Nuevo patrocinador de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala

Por una apuesta por la equidad, la inclusión y el fortalecimiento de este deporte en el país, y como parte de su visión de bienestar y desarrollo social, Bantrab anuncia el patrocinio oficial de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala.

Vida Empresarial

19 de febrero de 2026

|

11:59h

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Este anuncio se suma a la celebración de los 60 años impulsando el bienestar integral de los guatemaltecos, al movimiento Todos estamos convocados y a un Ilamado colectivo que reconoce al fútbol como un punto de encuentro, identidad y esperanza.

El patrocinio le da un nuevo nombre Liga Femenina Bantrab, desde esta visión de largo plazo se estructura en cuatro pilares para promover oportunidades reales para las futbolistas y sus comunidades. Así como impulsar el involucramiento de nuevas generaciones en el deporte, las mujeres también están convocadas a ser protagonistas del desarrollo social y deportivo del país.

La identidad visual de la Liga Femenina Bantrab mantiene coherencia con la Liga Bantrab, incorporando el magenta como color central, uno de los tonos institucionales que representa la pasión, la energía y el compromiso con la equidad, valores que reflejan el ADN de Bantrab y su forma de hacer banca con propósito.

“Esta alianza también busca impulsar el deporte en los más pequeños, quienes son el futuro del país. Para que los niños y niñas vean que el deporte nos une, nos forma y nos inspira; y todos podemos ser parte del fútbol, ya sea de manera profesional o como un espacio de formación, recreación y bienestar”, expresó Jesús Pineda, Gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

Pilares de la liga femenina Bantrab

1. Fuerzas básicas, destinando recursos para academias de fútbol y procesos formativos.
2. Desarrollo y educación, a través de educación financiera, salud preventiva, cursos, talleres, programas de inglés y becas de estudio.
3. Pilar financiero, con acceso a productos como ahorro, seguros, tarjetas de crédito y BanConsejos.
4. Impacto social, fomentando la integración social, los valores, el movimiento no racismo, no violencia; la cultura de reconocimiento y la formación deportiva.

Como parte de este enfoque integral, el patrocinio se articula con el programa Mujeres Líderes de Bienestar, mediante el cual Bantrab promueve la inclusión, el empoderamiento y el bienestar integral de las mujeres, brindando oportunidades de desarrollo, asistencias médicas, psicológicas y nutricionales sin costo, acceso a talleres y capacitaciones, experiencias de comunidad y soluciones financieras diseñadas para ellas y sus familias.

Desde la Estrategia de Bienestar de Bantrab, y especialmente desde su Pilar Social y de Desarrollo, el Grupo Financiero continúa impulsando acciones con impacto real. Gracias a la implementación de los Clústeres Estratégicos desde 2023, Bantrab ha impactado positivamente a más de 970 mil personas en todo el país mediante programas de educación financiera, deporte, salud y formación integral.

Con esta alianza, Bantrab reafirma que el fútbol no solo se juega: se vive, se comparte y se construye desde la igualdad de oportunidades.

INE se prepara para realizar Encuesta de Desarrollo y Salud

El estudio en total costará cerca de Q28 millones y se podría requerir apoyo de otras cartera para el trabajo de campo.

Fátima Najarro

17 de junio de 2024

|

05:00h

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Para el estudio se requieren elementos como balanzas y tallímetros. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Este año se realizará la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud (Endesa) que coordina el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el gerente en funciones, Marco Mejía, los datos obtenidos pueden utilizarse para progamas de las carteras que lo requieran aunque analistas duda si los resultados puedan tener aplicación real.

“La prueba piloto de una encuesta es parte de un proceso de planificación. El objetivo es identificar si las personas comprenden las preguntas que se les está haciendo, cuantificar cuánto tiempo nos va a tomar en un hogar, hacer una entrevista a todos los integrantes del hogar”, explicó el subgerente técnico, Cristian Cabrera.

Para la prueba piloto se visitarán cerca de 50 hogares y se requieren al menos 24 personas que forman los seis grupos que se despliegan en el campo. El INE destinará Q3 millones para esta prueba piloto y cerca de Q25 millones el año entrante para la encuesta final.

Se está recibiendo la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) quienes brindan apoyo en capacitación del personal además de proveer de tallímetros y balanzas para el estudio.

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“La cooperación es principalmente en temas de logística, en temas del pago de asesores para la encuesta, asistencia técnica y equipamient en algunos casos, por ejemplo, ahorita estamos con el tema de los tallímetros y las balanzas”, dio a conocer Cabrera.

También es el Fondo el que compartió un cuestionario inicia, que el INE adaptó a país y a la utilidad. La Endesa es una encuesta que se ha realizado con el apoyo de Unicef en más de cien países, según las autoridades del INE.

Son más de 50 indicadores los que arrojará la encuesta que se dividen en acceso a servicios, salud reproductiva, nacimientos y mortalidad, nutrición, educación, hábitos, seguridad y pobreza, entre otros.

Cabrera indicó que son cinco cuestionarios los que se maneja y por cada indicador hay una o más preguntas. Se realizarán entrevistas individuales con todos los habitantes de los hogares y a los niños se les realiarán pruebas breves de lectura y escritura.

Mejía y Cabrera aseguraron que se mantiene la comunicación con instituciones como el Ministerio de Salud, de Educación, de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y que podrían requerir apoyo para el levantamiento de la encuesta, sobre todo con Salud pues se tiene contemplado tomar muestras de sangre y debe de realizarlo un técnico especializado de la cartera. Asimismo se requiere apoyo de Educación para la validación de las pruebas específicas de lectura y escritura.

“Es una encuesta que sí está la puede realizar el INE, excepto cen temas de extracción de sangre y muestras de agua, eso necesitaríamos el acompañamiento del Ministerio de Salud”, detalló Mejía.

Ya se realizó una primera reunión de acercamiento en la que se les solicitó que emitieran comentarios respecto a los cuestionarios, esto fue confirmado por la cartera de Salud que fue representada por un personero del Departamento de Atención Primaria de Salud. El ministerio sostiene que en ese enccuentro no se mencionó el tema de requerir técnicos ni se ha hecho ninguna comunicacion oficial al respecto.

Se consultó a Sesan cuáles podrían ser las aplicaciones de los resultados obtenidos, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

Nuevo estudio

Es la primera vez que se realizará esta encuesta, aunque las autoridades reconocen que no sustituye la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi) sostienen que los indicadores son similares y podrían tener las mismas aplicaciones.

“Los datos, de hecho, son comparables con los de la Ensmi. Uno puede en el tiempo darle seguimiento a los indicadores de desnutrición, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de privaciones en cuanto a uso de métodos anticonceptivos y otros”, aseguró el subgerente técnico.

Sin embargo, el exsecretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Luis Monterroso, considera que un estudio nuevo no puede compararse con los resultados de uno aprobado y aplicado en ocasiones anteriores.

“Meter una nueva herramienta genera un riesgo de validez, pero además también genera una inversión que puede quedar en el vacío a partir de que los datos no sean utilizados o no se tenga la referencia apropiada”, cuestionó el exsecretario.

Explicó que la Ensmi es la herramienta con la que se han concentrado las mediciones comparativas en las últimas décadas y la toma de deciones políticas.

“Me parece un poco extraño que el INE repentinamente vaya a invertir un monto de Q28 millones en hacer una encuesta que los ministerios no han solicitado porque las encuestas como la Ensmi son financiadas con recursos del Ministerio de Salud Pública, con recursos de los cooperantes internacionales y es ahí donde se va a concentrar la toma de decisiones en encuestas probadas”, añadió.

Por su parte, las autoridades de Instituto aseveran que la Endesa es un estudio que requiere de menos logística, menos recursos y que está avalada internacionalmente como útil para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fue en marzo cuando las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) aprobaron que se ralizarátanto el Censo de Talla como la Ensmi. La última vez que se realizaron esos estudios fue hac diez años.

Buscan que iniciativas de apoyo social puedan convertirse en políticas públicas

El ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, confirmó que se trabaja en una iniciativa que beneficiará el desarrollo sostenible y el sector privado.

Fátima Najarro

9 de abril de 2024

|

15:12h

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Este es un primer estudio que se trabaja y servirá para poder coordinar esfuerzos entre organizaciones, coperación internacional y el Estado. (Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este martes 9 de abril se presentó el primer mapeo y sistematización de programas sociales impulsados por la iniciativa privada realizado por Naciones Unidas y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El objetivo es buscar que los proyectos se puedan convertir en políticas públicas y trasladar la experiencia obtenida.

De acuerdo con la información compartida, anualmente se destinan más de Q260 millones en apoyo al desarrollo social. A nivel nacional el reporte menciona 110 proyectos sociales distribuidos en educación, salud, capacitación técnica, nutrición y primera infancia. El estudio tuvo el apoyo de la mesa de sostenibilidad de Cacif y de Empresarios por la Educación.

Por parte del Ejecutivo participaron el ministro de Salud, Óscar Cordón, el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto y la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mireya Palmieri.

Pinto brindó unas palabras al final de evento en nombre del presidente Bernardo Arévalo, y refirió que se trabaja en una iniciativa sectorial en la cual será útil la información del mapeo que se presenta.

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“Me acompañan algunos colegas con los que hemos venido trabajando una iniciativa sectorial que va relacionada también con los objetivos de desarrollo sostenible. Va a ser muy importante este instrumento y esta herramienta -que se presenta-“, declaró el ministro Pinto.

Así mismo, Verónica Spross, de Empresarios por la Educación, insistió en que el reto es lograr que las intervenciones lleguen a ser políticas públicas.

“Eso es quizás lo más importante, en el sentido de que ya hemos visto que no se trabaja en estas iniciativas y es algo que se le puede transmitir al Estado. Definitivamente se convierten en políticas públicas en la medida en la cual se tiene que generar la legislación para que ese tipo de iniciativas se caminen por una buena vía y eso es parte de lo que uno también tiene que estar haciendo en el sentido de apoyar a que se den esos cambios”, explicó.

El mapeo señala también que el 42 por ciento de las intervenciones son de manera directa, el 24 indirecta y el resto de ambas maneras. También se reportó la participación en mesas de diálogo prelacionados con conflictos recurrentes como recursos ambientales y socioambientales, conflictos agrarios y límites territoriales.

En total se calcula que se benefia a más de 165 mil personas y los departamentos con mayor iniciativas son Guatemala con 32, Alta Verapaz con 12 y Escuintla con 10.

Para este mapeo se tomaron en cuenta a 50 empresas y el estudio se realizó de noviembre de 2023 a febrero de 2024. En la presentación de resultados participo el coordinador residente de las Naciones Unidas en Guatemala, Miguel Barreto.

Barreto resaltó la importancia del estudio para facilitar las coordinaciones y enfocar los esfuerzos en localidades que lo necesitan sin duplicar en lo que cada entidad realiza.

“Para nosotros el valor añadido no solo como Naciones Unidos sino como cooperación internacinal es saber dónde está el sector privado. Entonces este mapeo nos ayuda a no duplicar y generar un alaianza para complementar lo que se está haciendo”, comentó Barreto.

Uno de los objetivos del mapeo es conocer los retos, oportunidades y las lecciones aprendidas que tiene el sector privado en los programas e iniciativas sociales que están implementando para potenciar coordinaciones y espacios entre las organizaciones y Naciones Unidas.

El presidente de Cacif, Igancio Lejárraga, asimismo resaltó la importancia del estudio y anunció que se prevé poder seguir realizando estudios para continuar con los datos respecto al desarrollo social.

Los siguientes pasos serían generar diálogos, desarrollar la segunda fase del mapeo con otros grupos de empresas y una sistematización en una plataforma digital segmentada por ubicación geográfica.

Conferencias de Ciudades Latinoamericanas promueven diálogo entre Gobierno y sector privado

Con el objetivo de atraer inversiones y desarrollo, funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo conversan sobre el desarrollo social junto al sector privado.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

14 de marzo de 2024

|

08:30h

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El evento se realiza en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El presidente, Bernardo Arévalo, participa en las conferencia “Hacia un Crecimiento con Desarrollo Social Inclusivo” organizadas por Fundesa y Americas Society/Council of the Americas que sealiza en diferentes ciudades latinoamericanas. Este jueves 14 de marzo se realiza la edición en Guatemala.

Se abordarán discusiones de oportunidades para traer inversión, alcanzar el crecimiento del país y promover el desarrollo social. Se contará con la participación de minsitros del gobierno, de maner que la administarción pública también sea parte de las discusiones.

Arévalo y la ministra de eonomía, : Gabriela García-Quinn y el ministro de finanzas, Jonathan Menkos participarán como oradores especiales. Además del alcalde capitalino, Ricardo Quiñonez.

El mandatario Arévalo ha expresado en diversas ocasiones el interés en atraer inversiones. Como muestra de eso, en la primera gira visitó Europa donde se reunió con diferentes diplomáticos, funcionarios y empresarios donde se discutieron temas de cooperación.

Habrán dospáneles de discusión, el primero se tratará sobre la inversión como fuente de creación de puestos de trabajo y crecimiento inclusivo. Y el segundo sobre el rol del gobierno en la creación de un ambiente atractivo para la inversión. En ambos participarán miembros de diferentes compañías país y la región.

Política

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Unfpa sugiere priorizar inversión social en jóvenes

Segeplán dice que analizará los datos para asignar proyectos y trabajar en políticas de desarrollo.

Fátima Najarro

7 de marzo de 2024

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05:00h

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El país ha tenido un crecimiento en productividad por el bono demográfico, sin embargo no existen condiciones para el mayor aprovechamiento del fenómeno. (Foto: Hemeroteca PL)

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) presenta hoy el Análisis de Situación de Población 2024, en el Palacio Nacional de la Cultura. En este se detallan datos sobre la población guatemalteca, entre los que se encuentra el bono demográfico, período en el que el país entró desde hace seis años y durará otros 58.

También se incluyen previsiones para los próximos años y recomendaciones dirigidas a dirigentes, para poder implementar medidas con base en datos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible.

Adultos en edad productiva

Por la cantidad de personas en edad productiva es que el país se encuentra en un momento en el que se debe enfocar en el desarrollo y la productividad. Después del 2050, se prevé que haya más de 2.7 millones de personas pensionadas.

De acuerdo con el representante de Unfpa para Guatemala, Pablo Salazar, el país solo ofrece 20 mil oportunidades laborales al año, cuando se introducen 200 mil personas al mercado laboral.

El secretario de planificación, Carlos Mendoza, y Salazar coincidieron en que las políticas deben enfocarse en la generación de riqueza y desarrollo integral.

Localidades priorizadas

Siete departamentos entraron en el bono demográfico con atraso en relación con Guatemala y Sacatepéquez.

Según Unfpa, eso podría ser una oportunidad para invertir y dirigir programas de desarrollo en esos departamentos, para aprovechar el aumento en la productividad que genera el aumento del bono demográfico.

También en esos departamentos Unfpa recomienda que se implementen acciones para la capacitación y educación de la niñez y la juventud.

Menos hijos por cada mujer

El país es uno de los que más fecundidad tiene en la región y muchas mujeres se convierten en madres en plena edad productiva.

Aunque las cifras demuestran una reducción de la fecundidad, se calcula que las mujeres mestizas tienen dos hijos y las indígenas tres.

Recomiendan que se priorice la participación de la mujer en el ámbito laboral, para que no quede rezagada.

Poca inversión

Unfpa sugiere que la inversión en desarrollo debe aumentarse hasta 52%, para que sea óptima.

De acuerdo con el producto interno bruto (PIB), debe estar cercano a los US$60 mil millones, los que deberían destinarse a rubros sociales.

Segeplán refiere que es un extremo que debió haberse trabajado hace 30 años y, por lo tanto, no se puede arreglar en un solo gobierno, pero analizarán las prioridades de inversión a largo plazo, así como las formas de financiarlas.

A pocos metros de la “obra” de mantenimiento, un muchacho agita un bote de jabón para captar la atención de los conductores. A veces tiene suerte, a veces no. Esta vez, logra conmover al piloto de un microbús, quien deposita un billete y un puñado de monedas dentro del recipiente.

Los tres hombres de la carretera, vecinos de Asunción Mita, en Jutiapa, se dedican a rellenar los baches que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) no atiende. Están en el kilómetro 150 de la ruta centroamericana que conduce a la frontera San Cristóbal, que conecta con El Salvador.

“Al ver que no les dan mantenimiento a las carreteras, yo lo tomo como un trabajo. Es una manera de ganarse la vida. Tengo a una hija de dos años y a mi mamá. Para eso se trabaja, para la familia”, explica César Latín, el joven del martillo.

La red vial nacional, esa que intentan arreglar este trío de jutiapanecos, presenta la peor calidad de toda América Latina. Así lo revela el Índice de Competitividad Global de 2019. La medición, diseñada por el Foro Económico Mundial, sitúa a Guatemala en el puesto 132 de 141 países evaluados en cuanto a la extensión y la condición de sus carreteras. Es el escalón más bajo de la región.

Para Javier Maldonado, titular del CIV, el deterioro de la red vial responde a la falta de fondos estatales destinados a reparar los caminos. “El presupuesto que se asigna al ministerio, aunque es bastante, nunca va a ser suficiente”, señala.

En la última década, el CIV gastó Q38 mil 517 millones 784 mil 83 en intervenir las carreteras centroamericanas, nacionales, departamentales y senderos rurales del país. Lo hizo a través de las tres instituciones responsables: la Dirección General de Caminos (DGC), que desembolsó el 62% de la cantidad total; la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), que consumió el 26%; y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), que utilizó el 12%.

Esa inversión millonaria representa el 73.29% del presupuesto vigente que la cartera tuvo a su disposición de enero de 2012 a abril de 2022. Es decir, en este período, el CIV dejó sin ejecutar Q3 de cada Q10 reservados para los proyectos carreteros.

“Dicen que no hay dinero, pero sí hay. Lo que no tenemos es alguien que lo sepa administrar. […] Si no se lo roban, el dinero abunda”, opina César, mientras arroja más piedras en los hoyos que encuentra en la vía por la que transita a diario.

Expertos consultados por Prensa Libre y Noticiero Guatevisión coinciden con el poblador. A su juicio, la raíz de la deficiencia de la red vial no solo pasa por la carencia de presupuesto público, sino que radica, sobre todo, en tres causas con un denominador común: la corrupción.

Problema 1: Diagnóstico carretero fantasma

Según la DGC, la red vial está compuesta por 16 mil 946 kilómetros que recorren los 22 departamentos. El CIV carece de un inventario que establezca el estado y el nivel de daño de cada tramo. “No tenemos esa capacidad”, reconoce el ministro Javier Maldonado.

Para Edgar Balsells, investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), los baches se multiplican porque el CIV “desconoce dónde está parado y qué debe intervenir”. Resalta que el diagnóstico serviría como criterio técnico para priorizar obras de mantenimiento.

“Podrían poner en pausa lo que no es urgente y asegurarse de que están interviniendo en donde más se necesita. […] Pero es un inmediatismo, no hay una planificación clara ni proyectos de largo plazo”, explica.

Lo más cercano que tiene el CIV a un inventario de todas las carreteras es un reporte de la condición de los caminos a cargo de Covial. El documento solo aborda cuatro mil 684 kilómetros, un poco más de un cuarto del total.

Esta evaluación, que data de 2020, indica que cuatro de cada diez tramos están en condiciones regulares, malas, muy malas o destruidas. Para determinarlo, Covial utilizó el Índice de Condición del Pavimento (PCI, en inglés), que mide qué tan transitable está una vía con base en una escala de 0 a 100. Otro estudio del que dispone el ministerio fue desarrollado en 2018 por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). La entidad examinó 12 mil kilómetros de la red vial y definió más de 30 tramos que necesitan mantenimiento y que son claves para el turismo, el comercio y el desarrollo social.

Sin embargo, cumplir este plan no constituye una obligación legal para el CIV. La cartera solo ejecutó el 30% de las metas asignadas por una versión de 2008 de la guía del Pronacom.

Ante la falta de un respaldo técnico para los proyectos viales, la decisión de qué obra emprender se torna arbitraria y queda vulnerable a los pagos de favores o las presiones políticas. Así lo afirma Karin Slowing, exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

“Cuando el diagnóstico no existe, el funcionario puede decir que cualquier tramo está en mal estado y responder simplemente al reclamo de los ciudadanos, a los intereses de una empresa o a cualquier otro grupo”, señala. Como ejemplo de discrecionalidad, Slowing cita la ampliación presupuestaria de Q3 mil 100 millones que el Congreso de la República le otorgó al CIV en marzo de 2022. Un grupo de diputados oficialistas impuso a la cartera 112 tramos para reparar, según admitió Maldonado en una entrevista con Prensa Libre en mayo de 2022.

“Es que se ha vuelto un mercado persa de diputados distritales y de grupos de interés de constructoras que no dejan planificar”, critica Balsells. Tras la publicación de la entrevista con Prensa Libre, varios legisladores negaron que decidieron los proyectos que fundamentaron la ley.

Problema 2: Contrataciones “fracasadas”, con sobreprecios y sin controles

El CIV navega en un sistema de contratación de obras viales “bastante fracasado” y que desfavorece a las constructoras más capaces, asegura Irene Flores, experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Para la especialista, la primera debilidad radica en los errores que suelen manchar los estudios previos de un proyecto vial, los cuales indican el trazo de la carretera, la composición del suelo, el grosor del pavimento, entre otros requisitos.

La DGC solo tiene a seis técnicos, en todo el país, encargados de armar estos informes, por lo que suele depender de entidades ajenas para conseguirlos.

“Se suele contratar a una empresa o los recibimos como donaciones por parte de municipalidades o gobernaciones”, comenta Luis Gabriel Jo, titular de la DGC.

No es extraño escuchar sobre fallas en los estudios de preinversión de las carreteras. Por ejemplo, en julio de 2021, el titular del CIV anunció que rescindiría el primer contrato del paso a desnivel de San Lucas, en el kilómetro 27.5 de la ruta Interamericana, debido a que el diseño “no servía”.

Un año antes, en julio de 2020, la Fiscalía Contra la Corrupción aseveró que parte del supuesto fraude en el Libramiento de Chimaltenango, una obra sometida a un

proceso judicial por deslaves constantes desde 2019, responde a que la DGC modificó el diseño del tramo y excluyó las inspecciones de los suelos. La Evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas de Guatemala, que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) lideró en 2019, reconoce que “no hay estudios serios” para los proyectos de infraestructura.

Pero también apunta a otra deficiencia en el proceso de contratación: los funcionarios responsables de determinar qué compañía es la mejor para ganar un proyecto “no tienen competencias técnicas en la materia”.

“Si no se conocen los insumos y los volúmenes para hacer una carretera, no se pueden plasmar en una solicitud de presentación de ofertas. Entonces, se deja que las empresas oferten según lo que cada una crea”, explica Flores, que participó en el equipo de 13 investigadores que desarrollaron la evaluación.

“Estos factores crean un caldo de cultivo para que las empresas que ganan sean las que saben jugar en este campo de mala planificación, y no necesariamente las mejores”, puntualiza.

La planeación laxa de los contratos viales les pasa la factura a los guatemaltecos. Flores explica que las constructoras a menudo deben elevar el precio de una carretera para cubrir los gastos que el CIV no previó durante el proceso de adjudicación. Este sobrecosto lo evidencia un reporte de 2018 de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST, en inglés): de 22 contratos de infraestructura evaluados, el 100% presentó modificaciones al monto inicial. En los proyectos de los ministerios, la variación entre el costo inicial y el final fue de un 129% adicional.

Slowing menciona que esta cifra puede aumentar todavía más cuando los funcionarios y los constructores incurren en corrupción. “Ocurre si hay que aceptar ‘mordidas’ para ganar obras o acelerar pagos. […] La debilidad institucional abre la puerta a la corrupción porque no hay nadie que controle”, critica.

Problema 3: Sin exigencia de calidad

Después de decidir qué tramo intervenir y adjudicar el contrato a una empresa, el CIV mantiene un control deficiente de la calidad de los materiales que se utilizan para construir una carretera. Así lo asegura José Istupe, investigador del Laboratorio de Asfaltos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Para preservar la calidad de una obra vial, el CIV obliga a los constructores a cumplir parámetros sobre el tipo y el volumen de los insumos que emplean, como el suelo, el piedrín o la arena. Estos están recogidos en una guía llamada Especificaciones

Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, mejor conocida como Libro Azul.

A juicio de Istupe, esta normativa, publicada en 2001, presenta dos problemas que merman la calidad de los caminos: desincentiva el uso de tecnologías nuevas y abre espacios para interpretaciones discrecionales.

Los estándares en el documento, que fueron definidos por 40 ingenieros, datan de la segunda mitad del siglo XX. Los más recientes suman dos décadas de antigüedad. Istupe señala que esta desactualización dificulta el uso de materiales desarrollados en años recientes, como los que protegen al pavimento de las lluvias y del peso de los vehículos.

“Obliga a detenerse en el tiempo. Si hay empresas que quieren valerse de una metodología más eficiente que no está en el libro, es muy probable que no se lo permitan”, lamenta.

Además de su antigüedad, las reglas de construcción que presenta la guía son “muy amplias”, critica Istupe. “Eso hace que a veces quede a interpretación del ejecutor y el supervisor, los insumos que deben usarse. Si está dentro del rango, cualquier cosa puede ser aceptada sin que sea lo óptimo para una carretera”, argumenta.

Con base en el Libro Azul, las empresas supervisoras de los proyectos viales están encargadas de verificar que las constructoras apliquen los ingredientes adecuados en una carretera.

Para evitar posibles contubernios entre ambas compañías, la DGC también suele efectuar supervisiones propias. Pero existe poco personal para lograrlas: solo hay 14 supervisores en todo el país y cada uno tiene a su cargo hasta 12 obras distribuidas en varios municipios.

“Tenemos que reacondicionar las áreas [de la DGC] para que quepan más. Ellos necesitan un espacio para la revisión de documentos y la recepción de expedientes”, justifica Jo. Fuera de las paredes del CIV, la Contraloría General de Cuentas (CGC) también es responsable de examinar la calidad de las carreteras. De 2017 a 2021, la entidad colocó 12 denuncias y 354 sanciones económicas en contra del CIV por irregularidades en contratos viales.

Sin embargo, a criterio de Flores, esas auditorías no representan una esperanza de un mejor control. La experta subraya que son ineficientes, pues suelen concentrarse en aspectos formales y no en la calidad de la obra.

“Los hallazgos son, por ejemplo, si la junta evaluadora [de un contrato] se reunió el día y la hora que decían las bases. Si se reunió e hizo la evaluación, ese proceso está bien. Pero no dice nada del contenido de esta”, aclara.

En la CGC también hay poco personal para revisar que los caminos que utilizan los guatemaltecos se construyan de manera correcta. Solo tres ingenieros en todo el país están asignados a fiscalizar la calidad de los proyectos del CIV.

“No es que ellos [los auditores] estén de sol a sol cuando están asfaltando. Solo que tuviéramos suficiente equipo. Van cada 15 días, cada dos meses o dependiendo de la programación”, reconoce José Crespín, subcontralor del Gasto Público.

Solución 1: Plan vial de largo aliento

Ante la falta de un inventario de la red vial del país, la solución es sencilla: crearlo. La iniciativa 5431 del Congreso de la República, mejor conocida como Ley General de Infraestructura Vial, lo contempla.

El proyecto plantea fundar la Superintendencia de Infraestructura Vial (SIVIAL) como entidad encargada de desarrollar las carreteras. En su artículo 43, propone que este órgano instituya un plan que priorice cuáles tramos se deben intervenir o construir en los próximos 30 años. Según el artículo 44, su cumplimiento sería de carácter obligatorio.

A criterio de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), este inventario definiría “un norte claro” para el CIV.

“Los funcionarios solo pueden hacer lo que está en ley. Si no hay una que establezca cuáles proyectos viales se harán en varios años, existe discrecionalidad”, menciona.

El economista José Luis Moreira aplaude esa idea, pero señala que su éxito dependería de quiénes integren el directorio de la SIVIAL.

De acuerdo con la iniciativa de ley, este grupo de ocho profesionales sería designado por el presidente del Ejecutivo, el Congreso y el jefe del CIV, de una terna de candidatos. Los nombres dentro de esa lista serían seleccionados por representantes del Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Para Moreira, esta manera de elegir a las autoridades de la SIVIAL podría incentivar la corrupción entre “grupos de interés”, como constructores o políticos, que busquen controlar los proyectos viales del país.

“Esto ya sucede con el Colegio de Abogados en las elecciones a fiscal general, por ejemplo. […] Todo lo bueno que tiene la ley pasa a segundo plano cuando está sometido a un marco de gobernanza deficiente y fácilmente capturable”, opina.

Solución 2: Una nueva forma de contratar

Según Zapata, es imperativo modificar la manera en la que el CIV contrata a las constructoras de las carreteras. Un nuevo modelo, resalta, lo presenta la Ley General de Infraestructura Vial.

En su artículo 101, la iniciativa propone los “pagos por disponibilidad”. Esta idea, explica el director de Fundesa, permitiría que el ministerio le desembolse a una compañía solo si el tramo a su cargo está en condiciones transitables durante un período predefinido.

“Ya no estás contratando a constructores, sino a operadores de carreteras. [..] Lo que en el sector público es ineficiente, en el sector privado se vuelve eficiente. Esto es por un sistema de costos. En el sector público, no hay pérdidas. En el sector privado, quiebra la compañía”, ejemplifica.

Flores, por su lado, plantea otra reforma que no depende de que el sector privado opere los caminos nacionales. Se trata de estandarizar los criterios para evaluar las ofertas de las constructoras que compiten por un contrato vial, una práctica que hoy “no existe” en el CIV, reprocha la investigadora.

Esta solución obligaría a que los funcionarios que adjudican los contratos puntualicen, por ejemplo, cuáles y cuántos materiales se necesitan para darle vida a una carretera, sin importar su ubicación.

“Se incentivaría la participación de las empresas que tienen mejor capacidad técnica porque entienden ese tipo de ofertas. […] Se alejaría a las que ofrecen carreteras que finalmente nunca se construyen y que nosotros como ciudadanos terminamos pagando con nuestros vehículos”.

Para evitar sobrecostos en proyectos carreteros, el abogado Luis Fernando Bermejo identifica otra luz en el túnel: licitar obras con precios cerrados, una posibilidad que ya contempla el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Pero, a consideración de Bermejo, implementar esta alternativa depende de una buena planificación que aborde imprevistos en la ejecución de la obra, y, sobre todo, de la decisión de los directivos del CIV.

“Como se ha visto en casos judicializados, las autoridades anteriores del ministerio han tomado la decisión política contraria. En connivencia con los contratistas, abusan de las normas y aumentan los costos de los proyectos a cambio de coimas y, en otros casos, de financiamiento electoral”, detalla el jurista.

La cartera de Comunicaciones tiene un historial largo de esa corrupción. Cinco ministros de los últimos cuatro gobiernos enfrentan señalamientos penales por manejos indebidos del dinero estatal: José Luis Benito, del gobierno del expresidente Jimmy Morales (2016-2020); Alejandro Sinibaldi y Víctor Corado, de la gestión de Otto Pérez Molina (2012-2015); Luis Alfredo Alejos Olivero, de la

administración de Álvaro Colom (2008-2012); y Luis Rabbé, del gabinete de Alfonso Portillo (2000-2004).

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron al CIV cuántos proyectos viales adjudicó en 2021 y 2022 bajo la modalidad de precios cerrados, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Solución 3: Alianzas imparciales para la calidad

El Laboratorio de Asfaltos de la USAC plantea una salida para garantizar la calidad de las carreteras en construcción: que el CIV contraste los materiales que aplican las compañías contratadas, con reportes de instituciones ajenas al proceso de adjudicación del contrato.

La propia USAC fue una de esas vías de escape de 1961 a 2012. En ese período, la cartera mantuvo con el Laboratorio de Asfaltos un convenio por Q500 mil anuales que le permitía a la universidad comprar equipo para estudios académicos y examinar el pavimento de las obras públicas.

Darío Lucas, coordinador del laboratorio, afirma que el acuerdo no solo posibilitaba determinar si los materiales utilizados en un proyecto estatal eran los pactados en el contrato, sino que también permitía que la casa de estudios propusiera mezclas de asfalto o concreto para un camino.

“Tendríamos ese peso: que un ente imparcial, puramente técnico, avale los diseños de mezcla. […] Este convenio podría llegar a ser un arma para el ministerio” considera.

Pero, desde hace una década, la cartera quedó desarmada. Alejandro Sinibaldi fue el último titular del CIV que renovó el trato con la USAC. En 2019, la universidad envío una carta para reactivar el convenio al entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Lucas sostiene que no hubo respuesta del despacho del exfuncionario. “Cuando logré llegar a hablar con los asistentes, nos dijeron que sí, pero ahí quedó”, lamenta.

Uno de los sucesores de Benito, el ministro Maldonado, dice que “muy pronto” renovará el trato, pero no se atreve a precisar una fecha. Desconoce la razón por la cual el CIV lo dejó relegado desde 2012.

“Mirá, te soy honesto. Yo no quiero causar polémica de aquí para atrás”, responde mientras levanta las palmas a la altura de su pecho.

La excepción la hace el outlook o percepción, que puede ser negativo, estable o  positivo, cómo en la reciente evaluación correspondiente al 2022, en la cual, las tres principales agencias de calificación de riesgo país, Fitch Ratings, S&P Global Ratings y Moody´s Investors Service coincidieron en confirmar la calificación que tenían para Guatemala, en “BB-”, “BB-” y “Ba1” respectivamente en grado especulativo, con un cambio de esta extensión que pasó de estable a positiva.

Ese criterio se basa en la valoración que dieron las calificadoras a la poca contracción económica durante la pandemia y el hecho de ser uno de los países que más pronto se recuperó, al pasar de -1.8% de crecimiento en 2020 a 8% en 2021. De igual manera, sopesa el manejo de las finanzas públicas y las mejoras estructurales en la recaudación tributaria.

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“Guatemala está respaldada por un historial de estabilidad macroeconómica y políticas fiscales conservadoras que han minimizado el endeudamiento del gobierno. Se espera que la combinación de déficits modestos y un fuerte crecimiento económico mantengan la relación, deuda con el Producto Interno Bruto (PIB), en niveles bajos, incluso en un entorno externo menos favorable. Los superávits en cuenta corriente que comenzaron en 2016 impulsaron las reservas internacionales, mejorando la ya fuerte liquidez externa”, indica Fitch Ratings en su análisis técnico de abril pasado.

Como cualquier otro país, el año de la pandemia implicó un mayor gasto público y endeudamiento, algo que Guatemala tiene más controlado que el resto de economías de la región. Y las agencias también lo consideraron en sus evaluaciones para mover el Outlook del riesgo país, a positivo.

Valoración que de confirmó Moody´s, cuya evaluación estaba pendiente, lo cual destacó el gobierno por medio del Ministerio de Finanzas Públicas en un comunicado: “La economía de Guatemala se recuperó con fuerza de la recesión inducida por la pandemia que, combinada con políticas fiscales conservadoras, limitó el aumento de las métricas de deuda del país. Moody’s espera que en 2022 y 2023, el crecimiento económico continuo apoye la estabilización de la carga de la deuda”.

Ese crecimiento económico proyectado en 3.7% como promedio para esos años, por encima de la tasa de tendencia de 3.5% previo a la pandemia, es lo que prevén, apoye la reducción del endeudamiento por debajo del 31% del PIB.

La agencia Fitch observa que “el crecimiento de los ingresos durante el año pasado, fue impulsado por el fuerte repunte económico y una gran transacción en el sector de las telecomunicaciones (0.2% del PIB), pero probablemente también refleje mejoras estructurales en la administración tributaria, que ha logrado avances importantes para mejorar el cumplimiento”.

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“Este 2022, las remesas familiares muestran un crecimiento continuo del 25%  respecto al año anterior y se espera que se mantengan en ese ritmo, dada la fortaleza laboral en Estados Unidos. La recuperación económica de ese país respaldará el desempeño de Guatemala, considerando que aproximadamente una tercera parte de sus exportaciones tienen como destino dicho mercado”, indica Standard & Poor´s, cuya evaluación del país, también lo dio a conocer en abril pasado.

Lo bueno que está pendiente

Pero si bien, la solidez macroeconómica de Guatemala es algo que se puede interpretar de buena manera, siempre está el tema social y político que sigue preocupando a las calificadoras.

Algo que, como la macroeconomía, no viene de ahora, sino que el país arrastra por décadas un lastre histórico que sigue sin cambios. Algo que también ha hecho ver el grupo consultivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus informes evaluativos del país.

Y eso trae a la discusión el gran reto que significa cómo hacer para subir ese peldaño que hace falta para ser considerado un país con grado de inversión, condición que abriría muchas puertas sobre todo a nivel de financiamiento y un mejor posicionamiento en el tema económico, apunta Ricardo Rodríguez, analista senior del Central American Business Intelligence (CABI).

De acuerdo con Moody´s, “es poco probable que suba la calificación en el corto o mediano plazo. La presión que hay sobre el perfil crediticio requeriría una mejora en las condiciones económicas que conduzca a un mayor crecimiento sostenido del PIB, como una mejora significativa en el marco institucional del país en general y sus indicadores de gobernabilidad en particular”.

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Con refiere que la fortaleza de las instituciones y la gobernanza del país, son más bajos que los de la mayoría de sus pares, con debilidades clave en el estado de derecho y en la eficacia general del gobierno.

El PIB per cápita, medido en el 2021 en $9,153, es el más bajo de la región en alrededor de un 30%. Por eso es que Moody´s considera los débiles indicadores de desarrollo de Guatemala, como restricciones crediticias estructurales para la calificación soberana.

La efectividad de las instituciones fiscales y monetarias, es lo que refuerza los puntajes institucionales generales del país, pero entre el subconjunto de puntajes institucionales que miden más directo la capacidad de un gobierno para abordar las demandas sociales, Guatemala está rezagada frente a sus pares.

Es lo que evidencian las protestas generalizadas recurrentes contra la corrupción política, lo cual aumenta el riesgo interno, incluido el de una menor confianza empresarial y el sentimiento de los inversionistas. Habiendo en el país una sociedad muy desigual, aumentan los posibles riesgos políticos y normativos.

En ese sentido, la calificadora considera que Guatemala tiene uno de los coeficientes desiguales más altos del mundo. “Si bien la desigualdad de ingresos no siempre es un factor diferenciador para las calificaciones soberanas, está asociada a mayores riesgos políticos, menor crecimiento y, para algunos países, instituciones más débiles”, subraya Moody´s.

“En ese aspecto, se necesitan mejorar sustancialmente los indicadores sociales, porque es un rezago en temas de salud, educación, desigualdad y pobreza, por ejemplo. No podemos tapar el sol con un dedo, es obvio que Guatemala tiene materia pendiente ahí”, expone Rodríguez.

Lo institucional también es algo que se resalta en el análisis técnico de evaluación y que refleja alguna preocupación por parte de las calificadoras de riesgo. Un aspecto que, si no se mantienen los esfuerzos en la línea que ha propiciado el cambio positivo en la actual calificación, podría revertir la perspectiva a negativo, percepción que precisamente, tiene relación con el comportamiento institucional.

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“Las instituciones se han debilitado, no tenemos una verdadera gobernabilidad democrática. El gobierno está tomando ciertas decisiones que no le dan sostenibilidad fiscal al país. No se ha hecho alguna reforma estructural que, por ejemplo, haga que la capacidad del dinamismo económico mejore porque la inversión pública es poca y, cada vez de menor calidad”, expone Mynor Cabrera, de la Fundación Económica para el Desarrollo (Fedes).

Pese a que el nivel macro ha pasado de estable a positivo, en el caso del impacto crediticio, el puntaje es altamente negativo, lo cual refleja un perfil de gobierno débil y con resiliencia limitada, debido al bajo desarrollo económico. Su exposición es altamente negativa por los riesgos sociales y moderadamente negativa a los desafíos ambientales, indica Moody´s.

Ante esas condiciones, los economistas como las mismas calificadoras, opinan que si bien las evaluaciones para los soberanos están programadas de manera periódica, si detectan factores que pudieran incidir en la calificación asignada, en cualquier momento puede cambiar la decisión.

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Para Moody´s, la calificación podría experimentar presión a la baja si hay una erosión en el compromiso de larga data del país con una gestión fiscal prudente. Un desempeño económico peor al esperado resultaría en índices de deuda persistentemente más altos o que los indicadores de desarrollo social se debiliten y comiencen a surgir desafíos de seguridad interna que amenacen la estabilidad política.

Riesgos internos y externos

El clima propicio en el que se puede pensar en riesgos internos, es el evento electoral programado para junio de 2023. Por aparte, las calificadoras están pendientes de cómo evoluciona el tema inflacionario y la respuesta del sector público a amenazas como las derivadas del conflicto Rusia y Ucrania. Todos los factores que puedan mover el gasto público y los niveles de endeudamiento, tienen un seguimiento continuo por parte de las calificadoras.

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En el tema fiscal, se esperaría que el déficit aumente a 2.2% del PIB en este año, con la incorporación de la ejecución de una ley de infraestructura complementaria (0.4% del PIB) y subsidios temporales de energía (0.2% del PIB), ambos aprobados por el Congreso en marzo pasado. Para 2023, la línea de base de Fitch asume que el déficit se mantendrá en línea con 2022; sin embargo, las elecciones presidenciales del próximo año, podrían ejercer una presión alcista sobre los gastos.

La consideración de S&P es que la expectativa de crecimiento económico se podrá mantener en medio de la volatilidad global y ante las elecciones generales 2023. De ello, asume que los esfuerzos por promover el crecimiento de largo plazo, podrían abordar también gradualmente, las brechas de infraestructura y necesidades sociales que han estado presentes por largo tiempo.

Mynor Cabrera no comparte del todo las perspectivas de las calificadoras. “Uno podría sentirse optimista cuando hay perspectivas positivas resultante de esfuerzos encaminados a mejorar las cosas. Pero no hay un gran legado del gobierno para decir que la infraestructura y el estado de derecho están mejor. Es bueno que mantengamos la credibilidad de que vamos a pagar. Pero, más allá de que siempre vamos a ser cumplidores con nuestros compromisos, lo cual no es malo, no vemos mejoras de una prosperidad para toda la población. Ante esta realidad, lo que nos toca es prepararnos para lo que pueda venir”, advierte.

Para Rodríguez del CABI, estas calificaciones al final, llevan una porción de análisis subjetivo, en el cual, es poco lo que se puede hacer, ya sea para mejorar al grado de inversión o, por el contrario, que esta sea a la baja.

De cambiar la calificación en los niveles indicados anteriormente, las consecuencias serían más de índole reputacional, pues no hay indicios de una baja sustancial importante, como de igual manera, no es fácil obtener el grado de inversión. “El país tendría que estar en una situación como la de El Salvador, o en grado de bonos basura para una caída de los niveles de riesgo crediticio perjudiciales para la economía”, menciona.

Por ejemplo, dice, el índice de Morgan Stanley, que mide cuantos puntos de la tasa de interés arriba de la tasa de Estados Unidos está pidiendo un inversionista para un bono del tesoro de cada país, en el caso de Guatemala, ese indicador está aproximadamente en 2.6%. Para el caso de El Salvador, está en más de 20%.

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Es innegable que hay algunas mejoras, como lo destacan las agencias calificadoras, pero, también el contexto es difícil. Los economistas alertan de una posible recesión, que le va a pegar a todas las economías. El conflicto Ucrania y Rusia sigue impactando los precios de los bienes de consumo como el maíz, el trigo y los fertilizantes, lo cual se está reflejando en un alza de precios generalizada que afecta el bolsillo, desde las empresas hasta la persona individual. Y es una situación preocupante para a todos porque puede aumentar el desempleo, disminuir el crecimiento económico, la inversión y el consumo.

En opinión de S&P “además de la incertidumbre mundial, la débil inversión extranjera directa refleja la baja confianza de los inversionistas debido a la inestabilidad política y al entorno empresarial débil en términos generales”.

Las claves para dinamizar el crecimiento potencial en los siguientes años serán las reformas para impulsar la competitividad y la inversión, con el apoyo de medidas sostenidas para reducir la delincuencia.

En ese aspecto, se esperaría que las iniciativas planeadas por el gobierno, restablezcan la certidumbre legal para proyectos de inversión de gran escala que, pueda aumentar la confianza de los inversionistas en los siguientes dos años.

Este reportaje es parte del especial Conectividad Rota, en la que se recorrieron 3 mil 632 kilómetros de la red vial nacional y se identificó como el mal estado de las carreteras daña el país.

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Una mezcla de gris y azul pinta el cielo. El sol y las nubes flotan sobre el valle. Las montañas están cortadas por líneas de tierra y barro que bajan a la planicie en forma diagonal. Sobre esos caminos incipientes circulan picops a la velocidad de un cortejo procesional. Un acelerón puede arrojar al barranco a las personas que viajan en las palanganas de los vehículos. Y allí, casi nadie llega.

Al centro del valle hay un archipiélago de viviendas construidas con madera, lámina o bambú. Las casas descansan sobre terrenos de pasto delimitados por senderos de terracería. Algunas gozan de la compañía de perros, cerdos o caballos. Otras tienen plantaciones de maíz, plátano o cardamomo. Juntas conforman San Marcos El Triunfo, un paraje de sangre q’eqchí’ ubicado en San Miguel Uspantán, Quiché, a más de 400 kilómetros de la capital.

La distancia parece más larga porque no existe una carretera que conduzca a la localidad. Esta es una de las dos comunidades que Prensa Libre y Noticiero Guatevisión identificaron como algunas que permanecen aisladas y carecen de servicios básicos de calidad en el país, según un recorrido efectuado en tres mil 631 kilómetros de red vial.

No hay ningún cartel o señal que identifique a San Marcos El Triunfo. Ni siquiera figura en todos los mapas oficiales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Es uno de los 92 poblados de la Zona Reina, un territorio dentro de San Miguel Uspantán que se caracteriza por ofrecer clima y recursos naturales propicios para la agricultura.

Aunque favorece los cultivos, la Zona Reina está lejos de ser un terreno fértil para las aspiraciones de todos sus habitantes. Ottoniel Gómez, quien tenía un año cuando su familia se mudó al área, lo sabe.

Luce unas botas negras, pantalones de mezclilla y playera blanca. Sus prendas están manchadas de un café tenue, signo de sus labores diarias: reparar vehículos y, sobre todo, cultivar cardamomo.

“El cardamomo aquí no se come, no lo podemos procesar. No podemos hacer mayor cosa, más que darlo casi regalado”, dice con la mirada baja.

Ottoniel tiene 27 años, el tiempo que ha pasado sin disfrutar de una carretera que conecte a su comunidad con el resto del país. Comparte su casa con Jackie, su esposa, con quien cría a David Ottoniel, su hijo de tres meses.

Para el joven padre, un camino de asfalto o concreto que cruce la Zona Reina transformaría las vidas de quienes se asentaron allí. Son más de 20 mil habitantes, según la Municipalidad de San Miguel Uspantán.

“Aquí estamos bendecidos, pero necesitamos los servicios como cualquier persona […] Tenemos necesidades hasta para tirar”, señala Ottoniel.

Cardamomo “regalado”

El mecánico sube la colina pequeña que va hacia su dormitorio, erigido con bambú y madera. Cada uno de sus pasos imprime una huella en la tierra. Detrás de la choza hay una parcela en la que crecen plantas de cardamomo.

Ottoniel se acerca a una mata y retira algunas de las hojas que murieron. Cuida con empeño esas semillas, pues las vende a los comerciantes que se atreven a arribar en su casa.

“Aquí, los carritos pasan comprando, pero se quedan atascados por la mala condición de la carretera. Una vez, el carro de mi papá se arruinó porque había lodo y no hubo quién lo sacara”, lamenta.

Por una libra de cardamomo, Ottoniel recibe alrededor de Q2. Afirma que los compradores solo están dispuestos a pagarle ese precio debido al costo alto de trasladar el producto desde San Marcos El Triunfo hacia otras localidades del país, como Cobán, en Alta Verapaz, a unos 200 kilómetros de distancia o unas cinco horas en vehículo.

“Descuentan el pago del flete. […] Aquí no entra carro sencillo. Tal vez entra, pero nunca vuelve a regresar”, indica.

Esa tarifa que padecen los agricultores en la Zona Reina es detectada por el Comité de Cardamomo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). Su gerente, Efraín Álvarez, calcula que, en localidades con mejores accesos, como la cabecera altaverapacense, los productores podrían cobrar hasta un 40% más.

“En Cobán la libra está en un máximo de Q4.50. Pero ese es el tema: en la Zona Reina los tienen abandonados”, expone.

De acuerdo con estimaciones de Agexport, la Zona Reina produce un promedio de cuatro mil toneladas de cardamomo al año, el 15% de la cantidad total que Guatemala exporta al mercado exterior.

A Ottoniel le gustaría que su aporte a ese volumen se traduzca en más ingresos para su familia. “Llevaría mucho plato a la mesa, como dicen los políticos”, dice mientras suelta una risa breve.

La ausencia de una carretera lo separa de su sueño, que también toca fibras religiosas. El padre de familia busca remodelar la iglesia evangélica que está al lado de su vivienda. La dirige junto con Gudiel, su hermano, y su papá, Armando. El templo tiene un techo de lámina y paredes de madera y block pintadas de blanco.

“[Con una carretera] bajarían los precios del flete y no lo cobrarían caro. Entonces podríamos recibir más dinero, vendrían más clientes y tal vez hasta nosotros podríamos llevar nuestro producto a Cobán”, opina.

Sumidos en el rezago

Ottoniel no es el único que sufre las consecuencias de vivir incomunicado. El aislamiento permea en todas las esquinas de San Marcos El Triunfo, donde habitan alrededor de 200 familias, según las autoridades indígenas del lugar.

En cada terreno hay ejemplos de las actividades económicas que mantienen a flote a los pobladores. Varios son agricultores o ganaderos; otros manejan tiendas de productos básicos; unos pocos venden medicinas; y un puñado comercia gasolina. En cada casa hay un intento de forjar una vida, un esfuerzo abatido por la falta de servicios básicos de calidad.

El agua potable es una dicha que dura tres horas cada cuatro días. Un manantial situado a dos horas a pie de la comunidad suministra el líquido a los residentes, pero las tuberías de plástico que salen del tanque están rotas. “Algunos llenan tambos con la lluvia, por si no viene el agua”, cuenta Ottoniel.

La energía eléctrica y el internet fijo son un mito. No hay. Quienes disfrutan de la electricidad compraron paneles solares con ahorros de años. De acuerdo con los registros de los líderes locales, los afortunados integran menos de la mitad del paraje. El resto alumbra con candelas.

La falta de conexión eléctrica daña la calidad educativa en la localidad. Así lo afirma Juan Alfredo Morales, el maestro de tercero primaria de la única escuela en el valle.

El centro de enseñanza está formado por cinco inmuebles de blocks azules y techos de lámina. Al lado de cada puerta de metal hay un símbolo patrio pintado por los estudiantes. Son ocho aulas: una para la dirección, otra para la preprimaria y seis para la primaria. La secundaria ocupa tres de estas últimas durante las tardes.

“Este año está difícil porque los niños de tercero no saben leer y escribir. Por la pandemia de covid-19, dejamos a los niños sin recibir clases”, explica Juan Alfredo, sentado en un deteriorado pupitre de madera y hierro.

San Marcos El Triunfo está en el departamento menos alfabetizado del país. Tres de cada 10 quichelenses no saben leer y escribir, según el censo levantado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que carece de datos específicos de la Zona Reina.

El profesor Morales intenta reducir la cifra de analfabetismo a diario. Por la mañana, imparte todas las materias oficiales a sus 27 estudiantes de tercero, aunque a veces los deja por unos minutos y corre al salón de la preprimaria para asignarles tareas a los más pequeños. “Es un va y viene”, menciona.

Además de equipo tecnológico, a la escuela le urgen docentes. Solo dispone de tres maestros permanentes para 246 alumnos. “En años anteriores ha habido plazas aquí, pero nadie la toma porque estamos retirados. Aceptan las que están cerca de sus pueblos y nosotros nos quedamos sin profesores”, refiere Juan Alfredo.

Donde también faltan profesionales es en el puesto de salud de la comunidad. El inmueble, construido con láminas y blocks, mide unos 10 metros cuadrados. Afuera, al lado de la entrada principal, un cartel de vinilo invita a las personas a prevenir el coronavirus. Adentro, solo hay una clínica disponible para los enfermos.

En ese consultorio nunca atienden médicos, pues no hay ninguno en el poblado. De hecho, en todo Quiché escasean. Por ejemplo, solo tres de cada 10 partos en ese departamento son asistidos por médicos, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2014.

Seis enfermeros están encargados de aliviar los padecimientos de los habitantes de San Marcos El Triunfo. Pero casi siempre solo hay uno sentado en el escritorio de la clínica. Cada salubrista tiene a su cargo tres comunidades de la Zona Reina que deben visitar todas las semanas.

“Nosotros caminamos como tres horas para ir a las aldeas. En las montañas casi no entra carro ni moto”, relata Juana Yat, una de las enfermeras.

Las distancias largas son inclementes incluso cuando se trata de una emergencia médica. El hospital más cercano al paraje está en el casco urbano de San Miguel Uspantán, a unas dos horas en vehículo, un tiempo que puede aumentar cuando no hay una ambulancia disponible.

“Supongamos que alguien se hirió: en dos horas ya habría muerto. El tiempo que tardaría en llegar a Uspantán. Y eso ocurre si hay ambulancia, pero nosotros no tenemos todos los días, porque la prestamos entre las comunidades”, explica Juana.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide la calidad de vida de las personas según su esperanza de vida, nivel de ingresos y educación, identifica estas carencias de servicios básicos en San Marcos El Triunfo y, sobre todo, en Quiché. En el informe de 2016, Quiché fue el departamento que figuró como el cuarto peor evaluado en todo el país, detrás de Alta Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula.

Fortuna relativa

Hay comunidades dentro de la Zona Reina que corren mejor suerte que otras. Las dos mil familias que viven en Saquixpec, una aldea q’eqchi’ a una hora en vehículo de San Marcos El Triunfo, están conscientes de su fortuna.

La localidad está en las faldas de una montaña. Desde el cielo, cientos de palmeras y cedros ocultan varias de las viviendas, construidas, en su mayoría, con blocks o ladrillos. Algunos inmuebles tienen dos niveles y más de cuatro habitaciones. Los techos son de lámina o teja. Aunque no hay postes de energía eléctrica, el agua sí sale de los chorros de las pilas comunales.

Al centro de esta comunidad hay un camino de tierra, único en la Zona Reina. La vía mide solo 200 metros, pero es suficiente para proveer el sustento básico a los residentes del lugar.

“¿Qué le damos? ¿Qué lleva?”, grita una vendedora de textiles mayas. Su tienda de ropa es uno de los 25 negocios ubicados en frente de esta calle, mejor conocida entre los pobladores como “el mercado”.

Los productos llegan con mayor facilidad a este sitio que a cualquier rincón de San Marcos El Triunfo. La diferencia entre ambos poblados, aseguran los líderes locales, es la carretera de acceso.

“La gente viene a buscar nuestra comunidad porque está pegada a la carretera. Los comerciantes la ven más accesible. Fluye constantemente y sí hay mercado”, resalta Alvino Sanjosé, autoridad indígena de Saquixpec.

Pero no todo es perfecto en la aldea. El asfalto comunica a las familias solo con el sur de Quiché. Al norte, este y oeste, donde está San Marcos El Triunfo, no hay ni un camino pavimentado.

Una carretera en buen estado podría proporcionarle más ingresos a Hermelindo Lux, quien traslada frutas y verduras desde el norte hacia Saquixpec. “Por ejemplo, el tomate en Uspantán o Cobán puede valer Q2.25, pero aquí cuesta Q3, por el pasaje. Si hubiera una carretera en condiciones favorables, las cosas bajan de precio”, apunta.

Para los negociantes informales de “el mercado”, la demanda de una vía pavimentada se torna más urgente cuando recuerdan cómo subsistían antes de que existiera el asfalto hacia el sur.

“Era muy difícil trasladar los productos desde cualquier lado. El proyecto debe ser terminado por completo ya que permitiría que muchas comunidades se desarrollen”, opina Cristina López, que comercia zapatos y pan de banano.

Una obra interminable

La carretera que atraviesa la Zona Reina permaneció como un mero anhelo de los pobladores hasta 2018, cuando la Dirección General de Caminos (DGC) contrató a la compañía israelí Solel Boneh para construirla.

El proyecto fue financiado con un préstamo de US$89 millones (unos Q682 millones) otorgado y supervisado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

La constructora beneficiada enfrenta señalamientos de entregar sobornos a funcionarios en el caso judicial Construcción y Corrupción, revelado en 2017 por el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La DGC agotó los fondos japoneses en diciembre de 2021 y ahora depende de su propio presupuesto para construir la obra. Según el Sistema de Inversión Pública (SNIP), ha gastado más de Q769 millones en los trabajos.

El contrato incluye cuatro tramos carreteros que suman 150.47 kilómetros. Cuando quede inaugurada, la carretera conectará a Playa Grande Ixcán, al norte de Quiché, con Chicamán, al sur. Según proyecciones de la DGC, beneficiaría a más de 249 mil personas. Entre ellas, la Agexport estima que hay más de cuatro mil pequeños productores de cardamomo.

El camino asfaltado también podría salvar vidas. En marzo de 2022, Víctor Hugo Figueroa, en ese entonces alcalde de San Miguel Uspantán, falleció en un accidente vial mientras conducía sobre uno de los senderos que aún no estaban pavimentados en las montañas de la Zona Reina.

“Cuando llueve, se derrumba y no hay paso. Todo se lava y se cae donde [los constructores] tiraron la tierra”, comenta Raúl Sánchez, que cada semana transporta maíz por los mismos caminos del exjefe edil.

Aunque los habitantes de la Zona Reina claman por la carretera, la obra afronta obstáculos: la construcción del tercer tramo, al norte de San Marcos El Triunfo y Saquixpec, está suspendida desde diciembre de 2021, asegura una fuente involucrada en el proyecto, que prefirió omitir su nombre.

De acuerdo con el experto, la razón es que el CIV no ha oficializado una ampliación presupuestaria del contrato. Este incremento asciende a Q43.6 millones y servirá para reparar daños provocados por las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020.

“[El CIV] todavía no ha emitido el acuerdo ministerial, así que la ampliación no está vigente”, afirmó la fuente a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Al cierre de este reportaje, la cartera no dilucidó qué faltaba para publicar el acuerdo.

“Hay poco interés, pues los del ministerio casi nunca vienen desde que empezó el proyecto. No hacen supervisiones y no han visto nuestras necesidades”, critica Felipe Baj, autoridad indígena de Saquixpec.

Solel Boneh no atendió la solitud de entrevista para este reportaje. En el contrato inicial, se comprometió a entregar la vía en mayo de 2021. Ante los imprevistos, pidió a la DGC modificar la fecha final, acordada para mayo de 2023.

Sin embargo, Luis Gabriel Jo, jefe de la DGC, desconoce si la carretera quedará lista a tiempo. “Yo no te podría dar una fecha exacta, porque se están haciendo readecuaciones del programa de trabajo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria”, justifica.

La construcción de esta obra vial en Quiché obedece a los Acuerdos de Paz de 1996, que ordenan al Estado a dotar de infraestructura básica a los lugares afectados por el conflicto armado interno, librado en la segunda mitad del siglo XX.

A pesar de la demora de la DGC, la esperanza de que llegue la carretera permanece firme entre los habitantes de la Zona Reina. Así lo asegura Ottoniel, mientras toca una guitarra en la iglesia al lado de su casa.

El mecánico practica melodías sacras con frecuencia, pues desea que su bebé también sea músico en el futuro. “Quiero que toque el clarinete y enseñarle”, dice con el niño en sus brazos.

Para el productor de cardamomo, un camino en mejores condiciones no solo elevaría los ingresos económicos de su familia y el resto de su comunidad. Le permitiría, sobre todo, estar más cerca de Dios.

“Todavía no tenemos el suficiente efectivo para remodelar la iglesia, pero tenemos fe de que sí se va a llevar a cabo”, expresa con un brillo en sus ojos.

Decenas de calles tienen ahora baches que serán difíciles de reparar durante el invierno. Pero no es culpa de la lluvia. En Guatemala, las condiciones de la red vial, formada por 16 mil 946 kilómetros, no son las mejores. Solo 4 de cada 10 kilómetros están asfaltados. Además, el 26% está formado por caminos rurales en completo abandono.

Para comprobar cómo el estado de la red vial afecta a los guatemaltecos y daña el crecimiento económico del país, Prensa Libre y Noticiero Guatevisión realizaron un recorrido durante varias semanas por las principales carreteras del país.

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Alta Verapaz se ha convertido en el epicentro de la desnutrición aguda

La situación no es la mejor para miles de guatemaltecos que habitan en ese departamento, reconocido en las esferas urbanas del país por sus bellezas naturales como Semuc Champey, las cuevas de Candelaria o la laguna de Lachuá, entre otras.

Pero ya de por sí, la enorme dificultad que supone llegar a estos lugares es un indicador del abandono que ha sufrido Alta Verapaz por parte del Estado durante años, con carreteras en muy malas condiciones que dificultan la vida y el comercio de pequeños productores locales.

Recientemente se supo que el área rural del departamento concentra el 75 por ciento de los decesos por desnutrición aguda de menores de edad que han ocurrido este año en el país; además, con 137 niños que han muerto en los últimos cinco años, Alta Verapaz se ha convertido en el epicentro de esa tragedia humana.

Estos números de desnutrición aguda no son casualidad.

Indicadores

Para 2016, Alta Verapaz ocupaba el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con un total de 0.38 puntos, 0.11 décimas menos que la media nacional que, es de 0.49.

Y el contexto no ha mejorado desde entonces. Al contrario, en Alta Verapaz, un departamento regularmente húmedo, las tormentas Eta e Iota hicieron perder las cosechas a 32 mil 822 familias en el 2020, los fenómenos llegaron cuando ya la economía de las familias estaba en detrimento por las restricciones que trajo consigo la pandemia del covid-19.

Según un reporte del Ministerio de Agricultura, las tormentas que golpearon Guatemala en noviembre pasado, arrasaron con más de 15 mil hectáreas de cultivos, entre maíz, frijol, cardamomo y árboles frutales, la principal fuente de alimentación de las familias de subsistencia. Las pérdidas se calcularon, solo en Alta Verapaz, en Q161.48 millones.

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Eta e Iota impactaron con especial fuerza a aldeas como Campur, en San Pedro Carchá, o Santa Elena, San Cristóbal Verapaz, desde donde las personas ya comenzaron a migrar hacia EE. UU.

Hambre y pobreza

La clasificación integrada de fases de la inseguridad alimentaria, una estimación que elaboran importantes instituciones internacionales en todo el mundo, muestra que Alta Verapaz es el departamento que este año tiene a más más personas en situación de emergencia alimentaria, 106 mil 293, en total para este año.

Estas personas enfrentarán durante 2020 inseguridad alimentaria severa y carencia extrema para comer, y están a un paso de caer en hambruna. Para alimentarse se ven forzadas a adoptar estrategias de emergencia irreversibles, como la venta de sus bienes productivos.

Pero la economía ya estaba deprimida antes de las tragedias del covid-19 y de las tormentas del año pasado, y con ella también las condiciones socioeconómicas del departamento.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 dice que el 78.8% de los altverapacenses vive en pobreza —tienen una capacidad de gasto de menos de Q28 al día— y de ellos el 53.6% en pobreza extrema —menos de Q16 diarios—.

Esta medición es la más reciente que hay de ese tipo, y de acuerdo con la anterior, elaborada en el 2006, los indicadores de Alta Verapaz retrocedieron.

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El departamento es uno de los peores en cuanto a proporción de partos con asistencia de médico o ginecólogo, así como en a la cantidad de población que tiene acceso a agua entubada y a sistemas de saneamiento.

Pobreza y desnutrición

El Censo de Población y Vivienda 2018 reveló, entre otros aspectos, que Alta Verapaz tiene un millón 215 mil habitantes, es el segundo detrás del departamento de Guatemala, también que el 68.5% de su población está compuesta por niños y jóvenes desde 0 hasta 29 años, y que el 93% pertenece a algún grupo maya.

Además, es el departamento con el índice de alfabetismo más bajo, 66.2%, y en relación a condiciones de vida, el 35% de los hogares no tiene electricidad y utilizan para iluminarse, gas o candelas, y el 87% cocina con leña.

Alta Verapaz también lleva años de figurar en los primeros lugares de los listados de casos de desnutrición aguda en el país.

Aparte, según los datos más actualizados del departamento, el 50% de los menores de cinco años tienen deficiencia de su talla y peso, es decir, padecen desnutrición crónica. El número está por encima de la media nacional que es de 49.7%.

Abandono

El abandono por parte del Estado que ha sufrido Alta Verapaz se dejó sentir en la reciente emergencia por las tormentas tropicales. A más de siete meses de su paso, las comunidades casi han sido olvidadas.

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La ayuda fluyó en las primeras semanas, pero ya en enero no se les puso más atención, dijo Juan Mus, dirigente comunitario de San Cristóbal Verapaz, uno de los municipios más afectados por los fenómenos naturales del año pasado. Ahí se encuentra Quejá, la aldea que quedó prácticamente sepultada por un alud.

“Aquí, cada día que pasa es día que empeoran las cosas y los niños son los más afectados”, dice Mus. En la aldea Santa Elena, a donde pertenece la comunidad de Quejá, es donde hay más desnutrición aguda, señala.

Los padres de familia a veces logran conseguir trabajo uno o dos días a la semana, dijo. “Las familias no tienen que comer en este momento y para no morir tratan de comer tortillas con sal o chile, o si bien les va, con frijol”.

Nueve años después, no ha pasado ni una cosa ni la otra. En ese tiempo, y más de Q13 mil millones ejecutados, no se ha traducido ni de cerca en alcanzar su principal objetivo: “Mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza extrema”, según consigna su sitio electrónico.

Analistas atribuyen a varios factores que el Mides no haya sido capaz de funcionar y que sus programas no impacten lo suficiente en la reducción de la pobreza.
Para el 2011, la pobreza afectaba al 53.7% de los guatemaltecos y la pobreza extrema al 13.3%, según el INE. Para el 2014 —lo más reciente—, estos indicadores habían aumentado a 59.3% y 23.4%, respectivamente.

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El Banco Mundial coloca a Guatemala como la quinta economía más pobre de Latinoamérica y el Caribe, con tasas de pobreza y desigualdad “persistentemente altas”.

Desde su creación, al Mides se le han presupuestado Q17 mil 336 millones, de los cuales ha ejecutado Q13 mil 171 millones —el 77%—. Entre lo gastado se incluyen Q4 mil 974 millones este año, que corresponden al Bono Familia, programa de emergencia para paliar los efectos de la crisis económica derivados de la pandemia de covid-19.

Lo que sí ha hecho esa cartera es aumentar el número de empleados públicos. Para el 2021, el Mides sumará unos tres mil 415 empleados, que representarán poco más de Q200 millones en sueldos y salarios, jornales y prestaciones laborales.

De estos trabajadores, casi mil 200 —el 35%— se han sindicalizado en al menos uno de los cinco sindicatos que se han formado desde el 2012, con el objetivo de buscar beneficios para sus miembros.

Además, con la institucionalización del Mides, este se hizo cargo no solo de los programas sociales. Tiene al Fondo de Desarrollo Social (Fodes), como brazo ejecutor que adjudica contratos de obras de infraestructura, incluso para el remozamiento de carreteras.

Programas

El analista Adrián Zapata aseveró que los programas de protección social del Mides no han impactado porque “se tergiversaron y pervirtieron”.

En ese sentido, comentó que se han politizado, y al ocurrir esto, ya no importan los criterios técnicos para seleccionar a los beneficiarios ni si estos cumplen con condiciones para, por ejemplo, recibir transferencias monetarias condicionadas.

Estos dos aspectos, el cumplimiento de las condiciones de enviar a los niños a la escuela y a chequeos médicos, así como la periodicidad con que se entreguen, son fundamentales para el impacto en la reducción de la pobreza, apuntó Zapata.

Sin embargo, en estos años, “lo que ha subyacido son intereses políticos y clientelares, entonces lo que les interesa a quienes han estado a cargo es lograr la simpatía —de potenciales electores—”, por lo cual no les interesa que los programas de protección social impacten.

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Resultados

Para Carlos Aníbal Martínez, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Usac, la ineficacia del Mides tiene que ver con un “problema genético” del servicio civil del Estado en una baja capacidad administrativa para identificar a los sectores vulnerables y los mecanismos efectivos para llegar hasta ellos.

Coincide con que se han politizado los programas de protección social. Considera que, aunque durante el gobierno de la UNE nacieron apegados a la teoría, luego con el PP prácticamente se retiraron las condiciones a los beneficiarios para optar a las remesas familiares, clave para que funcionaran en otros países como Brasil, que sacó a 25 millones de personas de la pobreza o Bolivia que redujo la pobreza de 40% a 10%.

“En Estados débiles, como Guatemala, estos programas fueron politizados, y desde el momento en que se vinculan a objetivos políticos, dejan de ser eficaces”, subrayó Martínez, quien recordó casos en países como Honduras, El Salvador y Haití, donde también la política se involucró con estos programas.

Martínez, para quien el Mides se ha convertido en una agencia de empleos, es imprescindible que a estos programas se les restablezca la obligatoriedad a los beneficiarios de cumplir con las condiciones de educación y salud, así como mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan identificar en qué momento una familia ya no necesita pertenecer al programa, esto para evitar la dependencia permanente.

“Cuando no hay monitoreo ni evaluación, —los programas sociales— son mecanismos de asistencia social sin control, y no se sabe si se están ejecutando bien”, manifestó.

Botín

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Marcel Arévalo añadió otro factor que no permite al Mides cumplir con sus objetivos de ayudar a disminuir la pobreza: la corrupción.

El Mides es visto como un botín, no necesariamente por las autoridades que lo han dirigido, sino por diputados dispuestos a exigir cuotas. Además, las altas autoridades de los gobiernos desde hace nueve años no mostraron ninguna voluntad política, no solo para acabar con este problema, sino para hacer que los programas de protección social funcionen.

Arévalo recordó que hace poco se acaba de botar una compra millonaria de galletas vitaminadas que el Mides estaba por hacer, luego de fuertes cuestionamientos.
Insuficiente

Los analistas coinciden en que solos los programas sociales no son suficientes para terminar con la pobreza de un país ya que estos deben ir acompañados de otras políticas de apoyo a los agricultores rurales y a los pequeños y medianos empresarios, políticas en las que los ministerios de Agricultura y de Economía deben jugar un papel preponderante.

Para Zapata, los beneficiarios deben recibir apoyo, capacitación e insumos para producir su propia riqueza “si eso no se logra, el dinero que se gasta aliviará la urgencia de comer hoy pero no impactará en reducir la pobreza”.

Martínez precisó que estas medidas de apoyo deben contar con mecanismos para determinar cuándo una persona ya no necesita de la ayuda.
Arévalo añadió que también debe impulsarse una política de democratización de créditos para que los beneficiarios puedan ser capacitados y volverse productivos.

Reestructuración

El actual ministro, Raúl Romero, reconoció que la institución que dirige se ha prestado durante años para la politización “para generar dependencia en las personas y condicionarse para apoyar a candidatos o partidos políticos”.

“Ese ha sido el gran fracaso del Mides”, subrayó el funcionario.

Además, afirmó que se trabaja en un rediseño de los programas de protección social que incluye la depuración del padrón de beneficiarios, el uso de la tecnología para que las transferencias monetarias condicionadas sean transparentes y el establecimiento de criterios claros para medir el impacto de los programas a través del cumplimiento de las corresponsabilidades.

Respecto de qué hará para no ceder a las presiones políticas que puedan derivar en irregularidades, Romero enfatizó que “cualquier persona puede llegar a solicitar lo que quiera”, pero que ellos no lo permitirán, aunque le cueste interpelaciones en el Congreso.

Transformación

El Mides tuvo sus orígenes en el Consejo de Cohesión Social (CCS) a cargo de Sandra Torres.

En abril del 2008, el CCS lanzó su programa estrella, Mi Familia Progresa, que consistía en dar Q300 mensuales a familias de escasos recursos a cambio de que enviaran a los hijos a la escuela y chequeos médicos.

El programa comenzó a recibir críticas de politización y mal uso de los recursos. En marzo del 2011, Sandra Torres anunció su intención de ser candidata presidencial, algo que confirmó las sospechas de opositores de haber dirigido los programas sociales con fines políticos.

Con la llegada del PP al poder, en el 2012, se creó el Mides, que absorbería los programas sociales. Desde entonces, han pasado dos ministras y seis ministros, incluyendo al actual.

Durante años no se han conocido informes que demuestren el cumplimiento de las corresponsabilidades de los beneficiarios del programa de transferencias monetarias, a pesar de que enviar a los hijos a la escuela y a chequeos médicos es una obligación para seguir en el programa.

Lo que sí se han conocido son denuncias de corrupción y mal manejo de los recursos. Este año, en el contexto de la pandemia, el Mides planeaba una compra millonaria de galletas vitaminadas, pero tuvo que dar marcha atrás luego de serias críticas por cómo se gestionó el contrato.

También se ha denunciado a exdiputados por sospechas de solicitar adjudicación de contratos a favor de sus empresas. El Mides cuenta con un brazo ejecutor de proyectos de infraestructura, lo que es apetecible para ciertos legisladores.

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Alejandro Giammattei presenta plan de gobierno y asegura que Guatemala no será un “saco roto”

Este jueves 16 de enero fue presentada la Política General de Gobierno, el documento que guiará al gobierno de Giammattei y que se desarrolló en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas.

Dicha política se basa en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que fue la propuesta de trabajo de Giammattei durante la campaña electoral del 2019, pero también integra el Plan Nacional K´atun Nuestra Guatemala 2032, que a la vez se adaptó a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por la ONU.

La guía del nuevo gobierno se basa en cinco pilares y el segundo se enfoca en el desarrollo social.

Las primeras tres metas de este pilar son:

• Incrementar la tasa neta de cobertura en el nivel preprimario en 12 puntos porcentuales
• Incrementar la tasa neta de cobertura en el nivel primario en 17 puntos porcentuales
• Incrementar la tasa neta de cobertura en el nivel básico en 17 puntos porcentuales

En el pilar de Desarrollo Social, el gobierno establece como prioridad el combate a la pobreza, fortalecer la seguridad social de los más vulnerables, así como propiciar el acceso a la educación, la salud y garantizar una vida digna.

El documento, presentado este jueves 16 de enero, señala que el gobierno de Giammattei pretende mejorar la condición de vida de los guatemaltecos por medio de programas de asistencia social, pero con criterios que impidan la dependencia de estos.

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Además, se plantea que los programas sociales tengan una temporalidad, estén condicionados y se orienten a la población más vulnerable del país.

El pilar de desarrollo social tiene 25 metas que se esperan cumplir para el 2023, entre las que destacan reducir la pobreza extrema en cinco puntos porcentuales, reducir la mortalidad materna en 14.4 puntos porcentuales, incrementar el porcentaje de niños con esquema completo de vacunación e incrementar en 50 los centros de Salud tipo A y B.

También hay un compromiso por reducir la pobreza en 9.3 puntos porcentuales, incrementar a 150 mil las familias atendidas por el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, incrementar a cuatro millones las raciones de comida servida en los comedores sociales y subir a seis mil la cantidad de personas de la tercera edad atendidas con pensiones.

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La nueva administración también se plantea resolver problemas en educación, donde además de incrementar la cobertura educativa, también se requiere calidad.

Una de las mayores promesas de Giammattei y que también promovió durante su campaña, fue la creación de un fondo de subsidios para la construcción de viviendas por Q2 mil 500 millones.

En la Política General de Gobierno se explica que los ingresos percibidos por los guatemaltecos no permiten adquirir una vivienda, pues el salario mínimo apenas alcanza el 84 por ciento de los alimentos. “El Estado considera importante intervenir para impulsar estrategias financieras que permitan a todas las personas contar con una vivienda digna”, se señala.

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Moody’s: El estado debe recaudar más e invertir para cambiar las condiciones de desarrollo en Guatemala

Entre los aspectos positivos y negativos, la firma hace un balance y decidió en este informe anual mantener la calificación del país en Ba1 con perspectiva Estable.

¿En qué se basaron para mantener la calificación al país?

Para todo país que calificamos nosotros siempre hay un balance de elementos que son positivos y negativos desde el punto de vista crediticio. Hay cosas que creemos que ayudan a mantener un nivel de crédito y otras, que lo limitan.

En el caso concreto de Guatemala, lo que tiene por un lado es un país con niveles de pobreza y de problemas institucionales que, en general, son más altos que muchos países que tienen calificación similar.

Pero se balancea con una historia (positiva) de manejo de deuda y monetaria que ha sido bastante fuerte. Han mantenido el déficit bajo y la deuda estable, así que el balance de esos dos factores es lo que resulta en la calificación.

¿Cuál es la importancia para un país como Guatemala que le mantengan esa calificación?

En general la calificación es un reflejo de la capacidad de pago de deuda, si la calificación cae en general lo que puede suceder es que haya preocupación sobre la capacidad de pago de deuda, y por lo tanto, las tasas que tiene que pagar un país pueden aumentar, pero eso lo van a decidir los inversores.

El general, los países buscan tener calificaciones más altas para poder tener tasas más bajas.

El tema tiene que ver con la tasa que paga un país en la medida que calificación se mantiene o sube en general debería bajar la tasa.

Cuanto más baja es la tasa que paga un país, menos le cuesta mantener la deuda. Por ejemplo, más personas podrían invertir en el tipo de deuda que emite el Estado de Guatemala.

Los factores que menciona, ¿son suficientes para mantener la calificación por un tiempo más?

Nosotros la revisamos constantemente, así que puede ser que cambiemos a futuro, en este momento, lo único que hicimos fue publicar un informe anual, no hemos hecho un cambio o afirmación de la calificación.

La calificación como la que posee el país de Ba1 con perspectiva estable, ¿podría atraer más inversión al país?

No opinamos sobre eso, porque dejamos que el mercado lo decida. El valor que tiene y cómo se interpreta, el mercado lo decidirá. Nosotros lo que estamos calificando es la capacidad de deuda financiera, es un análisis sobre el riesgo que se corre en comprar deuda del Gobierno de Guatemala, pero no es lo mismo que hablar sobre el riesgo de invertir por ejemplo por una fábrica en Guatemala, son cosas separadas.

La firma Moody’s mantuvo la calificación de riesgo crediticio a Guatemala en Ba1 con perspectiva estable según informó esta noche el Ministerio de Finanzas @MinfinGT y el @Banguat @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/UTqBkeLfCu

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 18, 2019

¿Que podría llevar a cambiar la calificación?

Si vemos que alguno de estos problemas que mencioné como la parte institucional, el nivel de nivel de crecimiento un poco más bajo que otros países con calificaciones similares continúa, en el tiempo podría llevar a una baja de calificación.

Al mismo tiempo, si la deuda bajara y se mantuviera más baja en forma cuasi permanente, eso podría apoyar. Pero en este momento no vemos un cambio en la calificación.

Mencionan en su informe anual que la inversión pública y la inversión extranjera directa han bajado en los últimos años. Según los estudios que efectúa Moody’s, ¿cómo se puede recuperar?

No damos consejos de qué hacer, pero sí puedo señalar que los países que en general mejoran tienen mucho que ver con temas como la institucionalidad de un país. Aumentar la tasa de inversión de un país no es algo que se hace de un día al otro.

Bajar la inflación es algo que es más fácil de hacer, porque hay un instrumento más directamente adecuado para eso.

Pero si un país dice: quiero aumentar la tasa de inversión en el país, yo creo que la experiencia demuestra que eso es algo que tarda bastante tiempo.

Aunque mencionan que no se prevé a futuro modificar la calificación, ¿qué acciones son necesarias para mantenerla?

Hasta ahora se ha mantenido entre el mismo nivel hace tiempo, la continuación de lo mismo apoyaría mantener la calificación donde está.

¿Qué podría afectar a la baja esa calificación?

Que la economía no le vaya tan bien o que los problemas institucionales se agraven.

Y, ¿qué podría mejorarla?

Que baje la deuda, que esta baje en forma consistente o que se mantenga a través del tiempo (ese comportamiento).

También mencionan diferentes desafíos. ¿Cuáles son los desafíos primordiales?

Desafíos grandes tienen que ver con el tema de desarrollo económico, el nivel de pobreza que hay y las instituciones que todavía son muy débiles, dentro de eso vemos todo lo sucedido con Cicig, por ejemplo.

¿El tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha impactado al país según la visión que tienen ustedes?

Es algo negativo para la capacidad de pago del país cuando las instituciones no mejoran.

En una parte del informe indican que los débiles indicadores de desarrollo social y los desafíos de seguridad interna comienzan a representar una amenaza para la estabilidad política. ¿Es primera vez que incluyen este punto?

No es la primera vez, lo hemos venido diciendo hace tiempo. Como le menciono creo que el tema institucional es muy importante.

¿Qué debería hacer el país con el tema institucional?

Ahí nosotros no opinamos. No decimos qué es lo que debería o no debería hacer, sino que nosotros señalamos que las instituciones son débiles y lo que ha sucedido con Cicig, por ejemplo, no es algo positivo para el país, porque un elemento de institucionalidad como lo era Cicig se había dejado de lado.

El mandato de la Cicig finaliza en mes y medio, ¿podría afectar en algo ya que se acerca la fecha de finalización?

Ya hemos dicho que consideramos que no se continúe con Cicig es algo negativo, pero no necesariamente va a cambiar la calificación.

Guatemala se apresta a efectuar la segunda vuelta de votaciones para elegir presidente y vicepresidente. ¿Qué expectativas hay del nuevo Gobierno?

No esperamos grandes cambios en ninguna de las dos partes. Basados en lo que se ha escuchado, no hemos visto que ninguno, por ejemplo, quiera mantener a Cicig, así que creemos que va a continuar más o menos parecido al anterior.

En el caso de los indicadores de desarrollo social y seguridad que mencionan en su informe, ¿podrían quedarse igual?

Creo que eso no depende tanto de un solo gobierno, depende más de políticas de largo plazo. Como para poder mejorar la institucionalidad o el crecimiento, se requiere mejorar condiciones de inversión, por ejemplo, bajar los niveles de violencia es algo que no se hace de un año al otro, requiere trabajo de muchos años.

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Los temas y evaluaciones son parte del informe anual de Moody´s sobre el país para el 2019 y el cual fue divulgado el 17 de julio de este año.

Respecto a los ingresos, a pesar de que por varios años los organismos internacionales han recomendado a Guatemala la necesidad de un fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la entidad advierte que una administración tributaria ineficaz sigue siendo parte de los riesgos.

Los bajos ingresos tributarios del gobierno siguen siendo un desafío clave según se agrega en el informe anual de Moody´s. Se expone que Guatemala se mantiene como uno de los países con más bajos indicadores en este aspecto, como la carga tributaria, ya que en el 2018 esos ingresos representaron el 10.6% del Producto Interno Bruto (PIB)

La decisión de mantener la calificación es importante ya que se manda un mensaje para la estabilidad del país dijo el ministro de Finanzas Víctor Martínez. Mencionó que se ha tenido la capacidad de resolver desafíos institucionales y a pesar de diferentes retos se ha tenido un desempeño económico y estabilidad macroeconómica.

El funcionario expuso que coincide con Moody´s en que uno de los retos ha sido seguir fortaleciendo la SAT. A su criterio esa entidad es una de las instituciones que más importantes retos ha tenido y que actualmente pasa por un proceso de implementación de programas y proyectos que buscan tener resultados en corto y mediano plazo. El país ha implementado diversas acciones según expuso Martínez.

Recomienda renovación continua de la SAT

La firma añade que al tener bajos ingresos se limitan los recursos disponibles para cubrir las necesidades de desarrollo social advierte la firma. Agrega que, ante esa baja, la evaluación moderada que se da en este de fortaleza económica se basa en la prudencia fiscal y en los niveles de deuda que siguen siendo una prioridad gubernamental.

La firma Moody’s mantuvo la calificación de riesgo crediticio a Guatemala en Ba1 con perspectiva estable según informó esta noche el Ministerio de Finanzas @MinfinGT y el @Banguat @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/UTqBkeLfCu

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 18, 2019

A criterio de la firma un aumento en la recaudación de impuestos a corto plazo dependerá de “la renovación continua del sistema de administración tributaria”.

Si son exitosos los esfuerzos para fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) respaldarían el perfil fiscal, agrega la calificadora.

Considera que se deben aprovechar esfuerzos como la asistencia técnica del Tesoro de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional para la administración de Puerto Quetzal, además del proyecto de facturación electrónica.

Desafíos

La calificación que emite la firma se basa en el análisis de cuatro ejes como la fortaleza económica, institucional y fiscal, así como la susceptibilidad al riesgo de eventos.

La firma calificadora explica en su informe que el perfil crediticio de Guatemala se equilibra entre la gestión fiscal y monetaria prudente y los modestos niveles de deuda en contraste con débiles instituciones y un producto interno bruto (PIB) per cápita muy bajo.

Los desafíos crediticios clave incluyen:

• Altos niveles de pobreza
• Instituciones relativamente débiles, aquí se incluye la administración tributaria
• Un estado de derecho débil
• Los bajos indicadores de desarrollo humano
• Débil infraestructura física y social

Fortaleza institucional: Bajo

La fortaleza institucional en Guatemala fue evaluada con una calificación de Bajo (-). Se explica en el informe que los indicadores de gobernabilidad mundial de Guatemala son débiles en la mayoría de las áreas.

Con ello Guatemala está muy por debajo del promedio de otros países con calificación Ba. Sus calificaciones más bajas están en Estado de derecho, efectividad del gobierno y control de la corrupción.

Los desafíos mencionados por la firma también dificultan la competitividad aspecto que limita la fortaleza económica, se agrega en el informe.

Fortaleza económica: Moderada

Respecto a la fortaleza económica de Guatemala indica que se evalúa como “Moderada”. Sin embargo, menciona que el PIB per cápita es muy bajo de US$8 mil 436 en el 2018.

Hay aspectos que limitan el desarrollo económico en el país entre estos se detectó que el porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza internacional (con US$1.9 por persona al día) es más alto que en otros países Centroamérica con calificaciones más bajas, como Nicaragua (B2 negativo) y El Salvador (B3 estable). Los niveles de desnutrición en Guatemala también son peores que en países con un PIB per cápita similar como Bolivia y Vietnam, se agregó.

El mercado laboral también tiene deficiencias significativas, con indicadores de calidad de empleo deficientes a pesar de una tasa de desempleo muy baja de 2% según datos para finales del 2018 y mencionan las estadísticas nacionales respecto que alrededor del 70% de los empleados trabajan en el sector informal.

En medio de esas condiciones se agrega que la inversión bruta sigue siendo baja, aspecto que limita más el desarrollo económico.

Ante la falta de más ingresos la inversión pública es baja, pero también los flujos netos de la inversión extranjera directa han disminuido constantemente. En la actualidad representan alrededor del 1% del PIB, cuya cifra es la más baja desde el 2012 cuando se registró en 2.4%. A pesar de ese comportamiento esa inversión es importante para el país.

Cambio de Gobierno: A la expectativa de la segunda vuelta

La atención política está centrada en la elección presidencial cuya segunda vuelta de votaciones para la Presidencia de la República con los candidatos Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei, de Vamos.

Además, según Moody´s los resultados de la primera vuelta electoral muestran una probable prolongación del status quo de la fragmentación política ya que se mantiene una proliferación de pequeños grupos legislativos y ningún partido tendría mayoría (absoluta o calificada) en el Congreso.

Menciona que se han denunciado irregularidades respecto a la primera vuelta electoral que se efectuó el 16 de junio y algunos casos que están bajo investigación. La firma indica: “Más importante aún, una de las principales candidatas, la fiscal anticorrupción Thelma Aldana, fue descalificada un mes antes de la elección, lo que resultó en la división del voto anticorrupción entre un amplio campo de candidatos anticorrupción”.

Expone que el movimiento anticorrupción no parece tener un candidato en la segunda vuelta ya que tanto Giammattei como Torres han sugerido que no reinstalarán a la CICIG si son elegidos.

Las denuncias de irregularidades electorales y el aparente debilitamiento de las medidas anticorrupción abren la posibilidad de una mayor inquietud política menciona el documento.

Moody´s mantiene su atención en lucha contra la corrupción

En enero del 2019 Moody´s advirtió del impacto negativo en el crédito en Guatemala por expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En esa ocasión no hizo una revisión a la calificación.

Ahora en el informe anual divulgado el miércoles 17 de julio explica que los acontencimientos políticos recientes “han suscitado dudas sobre el futuro nivel de compromiso en la lucha contra la corrupción, que podría afectar al marco institucional ya débil del país”.

El mandato de la Cicig finaliza el 3 de septiembre próximo luego de la decisión del presidente, Jimmy Morales de no renovarlo y haber retirado a los funcionarios de esa comisión en el país. La firma añade que los dos candidatos, que van a segunda vuelta electoral para la Presidencia de la República, han sugerido dejarán que el mandato de la Cicig expire en esa fecha.

Moody´s considera a la Cicig como un factor importante para fortalecer las instituciones y mejorar el estado de derecho en el país la fortaleza institucional es la puntuación más débil en la evaluación a Guatemala. “El retiro de la CICIG representa un revés significativo para el país” añadió.

Condicionantes para mejora de calificación

La firma no ve en el futuro cercano un cambio de calificación. Sin embargo, hace ver que si el país busca una más alta calificación requeriría diversas acciones como:

• Mejora en las condiciones económicas que permitan un mayor crecimiento del PIB en forma sostenida.
• Y, una mejora en el marco institucional del país, así como en sus indicadores de gobernabilidad.

Al contrario, podría disminuir si se experimenta:

• Erosión de una gestión fiscal prudente
• Un desempeño económico peor al esperado, que podría conllevar índices de deuda altos.

Recaudación Fiscal: Se hacen esfuerzos pero aún falta

La calificadora reconoce que en los últimos años se han efectuado esfuerzos para modernizar el SAT con acciones como auditorías internas, remoción de personal propenso a la corrupción y un mejor registro de los contribuyentes, así como las aduanas. Sin embargo, mencionó que la recaudación ha disminuido desde 2015, y que la carga tributaria en el 2018 cerró en 10.6%. Ahora esperan que se logre en los períodos 2019 y 2020 la recaudación de impuestos para que los ingresos permanezcan estables como porcentaje del PIB.

Moody´s hace ver que se ha intentado diversas acciones para mejorar la capacidad de lograr ingresos, entre estas investigaciones para el combate a la corrupción de “esquemas criminales dentro del Gobierno” que han impactado en una recaudación de impuestos limitada.

Por aparte menciona ha existido intentos de los Gobiernos por el aumento de las tasas de impuestos, pero se ha encontrado una considerable oposición.

Sin embargo, en el primer semestre del 2019 se refleja una brecha de Q1 mil 400 millones ya que la recaudación va por debajo de la meta prevista para este período, aunque el ministro dijo que se hacen esfuerzos por reducirla.

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En tanto la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) alcanzó Q16 mil 566.8 millones durante el 2018, según la estimación derivada de un estudio de la SAT finales de junio.

¿Qué se ha hecho?

El ministro de Finanzas, quien también preside el Directorio de la SAT, mencionó que se ha logrado dos aspectos muy importantes como la modificación a la Ley Orgánica de esa entidad en el 2016 además que en el decreto 4-2019 se estableció darle respaldo legal a la factura electrónica que ya se encuentra en implementación.

Otras acciones es el desarrollo del Registro Tributario Unificado (RTU) y se está en los últimos pasos para un programa para modernización y controles en aduanas y puntos fronterizos par a combatir el contrabando y defraudación aduanera.

Para este se invertirán alrededor de Q400 millones tanto en tecnología, infraestructura y recurso humano que se trabaja en conjunto con la Organización de Naciones Unidas y con la agencia antinarcótica de Estados Unidos.

Martínez refiere que un reto es la suspensión provisional que permite el acceso a la información bancaria con fines tributarias que está en manos de la Corte de Constitucionalidad. “Ese tema ha bloqueado el fortalecimiento de la SAT” expuso. A la fecha no ha sido resuelto de forma definitiva, aspecto que a criterio del ministro pone en riesgo no solo la labor de fortalecimiento de la SAT sino los compromisos internacionales del país.

Moody´s también menciona estructuras internas que han afectado. Al respecto el ministro dijo que se ha estado trabajando de la mano con muchas instituciones para depurar el recurso humano y eso ha contribuido a fortalecer la SAT acompañado con más tecnología que elimina la discrecionalidad y estandariza los procesos.

En el caso de la baja inversión pública debido a los bajos ingresos el funcionario menciona que ven una oportunidad grande para impulsar proyectos por medio de las Alianzas Público Privadas.

Incluso en la ley del presupuesto se está trabajando en incluir un capítulo para agilizar la ejecución de las inversiones público privadas. La cartera actual que se maneja es de proyectos por US$1 mil 500 millones.

“Moody´s en todos sus informes destaca fortalezas y retos. Agradecemos que tengamos un mecanismo de instancias de análisis permanente en el país para que nos validen también los criterios de cuáles son las cosas que debemos seguir fortaleciendo y cuáles temas prioritarios” dijo Martínez.

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¿Los programas se mantienen independientemente del gobierno de turno?
Sí, son emitidos por ley. Por lo tanto, se mantienen independientes de los gobiernos. Regularmente cada gobierno propone cambios, pero tienen que ser aprobados por el Congreso, y este no los acepta, pues no se pueden concretar, pero los programas se mantienen.

En Guatemala se han impulsado programas, pero se les señala de tener fines electorales.
Los programas en Chile se mantienen en la medida en que son técnica y socialmente evaluados y se evidencien sus logros y beneficios. Los que producen buenos resultados se amplían.

Lo mismo sucede con las inversiones, pues todas las propuestas que hacen los ministerios deben pasar por la evaluación social que realizamos nosotros, antes de ir al Ministerio de Hacienda. O sea que únicamente pasan los que después de la evaluación social evidencian que sus resultados serán positivos.

También verifica los gastos que los ministerios reportan. Algo muy importante es que aparte de la anterior supervisión, nuestro ministerio evalúa los resultados y si no son positivos pues se analiza su continuación.

¿Qué hacen para determinar su efectividad?
Cuando una institución propone un programa se hace una evaluación social de sus costos y los beneficios que llevarán a la salud, la educación, la tercera edad, por ejemplo, de cuánto va a reducir la pobreza, para lo cual hay fórmulas. Depende cuál sea el sistema se hace una medición social de sus aportes en la reducción de la pobreza.

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¿Cómo supervisan para que esa inversión no caiga en saco roto?
 Ningún programa se aprueba si no tiene una evaluación muy rigurosa, aparte de la evaluación social de nuestro ministerio y del que está proponiendo. Todos los procedimientos de asignación de fondos y los resultados de los programas  son evaluados y si no se dan los resultados esperados se suspenden.

¿Cómo manejan la transparencia?
Es vital en nuestra experiencia, porque los recursos del Estado en los programas sociales y no sociales siempre está el riesgo de que sean mal utilizados. Una de las ayudas para que esto suceda es la prensa, la información pública, todo debe estar abierto a la opinión pública para que el control esté entre la ciudadanía.

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Según la página de Guatecompras, el contrato se adjudicó para la “asesoría en análisis financiero e inteligencia de negocios, necesarios para la elaboración de dictámenes, resoluciones y gestiones necesarias para eficientar la gestión del ejercicio fiscal 2018”.

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La tarea que se le encomendó al nuevo asesor, según los términos de referencia, tienen que ver con la asesoría en materia administrativa y financiera al viceministerio, asesorar en la aplicación y cumplimiento de leyes, normas y reglamentos que regulen el tema, asesorar en la capacitación de gestión de la Dirección Financiera del ministerio e impulsar esfuerzos de mejoramiento continuo.

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Además, se le pide elaborar tres productos, que incluye el cronograma con la descripción de los aspectos esenciales de los servicios profesionales, un informe con la compilación de las gestiones realizadas para fortalecer el control interno del viceministerio y un informe sobre recomendaciones administrativas y financieras y control de la ejecución del presupuesto 2018.

El contrato está vigente hasta el 13 de diciembre y los Q67 mil 550 serán cancelados en ocho pagos divididos en 26, 37 y 37 por ciento, después de la presentación de los productos presentados, así como de un informe sobre las actividades efectuadas por el asesor.

Equipo conocido

El jefe del Mides aseguró que el asesor es un auditor y contador público que tiene experiencia en temas financieros y asesora al Mides “para no cometer ningún error en la Ley de Contrataciones y las que rige la Contraloría”.

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Velásquez Monge afirmó que está conformando un equipo con personas conocidas y afirma que nada tiene que ver su pasado en la Dirección de Aeronáutica en la contratación.

“No puedo llevar gente desconocida, yo voy al ministerio a mejorar la ejecución a ver los problemas de calidad del gasto y no puedo venir a improvisar, tengo que ir con el respaldo de mi equipo, que me ayudó en la administración pública en Aeronáutica. Es un tema de administración pública”, afirmó.

Usarán helicóptero

En Guatecompras también figura la contratación del servicio de 10  horas de vuelo en helicóptero para cuatro personas, funcionarios del Mides. El costo fue de Q74 mil a la empresa Helicópteros de Guatemala.

La necesidad de la compra, indican documentos en el portal, se debe a que hay que visitar a las coordinaciones y lugares detectados en pobreza y pobreza extrema.

Velásquez Monge afirmó que esta contratación se hizo para agilizar las acciones, pues hay visitas que se deben hacer a departamentos alejados y aclaró que no se trata de horas de vuelo exclusivas para él sino para el personal que lo necesite, incluyendo el operativo.  

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Ante la negativa de visitar Buenos Aires, donde su figura es materia de disputa política entre el Gobierno de Macri y el peronismo, cientos de miles de argentinos se preparan para cruzar la cordillera de Los Andes, que divide a ambos países.

El operativo que lanzará Mendoza tiene como objetivo dar respuestas a posibles siniestros viales y emergencias médicas en alta montaña, dada la gran cantidad de fieles que pasará por la provincia antes de cruzar a Chile.

En la ruta que une a los dos países, “se instalarán siete puestos sanitarios” y “unos 300 policías” custodiarán la seguridad, precisó el gobierno provincial.

La provincia de Mendoza está situada al oeste de la capital Buenos Aires y su gobierno local está encabezado por Alfredo Cornejo, un radical aliado al presidente argentino, Mauricio Macri.

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La información señala que se solicitó al Legislativo modificar el artículo 23 de la Ley del Presupuesto del 2017, que estipula que antes de entregar beneficios a cargo del Mides y de Agricultura debe hacerse el censo, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística.

En entrevista previa, el ministro de Desarrollo Social, José Moreno, dijo que el censo tardaría medio año y que requieren entre Q14 y Q20 millones para ejecutarlo.

El Mides firmó ayer un convenio con el Ministerio de Educación para focalizar la entrega de transferencias del ramo.

Padrón anterior

• Durante el 2016, el Mides utilizó el padrón del 2012.
• 657 mil 799 familias fueron reportadas como beneficiadas en el 2016. Ese año se erogaron Q505 millones en programas sociales.
• Quiché y Alta Verapaz, los departamentos priorizados.
• La condición para las familias beneficiadas es tener niños que asistan a la escuela y al centro de Salud.

La injerencia de diputados y alcaldes en la cartera fue uno de los hallazgos de las nuevas autoridades, quienes aseguran que los empleados recibían órdenes de estos funcionarios y que varias páginas de internet se utilizaban en nombre del ministerio para promover su imagen entregando los programas sociales.

También se informó que 198 mil de 264 mil beneficiarios de la Bolsa Segura recibían los alimentos sin haber sido sometidos a un estudio socioeconómico y que las entregas se hacían en el departamento de Guatemala, donde la pobreza es del 18 por ciento, pero no en Alta Verapaz, que registra hasta 78 por ciento de población con necesidad.

Ministra Norma Quixtán dice que empleados recibían órdenes de diputados y alcaldes para programas sociales pic.twitter.com/KgqeJ4Y6n1

— Henry Pocasangre (@PocasangreHenry) November 19, 2015

“La bolsa segura fue focalizada al área urbana. El ministerio es bueno pero lo usaron de bolsa de empleo y regalos”, dijo la ministra.

La denuncia también incluye el hallazgo de 15 plazas fantasma en la planilla registrada en la capital y la contratación de 18 asesores, quienes habrían conformado, junto a otros trabajadores, tres sindicatos para evitar ser despedidos.

Quixtán dijo que sugerirá a la próxima administración que para el año 2017 se incluya en el presupuesto un artículo que prohíba todos estos vicios.

También en Salud

La injerencia de diputados y alcaldes durante administraciones anteriores también fue denunciada en el Ministerio de Salud por el actual jefe, Mariano Rayo.

Según el funcionario, en la cartera se encontraron tarjetas con instrucciones para contratar al personal designado por funcionarios, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Rayo explicó que esas recomendaciones eran enviadas a través de tarjetas denominadas “de navidad”, donde se indicaba el puesto, salario y renglón en el que debía ser contratada la persona.