Economía

Qué es lavado de dinero: qué significa, cómo se investiga y por qué alcanza al narco y figuras políticas

Aunque suele asociarse al narcotráfico, el lavado de dinero también ha sido investigado en casos vinculados a política y corrupción pública.

Billetes de referencia utilizados para ilustrar el delito de lavado de dinero y movimientos de dinero ilícito en Guatemala.

El lavado de dinero consiste en ocultar recursos de origen ilícito para ingresarlos a la economía formal mediante cuentas, empresas o inversiones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El lavado de dinero es uno de los delitos financieros más graves perseguidos debido a que permite ocultar recursos obtenidos de manera ilícita y hacerlos parecer legales dentro de la economía formal.

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el lavado de activos representa una amenaza para los sistemas financieros y las instituciones públicas, debido a que facilita el movimiento de dinero proveniente de actividades ilícitas.

En Guatemala, la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos actualmente establece penas de entre seis y 20 años de prisión para quienes participen en este tipo de operaciones, además de multas equivalentes al valor de los bienes, instrumentos o productos vinculados al delito.

Las autoridades también pueden impulsar: decomiso de bienes, congelamiento de cuentas, embargo de propiedades, y procesos de extinción de dominio.

Actualmente, esa legislación está en el foco de la discusión pública en medio de presiones internacionales para que Guatemala fortalezca sus controles financieros y actualice una normativa considerada desfasada frente a nuevas modalidades de movimiento de dinero ilícito.

La propuesta incorpora nuevas obligaciones, controles y definiciones técnicas, incluyendo el concepto de “beneficiario final”, es decir, la persona que realmente controla o se beneficia de recursos o estructuras empresariales.

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¿Qué es el lavado de dinero?

La legislación guatemalteca indica que el delito consiste en ocultar o disfrazar el origen ilegal de recursos para introducirlos en la economía como aparentes fondos legítimos.

Generalmente, el proceso ocurre en varias etapas:

  • Ingreso del dinero al sistema financiero: las estructuras buscan introducir recursos de origen ilícito al circuito económico mediante depósitos bancarios, compra de bienes, negocios, cambio de divisas o transacciones en efectivo. En algunos casos se utilizan terceros (testaferros), es decir, personas que aparecen legalmente como dueñas de cuentas, propiedades o empresas, aunque los recursos pertenezcan realmente a otros actores.
  • Movimientos para dificultar su rastreo: después del ingreso inicial, el dinero suele pasar por múltiples transferencias, cuentas, empresas o personas con el objetivo de ocultar su procedencia. Las autoridades identifican mecanismos como transferencias fragmentadas, triangulación financiera, empresas fachada, facturación simulada y movimientos entre distintos países para dificultar el seguimiento de los fondos.
  • Posterior utilización mediante empresas, propiedades, negocios o inversiones: una vez que el dinero logra aparentar un origen legal, puede utilizarse para adquirir inmuebles, vehículos, comercios, proyectos de construcción, contratos o inversiones. En esta etapa, los recursos ya ingresan nuevamente a la economía formal con apariencia de legalidad.

Las estructuras criminales suelen utilizar:

  • cuentas bancarias,
  • empresas fachada,
  • prestanombres,
  • efectivo,
  • transferencias fragmentadas,
  • y compra de bienes.

¿Cómo se investiga?

En Guatemala, las pesquisas incluyen análisis financieros, rastreo de cuentas, revisión de movimientos bancarios y verificación del origen de recursos o propiedades.

Las investigaciones son desarrolladas principalmente por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, con apoyo de reportes de operaciones sospechosas detectadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.

Uno de los principales retos para las autoridades es que el dinero puede pasar por múltiples personas, empresas o transacciones antes de llegar a su destino final.

¿Por qué este delito también ha alcanzado a figuras políticas?

Aunque históricamente el lavado de dinero suele asociarse al narcotráfico, en Guatemala también ha aparecido en investigaciones relacionadas con corrupción pública y financiamiento político.

Relacionado al narcotráfico, entre los casos más recientes se encuentran:

  • El caso de Aler Baldomero Samayoa, capturado en México en 2025 y reclamado por Estados Unidos. Según reportes internacionales, era señalado de supervisar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero vinculadas al cartel guatemalteco Los Huistas.
  • Otro caso fue el operativo “Ventanillas Paralelas”, donde fiscales investigan una estructura señalada de mover más de Q5 mil millones mediante operaciones financieras sospechosas vinculadas a tráfico y lavado de activos.

Uno de los expedientes más emblemáticos fue el caso “Lavado y Política”, también conocido como “Chico Dólar”, en el que fiscales señalaron el uso de empresas, transferencias y testaferros para movilizar recursos de origen ilícito y ocultar su procedencia. La investigación alcanzó a exdiputados y figuras vinculadas al extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider).

  • El caso conocido como “Chico Dólar”, presentado en 2015, vinculó a una estructura señalada de mover dinero de origen ilícito con políticos del partido Lider, incluyendo señalamientos contra Édgar Barquín, Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza. La investigación hablaba de una red que habría utilizado empresas y movimientos financieros para introducir recursos al sistema bancario.
  • Investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito también alcanzaron a partidos como Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Lider. Según las pesquisas, las autoridades detectaron gastos no reportados, aportes anónimos y pagos hechos mediante terceros o empresas vinculadas a estructuras bajo investigación por lavado de dinero. No obstante, el caso de la UNE por financiamiento electoral ilícito fue cerrado en 2022 y no terminó con condenas contra Sandra Torres ni otros señalados.
  • El caso “Cooptación del Estado” expuso, según fiscales citados por el medio, un esquema de empresas de cartón y mecanismos financieros utilizados para captar fondos y mover recursos durante campañas políticas. La investigación señalaba que la estructura habría utilizado entidades pantalla y facturación de servicios difíciles de rastrear.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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