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Postuladora a Fiscal General: ¿cuándo evalúan a Consuelo Porras y cuántos aspirantes siguen en el proceso?
A días de la votación final, quedan 22 aspirantes por evaluar entre los que figura la fiscal general Consuelo Porras, mientras que las acciones legales rodean a la postuladora.
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La fiscal general, Consuelo Porras, reacciona a su llegada ante la Comisión de Postulación el 9 de abril del 2026 durante la fase de entrevistas. (Foto Prensa Libre: EFE)
Según el orden del listado oficial, Consuelo Porras —quien busca su reelección para un tercer mandato como jefe del Ministerio Público— figura en el grupo que la comisión de postulación prevé evaluar el próximo jueves 16 de abril.
La revisión del expediente de Porras se desarrollará en medio de un proceso que avanza bajo tensión jurídica debido a amparos y una denuncia que cuestionan la forma en que se pondera la experiencia profesional de los aspirantes.
La Comisión de Postulación inició su trabajo desde febrero y en la fase de evaluación en curso surgieron nuevas impugnaciones y tensiones internas.
Esta etapa del proceso continuará este jueves 16. De los 48 aspirantes que deben ser evaluados, 26 ya han sido calificados, por lo que 22 expedientes aún deben someterse a la ponderación de méritos, entre estos el de la actual fiscal general.
La comisión tiene programado continuar con la depuración en la sesión prevista para mañana a las 9:00 horas, en la que se espera que Porras sea la segunda candidata en ser evaluada.
Del grupo ya evaluado, únicamente cinco aspirantes han superado el mínimo de 75 puntos para optar a integrar la nómina final de seis candidatos, cuya votación está prevista para este viernes 17 de abril.
Los que han alcanzado el puntaje son: Brenda Muñoz Sánchez (90.86), Gabriel García (86.21), José Manuel Quinto (79), Néctor de León (79.69) y Henry Elías Wilson (76.85).
Lea más detalles: Cinco aspirantes marcan ventaja en evaluación para fiscal general del MP
Posturas enfrentadas
La evaluación de Porras se da en medio de un contraste directo de posturas.
Por un lado, la fiscal defendió su continuidad ante la comisión durante la fase de entrevistas y aseguró que está preparada para seguir en el cargo, aunque no presentó un plan de trabajo formal, argumentando limitaciones de tiempo durante su intervención.
Porras afirmó que su gestión respalda su aspiración y sostuvo que confía en que las decisiones se tomarán conforme al Estado de Derecho.
En contraste, el presidente Bernardo Arévalo descartó públicamente cualquier posibilidad de que continúe al frente del Ministerio Público.
El mandatario fue enfático al señalar que “no habría ninguna posibilidad” de confirmarla para un tercer período y calificó su perfil como no idóneo para el cargo.
Además, Arévalo ha planteado que el próximo fiscal general deberá enfocarse en “rescatar” la institución.
Porras, sancionada por presunta corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, ya intentó sin éxito alcanzar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, sin que su postulación fuera conocida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, ni el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Acciones legales en curso
El proceso de evaluación ha estado marcado por acciones legales que podrían incidir en la integración final de la nómina.
La Fundación Contra el Terrorismo presentó una denuncia contra la secretaria de la postuladora, Patricia Gámez, y varios comisionados por delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violación a la Constitución.
El señalamiento central es que se estaría permitiendo participar a aspirantes que no cumplen con los requisitos, particularmente al considerar como experiencia profesional los años ejercidos como jueces, pese a que —según los denunciantes— la ley lo prohíbe.
Además, sostienen que se habría ignorado un criterio previo de la Corte de Constitucionalidad sobre este punto.
En paralelo, el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) presentó un amparo al advertir que algunos candidatos no acreditarían las dos vías constitucionales: haber sido magistrado de Sala o haber ejercido la abogacía por más de diez años.
Estas acciones mantienen en incertidumbre los criterios de evaluación justo antes de la conformación de la lista final, un proceso que analistas consideran crucial y que podría requerir claridad jurídica antes de la votación definitiva.
La discusión sobre los criterios de evaluación —impulsada por el comisionado Luis Aragón Solé, secretario suplente de la comisión y decano de derecho de Universidad San Pablo— derivó en tensiones internas e incluso él ha sido señalado en la denuncia por parte de la Fundación Contra el Terrorismo.
A pocos días de integrar la nómina final, la resolución sigue sin emitirse luego de que tres magistrados; Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera, habían solicitado a la presidenta Anabella Morfín que el pleno conozca el caso, sin que hasta ahora se haya convocado a sesión llegada las 15 horas de este miércoles 15 de abril.
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