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El caso de la disputa entre las empresas Omni, ex distribuidora de los automóviles Mercedes Benz en Guatemala, y Comercial Q, a la que le fue otorgada la distribución hace algún tiempo, está llamado a convertirse en un objeto de estudio, no solamente para los juristas, sino para los analistas sociales, respecto de cómo funcionan las relaciones legales y comerciales en países como el nuestro.

El problema principal se debe a cómo reaccionó la empresa Omni, por medio de medidas planteadas por abogados que no piensan en las consecuencias internacionales de decisiones en las que la ley es retorcida o simplemente violada. Se presentaron ante un juez de Escuintla, que de manera inexplicable declaró que el contrato entre Comercial Omni y la empresa alemana Mercedes Benz era de plazo indefinido y además exclusivo, en una extraña interpretación que no coincide con la realidad del contrato que estaba vigente.

El asunto se complicó aún más cuando la noche antes de la inauguración de la sede de la nueva distribuidora, hombres desconocidos pasaron disparando contra el inmueble y dañaron las instalaciones y algunos automotores que se encontraban allí. La consecuencia de esta acción delincuencial sin duda alguna tendrá efectos en el prestigio de Guatemala, como país, y de las relaciones esperadas entre las compañías internacionales con empresas guatemaltecas.

Desde el punto de vista jurídico, es muy problemático que ocurra este tipo de atentados cuando hay una disputa de tipo mercantil en los tribunales, aun y cuando existan resoluciones jurisdiccionales cuyo análisis técnico y ético llevan a la posibilidad de que hayan sido obtenidas de manera irregular y, sobre todo, negociadas con uno de los grupos comerciales en contienda.

La idea de recurrir a jueces que no tienen jurisprudencia geográfica ni temática, para lograr amparos y otras resoluciones legales, constituye un peligro real y latente para el ordenamiento jurídico nacional. Induce al caos y constituye una macabra burla, que por ello es inaceptable y, sobre todo, rechazable.

Ahí es donde es obligatorio que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intervenga de manera directa. Según la forma de pensar de los consejeros legales de aquella empresa, la negativa de un juez o de una sala para dictaminar a favor de lo que alguien solicita se resuelva haciendo peticiones iguales o muy parecidas en todo el país. Con esto, además de la ya mencionada burla a la ley, se consolida la ya preocupante desconfianza a todo nivel en el sistema jurídico guatemalteco y, de manera indirecta, se afianza la creencia de que para lograr algo es necesario recurrir al dolo o al delito.

El caso comentado hoy es muy importante, porque no se circunscribe solo a una disputa entre dos empresas, sino tiene relación con el futuro mismo de las acciones judiciales válidas y correctas, como única forma de resolver los problemas legales. Por eso, la CSJ tiene en sus manos una decisión que debe tomar de manera inmediata, por su trascendencia y efectos: impedir esas maniobras, a todas luces absurdas e ilegales.