Comisión de Postulación conoce pruebas de descargo de aspirantes a fiscal general

Con 40 minutos de atraso, la Comisión de Postulación conoció las pruebas de descargo de seis aspirantes a fiscal general y definió el calendario de entrevistas.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

24 de marzo de 2026

|

22:02h

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Comisionados participan en la sesión donde se conocen las pruebas de descargo de aspirantes a fiscal general y se define el calendario de entrevistas. (Foto Prensa Libre: Javier Gónzález)

La Comisión de Postulación avanzó este martes 24 de marzo en el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) al desvanecer todas las impugnaciones presentadas contra seis aspirantes y admitir sus pruebas de descargo.

La aspirante con más objeciones fue la actual fiscal general, Consuelo Porras, contra quien se habían presentado cinco impugnaciones. Sin embargo, todas fueron rechazadas tras los argumentos expuestos por su defensa.

Entre los señalamientos figuraba el supuesto plagio de su tesis doctoral. La defensa argumentó que únicamente el autor afectado tendría legitimidad para denunciar, por lo que la comisión desestimó la impugnación. En este punto, el decano Luis Ruano, de la Universidad Mariano Gálvez, se abstuvo de votar por alusión a esa casa de estudios.

También se cuestionó su idoneidad para el cargo, lo cual fue rechazado luego de que se señalara que esta ya había sido respaldada en los dos períodos en los que ha sido electa. En cuanto a las sanciones internacionales en su contra, la comisión aceptó el argumento de que no son vinculantes y, por tanto, no constituyen un impedimento legal.

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Respecto a otros aspirantes, los comisionados desvanecieron impugnaciones al considerar que algunos señalamientos se basaban en procesos judiciales sin sentencia firme, por lo que no correspondía tomar decisiones en esta etapa.

En el caso de Henry Alejandro Elías Wilson, señalado por su presunta vinculación con el caso Comisiones Paralelas, se indicó que fue absuelto y que un antejuicio en su contra fue rechazado, por lo que no tiene impedimentos para continuar en el proceso.

Otros aspirantes cuestionados fueron Walter Brenner Vásquez, Marco Antonio Cortez Sis, José Quinto Martínez y Carlos Humberto Rivera Carrillo, quienes también presentaron pruebas de descargo que fueron admitidas.

Como parte del avance del proceso, con 15 votos la comisión aprobó la metodología para entrevistar a los postulantes.

Las entrevistas se realizarán del lunes 6 al jueves 10 de abril. El primer día serán evaluados 13 aspirantes, mientras que en las siguientes jornadas se entrevistará a 12 por día.

Cada postulante dispondrá de 30 minutos: cinco minutos para presentar su plan de trabajo y tres minutos para responder cada pregunta. Las jornadas comenzarán a las 9 horas.

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Elección de fiscal general: concluye recepción de pruebas de descargo; seis aspirantes cumplen plazos

Seis aspirantes a fiscal general, entre ellos Consuelo Porras, entregaron sus pruebas de descargo ante la Comisión de Postulación.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

23 de marzo de 2026

|

21:52h

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La Comisión de Postulación para fiscal del MP durante una de sus reuniones. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La fase de recepción de pruebas de descargo en el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) concluyó este lunes 23 de marzo, con la entrega de la documentación requerida a seis de los 49 profesionales que recibieron señalamientos.

A lo largo de la jornada de recepción de pruebas de descargo, solo cuatro aspirantes se apresuraron a entregar la documentación; sin embargo, la actual jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, lo hizo hasta este lunes, y la entrega estuvo a cargo de una mandataria.

Además, este lunes también presentó sus pruebas de descargo el aspirante Walter Brenner Vásquez Gómez.

Carlos Humberto Rivera Carrillo, Henry Alejandro Elías Wilson, José Manuel Quinto Martínez y Marco Antino Cortez Sis son los otros aspirantes que entregaron sus pruebas de descargo.

Para este martes 24 de marzo se espera que los 49 postulantes acudan a la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial (OJ) para realizarse las pruebas psicométricas.

La Comisión de Postulación tiene la tarea de integrar la nómina de seis candidatos a fiscal general, que enviará al Ejecutivo el 17 de abril.

Bajo observación internacional

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala instó este viernes a las autoridades a garantizar una “valoración objetiva” de la trayectoria judicial en el actual proceso de elección del próximo fiscal general para el período 2026-2030.

El pronunciamiento surge tras la presentación de un recurso de amparo que pretende excluir a aspirantes que han desempeñado funciones en la administración de justicia como jueces o magistrados porque, según se argumenta, el desempeño de cargos judiciales no equivale al ejercicio de la profesión de abogado, un requisito indispensable según la Constitución Política.

Ante esto, la misión del organismo regional subrayó en un comunicado que la función jurisdiccional constituye una “manifestación especializada, continua y pública del ejercicio jurídico”.

Asimismo, la Misión Especial de la OEA advirtió que aplicar interpretaciones “excesivamente restrictivas y formalistas” podría limitar de forma irrazonable la participación de jueces y magistrados en una etapa crucial para la democracia guatemalteca.

El proceso de selección y nombramiento del nuevo fiscal general, que sustituirá a Consuelo Porras —actual jefa del Ministerio Público—, cuya gestión ha sido señalada por actores externos debido a sanciones por supuesta corrupción, se desarrolla bajo una intensa vigilancia internacional.

La Comisión de Postulación, instalada en febrero pasado, tiene la tarea de entregar una nómina de seis candidatos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien deberá realizar el nombramiento final antes del 16 de mayo.

La OEA reiteró que el análisis de los requisitos debe basarse en criterios “claros, objetivos y previsibles”, con el fin de resguardar la certeza jurídica y la estabilidad institucional.

El organismo enfatizó que cualquier decisión de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, sobre los amparos vigentes debe fortalecer la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.

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OEA pide criterios objetivos en elección del fiscal general y advierte riesgos para la democracia

La OEA pidió aplicar criterios objetivos en la elección del fiscal general y advirtió que interpretaciones restrictivas podrían excluir a jueces y magistrados del proceso.

ACAN-EFE

20 de marzo de 2026

|

15:33h

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Comisión de postulación para elegir la nómina de seis candidatos al cargo de fiscal general del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala instó este viernes 20 de marzo a las autoridades a garantizar una “valoración objetiva” de la trayectoria judicial en el proceso de elección del próximo fiscal general para el período 2026-2030.

El pronunciamiento surge tras la promoción de un recurso de amparo que pretende excluir a aspirantes que han desempeñado funciones en la administración de justicia como jueces o magistrados, porque, según se argumenta, el desempeño de cargos judiciales no equivale al ejercicio de la profesión de abogado, requisito indispensable según la Constitución Política.

Ante esto, la misión del organismo regional subrayó en un comunicado que la función jurisdiccional constituye una “manifestación especializada, continua y pública del ejercicio jurídico”.

Asimismo, la Misión Especial de la OEA advirtió que aplicar interpretaciones “excesivamente restrictivas y formalistas” podría limitar de forma irrazonable la participación de jueces y magistrados en una etapa crucial para la democracia guatemalteca.

El proceso de selección y nombramiento del nuevo fiscal general, quien sustituirá a Consuelo Porras —actual jefa del Ministerio Público (MP), cuya gestión ha sido señalada por actores externos debido a sanciones por supuesta corrupción—, se desarrolla bajo una intensa vigilancia internacional.

La Comisión de Postulación, instalada en febrero pasado, tiene la tarea de entregar una nómina de seis candidatos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien deberá efectuar el nombramiento final antes del 16 de mayo.

La OEA reiteró que el análisis de los requisitos debe basarse en criterios “claros, objetivos y previsibles”, con el fin de resguardar la certeza jurídica y la estabilidad institucional.

El organismo enfatizó que cualquier decisión de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, sobre los amparos vigentes debe fortalecer la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.

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Comisión de Postulación registra 54 objeciones contra candidatos a fiscal general; Consuelo Porras acumula 33

La Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público recibió 54 señalamientos contra aspirantes que participan en el proceso de selección, 33 son en contra de Consuelo Porras.

César Pérez Marroquín y Andrea Domínguez

12 de marzo de 2026

|

18:35h

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Ciudadanos presentan tachas contra aspirantes a fiscal general ante la Comisión de Postulación, que analiza los impedimentos dentro del proceso de selección. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La Comisión de Postulación recibió 54 señalamientos contra aspirantes a fiscal general, de los cuales 33 fueron presentados contra la actual jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, quien concentra la mayor cantidad de objeciones dentro del proceso de selección, según datos de la organización Guatemala Visible.

Los señalamientos fueron recibidos durante los tres días habilitados para que ciudadanos, organizaciones o instituciones presentaran impedimentos contra los candidatos.

En total, 18 aspirantes registran objeciones. Sin embargo, la mayor parte se concentra en Porras, quien acumula más de la mitad de los señalamientos presentados ante la Comisión de Postulación.

Según los registros del proceso, durante el primer día de recepción se presentaron tres señalamientos, de los cuales dos fueron contra Porras y uno contra Marco Antonio Cortez Sis.

En el segundo día, la Comisión recibió 21 señalamientos contra 13 aspirantes, entre ellos siete contra Porras.

Durante el tercer y último día, se registraron 30 señalamientos contra siete aspirantes, de los cuales 24 fueron dirigidos nuevamente contra la actual fiscal general.

Los cuestionamientos planteados contra Porras incluyen presuntas irregularidades relacionadas con adopciones ilegales, acusaciones sobre su tesis señalada de plagio, despidos de personal dentro del Ministerio Público y el supuesto uso indebido de la Ley contra el Femicidio, entre otros aspectos planteados por distintos sectores.

Las objeciones forman parte del proceso de evaluación que realiza la Comisión de Postulación para determinar la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.

La Comisión tiene previsto reunirse para revisar los señalamientos recibidos y verificar si alguno de los candidatos incumple los requisitos establecidos para continuar en el proceso de selección.

Según el cronograma oficial, posteriormente se abrirá un período para que los aspirantes objetados presenten pruebas de descargo antes de que la Comisión integre la nómina final de candidatos que será enviada al Ejecutivo.

Primer día de recepción de impedimentos

Segundo día de recepción de señalamientos

Tercer día de recepción de señalamientos

Resumen general

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Comisión de Postulación abre recepción de impugnaciones contra 49 aspirantes a fiscal general

Comisión de Postulación para fiscal general detalla fechas para presentar impugnaciones contra aspirantes.

Óscar García

9 de marzo de 2026

|

08:49h

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La Comisión de Postulación para fiscal del MP durante una de sus reuniones. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP) publicó este lunes 9 de marzo, en el Diario de Centro América, el listado de los profesionales incluidos en la nómina de participantes en el proceso de selección, en virtud de que reunieron los requisitos previstos en la ley y exigidos en la convocatoria.

De acuerdo con la postuladora, la presente publicación se efectuó para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento lo haga saber por escrito a esta Comisión, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 14, 16 y 17 de las normas internas de la postuladora.

Las impugnaciones deberán presentarse del martes 10 al jueves 12 de marzo, en horario de 8 a 15.30 horas, en el módulo de recepción de documentos de la Comisión habilitado en el primer piso del Palacio de Justicia, en la 21 calle 7-70, zona 1, Centro Cívico, ciudad de Guatemala.

Además, se convoca a las y los postulantes para que se presenten a efectuar la prueba psicométrica el martes 24 de marzo en la sede de la Escuela de Estudios Judiciales, en el lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16, a partir de las 9 horas.

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La entrevista pública se llevará a cabo del lunes 6 al jueves 9 de abril en la sede de la Comisión de Postulación —Sala de Vistas del edificio Palacio de Justicia—, a partir de las 10 horas, de conformidad con la programación que será notificada al correo electrónico del aspirante.

De acuerdo con el listado publicado, 49 aspirantes continúan en el proceso para optar al cargo de fiscal general, puesto que actualmente ocupa Consuelo Porras, quien se postuló con la intención de un nuevo período.

La elección del nuevo fiscal general y jefe del MP queda en manos del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien deberá elegir al nuevo funcionario entre una lista de seis candidatos que elaborará la Comisión de Postulación.

Para leer más: Fiscal General: quiénes pueden y quiénes no pueden postularse, según reglas ya aprobadas por la comisión

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Primeros amparos llegan a la CC y abren contienda legal en la renovación de fiscal general

Una de las acciones busca modificar la tabla de gradación que excluye a los abogados jóvenes; otro quiere dejar fuera de la contienda a jueces de carrera.

Douglas Cuevas y Paula Carranza

25 de febrero de 2026

|

14:38h

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La presidenta de CSJ y tres decanos buscaron excluir del proceso al ministro de Gobernación por la supuesta ausencia de una firma. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

El proceso de renovación de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) entró en una contienda legal. Abogados presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) los primeros amparos contra decisiones de la comisión de postulación que nominará seis candidatos para relevar a Consuelo Porras.

Analistas ya advertían que las elecciones de segundo grado estarían rodeadas de recursos legales. Las dudas en el proceso de selección de candidatos para fiscal general motivan las recientes acciones legales.

Entre sus primeras acciones, la comisión de postulación formuló la tabla de gradación, el instrumento que asigna un puntaje a los méritos académicos profesionales y de proyección humana de cada postulante. También se verificó que cada uno de los expedientes de los 59 aspirantes reuniera los requisitos de la convocatoria. Luego de ese ejercicio, 11 están temporalmente descartados y 48 continúan el proceso.

La forma en que calificará los méritos de los aspirantes y sus calidades para optar a ser candidatos a fiscal general ha despertado los primeros señalamientos que escalaron hasta la CC.

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La tabla de gradación asigna 28 puntos a los méritos académicos: hasta 10 puntos por los grados académicos alcanzados; 8 por el ejercicio docente; 4 por la participación en eventos académicos; 4 por publicaciones académicas; y 2 por los méritos o distinciones obtenidas.

La calificación máxima para méritos profesionales es de 70 puntos. Conforme a los años de experiencia, cada aspirante puede sumar hasta 50 puntos; si el aspirante ha ejercido cargos en dirección administrativa, pública o privada, se les conceden 10 puntos; y otros 10 puntos por su participación en una entrevista ante la comisión de postulación. Quedan los últimos 2 puntos para valorar la ética y la proyección humana.  

La comisión acordó que solo podrán ser considerados para la nómina los aspirantes que alcancen al menos 75 puntos.

Excluye abogados jóvenes

Algunos abogados y la organización Impunity Watch cuestionan la distribución de los 50 puntos que la tabla asigna para los méritos profesionales, porque consideran que deja fuera de la contienda a los aspirantes más jóvenes, ya que el cómputo de puntos arranca a partir de los 10 años de ejercicio.

Hasta después de haber cumplido una década de experiencia se asignan dos puntos por cada año de ejercicio, que beneficia a perfiles con mayor tiempo de ejercicio profesional, según el análisis de Edgar Ortiz, abogado experto en temas constitucionales que presentó uno de los amparos.  

“El asunto es la nota de corte y la tabla de grabación. Si ustedes ven la tabla verán que 50 puntos de los 100 están asignados a los años de ejercicio y el resto a otros méritos. De tal forma que, si un aspirante saca la nota completa en todos los asuntos de la tabla, pero tiene menos de 24 años de colegiación, está automáticamente eliminado”, explicó el abogado.

El amparo busca que se suspenda la asignación de puntos en los años de ejercicio profesional y la línea de corte de 75 puntos. “Lo que pedimos no es ni retrasar el proceso ni suspenderlo ni retrotraerlo, nada. La comisión puede y debe seguir trabajando con el cronograma que tiene y lo que pedimos no interrumpe de ninguna forma el flujo de trabajo”, añadió Ortiz.

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La forma en que quedó distribuida la asignación de puntos, a criterio del abogado, violenta el derecho de igualdad; pudieron caer incluso en una discriminación por edad; junto a los artículos 216 y 251 de la Constitucional, lo que haría que la tabla sea inconstitucional.

De los 59 aspirantes originales, antes de la primera exclusión, solo 12 tenían más de 60 años, con posibilidad de llegar a una calificación alta en experiencia profesional.

La Comisión de Postulación del @MPguatemala no cambió la tabla de gradación como sugirió un grupo de comisionados tras advertir qué solo los mayores de 60 años podrían optar a notas altas por la calificación a los años de ejercicio. De 59 aspirantes solo 12 superan los 60 años. pic.twitter.com/3Jz80czCkK

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 23, 2026

En ese rango se encuentran Néctor Guilebaldo de León; Julio Rivera Clavería; María Consuelo Porras; Nicolás Cuxil; Marco Antonio Cortéz; Eliseo Quiñonez; Carlos Rivera; Zoila Morales; Ronalth Ochaeta; Brenda Dery, entre otros.

Contra jueces

En la selección de aspirantes a fiscal general se encuentra el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Funcionario que llegó al Ejecutivo por una licencia otorgada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por ser un juez de carrera.

La acción presentada por el abogado Edgar Guillermo Sánchez Girón busca dejar fuera del proceso a cualquier juez, notario o funcionario administrativo que no tenga en su experiencia, al menos, 10 años de ejercicio como abogado.

“No basta ser abogado y tener 10 años de colegiación, pues la norma en cuestión, establece como requisito haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años, con la cual se excluye a aquellos profesionales de derecho, aunque tengan más de 10 años de graduación”, apunta su escrito.

En la solicitud concreta que hace el abogado Sánchez Girón es que se le ordene a la comisión de postulación de fiscal general excluir a todos aquellos que no han sido abogados, por al menos, una década.

Durante la revisión de expedientes la continuidad de Villeda fue cuestionada por la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, quien también es la presidenta de la CSJ.

Paredes argumentó que el formulario no estaba firmado, pero al revisar el expediente se aclaraba que si se contaba con el documento firmado, pese a eso ella junto a los comisionados de Universidad de Occidente; Universidad Panamericana y Universidad Da Vinci buscaron dejarlo fuera.   

Frenar elección

Las dudas sobre la tabla de gradación motivaron un tercer amparo, promovido por el abogado Erick Castillo, en contra de la comisión de postulación y del presidente Bernardo Arévalo.

El abogado busca que la postuladora modifique la forma de evaluar la experiencia profesional de los aspirantes y que el presidente se abstenga de elegir hasta que se hayan resuelto las dudas alrededor de la tabla de gradación.

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“Con esta tabla de gradación se fijaron límites y se está impidiendo que los mejores perfiles pueden optar al cargo de fiscal general”, justificó el abogado que se suma a las críticas a la tabla de gradación.

Castillo añadió: “Se está limitando el derecho para mantener en el poder a funcionarios públicos que obviamente ya han estado en ese ejercicio, pero le están limitando el derecho a otros profesionales que tienen la oportunidad de poder postularse y demostrar que también tienen esas capacidades”.

El abogado que presentó el amparo en 2022 impulsó una acción que derivó en una orden de la CC para que la Comisión de Postulación incluyera a María Consuelo Porras en la nómina de candidatos, lo que le abrió la puerta a la reelección.

La Corte acumula amparos contra la designación de magistrados de CC por el Consejo Superior Universitarios (CSU); y contra la nómina de 20 candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE); acciones que no han sido resueltas y a las que se suman las nuevas impugnaciones en el proceso de fiscal genera y jefe del MP.

¿Por qué la PDH negó constancia a Blanca Alfaro en el proceso para Fiscal General?

Dos expedientes por violaciones a derechos humanos registrados en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) impidieron que la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, obtuviera la constancia requerida para continuar en el proceso de elección de Fiscal General.

Carlos Gómez

24 de febrero de 2026

|

12:43h

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La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, (TSE), Blanca Alfaro presentó su papelería ante la Comisión de Postulación para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Douglas Cuevas).

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, quedó excluida temporalmente del proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), debido a que en su expediente no adjuntó la Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a Derechos Humanos, documento emitido por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La magistrada del TSE justificó ante la comisión de postulación la ausencia de dicho documento por medio de una declaración que adjuntó a su documentación, en la que indicó que no presentó dicha constancia, aparentemente, porque la Procuraduría de los Derechos Humanos no hacía la entrega respectiva del documento.

De esa cuenta, Patricia Gámez, secretaria de la postuladora, indicó que se debía notificar a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que “hiciera la entrega” de la constancia y así verificarla junto con el expediente.

Al realizar la consulta correspondiente a la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre las razones por las que no se le extendió la constancia a la magistrada Alfaro, se indicó lo siguiente:

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“La institución del Procurador de los Derechos Humanos no emitió la constancia que solicitó –Alfaro– porque en los registros de la PDH aparecen dos expedientes abiertos en el 2003 y resueltos en el 2004 y 2006, en donde la Procuraduría resolvió que tiene sanciones por violaciones a los Derechos Humanos cuando ejerció cargos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”.

De esa cuenta, la PDH no extendió la Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a los Derechos Humanos a la magistrada del TSE.

Las sanciones impuestas a la magistrada electoral fueron a consecuencia de dos denuncias interpuestas en el 2003 por afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS), de Quetzaltenango, cuando Alfaro fungió como gerente de la institución.

Dichas sanciones constan en los siguientes expedientes:

Expediente QUET. 06-2003/DS.

Resolución:

Se declara: I. Violación del derecho humano a la seguridad social, por ser insuficiente el servicio que se les brinda a los afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social del departamento de Quetzaltenango.

Expediente QUET. 11-2003/ DI.

Resolución:

Se declara: I. La violación al derecho humano a la libertad a ser informados, de los medios de comunicación del departamento de Quetzaltenango y por consiguiente los habitantes de la República de Guatemala, quienes tienen derecho a recibir información.

Cabe recordar que Blanca Alfaro se desempeñó como gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del 2002 al 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo. Previo a ser designada como gerente del seguro social, también fungió como viceministra de Trabajo durante dicho gobierno.

¿Qué es la Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a los Derechos Humanos?

La Constancia de Carencia de Responsabilidad de Violación a Derechos Humanos es un documento emitido por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por medio del cual se certifica que una persona no tiene registro de violaciones a derechos humanos declaradas en su contra. Para ello, la PDH hace la verificación correspondiente mediante sus sistemas de gestión de antecedentes.

Dicha constancia es requerida en varios casos para todas aquellas personas interesadas en optar a cargos públicos, así como para puestos relacionados con temas de seguridad. También es un requisito para algunos trámites administrativos que requieren que el solicitante tenga un historial limpio y que no haya incurrido en casos de abuso de autoridad o violaciones a los derechos humanos, según información de la PDH.

Dentro de los requisitos que la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, ha solicitado a los aspirantes al cargo se encuentra dicha Carencia, la cual forma parte de los requisitos principales para optar al cargo.

Fiscal General: Estos son los 15 comisionados que seleccionarán seis candidatos para el presidente Arévalo

La Comisión de Postulación ha iniciado la revisión de 59 expedientes para depurar aspirantes y comenzar la conformación de la nómina de seis candidatos a Fiscal General, que enviará al Ejecutivo el 17 de abril.

Glenda Burrión

23 de febrero de 2026

|

15:36h

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La Magistrada presidente de la CSJ, los 12 decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y dos representantes del CANG integran la Comisión que definirá los seis candidatos a Fiscal General del Ministerio Público. (Foto, Prensa Libre: Javier González)

Del 23 de febrero hasta el 6 de marzo se estarán revisando y determinando los candidatos que reunirán los requisitos. El proceso de seleccionar al próximo fiscal general. Conozca quienes son los 15 comisionados que tienen a cargo de revisar, entrevistar y elegir a los 6 candidatos que enviaron al presidente Arévalo 

El proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) avanza a una nueva fase tras el cierre de recepción de expedientes el pasado 20 de febrero. Según datos oficiales, la Comisión de Postulación recibió 59 aspiraciones. 

Este 23 de febrero, la comisión retomó sesiones bajo la presidencia de la magistrada Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

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¿Cómo se integra la Comisión de Postulación? 

Con base en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Comisión de  

• La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, quien la preside.

• Los 12 decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, en este caso
  • Henry Manuel Arriaga Contreras, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
  • Julio César Cordón Aguilar, decano de la Universidad Rafael Landívar (URL).
  • Luis Antonio Ruano Castillo, decano de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (UMG).
  • Arturo Saravia Altolaguirre, decano de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).
  • Mario Raúl García Morales, decano de la Universidad Rural de Guatemala.
  • Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, decano de la Universidad del Istmo (Unis).
  • Enrique Fernando Sánchez Usera, decano de la Universidad Panamericana de Guatemala (Upana).
  • Nery Leonel Anleu Oliva, decano de la Universidad Mesoamericana de Guatemala.
  • Luis Roberto Aragón Solé, decano de la Universidad San Pablo de Guatemala.
  • José Ángel Donald Gonzáles Cuevas, decano de la Universidad de Occidente.
  • José Andrés Reyes Valenzuela, decano de la Universidad Da Vinci de Guatemala.
  • Luis Felipe Lepe Monterroso, decano de la Universidad Regional de Guatemala.
  • Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
  • Alicia del Carmen Franco Flores, presidenta del Tribunal de Honor del mismo colegio profesional.

En la siguiente se observa a los 15 comisionados encargados de seleccionar a los seis candidatos a Fiscal General del Ministerio Público. Cabe destacar que, desde el 16 de febrero, la presidencia de la CSJ la ejerce la magistrada Claudia Paredes y no Rodimiro Lucero.

Esta integración reúne representación académica y gremial para evaluar los perfiles de quienes aspiran a dirigir el Ministerio Público.

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¿Cómo se seleccionarán los seis finalistas?

Tras la recepción de los expedientes, la comisión inicia una fase de revisión técnica y legal. En este proceso:

• Revisión de los expedientes para determinar quienes cumplen o no con los requisitos exigidos (23 y 24 de febrero).

• Se excluye de manera razonada a quienes no cumplen los requisitos legales. (26 de febrero).

• Se reciben pruebas de descargo. (del 27 de febrero al 3 de marzo).

• (El 9 de marzo vence el plazo para presentar impedimentos contra postulantes ante la Comisión).

• Se da a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos; inicia el plazo para presentar impedimentos contra postulantes ante la Comisión. (9 de marzo).

• A los aspirantes que recibieron objeciones podrán presentar pruebas de descargo (del 15 al 20 de marzo).

• Realización de pruebas psicométricas a los candidatos (23 de marzo).

Posteriormente, se desarrollan las entrevistas públicas (del 6 al 9 de abril), consideradas una etapa clave. Los expedientes se califican con base en una tabla de gradación, que evalúa honorabilidad, capacidad, idoneidad y trayectoria profesional verificable (del 13 al 16 de abril).

Finalmente, el 17 de abril, los comisionados votan para integrar la nómina final de seis candidatos, que será enviada al presidente Bernardo Arévalo.

Cambios en el cronograma

Aunque inicialmente se contemplaba entregar la nómina el 20 de abril, la comisión modificó el calendario. Ahora se prevé que el 17 de abril se publique y remita la lista oficial al Organismo Ejecutivo.

La ley establece que la nómina debe enviarse al menos 15 días antes de que concluya el mandato de la actual fiscal general, cuyo cargo debe entregar el 17 de mayo.

Además, la comisión concedió audiencia a la Organización de los Estados Americanos este 23 de febrero. También programó para el 5 de marzo una audiencia con representantes de pueblos indígenas, quienes solicitaron participar en el proceso.

¿Cuándo se elegirá al próximo fiscal general de Guatemala?

La elección del próximo fiscal general de Guatemala debe realizarse a más tardar el 17 de mayo de 2026, es decir, un día después de que finalice el actual periodo de Consuelo Porras.

Esto corresponde al periodo constitucional 2026–2030, y será el presidente Bernardo Arévalo quien tendrá la responsabilidad de efectuar la designación.

Congreso busca juramentar este martes a la comisión de postulación para renovar el MP

La postuladora estaría presidida por Carlos Lucero Paz, quien desde hace tres meses ejerce la presidencia interina de la CSJ.

Douglas Cuevas

2 de febrero de 2026

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12:32h

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La Junta Directiva de Luis Contreras propuso juramentar a la postuladora. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

El pleno del Congreso busca juramentar, en la sesión plenaria de este martes 3 de febrero, a los integrantes de la comisión de postulación para la renovación de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Así lo acordó la instancia de Jefes de Bloque del Congreso, que en la agenda de sesiones para esta semana incluyó la consolidación del grupo de comisionados para la renovación del ente investigador.

El Congreso ya había convocado a la comisión, pero no había programado la juramentación de los integrantes.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lleva tres meses sin elegir presidente, ya que desde octubre no se logran los apoyos necesarios para alguno de los candidatos. Ante la falta de acuerdos en el Organismo Judicial, la presidencia recae de manera temporal en el Vocal I de la CSJ.

La ley manda que el presidente del Poder Judicial presida la postuladora del MP.

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Este puesto lo ocupa el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien es presidente en funciones de la CSJ desde el pasado 13 de octubre.

Aunque el pleno de la CSJ ha sido convocado en repetidas ocasiones, los magistrados no han propuesto candidatos, pero suenan en los pasillos del Palacio de Justicia potenciales candidatos.

Entre ellos los magistrados Luis Corado y Claudia Paniagua, quienes parecen ser los candidatos idóneos del ala dominando de la CSJ, pero hasta ahora ninguno ha sido formalmente propuesto para al menos intentar una ronda de votación.

La integración

La comisión de postulación está a cargo del presidente de la CSJ; cargo que de manera temporal ocupa el vocal I de la magistratura, debido a que no se han conseguido los nueve votos del pleno judicial para elegir formalmente presidente.

También integran esta comisión los decanos de todas las facultades de derecho de las universidades nacionales, quienes tienen voz y voto en la toma de decisiones del órgano colegiado.

Por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se ocupan dos puestos. El primero, lo ocupa Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva, y el segundo para Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor.

La sesión plenaria en la que diputados esperan juramentar a la postuladora del MP está programada para ese martes a las 14 horas.

Guatemala

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La Corte Suprema sigue sin definir presidencia a días de finalizar el año

La última sesión de pleno para abordar la elección del presidente fue el 8 de diciembre, pero concluyó, como las anteriores, sin un solo intento de votación.

Douglas Cuevas

10 de diciembre de 2025

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00:12h

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Carlos Lucero Paz, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está por cumplir dos meses sin lograr elegir a su nuevo presidente, quien debió asumir el cargo el 13 de octubre del 2025.

Desde esa fecha, el magistrado Teódulo Cifuentes dejó el cargo, pero al no haber consenso para nombrar a un sucesor, la presidencia quedó temporalmente en manos del magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien ocupa la vocalía I del pleno.

Para elegir al presidente de la CSJ se requiere el voto favorable de al menos nueve de los 13 magistrados titulares, pero hasta ahora no se han alcanzado acuerdos para concretar la designación.

En el último de los intentos por concretar la designación, realizado este 8 de diciembre semana, no se lograron los acuerdos necesarios.

En tanto, tres magistrados tienen un viaje previsto a Estados Unidos la próxima semana. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) les autorizó un permiso para asistir a una actividad en Estados Unidos del 14 a 16 de diciembre lo que inhabilitaría la celebración de plenarias en esos días.

En noviembre pasado, la ausencia de tres magistrados, por goce de vacaciones, impidió al menos una votación. Entonces, los faltantes fueron Gustavo Adolfo Morales Duarte, Clemen Vanessa Juárez Midence y Jenny Noemy Alvarado Teni. Posteriormente, se ausentó el expresidente Cifuentes.

En el 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la elección del presidente judicial solo puede celebrarse con magistrados titulares, no suplentes.

“La gente no ve que el problema de fondo es la Constitución. Se tergiversó la figura del presidente; es él quien debe modernizar la CSJ, pero cambiar esta figura cada año es algo caótico”, dijo Javier Monterroso, analista y exsecretario del Ministerio Público (MP).

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Grupo mayoritario de la CSJ bloquea sesiones para elegir a su nuevo presidente

La actual magistratura, electa para el periodo 2024-2029, comenzó sin acuerdos. En la primera sesión de pleno, en octubre del 2024, tampoco se alcanzó consenso para elegir a su presidente.

Este año, Lucero Paz asumió de forma interina la presidencia y desistió de su intento por obtener el respaldo necesario para quedarse en el cargo de manera definitiva.

Desde entonces, el control de la presidencia ha estado en manos del grupo mayoritario de magistrados, que algunos analistas vinculan con actores políticos y operadores en procesos de elección de cortes.

“En las cortes más serias se elige a un presidente para todo el periodo, o de cinco o seis años, cuando se trata de cortes con periodos largos. La fórmula de la Corte de Constitucionalidad permite rotación, pero cada magistrado tiene una agenda distinta y eso impide el desarrollo institucional”, refirió Monterroso.

Postuladora del MP

En enero del 2026, el Congreso debe convocar a la Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general, pues concluirá el segundo periodo constitucional del mandato de María Consuelo Porras.

El presidente de la CSJ asume la presidencia de la postuladora y debe hacer el llamado para las distintas sesiones de trabajo.

La ausencia de un presidente electo en la CSJ podría generar dudas sobre la legitimidad del proceso. Sin embargo, Monterroso recordó que no sería la primera vez que una postuladora para fiscal general enfrente un cambio de presidencia durante el proceso.

En 2010, la Corte de Constitucionalidad anuló todo el proceso cuando el entonces presidente Álvaro Colom ya había nombrado a un fiscal general, lo que obligó a conformar una nueva postuladora.

En ese caso, el presidente de la CSJ, Erick Álvarez, se inhibió y fue sustituido por el magistrado César Barrientos, quien más adelante cedió el cargo a Luis Archila, al ser electo presidente del órgano judicial.

Esa transición, según Monterroso, no obstaculizó el proceso, y estima que un escenario similar en el 2026 tampoco debería afectar la renovación del jefe del MP.

“No entorpecería un cambio de presidente en la postuladora. El primer momento es la elaboración del perfil, la tabla de gradación y la recepción de expedientes; todo eso lo puede hacer el presidente en funciones de la CSJ”, concluyó.

En el proceso anterior, el Congreso, presidido por el diputado Allan Rodríguez, convocó a la postuladora el 13 de enero del 2022.

Guatemala

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La CSJ entra en cuenta regresiva: se mantiene división entre bloques para elegir presidente

El grupo de cinco y el de ocho magistrados deberá llegar a acuerdos para la renovación de su presidente, quien también encabezará la postuladora de fiscal general.

Douglas Cuevas

23 de junio de 2025

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00:05h

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Los magistrados del grupo de ocho, y el presidente en funciones de la CSJ, tras ganar la primera presidencia de la CSJ el 16 de noviembre de 2024. Fotografía: Prensa Libre.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sostendrá un nuevo pulso dentro de cuatro meses cuando deberán elegir al segundo presidente de la magistratura. El relevo debe ocurrir antes del 13 de octubre y las condiciones apuntan a que la Corte mantiene la correlación de fuerzas que se marcó desde que tomaron posesión, a finales de 2024.

Un grupo se integra por cinco magistrados y otro por ocho funcionarios judiciales. Ninguno cuenta con la mayoría necesaria para elegir presidente, ya que para tomar esta decisión requiere al menos nueve votos a favor.

La división al interior de la actual CSJ quedó expuesta cuando los magistrados no alcanzaron los acuerdos necesarios para elegir a su primer presidente.

Incluso fue necesario que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgara un amparo provisional para establecer una fecha límite para la elección. Tan solo horas antes de vencer el plazo, el acuerdo favoreció al grupo de los ocho, que logró quedarse con la presidencia tras proponer al actual presidente del Organismo Judicial (OJ), Teódulo Cifuentes.

Desde entonces, se mantiene ese balance de fuerzas en la CSJ, según apuntan algunas fuentes internas del OJ que prefieren el anonimato, junto con el análisis de expertos que desde ya visualizan una reñida segunda elección presidencial.

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Aunque las resoluciones de la actual CSJ no suelen ser públicas, las fuentes indican que, en temas de relevancia, las posiciones permanecen: ocho votos frente a cinco.

Han alcanzado algunos acuerdos en sus primeros meses de trabajo. Por ejemplo, rechazaron algunas solicitudes de antejuicio contra altos funcionarios como el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general María Consuelo Porras. Sin embargo, los documentos para validar si las decisiones del pleno fueron unánimes o por mayoría no son públicos.

Elección clave

La presidencia del OJ cambia cada año y no permite reelección. Este cargo debe renovarse cada 13 de octubre, pero si el pleno no logra un acuerdo para esa fecha, la presidencia recae temporalmente en uno de los 13 magistrados.

Este cargo lo asume el vocal I de la CSJ, que corresponde al funcionario judicial electo con la mayor cantidad de votos por el pleno del Congreso. Ese puesto lo ocupa el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien fue electo con 159 votos.

El próximo presidente de la CSJ tendrá una responsabilidad clave, a consideración de analistas, ya que este funcionario también presidirá la futura comisión de postulación para la renovación del fiscal general.

“La presidencia de la CSJ siempre es importante como cabeza del Poder Judicial, pero además será relevante porque es una silla que ocuparán en la comisión de postulación para el nuevo fiscal general”, enfatizó el abogado Edgar Ortiz, analista político independiente.

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El mandato de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP) finaliza en mayo del próximo año. La postuladora deberá entregar al presidente una lista con seis candidatos, de entre los cuales seleccionará al próximo fiscal general.

Además de encabezar esta postuladora, el presidente de la CSJ convocará a las sesiones del pleno, que en 2026 deberá elegir a un magistrado titular y a un suplente para la nueva CC.

“Yo creo que se van a multiplicar las diferencias de esta magistratura porque no solo quien se elija va a manejar recursos millonarios del OJ y tendrá un inmenso poder administrativo. Esa persona jugará un papel central en la elección del fiscal general y de un magistrado titular y un suplente para la CC”, comentó Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia.

¿Hay candidatos?

Para Andy Javalois, consultor jurídico y catedrático universitario, sería muy precipitado dar a conocer nombres de posibles candidatos, ya que, en términos políticos, las cosas son demasiado cambiantes.

“Me temería que la correlación de fuerzas que ya hemos atestiguado el año pasado no ha cambiado mayor cosa, salvo que veamos en las próximas semanas alguna situación diferente”, comentó.

No obstante, en el OJ suenan algunos nombres como potenciales candidatos: Luis Mauricio Corado Campos, Gustavo Morales Duarte y Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, los tres integrantes del grupo de ocho.

Corado Campos, según sus antecedentes, comenzó su carrera en el OJ en 2014, en la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puesto que ocupó hasta 2023.

Posteriormente fue electo presidente de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Según un informe del MP, Corado Campos habría mantenido reuniones con Gustavo Alejos en el marco de la investigación del caso Comisiones Paralelas.

Morales Duarte fue magistrado titular de la Sala Regional Mixta de Alta Verapaz y de la Junta de Disciplina Judicial del OJ. También fue asesor de la Secretaría de Asuntos Agrarios y trabajó en el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas.

El @CongresoGuate elige a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2024-2029.
Conoce a los magistrados electos.
Puedes ver sus perfiles en nuestra plataforma de monitoreo https://t.co/aVPyVrIYUx#CongresoVisible#Cortes2024#Congreso#CSJ2024… pic.twitter.com/EY38MEt6Rs

— Guatemala Visible (@guatevisible) October 3, 2024

Fue mencionado en el informe “Comisiones Paralelas: Mecanismos de cooptación de la justicia”, publicado por la Fundación Myrna Mack, por mantener, según el documento, una denuncia activa. En 2020, el MP reportó que el candidato tenía una denuncia desestimada por el delito de violación.

Contreras Valenzuela fue presidente de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo entre 2019 y 2024, y presidió la Sala Tercera Penal de 2009 a 2014.

En 2011 fue recusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que cuestionaba su objetividad para conocer una apelación contra la absolución del expresidente Alfonso Portillo.

La Fundación Sobrevivientes también lo señaló por ser abogado defensor de la empresa Proyecto de Obra Civil, S. A., que perteneció al coronel retirado Jacobo Salán Sánchez, asesor del expresidente Portillo.

Los 5 y los 8

En el grupo de cinco magistrados figura Lucero Paz, quien asumiría la presidencia de la CSJ en caso de que no se logren acuerdos.

Grupo de cinco:

1. Carlos Lucero Paz
2. René Guillermo Girón Palacios
3. Flor de María Gálvez Barrios
4. Flor de María García Villatoro
5. Estuardo Adolfo Cárdenas

Grupo de ocho:

1. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda
2. Imgaín Galicia Pimentel
3. Jenny Noemy Alvarado Teni
4. Teódulo Cifuentes Maldonado
5. Luis Corado Campos
6. Clemen Juárez Midence
7. Gustavo Morales Duarte
8. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela

Los escenarios

Dos de los tres analistas consultados coinciden en que el balance de fuerzas cinco contra ocho se mantendrá, lo que vislumbra una reñida y extensa negociación política para elegir al segundo presidente judicial.

“Las tensiones internas en la CSJ ya están al máximo. No son amigos, los 13 magistrados responden a diferentes intereses, están en constantes choques y todo apunta a que la cuota de poder que será más grande va a agravar la situación”, explica Ibarra.

La experta considera incluso que algunos grupos podrían buscar estrategias poco éticas para conseguir apoyo para su candidato predilecto.

“Se mira complicado y yo no descartaría que jueguen feo. Podríamos ver extorsiones de orden político porque lo que está en juego es algo enorme. Se va a definir, en gran medida, lo que ocurrirá en el país en los próximos cuatro o cinco años”, comentó.

Javalois no descarta que sea necesaria una nueva orden constitucional que obligue a efectuar la elección, debido a la falta de acuerdos en el pleno.

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“Se forman camarillas donde dos grupos se inclinan por una persona y no logran consensuar. Incluso se ha necesitado de un ente externo, como la CC, para que se cumpla con la elección”, señaló.

Por su parte, Ortiz visualiza un escenario donde la fuerza en el pleno podría cambiar. “Yo creo que el balance puede cambiar porque las alianzas cambian a lo largo del tiempo. Veremos si hay una nueva alianza o si se mantiene la que llevó a la actual presidencia, pero creo que podría cambiar”.

Otro escenario extremo, advierte, sería la indecisión que prolongue la elección por días o semanas, dejando la presidencia en manos del vocal I.

Ortiz es claro: esta y otras Cortes anteriores no han sido del todo independientes.

“La CSJ actual tiene un problema, como las pasadas administraciones, de independencia judicial por los acuerdos políticos que resultan de su designación. Es la gran lección que no entendemos: las Cortes han dejado de ser independientes porque están condicionadas al juego político que los lleva a su posición”, concluyó.

Actualmente, la presidencia de la CSJ recae en el denominado grupo de ocho. Para la primera presidencia, los magistrados Carlos Lucero Paz, René Girón y Flor de María García Villatoro fueron candidatos del grupo de cinco.

Algunos expertos consideran que dicho acercamiento permitirá conocer tanto el plan de trabajo que pretende desarrollar en los próximos 4 años al frente del ente investigador, además de visualizar el control de sus emociones, expresiones verbales, corporales y rasgos de personalidad que permitan reflejar si encuadran con el cargo.

El proceso de elección de fiscal general 2022-2026 ha avanzado en un 70 por ciento aproximadamente y se encuentra una de las fases que cobran más relevancia.

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Preguntas bien formuladas

La entrevista a cada aspirante a fiscal general se realiza de forma individual, lo que permite un acercamiento con quienes van a tomar la decisión sobre quienes deben integrar la nómina final y para ello es necesario “preguntas bien dirigidas” lo que permitirá conocer el control de emociones ante cualquier tipo de presión y debería tener ciertas habilidades y destrezas que “es uno de los factores que se buscarían en un buen candidato” indicó Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

Escobar considera que “ese conocimiento cara a cara con el candidato es muy importante” y refiere que la exposición de plan de trabajo demostrará que “tanto conocimiento” en el manejo de la institución, la realidad guatemalteca en tema criminal, apreciaciones sobre aspectos sociales, fenómenos criminales que más aquejan a Guatemala, la empatía con grupos vulnerables, entre otros.

La profesional hizo referencia que en los últimos años ha habido desafíos que ha enfrentado el MP “muchos cuestionables y otros aplaudidos” por ello toma relevancia conocer el plan de trabajo a desarrollar en las diferentes fiscalías y subraya que la entrevista es “una herramienta fundamental” para la postuladora porque enfrentará un reto al encontrar al perfil idóneo entre los 15 abogados y notarios.

Entregaron propuesta

En la primera semana de febrero de 2022 de forma conjunta la Universidad del Valle de Guatemala y Guatemala Visible entregaron a la Postuladora una propuesta de entrevista a realizar a los aspirantes a fiscal general 2022-2026, la cual fue recibida por la sala de trabajo, pero no ha sido discutida por los comisionados y se desconoce si la tomarán en cuenta al momento de entrevistar a los postulantes.

La misma está conformada de 24 interrogantes con las que busca indagar algunos aspectos relacionados a orientación profesional, tolerancia a la presión, administración con base de valores, pensamiento estratégico, orientación a resultados con enfoque estratégico, orientación de servicio, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación.

Además, contiene apartados que cobran relevancia como la transparencia con interrogantes relacionadas al escrutinio público; la independencia e imparcialidad la cual comprende que el actuar no se vea influenciado por vínculos o relaciones que afecten su trabajo, inclinación a partidos políticos, agrupaciones o personas.

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Conocer al aspirante

Para María José López, de Guatemala Visible la etapa en la que se encuentra el proceso de Elección de fiscal general recobra mucha importancia porque “busca conocer al aspirante más allá” y la misma se puede mejorar. Entre los aspectos básicos de los cuales se debe interrogar a los candidatos es la orientación profesional, conocer la motivación para postularse esto permitirá “eso dice mucho del aspirante, porque dará una idea de la motivación de servicio” dijo.

Además de plantear preguntar específicas, concretas y contextualizadas en el MP, esto permitirá reflejar que tema domina más, la seguridad con que responde y si conoce datos, indicó López y agregó que uno de los aspectos que son difícil de medir son la independencia, imparcialidad y la transparencia, por lo que en el momento de la entrevista “es el momento de plantear preguntar concretas”.

López puntualizó que “los cinco minutos de exposición se van a convertir en 4 años de trabajo” por lo que es importante que el aspirante sea concreto, realizable, que contenga indicadores y que esté relacionado con un diagnóstico previo de la realidad del país.

Fase técnica

A criterio de Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales la fase de la entrevista es eminentemente técnica y es entender si “los rasgos de la personalidad del entrevistado encuadran con el cargo” y derivado al corto tiempo con el que se realizan “las entrevistas son simbólicas” y agregó que el entrevistador debe tener un amplio conocimiento del MP, el ambiente de los fiscales y reglamentos y leyes vigentes.

El analista en materia judicial subraya que “los comisionados no son ni expertos entrevistadores, ni tampoco son personas que han convivido en el Ministerio Público” por lo que considera que los Postuladores “no saben el tipo de persona que necesita el MP” y refiere que este aspecto podría mejorarse a futuro, a fin de que las entrevistas las realice alguien experto y crear un perfil que responda a las necesidades del ente investigador.

La exposición del plan de trabajo de los candidatos refleja “la seriedad de alguien que, si quiere competir” y este plan debe ser muy realista, concreto y exponer las metas a corto, mediano y largo plazo, así como el manejo de la parte administrativa y financiera de la institución.

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Permite indagar

La entrevista debería ser exhaustiva tomando en cuenta que es de las pocas herramientas que existen para “indagar sobre los nexos que han tenido, que conflictos de interés tienen, que casos han tenido a su cargo, la forma en que han resuelto, así como el actuar de cada uno de los candidatos” compartió Álvaro Montenegro de Alianzas por las Reformas.

A criterio de Montenegro es importante conocer dentro de los planes de trabajo como los aspirantes buscarán “retomar el cauce de la lucha contra la impunidad que se ha debilitado estos últimos 4 años” y los resultados de fondo y forma.

Podrían ser virtuales

De acuerdo con las normas internas de la Postuladora para fiscal general 2022-2026 respecto a las entrevistas y evaluaciones de los candidatos, el artículo 18 establece: “La Comisión de Postulación podrá acordar la realización de entrevistas y evaluaciones a los aspirantes, mediante una guía a efecto de asegurar la forma de realizar la entrevista, para responder las preguntas de dicha guía podrá ser presencial o virtual” en consideración a las medidas sanitarias y de contingencia del Covid-19.

El pasado miércoles la Comisión acordó que los 15 aspirantes a fiscal general fueran distribuidos en 3 grupos con cinco postulados y cada uno tendrá un máximo de 60 minutos para desarrollar su entrevista, divididos en 15 minutos para exponer su plan de trabajo y los 45 minutos restantes será para responder preguntas planteas por los comisionados.

Lunes 4 de abril

• Mynor Francisco Hernández Castillo
• Henry Alejandro Elías Wilson
• Maynor González Méndez
• Eliseo Rigoberto Quiñonez Villagrán
• Óscar Miguel Dávila Mejicanos

Martes 5 de abril

• Néctor Guilebaldo De León Ramírez
• Darleene Apolonia Monge Pinelo
• Jorge Luis Donado Vivar
• Walter Brenner Vásquez Gómez
• Gabriel Estuardo García Luna

Miércoles 6 de abril

• Miriam Elizabeth Álvarez Illescas
• Silvia Patricia Juárez García
• Maria Consuelo Porras Argueta
• José Enrique Urrutia Estrada
• Gloria Dalila Suchité Barrientos

Los comisionados deberán lograr los consensos para determinar cual de las objeciones recibidas admiten, posteriormente los aspirantes señalados tendrán un plazo de tres días para presentar sus pruebas de descargo, las cuales serán analizadas por la Postuladora para definir quienes podrían ser excluidos.

Las objeciones que se presentaron en la última jornada fueron 11 contra la actual fiscal general María Consuelo Porras Argueta, quien busca la reelección, las mismas se centraron en incumplir los méritos de capacidad, idoneidad, honradez y por haber sido incluida en la lista Engel. El último día, el martes 15 de marzo fueron presentadas dos, lo que suma en total 13 tachas.

Mientras en contra del magistrado de la Sala de Femicidio, Henry Alejandro Elías Wilson, fueron promovidas cinco objeciones por indicios que lo vincularían al caso Comisiones Paralelas 2020 y por la mala aplicación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
En contra de José Enrique Urrutia Estrada fueron promovidas cinco objeciones por aparentemente incumplir los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

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Instan a presentar tachas contra aspirantes a dirigir el Ministerio Público

El actual Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar fueron promovidas dos tachas.

El actual jefe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción Óscar Miguel Dávila Mejicanos recibió una tacha más, por no cumplir con los 10 años de ejercicio profesional requeridos para optar al cargo. Y una objeción más en contra de Néctor de León Ramírez por supuestas deficiencias en el expediente.

Los pendientes

La Postuladora acordó el pasado 7 de marzo que conocerán cartas y memoriales que fueron enviados por parte de miembros de sociedad civil y abogados, en contra de algunos aspirantes a fiscal general.

Son 7 pronunciamientos que fueron promovidos y están pendientes de analizarse y discutirse por la Comisión, en los cuales solicitan no incluir a algunos aspirantes por señalamientos del Gobierno de Estados Unidos, así como por considerar que no son idóneos para dirigir el ente encargado de la persecución penal.

Entre las peticiones se encuentra la solicitud de Igor Bitkov, originario de Rusia y quien pide que permanezca en el proceso la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta. Cabe destacar que Bitkov fue condenado a 7 años de cárcel inconmutables por el uso de documentos falsificados, sentencia que está pendiente de cobrar firmeza por acciones legales sin resolverse.

Buena parte de la responsabilidad en la búsqueda del próximo jefe del Ministerio Público (MP) recae en la comisión de postulación que está integrada, en su mayoría, por representantes de la academia.

La conforman decanos de las facultades de Derecho de las 12 universidades del país, además de los titulares de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notario de Guatemala (Cang), encabezados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Su trabajo será objeto de fiscalización y monitoreo por parte de la sociedad civil, partidos políticos y comunidad internacional, y también de grupos interesados en controlar al ente investigador, entre estos el propio crimen organizado, advierten especialistas consultados.

Estos grupos opacos podrán acercarse a los postuladores en busca de una forma de manipular el proceso a su favor. De ahí la importancia de que los instrumentos de evaluación respondan a criterios técnicos.

Independencia y objetividad

Édgar Ortiz, de Fundación Libertad y Desarrollo, estima que una primera acción para blindar el trabajo de la postuladora es establecer un proceso de evaluación adecuado.

“Lo fundamental es que la comisión defina una metodología de evaluación. La ley da parámetros muy vagos que hemos visto con el tiempo que en la práctica no funcionan muy bien (…) Si ellos implementan una buena metodología que garantice parámetros objetivos, las influencias externas se reducen”, precisó el profesional.

Pero junto a este primer factor también debe existir un trabajo independiente, donde no pesen los criterios políticos, agregó María José López, analista de Guatemala Visible.

“A veces se quita el enfoque técnico y se vuelve muy político. Es importante hacer un llamado a los comisionados para que cumplan con ese deber técnico. Su independencia es una de las características más importantes que deben cumplir”, comentó.

Para José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es primordial que los instrumentos de evaluación se elaboren con el único fin de encontrar una persona idónea para continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad del MP.

“Una parte importante será establecer un perfil con base en las necesidades del MP y no para favorecer o perjudicar a algún candidato, además, y acompañarlo con mecanismos de calificación objetivos”, indicó Echeverría.

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Las presiones

Los tres analistas coinciden en que los grupos oscuros tratarán de incidir en la decisión de los comisionados con tal de que sus favoritos formen parte de la nómina que se entregará al presidente Alejandro Giammattei, quien tiene a su cargo tomar la última decisión.

“Creo que el modo de operar de muchas fuerzas oscuras será apostar por influir sobre candidatos desconocidos, que no suenen en la opinión pública, para que logren integrar la nómina personas afines a sus intereses”, opinó Ortiz.

López no descartó que las presiones puedan venir desde la fuerza política, de implicados en casos de corrupción y cualquier otro sector de poder en Guatemala.

“Es de mucha importancia para distintos sectores. Incluso algunos que están ahora en el Gobierno podrían influir en la elección del fiscal general, porque afecta intereses directos; se puede buscar influir en el resultado”, expresó la investigadora de Guatemala Visible.

A criterio de Echeverría, cada comisionado debe tener coraje y ser capaz de denunciar cualquier intimidación o presión en su trabajo.

“Hay personas o grupos que procuran impunidad y que operan al margen de la ley que no quieren que sus acciones sean perseguidas, grupos del crimen organizado y similares (…) Los comisionados deben denunciar si son sujetos de amenazas o intentos de presiones de cualquier tipo”, concluyó.

Posturas difieren en torno a invitación

Respecto de la ayuda ofrecida por el grupo de países cooperantes denominado G13, la cual fue criticada por el Gobierno de Guatemala, que lo consideró un intento de injerencia, algunos comisionados opinan que lo correcto es que cualquier ayuda ofrecida se debe conocer en el pleno y tomar la decisión por mayoría.

El decano de la Universidad Mesoamericana, Luis Cabrera, indicó que “todos los países son observadores de todos los procesos”, por lo que no lo ve como una injerencia sino como “querer contribuir, es como quien dice en qué les podemos apoyar”. Sin embargo, valoró que no se debió hacer de esa forma, porque “cualquier tipo de solicitud se debe hacer al pleno de la Comisión, cuando ya esté en funciones”, y hasta ahora solo fueron juramentados.

Cabrera evitó hablar sobre la reacción del Gobierno al ofrecimiento del G13 porque son “temas políticos”, aunque a su vez negó sentirse presionado y asegura que dicha invitación no condiciona el trabajo de dicha comisión.

Por su parte, Alejandro Racancoj, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, expuso que el tema es “bastante difícil y mediático”, por lo que a su criterio “no es prudente emitir opinión al respecto”.

A su vez, David Gaitán, decano de la Universidad Da Vinci, expresó que la invitación del G13 es “bien recibida”. Considera que responde más a temas de transparencia y por lo mismo no lo interpreta como una injerencia, sino como una mesa de diálogo para tratar temas fundamentales.

Para el analista jurídico Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la invitación del G13 “es indebida, porque a la comisión hay que tenerla lo más librada de cualquier tipo de injerencia”, y por ello piensa que la misma debe ser rechazada por los comisionados, porque “nadie invita sin plantear una perspectiva”.