TSE formaliza la cancelación de FCN-Nación, partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia

La cancelación fue publicada en el diario oficial. El nombre, emblema y símbolo de la agrupación no podrán ser usados en los próximos 10 años.

Douglas Cuevas

8 de agosto de 2025

|

14:16h

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El expresidente Morales y su hermano, buscaron llegar al Congreso en las elecciones del 2023. Fotografía: Prensa Libre.

El partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) pasó a la historia. Una publicación legal en el Diario de Centro América oficializó su cancelación.

La agrupación destacó en las elecciones del 2015 como un partido nuevo, con una propuesta que, en sus mensajes de campaña, mantenía un discurso de rechazo a la corrupción.

En esas votaciones se consolidó en el poder local al ganar alcaldías, se convirtió en una fuerza clave del Congreso con una bancada numerosa y logró su mayor triunfo: la Presidencia de Guatemala.

Jimmy Morales fue elegido presidente tras un convulso momento político y social. Las entonces autoridades de gobierno se vieron obligadas a renunciar por fuertes señalamientos de corrupción.

El exbinomio Otto Pérez Molina–Roxana Baldetti dejó el cargo antes de concluir el período constitucional, debido al rechazo ciudadano y a una serie de acusaciones penales que, en los tribunales, confirmaron la corrupción en el gobierno del también desaparecido Partido Patriota.

Ahora, FCN-Nación sigue los pasos de esa agrupación que le abrió camino en la política, al posicionar a un candidato en la Casa Presidencial que, por primera vez, competía por el cargo.

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Argumentos

El anuncio de la cancelación fue firmado por Sergio Antillón, director del Registro de Ciudadanos, con base en los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) y el 22 de su reglamento.

El artículo 94 ordena declarar la cancelación de un partido luego de otorgarle un plazo de 30 días, tras ser notificado, para defenderse legalmente.

Agotado ese plazo, procede la cancelación definitiva de la agrupación. El artículo 95 de la Lepp y el 22 del reglamento establecen prohibiciones sobre el uso del nombre del partido cancelado.

Ninguna futura organización política podrá utilizar el nombre, emblema y símbolo que caracterizaron a FCN Nación. Esta prohibición estará vigente por 10 años, contados desde la publicación de la cancelación en el diario oficial.

En octubre del año pasado, autoridades del TSE confirmaron la cancelación de FCN Nación. Tras agotar las audiencias y sin procesos pendientes, oficializaron la decisión con la publicación legal.

Cancelaciones pendientes

Por las elecciones generales del 2023, que llevaron a Bernardo Arévalo, del cancelado Movimiento Semilla, a la Presidencia, existen procesos de cancelación pendientes de oficializar.

Estos afectan a partidos que no alcanzaron el 5% de votos en la elección presidencial ni obtuvieron representación en la décima legislatura.

Las agrupaciones han ganado tiempo porque el TSE no ha resuelto las acciones legales presentadas contra los procesos. Blanca Alfaro, presidenta en funciones del órgano electoral, argumenta que el asunto debe discutirse en pleno, pero no ha dado fechas para resolverlos.

• PAN
• Podemos
• Prosperidad Ciudadana
• Partido Popular Guatemalteco
• Poder

La resolución tiene fecha 17 de marzo de 2023 y detalla que al realizar el análisis del expediente respectivo, se pudo establecer que la mencionada solicitud de inscripción cumplió con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como con los requisitos contenidos en el Decreto 1-2023, de fecha 20 de enero de 2023, emitido por el TSE.

Además, que derivado de que en el informe dado por el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos y de la revisión efectuada se advirtió que en el expediente de mérito consta la documentación de rigor.

La resolución también señala que se revisó la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos extendida por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala (Finiquito) y de los antecedentes penales y policiales de los candidatos a cargos de elección popular de ese partido y se confirmó que los documentos gozan de validez y vigencia a la presente fecha.

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Fuer por esa razón que se declaró procedente la inscripción de los candidatos a diputado de FCN-Nación al listado nacional.

La planilla

Los aspirantes a diputados por el FCN-Nación por el listado nacional son:

• Jimmy Morales, casilla 1
• Javier Alfonso Hernández Franco, casilla 2
• Argenis Gabriel Ordoñez Francia, casilla 3
• Jacqueline Melizabeth Moir Sandoval, casilla 4
• María Eugenia Barrios Robles, casilla 5
• Sergio Armando Castillo Molina, casilla 6
• Julio Alberto Calito Robles, casilla 7
• Ludvina Leticia Hernández Ovalle, casilla 8
• Luis Francisco Martínez Zet, casilla 9

Vacantes

De la casilla 10 a la casilla 32 fueron declaradas como vacantes pues el partido no postuló candidatos.

El documento detalla que este debe ser remitido al Departamento de Organizaciones Políticas para su inscripción y para que se extiendan las credenciales que corresponden.

La resolución está firmada por Ramiro José Muñoz Jordán, director general del Registro de Ciudadanos del TSE y por el secretario Sergio Eduardo Jiménez Rivera.

La detención de Ascencio Tejada se ejecutó en la aldea Los Pinos, calle principal de Salamá, Baja Verapaz.

“Rigo” participó en 2019 como candidato a alcalde municipal de Salamá por el partido de Jimmy Morales, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nacion), y obtuvo el segundo lugar.

Durante aquellos comicios fue criticado porque junto con el expresidenciable Estuardo Galdámez, también de FCN-Nación, se adjudicaron la entrega de ayuda para los pobladores, pero se trataba de un bono gubernamental.

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Cargos en su contra

En la orden de aprehensión se lee que “Rigo” es  requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

El documento señala que en 2015 las autoridades estadounidenses identificaron una organización de tráfico de drogas que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica desde por lo menos el año 2008. La estructura es responsable de traficar grandes cantidades de cocaína hacia los EE.UU.

Para lograr su cometido utilizaban lanchas, embarcaciones sumergibles, buques de pesca, aeronaves, camiones, para transportar cocaína por tierra, mar y aire.

Según la investigación, la droga provenía de Colombia y era distribuida por Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México.

La investigación identificó al requerido como un miembro de la organización desde aproximadamente el año 2011 hasta por lo menos junio de 2020, fue responsable de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades del tráfico de drogas de la organización en Guatemala y otros lugares.

Ascencio Tejada  tiene una acusación en el caso número 4:20CR126 de la corte antes mencionada y se le imputan los siguientes delitos:

Cargo uno: Conspiración para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia EE.UU..

Cargo dos: Manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.

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Fue arrestada durante un operativo de rutina de agentes policiales de Tactic, Alta Verapaz, en el kilómetro 180 de la ruta al Polochic.

La mujer, de 41 años, iba en un vehículo y al momento de identificarse se estableció que tenía orden de captura por el Juzgado Segundo Penal de Alta Verapaz desde el 31 de octubre de 2019.

La PNC la puso a disposición del juzgado para que solvente su situación legal.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a López Paz como aspirante a la alcaldía de Tucurú mediante el expediente 2454, de resolución el 16 de marzo de este año.

López Paz tuvo 3 mil 106 votos, el 21.04 por ciento, mientras que el ganador fue Leonel Victoriano Guzmán Argueta, de la UNE, con 4 mil 348 votos, el 29.45 por ciento.

Aquel 16 de junio votaron 14 mil 763 personas en Tucurú.

El 24 de julio, decenas de vecinos de ese municipio, incluida López Paz, rodearon la Torre de Tribunales capitalina y bloquearon las audiencias judiciales, en protesta por los resultados y demandaban la repetición de las elecciones locales, algo que no ocurrió. La fuerza pública usó gas pimienta para dispersarlos.

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El 27 de febrero pasado, Secaida resolvió a favor de ocho diputados, para quienes decretó la falta de mérito en el caso de discriminación que les señaló el MP contra Ventura.

La jueza valoró la tesis de la defensa que se centró en que Ventura le mintió al Estado al falsificar un título universitario para obtener el cargo de gobernadora. Además, estuvo prófuga y fue procesada recientemente por los delitos de uso de documentos falsificados y usurpación de calidades.

Así se beneficiaron Juan Manuel Giordano Grajeda, Óscar Rolando Corleto Rivera, Laura Alicia Franco Aguirre, Byron Juventino Chacón Ardón, Rudy Berner Pereira Delgado, Ferdy Elías Velásquez y Edgar Eduardo Montepeque y Julio Antonio Juárez Ramírez.

Los ocho congresistas, del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), habían sido imputados por los delitos de tráfico de influencias, discriminación y abuso de autoridad.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril del 2016. Los diputados citaron a Ventura para fiscalizar proyectos de arrastre en Alta Verapaz y la forma en que iba a solucionarlos, ya que su gestión para entonces tenía tres meses.

Pero la reunión luego sirvió para presionar a Ventura para que gestionara contrataciones de personas afines al partido en aquel departamento, según la denuncia de la exfuncionaria.

La acusación del MP detalla que a la entonces gobernadora “la hicieron sentir indefensa por ser mujer”. Además, le gritaron “¡India estúpida! Así se ha hecho, así se hace y así se hará”.

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Acepta el fallo

“No había mérito. La investigación no condujo al señalamiento”, informó vía telefónica el jefe fiscal Luis Archila.

De esa cuenta es que ya han pasado seis días después de la resolución de Secaida y la Fiscalía no ha apelado ni lo hará.

“Luego del análisis, se concluyó que no había mérito para plantear una impugnación. Como la falta de mérito no cierra plenamente el proceso, puede en algún momento reabrirse si varían las circunstancias. Entonces, por ahora, se queda así esta situación del caso”, informó Archila.

Al ser consultado sobre si la resolución de la juzgadora iba centrada también en que Ventura le había mentido al Estado al haber falsificado un título universitario mencionó que era otro aspecto. “Cada caso es en particular. Este caso fue una situación que sucedió en la capital. La otra situación de Ventura es distinta y no incidió”.

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El correo electrónico que salió de la cuenta jhfranco9@gmail.com también está en posesión del Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán. El jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad, encargado de esta investigación, optó por no hablar sobre el correo y tampoco respondió por qué no se han tomado acciones para clarificar la participación del actual jefe de bancada del FCN.

Javier Hernández Franco envió el 5 de septiembre de 2015 a las 11.40 horas un correo electrónico a Edgar Ovalle (edgarovalle1983@hotmail.com) con el asunto: lista de fiscales con cuenta para Huehuetenango. Dentro del correo detalla los montos, las cuentas y hacia quién debía hacerse el depósito para el pago. Su nombre y su número de cuenta es lo primero en aparecer en la comunicación electrónica.

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El correo en cuestión establece traslados para la movilización de fiscales en Huehuetenango. Hernández Franco asignó que recibiría a su cuenta bancaria Q36 mil para 102 mesas el municipio de Barillas. En ese mismo correo aparece el nombre de Juan Carlos Carías Estrada, actual secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que recibió Q60 mil para 200 mesas en los municipios de San Sebastián, Chiantla, La Democracia, Jacaltenago y Aguacatán, Huehuetenango.

Se consultó con Carías Estrada, pero decidió no hacer comentarios sobre esta revelación.

Esperará citación

Cuestionado al respecto, el diputado oficialista negó su participación en el caso de financiamiento. Aunque reconoció que participó en la distribución de fondos para montar la logística de designación de fiscales de mesa en las elecciones de 2015. “A mí me solicitaron fiscales porque se necesitaba defensa del voto en las áreas, eso es completamente legal y es lo que un partido político tiene que hacer para la defensa de partido y proteger su voto”, explicó.

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“No lo conozco. Voy a esperar a que me llamen para conocerlo bien”, dijo el diputado al ver la hoja donde estaba impreso el correo electrónico de su autoría.

El jefe de la fiscalía, Oscar Schaad, dijo que no puede referirse al tema por el estado del proceso. Al preguntarle si procederán con un antejuicio contra el diputado Hernández o de por qué hasta el momento no ha sido objeto de la investigación, reiteró que la Ley no le permite dar más detalles, pese a que el caso no está bajo reserva judicial.

Por dos ocasiones se ha suspendido la audiencia en la que se imputarían los delitos. Para este jueves se tiene prevista una nueva audiencia. El MP y la Cicig señalaron que el partido FCN Nación, que llevó al poder a Jimmy Morales, recibió al menos Q15 millones de  financiamiento durante la campaña electoral de 2015 y no lo reportó ante el TSE.

El financiamiento que habrían dado los empresarios sirvió para el pago de fiscales del partido y para el pago de publicidad. En este caso hay dos testigos, Paulina Paiz Riera y Olga Méndez quienes presentaron documentos, correos y facturas para respaldar su declaración.

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El congresista, junto a otros siete diputados de esa agrupación política, son señalados por el Ministerio Público (MP) de haber insultado en 2016 a Estela Ventura, entonces gobernadora de Alta Verapaz, durante una citación.

Según las pesquisas, Ventura fue citada por el diputado Carlos Corletto para que explicara varios proyectos en Alta Verapaz; sin embargo, la reunión era para presionarla para que gestionara ciertas contrataciones de personas afines al partido.

La acusación dice que “la hicieron sentir indefensa por ser mujer”, y que le gritaron “¡India estúpida! Así se ha hecho, así se hace y así se hará”, por lo que la gobernadora, quien salió llorando de la cita, decidió denunciarlos el 11 de abril del 2016, agregando que le dijeron que “no fuera tonta, las cosas se realizan de forma política y no democrática”.

En agosto del 2016, la Corte Suprema de Justicia decidió retirar la inmunidad a los ocho diputados oficialistas para que el Ministerio Público pudiera abrir la investigación por discriminación y abuso de autoridad.

Señalamientos contra diputados

El 19 de febrero último, las organizaciones Guatemala Visible, Jóvenes por Guatemala y Primero Guatemala entregaron al Registro de Ciudadanos un listado de 28 diputados para que determine si procede o no su inscripción para las elecciones del 16 de junio.

Entre ellos se encuentra Pereira Delgado y los diputados oficialistas que fueron denunciados entonces por ese caso de discriminación: Juan Manuel Giordano Grajeda, Óscar Rolando Corletto Rivera, Laura Alicia Franco Aguirre, Byron Juventino Chacón Ardón, Ferdy Elías Vásquez, Édgar Eduardo Montepeque y Julio Antonio Juárez Ramírez.

Pedro Cruz, de la asociación Primero Guatemala, indicó que la intención principal de entregar la información fue precisamente para que se evaluara de manera minuciosa e individual cada caso al momento de que los congresistas solicitaran su inscripción para su reelección.

Pereira Delgado es actualmente integrante de la comisión de Finanzas del Congreso del República.

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En dos oportunidades la jueza Judith Secaida había suspendido la audiencia de primera declaración el año pasado debido a inasistencias de abogados y por falta de una sala de audiencias.

Señalamiento

La Fiscalía Metropolitana imputó a los ocho diputados los delitos derivados de una investigación preliminar que inició en 2016 cuando habrían insultado a Ventura.

Según la pesquisa, el 5 de abril del 2016, los legisladores citaron a Ventura en la sala de sesiones de la bancada, en el edificio 7 y 10, en la 10a. calle, 6-81, zona 1.

Ventura acudió a la citación que le hizo el diputado Corleto Rivera para explicar los proyectos de arrastre en Alta Verapaz y la forma en que iba a solucionarlos, ya que su gestión para entonces apenas tres meses de trabajo.

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Pero la reunión giró para presionar a Ventura para que gestionara la contrataciones de personas afines al partido en aquel departamento.

La acusación del MP detalla que a la entonces gobernadora “la hicieron sentir indefensa por ser mujer”. Además, le gritaron “¡India estúpida! Así se ha hecho, así se hace y así se hará”.

Entonces, Ventura salió del lugar afectada por la forma en que fue tratada por los legisladores, a quienes denunció ante el MP el 11 de abril de 2016. En la denuncia que interpuso especificó que los diputados le dijeron que “no fuera tonta, las cosas se realizan de forma política y no democrática”.

Los ocho diputados incurrieron en abuso de autoridad debido a que jamás juramentaron a la funcionaria para prestar su declaración. Además, le ordenaron a su asesor que se retirara del lugar.

El ente investigador también señaló a Corleto Rivera, Pereira Delgado y Giordano Grajeda de tráfico de influencias. Además, sindicó a Franco Aguirre y Montepeque por discriminación. Además, les atribuye abuso de autoridad porque la citación comenzó sin que ella fuera juramentada y obligaron a un asistente a retirarse.

El representante del MP explicó que cuentan como indicios de las grabaciones de las cámaras de video del acceso al edificio, la denuncia de Ventura así como la declaración de un asistente, entre otros.

Se abstienen

Poco después de las 13 horas, la jueza Secaida les otorgó 15 minutos a los diputados oficialistas para que conversaran con sus defensores y decidieran si querían declarar. Todos se abstuvieron.

“Ese es su derecho, pero la audiencia continúa”, explicó la juzgadora y terminó de escuchar la imputación.

El turno de los defensores será mañana cuando presenten su hipótesis. Como adelanto la abogada Karla Marroquín, quien defiende a Velásquez, explicó que la entonces gobernadora le mintió al Estado y recordó que ella estuvo prófuga de la justicia por otro caso, supuestamente por haber falsificado su título de licenciatura.

Sobre caso, el MP señala a Ventura de los delitos de uso de documentos falsificados y usurpación de calidades, pero el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán le otorgó arresto domiciliario el 8 de febrero último.

Un año después de que denunció a los diputados, Ventura retiró la denuncia aunque el proceso continuó a cargo del MP, sin su participación.

Aun no se han dictado medidas de coerción, por lo que siete legisladores pueden continuar con sus labores. La excepción es Juárez, quien está preso y procesado por su presunta implicación en la muerte de los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, en Mazatenango en 2015.

Sindicación

1. Juan Manuel Giordano Grajeda: Tráfico de influencias y abuso de autoridad.
2. Óscar Rolando Corleto Rivera: Tráfico de influencias y abuso de autoridad.
3. Laura Alicia Franco Aguirre: Abuso de autoridad y discriminación.
4. Byron Juventino Chacón Ardón: Abuso de autoridad.
5. Rudy Berner Pereira Delgado: Tráfico de influencias y abuso de autoridad.
6. Ferdy Elías Velásquez: Abuso de autoridad y discriminación.
7. Edgar Eduardo Montepeque: Abuso de autoridad y discriminación.
8. Julio Antonio Juárez Ramírez: Abuso de autoridad.

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La denunciante acusó a los diputados de haberla amenazado con retirarla del cargo al haberse negado a convocar a los afiliados del partido FCN en el municipio. Según la mujer, le presentaron pruebas de cómo habían hecho lo mismo con otros funcionarios en otros municipios donde no habían cumplido con sus órdenes, comentó.

El otro denunciante, un hombre que dijo ser Facilitador Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Chichicastenango, manifestó que lo citaron a la asamblea y al llegar al salón indicado los diputados Estuardo Ernesto Galdámez, Fernando García Gudiel y Melgar Padilla lo insultaron porque no había convocado a los afiliados del FCN a llegar a la asamblea.

El denunciante dijo que los diputados llamaron vía telefónica al Mides para pedir su destitución del cargo, obligándolo a convocar a afiliados del partido FCN a llegar a la asamblea en Chichicastenango, explicó.

Estuardo Galdámez, diputado por Quiché, negó las acusaciones manifestando que no sabía nada de la denuncia y que no sabía quienes la habían interpuesto. “Yo no tengo tiempo para estar viendo estas cosas”, señaló el legislador visiblemente molesto.

“Espero que los denunciantes tengan las pruebas necesarias para este tipo de acusaciones, no sabría decir cuáles son los motivos de estas denuncias, están perjudicando mi presunción de inocencia, yo no me he reunido con nadie para presionarlo de esa forma, dejemos de estar quitándole el tiempo útil a los jueces”, señaló.

Rolando Muñoz, delegado departamental del Tribunal Supremo Electoral, dijo que hasta el momento no cuentan con el informe del desarrollo de esa asamblea. “La ley nos da un plazo de cinco días para presentar los resultados de la asambleas realizadas, por lo que hasta el momento desconozco lo que sucedió en Chichicastenango”, señaló.

Se buscó al delegado departamental del Mimides en Quiché, Manuel Azicona, pero este fue destituido del cargo el pasado viernes y hasta el momento no se ha designado a su sustituto, por lo que no se pudo conocer su punto de vista.

Cuatro asambleas municipales se realizaron en Quiché, la presencia de personas o afiliados fue mínima. No se permitió el acceso de la prensa y en algunas de ellas se colocaron a los guardaespaldas de los diputados en la puerta para verificar que no ingresaran representantes de los medios de comunicación.

En las cuatro asambleas municipales estuvieron presentes los cuatros diputados señalados de presionar a dos trabajadores del Mides en Chichicastenango.

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