El pasado miércoles se llevó a cabo en Antigua Guatemala la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para el período 2026-2030, en medio de señalamientos de “opacidad y fraude” por parte de estudiantes universitarios, profesionales y diputados egresados de dicha casa de estudios superiores, quienes se hicieron presentes en la ciudad colonial para rechazar este proceso.

La Universidad de San Carlos juega un papel importante en el país, no solo en el ámbito académico, al ser la única universidad pública, sino también a nivel político, como es el caso de las comisiones de postulación para fiscal general, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), contralor general de Cuentas, así como para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones.

Además, cuenta con representación en espacios importantes para la toma de decisiones, como la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), el ente rector del Banco de Guatemala para la política económica nacional, así como el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, entre otros.

De esa cuenta, el nivel de influencia y poder que ejerce la Usac se ha vuelto atractivo para distintos grupos, según afirman expertos consultados acerca de las implicaciones que conlleva la reelección de Walter Mazariegos al frente de la universidad estatal.

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Nueva influencia política

A criterio del politólogo Renzo Rosal, con la forma “fraudulenta” en la que Mazariegos vuelve a ser electo como rector de la Usac, se abre una serie de escenarios para distintos actores, como los que buscan mantener el control en distintas entidades, como es el caso del Ministerio Público (MP), donde afirma que esta reelección “da una dosis de gasolina” a los actores que buscan mantener el control de la institución, influyendo directamente en la elección del fiscal general, que ya está por realizarse.

“Incide en los procesos que están por venir, especialmente del próximo fiscal general, porque los actores que quieren mantener la lógica de control en el Ministerio Público se sienten, hoy por hoy, con una dosis de gasolina, con una dosis de respaldo, de aliento, por la elección de Mazariegos, entonces hay una influencia también importante sobre los procesos que están por delante, especialmente MP”, afirmó.

Rosal cree que, a pesar de los recursos y las acciones legales, así como de las denuncias que puedan ser interpuestas contra el proceso, estas no prosperarán, lo cual se ve reforzado con el silencio que diversos sectores han mantenido en torno a la reelección.

Pero, más allá de la elección del próximo fiscal general, el experto considera que la reelección coloca a Mazariegos como un actor político importante y con gran influencia con miras al proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año, ya que “quedó evidenciado” que es un personaje que mueve una gran influencia y "un caudal político importante", que puede ser de beneficio para algunos sectores.

“Él —Mazariegos— se convierte ahora en un actor en el cual partidos políticos, candidatos tanto a la presidencia de la República como a otros cargos de elección popular van a buscar acercarse, o ya lo han buscado, porque saben que él tiene capital político, que él tiene capital también económico, porque todo esto que se ha realizado, ya sea con recursos públicos o de otro tipo, indica que es un actor que también está manejando capital, está manejando alianzas”, explicó.

Iniciativa de Ley

Aunado a esta situación, Rosal afirma que, además de la pérdida de credibilidad, hay otros peligros adicionales para la Usac, debido a los beneficios constitucionales con los que cuenta, como el otorgamiento de recursos públicos y la autonomía, que han sido mal utilizados e interpretados. Asimismo, ve como aspecto importante la facultad de iniciativa de ley que tiene.

“Tiene iniciativa de ley, y eso en su momento fue visto como una fortaleza, pero ahora lo veo como un riesgo, porque el nivel de incidencia que pueda tener con Mazariegos de nuevo como rector, es que se puede utilizar esa capacidad de iniciativa de ley para fines adversos, para fines antidemocráticos, para fines perversos, y no hay que olvidar otra dimensión, y es que la Universidad de San Carlos maneja una cantidad de recursos económicos”, recordó.

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Sin dimensionar el poder que ejerce

El exconstituyente Roberto Alejos afirmó que, al momento de redactar la Constitución Política de la República de 1985, los constituyentes jamás tomaron en cuenta los alcances y el poder que podría llegar a ejercer la Universidad de San Carlos, convirtiéndola en un ente utilizado por “grupos interesados en mantener la cooptación del Estado”.

“Los constituyentes jamás pensamos, jamás pasó por nuestra mente que al darle ese poder que le dimos a la academia a través de la única universidad estatal, se fuera a convertir en un ente tan poderoso política y económicamente en el país. Y entonces dentro de la cooptación del Estado de la que se habla, está incluida ahora la Universidad de San Carlos”, aseguró.

Alejos comentó que dentro de las facultades constitucionales que han sido mal utilizadas se encuentran el tema presupuestario, así como la autonomía de la que goza.

“Tiene un presupuesto como pocas o probablemente ninguna universidad en el mundo, que es un presupuesto enorme, pero además está en la Constitución, lo cual obliga a cualquier gobierno a mantenérselo, aunque sea haciendo buen o mal trabajo. Al dejarla como la única universidad estatal y darle autonomía, hay autoridades que incluso no han dejado entrar ni a la Contraloría General de Cuentas para rendir cuentas y entonces resultó que la autonomía se convirtió en un arma poderosísima para el tema de la corrupción”, resaltó.

Poder para autorizar universidades privadas

Pero no solo estos aspectos le dan poder a la Universidad de San Carlos, ya que además tiene la facultad de autorizar la apertura de universidades privadas, lo que a su vez incide en las comisiones de postulación para distintos cargos, recordó Alejos.

“Dirige y tiene a su cargo esta entidad que autoriza la apertura de universidades privadas y cada universidad tiene representantes en las comisiones de postulación y entonces esto le da un poder impresionante”, afirma.

El exconstituyente añadió que, aunado a estos aspectos, el poder de la Usac crece con la facultad de iniciativa de ley que posee y con su representación en distintos espacios de incidencia y toma de decisiones en el sector de la salud, económico, político y social, razón por la cual “hay personas interesadas en mantener estas cuotas de poder”.

Alejos recalcó que se debe hacer un análisis y un estudio legal “minucioso” para buscar una solución a esta situación que atraviesa la universidad pública.

“Yo creo que indiscutiblemente hay que encontrar una forma legal para intervenir la Universidad de San Carlos y parar con este tema, porque se está presentando un precedente funesto en la institucionalidad del país”, concluyó.

Ejecutivo no marca distancia

Sobre los señalamientos vertidos en contra del presidente Bernardo Arévalo acerca de un posible acuerdo con Walter Mazariegos para que continúe como rector de la Usac, Rosal considera que el mandatario no ha sabido responder de manera adecuada, ya que “si no tuvo nada que ver”, debió haber marcado distancia respecto de estos señalamientos.

“En cualquier caso, yo sí creo que el Ejecutivo ha tenido mucha tibieza, ha tenido una actitud muy distante, muy tibia, muy insípida, muy intrascendente ante este hecho que evidentemente afecta al país. No le afecta al gobierno tal cual, le afecta al país, especialmente por la incidencia que tiene —la Usac— y de la que abusa en muchos espacios públicos. Y esa percepción de complicidad me parece que sí es riesgosa, y no tiene sentido, porque si el Ejecutivo no dice lo contrario, va calando en la opinión pública la idea de que probablemente sí tuvo algo que ver, como aquella famosa frase ‘el que calla otorga’”, señaló.

Sobre el proceso realizado en la Usac, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), compartió el siguiente mensaje el día de la elección: "Para el presidente Bernardo Arévalo no hay un cambio de principios, sino de responsabilidades. En el 2022, en su calidad de diputado y con responsabilidad individual, expresó su preocupación por un proceso que consideraba sin los estándares de legalidad y legitimidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala".

"Hoy, como presidente de la República, le corresponde garantizar que las instituciones funcionen dentro del marco constitucional, respetando la autonomía universitaria y el debido proceso. En estos momentos le corresponde a las cortes determinar, conforme a derecho, la legalidad del proceso. El compromiso sigue siendo el mismo: la defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto a la ley", añadió.