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Los cambios en la cartera de Gobernación, efectuados el miércoles por el presidente Colom, pueden ser analizados desde el punto de vista de la política de seguridad del Gobierno, y desde la óptica de las condiciones y capacidades de las personas llamadas a llevar a cabo las principales actividades relacionadas con la administración pública.

Para nadie es un secreto la seriedad de la situación relacionada con la seguridad pública. La delincuencia actúa impunemente en casi el cien por cien de los casos, a lo cual contribuye la manera como actúa el sistema judicial de Guatemala, cuya crisis total queda plenamente comprobada con la forma absurda, antiprofesional y descuidada con que actúan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Como resultado de eso, es unánime el clamor popular porque las autoridades policiales actúen con efectividad y los delincuentes sean castigados como corresponde. La inseguridad ha sustituido a los problemas económicos como el tema de mayor preocupación de los guatemaltecos, para quienes salir a la calle para dirigirse a sus trabajos y regresar a sus hogares se ha convertido en una odisea causante de tensiones y de temor. El problema colateral más importante es que muchos ciudadanos empiezan a ver con esperanza la posibilidad de sustituir a los gobiernos democráticamente electos con otros que tengan un origen distinto y, por lo tanto, espurio.

En cuanto a las capacidades de los colaboradores del Gobierno, la llegada de Salvador Gándara ha causado polémica, debido a las dudas que despierta en los grupos defensores de los derechos humanos. Este funcionario tiene, entonces, la oportunidad de que tal situación cambie, como consecuencia de un trabajo realizado con energía y profesionalidad, pero al mismo tiempo, con el debido respeto a las leyes. En ese sentido, su reto principal es el de lograr la efectividad de las fuerzas puestas bajo su mando, sin que al mismo tiempo aumente el ya profundo temor ciudadano existente, por las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por tantos malos representantes de la autoridad.

Otro reto del nuevo funcionario es colaborar para que se hagan realidad disposiciones legales en casos en que no fue posible, debido a que las fuerzas de seguridad fueron manipuladas o actuaron a causa de manifiesta corrupción. En otras palabras, que actúen en apoyo de quienes han confiado en el sistema judicial, en defensa de sus legítimos intereses institucionales y personales. Este retorno a la legitimidad de las acciones del Estado ayudará no solo a los beneficiados, sino también a que empiece el indispensable proceso de recuperación de la confianza ciudadana al actual sistema.

La reestructuración de seguridad era esperada desde hace tiempo. Pero de nada sirve, si se vuelve a los oscuros métodos de tiempos pasados o se mantiene la poca efectividad en la lucha contra la delincuencia. Lograr eso es una oportunidad para que se cumpla la frase propagandística electoral de que la violencia se combate con inteligencia.