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El plan para enfrentar la crisis económica nacional, bosquejado el lunes recién pasado por el ministro de Economía, Rómulo Caballeros, resulta incompleto, por haber excluido de los cuatro ejes previstos el de la seguridad, el cual es, quizá, el principal de todos ellos.

Caballeros habló de una estrategia, próxima a ser anunciada por el presidente de la República, Álvaro Colom, basada en generación de empleo, protección social, fomento de inversión pública y control de inflación. Probablemente, por el ámbito técnico de su cartera, el funcionario obvió citar que cualquier iniciativa orientada a propiciar el crecimiento económico o el desarrollo humano está condicionada a los niveles de seguridad del entorno correspondiente.

Existe unanimidad de criterio en los sectores especializados respecto de la imposibilidad de atraer inversiones o de motivar el financiamiento para nuevos emprendimientos empresariales en países con elevados índices de impunidad y delincuencia, tanto por el riesgo para los ejecutivos y los bienes de las empresas, como por el aumento de costos en vigilancia, aparte de los efectos de aquel flagelo en la productividad laboral.

El repunte del pandillerismo y del crimen organizado ha sido particularmente devastador en el último decenio. A causa de extorsiones, secuestros, robo de mercadería en bodegas y en unidades de reparto y atraco de transporte en carreteras, numerosas empresas trasladaron sus operaciones a otros países.

La inseguridad tiene un peso abrumador sobre nuestra economía, como ya lo advertía, en el año 2005, un estudio de las Naciones Unidas, que cifró para entonces su costo anual en Q17 mil 900 millones, equivalentes al 7.3 por ciento del Producto Interno Bruto.

Cuando se compara aquella abultada cifra, que sin duda ahora habrá crecido mucho más, por la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, se descubre con preocupación que es superior al presupuesto global de ministerios clave como Gobernación, Educación y Salud Pública. La delincuencia es un cáncer que aniquila todo esfuerzo de desarrollo social, porque distrae fondos que deberían emplearse en prioridades para mejorar la calidad de vida. Ese es el caso, por ejemplo, de los Q20 mil en promedio que cuesta el tratamiento de un baleado, por cuatro días, en un hospital público, en los que la principal causa de ingreso es precisamente la violencia.

La inversión privada también debe lidiar con los valladares, a menudo infranqueables, originados en la volatilidad y volubilidad de las reglas de juego, la tramitología, la exagerada burocracia y la corrupción, y ello, sumado al escenario delictivo ya señalado, coloca cuesta arriba la intención adelantada por el ministro Caballeros.

La violencia arrebata a la Nación oportunidades de todo tipo, y por eso los guatemaltecos deben exigir al Gobierno acciones inmediatas y contundentes para combatir la criminalidad. Ese derecho legítimo lo pueden canalizar, por ejemplo, en la marcha convocada con ese propósito, para el próximo sábado, por el Arzobispado Metropolitano.