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Fiscal General: quiénes pueden y quiénes no pueden postularse, según reglas ya aprobadas por la comisión
La comisión de postulación aprobó el perfil, requisitos e impedimentos que deberán cumplir los aspirantes a Fiscal General, quienes deberán alcanzar al menos 75 puntos para integrar la nómina que será enviada al presidente de la República.
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Los comisionados previo a declararse en sesión permanente el pasado 10 de febrero. Fotografía: Prensa Libre (Douglas Cuevas).
El presidente de la República elegirá al próximo Fiscal General que estará al frente del Ministerio Público durante los cuatro años siguientes, antes la comisión de postulación le propone un listado de seis candidatos.
Para integrar esa nómina no basta con ser abogado. Los aspirantes deberán superar un perfil con requisitos obligatorios, un listado de impedimentos y una tabla de gradación que suma hasta 100 puntos. Para ser elegibles deberán sumar al menos 75 puntos.
El perfil establece como requisitos obligatorios ser guatemalteco, abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad y estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
También es indispensable que sea mayor de 40 años contar con experiencia profesional de al menos un periodo como magistrado de Apelaciones o un Tribunal de igual categoría (5 años) o 10 años de ejercicio profesional.
¿Quiénes no pueden aspirar al cargo de fiscal general?
El puesto es incompatible con directivos de sindicatos y partidos políticos, así como con ministros de culto de cualquier religión.
La Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) establece incapacidades específicas para ser fiscal general. No pueden optar al cargo quienes hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos o destituidos de cualquier instancia de justicia. Tampoco quienes hayan sido condenados por delito doloso, aunque ya hayan cumplido la condena.
En caso de haber ocupado un puesto público se requiere la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, que se le conoce como finiquito.
Los impedimentos
La comisión también enlistó diez impedimentos para ser considerados como candidatos para el puesto de Fiscal General:
No pueden postularse quienes tengan impedimentos establecidos en leyes específicas o no logren acreditar fehacientemente la capacidad, idoneidad y honradez.
Tampoco serán considerados quienes no reúnan las calidades y requisitos básicos; hayan ejercido cargos públicos o como administradores de bienes del Estado y no tengan finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Se excluirá también a quienes hayan renunciado a la nacionalidad guatemalteca; que no gocen de sus derechos civiles y políticos; hayan recibido sentencia condenatoria por diversos delitos y no transcurran al menos cinco años; junto a sentencias por de acción pública, no son considerados.
No pueden aspirar quienes sean considerados ebrios consuetudinarios o toxicómanos, ni quienes hayan sido declarados en quiebra según lo establece el perfil aprobado por la comisión.
Cualidades éticas
Los comisionados consideran que la ética es indispensable para dirigir el MP. Según su criterio, esa cualidad se demuestra con una vida personal recta y un ejercicio profesional apegado a los códigos de ética, sin sanciones administrativas o gremiales.
Otro aspecto que generó debate en la comisión, es el posible conflicto de interés de los candidatos a fiscal general a partir de su desempeño como abogados litigantes. Se busca que no hayan ejercido la defensa constante o habitual de personas vinculadas con el crimen organizado, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros o contra la administración pública, adopciones irregulares, violaciones a derechos humanos, corrupción o abuso de poder. Se exceptúa a los profesionales que trabajan en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Algunos abogados que ejercer de manera libre la profesión, ya analizan amparos por considerar que es una restricción a sus derechos.
También se busca que los aspirantes estén comprometidos con el Estado de derecho, que en caso haber ejercido la función pública tengan antecedentes de independencia y que no hayan abusado de su cargo para beneficiar económicamente a familiares y amigos.
Preparación académica
La postuladora aprobó una tabla de gradación que mide los méritos académicos (28 puntos), profesionales (70) y proyección humana (2).
En cuanto a trayectoria académica, la calificación máxima es de 10 puntos para quienes acrediten doctorado en derecho penal o materias afines; mientras que un doctorado en otras ramas concede 8 puntos.
Los aspirantes que tengan una maestría en derecho penal o afines obtendrán 6 puntos; una maestría en otras ramas del derecho, 4 puntos; título de posgrado en derecho penal son 3 puntos; mientras que el título de posgrado en otras ramas del derecho son 2 puntos; al igual que las licenciaturas en materias afines.
La experiencia como docente se puntea con un máximo de 8, que se asignará a quienes comprueben haber impartido cátedra por más de cinco años en doctorados, maestrías o licenciaturas en derecho penal o afines.
El ejercicio docente en doctorados, maestrías o licenciaturas en otras ramas del derecho, por al menos cinco años, amerita 4 puntos; mientras que la docencia en unidades institucionales del sector justicia son 3 puntos.
La participación en eventos académicos y la publicación de libros en el ejercicio del derecho acumulan 4 puntos máximos cada uno; mientras que las distinciones o premios hacen dos puntos.
Ejercicio profesional
El desempeño de la abogacía en diferentes ámbitos tiene el mayor peso, 70 puntos, en la trayectoria de los aspirantes.
Se fijó 50 puntos, como máximo, por el desempeño en cargos públicos en instituciones relacionadas con el sector justicia o bien el ejercicio profesional.
Durante la discusión de la tabla de gradación, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) expuso que era necesario que no se excluyera a los jueces, ya que su rol desde los distintos juzgados cuenta como experiencia para optar al puesto.
Otros 10 puntos se asignan a quienes hayan ejercido cargos de dirección administrativa o gerencial en instituciones públicas y 5 puntos si se trata del sector privado.
Los últimos 10 puntos de este rubro se reservan para la entrevista.
Los 2 puntos restantes, por proyección humana, se sumarán para aquellos que tengan registros de participar en eventos de desarrollo social y humano por al menos dos años.
Antes de determinar el puntaje por cada mérito, la comisión fijó la línea de corte en 75 puntos, lo que significa que quienes alcancen esa nota pueden ser elegibles para integrar la nómina de seis candidatos. Actualmente, la comisión se declaró en sesión permanente porque no cumplió con la agenda de este 10 de febrero, quedando pendiente la elaboración del cv, formulario de inscripción y convocatoria para los futuros aspirantes.
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