La actual tensión entre los inquilinos de la Central de Mayoreo (Cenma) y la municipalidad capitalina es la consecuencia de no haber actuado con lógica y cordura, pero también de la tradicional posición intransigente y casi dictatorial de las autoridades ediles de la ciudad más grande de Centroamérica. Por ello, para resolverlo se necesita tomar la decisión política de facilitar las cosas, no de complicarlas, y de entender que las decisiones deben tomar en cuenta los legítimos intereses de los ciudadanos, para evitar que sean afectados innecesariamente.

Es un hecho que cuando se ejecutan obras, algunas veces hay personas afectadas. Esto no puede evitarse ni puede ser la razón para no tomar las decisiones. El Transmetro es un ejemplo: ciertamente benefició a un grueso grupo poblacional, el que utiliza el transporte público, pero fue a costa de obligar a decenas de miles de automovilistas a perder tiempo, gastar gasolina, levantarse innecesariamente temprano y, encima de todo ello, hacerlos sufrir la pérdida de valor de las casas situadas en buena parte de esa zona citadina, convertida al principio y al final del día en una verdadera tortura para los nervios de los conductores que van a sus trabajos y a dejar a sus hijos a los colegios y escuelas.

En el caso de la Cenma, los inquilinos se quejan porque el aumento al valor mensual de los locales ha sido aumentado en un 70 por ciento. De esto nadie les informó cuando aceptaron salir del mercado La Terminal, zona 4. La política del alcalde Álvaro Arzú de rehusarse a hablar siquiera con los representantes de los afectados, así como la manera como se tomó la decisión, es la causa de los bloqueos efectuados por los ocupantes de dicho mercado, cuya importancia para la ciudad es absolutamente innegable.

Los inquilinos, por su parte, arriesgaron y debilitaron su posición, al haber tomado esa medida de hecho. Hacerlo significa, en casi la totalidad de casos, perder el apoyo de la opinión pública y causarle daños económicos o molestias a miles de personas. Ciertamente, la mayoría de los capitalinos tomó conciencia del problema, pero haber logrado esto tuvo para los ocupantes de la Cenma un costo demasiado alto.

La municipalidad necesita entender que, aunque es posible defender la necesidad de aumentar en algo el precio de los locales, no se debe hacer al punto de hacer de la Cenma una entidad económicamente independiente. Es necesario un subsidio, porque esos aumentos inciden de manera directa en el precio de la comida de buena parte de la población, ya suficientemente sacrificada por los constantes aumentos, como consecuencia de las alzas en el petróleo.

Lógica y cordura deben ser utilizadas para solucionar el caso y evitar que las confrontaciones suban aún más de tono y puedan tener consecuencias inesperadas e incalculables. El asunto no se debe ver como la necesidad de lograr una victoria para la administración edil o para el ego del alcalde, sino como la urgencia de evitar la derrota para todos que significa no solucionar el problema.