La decisión tomada por el Gobierno para no renovar el contrato de trabajo de Víctor Rivera, experto venezolano en investigación de secuestros, abre una interrogante, y sugiere que la población posee el derecho de conocer los planes oficiales para realizar los esfuerzos que tienen como fin resolver —favorablemente para las víctimas— los casos de plagio de personas, que son lamentable realidad de hoy, no solo en Guatemala sino en demasiados otros países del mundo.

Rivera tiene 12 años de residir en Guatemala, a donde fue invitado para venir por el sector privado, en ese entonces muy preocupado por el alto número de casos de secuestros, uno de los crímenes más abyectos y viles y que se pueden cometer contra de un ser humano, porque implica un plan cuidadosamente elaborado para cazar a la víctima, así como su sufrimiento constante y prolongado.

En los últimos años, son pocos los casos de secuestro que han sido conocidos, pero no en el ámbito general de la población, y ello no significa necesariamente que hayan desaparecido del panorama de la criminalidad que sufre el país. El plagio es una posibilidad a la que están expuestas personas de todos los niveles sociales, lo que señala el monto de la cantidad exigida por los criminales para liberar a la víctima.

Por esa causa, es acertado que las autoridades del país dispongan, dentro de las fuerzas del orden, de un departamento específico para investigar los casos. Esta tarea es enormemente difícil, porque en todo momento la vida de la víctima está en peligro. No cualquier investigador puede encargarse de un caso de éstos, en los que la experiencia es factor fundamental para que el hecho criminal no termine en una tragedia irreparable.

Por la naturaleza de su trabajo, estos equipos deben tener un bajo perfil. Se trata de agrupaciones de personas cuya efectividad no se mide necesariamente por la cantidad de sus integrantes, sino por la calidad que representa la experiencia. Por ello, cualquier cambio en la dirigencia de los investigadores de secuestros debe ser no solo muy meditado, sino realizarse cuando se esté seguro de quién será la persona que reemplace a la jefatura, o de quiénes son los nuevos miembros, si es que se ha decidido renovarlos a todos.

En temas como la investigación de los secuestros, no queda espacio para la preferencia por motivos políticos o personales. Es un tema muy delicado, porque no hay ninguna garantía de que se desatara una ola de hechos de esta naturaleza, que se vendrían a sumar a la serie de razones por las cuales la ciudadanía guatemalteca siente una zozobra que por lógica afecta al país, tanto en lo económico como en lo social.

Al haber tomado la decisión hoy comentada, el Gobierno tiene la tarea ahora de explicar qué medidas tomará al respecto de la unidad de investigación de secuestros. Parte importante de la efectividad de este equipo es la confianza que despierte entre la población. Se trata de un asunto cuya importancia sería trágico no entender, en una sociedad con los graves problemas de seguridad que sufre la nuestra.