Giammattei y Vielmann denuncian al fiscal de Ginebra Yves Bertossa por caso Sperisen

El expresidente Alejandro Giammattei y el exministro de Gobernación Carlos Vielmann denunciaron al fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, quien acusa a Erwin Sperisen por matanza de reos en Pavón.

César Pérez Marroquín y AGENCIA AFP

3 de septiembre de 2024

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18:56h

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Erwin Sperisen, exdirector de la PNC, es juzgado en Ginebra por la muerte de varios reos en la cárcel de Pavón . (Foto Prensa Libre: EFE)

El expresidente Alejandro Giammattei y el exministro de Gobernación Carlos Vielmann denunciaron al fiscal de Ginebra, Suiza, Yves Bertossa, quien acusa al exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, por la muerte de varios reos en la cárcel de Pavón durante la Operación Pavo Real en 2006, según infirmó el medio SWI en su página web.

Las acciones legales emprendidas por Giammattei y Vielmann, quienes se desempeñaron como director del Sistema Penitenciario (SP) y ministro de Gobernación, respectivamente, durante el gobierno de Óscar Berger -2004-2008-, son porque consideran que el fiscal Bertossa ha incurrido en calumnia y difamación en el caso en el que se juzga a Sperisen.

El exjefe policial compareció el pasado lunes por cuarta vez ante la justicia de Ginebra por haber participado en ejecuciones extrajudiciales, después de que viera anuladas sus anteriores condenas.

Sperisen, que tiene nacionalidad suiza y guatemalteca, ha sido condenado tres veces por los tribunales de Ginebra desde 2014.

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Pero este martes trascendió que Giammattei y Vielmann presentaron una denuncia penal contra el fiscal Bertossa, por lo que su abogado, Dominic Nellen, envió una carta a los medios de comunicación el domingo pasado explicando el motivo de las acciones penales, según describe SWI.

“En el proceso penal contra Erwin Sperisen, el fiscal principal se refiere repetidamente a ellos como miembros de una organización criminal, a pesar de que han sido absueltos por varios tribunales, también en Europa. Con ello, el fiscal socava deliberadamente el honor del presidente Giammattei y del ministro Vielmann”, escribió el abogado de los demandantes, Dominic Nellen, en la carta a los medios.

De acuerdo con la publicación, la denuncia penal fue presentada el 29 de agosto pasado, días antes de que empezara en Ginebra el cuarto proceso contra Sperisen, quien es acusado de complicidad en la muerte de un policía durante un operativo en Pavón en 2006.

Detalles del caso contra Sperisen

Nacido en 1970, fue director de la PNC de Guatemala, de donde salió en 2007 para radicarse en Suiza, en la casa de su padre, que era embajador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

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Fue detenido en 2012 en Ginebra en la calle mientras compraba con su esposa. Al final de un largo proceso legal, la justicia del cantón de esa ciudad lo condenó en 2018 a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006 durante una operación para retomar el control de la cárcel de Pavón.

El Tribunal Federal -la máxima instancia judicial suiza- confirmó la sentencia en 2019, pero terminó anulándola en 2023, tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a Suiza por falta de imparcialidad de un juez de Ginebra.

En su decisión, el Tribunal Federal pidió a la Cámara Penal de Apelación y Revisión del cantón de Ginebra que reanudara la investigación.

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Vielmann fue ministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger del 2004 al 2007 y fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber creado un cuerpo paramilitar que mató a siete presos la cárcel de Pavón en 2006.

Por este caso, Vielmann fue absuelto por el Tribunal Español de Sentencia, sin embargo, en Guatemala todavía se sigue dicho proceso. Actualmente, el exministro está arraigado y tuvo que pagar Q1 millón para salir de prisión.

El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann habla ante la llamada comisión de la verdad del Congreso de la República e inicia diciendo: "Les diré por qué la Cicig es un proyecto fallido" – @prensa_libre pic.twitter.com/I9PnK1QrlC

— Mariajosé España (@mespana_pl) October 24, 2019

Durante poco más de una hora, Vielmann denunció los vicios, que a decir de él, existe en su proceso. “Mis derechos humanos fueron violados consistentemente” dijo en varias ocasiones.

Vielmann agregó que la Cicig se extralimitó de sus funciones, promovió doble persecusión penal en su contra, utilizó testigos falso y, en caso de Francisco DallAnesse (excomisionado de la Cicig), usurpó funciones ya que se hacía pasar por personal de las Naciones Unidas.

“Cicig tiene una fijación perversa en mi contra, al extremo  de querer involucrarme en procesos penales a como de lugar a pesar de no existir elementos suficientes… ahora por presiones de la Cicig y en  compañía de la Feci  me quieren imponer un delito como tortura”, dijo el exfuncionario.

Vielmann agregó que debido a las “constantes violaciones de derechos humanos” en su contra buscó a la comisionada de las Naciones Unidas de los DDHH, Michelle Bachelet, para exponerle su caso, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.

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El diputado Luis Hernández Azmitia pidió que se haga una solicitud formal a través de la Cancillería para conocer cómo la Cicig utilizó los fondos otorgados por la comunidad internacional.

Además agregó que presentaron una iniciativa de ley para regular los testigos protegidos.

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En mayo de 2019 la jueza Domínguez benefició con una fianza de Q1 millón al exministro.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo decretó sin lugar las apelaciones presentadas por la defensa. Junto a Vielmann, continuarán ligados a proceso el ex subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco y los expolicías Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcas de Paz.

La jueza Domínguez ligó a proceso a los sindicados y los envió a prisión preventiva en noviembre del 2018.

En mayo último, Domínguez resolvió beneficiar a Vielmann con una fianza de Q1 millón para salir de prisión tras estar seis meses y siete días detenido en la base militar Mariscal Zavala.

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Antecedentes

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), los acusados habrían participado de una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

En el 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel “El Infiernito”. Las autoridades del Ministerio de Gobernación pusieron entonces en marcha el llamado Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos.

Se cree que dicha estructura criminal habría ejecutado a los detenidos y algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas.

Por este caso continúa prófugo el ex viceministro de Gobernación y mano derecha del ministro Enrique Degenhart, Kamilo Rivera.

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El exfuncionario queda con arraigo, obligación de firmar un libro de asistencia del Ministerio Público cada 15 días y la prohibición de acercarse al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, así como de comunicarse con los demás procesados. La jueza le fijó la fianza de Q1 millón para salir de la cárcel.

Mientras tanto, el proceso sigue por el delito de tortura.

La Cámara de Industria de Guatemala expresó su satisfacción por lo resuelto por Domínguez.

“Aunque tardía, es una muestra de que siempre ha existido la mejor voluntad de aclarar los hechos de un tema que ya fue juzgado, sin riesgo de fuga ni peligro de obstaculización de la justicia”, afirma un comunicado.

“Hacemos un llamado -agrega- a las autoridades del sistema de justicia a hacer un uso correcto de la prisión preventiva y a no abusar de la misma, como se ha realizado durante los últimos años, según lo ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Seis meses en prisión

El exfuncionario estuvo en la prisión de la base militar Mariscal Zavala durante seis meses y siete días debido al avance de una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el asesinato de dos reos y un hondureño, y la tortura de cuatro reos en 2005.

La audiencia de revisión de medidas de coerción estaba estancada debido a que Vielmann había impugnado de Domínguez de dejarlo en prisión preventiva cuando fue detenido el 29 de octubre de 2018.

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La investigación establece ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

El nombre del caso recuerda 2005 cuando se fugaron 19 reos de la cárcel de máxima seguridad “El Infiernito”, en Escuintla. Las autoridades de Gobernación pusieron en marcha el Plan Gavilán para recapturar a los prófugos.

Según el MP y la Cicig, la estructura criminal utilizó la infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados.

“La jueza resolvió conforme a Derecho. La fianza es alta, pero vamos a hacer el esfuerzo de ponerla lo antes posible y cumplir con todas las restricciones que la señora jueza otorgó”, dijo Vielmann en la sala de audiencias.

En cuanto a la audiencia de etapa intermedia Vielmann mencionó que “no ha sido un proceso fácil”.

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Las muertes investigadas

Según el MP y la Cicig, grupos armados ilegales de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron a los reos que habían sido recapturados. La investigación revela el asesinato de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

En ese sentido, los expolicías y exjefes policiales arrestados, Stu Velásco Crispín, Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcaz de Paz fueron ligados por ejecución extrajudicial.

Torturas

Algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas, según la acusación. Estos fueron Marco Tulio López y López y Luis Humberto Arana Sarceño, ambos el  23 de octubre 2005; Julio Oswaldo García Palacios, el 19 de noviembre de 2006; e Isaías López Castillo 25 de octubre de 2005.

Por este caso continúa prófugo el exviceministro de Gobernación, Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad.  Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005. Hasta ahora no ha sido detenido ni se ha presentado al juzgado.

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El sociólogo es conviviente de Lucrecia Hernández Mack, quien fue ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y declaró que conoce al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, por motivos académicos.

El fiscal Carlos de León propuso a Vela para que realice un informe de la situación social y política del país relacionado con la violencia, los derechos humanos, los crímenes y las torturas entre los años 2000 a 2007.

El informe lo deberá entregar en un sobre sellado a la judicatura que dirige Claudette Domínguez el 26 de febrero próximo, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) finalice la investigación del caso por el asesinato de dos reos y un hondureño, además, la supuesta tortura de cuatro reos que se habían escapado en 2005 de la cárcel El Infiernito, en Escuintla.

Los defensores se opusieron y dudaron de la idoneidad de Vela. Incluso, recordaron un mensaje que compartió en las redes sociales el 14 de noviembre del 2018: “Carlos Vielmann ha dicho que se le acusa de los mismos hechos que fue propuesto en España pero esto es falso”.

La juzgadora se refirió a que los mensajes fueron compartidos bajo la libre expresión del pensamiento y no afectaban en el caso.

Apelación detiene revisión

Vielmann solicitó una audiencia de revisión de medida de coerción, aunque la juzgadora explicó que el año pasado interpuso una apelación por haberlo dejado en prisión preventiva y haberlo procesado por tortura.

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“Debido a que su apelación está en la sala jurisdiccional este órgano debe esperar a que se resuelva y regrese el expediente para fijar hora y fecha para la realización de la audiencia de revisión de medida de coerción”, resolvió la juzgadora.

Su abogado, Alberto Velásco, mencionó que le causaba agravio debido a que la revisión de medida de coerción se puede hacer en cualquier momento de la etapa procesal, aún así, la juzgadora lo rechazó.

#CasoInfiernito | Jueza Claudette Domínguez avala como perito al sociólogo Manolo Estuardo Vela Castañeda para realizar un informe del contexto social y político de 2000 a 2007.
Fue propuesto por el @MPguatemala. pic.twitter.com/vu8eStfEV4

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 11, 2019

El caso

El pasado 29 de octubre, Vielmann Montes, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velásco Crispín, exsubdirector de Investigación Criminal en la actual administración de Jimmy Morales; Víctor Ruiz González, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcas de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecución extrajudicial de dos reos y un hondureño en 2005.

La jueza mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

#CasoInfiernito | La revisión de medida de coerción que interpuso el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, deberá esperar dice la jueza Claudette Domínguez debido a que el año pasado el sindicado interpuso una apelación por estar procesado por tortura. pic.twitter.com/9bc9t30YH5

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 11, 2019

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“Es importante mencionar que el tipo de delito por el que fue procesado no está dentro del catálogo en donde se niega la caución. La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla”, justificó la jueza Claudette Domínguez.

“La sospecha de obstaculización a la averiguación de la verdad debe estar debidamente fundamentada. No basta el simple hecho de recibir la declaración de testigos por parte del Ministerio Público”, resolvió Domínguez.

Mientras la jueza Domínguez dictaba su resolución, Stu Velasco anotaba detalles en una hoja. En la sala de audiencias estaba su esposa Carol Rocío Gil y otros amigos y familiares.

El exjefe policial está procesado por ejecuciones extrajudiciales y tortura en el caso Infiernito, donde también fue sindicado Carlos Vielmann Montes, quien fue ministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger. El señalamiento es por el asesinato de dos reos, un ciudadano hondureño y la supuesta tortura de cuatro reos en 2005.

El abogado Otto Marroquín recordó que Stu Velasco fue detenido el 28 de octubre del 2018 en una gasolinera cerca de su casa y no se opuso. Ese día estaba junto con su esposa Gil. Además, explicó que ya no forma parte de la PNC y recordó que fue destituido por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, el 28 de febrero de 2017.

“Me ofrezco como garante”, mencionó el abogado Marroquín.

La jueza le otorgó arresto domiciliario sin vigilancia policial en su residencia en San Martin Jilotepeque, Chimaltenango. Cada 15 días debe firmar el libro de control del MP.

El fiscal Carlos de León se opuso a la libertad condicional a favor de Stu Velasco. “Las circunstancias primitivas del caso no han variado desde que fue procesado”, mencionó.

“El cargo que tuvo fue de comisario policial y podría afectar directamente la investigación”, añadió el fiscal De León.

Discrepancia a favor de Stu

Durante la audiencia, el defensor Marroquín solicitó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) escuche la declaración de cuatro testigos de Stu Velásco.

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Se trata de Nery Ramos, exdirector de la PNC; Rony Espinoza, exdirector adjunto de la PNC; Miguel Ángel Soto e Ilena de Soto.

El fiscal Carlos de León explicó que ya había citado a los testigos el 25 de enero pasado aunque estuvieron ausentes.

La juzgadora le ordenó al representante del Ministerio Público (MP) que fije fecha para escuchar los relatos de los testigos de Stu Velásco. También debe establecer la relación de subordinado que mantuvo con Vielmann.

En el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, comparece el expolicía Suhairam Stu Velasco Crispín.
Hará una petición por el #CasoInfiernito, donde está procesado por ejecuciones extrajudiciales y tortura. pic.twitter.com/zpHhKVsWJn

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 8, 2019

Investigación

El pasado 29 de octubre, Vielmann Montes, exministro de Gobernación durante el gobierno de Berger; Velásco Crispín, exsubdirector de Investigación Criminal en la actual administración de Jimmy Morales; Ruiz González, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Guarcas de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecución extrajudicial de dos reos y un hondureño en 2005.

La jueza mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

El MP tiene hasta el 26 de febrero del 2019 para finalizar la investigación y remitirla al Juzgado de Mayor Riesgo A. Después la jueza Domínguez fijará una fecha para discutir la etapa intermedia.

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La Feci, que dirige Juan Francisco Sandoval, accionó con un recurso de reposición el 7 de diciembre último, cuando fueron notificados de la “sorpresiva” decisión de Domínguez.

La resolución de la jueza De León detalló: “…le asiste la razón al Ministerio Público”. También recuerda el artículo 316 del Código Procesal Penal que se refiere a la asistencia de los defensores en una investigación. La disposición de realizar las pesquisas es del MP especificó la juzgadora.

“Debe tenerse presente el ámbito de la actuación constitucionalmente otorgado al Ministerio Público que es el ejercicio de la acción penal pública, para lo cual es necesaria la investigación en la que pueda obtener la averiguación de la verdad”, según la consideración de la jueza De León.

El Ministerio Público (MP) había considerado que la decisión de Domínguez “vulnera la independencia del MP”.

El abogado Alberto Morales, quien defiende a Vielmann, informó vía telefónica que hoy fueron notificados. “Hoy fuimos notificados. Vamos a analizar la resolución de la juzgadora y ver si contra eso podríamos plantear alguna acción de amparo. Tengo que platicar con el señor Vielmann. Lo voy a visitar y ver si está de acuerdo en alguna acción de impugnación”, se refirió.

Vielmann estuvo en hospital

El abogado también informó que Vielmann estuvo internado en un hospital privado dos días debido a quebrantos de salud.

“Pedimos que lo trasladaran al hospital Nuestra Señora del Pilar debido a que sufre de presión y un problema de la rodilla derecha. Ya lo habían intervenido antes de ser detenido y debía dársele seguimiento. Supe que le hicieron unas infiltraciones de células madre para que no se le deteriore la rodilla”, dijo el abogado Morales.

Vielmann estuvo en el centro hospitalario hasta el 25 de diciembre pasado cuando fue retornado a la cárcel militar Mariscal Zavala.

La Feci debe finalizar la investigación y como plazo está el 26 de febrero del 2019 para plantear el acto conclusivo en el juzgado que dirige Domínguez.

Procesado

El 26 de noviembre pasado Domínguez procesó a Vielmann por tortura y declaró falta de mérito por ejecuciones extrajudiciales. En su resolución la jueza lo dejó en prisión preventiva y argumentó que “no existía peligro de fuga, pero podía influir en la investigación”.
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También están procesados el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) Suhairam Stu Velásco Crispín, el expolicía Axel Arnoldo Martínez Arreaza, el exsubjefe de detectives Víctor Manuel Ruiz González y el expolicía Francisco Guarcas de Paz por el delito de ejecución extrajudicial.

El caso

La investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) evidenció ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

El caso se refiere a 2005 cuando se fugaron 19 reos de la cárcel “El Infiernito”, en Escuintla. Las autoridades de Gobernación pusieron en marcha el Plan Gavilán para recapturar a los prófugos.

Según el MP y la Cicig la estructura criminal utilizó la infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados. Una vez ubicados, grupos armados ilegales de Gobernación y la PNC ejecutaban a los detenidos. Fueron ejecutados los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

Algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas, según la acusación. Los reos torturados son Marco Tulio López y López y Luis Humberto Arana Sarceño, ambos el  23 de octubre 2005; Julio Oswaldo García Palacios, el 19 de noviembre de 2006; e Isaías López Castillo 25 de octubre de 2005.

Por este caso continúa prófugo el exviceministro de Gobernación, Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad.  Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005.

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En la resolución también negó la petición que hizo Carlos Vielmann Montes, quien fue ministro de Gobernación, para dejar la cárcel y pasar la celebración de Navidad y Año Nuevo con su familia y nietos.

Domínguez avaló la petición de la defensa para que se permita la presencia de los procesados y sus abogados en “todas las diligencias de investigación”, entre las cuales están interrogatorios a testigos.

El fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, confirmó la resolución de la juzgadora y mencionó que no les ha afectado en el transcurso de las pesquisas.

Una fuente cercana al caso informó a Prensa Libre que la decisión sorpresiva de la jueza Domínguez ya fue impugnada con un recurso de reposición, planteado por la propia Feci, acción que se planteó horas después de haber sido notificados el 7 de diciembre pasado.

Como Domínguez está de vacaciones será la jueza Silvia de León, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, quien conozca el recurso de la Feci. El periodo para hacerlo es en tres días.

El Ministerio Público (MP) considera que la decisión de Domínguez “vulnera la independencia del MP”.

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El Artículo 316 del Código Procesal Penal establece que el MP podrá dar intervención a las diligencias a las partes, aunque aplica cuando se trata de reconstrucción de hechos. En cuando a la investigación es el MP quien realiza las pesquisas y la judicatura es quien tiene el control.

Procesado

El 26 de noviembre pasado Domínguez procesó a Vielmann por tortura y declaró falta de mérito por ejecuciones extrajudiciales. En su resolución la jueza lo dejó en prisión preventiva y argumentó que “no existía peligro de fuga, pero podía influir en la investigación”.

También fueron procesados el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) Suhairam Stu Velásco Crispín, el expolicía Axel Arnoldo Martínez Arreaza, el exsubjefe de detectives Víctor Manuel Ruiz González y el expolicía Francisco Guarcas de Paz por el delito de ejecución extrajudicial.

La investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) evidenció ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.

En 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel “El Infiernito”. Las autoridades del Ministerio de Gobernación pusieron entonces en marcha el llamado Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos.

La estructura criminal utilizó la infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados. Una vez ubicados, grupos armados ilegales del Ministerio de Gobernación y la PNC ejecutaban a los detenidos. Algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas, según la acusación.

La jueza mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

Por este caso continúa prófugo el exviceministro de Gobernación Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad.  Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005.

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“A criterio de esta judicatura existen indicios suficientes para que sea procesado por tortura. La acusación de la Fiscalía detalla los golpes a tres reos”, mencionó.

Pasaron siete días de indagatoria, una de ellas hastas las 24 horas, y casi un mes desde que se realizaron los operativos para que la jueza Domínguez resolviera el caso Infiernito, como se le conoce a la cárcel de Escuintla de donde escaparon 19 reos en 2005 y posteriormente el plan Gavilán, para recapturarlos.

El primer caso de tortura fue durante el interrogatorio al secuestrador Marco Tulio López y López el 23 de octubre del 2005 en la Comisaría 31 de Escuintla. “Usted fue acusado de que era hora de darle una calentadita”, recordó la jueza Domínguez. Ese día López y López fue golpeado por Vielmann en el estómago y en el pecho. El testimonio, en anticipo de prueba, forma parte de las 50 declaraciones que cuenta el caso.

Vielmann también golpeó al reo recapturado Luis Humberto Arana Sarceño en la Comisaría policial.

El reo Julio Oswaldo García Palacios fue el tercero en haber sido torturado por Vielmann, según la resolución. “Durante 40 minutos le propinó puños y patadas, se puso de pie sobre el reo Julio Oswaldo García Palacios y se puso a saltar. Esos golpes provocaron daños en tres costillas al reo que se documentaron con la atención hospitalaria. Además, fue reconocido debido a que el reo fue vocero de un sector de la cárcel El Infiernito”, explicó la jueza Domínguez.

Aparte, la argumentación de la jueza para dictar falta de mérito por ejecución extrajudicial a favor de Vielmann se centró en la doble persecución penal. El exfuncionario fue absuelto en Madrid el 15 de marzo del 2017.

Cuando Domínguez dictó la falta de mérito por el delito de ejecución extrajudicial hubo aplausos de los asistentes en la sala de audiencias La juzgadora les pidió que no interrumpieran. Entre el público estuvo estuvo el expresidente Óscar Berger (2004-2008), quien nombó a Vielmann como su ministro de Gobernación.

Al resolver las medidas de coerción, Domínguez dijo que Vielmann no representa peligro de fuga, es empresario y entregó su pasaporte y pidió ser arraigado. Sin embargo, sí existía el peligro a la averiguación de la verdad por haber dirigido el Ministerio de Gobernación.

“Una vez más se demuestra, al igual que lo hicieron al abrirme dos juicios en países distintos -Guatemala y España- que la Feci -Fiscalía Especial contra la Impunidad- y la Cicig -Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala- violan mis derechos humanos. Queda establecido lo de la sentencia de España, que los testigos de ellos -Feci y Cicig- tienen una fijación hacia mi persona”, declaró el exministro de Gobernación al terminar la audiencia.

Las ejecuciones

La jueza mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

En ese sentido, los expolicías y exjefes policiales arrestados, Stu Velásco Crispín, Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcaz de Paz fueron ligados por ejecución extrajudicial y enviados a prisión preventiva.

En cuanto al plazo de investigación, todas las partes procesales secundaron los tres meses que pidió el fiscal Carlos de León, a lo que accedió la jueza.

Domínguez manifestó que enviará un oficio a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) para garantizar la vida de los procesados en la cárcel militar Mariscal Zavala.

Posturas

El fiscal De León adelantó que apelará la decisión de la juzgadora porque sí existen suficientes indicios para procesar por ejecución extrajudicial a Vielmann Montes. “Como MP expliamos que son nuevos hechos relacionados a la fuga y posterior recaptura de reos de la cárcel El Infiernito”, dijo.

El abogado Alfredo Velasco, quien defiende a Vielmann Montes, mencionó que analizará la resolución. “Por el delito de tortura nos deja consternados. No hay un indicio que sustente el fallo. Lo único que existe son las declaraciones de las supuestas víctimas”, mencionó.

Agregó: “Los reos que estaban en la Comisaría 31 mintieron porque el señor Vielmann llegó a las 9 horas y estuvo reunido con la señora subdirectora de Presidios hasta la tarde”.

Nester Pérez, quien representa a los procesados Víctor Ruiz y Francisco Guarcas, explicó que hubo incongruencias en el señalamiento de la Fiscalía y por consiguiente iba a preparar la apelación.

“Este fallo me deja un gran compromiso a seguir trabajando por este país. En este momento no se valora la prueba. La misma jueza anotó que los testigos que han traído la Feci y la Cicig no me han reconocido”, indicó Velasco Crispín, procesado por ejecuciones extrajudiciales.

El caso

El pasado 29 de octubre, Vielmann Montes, exministro de Gobernación durante el gobierno de Berger; Velásco Crispín, exsubdirector de Investigación Criminal en la actual administración de Jimmy Morales; Ruiz González, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Guarcas de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecución extrajudicial de dos reos y un hondureño en 2005.

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El exviceministro de Gobernación Kamilo Rivera fue declarado en rebeldía y se activó una alerta en la Interpol para su captura internacional. 

El Ministerio Público (MP) recabó testimonios de expolicias, exempleados de Gobernación, particulares y convictos para sustentar la imputación en contra de los exfuncionarios, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de reos fugados de la cárcel de alta seguridad de Escuintla en 2005.

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“Consideramos que es cosa juzgada cualquier acusación que se haga en contra de Vielmann de participar en un grupo paraestatal”, afirmó Morales Velásquez.

Además, criticó que el MP no presentó nuevos indicios y que incluso los testimonios utilizados en la imputación actual fueron recogidos años atrás. Cuestionó las razones por los que estos elementos no fueron utilizados en el juicio de España.

“Una nueva prueba no es una que ya existía, que se investigó y se sabía que existía, pero no se diligenció -presentó-”, aseguró el abogado.

El próximo 26 de noviembre, la jueza Domínguez resolverá si liga a proceso penal a los cinco sindicados.

Evidencias diferenciadas

El vocero de la Cicig, Matías Ponce, aseguró que ningún reo que ha aportado su testimonio en este caso será beneficiado con medidas de reducción de pena, además, asegura que un audio donde se ofrece algún trato con un reo es una conversación grabada en 2013 y no están siendo utilizados en el actual proceso. 

Ponce también asegura que existen indicios de pruebas que corresponden al 2011 y 2012, lo que aseguran la fortaleza de la investigación.

En un comunicado difundido por la Cicig el pasado 12 de diciembre, explica que los delitos imputados ahora al exministro de Gobernación son distintos a los presentados en España, por lo que se descarta una doble persecución penal.

“Los ilícitos que están siendo señalados a partir de la audiencia celebrada el día 9 de noviembre de 2018 corresponden a hechos nuevos y  distintos a los presentados en casos anteriores; por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”, señala el documento público.

El utilizar en algunos casos testimonios de reos, según explica la Cicig, se justifica porque ellos habrían sido víctimas en algunos casos y en otros testigos presenciales de los hechos, más allá de los cargos que ahora pudieran estar enfrentando penalmente. 

“Cada uno de estos ciudadanos ha dado su testimonio con valentía y con el único propósito de colaborar con la verdad y la justicia”, agregan.

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal en la actual administración de Jimmy Morales; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2015.

El exviceministro de Gobernación Kamilo Rivera fue declarado en rebeldía y se activó una alerta en la interpol para su captura internacional. 

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“Realmente no he visto una actitud tan irresponsable como el de estas dos instituciones”, aseguró. “Los fiscales que hicieron esto, que hoy sus jefes les están zafando la alfombra como diríamos popularmente, deben recordarse que tienen 20 años de responsabilidad penal por estos actos”, agregó.

Recalcó que reconocer la legitimidad del audio y utilizar el testimonio del privado de libertad es una “contradicción absurda”.

Respalda a exministro

El exvicepresidente durante el Gobierno de Oscar Berger, Eduardo Stein, manifestó su apoyo a Vielmann y dijo sentirse extrañado por la imputación que se le hace ahora. “Yo volvería a trabajar con el señor Vielmann”, dijo.

“Es un caso con muchos indicios de manipulación de testimonios y ojala prevalezca la justicia”, aseguró.

Además, opinó que el exministro está enfrentando una doble persecución penal, pues ya fue absuelto en España.

“No soy abogado ni jurista, pero la información que uno recoge de lo que está pasando es un procedimiento donde han revivido una cosa ya juzgada, y juzgada al detalle y plenitud, cuyo resultado fue un fallo absolutorio. Entonces ¿qué es lo que está detrás de haber revivido este procedimiento?, eso es lo que no sabemos”, dijo Stein.

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En su relato, el convicto contó que la fiscalía intentó “aprovecharse de la difícil situación familiar que atravesaba”, con el fallecimiento de su madre, su padre y su hijo para ofrecerle un acuerdo.

“'Te estás quedando solo, ya nadie se preocupa por ti', me dijeron. Ofrecieron apoyarme con la pena, me dijeron que me podían proteger, que ellos sabían que mi familia no era de Guatemala y que podíamos salir del país todos”, dijo Martínez Arreaza.

El expolicía dijo que rechazó todas las ofertas.

En este sentido, explicó que los nuevos señalamientos por los que fue capturado son un intento de la fiscalía de vengarse por no haber colaborado con ellos. “Qué raro que luego que dije que no, ahora todos los testigos me señalan a mí solo porque tengo el pelo largo”, comentó.

“Yo no tengo una mente criminal, yo inicié mi carrera como salvavidas del IGSS y los fines de semana trabajaba de guardacostas. No tiene sentido que yo ejecutara personas, porque me dedicaba a rescatarlas”, dijo.

El expolicía fue sentenciado en 2013 a 25 años de prisión por su participación en la ejecución extrajudicial del reo Edwin Estuardo Santacruz. Actualmente, espera que se resuelva un recurso de casación.

Sindicado debió pedir colaboración

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), explicó que bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público (MP) ofrecería un acuerdo de colaboración eficaz a una persona. El sindicado es quien debe primero manifestar a la fiscalía su deseo de colaborar, manifestó Sandoval.

Además, aseguró que lo hechos que se le imputan a Martínez Arreaza en este caso son anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Contra la Delincuencias Organizada, por lo que sería inviable ofrecerle un acuerdo de colaboración eficaz.

Piden ligarlos a proceso

Carlos De León, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), solicitó a la jueza Domínguez que cinco exfuncionarios sean ligados a proceso penal por los delitos de ejecución extrajudicial y tortura.

Según la fiscalía, los cinco conformaron una estructura que se dedicó a ejecutar a los reos que se habían fugado de la cárcel de Alta seguridad de Escuintla en 2005.  

Pidió que Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger, sea ligado a proceso penal por el delito de ejecución extrajudicial y tortura; a Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión, por el delito de ejecución extrajudicial; a Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), por el delito de ejecución extrajudicial; Axel Martínez Arreaza, expolicia, por ejecución extrajudicial; y Francisco Guarcax de Paz, por el delito de ejecución extrajudicial.

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Un testigo del Caso Gavilán asegura que debían recapturar a los reos vivos o muertos

Aseguró que fue absuelto en España, luego de seis años de proceso penal y que en ese tiempo el Ministerio Público no pudo recabar más evidencias en su contra por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales.

Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, ofrece su declaración en el #CasoGavilán. pic.twitter.com/CuMgejiMb0

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 17, 2018

Además, manifestó su admiración a los policías que en su momento conformaron la Fuerza de Tarea Antisecuestro –formada por el asesor de gobernación Víctor Rivera–. “Ahora pareciera que quisiéramos pintarlos como unos delincuentes, estamos criminalizando a una de las fuerza de tarea más efectivas”, le dijo a la jueza.

“De haber sabido que existía alguna actuación ilegal, la hubiera denunciado”, dijo el exministro.

Actuó en ley

El exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, Stu Velasco, también ofreció su declaración ante la jueza Domínguez. Se declaró inocente y dijo que siempre ha actuado en ley.

“Nunca recibimos instrucciones directas del señor Carlos Vielmann. Nuestro trabajo era asistir a las víctimas de secuestro. Todas nuestras actuaciones fueron informadas al MP”, aseguró.

Reos testifican sobre presuntas torturas

El Ministerio Público (MP) reprodujo este viernes las declaraciones en anticipo de prueba de cuatro privados de libertad durante una nueva jornada de audiencia de primera declaración del caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura, denominado Caso Gavilán.

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Un testigo del Caso Gavilán asegura que debían recapturar a los reos vivos o muertos

Según el relato de los reclusos, los golpearon, recibieron descargas eléctricas y fueron amenazados de muerte. Dos de los privados de libertad refirieron que los agentes de policía que los torturaron recibieron órdenes de “darles una calentadita”.
“Nos golpeaban, me dieron descargas en los dedos, nos preguntaban cosas como quienes éramos, porque nos habíamos escapado y eso cualquiera lo puede entender. Nos querían matar” dijo el convicto Luis Humberto Arana.

Hugo García Palacios, alias “El gato”, contó que logró llamar a su abogado momentos antes de capturado en una colonia llamada Vista Hermosa. “Me dijeron que era una personas muy picara y que ahora ya nadie me podía tocar. Me subieron a una patrulla y me dijeron que era una lástima porque para mí tenían reservada una muerte muy especial”, se escuchar en la declaración.

#CasoGavilán | El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, aseguró que presentará su declaración a la jueza Claudette Domínguez. "No me arrepiento [de haber sido ministro]. Yo cumplí con mis obligaciones, nunca hice nada indebido. Soy un secuestrado político", dijo. pic.twitter.com/wIDfUe8lO1

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 16, 2018

Los convictos en sus relatos señalaron la participación de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación; Erwin Sperisen, exdirector de la PNC; Javier Figueroa, el exsubdirector de la PNC; y Víctor Soto Diéguez, exjefe de la Dinc, en las presuntas torturas.

Incoherencias

Vielmann aseguró que el relato de los convictos está lleno de contradicciones. Además, comentó que los hechos que narran no son consistentes en cuanto a las horas en las que presuntamente sucedieron las tortura y su presencia en el lugar.

“Nunca he mentido, nunca he actuado fuera de la ley”, dijo y añadió “uno de los reos dice que Sperisen le salta en la espalda varias veces, con 280 libras que el tenia le parte la espalda, le parte la columna y lo matan”.

Sobre su presencia en lugares en los que presuntamente se llevaron a cabo torturas, el exministro asegura que en algunos momentos se apersonó en su calidad de máxima autoridad, “Yo bajé al infiernito –Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla– como correspondía, así quedó establecido en España, no estaba fuera de la ley, fuera de lo normal, era el ministro de gobernación”, dijo,

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

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El fiscal confirmó que los testimonios de cuatro convictos, que cumplen sentencia por secuestro, son parte de la investigación. “Es normal y lógico que, si se trata de una situación que involucra una cárcel, haya privados de libertad entre los testigos. Los hechos se dieron en una prisión”, dijo el jefe de la fiscalía.

Además, la fiscalía garantiza que ninguno de los testigos recibió beneficios por colaborar con la investigación.

Hechos distintos

Ante los señalamientos de la familia del exministro Vielmann sobre una doble persecución penal, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) aseguró en un comunicado que los hechos imputados en esta acusación de ejecuciones extrajudiciales son nuevos y distintos a los presentados en procesos penales anteriores.

 
La investigación anterior correspondía a nueve ejecuciones ocurridas durante el operativo denominado Pavo Real, en la Cárcel de Pavón, y el Plan Gavilán, entre noviembre de 2015 y septiembre de 2006. Actualmente, se señala de la ejecución extrajudicial de tres reclusos y la tortura de otros cuatros entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006.

Además, la Cicig explica que los cuatro convictos que son parte de la investigación testificaron  en calidad de víctimas  de tortura.

“Los privados de libertad que han brindado su testimonio han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos”, se lee en el comunicado.

Cuestionan idoneidad

El exministro cuestionó que la Fiscalía utilice el testimonio de convictos sentenciados por asesinato y secuestro en la investigación.  “Ahora tienen delincuentes de bandas como Agosto Negro y Los Pasaco”, dijo durante la audiencia de primera declaración que inició el pasado viernes 9 de noviembre.

A través de un comunicado, la familia de Vielmann respaldó las declaraciones del sindicado y aseguró que se trata de un “secuestrado político”.

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

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La Cicig tiene en la mira a las redes sociales.

“La Cicig ya no es un ente de investigación, puede ser como era la SS en la Segunda Guerra Mundial. Arma los casos, no respeta el derecho de defensa y lo secuestra a uno políticamente. Si quiere salir libre hay que volverse colaborador eficaz”, dijo.

Declaraciones de Carlos Vielmann luego de escuchar la imputación del @MPguatemala. pic.twitter.com/1nvucEMKs4

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 9, 2018

Además, Vielmann cuestionó que la Fiscalía utiliza el testimonio de convictos sentenciados por asesinato y secuestro para sustentar la acusación en contra de los seis sindicados.  “Ahora tienen delincuentes de bandas como Agosto Negro y Los Pasaco”, dijo.   

Según Vielmann, fue drástico con los delincuentes durante su gestión en Gobernación, pero lo hizo con la ley en la mano.

Apoyo 

A través de un comunicado, la familia de Vielmann respaldó las declaraciones del sindicado y aseguró que se trata de un “secuestrado político”. 

En el comunicado difundido se consigna opiniones de personas cercanas al exministro, uno de ellos es Víctor Suárez, presidente de la Asociación Amigos del País, quien afirma que “la Cicig y el MP han fabricado, nuevamente, el caso con testigos protegidos y  falsos, de bandas  criminales  a cambio de darles su libertad”.

“Hacemos un llamado a la población para  que estén atentos, porque aquí lo que se está viendo es una persecución política a un funcionario de otro gobierno, que nos dio paz y tranquilidad a las personas por un tiempo”, agregó Víctor Suárez.

Maite Vielmann, hija de Carlos Vielmann, expresó: “Nosotros ya lidiamos esta batalla legal en España, durante siete años, mi papá fue absuelto por los hechos que hoy se le acusan, al final, los hechos son los que marcan la acusación (…) confiamos de que en un Estado de Derecho se van a respetar las leyes internacionales.  Pedimos que en Guatemala prevalezca la ley y se apegue al derecho, y que esto no sea una justicia política sino estrictamente legal”. 

El empresario Juan José Gutiérrez, amigo de Carlos Vielmann, calificó la situación como un “montaje” y aseguró que al exministro “lo secuestraron, no lo capturaron”.

El caso  

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

El exviceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, fue declarado en rebeldía y se activó una alerta en la interpol para su captura internacional.  El MP cree que pudo haber salido del país.

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Según el exfuncionario, se le señala de tortura, pero en Suiza, donde fue sentenciado a 15 años de prisión, “el Tribunal Federal me absolvió de esto diciendo que no había bases suficientes y que las pruebas presentadas desmentían lo que estas personas estaban diciendo”, en referencia a los testimonios de la investigación presentada por el MP.

“Fueron -el tribunal- muy duros al decir que estas personas -los testigos- habían mentido en sus testimonios y aún así eso es lo que están utilizando para querer justificar órdenes de captura en contra de grupos que estábamos en la Policía y en el Ministerio de Gobernación de esa época”, afirmó.

Lo que no dijeron

Según Sperisen, durante la conferencia de prensa ofrecida por el MP y la Cicig para explicar el caso denominado “Plan Gavilán”, se presentaron nuevos casos que involucran a los exfuncionarios de Gobernación, pero “no mencionaron que nosotros somos actores directos o hechores ni dada, simplemente nos quieren vincular por el hecho de que dicen que somos parte de un grupo criminal, un hecho del que ya fuimos juzgados y absueltos”.

El exdirector de la PNC recordó que él fue juzgado tres veces por estos supuestos crímenes y que en la última ocasión fue condenado a 15 años de prisión, pero por considerarlo cómplice de un subalterno – Javier Figueroa-, quien fue absuelto en Austria, por lo que hay una apelación en Suiza para revertir la condena.

“Nuevamente y lo más seguro es que lo que están haciendo es generar presión para ver que otras personas se venden o dan testimonio o se vuelven colaboradores eficaces o se vuelven testigos protegidos para ver de qué manera justifican todos los testigos falsos que han hecho durante todo este tiempo”, indicó.

Sperisen aseguró que está en su casa, a la espera de ser notificado sobre los nuevos señalamientos. “Que prueben nuevamente, no queda otra, hasta que se va a volver a aclarar como ha sucedido hasta ahora con todo lo que han querido acusarnos”.

Solicitud al presidente

En su mensaje, Sperisen pidió al presidente Jimmy Morales que “saque a la Cicig”, pero que se haga de forma pronta.
“Señor presidente, yo ya se lo dije en una oportunidad, saque a Cicig, pero no espere tanto, sáquela, mire todo el daño que está haciendo”, reiteró.

El exfuncionario dijo que la Cicig “nuevamente sigue levantando muertos y a ver que otros muertos van a querer levantar para justificarse”.

“Esta gente no se va a ir sin pegar patadas y lo está haciendo”. “Estén pendientes de esta telenovela”, fueron sus palabras finales.

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Recordó que él fue absuelto en el España por el caso de ejecución extrajudicial del caso Infiernito, donde se le encontró inocente de la acusación de haber ordenado la muerte de privados de libertad que se fugaron de esa cárcel en 2005. “De ser el mismo caso sería una doble persecución, algo ilegal”, comentó.

Afirmó que demandará a la Cicig por los abusos a los derechos humanos de los que es víctima.

“Es una persecución política y hago responsable de mi integridad personal a Iván Velásquez, a la Cicig, y la Feci. Ellos mismos, en el argumento cuando fue el juicio en España, dijeron no juzgarme en Guatemala porque ponían en riesgo y no podían dar garantías a mi vida. Yo fui absuelto en el caso Pavón e Infiernito en los tribunales españoles. Es una manipulación de la Cicig y la Feci”, declaró.

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En este sentido, Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante el actual gobierno, aseguró que su captura se debe a ser crítico de la Cicig. “Hago responsable a la Cicig, a -comisionado- Iván Velásquez y la Feci de lo que me pueda ocurrir”, dijo.

“Por no haber ido con ellos a Naciones Unidas a decir lo que ellos querían, si este es el costo, no me importa. Soy una persona objetiva, una persona veraz. Critico lo que debo criticar y aplaudo lo que debo aplaudir, no estoy en ningún bando”, comentó sin ofrecer detalles.

Tanto Vielmann como Stu Velasco, y otros detenidos hoy, Francisco Guarcax de Paz y Víctor Ruiz, quedaron en prisión provisional en Mariscal Zavala y la audiencia de primera declaración será el 9 de noviembre.

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Las órdenes de captura fueron giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez.

La jueza los envió a prisión provisional en Mariscal Zavala y programó la audiencia de primera declaración para el 9 de noviembre.

María Consuelo Porras, fiscal General, adelantó a periodistas que se trata de una investigación relacionada con el caso Infiernito y que la institución dará una conferencia de prensa a las 15.30 horas.

Vielmann dijo a su llegada a los tribunales que desconoce por qué fue arrestado.

“He estado en mis actividades personales. No he estado participando en política. Desconozco el caso”, dijo.

Vielmann vive en Guatemala luego de que fue absuelto en España por un caso de ejecución de reos durante su gestión en la cartera del Interior en el gobierno de Óscar Berger (2004-2008).

“Si se trata del caso Pavón o Infiernito es una violación más”, señaló Vielmann, quien insistió en que fue absuelto en Guatemala y España por estos casos, de los que, dijo, tuvieron inconsistencias.

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Agregó que habría comparecido ante juez si hubiera sido citado, pero hasta el momento desconoce por qué lo señalan el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en  Guatemala (Cicig), a quienes reprochó que las acusaciones en su contra han sido sin fundamento.

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A su llegada a tribunales, Velasco dijo que en su profesión de policía ha trabajado por el país. Responsabilizó del proceso en su contra al comisionado Iván Velásquez, a la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y lo atribuyó a que no accedió a ir a Naciones Unidas “a decir lo que ellos querían”.

“Si este es el costo, no me importa”. declaró.

El MP y la Cicig, por su parte, solo han confirmado operativos pero sin precisar sobre qué caso.

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Durante esta jornada también fue arrestado Víctor Ruiz, quien fue jefe de la disuelta División de Investigación Criminal (DINC) de la PNC.

Desconoce paradero

Luego de la reunión de Gabinete, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo desconocer el paradero de su viceministro Kamilo Rivera, sin embargo, aseguró que continúa en su cargo. 

De acuerdo a Degenhart, Rivera tiene tres días para presentarse a sus labores, pues así lo establece la Ley de Servicio Civil. Según el funcionario, la noticia sobre la orden de captura en contra del todavía viceministro le causó sorpresa, pero aseguró que el ministerio colabora con las diligencias, sin importar de quién se trate.

Degenhart dijo que la última vez que conversó con Rivera fue el sábado y hasta este lunes, desconoce si presentó alguna excusa para no presentarse a sus labores. 

El caso

El caso Infiernito se trató de una estructura que ejecutó extrajudicialmente a tres reos que se fugaron de la cárcel de ese nombre el 22 de octubre de 2005.

Según la investigación de MP y Cicig, esa estructura mató a Edwin Stuardo Santacruz Rodríguez, el 3 de noviembre de 2005 en Río Hondo, Zacapa; Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa, el 1 de diciembre de 2005 en la Cueva, río Los Amates, Santa Rosa.

La operación dentro de esa estructura se llamó Plan Gavilán, que utilizó la maquinaria del Estado.

El 8 de agosto de 2013, el Tribunal Primero condenó a cuatro personas por este caso y por el caso Pavo Real:

1. Víctor Soto, exjefe de la Dinc, a 33 años.
2. Víctor Ramos Molina, 25 años.
3. Axel Martínez Arreaza, 25 años.
4. Aldo Stefano Figueroa Díaz, 15 años.

Empresarios se pronuncian

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Noticia en desarrollo.

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El 30 de julio, el exministro fue absuelto por el Tribunal Supremo de España, en el caso Operación Pavo Real, en el que se le sindicaba de dirigir un escuadrón que mató a siete presos en la cárcel de Pavón en septiembre de 2005.

“Siempre supe que ese iba a ser el resultado, no había ningún sustento legal y nunca he cometido ningún delito”, dijo el exfuncionario al ser cuestionado respecto a la absolución.

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Vielmann también dijo que espera que el exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, logre a su favor una apelación que interpondrá para revertir la condena recibida en Suiza.

“Es un  hombre que tampoco ha estado involucrado, ni tampoco ha ordenado nunca nada que esté fuera de la Ley”, indicó el exministro, quien dijo que ha mantenido alguna comunicación con el exdirector.

El 25 de septiembre del 2006, se desarrolló la operación Pavo Real, que según las autoridades pretendía recuperar el control de la cárcel Pavón, la cual estaba en manos de privados de libertad. 

Días después, el entonces procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, hizo público un informe en el que indicó que los siete presos que murieron durante esa operación fueron víctimas de operaciones extrajudiciales.

El informe del PDH fue trasladado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que participó  en las investigaciones y en el 2010 se reactivó el caso. Vielmann fue capturado en España en octubre de ese año.

Este lunes, el exministro de Gobernación prefirió no referirse a la Cicig. “En lo personal no me interesa emitir ninguna opinión al respecto”, indicó.

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La sentencia contó, sin embargo, con el voto razonado de uno de sus tres magistrados.

Los dos jueces que decidieron la absolución creen que no quedó acreditado que Vielmann “tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y fallecimiento” de los presos, “más allá de los reportes que de tales acontecimientos iba recibiendo por los canales oficiales”.

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El tribunal consideró que el hecho de que Vielmann acudiera el día de la toma policial, 25 de septiembre de 2006, a supervisar el operativo no significa que estuviera enterado de la muerte de los presos más conflictivos.

“Su condición de ministro de la Gobernación en el momento de la captura de los presos evadidos o su presencia física en el centro penitenciario en el momento del operativo diseñado para la toma de control de dicho centro carece de relevancia”, señalaba la sentencia.

Estos argumentos no fueron compartidos por el magistrado discrepante, para quien el exministro podía haber sido condenado al menos por un delito de comisión por omisión.

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Contra esta sentencia habían presentado recurso tanto la acusación particular, representada por las víctimas, como la acusación popular ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Por estos mismos hechos fue condenado en Suiza a cadena perpetua Erwin Sperisen, director general de la Policía Nacional de Guatemala en la época de Vielmann, pero el Tribunal Federal, la más alta instancia judicial, anuló la pena y ordenó un nuevo juicio, por el cual Sperisen fue sentenciado a 15 años.

En Austria fue juzgado Javier Figueroa, quien fue responsable de la Subdirección de la Policía Nacional y, al igual que Vielmann, fue absuelto, mientras que en Guatemala fue condenado a 33 años de prisión Víctor Hugo Soto Dieguez, exjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía.

El exministro guatemalteco viajó a España después de lo ocurrido en la cárcel para asistir a la graduación de su hijo en Barcelona pero no volvió a su país porque, según sus abogados, no se daban las condiciones de seguridad ya que “sufría una persecución política”.

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También estimaron entonces que el régimen de aislamiento impuesto al ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala constituye un “tratamiento inhumano y degradante” y que, en consecuencia, la detención se ha vuelto “arbitraria”.

“El enjuiciamiento español de Vielman no cuestiona la condena y la responsabilidad de Sperisen, en la medida que el rol de ambos era totalmente diferente durante la operación para retomar el control de la prisión de Pavón”, en 2006, donde se perpetraron siete de los diez homicidios atribuidos a Sperisen, explicó Henri Della Casa, portavoz de la fiscalía de Ginebra.

En el Infiernito

Los otros tres fueron asesinatos de fugados de la cárcel “El Infiernito” en 2005. El Tribunal Federal agrega ahora que “mantener en detención (a Sperisen) reposa en índices de culpabilidad suficientes” y que existe “riesgo de fuga” si se lo liberadurante el trámite de la sentencia definitiva. En ese sentido, el Tribunal considera que dada la complejidad del caso -que requiere el análisis de abundante documentación, incluyendo textos en español-, no se han violado los principios de celeridad y proporcionalidad.

En la condena contra Sperisen, la corte de Ginebra consideró creíbles las pruebas aportadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida por Naciones Unidas y el gobierno del país centroamericano y recogió las conclusiones del entonces Relator Especial de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, Philippe Alston, quien denunció en 2007 operaciones de “limpieza social” en Guatemala.

En un video compartido en la red social Twitter, se observa el momento en que Vielmann sale de un pasillo luego de bajar del avión.

El exministro estuvo al frente de Gobernación del 2004 al 2007. Los señalamientos que le fueron formulados son por la muerte de ocho reos en 2006.

Vielmann fue absuelto el 15 de marzo pasado por la Audiencia Nacional Española, luego de que la fiscalía había solicitado una pena de 40 años de prisión y una indemnización de 300 mil euros por cada reo.

Durante el juicio Vielmann siempre negó la responsabilidad en los hechos que le atribuían por la denominada operación “Pavo Real”.

El que fuera ministro del presidente Óscar Berger estaba acusado de aprobar la ejecución de un preso fugado del penal El Infiernito, en noviembre de 2005, y la de otros siete en la cárcel de Pavón, en una vasta operación efectuada por fuerzas policiales el 25 de septiembre de 2006.

Esperisen posee, además de la guatemalteca, la nacionalidad suiza, y por ello fue juzgado en este país, que no extradita a sus nacionales y puede juzgarlos por crímenes cometidos en el extranjero.
 
Los hechos por los cuales han debido enfrentar tribunales europeos estos tres altos cargos guatemaltecos se refieren a los homicidios de siete detenidos en la cárcel de Pavón, cerca de la capital, en 2006, y de otros tres prisioneros que se evadieron del penal El Infiernito, en 2005.

La corte de Ginebra consideró creíbles las pruebas contra Sperisen, aportadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), constituida por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, y recogió las conclusiones del entonces Relator Especial de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, Philippe Alston, quien en 2007 presentó un informe donde denunció operaciones de “limpieza social”  en Guatemala.

Al comienzo del juicio oral, el 10 de enero, Vielmann negó cualquier responsabilidad o implicación operativa en los hechos.
 
El que fuera ministro del presidente Óscar Berger estaba acusado de aprobar la ejecución de un preso fugado del penal El Infiernito, en noviembre de 2005, y la de otros siete en la cárcel de Pavón, en una vasta operación efectuada por fuerzas policiales el 25 de septiembre de 2006.
 
En el primer caso, el alto tribunal estimó que “no ha quedado acreditado que el acusado Carlos Vielmann tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte”  de ese reo, Edwin Santacruz, a manos de dos subalternos.

La condena absolutoria fue emitida por los magistrados Concepción Espejel Jorquera, presidente del tribunal; y Juan Pablo González González, quienes votaron a favor; mientras que José Ricardo de Prada Solaesa se pronunció en contra.

La Audiencia señala que tampoco pudo acreditarse que Vielmann “participase en la ejecución de los reclusos, ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia”.
 
Y añade que la relación de “dependencia jerárquica”  no implica “en sí misma que el superior ordene, autorice, o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo”  por sus subalternos.
 
La acusación particular planteó la tesis de que los hechos fueran considerados como un delito de lesa humanidad.

El magistrado De Prada argumenta que el análisis efectuado es incompleto y que elude múltiples indicios relevantes, que de haber sido tenidos en cuenta hubieran impedido llegar a la conclusión que se determinó.

Vielmann: al final se hizo justicia

Luego de haber sido notificado, Vielmann se refirió acerca de la resolución

El exministro dijo que no le extraña el voto de De la Prada y que desconoce si se planteará apelación por parte del fiscal.

“Yo me puedo ir a Guatemala si así lo deseo. Esto es un tema que tiene dos aristas, uno personal y otro judicial. Se piensa que la justicia debe ser pronta, y en este tema llevamos siete años. Al final se hizo justicia”, aseguró Vielmann.

“Nunca hubo una investigación, lo que se manejó fue una hipótesis que bien pudo haber sido una novela policiaca”, añadió.

“Han sido momentos muy difíciles. Esto nos ha servido para fortalecernos como familia y para conocer a los verdaderos amigos, quienes no nos abandonaron en el camino”.

Apelarán sentencia

El abogado de los familiares de las víctimas y activistas que impulsaron la acusación popular, Manuel Ollé, dijo que “si Vielmann no daba las órdenes, él como responsable pudo impedir que se les ejecutara, se puso voluntariamente en una situación de ceguera para no ver nada”.  

“En el plenario hubo elementos más que suficientes para probar la culpabilidad”, dijo Ollé, que prepara ya un recurso de la sentencia ante el Tribunal Supremo. Se desconoce si el fiscal, que representaba la acusación pública del Estado, también la recurrirá.  

La fiscalía acusaba al exministro de diseñar con altos cargos de la policía nacional y funcionarios del sistema penitenciario dos planes para asesinar sin juicio previo a un prisionero fugado de la cárcel de alta seguridad, conocida como el Infiernito, en 2005.

Juicio contra exministro Carlos Vielmann comienza en enero en España por supuesta ejecución extrajudicial de 10 reos https://t.co/bxQdIELbU9 pic.twitter.com/LufXWPLI6u

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 13, 2016

Además, se le señalaba de las ejecuciones de otros siete que se amotinaron en la granja de rehabilitación Pavón, en el 2006, y otros dos reos del Infiernito.

Por los mismos hechos de Pavón, el por entonces jefe de la policía, Erwin Sperisen, fue condenado a cadena perpetua en Suiza, un país del que también posee la nacionalidad.

El subdirector de policía, Javier Figueroa, fue a su vez absuelto en 2013 en Austria.

Se defiende

En el último día del debate, la defensa del exministro presentó su alegato final, el cual estuvo basado en desmentir y valorar las declaraciones de los testigos que llevó la Fiscalía, y para esto el abogado de Vielmman, Alfonso Trallero, utilizó argumentos contra la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).

El abogado cuestionó que la Cicig acompañe a todos sus testigos en las declaraciones y aseguró que “no los deja solos para que no pierdan de vista lo que tienen que decir”.

También afirmó el abogado  que “la Cicig busca testigos dispuestos a contar lo que les parezca”.

Trallero aseguró que el planteamiento de la Cicig y la Fiscalía es el de una “conspiración a nivel nacional”, y esto no pudo haber ocurrido porque también habrían estado involucrados el entonces presidente de la República, Óscar Berger, e incluso el comisionado presidencial para los Derechos Humanos en ese momento, Frank La Rue.

El martes pasado, la Fiscalía, que pide una condena de 160 años  contra Vielmann, planteó que este es “responsable por omisión” de las diez muertes; es decir, por no haber hecho nada para evitar que los reos fueran asesinados.

Manuel Ollé, abogado de la acusación particular por el asesinato del reo Mario Misael Castillo, dijo que Vielmann cometió un crimen contra la humanidad porque atribuye el asesinato de 10 reclusos a   una estrategia de institución.

• Foto panorámica del edificio de la Audiencia Nacional en Madrid, España.

El abogado que representa a las víctimas, Manuel Ollé, destacó en el juicio que el objetivo de Vielmann eran “los presos incómodos”, que eran asesinados “como un animal o como si fueran mercancía” .
 
“No sé si se va a poder probar que hubo una orden expresa o tácita de Vielmann a sus superiores para que se produjera eso”, reconoció Ollé, pero defendió que no es necesaria tal prueba porque se le puede declarar responsable “por haber incumplido su obligación de evitar los delitos” .
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Vielmann, dijo, “permaneció impasible”  durante la toma a la cárcel de Pavón, a donde acudió en persona para supervisar la operación encabezando el centro de mando.
 
En las primeras jornadas del juicio, Vielmann, que tiene nacionalidad española desde 2009, negó haber ordenado el asesinato de los presos.
 
Dijo que en 2010 viajó a España para asistir con su esposa a la graduación de un máster de su hijo en Barcelona y que no volvió a Guatemala al considerar con sus abogados que no se daban las condiciones de seguridad judicial ni personal ya que “sufría una persecución política” .
 
La vista proseguirá mañana con la exposición de las conclusiones por parte de la defensa de Vielmann y con su turno de última palabra, tras lo que quedará previsiblemente visto para sentencia.

Lo ha dicho en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional española, en el que el exministro de Gobernación Carlos Roberto Vielmann se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 160 años de prisión por autorizar y supervisar la “creación de una estructura criminal clandestina compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad”, que presuntamente asesinó a los ocho presos.

A preguntas del abogado que representa a familiares de víctimas sobre si se interesó por las muertes en los dos años que le quedaron de mandato presidencial, ha contestado: “Alguna explicación pedí y se me informa de que hubo un enfrentamiento”, y dejó el tema en manos de la Procuraduría guatemalteca, que “para eso estaba”.

Aunque ha lamentado las muertes de los reos, Berger aseguró que el asalto policial fue “un hecho valiente aplaudido por la prensa y por la población de Guatemala” y del que se sienten “muy orgullosos” por haber aceptado el “reto” de solucionar la situación que se vivía en la cárcel de Pavón.

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Según el expresidente guatemalteco -amigo de infancia del exministro Vielmann- era “importantísimo oxigenar el sistema carcelario del país” y en concreto en esa cárcel había algunos internos que contaban con “muchísimos” privilegios y que llegaron a tener “chalés, 'jacuzzis' y centros de juego”.

Él, como todos los ministros de su gabinete, estaban al tanto -según su relato- del asalto policial que se iba a llevar a cabo la noche del 25 de septiembre de 2006 y en todo momento Vielmann, que tiene nacionalidad española, le informó sobre lo que iba ocurriendo en el penal hasta que él mismo se personó allí al día siguiente.

Fue entonces cuando le informaron de que en la “toma y rescate de Pavón” habían muerto siete presos como consecuencia de un enfrentamiento armado con los agentes.

Pero no tuvo conocimiento, ha proseguido, de que interviniesen personas encapuchadas ajenas a la Policía -como han declarado varios testigos a lo largo del juicio-, ya que “eran las fuerzas combinadas las que participaron, el Ejército y la Policía Nacional”.

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El expresidente también ha negado que conociese un supuesto aumento de las ejecuciones extrajudiciales durante su mandato -del 2004 al 2008- ni de ninguna “limpieza social”, algo que nunca habría autorizado: “No tuve conocimiento ni hubiésemos permitido que eso pasara. No es nuestro estilo ni nuestra forma de ser”.          
     
Hoy también ha declarado el exdirector de seguridad del sistema penitenciario guatemalteco Luis Alfredo Linares, quien ha ubicado al exministro Vielmann en el centro penitenciario en el momento de los hechos y ha dicho que le oyó ordenar: “Decid a los muchachos que se apuren porque el Ministerio Público va a entrar”.

Ha dicho también que cuando le trasladó a su superior, el coronel García Frech, que en la cárcel estaban “matando a la gente” -entre ellos a un preso bastante conocido en el presidio, Jorge Estuardo Batres- él le tranquilizó y le dijo: “Usted no se preocupe, Batres tenía que morir. Esto lo saben todas las autoridades, lo sabe el ministro y lo sabe el presidente y el Ministerio Público”.

Según el agente, los presos murieron como consecuencia de disparos efectuados a corta distancia, algo que contradice la versión que el Ministerio Público (MP), emitió durante 2005 y 2006, que defendía que las muertes se produjeron a causa de un enfrentamiento de los reos con las autoridades.

Algo que no es probable para el testigo, quien citó en concreto el caso de un preso que murió en una casa dentro del penal de Pavón, donde únicamente había disparos en las ventanas y no en el resto de la fachada.

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“Las posibilidades de que sea un enfrentamiento armado es una entre un millón. Es el resultado de un tiro al blanco. Todos los cristales están rotos en el mismo lugar -en el centro- (…) Yo no conozco a nadie que de lejos pueda tener esa puntería”, reveló el investigador.

Según el testigo, en el asalto policial a la cárcel de Pavón participaron -junto a agentes de la Policía Nacional Civil- algunos “encapuchados” que no pertenecían al cuerpo y el informe oficial de las autoridades guatemaltecas acerca de lo ocurrido allí, tenía “alguna incongruencia”.

“Uno de los fallecidos aparecía lejos del fusil con el que presuntamente había disparado, que estaba muy bien apoyado en la pared”, dijo.

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Exige  justicia

Después del agente declaró Jacqueline Orellana, la viuda de uno de los presos fallecidos en Pavón, que, según su versión, su marido le dijo la última vez que hablaron: “Está aquí la policía y están disparando”.

Ella y la madre de otro fallecido en Pavón -que también declaró- han pedido al tribunal “que se haga justicia” y han manifestado que se enteraron acerca de la muerte de sus familiares por los medios y que ninguna autoridad guatemalteca les dio explicaciones al respecto.

El juicio contra Vielmann, que tiene nacionalidad española desde 2009, y fue ministro entre 2004 a 2007, proseguirá este martes en Madrid, con la declaración de Óscar Berger, quien fuera presidente de Guatemala cuando Vielmann estaba al frente del Ministerio de la Gobernación.

La fiscalía acusa al exministro de diseñar con altos cargos de la policía nacional y funcionarios del sistema penitenciario dos planes para asesinar sin juicio previo a un prisionero fugado de la cárcel de alta seguridad conocida como “El Infiernito” en 2005, y a siete más que se amotinaron en la granja modelo de rehabilitación conocida como “El Pavón” en 2006.

Además, la acusación popular, representada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y la ejercida de forma particular por dos familias, acusan a Vielmann de estar implicado en la muerte de otros dos reos de “El Infiernito”.

“Yo en temas operativos no he participado, aquí se ha dicho mucha cosa que no era cierta” se defendió Vielmann ante las preguntas del fiscal sobre su supervisión del “Plan Gavilán”, que se ejecutó en octubre de 2005 para la recaptura de 19 reclusos fugados de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, conocida como “El Infiernito”.

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Los 40 años de prisión solicitados por la fiscalía suponían la pena máxima que permitía la legislación española en el momento de los hechos, indicó el fiscal en su escrito de acusación, aunque una reforma posterior en la normativa penal española habilitó penas de prisión permanente revisable.

La fiscalía responsabiliza a Vielmann, como máximo responsable de este plan, de la muerte de un reo a manos de cargos operativos de la policía y funcionarios de penitenciarías que luego alteraron la escena del crimen para escenificar un tiroteo durante la supuesta huida de uno de los reos. Otros dos de los fugados también aparecieron muertos.

Por otros hechos

En otro caso separado, en septiembre de 2006, siete prisioneros de la granja modelo de rehabilitación “El Pavón”, fueron abatidos durante una operación para recuperar el control del recinto penal que fue bautizado oficialmente como “Pavo Real”.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, las ejecuciones extrajudiciales se realizaron a sangre fría tras seleccionar al grupo de víctimas de una lista elaborada por el grupo que dirigía Vielmann.

“Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, he tenido éxito empresarial,” dijo Vielmann al fiscal en la vista del martes. “Yo mi nombre no lo iba a manchar por permitir la muerte de reclusos”. Vielmann ha dicho públicamente que los prisioneros murieron cuando se resistieron a la acción de los policías.

A lo largo de 12 sesiones hasta finales de febrero, el juicio tiene previsto que testifiquen el expresidente Óscar Berger, que lo hará por vía de teleconferencia desde Guatemala, así como familiares de las víctimas y otras personas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó 160 años de prisión e inhabilitación, 20 por cada uno de los ocho asesinatos que la acusación pública vincula a la gestión del exministro. El código penal español limita el cumplimiento a un máximo de 40 años.

El fiscal también pide que Vielmann indemnice a cada una de las familias de las víctimas con €300 mil –US$318 mil-.

Otros implicados

Una comisión respaldada por Naciones Unidas que trabaja para acabar con la impunidad criminal, la corrupción y el fin de los grupos de seguridad ilegales inició la denuncia en contra de Carlos Vielmann y algunos de sus colaboradores.

A raíz de la querella de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un tribunal suizo condenó en 2015 a cadena perpetua al que fuera el director de la Policía Nacional Civil en 2007, Erwin Sperisen, por la muerte de los siete reos del Penal Pavón. Sperisen fijó su residencia en Suiza en 2008.

El ex subdirector general de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Javier Figueroa, fue absuelto en octubre de 2013 de su participación en los hechos por un tribunal de Austria, donde se había fugado.

Vielmann fue detenido en Madrid en octubre de 2010 y quedó libre bajo fianza poco después. Guatemala solicitó la extradición del exministro en 2012, pero la Corte Constitucional no ejecutó la petición, por lo que la Audiencia Nacional española procedió a su encausamiento.

La Audiencia Nacional juzgará a partir de ese día  a Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, acusado de autorizar y supervisar entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006 la ejecución de ocho presos que se amotinaron o intentaron la fuga en dos cárceles del país centroamericano.

La Fiscalía pedirá para Vielmann 160 años de prisión, 20 años por cada uno de los asesinatos, además de la inhabilitación absoluta con el límite de cumplimiento de 40 años.

Asimismo, el exministro deberá indemnizar en 300 mil euros (unos Q2.4 millones) a los familiares de cada uno de los fallecidos.

La vista oral que celebrará la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y que está señalado hasta el próximo 22 de febrero, tendrá lugar casi tres años después de que la Sección Cuarta confirmase el procesamiento del exministro.

En noviembre de 2013, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de este órgano judicial Javier Gómez Bermúdez decidió sentar en el banquillo a Vielmann al considerarlo autor de la creación de una “estructura criminal parapolicial” y “un cuerpo clandestino del seguridad dentro del propio Ministerio de Gobernación”, equivalente al de Interior, para “ejecutar extrajudicialmente” a los reclusos.

Por su parte, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicaron en su auto que existen indicios de la participación de Vielmann “en la cadena de hechos que determinaron el fallecimiento, en trágicas circunstancias del fugado de la cárcel conocida como 'El Infiernito' y de los siete penados que aparecieron muertos después del asalto a la cárcel de Pavón”.

Decisión 

El escrito del Ministerio Público relata que Vielmann, de nacionalidad española desde 2009, diseñó el denominado plan Gavilán para la “búsqueda y recaptura” de 19 reclusos fugados en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito'. Según apunta el fiscal –y así lo recogió en su auto Bermúdez–, el exministro y sus subordinados decidieron que tras la captura de los fugados, éstos no sería entregados a las autoridades penitenciarias, como estipulaba el 'plan Gavilán, sino que serían puestos a disposición del equipo policial para “matarlos”.

En esta operación, el 3 de noviembre detuvieron en una vivienda, a la cuál se accedió sin orden judicial –recuerda el escrito de la Fiscalía– al prófugo Edwin Santacruz Rodríguez, el cuál apareció muerto.

En el mes de junio de 2006, el procesado diseñó otra operación para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes. Según el fiscal, en esta ocasión el denominado plan Pavo Real tenía un objetivo “paralelo y oculto: causar la muerte a los reos que lideraban la población privada de libertad”.

Este plan, que se puso en marcha el 25 de septiembre de ese mismo año, fue presentado al entonces presidente de la República, Óscar Berger, quien “dio su autorización a la realización del asalto con el objetivo oficial de recuperar la gestión del centro”, dice el fiscal. En esta operación murieron siete personas.

En los dos casos Vielmann dio la versión oficial de que los prófugos trataban de huir y murieron tras un enfrentamiento armado con la policía. En el caso de la víctima de 'El Infiernito', se publicó un vídeo en el que se informa de que el prófugo viajaba en el vehículo, en el que apareció muerto, debido a un enfrentamiento con armas de fuego con la policía.

En cuanto a los prófugos del 'Pavón', también se difundió otro vídeo en el que se reconstruyeron las imágenes tomadas en el lugar de los hechos de la operación, “ocultando los hechos acaecidos”, señala el escrito de la Fiscalía, pues se alteró la escena del crimen colocando a los ejecutados con granadas de mano y un fusil para simular que murieron en otra reyerta con la policía.

El exministro guatemalteco fue detenido el 13 de octubre de 2010 en Madrid aunque quedó libre el 23 de noviembre después de que la Corte de Constitucionalidad no ejecutara la petición de extradición que había formulado.

En 2014 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó un recurso de Vielmann contra su procesamiento aduciendo que existían indicios de la participación del exministro “en la cadena de hechos que determinaron el fallecimiento, en trágicas circunstancias, de los tres fugados de la cárcel conocida por El Infiernito y de los siete penados que aparecieron muertos” tras el asalto a la cárcel de Pavón.

En 2009 Vielmann se nacionalizó español logrando así evadir la justicia en Guatemala que lo acusaba de los mismos hechos y que había solicitado su extradición en 2012.

En octubre de 2013 Javier Figueroa, ex subdirector general de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, quién salió del país junto a su familia en marzo del 2007, fue absuelto en aquel país de su participación en los hechos mientras que en mayo de 2015, Erwin Sperisen, ex director de esa fuerza, fue condenado a cadena perpetua por la muerte de los siete reos del Penal Pavón por un tribunal de Ginebra, Suiza, adonde había huido.

The Associated Press intentó comunicarse con Vielmann y su familia así como con el abogado que lo representa, pero rehusaron hacer declaraciones.

Con información de AP