabemos si es una medida institucionalizada cerrar los casos, porque es práctico deshacerse de esa carga. Esta figura repercute en la impunidad en niveles altísimos, porque no hay acceso a la justicia”, opina la investigadora.

“El MP archiva los casos cuando ya no pueden continuar con la investigación. Todos los resultados a los que llegan las denuncias tienen igual valor en la calificación.

Un 3 por ciento de casos llega a sentencia y un 90 por ciento son archivados o desestimados”, prosigue Peláez.

El informe indica que desde el 2008 el MP comenzó a incluir las desestimaciones en las calificaciones, pero en el 2022 esta modalidad se hizo más notoria. La fiscalía liquidadora de Mixco es la que desestima más expedientes.

Demasiada lentitud

“Es una eficiencia aparente, utilizan argucias para disfrazar números, desestimar todo implica que no investigan”, a juicio de Edie Cux, de Acción Ciudadana.

La actual gestión del MP es de las “peores” que han existido desde la era democrática, según el analista. Dice que de 90 denuncias que presentaron por corrupción en municipalidades y dependencias del Estado, 30 fueron desestimadas este año.

Asimismo, expone que el proceso para que reciban una denuncia es demasiado lento y puede durar hasta seis horas, por los protocolos que deben cumplirse. “Di acompañamiento en un caso de abuso sexual. Llegamos a las 15 horas al MP y salimos a las 3 de la madrugada, porque no aceptaron la denuncia escrita que llevaba.

Si una víctima de violencia intrafamiliar quiere denunciar y solo tiene media hora para escapar y hacerlo, es difícil”, hace ver.

Cux considera que los procesos se retrasan porque los fiscales no acuden a las audiencias, y la mala formulación de las pruebas en contra de los sindicados es la causa por la cual recobran su libertad. Cita como ejemplo la captura de cuatro presuntos delincuentes en la zona 9 capitalina el 15 de mayo, quienes fueron señalados de asaltar a automovilistas y peatones, pero salieron libres al día siguiente por falta de pruebas en su contra.

Postura

Ante los señalamientos por la forma en que se calcula la eficiencia del MP, por medio de la oficina de Comunicación Social ente investigador respondió que las desestimaciones están reguladas en la ley y se aplican cuando de forma manifiesta el hecho no es punible o si no se puede proceder.

“Todas las denuncias presentadas han sido atendidas de manera oportuna y resueltas de conformidad con la ley, según el análisis de los hechos denunciados. Las 273 agencias fiscales en municipios creadas por la fiscal general se encuentran certificadas con la norma ISO9001:2015 y próximamente se estará certificando todo el Ministerio Público”, precisó el MP.

Añade que ante la implementación de tecnología e interconexión interinstitucional se logró dar respuesta a casos de gestiones anteriores que no fueron atendidos de forma adecuada en su momento.

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), señala que entre este grupo de exfiscales y abogados destacan señalamientos por aparente corrupción y presunto abuso de autoridad, lo que le ha costado a algunos conseguir una medida sustitutiva como arresto domiciliar.

Entre los denunciados figuran, en su mayoría, antiguos integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), cuando la unidad estaba a cargo del abogado Juan Francisco Sandoval, quien también acumula cuatro denuncias penales y al menos dos órdenes de detención.

También aparecen en la lista abogados que prestaron sus servicios en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Denuncia persecución

En 2023 la Feci, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, presentó un caso por presunta corrupción que alcanzó a otro excomisionado de Cicig, el costarricense Francisco Dall’anese, quien en un video difundido en sus redes sociales rechazó los señalamientos en su contra y criticó los procesos penales abiertos actualmente en contra de operadores de justicia, principalmente excolaboradores de la Cicig.

“De 23 países, fiscales, policías y analistas criminales, quedamos protegidos por la inmunidad durante nuestro trabajo, y con posterioridad a nuestro trabajo, en el caso de los comisionados, el único que puede levantar esa inmunidad para que se nos procese, es el secretario general de las Naciones Unidas”, dijo el excomisionado de la Cicig.

Dall’anesse explicó que había permanecido en silencio, pero luego de ser mencionado en el reciente proceso penal decidió emitir una postura, en donde señaló que desde su punto de vista existe una persecución penal sin fundamento.

“Fiscales guatemaltecos, jueces guatemaltecos, a quienes no les perdonan las estructuras de corrupción y crimen organizado, que tienen cautivo a Guatemala, el haber perseguido los crímenes y la corrupción que impiden el desarrollo de ese hermoso país”, dijo el jurista costarricense.

Ante este pronunciamiento, el departamento de Comunicación Social del Ministerio Público (MP), informó que las declaraciones son tendenciosas y que buscan desacreditar el trabajo de la Feci. “El caso tiene todo el sustento debido en virtud de haberse desarrollado una investigación técnica, objetiva e imparcial. Si el fiscal a cargo del caso pudo advertir posibles anomalías, su deber y obligación es investigar, pues esta es la función legal y constitucional del MP, contrario a ello, aducir persecución a fin de evadir una posible responsabilidad, es apología a la impunidad”.

José Curruchiche, titular de la FECI, afirmó que en Guatemala existen investigaciones objetivas. “En cuanto a que dice que está siendo perseguido junto a operaores de justicia, yo solo estoy cumpliendo la ley, lo que hay en estas investigaciones, de las que se vienen fases muy importantes”.

El jefe fiscal agregó, respecto a las declaraciones del excomisionado, “lo que él debería de hacer es ponerse de rodillas para pedirle perdon a Dios y al pueblo de Guatemala por todas las ilegalidades y arbitrariedades que cometió la Cicig”.

El principal denunciante

En 2022 fueron 21 los operadores de justicia señalados, la mayoría de estas denuncias han sido presentadas por la Fundación contra el Terrorismo, cuyo presidente es Ricardo Méndez Ruiz, quien sostiene las acusaciones y explica por qué deben de seguir investigando hasta llegar a las últimas consecuencias.

“Los jueces abusaron de sus cargos. Uno, inventándose figuras judiciales que no existen, y la otra conectando ilegalmente casos”, dijo Méndez Ruiz, al hablar de los antiguos jueces Miguel Ángel Gálvez y Érika Aifan, que integran el grupo de operadores con procesos abiertos durante el 2022.

El presidente de la Fundación destaca que los procesos han caminado, pero esperarían que el trabajo del Ministerio Público sea más rápido, así como las resoluciones de los juzgados. “Entendemos que cierto ritmo lento se tiene que llevar, a ese compas, para no cometer errores, para no cometer ilegalidades que la antigua Feci y el Organismo Judicial han cometido con anterioridad”, señaló Méndez Ruiz.

El presidente de la Fundación contra el Terrorismo no comparte la opinión del excomisionado Dall’anese, incluso, considera que las acciones prudentes para el excomisionado sería presentarse ante la justicia guatemalteca para aclarar las dudas que mantiene la fiscalía.

“¿A qué lucha contra la corrupción, durante su gestión al frente de la Cicig, él se refiere? Porque yo no recuerdo (…) considero que es vergonzoso y cobarde, él lo que debería hacer es venir a Guatemala a aclarar su situación jurídica”, añadió el presidente de la Fundación.

Mantendrá el cargo para el periodo 2023 – 2025, y analistas estiman que el nuevo presidente tiene fuertes vínculos con funcionarios del sector justicia, así lo identifica un análisis realizado por Movimiento Pro Justicia.

Según dicho informe, desde finales del año pasado la agrupación realizó convivios, conferencias, presentaciones de libros y actividades similares en el interior de la república.

Mario Siekavizza comenzó a aparecer en los medios de comunicación cuando fue vocero del Organismo Judicial (OJ), por la misma magistratura que permanece en el poder ante la no renovación de Cortes.

La organización señaló en su informe, que Siekavizza mantiene cercanía desde entonces con Nester Vásquez Pimentel, quien pasó de ser magistrado de la CSJ a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), electo por el CANG.

Pero no es su primera participación gremial, según Movimiento Pro Justicia. Documentan que en 2019 intentó representar al CANG ante la Comisión de Postulación para Cortes de Apelación.

En aquella ocasión integrando Dignificación Profesional, planilla asociada con Héctor Hugo Pérez Aguilera, magistrado de la CC desde julio del 2022.

Su integración

• Mario Siekavizza, presidente
• Juan Sagastume, vicepresidente
• Shirley Maldonado, secretaria
• Waleska García, prosecretaria
• Carlos Tucux, tesorero
• Guillermo Morales, vocal
• Lourdes Fuentes, vocal II

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Las alianzas

En la primera vuelta de elecciones del CANG, celebrada el pasado 15 de febrero, la planilla 1 obtuvo 3 mil 596 votos, seguidos de la planilla 3, que obtuvo 2 mil 853 votos y contra quien se enfrentó en segunda vuelta.

Tras oficializarse los resultados, algunas de las otras planillas en contienda comenzaron procesos de alianza, según quedaron documentadas en las distintas redes sociales.

La planilla 1 obtuvo el apoyo de la planilla 5, Acción Profesional, que impulsaba la presidencia de Benjamín López.

La planilla 3, divulgó haber consolidado una alianza con la planilla 2, Convergencia, que era liderada por Mario Cano; quien fue el primer abogado defensor de Roxana Baldetti, exvicepresidenta.

La planilla 4, Coalición Gremial – Salvemos el CANG, quien obtuvo el tercer lugar, manifestó en un comunicado que sostuvo reuniones con las dos planillas que llegaron a segunda vuelta, pero que decidieron no apoyar a ninguna de ellas.

“Representan más de lo mismo, pues fue evidente que durante la elección se valieron de prácticas antidemocráticas, que atentan contra el estado de derecho, tales como la intimidación y las amenazas a profesionales desde las cúpulas de poderes del Estado”, refiere su pronunciamiento.

Esta  planilla impulsaba la presidencia de José Urrutia, quien por algunos momentos del conteo preliminar de la primera vuelta, se disputaba el segundo lugar.

El resto de las ocho planillas en contienda no se manifestaron públicamente acerca de una posible alianza para los candidatos que, esté miércoles, se disputaron la segunda vuelta.

La votación

“No hay ningún contratiempo. Todas las mesas abrieron oportunamente”, explicó Gustavo Galindo, presidente del Tribunal Electoral del CANG.

A diferencia de la primera vuelta, celebrad la semana pasada, Galindo observó cambios en la asistencia de los votantes. “La afluencia en este momento (antes de mediodía) es bastante baja, no ocurrió como hace ocho días que habían cantidades suficientes de votantes”.

Según documentó Guatemala Visible, organización fiscalizadora, hubo buses que trasladaron a profesionales al centro de votación del Club La Aurora, en la zona 13.

Este centro de votación, también opera como centro de cómputo, donde la organización también documento entrega de propaganda cuando las mesas de votación ya estaban habilitadas.

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Clave en postuladoras

Aunque la elección de autoridades de un colegio profesional parezca ajena para la vida política y social, Guatemala Visible considera que la elección de autoridades del CANG cobra importancia al hablar de las Comisiones de Postulación.

“Son los puestos más relevantes que al final de cuentas van a ocupar las sillas en muchos espacios de poder y sobretodo de nombramiento de autoridades en el marco de la Ley de Comisiones de Postulación”, dijo María de los Ángeles Fuentes, directora Ejecutiva de Guatemala Visible.

Esta organización recientemente celebró una actividad en sus redes sociales, donde expertos en el sector justicia opinaron sobre los retos e importancia que tienen las autoridades del CANG.

Alejandra Noriega, abogada y notaria, explicó que cerca del 65% de agremiados se abstuvo de hacerlo, probablemente porque no perciben respaldo de la entidad profesional en el día a día.

Por su parte, Oswaldo Samayoa, consultor en derecho, agregó explicando que en los últimos años, el CANG, ha sufrido un desgaste político.

“Se ha constituido en un núcleo de poder sectorial, que al igual que en algunos casos, como en la universidad pública, se coopta el poder para básicamente conseguir favores, volverlo clientelar. Ni siquiera hay auditorias claras ni fiscalización”, señaló.

Según Samayoa, actualmente el CANG no ha tomado una posición clara, o al menos pronunciamiento, en cuestiones clave para el país y la profesión de la abogacía, citando la prolongación de autoridades en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y otros casos.

“No hay una posición clara frente a la defensa del derecho, frente a la defensa de la independencia judicial, frente a la necesidad de tener un sistema de justicia no criminalizante de las actividades y manifestaciones diversas que hay en la sociedad”, concluyó.

La prisión preventiva se define de manera general como una medida cautelar que un sistema judicial aplica a una persona, lo que afecta de manera directa su derecho a la libertad en el lapso durante el cual se desarrolle su proceso penal. No obstante, esta medida también tiene efectos y, en ocasiones, son mayores en los aspectos económico, psicológico, lazos familiares y relaciones sociales, entre otros.

Los más afectados son los niños, adolescentes y jóvenes que tienen a uno de sus padres, y en otros casos a ambos, privados de libertad. Los hijos legalmente dependientes deben asimilar y digerir una realidad lejos de sus progenitores y se ven obligados a hacer de las cárceles su centro de vida.

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El daño se da porque en Guatemala “estamos acostumbrados a etiquetar a las personas” y solo el hecho de decirle a alguien que irá a prisión “daña a la persona y a la familia”, comparte Otto Paz Kroell, exrelator de la Oficina de Prevención Contra la Tortura.

A pesar de la facultad que tiene el juez de dictar alguna medida sustitutiva, la persona es enviada a prisión y eso ocasiona un “daño moral”, explicó Nancy Paiz, fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público.

El círculo más cercano

De acuerdo con Alejandro Chang, subdirector general del Sistema Penitenciario, un prisionero representa “de cuatro a cinco personas afuera”: esposa, hijos y, en algunos casos, padres de familia, que lo van a visitar y que “están haciendo cola desde las cinco de la mañana; niños que no van al colegio porque es día de visita; mujeres que tienen que pedir permiso en el trabajo, si es que les dan”. La privación de libertad no solo le afecta al sujeto, sino a su entorno inmediato, reconoce Chang.

Hace 14 meses, la población en general vivió toques de queda y otras medidas que decretó el Gobierno para evitar la propagación del covid-19. Algunas personas se desesperaron porque no podían salir los fines de semana, lo que se tomó para comparar un encierro “con todas las comodidades en nuestras casas. Ahora, ¿qué pasa con la persona que es privada de su libertad en un lugar con hacinamiento, insalubridad?”, independientemente de los hechos de que se le acusan?, cuestionó Édgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones técnico-profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Meléndez dijo que el efecto alcanza en lo profesional, personal y familiar, “porque viene a cambiar realmente su mundo”. También recordó que algunos implicados en accidentes de tránsito son privados de su libertad hasta cinco meses, y “con dos o tres días que alguien pase privado de su libertad ha cambiado en todos los aspectos de su vida”.

De acuerdo con los registros estadísticos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), hasta el 30 de mayo de 2022 había 24 mil 730 privados de libertad. Nueve de cada 10 son hombres.

Los invisibles

Una de las instituciones que trabajan con niños y adolescentes con referentes de familiares privados de libertad y mujeres que se encuentran en prisión es el Colectivo Artesana, el cual ha logrado identificar a unos 60 mil niños, niñas y adolescentes hijos de reclusos que “viven en el mundo exterior, que no se ven y que son invisibles”, señaló Andrea Barrios, directora de dicha organización.

Derivado del número considerable de menores de edad y familias afectadas por tener referentes de familiares privados de libertad, Artesana impulsa un programa de atención para los 70 niños que cohabitan con su madre en los centros carcelarios, pero, “principalmente, enfocado a los hijos de los privados de libertad que están afuera”.

El Colectivo identificó que había un prejuicio al considerar que los hijos de los hombres estarían bien porque estaban con la madre, pero fue en 2016 que entrevistaron a 11 mil 400 hombres encarcelados y se evidenció que los menores están “en igualdad de condiciones o peores” que los hijos de las mujeres, debido a que en muchos casos tienen a ambos padres privados de libertad.

Otro de los fenómenos que preocupan es que los hombres “tienen muchos hijos estando privados de libertad, y con diferentes parejas”, explicó Barrios, y agregó que han entrevistado a varones que al momento de su detención tenían tres hijos, y ocho años después tienen 10 y con distintas parejas.

A lo anterior se suma que se rompe el vínculo entre los hijos y el padre, que se justifica por peleas con la madre. “Nacen niños que no tienen ninguna relación”, por eso es difícil tener un número exacto de menores en esta condición, señala Barrios.

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El centro de vida

Uno de los fenómenos que el Colectivo Artesana ha identificado es que la mayoría de familias de quienes se encuentran en prisión viven en áreas cercanas a los reclusorios. Se mudan a vivir en condiciones inadecuadas porque “la vida gira en torno a la cárcel”. Incluso, muchas mujeres entran a trabajar con sus parejas a la cárcel.

El Colectivo hace visitas constantes a las cárceles y ha identificado que en la mayoría de estas funcionan asentamientos habitacionales improvisados en los que habitan los familiares más cercanos de los reclusos, con el fin de mantener ese vínculo.

Barrios afirma que la prisión en “el mundo exterior es un estigma social” que impacta en unas 26 mil familias, aproximadamente, cifra que cambia de manera constante porque a diario hay más personas detenidas por diferentes delitos o faltas.

El lema de esta organización es “la no trascendencia de la pena”; es decir que los familiares más cercanos no deben ser juzgados por delitos o faltas que cometieron quienes están en prisión; sin embargo, la realidad es otra.

En la Política de Prevención del Delito hay una línea que Artesana logró insertar, y es que “los hijos de las personas privadas de libertad y con discapacidad deben tener derecho y acceso a todos los programas sociales que impulsa el Gobierno”, y esto debe hacerse valer, comentó la directora del Colectivo, Andrea Barrios.

En los últimos 14 años, 16 mil 230 personas más se encuentran recluidas en las cárceles nacionales, lo cual representa un aumento del 300% de población en prisión preventiva, y “no se ha hecho nada sustancial”, mientras el número continúa en aumento, refiere Walter Menchú, analista del Cien, y enfatiza que los espacios carcelarios no se han ampliado a la velocidad que la demanda lo exige.

El Cien identificó que el “momento crucial” es la audiencia de primera declaración, porque es ahí donde se analiza si existen los indicios suficientes para que una persona enfrente un proceso penal, y luego el juez decidirá sobre las medidas precautorias, entre las cuales se encuentran la prisión preventiva y el arresto domiciliario.

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También se reflejó un incremento del 150% de personas en fase de audiencia de primera declaración entre 2010 y 2017, según el Cien. Además aumentó la proporción en que se dictaba prisión preventiva desde el 2010, lo que hizo que las cárceles terminarán colapsando, no solo por la infraestructura insuficiente, sino por el aumento del flujo de internos ingresados en las diferentes cárceles.

Una medida onerosa

El exceso de prisión preventiva representa un problema para la administración carcelaria, que hasta mayo debía lidiar con 24 mil 730 reos, en cada uno de los cuales el Estado debe invertir, en promedio, Q53 diarios por alimentación. Esto significa que e gasta Q1 millón 310 mil 690 diarios la Dirección General de Sistema Penitenciario (DGSP) en comida para los reos.

Según Alejandro Chang, subdirector de la DGSP, el hacinamiento se atribuye a la mora judicial, “algo abstracto, pero se convierte en algo concreto y tangible al visitar las cárceles”. El funcionario considera que la legislación guatemalteca es “muy conservadora”, pues se considera al delincuente como una persona que se debe encerrar.

La aglomeración en las prisiones responde a la poca capacidad del sistema de justicia para acelerar los procesos de judicialización, aunado al criterio de los jueces, que dictan prisión preventiva en delitos que podrían merecer alguna medida sustitutiva como arresto domiciliario.

Chang considera que es necesario “madurar” para cambiar el sentido de la pena y buscar la reinserción del infractor. Para el subdirector de la DGSP, el hacinamiento general de las cárceles no es del 300%, sino del 244%, pero sí reconoce que en algunos centros es mayor que en otros.

Actualmente hay 23 cárceles en 11 departamentos. La Policía Nacional Civil (PNC) tiene a su cargo nueve. La queja más recurrente de los privados de libertad es que no tienen un lugar para dormir.

El subdirector de la DGSP expresó que el hacinamiento se convierte en un problema de seguridad porque “a cárceles más hacinadas, menos control se tiene” de ellas. Por ejemplo, en 2019 existía una mora de 2 mil 121 expedientes de personas que tenían derecho a una libertad anticipada, y en la actualidad tienen ocho expedientes. En 2020 fueron atendidas mil 582 solicitudes, en 2021 fueron 2 mil 222 y en el presente año, 819.

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Las causas

Entre las principales causas del hacinamiento en los reclusorios se encuentra la mora judicial, falta de infraestructura penitenciaria, los cambios que se hicieron en algunas normativas a inicio del 2000 y que incluyeron delitos en los cuales no se pueden otorgar medidas sustitutivas. Además, no se respetan los plazos estipulados en la ley para el desarrollo del proceso.

Las tasas de prisión de Guatemala, comparadas con los porcentajes de los países latinoamericanos, se sitúan en el último lugar, a pesar de que existe una alta cantidad de crímenes. El Cien estima que se tiene una tasa de 143 reclusos por cada cien mil habitantes. No obstante, al combinarse con la ocupación en las cárceles, redunda en hacinamiento, lo que significa que “no se ha construido la suficiente infraestructura penitenciaria que se necesita”, explicó Menchú.

El investigador del Cien recuerda que la prisión preventiva se debe decretar para “lograr los fines procesales”, que son garantizar la presencia del sindicado en el avance de las pesquisas.

También se le envía a la cárcel al considerar que podría interferir en las investigaciones, amenazar a la víctima o desaparecer evidencia.

“Muchas veces, esa prisión preventiva se va convirtiendo en una pena anticipada”. Todo esto ha hecho que incida en el hacinamiento, que es mayor en las cárceles de cumplimiento de condena, las cuales han alcanzado un 450% de ocupación, señaló Menchú.

El Ministerio Público coincide con que en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Nancy Paiz, fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de Ejecución, reconoce que la prisión preventiva “no se toma como prevención, como lo establece la ley, sino como un castigo”. Afirmó que muchas veces el ente investigador presenta la acusación correspondiente y la audiencia es programada “para dentro de unos dos años”.

La fiscal explicó que algunos jueces no aplican medidas sustitutivas “por el qué van a decir la prensa, las redes sociales”, cuando está en el marco legal y debería aplicarse, para que “no exista este abuso”.

Situación dramática

En un foro virtual en que participó el exrelator contra la tortura Mario Roberto Veras, este calificó de dramática la situación que enfrentan las cárceles por el número de reclusos que albergan. A criterio del exfuncionario, “todas las cárceles tienen hacinamiento”, y a esto hay que sumarle un proceso de investigación deficiente.

Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó preocupación por “las deplorables condiciones de detención que hoy por hoy se observan en las cárceles de Guatemala”, lo cual representa para los recluidos riesgos a la vida, la integridad, el acceso a la salud, derecho a la vida, además de los pagos que deben desembolsar para poder contar con un espacio para dormir y la serie de delitos que se cometen en los reclusorios.

Paz Kroell lo reconoce y considera que existe un “desorden” por parte de las instituciones que forman el sector justicia, y no respetar los plazos que el Código Procesal Penal establece, que son tres meses de investigación cuando la persona queda privada de su libertad, y seis meses cuando se le otorga una medida sustitutiva. En Guatemala, dice el exrelator, se sabe de personas que pasan hasta ocho años privadas de libertad sin llegar a juicio.

“Una primera declaración se lleva casi mes y medio”, debido a que el Ministerio Público “no está preparado”, dijo Paz Kroell, quien durante su paso por la Oficina Nacional contra la Tortura conoció procesos que llevaban hasta 10 años.

Advirtió de que el Estado guatemalteco “no ha pagado indemnizaciones a esos daños que ha ocasionado, porque las personas ya no quieren saber nada”, pero si estas personas demandarán por todo el daño, “Guatemala pagaría un presupuesto en puras indemnizaciones”.

Los expertos en el tema coinciden en que el sistema de justicia “le ha dado un mal uso a la prisión preventiva”. Édgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal, detalló que actualmente defienden un 75% de los casos que involucran a personas encarceladas, y de enero a mayo del 2022 “se pidieron más de mil audiencias de revisiones de medidas coerción”. Esto significa que se dictó prisión preventiva cuando podía otorgarse arresto domiciliar.

Meléndez, que conoce de cerca el sistema de justicia nacional, criticó que los órganos jurisdiccionales programen audiencias con una diferencia de 15 minutos entre cada una, y en los juzgados de Mayor Riesgo tiene, casos desde 2015 pendientes de desarrollar la audiencia en la que debe resolver si se enfrenta juicio, con lo que abusan del tiempo máximo de prisión preventiva que estipula el Código Procesal Penal.

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Abordaje integral

Menchú considera que el tema debe abordarse de “forma integral” con las instituciones involucradas, como el Ministerio Público, el OJ, la PNC, entre otras que intervienen en el proceso penal, como la DGSP. “Cuando se revisa el presupuesto asignado, no da más que para mantener a las personas y a duras penas darles alimentación”, dijo.

El profesional resaltó que se debe buscar la forma de reducir la prisión preventiva porque, a escala internacional, se considera que un sistema judicial es sano solo si tiene un 30% menos de personas en prisión preventiva, y puntualizó que el promedio que las personas pasan en prisión preventiva es de más de 30 meses, mientras se desarrolla el proceso.

Las cárceles más pobladas

El porcentaje de ocupación de las prisiones varía por reclusorio. Según el Cien, para 2021 la más sobrepoblada era El Boquerón, en Escuintla. Esta prisión fue construida para albergar a 80 reos y tiene más de 800, diez veces más su capacidad óptima.

La prisión de Puerto Barrios, Izabal, fue diseñada para 175 reclusos y actualmente alberga más de mil 500; es decir, nueve veces más. El Centro de Orientación Femenina, en Fraijanes, tiene 125 espacios y 900 reclusas.

En tanto, las cárceles con ocupación de más del 400% son las de Mazatenango, Zacapa, la Granja Penal Canadá, en Escuintla, y el preventivo para mujeres Santa Teresa, en la capital.

En cuanto al Centro Preventivo para Hombres, de la zona 18, Menchú explicó: “Nosotros hemos ido a visitar y apenas uno puede caminar, de lado, porque ya no hay espacio”.

El investigador del Cien señaló que las únicas prisiones que no están hacinadas son Fraijanes 1 y el preventivo de Malacatán, San Marcos. Este último fue habilitado el 4 de junio de 2021.

La prisión considerada más violenta es la que se encuentra en Coatepeque, según Otto Paz Kroell, exrelator de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura. “Hicimos visitas y recomendaciones, y los jueces de todo el sector se opusieron a que fuera cerrada”, recuerda. En esta cárcel se han registrado actos violentos y delitos a diario, pero a la fecha sigue funcionando, agregó Kroell.

Los plazos legales

La Constitución Política de la República establece en el artículo 6 que los detenidos deben ser puestos a disposición de la “autoridad judicial competente en un plazo que no exceda las seis horas”, para hacerles saber el motivo de su detención, y pueden responder interrogantes ante autoridades judiciales competentes en “un plazo que no exceda de 24 horas”, se lee en la última línea del artículo 9.

El Código Procesal Penal, artículo 82, numeral 6, regula: “La audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor a 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo”.

En la misma legislación, artículo 264, quinto párrafo, se establece que no podrá concederse ninguna medida sustitutiva en procesos instruidos “contra reincidentes, delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas su formas, sabotaje, robo agravado, reincidente de portación ilegal de arma de fuego, de uso civil y/o deportivas, tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la Digecam”.

El artículo 268 del mismo código norma la cesación del encarcelamiento y determina que la privación de libertad finalizará “cuando su duración exceda de un año”.

La presunción de inocencia figura en el artículo 14 de la Carta Magna y regula que “toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

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De la sustitución:

• 1. La prisión preventiva puede sustituirse siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente, establece el artículo 264 del Código Procesal Penal y rige que podría imponerle “alguna o varias” de las medidas siguientes:
• 2. El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.
• 3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal.
• 4. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe.
• 5. Autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal.
• 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.
• 7. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
• 8. La prestación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas.

Esta instancia es presidida por el juez guatemalteco Haroldo Vásquez, quien en un entrevista con Prensa Libre reflexiona sobre la intimidación a los operadores de justicia y la pasividad de otras instituciones para salvaguardar esa independencia judicial.

En las últimas semanas se ha visto un ataque constante contra los operadores de justicia y las críticas a algunos fallos judiciales. ¿Cuáles son las principales preocupaciones?

Desde la Federación nos hemos manifestado claramente en contra de este sistema que está criminalizando jueces, y es una de las mayores preocupaciones la forma en que se está tratando a personas que han trabajado en casos de gran corrupción, sobre todo aquellos que están en el sistema judicial, y a los jueces de Mayor Riesgo a los hemos visto en una situación bastante compleja. No hay una institución que genere defensa de los intereses del juez independiente.

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¿Cómo se puede fortalecer la independencia judicial en las condiciones actuales?

Hemos observado un problema serio de cooptación, y bajo esas condiciones es bastante difícil hablar de un fortalecimiento de la independencia judicial, de un respaldo de los jueces independientes. Lo que hemos encontrado, por el contrario, es una vulnerabilidad, una disminución del poder que debiera tener el sistema de justicia. Junto a la criminalización viene también, sobre todo, en las redes sociales, y es todo un sistema operando y trabajando para el desgaste y el debilitamiento del sistema de justicia y, por lo tanto, también de los derechos humanos.

De conformidad con las leyes, a quienes les corresponde respaldarnos es al Organismo Judicial. Lo que uno termina observando es que hay una condición bastante compleja para poder trabajar si no se tiene ese respaldo que debiera existir.

“es todo un sistema operando y trabajando para el desgaste y el debilitamiento del sistema de justicia y, por lo tanto, también de los derechos humanos”

¿Cómo ir reconstruyendo todo ese tejido del sistema de justicia que se ha ido debilitando en los últimos años?

Lo que hemos observado nosotros, como Federación Centroamericana, es que este problema no es exclusivo de Guatemala, es un problema regional, y a veces pareciera continental. Me parece que estamos en un franco retroceso de la construcción de las democracias y del estado de Derecho en países como el nuestro, donde evidentemente algunos poderes se dieron cuenta, después de una cooptación del Ejecutivo, del Legislativo, que lo que marca el fin de un estado de Derecho es la captación del Sistema de Justicia y del poder judicial concretamente.

Ya no se tienen fiscales independientes, jueces independientes. Evidentemente vamos orientados hacia administraciones dictatoriales, abusivas y prepotentes, arbitrarias, al no haber un sistema de frenos y contrapesos que limite el actuar de aquellos que, además, de manera dictatorial están generando abusos de poder, de autoridad.

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De continuar así, en esta misma dinámica, ¿Guatemala estaría a un paso de una dictadura?

No podemos venir y trabajar en condiciones en donde lo que se hace es la amenaza de muerte, la amenaza de exilio, la amenaza de la cárcel. Siempre va a estar el riesgo de un tema de dictadura, de que alguien tenga un poder absoluto. Es una parte importante de presunción o de temor pensar que podemos llegar a un sistema dictatorial.

De la región centroamericana, ¿cuántos países están en la misma situación?

Me parece que ahora El Salvador y Guatemala tienen problemas constantes y complejos. Podríamos decir que en El Salvador lo que se observa es una persona, unas características de abuso, de prepotencia en contra de del sistema de justicia, que tiene una influencia enorme sobre el poder Legislativo y además el Ejecutivo.

¿Qué país de la región centroamericana podría ser un buen ejemplo en temas relacionados con la independencia judicial?

En los diversos países lo que está ocurriendo es que se han dado cuenta de que existe una enorme complejidad para generar o provocar los abusos de sectores poderosos. Pareciera como parte de un sistema y estrategia afectar al poder judicial. Por eso decía que no es un tema nacional, porque afecta a nivel regional, muy fuertemente en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En Honduras se aprecia alguna consideración de esperanza a partir de que han cambiado una administración de Gobierno. Con la llegada de una nueva administración habrá que ver cómo evolucionan las políticas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para determinar si se fortalece de veras la independencia judicial.

Tomando en cuenta que estamos cerca de enfrentar un proceso electoral, ¿cuál es el principal desafío de las nuevas autoridades en el ámbito de Justicia?
Para cualquier administración pública, el principal desafío en el sistema judicial será detener la cooptación, la corrupción, que es algo grave. Si en realidad quiere hacer cambios en busca de la construcción de una democracia, y si en todo caso no los quiere hacer. Tenemos que esperar un poco de esto que nos está tocando vivir o estar en peores condiciones.

“Se ha afectado enormemente la institucionalidad y el empoderamiento del Organismo Judicial”

Ojalá existan políticas, orientaciones y conversaciones de personas que estén trabajando en buscar un mejor país, desde la política, nuevas condiciones y que tengan un planteamiento de políticas de Gobierno distintas a las que hemos observado, porque si no, vamos a estar en condiciones graves, y para quienes tenemos conciencia de lo que está ocurriendo es bastante lamentable.

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¿Qué mensaje se le envía a la ciudadanía sin cambio de magistrados de salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia?

Se ha afectado enormemente la institucionalidad y el empoderamiento del Organismo Judicial. Es trascendental para que enfrente esa complejidad del tema de la corrupción, de grandes redes y el control que pudieran tener desde sistemas, de seguimiento en redes sociales y frenar las condiciones favorables para afectar la democracia y los derechos humanos.

¿Qué debería hacer la población para unir esfuerzos y marcar ese alto a la situación que se enfrenta?

La soberanía radica en la voluntad de la población, y la población somos todos los guatemaltecos. Deberían de manifestarse, entrando en conciencia de lo que está ocurriendo, y podría ser mucho pedir en un país donde los porcentajes de pobreza y desigualdad son lamentables. La persona común en Guatemala está preocupada por el día a día, por su alimentación, techo, vestido, entre otros.

¿Cuánto perdería Guatemala de continuar en las actuales condiciones?

En la economía, las inversiones internacionales, es una limitación bastante ubicada en el tema comercial, pero también se pierde en la defensa de los derechos humanos, en las personas capacitadas, con voluntad y vocación de hacer de este país algo mejor, que están teniendo que salir del país, se están yendo al exilio, se está perdiendo la institucionalidad, la confianza de las personas en las instituciones. La justicia es el último muro en un sistema de abuso de poder y ese es el conflicto en el que nos encontramos ahora.

Seguramente vamos a salir adelante, tenemos la oportunidad de hacerlo de manera conjunta con la población y las personas que están trabajando institucionalmente de manera honesta e independiente.

El Inacif es una de las instituciones considerada como vitales del sector justicia, derivado a que es uno de los entes que aporta con pruebas técnicas y científicas en los diversos casos del ámbito penal y que contribuye en la averiguación de la verdad. De esta cuenta, la elección de su director es uno de los procesos que durante este año captan la atención y demandan la fiscalización de la sociedad civil.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), que preside la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés, lanzó la convocatoria para la elección del director general de la institución, para el periodo 2022 al 2027. Los interesados podrán presentar sus documentos desde ayer hasta el 29 de abril.

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La recepción de expedientes es la primera fase de un proceso que terminará el 18 de julio, con la toma de posesión del nuevo director del Inacif. Por ahora, el Consejo Directivo aprobó la exclusión de candidatos a los que se les pueda demostrar los señalamientos que se les haga.

Para establecer esto, aceptarán la objeción presentada que debe estar establecida de forma clara, concisa, fundamentada y no venir de un señalamiento anónimo; luego, el postulante podrá presentar sus pruebas de descargo y con base en ambos documentos el Consejo Directivo establecerá si la postulante continúa o no.

De forma unánime se estableció que contra lo resuelto por el Consejo no procede recurso alguno por parte de los aspirantes.

Expectativas

A criterio de Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, la elección del nuevo titular del Inacif “es de mucha importancia” porque aporta tanto en las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP) como para alguien que sufrió algún tipo de agravio.

Fuentes refiere que dicha elección no debería de pasar desapercibida y es importante seguir de cerca este proceso, además, resaltó que el trabajo que realiza el Inacif “es vital” tanto para el que acusa, como para el que defiende, por lo que considera que “en términos de investigación es una pieza crucial”.

La directora de Guatemala Visible espera que dicha elección se realice de forma transparente y asuma la dirección del Inacif un profesional capaz y que aporte a las instituciones del sector justicia.

Es un ente auxiliar

La importancia del Inacif radica en que “es un ente auxiliar del sistema de justicia”, explicó Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia. El Inacif, dijo, es el encargado de aportar las pruebas científicas y técnicas, y la idea es “que el Ministerio Público y los jueces dependan menos del testimonio de personas”, testigos y referenciales.

Ibarra puntualizó que hasta ahora el Inacif se ha mantenido en su ámbito “eminentemente técnico y científico”, y agregó que es necesario fortalecer las capacidades del Inacif porque “hace falta mucho para ampliar los servicios” por lo que necesita un mayor presupuesto, ampliar y enriquecer sus laboratorios, entre otros aspectos.

“Es una entidad que no está en el mismo nivel de cooptación que otras”, agregó Ibarra, por lo que espera que la alianza política dominante “no se les ocurra tomar por asalto del Inacif, porque esto si sería una debacle”, advirtió.

Cronograma del proceso de elección

11-29 de abril:	Recepción de expedientes de candidatos.
3, 5 y 6 de mayo:	Revisión de expedientes por parte del Consejo Directivo.
9 de mayo:	Notificación a los candidatos admitidos y rechazados habilitando espacio para presentación de pruebas de descargo.
10 al 13 de mayo:	Recepción de pruebas de descargo de candidatos no admitidos.
16 de mayo:	Revisión de pruebas de descargo por parte del Consejo Directivo.
18 de mayo:	Publicación de listado de candidatos admitidos en el Diario Oficial.
9 y 10 de junio:	Entrevistas a candidatos admitidos.
21 de junio:	Elección de director general del Inacif.
18 de julio:	Acto de toma de posesión.

¿Cómo está integrado el Consejo Directivo?

• Silvia Patricia Valdés Quezada, Presidenta del Organismo Judicial (OJ) y Corte Suprema de Justicia (CSJ)
• María Consuelo Porras Argueta, Jefa del Ministerio Público (MP) y Fiscal General
• Idonaldo Arevael Fuentes, Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
• Fernando Chacón Urizar, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios
• Delia Clemencia Girón Corzo, Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala
• Mayra Alejandra Carrillo de León, Directora General del Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima
• Sandra Maritza España y España de Oliva, Presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala
• Fernando Manolo Rodas de León, Quinto Viceministro de Gobernación
• Erick Roberto Cordón López, Secretario del Consejo Directivo Inacif.

Los requisitos para ser director del Inacif

Entre los requisitos que deberán cumplir los postulantes es poseer un grado universitario de licenciatura y alguno de los siguientes títulos: médico y cirujano, químico biólogo, químico, químico y farmacéutico o abogado y notario, con especialidad en criminalística, además tener por lo menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense o administración de instituciones similares.

Además, algunos de los documentos que deberán presentar son:

• Constancia del Tribunal de Honor del Colegio correspondiente, en la que se establezca que no ha sido sancionado.
• Constancia por parte de la Contraloría General de Cuentas, que se establezca que no tiene reclamación o juicio pendiente por cargos anteriores.
• Constancia de Carencia de Condenas Morales, emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el cronograma, el Consejo realizará la elección del director del Inacif el próximo 21 de junio.

Durante los primeros meses del 2020, la pandemia dio paso a una reducción histórica en las prisiones más pobladas del mundo, para evitar que se registraran brotes de contagios mortales e incontrolables.

En Guatemala eso no ocurrió, aunque sí se agilizó el trámite de expedientes de solicitudes de libertad anticipada.

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Según los registros del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), personas condenadas por robo agravado, extorsión y portación ilegal de armas de fuego son las más beneficiadas con esa medida en los últimos dos años.

De enero del 2018 al pasado 31 de octubre, al menos 913 personas han recobrado su libertad de forma anticipada, después de haber sido condenados por robo agravado. Las salidas tuvieron un leve incremento entre el 2020 y los 10 meses del 2021, porque han salido 71 personas más, comparado con los dos años anteriores.

En el caso de personas condenadas por extorsión, han salido 806 de las cárceles, mientras que por portación ilegal de arma de fuego 452 personas han recuperado su libertad de manera anticipada.

Alma Martínez, coordinadora nacional de Ejecución del IDPP, explica que la Ley del Régimen contempla beneficios penitenciarios a los que se puede optar a partir de la mitad de la condena y teniendo buena conducta. Los delitos con beneficio son los que más se cometen, pero también los que tienen las penas mínimas más bajas.

Pandemia

Aunque durante el tiempo que ha durado la pandemia se nota un incremento en el trámite de los expedientes, las prisiones no se vacían a un ritmo que permita eliminar el hacinamiento.

El Sistema Penitenciario reporta que la población reclusa en el 2019 era de 25 mil 324 privados de libertad, el año pasado fueron eran 25 mil 219 y a la fecha tienen 24 mil 844, de los cuales el 52 por ciento es población condenada y el 48 por ciento en prisión preventiva.

Las cárceles siguen hacinadas en más del 300 por ciento, según estimaciones de organizaciones que estudian el tema.

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El Sistema Penitenciario reconoce que esa baja disminución de reclusos se debe a que fortalecieron los equipos multidisciplinarios para que los privados de libertad apliquen a programas de libertad condicionada o redenciones de penas, con el objetivo de liberar espacios y enfrentar de mejor manera el covid-19.

Martínez señala que durante el 2020 llegó nuevo personal a los departamentos del Sistema Penitenciario que se encargan de realizar los trámites para las libertades condicionadas, lo cual ayudó a agilizar los expedientes. Además, a finales de marzo del 2020, después de haber confirmado que el virus circulaba en el país, las autoridades del Sector Justicia acordaron privilegiar las audiencias para estos beneficios con el fin de evitar los contagios en las cárceles.

Fortalecer mecanismos

Lizandro Acuña, analista e investigador en temas de seguridad y justicia, ve con preocupación que personas condenadas por delitos como las extorsiones y violaciones obtengan estos beneficios penitenciarios, por el daño que puede generar en las víctimas, por lo que es importante, antes de juzgar, conocer el análisis por parte del personal de las prisiones y el juez de

Ejecución para conocer si esta persona tiene sentimientos de rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Para Acuña, el Sistema Penitenciario todavía no cumple programas de rehabilitación y reinserción social, por lo que es necesario que se fortalezcan los mecanismos para comprobar que sí exista un compromiso por parte de los beneficiarios para no volver a cometer delitos o ejecutar represalias en contra de las víctimas.

“Se debe trabajar en políticas de inversión de tecnología e infraestructura para garantizar que las personas que tengan derechos a estas medidas hayan tenido un proceso de rehabilitación”, afirmó Acuña.

Para Raúl Robles, director de la división de coordinaciones técnico-profesionales del IDPP, en la Ley del Régimen Penitenciario se establece que se debe analizar el perfil y los delitos de la persona que busca alguna medida de libertad para establecer en dónde la deben ubicar.

Robles explicó que los mecanismos para reinsertar a las personas a la sociedad existen, pero deben ser fortalecidos por el Sistema Penitenciario para que todos los reos puedan optar a estas oportunidades que van desde educación, trabajo, entre otros. Añade que muchas de las personas que salen bajo estos beneficios tienen oportunidades limitadas al buscar trabajo, porque cuando les piden sus antecedentes penales aparecen como condenados y están bajo libertad anticipada.

“No podemos etiquetar a una persona que saldrá con libertad anticipada si está preparada o no para hacerle frente a una sociedad, porque sabemos la calidad de sociedad que tenemos y también que podemos cometer alguna u otra cuestión que nos pueda limitar la libertad. Debemos valorar a la persona como humano, sin etiquetarla y sin limitarle las oportunidades”, reflexionó.

Escobar renunció a su cargo en octubre de 2014, hace siete años, luego de señalar cómo la elección de cortes estaba viciada y trabajaba bajo la injerencia del poder Ejecutivo y Legislativo que presididos por el Partido Patriota.

Desde el exilio, trabaja como profesora investigadora del Centro contra el Terrorismo, Crimen Organizado y Corrupción de la Universidad de George Mason, en Virginia.

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La misma corte que usted denunció por haber llegado bajo un proceso viciado, es la que se mantiene en el poder dos años después de haber terminado su periodo porque el Congreso no elige magistrados ¿Cuáles son las reflexiones sobre esto?

Creo que hay un proceso de intereses de grupos de impunidad. Sabemos que la Corte fue electa por dos partidos políticos con graves señalamientos de corrupción como fueron el Partido Patriota y el partido Líder. Ante estas circunstancias se inició un proceso para determinar cómo habían sido electas estas cortes y en esa investigación se logró establecer que había injerencias de parte del abogado Roberto Villatoro y este es el caso de Comisiones Paralelas donde se señala que hubo pagos a los integrantes de las comisiones de postulación que eligen al a CSJ para favorecer a quienes llegaran. Hay unos intereses espurios que saltan a la vista desde distintos ámbitos.

Incluso, varios magistrados de esa corte tuvieron que renunciar unos meses después de haber sido nombrados por estar vinculados a otros casos de corrupción. Ante estas circunstancias vemos que el Congreso tiene una corte a su medida, porque también se han señalado a varios líderes de partidos políticos por sus vínculos con el crimen organizado, pero ellos saben que la corte los va a proteger como ha protegido a Felipe Alejos en los distintos antejuicios planteados en su contra, por ejemplo. La fiscalía presentó un amparo haciendo ver que en ese proceso se favoreció a personas que tenían relación con uno de los individuos con mayores casos de corrupción como es Gustavo Alejos.

La CC resuelve que para elegir cortes tienen que cumplir con valorar las investigaciones que el Ministerio Público está llevando a cabo contra los candidatos que tuvieron acercamientos con Gustavos Alejos. El retraso es porque están incumpliendo con su función y esto conlleva una responsabilidad en el ejercicio del cargo y se deben entablar acciones para que los congresistas cumplan con esa función. Ellos no pueden dejar esta corte a etéreo en su cargo, estamos viendo que lo están atrasando porque les conviene la corte actual y porque no quieren obedecer los parámetros de la Corte de Constitucionalidad.

¿Cree que habrá tiempo para elegir cortes aunque ya pasaron dos años y se acercan procesos de elección importantes?

Aquí hay unos intereses de sectores que se benefician de la impunidad y no quieren rendir cuentas a la ciudadanía por sus acciones. Cuando en el 2014 se discutía que la elección de esta Corte y de Apelaciones había estado viciada, con más de 70 impugnaciones presentadas en el proceso y todas las denuncias a la vista. Uno de los argumentos de quienes se oponían a que hubiese una revisión del proceso era que no se podían ampliar los plazos, que la corte tenía que dejar su función el 13 de octubre y que estábamos en contra del tiempo para revisar el proceso.

Sin embargo, vemos que ahora se extendió el plazo y les conviene. Es cierto que los plazos se pueden prorrogar en circunstancias específicas, pero ya no hay circunstancias que justifique que la Corte continúe en su poder y esto es una anomalía que se debe corregir y los responsables son los congresistas. Pero los ciudadanos tenemos una obligación de exigir que cumplan con su función y si no lo están haciendo, aunque se haya perdido la confianza de la justicia que es una consecuencia grave de esta situación, hay que agotar todos los mecanismos legales y se debe entablar un proceso para exigir que se lleve a cabo esta elección. Creo que se deben plantear las acciones que correspondan, ya sea ante la vía penal o la vía civil sobre la junta directiva del Congreso, por ahí se podría empezar.

Estamos cerca de entrar a una etapa de elecciones de Procurador de los Derechos Humanos, Contralor General  y Fiscal General ¿Cómo tendrían que funcionar unas comisiones de postulación para evitar estos vicios desde la elección?

Creo que se hace falta un ente técnico que sea capaz de evaluar a los aspirantes a un cargo de forma objetiva y que pueda valor las capacidades de quienes están aplicando, las competencias que tienen, pero también el conflicto de interés que pueda existir porque una persona puede tener el perfil para ser candidato a magistrado, pero puede haber grandes problemas de conflicto de interés y este es un tema que en Guatemala no se ha discutido.

Hay personas que no pueden ocupar el cargo porque tienen cercanía con los otros poderes del Estado o con sectores que tienen interés dentro del propio sistema. Eso se tiene que evaluar con un ente técnico que haga una preselección de estos candidatos porque las comisiones de postulación no tienen esta capacidad ni la van a tener porque son temporales, se forman durante el transcurso de 4 o 6 meses para llevar a cabo todo ese proceso de valoración.

En Apelaciones se presentan a veces hasta más de dos mil currículos y son solo abogados que no tienen esa capacidad de evaluar un perfil de una persona que quiere ocupar un cargo en las altas cortes. Es como si una empresa no tenga un departamento de recursos humanos, para esto se necesitan herramientas diseñadas para establecer quienes son los mejores cuadros para ocupar estas magistraturas, de lo contrario vamos a tener el mismo problema de siempre porque quienes están sentados en las comisiones tienen un interés evidente. También debe haber sanciones para quienes han manipulado estos procesos, si lo hicieron de manera ilícita.

Su renuncia fue parte de los primeros señalamientos contra las comisiones de postulación. Siete años después, en lugar de haberse fortalecido el sistema, este parece estar cooptado.

Creo que en procesos democráticos siempre hay etapas de avances y retrocesos. Ahorita estamos en uno de retrocesos muy grande. entre las cosas que más preocupa actualmente es el hecho de quién está sentada al frente de la Fiscalía General, que es una persona que utilizó el proceso de forma fraudulenta y que a nivel internacional es reconocida como alguien que utiliza el cargo para la obstrucción de justicia, que ha plagiado una tesis, que no investiga a quienes debe investigar y que inicia procesos espurios en contra de quien quiere perjudicar.

Cómo confiar en el sistema de justicia cuando estos procesos de designación han permitido que lleguen al poder personajes de esta naturaleza. Todas las instituciones de justicia están pasando por una crisis enorme de falta de legitimidad. El sentimiento para los ciudadanos guatemaltecos que comprenden la importancia de las instituciones de justicia es desalentadora, pero creo que dentro de las grandes crisis siempre hay oportunidades de cambios y reformas.

Vemos que nuestro país está siendo objeto de la influencia del crimen organizado y esto está llamando la atención de la comunidad internacional y que en algún momento determinado tendrán que ayudar para que se rescaten las instituciones de justicia. Hay que pensar en diseñar mecanismos distintos para la transformación de instituciones si queremos caminar por la senda democrática, en cambio, si seguimos en este camino vamos hacia un estado fallido con un congreso que no cumple sus funciones, unas cortes que están vinculadas a alianzas criminales y una fiscalía en manos de una persona internacionalmente conocida como corrupta. Un país funcional jamás permitiría que una situación así se sostuviera.

La lista y los nombres que incluye, por su composición, se centran en la preocupación por la cooptación del sistema de justicia y cómo se efectuaron las elecciones de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. “Se están materializando los llamados que hacía el Departamento de Estado”, señala Roberto Wagner, internacionalista y catedrático universitario.

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Que 10 de las 20 personas consignadas en la lista tengan relación con el sector justicia o sean magistrados de las cortes podría ser producto de las reuniones que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo con exfuncionarias judiciales como las exfiscales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz y la exmagistrada constitucional Gloria Porras en las últimas semanas, considera Wagner.

Pero que la lista se centre en el sector justicia no es malo; por el contrario, “es importante que el Departamento de Estado haya incluido a miembros de la Corte Suprema de Justicia que han buscado abusar de su autoridad”, opina Adriana Beltrán, directora para seguridad ciudadana de la Incidencia a Favor de los Derechos Humanos (Wola, en inglés), con sede en Washington.

Desde Wola se ha dado seguimiento a la integración de las cortes en Guatemala y a los procesos cuestionados.

“Refleja la preocupación que existe en EE. UU. sobre las acciones encaminadas para capturar el sistema de justicia para procurar impunidad, y la importancia que le dan a la independencia judicial como pilar para la democracia”, señala Beltrán.

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Paren el ataque

Para el exvicecanciller Luis Padilla, una lista que además de magistrados y operadores de justicia incluye a activistas como los abogados y el fundador de la Fundación contra el Terrorismo, también se puede entender como una respuesta de EE. UU. para que cesen los ataques a instituciones que han trabajado contra la corrupción y la impunidad en los últimos años.

Según el exdiplomático, existe una cooptación del sistema de justicia y la inclusión de jueces y magistrados en la lista es un mensaje claro de que EE. UU. no está de acuerdo con los actuales procesos.

“El mensaje es: ‘dejen de seguir atacando a la Feci (Fiscalía Especial contra la Impunidad), porque es lo poco que está quedando, el resto de las instituciones y el sistema de justicia ya está cooptado”, dice Padilla.

Los que faltan

La lista de designados de Guatemala es muy distinta a la de Honduras y El Salvador, en las cuales predominan funcionarios de los actuales gobiernos. En la guatemalteca no figura ningún personaje de la actual gestión y ningún diputado oficialista.

“No vemos nombramientos de ministros ni viceministros, que sí vemos en El Salvador, porque Guatemala es el país interlocutor en la región. No me sorprendería que se hayan mencionado algunos nombres con la vicepresidenta Harris –en su reciente visita a Guatemala– y decir que va a ser un jalón de orejas por las cortes, pero al Gobierno no se toca”, opina Wagner.

Guatemala todavía es considerado un aliado; y el Gobierno, un actor importante en la lucha contra la corrupción. Según Wagner, eso es valorado por EE. UU., y más aún cuando se pide la condena de los gobiernos de la región a Nicaragua y su régimen y el presidente Alejandro Giammattei es el único que lo hace.

“El mensaje es el sector justicia, cooptación de cortes y operadores que han afectado a quienes han sido parte del sector justicia. Pero si entramos al meollo y entrarle fuerte a la corrupción, —la lista— no lo hace. Todavía hay discrecionalidad”, señala el internacionalista.

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¿Qué viene ahora?

La lista es solo una de las herramientas de EE. UU. para apoyar la lucha contra la corrupción en la región. De esa cuenta, el gobierno de Guatemala también debe estar comprometido con acciones encaminadas a la transparencia.

“Deberíamos ver, por ejemplo, a la Comisión Presidencial contra la Corrupción que tome en cuenta esta situación, abrir investigaciones para ver en qué casos hay tráfico de influencias o procesos, y se actúe”, comenta Wagner.

Beltrán ve la lista, por ahora, como “un buen primer paso y envía un mensaje claro del interés de apoyar la lucha contra la corrupción”, y opina que se debería “demostrar a través de acciones claras que tienen la voluntad política para apoyar la lucha”.

Para Beltrán, el Ejecutivo también debe promover el diálogo con el Congreso, a través de su bancada oficialista, “para promover una agenda legislativa a favor del pueblo de Guatemala”, algo que no se ha visto, y, por el contrario, se han promovido acciones encaminadas a desmantelar los avances” que se habían logrado en la lucha contra la corrupción.

“Esto también incluye garantizar la seguridad para jueces y operadores y que puedan realizar su trabajo libres de presiones y ataques”, afirma Beltrán.

Este proceso está enmarañado, porque ha estado marcado por la intervención de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) para resolver las ilegalidades y por el rehúso de los diputados del Congreso para elegir a los magistrados.

Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, explica que el período de retraso de octubre de 2019 a mayo de 2020 porque había que superar las ilegalidades del proceso y luego estuvo marcado también por el amparo que presentó el Ministerio Público que detuvo la elección en el Congreso hasta que se emitió la sentencia definitiva en mayo de 2020. “Yo suelo empezar a contar el retraso de la elección a partir junio de 2020, porque ahí se termina el plazo”, añade.

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Ibarra considera que las funciones prolongadas de los magistrados y el retraso injustificado del Congreso de elegir a los nuevos funcionarios tiene camino de durar más de dos años, porque la situación actual apunta a que los grupos interesados en influenciar en el proceso buscan que Silvia Valdés, magistrada presidenta de la CSJ, dirija la Comisión de Postulación que nombrará al próximo jefe del Ministerio Público (MP). Se debe tomar en cuenta que la fiscal general Consuelo Porras puede reelegirse.

“En la Comisión de Postulación hay 15 miembros y quien preside es el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en este caso sería la magistrada Silvia Valdés. De continuar en funciones estos magistrados, ella presidiría este proceso y sin duda alguna la alianza política dominante está interesada en mantener el control del Ministerio Público con esta fiscal o con nuevo fiscal que les garantice un funcionamiento del órgano de persecución penal adecuado a sus interese”, advierte.

Daños

Ibarra señala que el daño principal es que siguen vigentes cortes complacientes con los grupos de poder que dominan la situación en el país, y agrega que necesitan el sistema de partidos políticos funciones bajo sus intereses debido a que se acerquen las elecciones generales en 2023.

Mientras que, para Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expresa que esta situación inédita causa a nivel internacional y nacional poca certeza jurídica y de seguridad.

Critica que este retardo genera inestabilidad en sus puestos con los magistrados de las Cortes de Apelaciones lo cual implica un impacto en la productividad del juzgador y en el clima laboral de los trabajadores que lo acompañan en sus labores diarias. “Esta situación no viene a fortalecer el sistema de justicia, sino que por el contrario lo estanca”, advierte.

Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, expresa que esta CSJ ha emitido resoluciones cuestionables fuera de su plazo legal y es muy serio que suceda esta situación, por lo que se vulnera el Estado de Derecho y no hay certeza jurídica.

Entre las resoluciones más criticadas están el rechazo del retiro de inmunidad del expresidente Jimmy Morales para investigarlo por declarar non grato al excomisionado de la extinta CICIG, Iván Velásquez; así como también la protección dada al diputado Felipe Alejos para que conserve su inmunidad, hasta cuatro veces, y no ser investigado por el caso Traficantes de Influencias.

“La población en general no ve certeza jurídica de cómo se van a resolver los conflictos en el país. Cuestiones como personas que están siendo procesadas, que tengan un juicio en general que deba ser conocido por la Corte Suprema o por la misma Corte de Constitucionalidad ahora no tiene certeza de ello y esto incide específicamente en los niveles de impunidad, no solo en corrupción, sino en general”, advierte Cux.

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Antejuicios

La elección de la cortes en el país se mantiene en un estira y encoje, es un pulso de fuerzas constante. El problema de su renovación está tan enmarañado y viciado que ocho magistrados del pleno de la CSJ enfrentan solicitudes de antejuicio, debido a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) busca investigarlos por su presunta vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020.

El Ministerio Público busca investigar a los magistrados de la CSJ: Silvia Valdés, Josué Felipe Baquiax, Manuel Duarte, Vitalina Orellana, Nery Medina, Sergio Amadeo Pineda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García; mientras que de la Corte de Constitucionalidad fue en contra de Néster Vásquez Pimentel y del Tribunal Supremo Electoral contra Ranulfo Rafael Rojas Cetina.

La tesis fiscal del MP señala tuvieron comunicación con Gustavo Alejos, antes de votar por la integración para la nómina de postulantes de comisionados. Bajo esta lógica, Cux ve difícil que la misma CSJ resuelva en contra de sus propios miembros y se trasladen estas solicitudes al pleno del Congreso para que las conozca y los diputados decidan si les retiran la inmunidad.

“A nivel de cuál es la visión que se tiene de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, creo que se replantea depurar los listados. Personas señaladas del amañamiento de cortes y que hayan sido designadas a partir de los jueces que el Ministerio Público señala en el caso Comisiones Paralelas se hace necesario que se depuren esos listados y que el Congreso excluya esas personas. La cuestión es que la alianza oficialista evade esa responsabilidad”, afirma Cux.

Mientras que para Escobar estas solicitudes de antejuicio se torna cuesta arriba la investigación contra los magistrados que están ocupando otros cargos diferentes a las magistraturas de la CSJ, como en los casos de Ranulfo Rojas Cetina, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral y quien está señalado de posible falsificación de un título universitario, y de Néster Vásquez Pimentel, quien recién asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Los antejuicios fueron presentados un día después que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala y anunció la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción regional para “apoyar” a los fiscales guatemaltecos para investigar la “ruta del dinero” de este flagelo.

Ibarra señala que, aunque la FECI cumplió con su labor de presentar estas acciones contra los magistrados no pasará nada, debido a que la alianza política está consolidada y es el Congreso que debe conocerlas por lo que lógico que los protegerá.

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Soluciones

Francisco Quezada, investigador en temas de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Sociales (Cien), explica que, no se ha medido el daño es enorme ocasionado en la justicia con la incertidumbre de que no se saben cuáles son las magistraturas que dirigen la CSJ y de Apelaciones, y recae en la ineficiencia debido a que no existe una planificación estratégica del Organismo Judicial porque no saben hasta cuándo estarán en el cargo.

“Para empezar ver la solución de una situación que es totalmente responsable la anterior Corte de Constitucionalidad, al haber emitido un fallo total y absolutamente en contra de la Constitución, tiene que haber una salida. La salida tiene que significar, para que los diputados se animen una elección pronta, es que la actual Corte de Constitucionalidad emita una resolución aclaratoria del fallo que emitió la anterior CC, porque de lo contrario abundarán buenas y malas excusas para no elegir”, explica Quezada.

Además, advierte que no se encuentra una solución pronto se llegara a los dos años con magistrados que tienen funciones prolongadas. “El tiempo seguirá pasando y la administración de la justicia seguirá sin norte”, indica.

Mientras que Cux señala que, el MP debe defender el amparo que le fue otorgado y presentar una debida ejecutoria para que la CC resuelva que el Congreso debe elegir y designar a los magistrados.

En el caso de Porras, existe un amparo interpuesto por Acción Ciudadana (AC) que busca anular el acto de juramentación del Congreso en el que fue excluida. Se solicita, además, que se anule el decreto 3-2021, del cual se valió el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, para no juramentarla.

Si la CC declara con lugar el amparo, Porras podría asumir el cargo. Otra vía para la profesional consiste en apelar los dos amparos provisionales por los cuales el Congreso no la juramentó. Estos ordenan al Consejo Superior Universitario (CSU) que tramite de nuevo los recursos de reposición contra su designación.

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Si la CC rechaza una eventual apelación de Porras, tendría que esperar a que el (CSU) declare sin lugar los recursos de reposición que pesan en su contra para poder asumir.

En el caso de Vásquez y Paniagua, la Asamblea de Colegios Profesionales, presidida por Milton Santizo, debe resolver las apelaciones que existen contra su designación por falta de idoneidad, explicó Gustavo Galindo, presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados.

Santizo benefició al juez Mynor Moto al rechazar una apelación que buscaba frenar su elección como magistrado titular de la CC. Su nombre también figura en una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, según la cual una constructora de su propiedad obtuvo un contrato en la Facultad de Ingeniería de la USAC mientras Murphy Paiz era el decano. Según las pesquisas, la obra podía estar sobrevalorada.

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En una conferencia de prensa telefónica, Zúñiga expuso que durante su estancia en el país sostuvo reuniones con Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) así como con “otros jueces que están dedicados al trabajo contra la corrupción”.

“En todos los casos oímos de ellos la necesidad de trabajar en conjunto para atender la amenaza de la corrupción”, subrayó el emisario del gobierno de Joe Biden. “Manifestamos nuestro apoyo a los oficiales y servidores públicos que están en esa función”, añadió.

Zúñiga reconoció que hay mucha “presión” en los ámbitos personal y profesional en Guatemala sobre estos operadores de justicia.

“Infelizmente, este fenómeno es algo que tenemos que atender y lo vamos a hacer como gobierno amigo de Centroamérica”, acotó.

EE. UU. tiene claro que es importante dar apoyo a personas que han luchado “con tanta fuerza para mejorar las condiciones en Centroamérica”, dijo el funcionario estadounidense porque “las democracias en estos países tienen un impacto directo en la estabilidad y los intereses de EE. UU.”

Zúñiga concluyó su gira por esta región, convencido de que fue “un éxito” luego de sostener reuniones no solo con operadores de justicia, sino también con sectores de la sociedad civil, empresarios y el Gobierno.

Acumulación de amparos, candidatos que declinan su participación, hermetismo y supuestos pactos de elección rondan los eventos de los cinco organismos electores y, hasta ayer, la incertidumbre reina a tan solo 10 días de que deberían estar electos los 10 magistrados constitucionales y a poco más de un mes de la toma de posesión.

Por ahora, a juicio de Guatemala Visible y ProJusticia, es el Consejo Superior Universitario (CSU) quien podría cumplir sin ningún tropiezo con su elección, programada para este jueves.

El Organismo Ejecutivo y Legislativo arrastran una decena de amparos que amenazan con suspender sus eventos y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) navega por terrenos inéditos, luego que su candidato que disputaría el balotaje renunció y enfrenta un proceso penal por el que guarda prisión provisional.

Amparos acumulados

Falta de transparencia y poco espacio para la fiscalización son los factores que amenazan las elecciones de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“El presidente de la República es el que peor mensaje está mandando porque simplemente se ha negado a discutir el tema, el secretismo es total; por lo menos en la CSJ y el Congreso ha habido acceso parcial a la información”, destacó Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de ProJusticia.

Estos tres órganos electores acumulan hasta ayer 10 acciones de amparo ante la CC que buscan revertir los procedimientos por haber fallas en la convocatoria, en la evaluación y en la elaboración del perfil idóneo, según los inconformes.

Estos amparos, aunque ya fueron admitidos para trámite, hasta ahora el Pleno de la CC no ha informado una fecha para entrar a conocer estos recursos, que de presentarse más se seguirán acumulando mientras se acerca a la fecha límite que marca la Constitución Política de la República de Guatemala.

Para Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible, es necesario que la CC agilice todas esas impugnaciones, ya que no hacerlo tan solo aumenta el riesgo que se repita un nuevo rompimiento en los plazos constitucionales, como ocurrió con la CSJ, que tuvo que haber asumido el 13 de octubre del 2019 y sigue sin ser electa.

“Lo importante es que se resuelva antes de que se cumpla la fecha, porque si la CC decide hacerlo ya muy cerca y obliga a repetir todo, hay mucho riesgo de que suceda lo de la CSJ, que digan no hemos podido hacerlo y que no se vuelvan a cumplir los plazos constitucionales”, advirtió.

La nueva CC debe de tomar posesión el 14 de abril de 2021, aún tienen poco más de un mes los cinco órganos electores para cumplir con las designaciones y el pleno constitucional para resolver todas las impugnaciones.

Los procesos

• CSU: convocó a elección este jueves 4 de marzo.
• CSJ: su elección la han programado para el próximo 10 de marzo.
• Congreso: eligió ayer a Dina Ochoa y Luis Rosales, como titular y suplente, respectivamente.
• Ejecutivo: Hasta ahora no se sabe quiénes han postulado, ni cómo se hará la designación.
• CANG: El Tribunal Electoral analiza cuál será el proceso legal, luego que Estuardo Gálvez renunció a su candidatura.

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“No tuve ninguna información respecto a ella”, afirma Consuelo Porras por caso de fiscal Karin Orellana

La contratación de la fiscal especial, Karin Orellana, quien estaría a cargo para investigar las denuncias en contra de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y su personal, pusieron contra las cuerdas y generaron dudas sobre el proceso de selección que utiliza el Ministerio Público para elegir al personal con un perfil idóneo para el puesto que ocupe.

Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, explicó la semana pasada en una conferencia de prensa que el nombramiento de Orellana se hizo sin conocer la relación sentimental con Erasmo Martínez Díaz, detenido por tener pendiente una orden de aprehensión con fines de extradición a EE. UU. por cargos de narcotráfico. La fiscal general, María Consuelo Porras, justificó que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad no le informó al respecto.

Porras dijo que el expediente de la fiscal especial tenía notas a 80 a 90 puntos en las pruebas psicométricas y de confiabilidad. Además, señaló que fue elegida de un banco de datos de abogados que aspiraban a ser fiscal especial, por lo que el Departamento de Recursos Humanos revisó la autenticidad de sus documentos, fue contratada el 25 de octubre y se le rescindió el contrato el pasado 8 de diciembre.

El potencial riesgo de que Orellana conociera el expediente de investigación de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), abre las dudas de analistas que consideran débil el proceso de selección de los trabajadores del Ministerio Público y esto podría representar un riesgo en otras investigaciones.

Para Eleonora Muralles Pineda, presidenta de la Familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro (FADS), los argumentos presentados por Porras en la conferencia de prensa no tienen validez, porque en cualquier institución, pública o privada, con un cargo tan importante como el que ocupó Orellana, se efectúa una investigación sobre la persona.

“La fiscal dice que no se le puede prejuzgar y que no importa a quien defienda, pero si tiene que ver muchísimo. Recuerdo que, durante una de las Comisiones de Postulación, los mismos comisionados pusieron como una decisión de que personas que hubieran defendido a narcotraficantes o del crimen organizado de una manera consuetudinaria quedarían excluidos”, indicó Muralles.

Además, agregó que es evidente que hubo una investigación mediocre. Además, también que podría haber sido recomendada para estar a cargo de una fiscalía que no debería existir, porque genera muchas dudas del objetivo de su creación.

Preocupación

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Projusticia, también ve grave la contratación de Orellana, porque, aunque presentaron los resultados de las pruebas de confiabilidad y exámenes psicométricos, sus aspectos académicos y trayectoria profesional, quedó a la vista que, más allá de cumplir con los requisitos formales, hay que analizar la idoneidad de la persona y en este aspecto el Ministerio Público falló, porque omitió los detalles del entorno social y familiar de la exfiscal.

Ibarra también señaló que este caso se repite en otras contrataciones que realizan las instituciones del Estado, la diferencia es que este se hizo público.

“Estamos ante una situación que resalta, porque es bastante grave que el Ministerio Público contrate a profesionales que, si bien no se puede ligar una conducta criminal, sí están vinculados a un entorno criminal. La persecución penal es personal, y a ella no se le pueden atribuir las responsabilidades del extraditable que se le ubicó en cercanías a ella”, señaló.

La preocupación de que personas no idóneas ocupen cargos públicos no solo se limita al Ministerio Público, también está latente en las demás instituciones de seguridad, justicia y el Ejecutivo.

Revisión de proceso

Marco Canteo, abogado experto en política criminal y en procesos de reforma al sector justicia, opinó que los procesos de contratación del personal deben ser revisados para que no busquen solo llenar requisitos formales, sino también materiales.

“Se debe mejorar los criterios de selección para la contratación del personal en el Ministerio Público y evitar que este tipo de contrataciones en vez fortalecer la institución la debilitan. Considero que su imagen fue dañada y esto no abona a la persecución penal, porque los ciudadanos tienen percepción delictiva”, expresó.

Canteo afirmó que el problema de fondo es la carrera fiscal y el MP se quedaría muy corto si se revisa únicamente la contratación de Orellana, porque la carrera fiscal garantizaría que el profesional que esté ejerciendo sea el mejor abogado penalista que haya en el país y las autoridades tendrían la plena confianza de que tienen a los mejores en la institución.

“Lo que nos dice claramente es que lo que está fallando en el Ministerio Público es la carrera fiscal, y en este sentido, creo que la fiscal general tiene una responsabilidad política tanto en esta contratación como la no revisión y reforma en un sector importante del sector justicia. Así como hablamos en el OJ de la carrera judicial, también es imprescindible de la carrera fiscal en el MP”, agregó.

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Porras, quien ha convocado a cuatro plenos desde el viernes para conocer el tema del magistrado Aldana, asegura que no tiene ningún interés en mantener el sitio de Aldana, pero sí es necesario que se fundamente de una manera concluyente su estado de salud antes de que se decida si está en la capacidad de mantenerse en el cargo.

¿La actual discusión sobre la continuidad en el cargo del magistrado Neftaly Aldana podría dilatarse más y tener consecuencias directas en el trabajo de la Corte?

Yo, como presidenta de la Corte de Constitucionalidad, he actuado de la forma más responsable. La solicitud de la familia ingresó el viernes, convoqué inmediatamente, pero hubo una desconexión de la magistrada Dina Ochoa y no logramos conectarnos con ella después de intentarlo por más de una hora, convocamos para el sábado y no llegamos a una conclusión, porque el tema es sumamente complejo. Hoy por la mañana tuvimos una sesión y la magistrada expresó que estaba en un lugar donde por problemas de salud se tenía que realizar unos exámenes y se encontraba mal de salud y el pleno accedió a continuar mañana (este martes 6 de octubre).

Como magistrados de la CC nuestra obligación es defender el orden constitucional y esa defensa pasa por toda clase de asuntos, imagínese que estamos hablando de la posible cesación de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en ese sentido no es poca cosa, es un funcionario del tribunal más alto del país y estamos hablando de que el señor tenga algún tipo de incapacidad. El problema que tenemos es que la familia presenta un documento, que nosotros revisamos, pero ese documento no es concluyente para confirmar que el magistrado Neftaly Aldana padece de algún tipo de discapacidad. El documento firmado por un médico dice que ha tenido dos eventos y que está en recuperación, está recibiendo terapia y necesita no ser perturbado para poder recuperarse, con esto es complejo tomar una declaratoria de incapacidad.

Aquí lo que necesitamos revisar es si contamos con un elemento que sea concluyente con el cual el Tribunal pueda resolver.

Quiero aclarar que ningún miembro del Tribunal está interesado en mantener algún magistrado que no esté ejerciendo su función, pero nuestra obligación debe ser confirmada y respaldada y entender que aquí debemos revisar estándares internacionales sobre discapacidad, porque no es suficiente que una persona con problemas de salud para que nosotros automáticamente lo declaremos incapaz para ejercer su función.

El mismo presidente Alejandro Giammattei ha dicho que es urgente integrar la Corte, ¿realmente no se puede integrar la CC sin resolver el caso del magistrado Aldana?

No, definitivamente creo que hay una desinformación en ese sentido. La Corte de Constitucionalidad sí está integrada con los magistrados actualmente, de hecho, no hemos dejado de celebrar sesiones. El miércoles tuvimos nuestro último pleno donde intervenimos todos los magistrados convocados y en este momento sí consideramos saludable resolver el tema del magistrado Neftaly Aldana para poder continuar con mayor tranquilidad conocer otros asuntos, pero la ley determina con claridad cuál es la forma que se integra el pleno para cada uno de los asuntos.

Creo que de pronto alguien puede hacer cualquier comentario, pero mi invitación es que revisen la normativa para que estemos claros que la CC sí ha venido funcionando después del fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía y la ausencia del magistrado Neftaly y no está imposibilitada para seguir su trabajo.

Hay un punto que quisiera marcar cuando se refiere al señor presidente: para cesar al presidente de la república por un tema de incapacidad, la Constitución Política tiene diseñado un camino específico y es que esa decisión la toma el Congreso con el dictamen de 5 facultativos, entonces, para cesar del cargo a un magistrado de la CC no vamos a hacer la misma exigencia, pero mínimamente sí tenemos que tener la documentación que respalde esa decisión o bien realizar el procedimiento diseñado por el Código Civil, en cuanto a que esa discapacidad sea declarada judicialmente.

¿La postura de los magistrados Dina Ochoa, María Araujo y Henry Comte de no integrar pleno hasta resolver el asunto del magistrado Aldana va en la línea de lo acordado en pleno el sábado?

No creo que una cosa sea condicionante de la otra, podríamos continuar conociendo otros asuntos, pero el sábado, quienes integramos el conocimiento del caso del magistrado Neftaly, de manera unánime decidimos que no íbamos a hacer ninguna nueva convocatoria sin antes resolver este tema que consideramos de gran relevancia y de mucha importancia, no solo para la Corte, sino para la familia del magistrado Neftaly que ha estado expresando a través de un amparo que está pendiente de resolver, entonces no hay vinculación entre una cosa y la otra, las declaraciones de ellos no las he podido ver, pero cada magistrado tendrá que encuadrar su comportamiento y sus obligaciones donde las enmarca la Constitución y las determina la Ley de Amparo.

¿Cuál es la consecuencia de que no se resuelva el tema del magistrado Aldana pronto?

Esperaría que mañana nos podamos reunir a las 9 de la mañana, que lo debatamos ampliamente, puede ser que arribemos a una conclusión, puede ser que necesitemos estudiarlo con mayor profundidad, esto es un tema inédito, amerita mucha seriedad, mucho estudio, y si después de la discusión aún no arribamos a ningún acuerdo, pero estamos dentro del análisis, no le veo riesgo al tema. Esperaría que todos actuemos con responsabilidad y respondamos a la convocatoria.

Hay presión de cámaras empresariales y otros sectores, ¿esto podría afectar el proceso que actualmente conocen?

Los magistrados no podemos actuar bajo presión, y no podemos admitir ningún tipo de presión porque eso nubla la mente y no estaríamos tomando decisiones de forma independiente. Por supuesto que respeto el derecho de todos a opinar, este es nuestro país y todos tenemos derecho a una libre expresión de nuestras ideas, siempre enmarcados en los límites que la misma ley establece.

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Magistrado Bonerge Mejía da positivo a coronavirus y estará ausente de la Corte de Constitucionalidad (CC)

Ya la CC estaba incompleta desde el 2018, cuando Consuelo Porras fue nombrada Fiscal General por el entonces presidente Jimmy Morales y desde entonces la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no ha nombrado a su sustituto para ocupar la magistratura suplente.

Hace un mes falleció Bonerge Mejía, el magistrado titular por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y su puesto fue ocupado de manera interina por María Cristina Fernández, su suplente.

Con estas dos bajas la CC se quedó con ocho magistrados, cuatro titulares y cuatro suplentes.

Las complicaciones de salud del magistrado Neftaly Aldana suponen un problema si se toma en cuenta que su suplente era la actual jefa del Ministerio Público, sin embargo, esto no significa que la CC no pueda realizar su trabajo, ya que para integrar un pleno ordinario necesita cinco magistrados y para conocer inconstitucionalidades debe contar con siete integrantes y puede sumarlos, en ausencia de los titulares, de los suplentes. Con la incomparecencia de Aldana por problemas de salud, el resto está obligado a sumarse al pleno sin excusa.

Correlación de fuerzas

Aunque la CC está integrada por dos representantes de cinco instituciones estatales, la correlación de fuerzas se debe entender en las votaciones, donde se agrupan ciertos criterios o intereses al momento de emitir opiniones constitucionales.

Al momento de decidir los tramites de amparos constitucionales, de los siete que deben integrar el pleno, se necesitan cuatro para tomar decisiones, ahí es donde la correlación de fuerzas es determinante para conseguir esa mayoría e imponer un criterio.

La actual presidenta de la CC, Gloria Porras, por ejemplo, en algunos temas polémicos de los últimos años ha compartido el criterio jurídico y constitucional con el magistrado Francisco de Mata Vela, representante titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el magistrado Bonerge Mejía.

Los tres votaron a favor de detener la expulsión del embajador de Suecia en Guatemala en mayo del 2018 y también detuvieron la intención del Congreso de reformar el Código Penal, acción que relajaba penas a culpables de una amplia gama de delitos, incluso de sangre.

Porras en otros momentos también votó como magistrada en contra de anular la sentencia de genocidio dictada contra Efraín Ríos Montt y sostuvo el voto que mantenía en firme la orden de captura del expresidente Otto Pérez Molina, en el 2015.

En el otro espectro de criterios constitucionales está la magistrada titular Dina Ochoa y Henry Comte, ambos nombrados por Jimmy Morales como titular y suplente, respectivamente.

Con sus criterios jurídicos ha coincidido también la magistrada María de los Ángeles Araujo, la suplente de Gloria Porras, ambas nombradas por el Congreso de la  República.

Hasta ahí la CC tiene dos grupos con marcados criterios, pero a ninguno le alcanza para imponer sus criterios, por lo que un cuarto espacio es fundamental y el espacio de Neftaly Aldana podría ser importante para inclinar la balanza.

Entre algunos de los temas que actualmente están en discusión de la CC está la sentencia sobre las operaciones de la Hidroeléctrica Renace, la cual se ubica en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, donde a pesar de que las operaciones no están suspendidas, está pendiente de que se emita sentencia en apelación sobre la misma.

Más recientemente, un amparo admitido para su trámite en contra de la competencia y legalidad de la comisión presidencial denominada Centro de Gobierno.

A poco más de un año de haber terminado el último mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), después de 12 años en el país, las opiniones sobre su labor siguen siendo divididas.

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Congreso crea nueva “comisión de la verdad” para investigar a la Cicig

Los aportes que la Cicig hizo a la investigación de la Feci sostienen una supuesta participación del entonces binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en una serie de actos de corrupción que, a la fecha, se continúan ventilando en los tribunales.

El caso La Línea fue el primero de más de una treintena de procesos penales de alto impacto que han visto la luz en los últimos cinco años, pesquisas que alcanzaron a funcionarios, exfuncionarios, políticos y empresarios.

Pero la popularidad que un día envolvió a la Cicig se convirtió, en buena parte, en rechazo. Algunos sectores en materia legal y varios políticos levantaron la voz explicando que la instancia internacional había perdido el rumbo con investigaciones sesgadas, persecución política y hasta con abusos e intimidaciones a familiares de personas procesadas.

Quieren publicar informe

A finales de 2019 funcionó la Comisión de la Verdad, una terna de diputados que emprendió acciones de fiscalización para determinar si la Cicig, durante sus 12 años en el país, cometió abusos.

El informe de esta comisión especial, creada por la junta directiva del Congreso, concluyó que la entidad de Naciones Unidas abusó del cargo, presionó a familiares de procesados para doblegarlos, a cambio de testimonios, incluso hubo algunos casos en que personas procesadas perdieron la vida por la prolongada prisión preventiva que propició la Cicig en cada uno de sus procesos.

“El caso del doctor —Jesús— Oliva, él pidió 13 veces que lo mandaran a reconocimiento médico y la última vez lo hizo como facultativo de la Medicina y dice, “yo me estoy muriendo”. La jueza lo mandó al hospital Federico Mora, saliendo de ahí se suicidó; Manuel Barquín, enfermo cardiaco que pidió más de 10 veces un chequeo médico que no permitieron; uno de los hermanos Valdés Paiz, de la misma manera. A estos guatemaltecos ni siquiera el derecho humano a la vida se les respetó”, señaló el diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de la Verdad.

El diputado añadió que solicitaron al presidente del Congreso continuar el proceso de fiscalización a la Cicig, esperando que el Legislativo publique el informe y lo comparta con los organismos de Estado y las universidades nacionales, con el objetivo de evitar que se repita una historia de abusos en el sistema judicial.

“Ya el presidente del Congreso recibió nuestra inquietud de que esto se divulgue para conocimiento de las partes, de la misma Asamblea General de las Naciones Unidas y, quizás lo más importante, que el mismo sistema judicial de nuestro país pueda tomar en cuenta estos testimonios para que vean las presiones mediáticas y acusaciones. ¿Cuántos han culminado con sentencias sustentadas en pruebas? Dos o tres, de 50 que empezaron con puras acciones mediáticas”, indicó el diputado.

Año	Caso	Estatus
2015	La Línea	Pendiente de Juicio
2015	IGSS/PISA	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2015	Patrullas	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2015	Plazas Fantasma	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2015	Bufete de la Impunidad	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2015	Redes	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2015	Lavado y Política	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2015	Drogas, Dinero y Poder	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2016	Lago de Amatitlán	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2016	TCQ	Pendiente de Fase Intermedia
2016	Plazas Fantasmas 2	Pendiente de Juicio
2016	Cooptación del Estado	Pendiente Fase Intermedia
2016	Botín Registro de la Propiedad	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2017	Blanca Stalling	Pendiente Fase Intermedia
2017	Asesinato Periodistas	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2017	Chinautla: un negocio de familia	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2017	Financiamiento Encuentro por Guatemala	Sin actividad judicial
2017	Construcción y Corrupción	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2017	Financiamiento FCN	Sin actividad judicial
2017	Financiamiento UNE	Pendiente de Fase Intermedia
2018	Caso Odebrecht	Pendiente Fase Intermedia
2018	Transurbano	Pendiente Juicio
2018	Comisiones Paralelas	Sentencia Condenatoria pendiente de firmeza
2018	Traficantes de Influencias	Pendiente Juicio
2019	Asalto al Ministerio de Salud	Pendiente Juicio
2019	Subordinación del Legislativo al Ejecutivo	Pendiente por antejuicios y capturas
2019	Red de Poder, Corrupción y Lavado	Pendiente Fase Intermedia

Retroceso judicial

Algunos políticos aseguran que con la salida de la Cicig se revirtieron todos los avances en la lucha contra la corrupción, considerando que no renovar el mandato fue un error para el fortalecimiento del sistema judicial.

“El sistema judicial está dando un retroceso importante, pero la Cicig deja un legado importantísimo, hay un antes y un después porque se puso más atención a los procesos judiciales y se establecieron rutas para mejorar la justicia en Guatemala. Aunque los principales actores no lo quieran hacer, deja ya una hoja de ruta para un mejor sistema judicial”, señaló Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla.

Una opinión similar expuso Carlos Chavarría, exdiputado del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo). “La Cicig tocó estructuras en Guatemala que nunca se habían tocado, hubo una reacción en su contra y de manipulación en medios. Ahora estamos de nuevo con un gran retroceso, un ejemplo clarísimo que se puede ver en el Congreso es que no se han elegido Cortes”, afirmó.

Jueces con independencia

Ante la salida de la Cicig las cosas han ido cambiando en los tribunales nacionales. Según abogados penalistas, se percibe mayor libertad en los jueces para resolver, lo que, aseguran, fue imposible percibir cuando operaba la Comisión.

“Lo que yo sí veo desde que ya no está la Cicig es que los jueces son más neutros al momento de definir su independencia judicial. Hablo de cuando se deben otorgar medidas sustitutivas, ya están tomando en cuenta, dejan la prisión preventiva como la última opción”, argumentó Arturo Miranda, penalista.

Azucena Paredes, también penalista, ha observado el mismo cambio en los jueces. “Se ha respetado más la presunción de inocencia, un principio tan básico que es la base del sistema acusatorio que manejamos en Guatemala; se ha respetado mucho más este principio, se han ido aplicando también las medidas sustitutivas, que también son garantías al principio de inocencia; se han puesto más en práctica los remedios procesales, sin presiones”, indicó.

“Muchas dificultades”

Con la salida de la Cicig, los sectores que aún respaldaban a esta institución depositaron su confianza en la Feci, que está liderada por el fiscal Juan Francisco Sandoval, profesional que asegura que a poco más de un año de la salida de la oficina anticorrupción las cosas no han sido fáciles.

“Con muchas dificultades, tomando en consideración la rearticulación de muchos actores que en su momento fueron objeto de persecución penal.

Las dificultades que se han visto incrementadas también con la situación sanitaria, que es algo que no estaba previsto; sin embargo, por parte del personal de la Fiscalía se ha hecho el mayor esfuerzo por mantener la calidad en las investigaciones, en el manejo de los casos y las audiencias”, explicó.

Sandoval agregó que todo el trabajo en conjunto les permitió hacer investigaciones de profundidad que les han llevado a tener sobre los hombros los procesos judiciales más emblemáticos del país.

“La convicción de los fiscales de Feci de que luchar en contra de las grandes estructuras del Estado es posible aun con todas las dificultades que hemos tenido, porque la presencia del organismo internacional permitía realizar investigaciones, que además de objetivas, eran independientes de cualquier organismo Estatal”, precisó.

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Giammattei anuncia que reforma constitucional al sector justicia incluirá eliminación de comisiones de postulación

Giammattei señaló que los cambios que propondrá a la Constitución buscan “asegurar a los guatemaltecos que la próxima Corte Suprema de Justicia, que no importa que tome posesión el año entrante, pero ya debemos acabar de una vez por todas con la justicia en manos de personas que la han tenido como su feudo”.

“Lo hemos denominado el inicio del consejo de estado, en donde haremos la presentación de los cambios que queremos hacer para que ahorita, antes de que sea electa la nueva Corte Suprema de Justicia, entremos en el proceso de reforma constitucional”, explicó.

Helen Mack de la Fundación Myrna Mack, Roberto Molina Barreto exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad y José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional (MCN) coinciden en la importancia de los cambios a la constitución. Mack considera que primero se debe cumplir con la sentencia emitida por la CC. Molina Barreto cree que es inoportuna esta discusión, mientras que Echeverría señala que se debe velar por la institucionalidad del Organismo Judicial.

No es la primera vez que se intenta hacer una reforma al sector justicia, la más reciente fue la que se discutió en el 2016 y que no avanzó a pesar de que se había iniciado desde la sociedad civil, y que había contado con el apoyo de los tres poderes del Estado y con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público dirigido por Thelma Aldana.

Otros años ha habido proyectos como el de Proreforma y otros. El último cambio fue el aprobado en 1993, cuando se separó el MP y la Procuraduría General de la Nación, también la propuesta presentada por la Universidad Rafael Landívar, Usac y Asies la cual llegó a dictamen favorable.

Propuesta

La propuesta de reforma incluye elevar de 13 a 15 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se eliminan las comisiones de postulación, ya que el presidente en consejo de ministros nombraría a tres, el Congreso a tres, el Colegio de Abogados la misma cantidad, los decanos de Derecho de la Universidades Privadas y de la Usac a otros tres y los magistrados de sala también a tres.

Cada grupo nominador elegiría a un magistrado para cuatro años, uno para un periodo de siete,  y otro para 10 años; se permitiría la reelección, pero solo por diferente órgano elector.

A la Cámara Penal, Civil, y de Amparos se sumará una nueva, la de asuntos administrativos, la elección del presidente de la Corte Suprema se hará en la primera sesión, pero si no se consigue asumiría el colegiado más antiguo y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.

Para ser electo magistrado de Sala de Apelaciones, el profesional debe de tener 10 años como juez de primera instancia o 10 años de ejercicio profesional. Las tres cuartas partes de todos los magistrados deben provenir de carrera judicial. Se prevé también una reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes),  dijo que la propuesta tiene cosas muy positivas, amplía la carrera judicial hasta las Cortes de Apelaciones, se incluye el Consejo de la Carrera Judicial y se eliminan las comisiones de postulación.

“Establece una elección escalonada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se centra en la carrera judicial, el plazo en la magistratura y la edad de jubilación. Seguramente van a haber críticas que no solo se refieran a la integración de la Corte respecto a la forma en que se integrará, pero así como se den las críticas, esperamos que hayan contrapropuestas”, refirió la experta.

Propuesta inoportuna

Molina Barreto, exmagistrado de la CC, calificó de inoportuna una iniciativa de reforma constitucional en este momento “porque estamos en medio de una crisis de salud tremenda que de alguna manera inhibe un debate y un análisis serios”.

“Es un error que sea a una reacción a dos sucesos, el primer suceso, por un escándalo alrededor de Gustavo Alejos, cuya investigación está en proceso y no se tiene un resultado concluyente. El segundo suceso, por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad absolutamente contraria a lo que ordena la Constitución”, expuso.

El experto considera que no hay un ambiente para hacer una discusión seria respecto de una reforma. “Es posible que sí sea necesario hacer una revisión, pero no creo que sea el momento para hacerlo, considero que es un error iniciar este tipo de debate en este momento”, resaltó el exmagistrado.

“No se puede garantizar el cien por ciento de la pureza de un proceso de elección, no podemos obviar que siempre hay un aspecto político en la elección de cualquier funcionario, pero este es un problema cultural y me refiero a mucha confrontación y resentimiento que ha provocado una confrontación ideológica y este ambiente no nos deja de una manera seria resolverla”, expuso Molina Barreto.

Helen Mack coincide en que es necesario hacer una reforma constitucional, pero que estos sectores que ahora quieren promover una reforma son los que se han opuesto. “Creo que hay una necesidad real de hacer una reforma al sector justicia, lo que se pregunta uno es ¿qué hay detrás de todo esto y lo que quieren es que esta corte continúe? Tomando en cuenta que esta Corte Suprema de Justicia es fruto de una negociación política entre Manuel Baldizón y Alejando Sinibaldi.

“Con esta corte se sienten muy cómodos porque aprobar una reforma constitucional significa que esta corte se queda y que tiene que haber un referéndum para hacerlo y mientras transcurre todo el periodo logran quedarse estos mismos”, expuso Mack.
Añadió que por todos los problemas que hubo en las comisiones de postulación “no pasaron muchos de los garbanzos negros y por eso ahora el Tribunal Supremo Electoral se está convirtiendo en el enclave de los corruptos de los que no lograron pasar”.

“La sentencia de la Corte de Constitucionalidad debe cumplirse, la prueba a un estado de derecho va a pasar con dar cumplimiento de la sentencia de la CC, independientemente si se da una reforma constitucional. Quieren llegar los que ellos quieren, pasarían lo que se quedaron afuera y por eso es por lo que están atacando el informe circunstanciado del MP son demasiados cínicos”, puntualizó Mack.

Echeverría del, MCN, considera que el punto de partida debe ser velar por la institucionalidad y primero elegir a los magistrados de CSJ y de Apelaciones, luego determinar si va a ser necesario o no una consulta popular, tomando en cuenta la emergencia que hay en el país por la pandemia.

“Consideramos que el punto a fortalecer es la independencia judicial y también la independencia de los procesos para que no se puedan favorecer a los diferentes grupos o intereses políticos, sino que siga un mecanismo de certeza jurídica”, señaló Echeverría.

“Recordemos que hay que tomar en cuenta las lecciones aprendidas del último intento de reforma, y para que sea exitosa debe haber un consenso en la sociedad y en el ámbito político y determinar cuáles son los puntos para tratar y no separase para que tenga éxito”, resaltó.

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El Congreso busca liberar a reos vulnerables al coronavirus

La discusión se centró en crear un mecanismo por medio de la iniciativa 5564, que se refiere a las reformas al Código Procesal Penal y Código Penal referentes a la prisión preventiva, y de la propuesta del Centro de Investigaciones Económicas Nacional (Cien) para liberar a reos vulnerables ante la emergencia de la pandemia del covid-19.

El coordinador de la comisión y tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, empezó la reunión explicando que es importante liberar, de alguna manera, a reos vulnerables, entre los que se encuentran personas mayores a 65 años, con enfermedades crónicas y terminales y mujeres embarazadas, ya que en cárceles de Estados Unidos y Colombia han sido un foco de contaminación del covid-19.

El representante de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Josué Felipe Baquiax,  explicó que no es necesario aprobar una normativa para liberar a los reos vulnerables, pues esto podría ser por medio de una disposición interna en la que se recomiende a los jueces cambiar la medida de coerción para atender aspectos humanitarios con base al artículo 2 de la Constitución y acuerdos internacionales.

Baquiax señaló que desde la semana pasada se está discutiendo ese tema en el seno de la Cámara Penal.

“En cuanto a las personas privadas de libertada en prisión preventivamente, hay que recordar que con la aplicación de una medida sustitutiva no se les está dejando libre, pues en su momento oportuno se discutirá si es culpable o no durante la sentencia. Mientras que los condenados, tienen derecho a solicitar la libertad anticipada, de conformidad con los presupuestos contenidos en la Ley del Régimen Penitenciario”, explicó Baquiax.

Castillo señaló que, de acuerdo con datos que recibió del Sistema Penitenciario, en 22 centros carcelarios están privadas de libertad 25 mil 579 personas, de las cuales 13 mil 586 están sentenciados; 12 mil 189 son hombres y mil 397 son mujeres.

En prisión preventiva se encuentran 11 mil 993 personas, 10 mil 532 son hombres y mil 461 son mujeres.

Del universo de la población que está privada de libertad, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura informó que se encuentran nueve personas con enfermedades terminales, 131 mujeres que tienen a sus hijos con ellas en prisión, 72 mujeres embarazadas, 280 personas con discapacidad, 145 con VIH, 644 adultos mayores y mil 116 con enfermedades crónicas.

Al finalizar la sesión, Castillo informó sobre las conclusiones a las que se llegaron con todos los sectores.

• No es necesario aprobar una ley, esta situación se puede resolver con las leyes existentes, ya que existe la voluntad del OJ de agilizar los procesos mediante la invocación el artículo 2 de la Constitución Política de la República.
• En el OJ, por medio de la Cámara Penal se hagan las recomendaciones a los juzgadores con base a lo estipulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se trabaje en tres etapas:

1. Audiencias de primera declaración, flagrancia se aplique que los jueces tengan los argumentos sin necesidad que sean traslados al Sistema Penitenciario.
2. Revisión de medidas de coerción de oficio
3. Revisión de condenas incidentes de libertad por el covid-19 a los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, privados de libertad con enfermedades crónicas y terminales e incidentes de libertad anticipada por cuestiones de humanidad.

Medidas por razones humanitarias

El presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, Carlos Ruano, manifestó que ante la posible acción de Cámara Penal de enviar una disposición que recomiende otorgar mediadas sustitutivas, es comprensible otorgar ese beneficio atendiendo las circunstancias de Calamidad Pública, razones sanitarias y de salud, toda vez si se determina por médicos que el estado de salud de un privado de libertad está en riesgo y que amerite el traslado a un centro hospitalario o incluso a su residencia.

“Por razones humanitarias pueda gozar de medida sustitutiva y continuar el proceso con arresto domiciliario, alguna caución económica, que podrían ser las medidas más atendibles, incluso obligarlo a que se presente a firmar el libro o sistema biométrico al Ministerio Púbico tampoco sería aconsejable para evitar que salga de su casa”, explicó el jurista.

Explicó que la misma Convención Americana de Derechos Humanos y pactos internacionales en esa materia establecen parámetros que en determinados casos y circunstancias el juez puede -porque no puede ser obligado- a otorgar una medida o no, pero con base en las constancias procesales y no lo que diga las disposiciones en la materia.

“Será la decisión de cada juez en cada caso en particular resolver si procede o no otorgarle medida sustitutiva. Independientemente de que cuál es la acusación o el delito por el cual está siendo procesado, es la condición de mayor vulnerabilidad que se pueda encontrar la persona”, refirió.

Ponderar derechos

La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, Bélgica Deras, dijo que la pandemia es algo que nadie se esperaba y que por la cuestión de vulnerabilidad de alguna enfermedad que podría estar padeciendo algún privado de libertad se podría otorgar una medida sustitutiva o no, por lo que habría que ponderar derechos conforme a los tratados y convenciones internacionales.

“El juez es quien debe de disponer y no lo que le diga la Corte, porque nadie se puede inmiscuir en las resoluciones que tomen los juzgadores, ellos gozan de independencia. No habría necesidad de hacer una disposición de la Corte, simple y sencillamente hacer acopio a esos tratados internacionales.”, explicó la jueza.

La jurista explicó que se debe sopesar dejar en arresto domiciliario a una persona o no, para no vulnerar otros derechos, porque al menos ella, no enviaría a la calle a una persona que también está cumpliendo una pena de 50 años, porque puede vulnerar derechos de los mismos ciudadanos.

“El arresto domiciliario es una de las medidas sustitutivas y queda a criterio del juez aplicarla en determinados casos”, resaltó Deras.

En manos del OJ

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, considera positiva la medida, ya que será el sistema de justicia el que se ocupe del tema, ya que ellos son los que a diario llevan los casos judiciales, y no los diputados los que tengan que definir de manera discrecional quien sale de la prisión.

“Esperamos que no solo sea una disposición del Organismo Judicial, sino que también incluyan los puntos de vista de las otras entidades del sector justicia, ya que eso evita una decisión destinada y casuística del Congreso. Lo único que hace falta es que esas disposiciones respeten el trabajo que tiene que tomar los fiscales y los jueces, sobre todo que se tiene que respetar la independencia judicial”, señaló Ibarra.

La experta manifestó que la noticia de que no quedara en manos de los diputados la decisión es buena, porque había un fuerte temor de que se legislara de manera casuística para favorecer a unos sectores determinados.

Proceso ágil

Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) considera que al final del día no es tan importante si el Congreso legisla o será el Organismo Judicial, sino que se encuentre un mecanismo ágil y rápido para poder enviar a arresto domiciliar a las personas vulnerables al covid-19.

“Estamos en plena crisis y cada día hay más personas contagiadas por el virus, como que el tiempo corre y no hay mucho tiempo disponible para que se lleve a cabo el proceso para que las personas privadas de libertad vulnerables puedan ir a una prisión domiciliar, lo más importante es que se pueda encontrar un mecanismo eficiente y rápido que no sature a los juzgados”, explicó la experta.

Dedik considera que si se llega a dar un contagio la situación será complicada, por lo que la idea es tratar de salvar la vida de las personas vulnerables.

La experta indicó que de no ser ágil el proceso habría que irse por el judicial y este es más despacio, porque habría audiencias en cada caso.

Esta sería la primera reunión en la que los funcionarios participan para evaluar la viabilidad de estas reformas y darle solución a problemas como el hacinamiento en las cárceles.

En esta reunión estuvieron presentes el presidente del Congreso, Allan Rodríguez; la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Silvia  Valdés; la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras; el viceministro de Gobernación, Gendri Reyes; el director del Sistema Penitenciario; Jorge Flores; el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, entre otros.

Según los datos del SP, actualmente existe 25 mil 484 privados de libertad en las diferentes cárceles del país, esto representa un 300 por ciento de hacinamiento.

Para resolver esto, que según dicen es uno de sus mayores problemas, la mesa discutió la implementación de los grilletes electrónicos en personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en etapa de gestación y personas con enfermedades crónicas.

Sostuvimos una reunión interinstitucional muy productiva donde sentamos las bases para las reformas del sector justicia y Sistema Penitenciario. Vemos la urgente necesidad de ampliar el número de cárceles e implementaremos los grilletes electrónicos para reducir el hacinamiento. pic.twitter.com/GwfAXQFmLn

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 7, 2020

Las estimaciones del SP es que al implementar esto puedan permitir la salida de 3 mil 328 personas de prisión.

Aunque las prisiones seguirían en hacinamiento, al menos bajaría el número de privados de libertad. El  objetivo del Ministerio de Gobernación es lograr colocar entre 6 y 8 mil grilletes electrónicos, algo que hasta el momento no se ha logrado pese a que el Congreso aprobó una ley para el uso de estos controles en 2016.

Este comisión debe recibir Q5 millones 700 mil del presupuesto asignado a la cartera de Gobernación.

En junio pasado, el Consejo de Ministros, con el aval del presidente Jimmy Morales, decidió disolver esta comisión argumentando “dualidad de funciones”.

La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia “forma parte de la denominada institucionalidad del Proceso de Paz”, según el sitio oficial de la entidad disuelta por la Presidencia de Guatemala.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo quedó en suspenso en julio pasado tras un amparo otorgado por la CC a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y al abogado Zoel Antonio Franco Chen, que pidieron que se quedara en suspenso la disolución.

Esta resolución se une al amparo otorgado este día por la PDH que pidió que para la continuidad de esta comisión se debía de cumplir con la asignación de recursos.

.@CC_Guatemala declara con lugar recurso de apelación interpuesto por @PDHgt otorgando amparo provisional y ordenando al @mingobguate realizar transferencia presupuestaria a la Comisión Nacional Para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. pic.twitter.com/4fFFdVhnZ7

— PDH Guatemala (@PDHgt) October 31, 2019

En esta fase se creará una guía para los ejecutivos, accionistas, proveedores y trabajadores de las compañías que hacen negocios con entidades públicas o privadas de cómo actuar si se presenta algún caso de soborno.

Álvaro Ruiz, presidente de CentraRSE, expuso que antes de que salieran a luz pública varios casos de corrupción que han sido señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ya se habían trabajado normas con las empresas.

“La ética en los negocios debe ser retomada por las empresas”, afirmó Ruiz.

Castillo explicó que el sector privado organizado se ha visto golpeado por los últimos casos de corrupción que involucran a ejecutivos y gerentes de varias firmas, pero serán los tribunales que aclaren si son sindicados o no.

“Hay empresas del sector privado organizado que han efectuado malos negocios y eso tiene que cambiar, porque hay firmas que sí cumplen con los procedimientos establecidos”, afirmó.

Esta propuesta ha generado opiniones encontradas. Unos consideran que se está dando mucho poder a una sola institución y otros opinan que esta instancia podría ayudar a transparentar los procesos de elección y la ejecución de los recursos financieros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El planteamiento inicial de la Secretaría Técnica  del Diálogo de Reformas Constitucionales era crear el Consejo Nacional de Justicia para separar las funciones administrativas de las  judiciales. Es decir, los  magistrados de la CSJ se encargarían de su labor política judicial, mientras que el Consejo asumiría.

Los aspectos administrativos, incluyendo presupuesto y  nombramiento de personal.

Esta propuesta sería un complemento a las  reformas a la Ley de la Carrera Judicial que se aprobaron en el Congreso en junio del año pasado.

Con el Consejo también desaparecerían las comisiones de postulación para elegir magistrados, debido a que esa instancia se encargaría de definir, con base en méritos y a una elección por oposición, a los finalistas que llegarían al Congreso para su elección.

Desde que llegó la propuesta de reformas al Congreso, la creación del Consejo ha sido uno de los aspectos que más resistencia han encontrado. Incluso se discutió una enmienda que supuestamente tiene acuerdos, en la cual se le otorgan funciones netamente administrativas.

La modificación, que contaría con el aval de la Secretaría Técnica  del Diálogo de Reformas Constitucionales, incluso llegó al nombre, pues pasaría de Consejo Nacional de Justicia a Consejo Administrativo de Justicia.

Persisten desacuerdos

A pesar de los cambios, siguen las voces de rechazo a la propuesta.

Fernando Linares Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional, dice que las modificaciones efectuadas a la propuesta inicial fueron “para taparle el ojo al macho”.

Según el congresista, se está creando “una especie de cuarto poder”, porque se le faculta para manejar los recursos económicos, el personal y la evaluación de desempeño.

“Si el Consejo maneja el personal y el pisto, al final influirá en las resoluciones o no habrá pisto”, señaló Linares Beltranena.

Amílcar Pop, diputado de Winaq, opina diferente. Según este congresista, la necesidad de crear el Consejo surge porque la CSJ tiene las funciones de juzgar y de nombrar o remover personal.

“La Corte nombra y remueve jueces. Arbitrariamente administra el recurso humano. Eso es grave, cuando hay un principio constitucional de independencia judicial. El Consejo ayudaría a que las decisiones se basen en criterios técnicos y evaluaciones de desempeño permanente”, afirmó Pop.

En tanto, el oficialista Estuardo Galdámez dijo que no está de acuerdo en crear un ente que sería superior a la CSJ. “No estoy de acuerdo, no  me gusta, porque solo conozco como organismo del Estado al Organismo Judicial, no al Consejo de Justicia”, expuso.

El independiente Oliverio García Rodas explicó que el Consejo sería una especie de gerencia de recursos humanos, porque se está haciendo una separación de las funciones jurisdiccionales. La CSJ no está perdiendo ser el órgano superior del Organismo Judicial, porque el Consejo formula el presupuesto, pero lo aprobará la Corte, que posteriormente refrendará el Congreso.

Agregó que para el nombramiento de jueces y magistrados el Consejo no nombrará a quien le dé la gana, sino que deberá basarse en lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial. “Hoy hay un nombramiento libre”, detalló.

Durante ese lapso varias personas que se identificaron como opositores a las reformas constitucionales —donde resaltaban la exdiputada, Zury Ríos y el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Mendéz-Ruíz— gestionaron permiso para subir al palco de visitantes.

Al obtener el permiso comenzaron a cantar el himno nacional previo al inicio de la sesión plenaria y gritaban consignas que dejaban clara su posición de rechazo al paquete de reformas.

La sesión comenzó el Presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, ordenó a la secretaria que comenzará con la lectura de las mociones que buscaban reformar el artículo seis del paquete de reformas.

Cuando se realizaba la lectura el grupo de personas que ingresó al palco del hemiciclo comenzó a vociferar más fuerte sus consignas en contra de las reformas constitucionales.

La lectura de las enmiendas terminó y se llamó a votar por la que tenía más consenso en ese momento el grupo sacó pancartas con mensajes de oposición a las reformas: “Otra Venezuela ¡nunca más!” y “Diputados, no maten nuestra República”.

En medio de este ambiente crispado, el diputado Luis Hernández Azmitia subió al palco y discutió con Xavier Soria, un activista que sí estaba en favor de las reformas y con quien ha tenido discusiones en la red social Twitter.

El reclamo de los activistas va contra la propuesta que hizo Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para modificar la Constitución y “fortalecer los órganos de justicia, que actualmente se traduce en un 97 por ciento de impunidad”.

El legislador cuando subió argumentó que Soria lo había insultado y que subía para que le diera una explicación sin embargo cuando periodistas lo increparon sobre cuáles habían sido los insultos el congresista no respondió y se limitó a decir “eran insultos”.

Aprobación

Pese a los acalorados reclamos de las personas los diputados respaldaron el artículo 6 que reformas el 208 constitucional con 118 votos a favor y con esto se convierte en el tercer artículo que se aprueba del paquete.

En la actualidad el artículo 208 de la Carta Magna habla sobre el “Período de funciones de magistrados y jueces”, el texto dice literalmente: “Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley”.

Este el el artículo 6 con enmiendas, del paquete de reformas constitucionales que fue aprobado por el Pleno del Congreso. pic.twitter.com/BRno7w9jOP

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) April 26, 2017

Con la reforma que fue aprobada hoy el artículo pasaría a llamarse “Carrera Judicial” y contempla principios “aplicables a todos los jueces y magistrados, la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización”.

Explica que “la ley normará lo relativo a la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en causas legales para la suspensión o retiro” del juez o magistrado y establece “como edad máxima” para el cargo los 75 años de edad.

Establece que “el nombramiento de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría, tres cuartas partes provendrán del sistema de carrera judicial y una cuarta parte de abogados en ejercicio de la profesión.

Por último pide que para ser juez de primera instancia, además de los requisitos establecidos en el artículo 207 constitucional se requerirá haber desempeñado el cargo de juez de paz por lo menos durante tres años y que los aspirantes externos a la carrera judicial deberán haber ejercido la profesión de abogado durante por lo menos seis años.

Artículos anteriores

Con esta aprobación, el artículo 6 se convierte en el tercer artículo aprobado del paquete de reformas, los artículos 1 y 2 se perdieron porque no alcanzaron los votos suficientes, estos hablaban de la garantía de antejuicio y prerrogativas de los diputados.

El artículo 3, que se refiere a la jurisdicción indígena, fue pospuesto para conocerse hasta en último lugar, mientras que los artículos 4 y 5, que hablan sobre Principios del Sistema de Administración de Justicia y Requisitos para ser Magistrado o Juez fueron aprobados.

Los cambios no entran en vigencia como una ley normal ya que al tratarse de una reforma constitucional es necesario realizar una consulta popular y que obtenga la aprobación de la población, si el resultado es positivo estas entran en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral de por válido el resultado.

La inercia en que mantiene Chinchilla al Congreso ha permitido que la reforma al sector justicia sea desplazada de la agenda, pese a que ya no existirían elementos que entorpezcan su aprobación. A principios de este mes, las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Indígenas retiraron la propuesta de modificar el artículo 203 constitucional que buscaba el reconocimiento del derecho consuetudinario y que era adversado por el sector empresarial. Pese a ese gesto digno, no hubo ningún cambio en el Congreso, con lo que se evidenció la falta de interés de los diputados de impulsar las reformas al sector justicia, una medida de gran trascendencia histórica. Al contrario, pareciera que existe una estrategia dirigida a echar por tierra los esfuerzos por mejorar la justicia, como una forma de resistencia contra las acciones anticorrupción del MP y la Cicig.

Es indudable que un alto porcentaje de diputados teme que de un momento a otro sus nombres aparezcan en listas de perseguidos por la justicia. Aún está pendiente el caso Odebrecht, en el que estarían involucrados varios legisladores que habrían aceptado sobornos de esa empresa brasileña. Esta situación ha determinado que una forma de arremeter contra las investigaciones penales es estancar las reformas al sector justicia y buscar iniciativas que les permitan evitar la persecución penal. Entonces estamos ante un organismo en el que, con contadas excepciones, se ha desplazado de la discusión y aprobación los temas de carácter estratégico para el país, para dar paso a iniciativas oscuras.

Una de esas acciones sin sentido es la interpelación a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, impulsada por la diputada Karla Martínez, de Alianza Ciudadana. Esta acción estaría encaminada a tratar de sacar a la funcionaria de ese ministerio debido a la lucha contra la corrupción que impulsa y que afecta intereses de legisladores y sindicalistas. Paradójicamente, diputados oficialistas estarían detrás de esta medida arbitraria que afecta en forma directa al presidente Jimmy Morales al que deberían de acuerpar.

El Congreso ha dejado de ser la representación del pueblo para convertirse en una instancia en que los diputados buscan dar el salto cuántico a una vida de opulencia a través del saqueo de los recursos del Estado. Ahora le agregan el componente de la resistencia a las acciones contra la corrupción con el bloqueo de iniciativas de alto impacto como las reformas al sector justicia. Con mucha razón, las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Indígenas han desconocido al Legislativo por su falta de legitimidad y su sometimiento a los poderes fácticos del país. Es de suma trascendencia la convocatoria maya a impulsar un proceso de depuración de los órganos del Estado porque constituye una iniciativa que busca unificar a todas las fuerzas favorables al combate de la corrupción y la profundización de la democracia.

Los visitantes son Jaime Araújo Rentería, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, y Belisario Dos Santos, exsecretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de Sao Paulo, Brasil. También participaron el abogado Ramón Cadena, director de la oficina de la CIJ en Centroamérica, y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, doctor Marco Antonio Sagastume Guemmell.

Araújo no dejó de sorprenderse porque algunos sectores en Guatemala todavía se opongan al pluralismo jurídico y, en particular, a la justicia indígena. Y después de dos horas de un interesante intercambio de opiniones, los abogados guatemaltecos que expusieron casos llegaron a la conclusión de que el sector justicia ha perdido la confianza de los abogados y de la opinión pública porque, entre otras cosas, no se respeta el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas. Expresaron, además, que los estudios de Abogacía y Notariado tal como están hoy en día en Guatemala no capacitan bien a los estudiantes para desenvolverse apropiadamente, después de la graduación, en el ejercicio de esas profesiones; y se atribuyó tal situación, entre otras causas, a la baja calidad de la enseñanza en las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, a lo cual se sumó una información del presidente del Colegio de Abogados y Notarios en el sentido de que recientemente fueron colegiados unos 300 graduados y otra cantidad parecida será colegiada el mes próximo; producción masiva de abogados, cuyo número asciende este año a cerca de 25,000 colegiados. Y ¿cómo contribuir a la solución de ese problema? Intentar legalizar, se dijo, un nuevo sistema. En España, por ejemplo, es obligado para el acceso a la profesión de abogado aprobar, después de la graduación, una maestría específica de Abogacía, o de Notaría, y posteriormente someterse a una prueba nacional de capacidad, como pasos previos a la colegiación y el ejercicio profesional. No saltan directamente al ejercicio de la profesión después de recibir el título. Antes deben demostrar capacidad, honorabilidad y valor. Y en Argentina, además de la graduación, el aspirante debe seguir estudiando y aprobar un curso teórico formativo específico, acreditar un período de prácticas en bufetes privados o en oficinas públicas y, finalmente, ganar un examen estatal de aptitud profesional, sin faltar un país donde es obligado revalidar la condición de profesional, después de algunos años de su ejercicio.

La Comisión Internacional de Juristas —cito publicaciones oficiales— es una organización internacional privada, con sede en Ginebra, Suiza; fundada en Berlín, Alemania, en 1952, por el jurista alemán Walter Linse, presidente entonces de la Asociación de Juristas Alemanes Libres. Su finalidad es proteger y promover los derechos humanos y el imperio de la ley. La integran 60 juristas notables, de numerosos países y de todas las especialidades jurídicas. Incluye jueces, abogados y profesores de Derecho. Tiene 37 secciones nacionales y 45 organizaciones afiliadas en todo el mundo. Ha sido distinguida con los siguientes premios: Derechos Humanos, del Consejo de Europa, en 1980; de la Paz, de la Fundación Carnegie, en 1984; Erasmus, en 1989; y el de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en 1993; En 1987 fue nombrada Mensajera de la Paz por la Asamblea General de la ONU y tiene estatuto consultivo de esa organización; del Consejo Económico y Social; de la Unesco; del Consejo de Europa y de la Unión Africana, y mantiene relaciones con organismos de la OEA.

La mayoría de diputados del Congreso tiene una tendencia conservadora y asume que su paso por ese organismo le debe representar dividendos o al menos influencia en caso de necesidades futuras. Además, evidencian poca formación político-ideológica para comprender la magnitud de lo que tienen frente a sí, por lo cual son susceptibles de ser influenciados por sectores fácticos que tratarían de echar por la borda las reformas. Las estructuras que durante años han manipulado la justicia guatemalteca se convierten en las principales cabilderas para que todo quede como antes, bajo el concepto de hoy por mí, mañana por ti. Esa sería la razón de que aún traten de mantener estructuras viciadas como las Comisión de Postulación, que han demostrado que han sido nefastas en las últimas dos elecciones de magistrados.

A esas redes se agregan los sectores empresariales y de la derecha más recalcitrante que han metido miedo a los congresistas sobre los supuestos riesgos de reconocer el derecho indígena, como si este no existiera desde hace varios siglos y no fuera una práctica cotidiana entre los pueblos originarios. El reconocimiento de la reforma lo que busca es la coordinación entre el derecho oficial y la justicia indígena, lo que le dará vida al pluralismo jurídico en el país. Los opositores remarcan a los diputados las escenas de linchamiento y azotes como prueba del salvajismo de los indios. Las autoridades ancestrales mayas rechazan los linchamientos y los azotes porque no forman parte de la justicia indígena y porque son violaciones flagrantes a los derechos humanos. El rechazo al derecho consuetudinario indígena es una mezcla de ignorancia, racismo y discriminación que es aprovechado por sectores de ultraderecha para sabotear las reformas al sector justicia.

Los diputados tienen la palabra. La aprobación de la reforma no puede retrasarse más. Por ejemplo, en noviembre pasado se agotó la discusión del derecho consuetudinario indígena en el pleno y no se aprobó porque se rompió el quórum. La prolongación de la aprobación solo permitiría que se introduzcan más enmiendas que conviertan la propuesta inicial en cualquier cosa menos en una reforma profunda del sector justicia. Históricamente, la mayoría de legisladores no representa los intereses de sus electores, sino de grupos de presión políticos y económicos con quienes comparten sus privilegios. Ahora es momento de romper esas ataduras. Veremos cuántos asumen una postura acorde a su papel de dignatarios de la Nación.

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Buena parte de esa responsabilidad recae sobre los tres organismos más importantes del Estado, aunque el Ejecutivo y el Legislativo son los que mayor culpa tienen sobre esa irregularidad, por haber confundido el poder con un cheque en blanco y se han dado a la tarea de cooptar diversas entidades para que todo funcione de acuerdo con sus directrices y no existe la menor fiscalización sobre sus actividades.

El Organismo Judicial lleva en todo caso la responsabilidad de someterse a esos designios en detrimento de su independencia, lo que ha llevado al país al borde de una de sus peores crisis, con un alto número de integrantes de esos organismos en manos de la justicia, en una muestra de la degradación sufrida por el sistema en los últimos años.

En ese escenario, en el cual existen muy pocos incentivos para emprender cualquier cambio de fondo, se aproxima una etapa crucial en el Poder Legislativo, donde esta semana debe continuar la discusión sobre las reformas constitucionales para impulsar cambios en el sector justicia, lo cual en circunstancias distintas podría ser bueno.

Sin embargo, en la actual coyuntura —que hace vivir un estado de polarización entre quienes defienden la lucha contra la corrupción y quienes tratan de poner zancadilla a esos esfuerzos— resulta aún más preocupante que sea un Congreso como el actual, muchos de cuyos integrantes enfrentan persecución penal, el que tenga la última palabra respecto de una decisión de tanta trascendencia.

Es indiscutible que el sistema de justicia en Guatemala necesita una profunda reforma, pero lo más importante es reducir la influencia de los políticos en tales decisiones, sobre todo los actuales, porque muy pocos se salvan de los señalamientos por conductas inadecuadas, y también como consecuencia de la manifiesta incapacidad de abordar una tarea que requiere honestidad y compromiso con la transformación del deplorable estado de cosas.

Una tarea utópica y por ello despierta mayor preocupación escuchar que el oficialista FCN-Nación, nutrido de tránsfugas, sea uno de los más interesados en sumar reformas a un proyecto que podría quedar desfigurado y convertido en un nuevo instrumento de manipulación política hasta convertirlo en nuevo fiasco causante de decepción y de preocupaciones para los guatemaltecos.

Hay demasiados diputados sobre quienes, justificadamente, no existe la mínima confianza como para dejarles decidir acerca de un tema del cual no tienen pleno conocimiento o, peor aún, que lo vean como una nueva posibilidad de prolongar el modelo de cooptación para multiplicar la inutilidad e ineficacia de las instituciones. La serenidad, la prudencia y el consenso deben prevalecer en un tema tan importante para el país, pero en la discusión también deben involucrarse con serenidad y seriedad todos los sectores.

“Hay mucho que aprender sobre la ley indígena, creo que toda forma de justicia debe ser valorada y debe ser la cara a la comunidad”, dijo Velásquez

“Las autoridades indígenas tienen mucho que aportar para la transformación de Guatemala. Seguimos en pie con la reforma constitucional”, manifestó el comisionado.

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Reconocimiento

Victoria Chuj, alcaldesa del barrio San Bartolo, reconoció el trabajo del comisionado en poner tras las rejas a las autoridades que han robado al pueblo de Guatemala; además, hizo énfasis a la ley ancestral como un tema reparador y reconciliador.

Tomas Sen, integrante del consejo indígena de Sololá, dijo que es valioso el trabajo de la Cicig y en representación de 83 comunidades de Sololá, le expresó su apoyo en busca erradicar la corrupción.

El alcalde indígena de Sololá, Tomas Saloj Guit, dijo que vergüenza para Guatemala que exista la corrupción y la impunidad, pues la violencia, la pobreza, y los daños al medio ambiente no dan tregua.

“Como pueblos indígenas pedimos las reformas bajo un compromiso de acuerdo al pluralismo jurídico pues la Ley estatal está viciada”, manifestó Saloj.

Según el presidente del Legislativo, su propuesta no evalúa “solo cambio de cambios”.

“El Consejo tiene mucho poder; se está creando prácticamente un cuarto organismo de Estado. Vamos a bajarle un poco”, explicó.

Taracena sostuvo que él y un grupo de abogados, cuyos nombres se negó a revelar, intentan que el Consejo Nacional de Justicia comparta responsabilidades con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No tenemos que quitarle a los magistrados sus grandes responsabilidades. Por ejemplo, el Consejo va a evaluar a los jueces de Primera Instancia, pero la CSJ será la encargada de los magistrados”, detalló.

La elaboración del presupuesto es otro aspecto que se pretende modificar. El Consejo sería el encargado de elaborarlo, y los magistrados lo aprobarían.

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“También vamos a dejar bien claro que el único que puede elegir magistrados es el Congreso”, aseguró Taracena, y añadió que se busca la modificación de la “semántica” del derecho indígena, ya que “los gorilas retrógradas se están oponiendo porque tienen miedo de que les quiten sus tierras”.

Respeto a la esencia

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, aseguró que no rechazan que se hagan modificaciones, pero advirtió que sería peligroso para la propuesta que se cambie la esencia.

“La propuesta salió de un proceso de diálogo con muchos sectores y la postura es clara: si las modificaciones no alteran el espíritu de las reformas, son bienvenidas”, afirmó.

El procurador opina que todo el esfuerzo que se invirtió en redactar las reformas a la Constitución en el sector Justicia se desvirtuarían si se carece de un esfuerzo.

• Diputados mantienen antejuicio y bloquean pluralismo jurídico

“Creemos que esta propuesta es fundamental para mejorar todo el sistema de justicia en el país, más en una coyuntura como la que se vive en la actualidad”, precisó.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que lo importante es que el Congreso reflexione de manera adecuada acerca de los procedimientos de elección del sistema de justicia en su totalidad, porque la cooptación del Estado también existe en el Organismo Judicial.

“Es necesario reformar los procedimientos de elección, no solo por la denuncia contra los magistrados Blanca Stalling y Eddy Orellana, sino porque el sistema de justicia está cooptado, porque hay perversiones en la forma de elegir”, expuso Ibarra.

Rechazan cambio

Empresarios de la Cámara del Agro y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) recalcaron su rechazo a la inclusión del derecho indígena en las reformas.

“Por este medio comunicamos que las Juntas directivas acordamos solicitarle en forma conjunta y muy respetuosa, que por medio de su persona, la Corte Suprema de Justicia en pleno, autorice un bono de riesgo por esta única vez a los Jueces y Magistrados”, indica la nota.

El argumento de los togados es que todos los días enfrentan riesgos físicos y sociales, por la labor que ejercen al impartir justicia.

Citan como antecedente que en 2005 la Corte de ese momento autorizó otorgar el beneficio, lo que es un antecedente laboral.

Los jueces y magistrados refuerzan la petición indicando que a los trabajadores del Ministerio Público les dieron un bono de Q6 mil, y que pertenecen al “sector justicia”, como el organismo Judicial.

Para argumentar de mejor forma, en la nota solicitan una audiencia para que puedan hablar con el pleno de la Corte y abordar el tema.

La nota con fecha 9 de diciembre y recibida ayer en la presidencia, es firmada por Benicia contreras Calderon, presidenta de la junta directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones.

También por el magistrado Roaldo  Isaías Chávez, secretario de la directiva. Así como Mario Alberto Taracena presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y el secretario de la misma, Eduardo José Santos.

La  jurisdicción indígena, la integración del Consejo Nacional de Justicia, el mecanismo por sorteo para presidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  y la nueva forma de integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) serán eliminadas por sustitución total, de acuerdo con lo pactado ayer  en una reunión por la mañana en el Congreso de la República.

La fiscal general, Thelma Aldana, mostró preocupación y pidió a los legisladores apoyar una reforma vital para el futuro de la justicia de Guatemala.  

Los legisladores Álvaro Enrique Arzú,  Partido Unionista; Juan José Porras Castillo, Visión con Valores (Viva);  Alejandra Carrillo, Reformador; Julio Francisco Lainfiesta,  Unión del Cambio Nacional (UCN); y Édgar Ovalle, Frente de Convergencia Nacional (FCN), no firmaron el documento, por lo que fueron increpados en público por Mario Taracena, presidente del Congreso.

Las objeciones

La reforma referente al antejuicio no fue discutida. Taracena aseveró, frente a todos, que sería eliminada durante su discusión en el pleno la próxima semana y dijo que ha informado de ello a todos los interesados.

El planteamiento de la jurisdicción indígena, aprobado ayer, reformaría el artículo 203, y debe ser “voluntaria”, sugirió el diputado Álvaro Velásquez, de Convergencia. “La jurisdicción se ejerce por la Corte Suprema Justicia y se reconocen funciones privativas de los pueblos indígenas. Volver la Constitución un código penal sería un grave error”, sostuvo Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Las reformas al artículo 209 de la Constitución, que crea y otorga funciones administrativas al Consejo Nacional de Justicia,  deben ser eliminadas, según los cambios propuestos ayer.

El consenso es prescindir de esa figura y, en consecuencia, quitarle la facultad de aprobar la lista de postulados a magistrados de la CSJ, elaborar el presupuesto del OJ y administrar sus recursos, entre otras funciones. A juicio de Porras, crea “un cuarto poder”.

El congresista Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, estuvo a favor del Consejo, para separar las funciones administrativas que hasta ahora ejercen los magistrados de la CSJ.

Los congresistas, además, discreparon  sobre la duración de la presidencia de la CSJ de tres años, sin reelección, y que será por medio de un sorteo, contenido en el artículo 214.

  “Un sorteo es poco serio, es poner en manos del infortunio la elección de la presidencia de uno de los organismos del Estado”, opinó Conde.

Aunque Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo estar  contra  ese mecanismo, expresó: “Nos allanamos a lo que dice la mayoría”.

Fueron cuestionadas  las reformas al artículo 269, relacionadas con la integración de la CC  y el nuevo período de nueve años de los magistrados titulares y suplentes.

“Si vamos a tener magistrados que serán renovados cada tres años, eso  genera inestabilidad”, expresó Arzú.
En respuesta a las increpaciones de Taracena, Lainfiesta le advirtió: “Ni usted ni nadie va a presionar a los diputados”.

“Espero que apoyen”

“Espero que apoyen las reformas, manteniendo la integralidad de la propuesta y que las enmiendas sean para enriquecer. Creo que eliminar el Consejo sería un grave error. El sorteo para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia es una buena propuesta. Eliminar la jurisdicción indígena es negar la realidad de los pueblos. Integrar la Corte de Constitucionalidad puede ser una opción adecuada que sea los tres poderes los que elijan”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana, al haber sido consultada sobre la sesión celebrada ayer.

“Muchachitos no son”

“¿Cuál apresurados? Si ellos —los diputados— aprobaron en primera lectura, aprobaron en segunda lectura, ahora van a aprobar en tercera. ¡Si muchachitos no son!, entonces están grandecitos, que voten o que no voten… El problema real está en tres artículos, en la jurisdicción indígena, en el del Consejo Nacional de Justicia  y el del antejuicio; lo demás pasa. Quiere decir que de 26 artículos van a pasar 23, lo que hace una reforma exitosa. Pero también está el derecho legítimo de ellos de no votar”, dijo  Mario Taracena.

Artículos polémicos

A los siguientes artículos se han sugerido enmiendas por sustitución total.  

• ArtÍculo 3 reforma el 203 constitucional

La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que la ley establezca, así como por las autoridades indígenas ancestrales. Las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales entre los integrantes de su comunidad y para asuntos relativos a esta.

• Artículo 7 reforma el 209 constitucional

El Consejo Nacional de Justicia tendrá entre sus funciones:
Aprobar la lista de postulados a magistrados a la CSJ, que deberá presentarse al Congreso de la República, así como la lista de postulados a la Corte de Constitucionalidad. Además, aprobar las políticas administrativas y financieras. Realizar la evaluación de desempeño de los magistrados de la CSJ.    

• Artículo 9 reforma el 214 constitucional

La presidencia de la Corte Suprema de Justicia durará un período de tres años sin reelección. La persona que presida será escogida mediante sorteo que se efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo.

• Artículo 16 reforma el artículo 269

Integración de la Corte de Constitucionalidad, que se integrará con nueve magistrados titulares y tres suplentes. Los magistrados de la Corte durarán nueve años in derecho a reelección y se renovarán por tercios cada tres años.
Cada organismo de Estado tendrá derecho a elegir un magistrado.

¿En cuáles delitos tendrían jurisdicción y en cuáles no?, ¿cómo se tratarán las violaciones y los asesinatos?, son algunos ejemplos de las interrogantes que algunos plantean.

La primera en mostrar su rechazo ha sido la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), que no acepta la propuesta de modificar el artículo 203 de la Constitución Política de la República, referente a la independencia judicial y a la potestad única de juzgar del Organismo Judicial (OJ).

Dicho artículo establece que: “La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.

En la propuesta de reforma presentada por los presidentes de los organismos Ejecutivo,  Jimmy Morales; del Legislativo, Mario Taracena, y  del Judicial, Ranulfo Rojas, se elimina la exclusividad de la CSJ, y proponen que se agregue: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.

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Criterio confuso

Jorge Briz, presidente de la CCG, reiteró su rechazo al considerar  que la exclusividad en el ejercicio de justicia corresponde a la CSJ y a juzgados, y que si se la retiran y agregan que la jurisdicción indígena impartirá justicia con base en su  uso y costumbres, se tendrían 23 jurisdicciones indígenas “sin saber ni siquiera cuáles son las normas que aplican  para los temas penales, civiles, mercantiles, administrativos, realmente el país sería un caos y no habría  ninguna  certeza jurídica”, señaló.

“En la reforma no ponen ninguna limitación para ninguna jurisdicción y ni ámbito judicial, eso sería muy grave para el país”, indicó Briz. La CCG también se opone a la iniciativa 3946, ley de jurisdicción indígena, que se conoce en el Congreso.

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Reconocimiento

Magdalena Jocholá, asesora del Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio Público (MP), resaltó que la reforma busca el reconocimiento constitucional del sistema jurídico propio de pueblos indígenas. “Algo que se da y que se ha estado dando desde hace más de cien años… no es crear algo nuevo sino reconocer algo que ya existe, y más que crear división, resuelve problemas”, indicó.

Agregó que hay estudios que demuestran que el trabajo de las autoridades indígenas ha contribuido al sistema de justicia oficial, pues resuelve los casos con mayor celeridad, la gente no tiene que salir de un lugar a otro,  lo cual le reduce gastos al mismo Estado.

Refirió que en América Latina hay varios países que tienen pluralismo jurídico como Ecuador, Bolivia y  México donde las constituciones recuperan parte de la justicia indígena. Agregó que se trata que con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales y la declaración de los derechos de los pueblos, estas formas de justicia sean reconocidas en el ámbito constitucional, ya que los tratados internacionales  admiten el pluralismo jurídico.

Brunori indicó  que una vez reconocido, no quiere decir que si una decisión de una autoridad ancestral va contra tratados internacionales  o principios básicos constitucionales, se quede así, sino que debe haber un mecanismo de control y apelación para que la víctima o el victimario pueda recurrir al sistema de justicia cuando considera que no se han aplicado los principios.

Complementario

El politólogo Álvaro Pop resaltó que es claro que el imperio de la ley y del régimen del sistema oficial en la administración de justicia seguirá intocable, y es opcional que se tengan una administración bajo un enfoque indígena y  donde exista debe respetarse, de tal manera de que no hay un doble enjuiciamiento.

Lesbia Marley Sis Chén, de la Coordinación de Enfoque Intercultural, del Instituto de la Defensa Pública Penal, comentó que han tenido casos en los que las personas han sido sancionadas en sus comunidades y al determinar mediante un peritaje cultural que es cierto, le solicitan al juez que no conozca el caso porque según el Código Procesal Penal, una persona no puede ser sancionada dos veces por lo mismo.

Con respecto a quién regularía ciertos delitos, refirió que es complejo porque el pretender establecerlo de esa manera pareciera verse al sistema jurídico de pueblos indígenas que solo conozcan delitos de menor gravedad,   pero no todas las autoridades indígenas comparten esos criterios, pues en ocasiones ven desde una falta leve hasta un asesinato.

Cristian Otzín, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas,  se cuestiona que la mayoría de autoridades son hombres, que podrían favorecer a su género. “Creo que las autoridades indígenas van trascendiendo en el ejercicio y van a ir estableciendo nuevos parámetros de sanción y reparación hacia la víctima”, señaló.

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Legal integración 

Cándido Cupil, comisionado  presidencial contra la discriminación y el racismo de los pueblos indígenas, señaló que reconocer el sistema jurídico de pueblos indígenas modernizaría el sistema,   porque reconocería en su carta magna esa pluralidad jurídica que existe a lo interno.

Visibilización 

Jordán Rodas, vicepresidente de la Asociación de Abogados y Notarios  de Guatemala, consideró que lo más justo de
cara a  la mayoría  de la población es que se reconozca el sistema jurídico de pueblos
indígenas.  

“Es una realidad que ya existe y que no podemos seguir invisiblizando, ni dándole la espalda, tiene sus propios principios,  normas y autoridades”, puntualizó el abogado.

Discusión 

Domingo Hernández,  de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, señaló que para el 9 de agosto —Día Internacional de los Pueblos Indígenas— se convocó al diálogo público Estado y Pueblos Indígenas  para discutir con los presidentes de los tres poderes sobre sus derechos,  uno de los temas es el sistema jurídico.

Previo a la participación de los presidentes el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, analizó el paquete de reformas constitucionales que se ha socializado en las últimas semanas.

El abogado comentó que ve correcto analizar y proponer reformas al antejuicio, a la carrera judicial, integración de la Corte Suprema de Justicia y los requisitos para ser magistrados.

Fuentes Destarac indicó que se debería discutir la edad que se propone para ser magistrado el cual es de 50 años. “Guatemala es un país de jóvenes y hay muy buenos profesionales de 40 años”, aseguró.

Al finalizar su intervención el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, explicó que se tomarán en cuenta todos los aportes de la sociedad civil para hacer el bosquejo final que se presentará al Congreso.

Los presidentes de los tres poderes son condecorados con la medalla Esfuerzo por la Patria. pic.twitter.com/FvKwrbBQua

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) June 17, 2016

Rojas aseguró que junto al antejuicio es indispensable hablar del fortalecimiento de la carrera judicial, la elección de jueces y magistrados.

Mario Taracena, presidente del Organismo Legislativo, destacó que es urgente realizar esas reformas para seguir con la lucha frontal contra la corrupción.

El parlamentario también destacó que es importante hacer un análisis profundo para reformar el antejuicio y consideró que los alcaldes sí deberían tenerlo porque muchas veces tienen una oposición muy férrea en sus municipios que los podrían denunciar de forma ilegítima.

El último en participar en el foro fue el mandatario Jimmy Morales, quien precisó que “es momento de dejar un legado” para el país.

Morales indicó que este pliego de reformas constitucionales que se vienen discutiendo debe aprobarse para que la ciudadanía tenga justicia pronta y cumplida.

Por último el gobernante instó a toda la población en general a involucrarse y proponer reformas a la constitución para modernizar el Estado y el sector Justicia.

Antes de dar por finalizado el foro la junta directiva de la Asociación Guatemalteca de Abogadas y Notarías condecoró a los presidentes de los organismos del Estado con la medalla Esfuerzo por la Patria, por su labor para impulsar las reformas constitucionales al sector justicia.

Fuerzas de seguridad

El IGI agrega que el promedio mundial de policías es 332 por cada cien mil habitantes. Por ejemplo, México tiene 355; Colombia, 347 y Honduras, 154.
Según diagnósticos efectuados por el Centro de Investigaciones, Económicas Nacionales (CIEN), para 2010 el país contaba con 17 policías por cada 10 mil habitantes.
“Al dividir esa cantidad de policías entre tres turnos —que es el sistema actual en Guatemala— (PNC, 2011), quedan alrededor de 5.7 policías por cada 10 mil habitantes, diariamente, a nivel nacional”, refiere uno de los estudios.
El CIEN destaca que al comparar los datos con los promedios de policías por habitantes de Centroamérica —25 por cada 10 mil habitantes— se observa que Guatemala no llega al promedio regional —34—, y que solo está por encima de Honduras, que tiene mayores niveles de violencia que Guatemala y Nicaragua, que posee problemas de seguridad distintos.
Con respecto a los países latinoamericanos aquejados por el narcotráfico, Guatemala apenas tiene la mitad de los policías que el promedio, y con capacidades inferiores a los de México, Colombia y Perú.
A marzo del 2015, según el CIEN, se reportan 30 mil 739 agentes, de estos 29 mil 378 activos, lo que equivale a 181.6 policías por cada cien mil habitantes si se incluyen solo los activos. En total, administrativos, directivos y agentes, la PNC tiene 33 mil 106.

Falta presencia

En la actualidad el MP cuenta con 23 fiscalías distritales y 34 municipales, las cuales no se han ampliado debido a falta de presupuesto. En tanto el personal fiscal del MP si se ha aumentado —tres mil 505 elementos, entre fiscales, auxiliares, oficiales y agentes de seguridad—.
Según  el informe Desafíos actuales de la justicia Penal, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes),  la cobertura geográfica del MP alcanza el 33 por ciento del territorio nacional, mientras que  el IDPP —otro actor importante en justicia— observa  un estancamiento al contar con 36 sedes departamentales y municipales, que cubre alrededor del 10 por ciento del territorio nacional.
“Frente a la cobertura del 33 por ciento del territorio nacional que posee el MP y el ciento por ciento de los municipios que tiene el OJ, la presencia institucional del IDPP es extremadamente baja y se encuentra condicionada fundamentalmente por la falta de presupuesto”, menciona el documento.
El informe también analiza la función del Inacif, observa el crecimiento en las solicitudes atendidas y resalta que el personal se mantiene sin mayor movimiento por limitaciones presupuestarias.
Lorena Escobar, experta de Asíes, indicó que esa disparidad de presencia hace inoperante el sistema de justicia. “Se tienen jueces, pero hay pocos fiscales que acusen, y entonces se acumulan las denuncias y la investigación, pero al presentar un caso y acusación no hay defensores públicos”, expresó.
Agregó que las reformas al sector justicia buscan el desarrollo profesional que debe tener un juez dentro del sistema para tener un servicio de calidad en la aplicación de la justicia. “Para mejorar problemas operativos y financieros se necesita mayor asignación de recursos y aquí ya entramos a materia financiera y recaudación tributaria”, puntualizó.
 
 

• Carrera
• El analista Javier Monterroso comenta que, además de la cantidad de jueces, se debe considerar lo cualitativo para mejorar la carrera judicial.“Es positivo que se esté implementando una carrera judicial que llegue hasta jueces de apelaciones (…). No es nada más que tengamos más jueces, deben estar lo suficientemente capacitados y supervisados”.

• Fortalecer
• Francisco Quezada, analista del CIEN, señala que es difícil definir el número ideal de policías y aunque el promedio es menor con países en similares condiciones de criminalidad, es necesario efectuar un estudio antes de aumentar los policías.Resalta que de nada sirve que se incrementen los números de agentes si no se les dota del equipo necesario.

• Específico
• Abelardo Medina, experto del Icefi, indica que está claro que no solo para el sector justicia se requiere de mayor presupuesto e invertir más. Agregó que en el corto plazo lo mejor sería establecer un impuesto específico para el sector justicia, como planteó Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a personas con ingresos muy altos.

Estos cuentan con el asesoramiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos  (PDH), el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

La propuesta, publicada en la página web hoy y sobre la que se harán las consultas para reformar el sector Justicia, prevé que tras ser aprobadas las modificaciones el Congreso tendrá un año para aprobar las principales leyes, entre ellas una nueva ley de carrera judicial.

Ésta regula la selección de jueces y magistrados, cuyas funciones durarán 12 años, y la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los trece magistrados de la CSJ, electos por un periodo de doce años, serán seleccionados por el Congreso de una nómina elegida previamente por el Consejo de la Carrera Judicial y al menos nueve de los escogidos deberán ingresar al Organismo Judicial por medio del sistema de carrera judicial.

Para optar al cargo, se eleva la edad de 40 a 50 años y se exige a los aspirantes de la carrera judicial haber trabajado al menos diez años como magistrado titular; y a los candidatos externos haber ejercido la profesión de abogado, fiscal o abogado de instituciones del Estado por más de quince años.

En el caso de la corte de apelaciones, el documento de reforma aboga por elevar la edad para optar al cargo de 35 a 49 e impone el requisito de haber sido juez de primera instancia por un período no menor de cinco años.

Otra de las reformas incluidas en la propuesta afecta al Fiscal General, cuyo mandato se amplía de 4 a 6 años, pero se elimina la reelección sucesiva.

Este cargo, para el que se exigirían diez años de experiencia comprobable en materia penal como fiscal, juez, magistrado o abogado litigante, será nombrado por el presidente de una terna propuesta por el Consejo de la Carrera Judicial y podría ser depuesto si es condenado por un delito doloso durante el ejercicio de su función.

Respecto a la CC, se agregan cuatro nuevos magistrados, hasta un total de nueve, elegidos equitativamente por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el presidente del país.

Su mandato se extiende de 5 a 9 años y la Presidencia del órgano será rotativa en periodos de dos años en orden descendente de edad.

El documento base, que aún está abierto al debate público, propone además reducir las competencias de los tribunales militares, de manera que ningún civil podrá ser juzgado por estos; garantiza la asistencia legal gratuita y elimina la inmunidad a los gobernadores.

El antejuicio, la prerrogativa de la que gozan los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal sin resolución de la autoridad competente, se limita al gabinete del Ejecutivo, magistrados judiciales, al Procurador de los Derechos Humanos y al Procurador General de la Nación.

También se benefician de esta medida diputados, Fiscal General, jueces del organismo judicial y el Contralor General de Cuentas.

Otra de las grandes reformas propuestas pasa por crear un sistema jurídico plural en el que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

Ampliación de los períodos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, así como del fiscal general, son  de las principales propuestas.

También se dejaría fuera a los decanos de las facultades universitarias en el proceso de selección, se restringiría la figura del antejuicio y se separarían las funciones administrativas y jurisdiccionales de los magistrados.

Además, se daría la facultad a las autoridades indígenas de resolver sus conflictos en los términos establecidos en instrumentos internacionales.

Comienza diálogo

La propuesta inicial fue presentada por los presidentes de los tres organismos del Estado, durante el lanzamiento del Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la justicia en Guatemala, proceso que será acompañado por varias instituciones hasta consolidar una ponencia formal en octubre.

Jimmy Morales, por el Organismo Ejecutivo; Mario Taracena, del Legislativo, y Ranulfo Rojas, del Judicial, expusieron las intenciones de las reformas.

El acto se desarrolló en la Gran Sala Efraín Recinos  del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con invitados de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, Academia, Gabinete, fiscales, diputados y magistrados.

El proceso será acompañado por la Secretaría Técnica, integrada por Thelma Aldana, fiscal general y jefa del  Ministerio Público; Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); y Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos.

También darán acompañamiento  Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), y Verónica Simán, coordinadora residente interina del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.

La asesoría consistirá en un monitoreo y emitir opiniones acerca de las propuestas que se reciban.

Metodología

Después del llamado al Diálogo, la propuesta inicial será sometida a discusión en actividades en Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Jutiapa, Sacatepéquez y Guatemala.

Para participar, los interesados deben inscribirse en www.reformajusticiagt.org, donde también pueden dejar aportes en  un buzón electrónico.

Los resultados de las actividades y propuestas serán socializados y sistematizados en un documento final que se dará a conocer “ampliamente” antes de ser presentado al Congreso, a finales de agosto.

La propuesta final, que tomó en cuenta otras como la trabajada por las universidades de San Carlos (Usac) y Rafael Landívar, junto con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, será entregada al Legislativo en una iniciativa de ley conjunta de los tres poderes del Estado.

Taracena indicó que las modificaciones se tendrían que ratificar en consulta popular, al no reformarse la parte dogmática de la Constitución.

A fin de garantizar el apoyo de todas las bancadas, los integrantes de la Secretaría Técnica se reunirán con cada bloque en el Congreso, para que los diputados manifiesten si  no están de acuerdo en algo y así buscar el consenso, explicó la fiscal general.

Alcanzar   consenso es el reto más grande, opinan los impulsores de la iniciativa.

“De 1996 a la fecha, más de 40 leyes se han aprobado para regular aspectos de la justicia”, dijo el jefe de la Cicig en su discurso.

Velásquez recordó que la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado facilitó la utilización de métodos especiales  como las escuchas telefónicas.

“Los casos   La Línea, IGSS-Pisa, Lavado y Política, TCQ y otros no se hubieran realizado sin esas herramientas”, enfatizó el comisionado, y recordó, al igual que otros oradores, los movimientos sociales del año pasado.

“La importancia del Diálogo Nacional debe ubicarse en el marco de la continuidad histórica del proceso de reforma en Guatemala y dimensionarlo como uno de los momentos más decisorios en la lucha contra la impunidad”, agregó Velásquez.

“Estos acuerdos deberán garantizar la independencia judicial, la eficiencia administrativa y lucha contra la impunidad. Un sistema consolidado y fortalecido”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 Rojas reconoció que será un reto alcanzar un acuerdo con el resto de magistrados en relación con separar los temas administrativos de los jurisdiccionales, debido a que anteriormente no hubo  consenso.

Opiniones

“Es indispensable que tomemos el tema de la justicia con esta seriedad y se hagan los cambios necesarios para fortalecerla. Las prioridades deben ir enfocadas a fortalecer la carrera judicial y a cambiar las normas constitucionales para que esto suceda”, expresó la jueza Claudia Escobar.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de  Industria, expresó: “Sería un poquito difícil decir exactamente en dónde hay que hacerlas, pero hay que partir del fortalecimiento de las instituciones y hacer una revisión de la capacitación de todas las personas que trabajan en el entramado de la justicia, para evitar la falta de profesionalismo en los procesos”.

“Lo que se quiere es eliminar el tema político y que son electos para hacer favores”, comentó el rector de la Usac, Carlos Alvarado.

Cronograma

Las actividades se desarrollarán entre mayo y septiembre próximos.

• Para el 6 y 7 de mayo se tiene previsto el lanzamiento del diálogo en la región occidental del país, lo que incluye a Quetzaltenango y a Huehuetenango.
• El 13  y 14  de mayo, el diálogo está programado en la región Nororiente, que incluye a Cobán, Alta Verapaz, y Teculután, Zacapa.
• En Petén se hará la actividad el 21 de mayo.
• El 28  de mayo se efectuará en la región Sur, en Santa Rosa.  
• En junio  se instalarán las mesas de trabajo en la capital.
•  Entre junio  y agosto se prevé el desarrollo de mesas de trabajo en la capital.
• Para septiembre se tiene prevista la entrega de resultados del Diálogo Nacional.
• La metodología  que se implementará consiste en mesas de diálogo en ocho departamentos. Los interesados en participar pueden visitar www.reformajusticiagt.org, para inscribirse.

“Diferentes sectores aisladamente han debatido y reflexionado sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado pero los esfuerzos no ha tenido el eco respaldado y la debilidad del Estado sigue vigente”, agregó el gobernante guatemalteco.
 
El “diálogo nacional”  recibirá acompañamiento de otras instancias judiciales como la Fiscalía, así como Naciones Unidas y la comunidad internacional. Se espera que en agosto próximo concluya la redacción de un proyecto de ley “para la reforma al sector justicia”.

Propuestas para las mesas de diálogo

Organismo Judicial

Estos son los cambios propuestos al Organismo Judicial (OJ) para las “reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia”.

• El artículo 154,  de ser reformado, implicará que solo  gozarán de antejuicio el presidente, vicepresidente, magistrados de la CSJ, el TSE, la CC, ministros y viceministros, secretario general y secretario privado de la Presidencia, procurador de los Derechos Humanos, fiscal general, procurador general de la Nación, diputados, magistrados de salas, jueces y contralor general. Entre otros, no se incluye a diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes, gobernadores, director general y adjunto de la Policía Nacional Civil.   
• Las reformas al artículo 203   retirarán la “exclusividad absoluta” a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de aplicarla. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales.
• El artículo 205, al renovarse, no tomará en cuenta como garantías del OJ  la no remoción de los magistrados y jueces, así como la selección del personal. Se implementará la carrera judicial y el servicio civil en ese organismo.
• El artículo 207, al reformarse, prohibirá a cualquier magistrado o juez ejercer si su cargo  lo comparte con asesorías de instituciones políticas, sindicatos y entidades que administren recursos públicos o ministros de religión.
• El artículo 208,  de ser aprobado, normará que la Ley de la Carrera Judicial sea la que determine el proceso de ingreso, nombramientos y ascensos con base en concursos de oposición y públicos, entre otros.
• La carrera judicial   comprenderá desde la judicatura de Paz hasta la magistratura de la  CSJ, y garantizará la estabilidad en el cargo, siempre que no se incurra en una ilegalidad.
• El Consejo de la Carrera Judicial se integrará con siete integrantes, que incluyen representantes de magistrados, jueces y tres expertos en diversas disciplinas.
• El artículo 214 reformado contemplará que la CSJ se integre con 13 magistrados y   que no menos de nueve de ellos deberán haber ingresado por la carrera judicial.
• Los magistrados elegirán al presidente de la CSJ  por un período de cuatro años,  quien no podrá reelegirse.
• El artículo 215, al modificarse, establece que los magistrados de la CSJ serán electos para un período de 12 años.
• Cada magistrado  deberá ser electo por mayoría absoluta en el Congreso.  
• Cada magistrado ejercerá el período para el que fue electo, con independencia de la fecha de nombramiento y toma de posesión del resto de magistrados.
• Los magistrados a la CSJ serán mayores de 50 años,  y para quienes ingresen por la carrera judicial tendrán que haber sido al menos una década magistrados titulares.
• Los magistrados de Apelaciones    deberán ser mayores de 40 años y haber sido previamente jueces  de Primera Instancia como mínimo cinco  años.
• El artículo 219,  al reformarse, no permitirá que ningún civil pueda ser juzgado por tribunales militares, y estos conocerán de los delitos y faltas tipificados en el Código Militar.
• El artículo 222   también regirá para los magistrados suplentes de la Corte de Apelaciones, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos que los titulares para ingresar y permanecer en la carrera judicial, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones e incompatibilidades.
• El artículo 227, al innovarse, no permitirá que los gobernadores gocen de inmunidad.
• Los gobernadores  deberán reunir las mismas calidades que un ministro  y tener por lo menos cinco años de estar domiciliados en el departamento para el que sean nombrados.

En la Corte de Constitucionalidad

Estos son cambios  para  el funcionamiento de la CC.

• El artículo 269, de ser aprobado, aumentará  el número de integrantes de la CC, que en la actualidad es de cinco, y pasaría a nueve.  
• Tres serán electos por el Congreso, tres más por la Corte Suprema de Justicia y otros tres por el presidente en consejo de ministros.
• Entre los requisitos establecidos para optar, se propone tener 50 años y haber ejercido durante 15.
• La presidencia  de la CC se ejercerá durante dos años, y de manera rotativa.

Ministerio Público

Estos son algunos cambios propuestos para el MP.

• El artículo 251, al reformarse, da a la Fiscalía el carácter de autónoma.
• Entre los requisitos para optar al cargo de fiscal general se establece que el candidato deberá ser abogado, colegiado activo y tener al menos 10 años de experiencia  en materia penal.
• El fiscal general deberá ser nombrado por el presidente, de una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial después de someterse a un concurso público.

Modificaciones futuras

El Congreso asume el compromiso de cambiar  cuatro leyes.

• El artículo  29 modificado   establece que dentro del primer año de aprobadas las reformas constitucionales, el Congreso deberá aprobar reformas  a cuatro leyes:
• Reforma a  la Ley de la Carrera Judicial, incluye el procedimiento de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Apelaciones y de tribunales de igual categoría; del Consejo de la Carrera Judicial y procedimientos de evaluación.
• Reformas a  la Ley del Organismo Judicial,   que incluyan los aspectos relacionados con los cambios constitucionales.
• Reformas a  la Ley de Amparo,  además de la de Exhibición Personal y Constitucionalidad, incluidos los procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
• Reformas al  Código Penal, para la tipificación del delito de violación a la independencia judicial, según el artículo 203 de la Constitución.