Uno de los factores causantes de mayor desprestigio para la clase política dentro de las democracias lo constituye el enriquecimiento ilícito de quienes ejercen algún tipo de cargo dentro de la administración pública o de los puestos a los que se accede por elección popular.

Si bien es un fenómeno imposible de evitar al cien por cien, la diferencia existente en esta materia entre los países desarrollados y los subdesarrollados es el monto y la generalización de los casos de hechos corruptos que, debido a la mala situación de los indicadores sociales, constituyen casos causantes de rechazo generalizado, y contribuyen a la mala imagen de la clase política —y, por extensión, de los países—.

Las democracias solidificadas por el paso de los años tienen medidas eficaces para evitar que aumenten de manera descontrolada los casos de corrupción, que se queda, en un porcentaje mayoritario, reducida a niveles bajos de la administración pública. Cuando alguien de altos puestos se ve involucrado, el escándalo mediático está no solamente garantizado, sino las consecuencias que éste trae casi siempre significan un alejamiento del funcionario.

No ocurre así en los países subdesarrollados, donde a causa de las debilidades institucionales, del ejercicio de la política partidista como forma de saqueo del erario, y de otras circunstancias más, los corruptos pueden arriesgarse a actuar porque son muy altas sus posibilidades de impunidad o de que sus castigos sean mínimos. Por esto, en muchos sectores se considera el ejercicio de la política como una licencia para cambiar de nivel económico y también para hacer alarde de los súbitos cambios de estatus de vida.

Estas consideraciones vienen al caso porque en la actualidad se habla de la ley contra el enriquecimiento ilícito, la cual parece estar amenazada por padecer de tortuguismo en el parlamento. En otros países, el simple hecho de cambios notorios de estatus, como mudarse de una zona de clase media a una de residencias de costo millonario, o realizar viajes y adquirir vehículos lujosos, por ejemplo, son razones suficientes para que se concreten investigaciones acerca del origen de los fondos que permitan comprar todo eso, así como del monto de impuestos pagados por quienes muestran ese repentino cambio.

En un país gobernado por personas que han hecho énfasis en la austeridad, la probidad y la transparencia, la falta de leyes que intenten poner límites o eliminar las lacras mencionadas en este editorial debe servir como razón principal para trabajar a fin de hacerlas realidad en el andamiaje legal del país. Cualquier atraso en este sentido debe ser visto como fuente de decepción y de molestias dentro de la ciudadanía.

El enriquecimiento ilícito de los burócratas tiene entre sus consecuencias negativas la de que muchas personas identifiquen el trabajo gubernativo como una manera de cambio en el nivel de vida. Quienes tienen un nombre que cuidar, se desmotivan, y entonces se consolida el círculo vicioso que garantiza aumentar la decepción ciudadana en la democracia.