Constructoras desviaron US$50 millones en red vinculada a corrupción pública

El informe del Gafilat expone una estructura de empresas sin capacidad técnica que adjudicaban proyectos de obra pública y triangulaban fondos para simular actividad económica. El esquema incluyó adjudicaciones menores a Q90 mil, retiros en efectivo y transferencias al extranjero sin respaldo tributario.

Urias Gamarro

16 de febrero de 2026

|

04:50h

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Entre las señales de alerta que permitieron identificar este caso destaca que varias entidades, sin capacidad técnica, operativa ni humana, ejecutaban proyectos de obra pública. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca).

Cuatro tipologías de lavado de dinero fueron identificadas en Guatemala por un monto que alcanzó los Q5 mil 195 millones, equivalentes a unos US$679 millones, correspondientes al 2023-2024, según el informe publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) diciembre del 2025.

El Informe de Tipologías Regionales incluye la presentación de 53 casos en la región, los cuales ilustran la manera de operar de las organizaciones criminales, así como los productos y sectores empleados para lavar activos. El documento se basa en hechos reales, aunque aclara que los datos que pudieran individualizar situaciones, personas, lugares u otros elementos fueron modificados para evitar señalamientos, perjuicios o violaciones a derechos fundamentales.

El país se presentó cuatro estudios relacionados con el lavado de dinero, que detallan el diagrama de operación, el rastreo de los fondos y la tipología utilizada: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el narcotráfico y la estafa.

Estos casos fueron aportados por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de un ejercicio que se realiza cada dos años entre los países miembros del Gafilat, con el objetivo de examinar los esquemas de lavado, generar alertas y fortalecer la prevención.

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Constructoras desviaron US$50 millones

La sustracción de fondos públicos a través de una red de constructoras es otra de las tipologías expuestas en el documento del Gafilat para Guatemala, vinculada a actos de corrupción por un monto de US$50 millones.

Entre las señales de alerta que permitieron identificar este caso destaca que varias entidades, sin capacidad técnica, operativa ni humana, ejecutaban proyectos de obra pública. También se evidencian vínculos administrativos y de propiedad entre estas constructoras y las juntas de cotización encargadas de adjudicar los concursos. En dichos procesos se identificó un patrón de adjudicación directa por valores menores a Q90 mil.

Se registró aparente competencia desleal en los concursos. Tras la estructuración de fondos mediante el envío, retorno y traslado entre las mismas constructoras —que podría simular una subcontratación de servicios prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado—, se documentó una triangulación de fondos con el posible objetivo de aparentar actividad económica.

Asimismo, se identificó el uso de una metodología para evadir impuestos, basada en la igualdad entre créditos y débitos, con la intención de justificar una utilidad casi nula y evitar el pago de tributos.

Se detectó el cobro en efectivo por parte de representantes legales, firmantes o contadores de las cuentas bancarias. Posteriormente, se dio seguimiento a la compra de bienes muebles e inmuebles en los mismos periodos en los que se recibieron fondos públicos.

Finalmente, se documentó el envío de transferencias internacionales hacia Estados Unidos y países asiáticos, sin registro alguno de importaciones o exportaciones ante la administración tributaria que justifique dichas operaciones.

Paso a desnivel en la Roosevelt sufre nuevo retraso: en ocho meses solo avanzó 25%

El paso a desnivel en la calzada Roosevelt, zona 11, no será entregado en diciembre de 2025, luego de que la constructora Cebco informara que no podrá cumplir con el plazo establecido, mientras el Ministerio de Comunicaciones evalúa la aplicación de sanciones por el nuevo retraso.

Glenda Burrión

17 de diciembre de 2025

|

16:52h

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El paso a desnivel en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11, registra más de dos años de retraso y no será entregado en diciembre de 2025, según confirmó el Ministerio de Comunicaciones. (Foto, Prensa Libre: cortesía CIV)

La construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11, enfrenta un nuevo retraso en su entrega, pese a que las autoridades habían anunciado que la obra estaría finalizada el 22 de diciembre de 2025.

El viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez, confirmó el 16 de diciembre que el proyecto no será entregado en la fecha prevista, a pesar de que la empresa constructora Cebco había manifestado su intención de cumplir con el plazo establecido.

Este paso a desnivel de la Roosevelt acumula al menos 26 meses de retraso respecto al plazo contractual original, y tiempo que aumentar cuando se fije la nueva fecha de entrega.

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Avance físico de la obra: 25% en ocho meses

Según el actual viceministro, el avance actual del proyecto se estima en aproximadamente 80%.

En abril de 2025, Leonardo Francisco Camero, coordinador de operaciones del Fondo Social de Solidaridad (FSS), informó que el avance físico era del 55%, aunque la documentación oficial reflejaba 49.94%.

Esto indica que que en los últimos ocho meses el avance fue cercano al 25%.

Causas del atraso 

Entre las razones del retraso, Martínez explicó que se registraron complicaciones técnicas en la construcción, así como problemas logísticos en el traslado de losas prefabricadas, uno de los cuales incluyó un accidente al salir de la planta, lo que generó pérdidas de tiempo en la ejecución del proyecto. 

Aunque no indicó sobre cuántos días se acumulan de atraso, el funcionario indicó que se reunirá con la empresa constructora para definir una nueva fecha oficial de entrega. 

Posibles sanciones a la empresa 

Además, Martínez señaló que se buscó otorgar un plazo adicional a la empresa; sin embargo, cualquier ampliación se realizaría con la aplicación de multas, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

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De acuerdo con el contrato, Cebco podría ser sancionada con una multa de entre uno y cinco por millar del monto de los trabajos, servicios, bienes o suministros no ejecutados oportunamente, por cada día de atraso. 

Antecedentes del proyecto 

El proyecto contempla la construcción de una estructura elevada de aproximadamente 350 metros sobre las calzadas Roosevelt y San Juan, con un costo de Q44 millones 956 mil 501.84. 

La obra inició el 1 de septiembre de 2022 y estaba programada para concluir el 31 de octubre de 2023, con un plazo de ejecución de 14 meses. 

Sin embargo, en noviembre de 2023 fue suspendida temporalmente tras detectarse una tubería de hierro galvanizado entre las pilas 3 y 5, que abastece de agua a las zonas 3 y 7, lo que obligó a su reubicación.

Posteriormente, en junio de 2024, los trabajos volvieron a paralizarse debido al incumplimiento de la empresa supervisora, que no presentó una fianza de ampliación, según informó el FSS. 

Remodelación del Estadio Doroteo Guamuch: causas del retraso y rescisión del contrato

La CDAG rechazó la prórroga de 11 meses solicitada por Bremar tras múltiples retrasos en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores, lo que llevó a rescindir el contrato por mutuo acuerdo.

Glenda Burrión

5 de diciembre de 2025

|

16:54h

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La remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores permanece inconclusa tras los retrasos acumulados y la posterior rescisión del contrato entre la CDAG y la empresa Bremar, La obra terminada debía entregarse el 6 de diciembre de 2025.

Durante el 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) destinó fondos para modernizar el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, como iluminación, sanitarios y reparaciones puntuales.

Sin embargo, el cambio más significativo fue el proyecto de remodelación total de la pista y el césped. El contrato incluía la instalación de videovigilancia, retiro de la grama natural y colocación de un césped híbrido (95% natural y 5% sintético) importado desde Turquía. También se programó cambio de pista de atletismo y la limpieza y reacondicionamiento de los marcos de portería.

Esta última remodelación fue adjudicada a la Constructora y Distribuidora Bremar el 14 de octubre de 2024, con un valor de Q32.4 millones, e incluía intervenciones de mayor profundidad y alcance. Sin embargo, este es el trabajo que no se completó y que a pocos días de que se debía entregar se ha convertido en controversia.

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Pero uno de los elementos más relevantes para el desenlace del caso es que el contrato, a pesar de su complejidad, no incluyó un cronograma de obra detallado. Sin un plan verificable y vinculante, la supervisión se apoyó en reportes parciales que no permitieron anticipar la magnitud de los retrasos, según han denunciado diputados en varias oportunidades

Un proyecto ambicioso con ciertos avances, pero sin una hoja de ruta sólida

La rescisión del contrato entre la CDAG y la empresa Bremar por la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores expuso no solo retrasos operativos, sino también fallas estructurales en la planificación, supervisión y gestión de un proyecto valorado en Q32.4 millones.

Según se desprende de los documentos publicados en Guatecompras, uno de los elementos más determinantes en el desenlace del caso es que el contrato, pese a su complejidad, no incluyó un cronograma de obra detallado.

Sin un plan verificable y vinculante, la supervisión se apoyó en reportes parciales que no permitieron anticipar la magnitud de los retrasos.

Primeros informes de avance

El primer informe oficial, fechado el 30 de mayo de 2025, reportó un 25.03% de avance físico, principalmente trabajos de desinstalación, excavación y nivelación.

El segundo informe, del 31 de julio de 2025, elevó el avance al 30%, con énfasis en drenajes, bordillos, demolición de aceras y construcción de fosas de arena. Tras este reporte, se liberó el segundo pago.

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Pagos desembolsados y avances iniciales

La CDAG realizó dos pagos:

• Anticipo del 20%: Q6 millones 488 mil 941.20 (febrero).

• Pago por avance del 9.48%: Q3 milones 076 mil 771.85 (agosto).

En total, Bremar recibió Q9 millones 565 mil 713.05, equivalente al 29.48% del proyecto.

La postura de la CDAG: incumplimientos atribuibles al contratista

En un comunicado publicado el 4 de diciembre de 2025, la CDAG sostuvo que los atrasos fueron responsabilidad directa de la empresa, asegurando que la supervisión interna dio seguimiento a un cronograma de obra interno y que las advertencias se hicieron a Bremar “en reiteradas ocasiones”.

La institución afirmó que la constructora no garantizó la adquisición oportuna de materiales esenciales, como la grama sintética y la pista de atletismo, incumpliendo la cláusula 17 del contrato.

Además, señaló como preocupante que la empresa solicitara una prórroga equivalente al 100% del tiempo original sin demostrar que los retrasos fueran fortuitos o derivados de fuerza mayor.

Con base en estos argumentos y siguiendo las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Comité Ejecutivo decidió no conceder la prórroga solicitada.

La postura de Bremar: atrasos “conocidos” y causados por factores externos

La constructora Bremar, en su carta del 27 de octubre de 2025, argumentó que los retrasos obedecieron a situaciones ajenas a su control y que fueron conocidas por la CDAG.

Entre los motivos que justifican su solicitud de prórroga, la empresa indicó:

• 45 días de atraso por el traslado de grama hacia Zacapa.

• 3 días afectados por manifestaciones en el basurero de la zona 3.

• 8 días por trabajos de demolición no incluidos en las bases originales.

• 65 días por la necesidad de rediseñar el sistema de drenaje francés, debido a que el área no era apta según nuevos estudios.

• 2 días por protestas vinculadas a seguros vehiculares.

• 26 días por ajustes en la instalación de tubería.

• 109 días esperando autorización para reubicar gradas de emergencia y mejorar el sistema de riego (que a la fecha de la emisión de la carta no se había solucionado) 

• 85 días sin avances por lluvias intensas, según informes de Insivumeh.

• Un aumento del 350% en el costo de la grama sintética, según lo evidencian los anexos, Bremar inició contacto con la empresa matriz hasta el 3 de octubre, sin detallar cuándo empezó el contacto con la empresa distribuidora en Guatemala.

Bremar sostuvo que estos factores justificaban una extensión de 11 meses y que el proyecto podía completarse dentro del nuevo plazo solicitado.

Recomendación de la Contraloría y rescisión del contrato

El 26 de noviembre, la Contraloría General de Cuentas recomendó rescindir el contrato por mutuo acuerdo, argumentando que esta vía evitaría un conflicto judicial y permitiría reactivar la obra más rápido bajo un nuevo proceso de licitación.

La CDAG aceptó esta recomendación y anunció que Bremar accedió a:

• No judicializar el caso.

• No reclamar pagos pendientes.

• Respaldar con una fianza la conservación del 35.45% de la obra ejecutada por 18 meses.

• Desalojar y limpiar las áreas intervenidas.

Línea de tiempo: cómo la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores terminó en conflicto

14 de octubre de 2024

CDAG adjudica a Bremar la remodelación del estadio por Q32.4 millones. El contrato no incluye un cronograma detallado, pese a su complejidad.

Enero 2025

Se firma el acta de inicio, comenzando formalmente el plazo contractual de 11 meses para ejecutar la remodelación.

Febrero 2025

Se desembolsa el 20% de anticipo. Inician los trabajos.

30 de mayo de 2025

Primer informe: 25.03% de avance, con desinstalación de pista y grama, excavaciones y nivelación.

31 de julio de 2025

Segundo informe: avance llega a 30%. Se ejecutan drenajes, bordillos y demoliciones. La CDAG paga un 9.48% adicional.

27 de octubre de 2025

Bremar pide prórroga de 11 meses, alegando retrasos por clima, estudios adicionales, demoliciones no previstas y problemas logísticos, sumando más de 300 días de afectación.

26 de noviembre – 4 de diciembre de 2025

La Contraloría General de Cuentas recomienda rescindir el contrato. CDAG y Bremar acuerdan la rescisión por mutuo acuerdo, sin demandas y con una fianza que cubre el 35.45% de los trabajos ejecutados.

Aunque la CDAG aseguró que la rescisión busca evitar que la remodelación del Coloso de la Zona 5 quede detenida por años, la institución todavía no ha especificado los pasos ni plazos para retomar el proyecto. 

Remodelación millonaria del Doroteo Guamuch se estanca: CDAG aún sin definir cuándo y cuánto tardará un nueva licitación

La rescisión del contrato busca evitar que el proyecto se estanque por años, pero la CDAG no precisó los pasos ni plazos para retomar la remodelación. Diputados cuestionan el manejo del caso.

Sandy Pineda

5 de diciembre de 2025

|

11:50h

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La remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores presenta avances incompletos, con áreas de la pista y la cancha aún sin concluir pese al plazo contractual establecido. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Tras la rescisión del contrato para la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores, la CDAG no ha definido cuándo ni cómo iniciará un nuevo proceso de licitación, lo que deja en incertidumbre la continuidad de los trabajos y el 65% de obra pendiente.

La decisión fue anunciada la noche del 4 de diciembre a través de un comunicado, luego de recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y un dictamen jurídico interno.

Según la CDAG, el contratista aceptó cuatro compromisos principales, entre estos no judicializar el proyecto, no reclamar saldos pendientes, garantizar —por medio de una fianza de conservación por 18 meses— el 35.43% de la obra ya ejecutada, y desalojar y limpiar las áreas intervenidas.

La institución señala que esta vía era la única opción que permitía avanzar hacia una nueva licitación; sin embargo, no detalló plazos, lineamientos ni fecha estimada para reactivar el proyecto, que permanece inconcluso casi un año después de haber iniciado los trabajos.

En su comunicado, la CDAG defendió que ha actuado “con apego a la Ley de Contrataciones” y rechazó “categóricamente la desinformación generada por personas que buscan un beneficio personal”, afirmando que ya presentó las denuncias correspondientes.

También agregó antecedentes del proceso: la planificación inició en el 2021, el primer concurso quedó desierto en el 2022, y la licitación vigente se lanzó en el 2024, con firma del contrato en noviembre de ese año. La obra comenzó el 6 de enero del 2025 y el plazo del contrato vence el próximo 6 de diciembre.

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¿Cuánto avanzó la obra?

Según la versión oficial, el proyecto alcanzó un 35.43% de ejecución física, equivalente a Q11.4 millones, que incluye trabajos como desinstalación de la pista y grama, nivelación de áreas, instalación de drenaje francés, cunetas y drenaje pluvial.

La CDAG afirma que advirtió al contratista sobre los atrasos en varias ocasiones y que, pese a la prórroga solicitada por la empresa en octubre del 2025, esta no fue concedida al considerar que los retrasos eran atribuibles al propio contratista.

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La institución añadió que la Contraloría recomendó, el 26 de noviembre, optar por la rescisión de mutuo acuerdo y el contratista pidió formalmente resolver el contrato bajo esta modalidad.

La empresa Constructora y Distribuidora BreMar —responsable del proyecto— aún no ha respondido a las consultas enviadas para conocer su postura ante los señalamientos y la decisión oficial.

Reacciones en el Congreso

El diputado Jairo Flores expuso que la institución actuó “tarde y sin claridad”, lo que, a su criterio, agravó los riesgos para el proyecto. “Esto se pudo evitar si hubieran tomado decisiones a mediados de año, cuando ya era evidente que la obra no avanzaba”, afirmó el jueves 4 de diciembre al explicar los hechos.

Por su parte, la diputada Karina Paz confirmó que seguirá adelante con el proceso para presentar 38 querellas relacionadas con el caso.

“La posible comisión de delitos ya se dio, y es necesario que se investigue a los responsables de esta primera nefasta adjudicación. Ahora toca rescatar lo pésimo que hicieron desde un inicio”, declaró luego de conocerse el pronunciamiento oficial de la CDAG.

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Diputada presentará 38 querellas por remodelación inconclusa del estadio Doroteo Guamuch Flores

La diputada Karina Paz afirmó que ella y otros diputados fueron declarados “non gratos” por la CDAG. En respuesta, anunció 38 querellas por el caso del estadio Doroteo Guamuch Flores, señalando supuestas irregularidades.

Sandy Pineda

4 de diciembre de 2025

|

19:00h

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Composición de la diputada Karina Paz junto al Estadio Doroteo Guamuch Flores, en medio de los señalamientos por la remodelación y la fiscalización a la CDAG. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República / cortesía)

La diputada Karina Paz anunció que el próximo lunes 8 de diciembre interpondrá 38 querellas contra integrantes de la estructura directiva y administrativa de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), así como contra personal técnico y representantes de la empresa contratada para la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, proyecto que permanece inconcluso a pesar del plazo contractual próximo a vencer el 6 de diciembre del 2026.

La legisladora afirmó que el caso del estadio “representa uno de los hechos más graves de corrupción en el deporte”, y aseguró que los señalamientos no solo alcanzan a quienes aprobaron el contrato, sino también a quienes, desde distintas áreas, avalaron o participaron en la gestión de la obra.

Paz señaló, en conferencia de prensa este jueves 4 de diciembre, que los hallazgos en el proyecto son parte de una problemática mayor que, según su investigación, ha afectado la administración del deporte durante años.

La diputada sostiene que, pese a la millonaria ejecución presupuestaria, no existen resultados tangibles.

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Afirmó que, entre la CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco, se han ejecutado miles de millones de quetzales en la última década sin que se haya construido infraestructura nueva de impacto.

La diputada indicó que todas las denuncias incluirán “nombres y apellidos” y que se presentarán ante el Ministerio Público por delitos como peculado por sustracción y asociación ilícita.

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Listado de personas que serán denunciadas por el caso del estadio

Junta Directiva CDAG

• Dennis Alonzo Mazariegos – Presidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
• Flor de María Donis Paz – Primer Vicepresidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
• Marco Antonio Cabrera Barahona – Segundo Vicepresidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
• Luisa Fernanda Barquín Galván – Vocal Primero – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
• Jorge Adolfo Molina Leonardo – Vocal Segundo – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
• María Mercedes Weyer Kaufmann – Vocal Tercero – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
• Euda María Carías Morales de Anguiano – Vocal Cuarto – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

Subsecretaría General y Gerencia

• Gladys Paola Toledo Estrada – Subsecretaria General
• Luis Néstor Madrid González – Gerente General

Dirección Jurídica

• Luis Pedro Juárez Moreno – Director de Asuntos Jurídicos
• Julio César Castellanos Escobar – Profesional Jurídico

Subgerencias CDAG

• Oscar Raúl Barrios Paredes – Infraestructura
• Mónica del Rosario Oliva Sosa – Planificación y Proyectos
• Byron Leonardo Solórzano Gramajo – General Técnico
• Karin Julissa Rivera Vásquez – Desarrollo Institucional
• Marta Alicia Meignar Juárez – Financiera
• Julika Quan Haase – General Administrativa
• Laura Elizabeth Melchor Anleu – Administrativa

Subgerencia de Infraestructura — equipo técnico

• Alfredo Antonio Ochoa Calderón – Director de Gestión
• José Antonio Vega Lobos – Director de Diseño y Planificación
• Julio Secundino Gudiel Villamar – Encargado de despacho
• Óscar Rumualdo Turcios Pacheco – Director de Supervisión
• Julio José Yanes Moreno – Jefe de Proyectos
• Wendy Johana Mazariegos del Águila – Jefa de Diseño
• María de los Ángeles Álvarez Medrano – Supervisora
• Juan Fernando Ajucum Alayá – Instalaciones hidráulicas y sanitarias
• Manuel Alberto Ávila – Área de estructuras
• Erick José Rodas Aldana – Área de estructuras

Subgerencia General Administrativa

• Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez – Encargada de despacho
• Erwin Edgardo Barrientos Aquino – Director de Compras
• Jacqueline Jérez Chávez – Cotización y licitación
• Maricela Reyes – Analista de compras
• Ruth Odily Corzo Rojas – Directora de presupuesto

Junta de Licitación y otras dependencias

• Patricia Odily Moreno Mijangos – Tribunal Electoral del Deporte Federado
• Mónica Gabriela Baten López – Gestión de la cooperación
• Glenda María Mejía Díaz de Vega – Cargo no especificado

Empresa contratista: Bremar S. A.

• Brenda Margarita Archila del Cid de Cruz – Propietaria
• María Lily García García – Abogada y representante legal

Solicitudes de antejuicio

Por otra parte, la diputada Paz se pronunció también durante la conferencia sobre una serie de solicitudes de retiro de derecho de antejuicio presentadas en su contra y en contra de otros ocho legisladores.

A su criterio, las acciones legales no tienen fundamento, ya que —según indicó— los diputados están facultados constitucionalmente para presentar iniciativas de ley.

Según su postura, la CDAG reaccionó a una propuesta de ley que plantea la figura de un interventor y aseguró que las solicitudes de antejuicio buscarían frenar el objetivo de la propuesta para la fiscalización al manejo de los recursos del deporte.

Paz agregó que se enteró de que en una asamblea del martes 2 de diciembre, la CDAG los declaró non gratos y reiteró que la iniciativa presentada no es ilegal ni constituye una intervención inconstitucional, sino una medida para transparentar el uso de fondos públicos.

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CDAG sin pronunciamiento oficial

Hasta ahora, la CDAG no ha emitido un pronunciamiento general sobre las acusaciones ni sobre las denuncias anunciadas.

En una citación reciente, la entidad únicamente informó que, respecto al contrato por la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, se buscará rescindir el contrato y se iniciaría el proceso para ejecutar las fianzas.

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Nueve diputados enfrentan antejuicio tras promover una ley que nombraría un interventor para fiscalizar la CDAG y sus federaciones. Según una de las legisladoras, la acción busca proteger una red de corrupción dentro del deporte.

Sandy Pineda

4 de diciembre de 2025

|

18:10h

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La diputada Karina Paz se pronunció este 4 de diciembre del 2025 sobre las solicitudes de antejuicio que la CDAG presentó contra nueve legisladores. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) presentó una solicitud de retiro de derecho de antejuicio contra nueve diputados del Congreso de la República, quienes la semana pasada impulsaron una iniciativa de ley para nombrar un interventor dentro de la unidad ejecutora del deporte federado. La demanda fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que determine si procede levantar la inmunidad de los legisladores.

La diputada Karina Paz, una de las ponentes del proyecto, explicó este jueves 4 de diciembre que las solicitudes para retirarles la inmunidad fueron presentadas el pasado 1 de diciembre por Honnell Obserto Izaguirre Navarro, representante legal de la CDAG.

Los diputados señalados son: Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Darwin Lucas, Evelyn Morataya, Fidencio Lima, Gustavo Adolfo Cruz, Jairo Orellana, Karina Paz y Sonia Gutiérrez.

Según Paz, la iniciativa busca establecer la figura de un interventor para supervisar las federaciones deportivas y garantizar la transparencia en los procesos de elección, tanto a nivel de cada federación como de la CDAG, así como en la asignación de recursos públicos.

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“La misma banda criminal está incrustada en todo el deporte. Hasta que esta red no salga, no se limpiará la institución, no llegará el apoyo a los atletas y no habrá mejor infraestructura ni gasto público adecuado”, afirmó Paz en conferencia de prensa este 4 de diciembre.

La legisladora agregó que la CDAG maneja más de Q 800 millones y que la acción legal busca frenar la intervención que buscaba limitar el control de quienes, según Paz, se benefician de irregularidades dentro de la entidad. Añadió que los recursos “no están llegando a donde deberían” debido a ese manejo opaco.

Lea también: Estadio Doroteo Guamuch Flores: ¿Podría quedar paralizada la remodelación por seis o siete años y qué implicaciones tendría?

Querellas por el estadio Doroteo Guamuch Flores

Además de la disputa por los antejuicios, Paz anunció que presentará 38 querellas contra los responsables de lo que llamó “un desfalco” en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

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El contrato, que se vence este 6 de diciembre, tenía un valor de Q 32.4 millones y se desembolsaron Q 9.3 millones —aproximadamente el 34 %— sin avances visibles.

“El Estadio Doroteo Guamuch Flores es el acto más grande de corrupción en el deporte y, gracias a esto, presentaremos 38 querellas contra todos los responsables que firmaron este desfalco nacional”, aseguró la diputada.

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Paso a desnivel en la cuchilla El Milagro: cuándo inician los trabajos preliminares y cómo impactará a los vecinos de Mixco y Ciudad Quetzal

Mixco se prepara para ejecutar el paso a desnivel en la Cuchilla. ¿Sabe cuándo empiezan los trabajos y qué cambios incluye su diseño?

Sandy Pineda

19 de septiembre de 2025

|

18:25h

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Imagen de referencia que muestra cómo se vería finalizada la construcción del paso a desnivel en la Cuchilla, Ciudad Quetzal , según una simulación en video que compartió la Municipalidad de Mixco en el 2024. (Foto Prensa Libre: captura de video de la Municipalidad de Mixco)

La Municipalidad de Mixco informó que el próximo jueves 25 de septiembre del 2025 comenzarán los trabajos preliminares del viaducto en la cuchilla Milagro-Ciudad Quetzal, una de las obras más esperadas por los vecinos del sector. El anuncio fue realizado por el alcalde Neto Bran, quien aseguró que esta primera fase no implicará cierres vehiculares.

El proyecto busca dar respuesta a la fuerte carga vehicular que afecta a comunidades como Lo de Bran 2, Sacoj Chiquito, Sacoj Grande, Sacojito, Villas del Milagro, Ciudad Quetzal, San Pedro Ayampuc, San Raymundo y San Juan Sacatepéquez, puntos donde diariamente se reportan embotellamientos.

“Voy a iniciar los trabajos preliminares del paso a desnivel de la cuchilla Milagro-Ciudad Quetzal este próximo 25 de septiembre”, afirmó el alcalde en un mensaje en video.

Los trabajos iniciales estarán enfocados en el replanteamiento del diseño elaborado en el 2018, ya que las condiciones del suelo y el volumen de tránsito han cambiado desde entonces. Según la comuna, este ajuste permitirá optimizar la obra y contemplar nuevas necesidades de movilidad.

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Parte del replanteamiento incluye la incorporación de un tercer carril, gracias a una donación de terreno realizada por el cementerio Jardines de la Paz. Esto permitirá que los vehículos que provienen de Ciudad Quetzal tengan un acceso más fluido hacia la carretera principal.

Además, ya se realizaron estudios de topografía y drenajes mediante tecnología LIDAR —Light Detection and Ranging en inglés, luz láser para medir distancias— , con el objetivo de garantizar que la infraestructura responda adecuadamente a la erosión y a las lluvias que caracterizan la zona.

La Municipalidad aseguró que los primeros meses de construcción no implicarán cierres de carriles, ya que las labores estarán concentradas en la fabricación de las armaduras de los pilotes, es decir, las columnas que sostendrán la loza del viaducto.

No obstante, se prevé que el primer impacto en el tránsito ocurra entre marzo y abril del 2026, durante la Semana Santa, cuando se inicie el vaciado de la loza, lo que reducirá a un solo carril el paso por el sector. Una segunda fase crítica se espera a mediados del mismo año, con excavaciones profundas bajo la estructura.

Para mitigar las complicaciones, se establecerán rutas alternas hacia la carretera Interamericana, la vía Antigua a Guatemala y Santo Domingo Xenacoj. El transporte pesado será restringido en el área a partir de la segunda mitad del 2026.

La construcción del viaducto en la Cuchilla es considerada por la comuna como un proyecto de impacto regional, debido a que no solo beneficiará a Mixco, sino también a municipios colindantes que utilizan este corredor vial diariamente.

La Municipalidad ha destacado que se trata de una obra compleja que requerirá coordinación con empresas privadas, vecinos y autoridades de tránsito, para reducir las molestias durante su ejecución.

El objetivo final, señalan, es que las comunidades del área puedan contar con una vía más ágil y segura, capaz de responder al crecimiento poblacional y vehicular de los últimos años.

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Puntos claves

• Inicio de trabajos preliminares: 25 de septiembre del 2025.
• Comunidades beneficiadas: Lo de Bran 2, Sacoj Chiquito, Sacoj Grande, Sacojito, Villas del Milagro, Ciudad Quetzal, San Pedro Ayampuc, San Raymundo y San Juan Sacatepéquez.
• Primera fase: replanteamiento del diseño original del 2018, estudios de topografía, drenajes y fabricación de armaduras para los pilotes.
• Tránsito: sin cierres durante el inicio; reducción a un carril en Semana Santa del 2026 y durante las excavaciones previstas para junio del mismo año.
• Restricciones: el transporte pesado será prohibido en la zona a partir de la segunda mitad del 2026.
• Mejora incluida: incorporación de un tercer carril gracias a una donación de terreno del cementerio Jardines de la Paz.

Lea también: Corredor Verde: video de simulación muestra carriles, conexiones y el diseño final de la vía

Economía

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El gobierno recurre a estándares internacionales para confiar la transparencia de las licitaciones de grandes proyectos de energía e hidrocarburos

Cómo garantizar la transparencia en los eventos de licitación de electricidad rural y del campo Xan es una de las dudas planteadas a funcionarios de gobierno

Rosa María Bolaños

15 de septiembre de 2025

|

00:10h

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El acompañamiento de entes internacionales y nacionales para licitaciones de grandes proyectos es una opción para la ejecución de obras y presupuesto. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El tema de la transparencia en los próximos eventos y licitaciones tendrá supervisión adicional por parte de organismos internacionales y nacionales, como los eventos de electricidad rural y el del cierre técnico del campo Xan, entre otros, como los servicios para operar le refinería y el oleoducto, según han indicado funcionarios del gobierno.

El Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) que cuenta con financiamiento de un préstamo de US$120 millones (unos Q920 millones, al cambio actual) será ejecutado por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) con base a normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De este programa se lanzó el pasado jueves 28 de agosto la primera de cuatro licitaciones. En la primera fase se estima una inversión de US$17.5 millones para proyectos de electrificación rural para 6 mil 500 hogares en 72 comunidades que no cuentan ese servicio. El proyecto total prevé conectar unos 40 mil hogares.

Lilena Martínez, jefa de Operaciones del BID en Guatemala, expuso durante el lanzamiento del primer concurso, que las licitaciones financiadas por el BID se rigen por políticas de adquisiciones y contrataciones alineadas con buenas prácticas y estándares internacionales.

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“Ahí es donde nosotros, como banco, reiteramos nuestro compromiso de acompañar y supervisar todos los procesos que se realizan en el Inde y otras entidades ejecutoras para asegurar que se hagan con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia”, señaló.

Detalló, al referirse a los eventos para electrificación rural, que se trata de licitaciones públicas internacionales, abiertas tanto para empresas locales como internacionales, para garantizar la calidad de las obras.

El préstamo es financiado por el BID y la Cooperación Coreana.

Por aparte, consultado acerca de cómo se garantizará la transparencia en el uso del financiamiento de US$120 millones, el presidente de la República Bernardo Arévalo indicó: “Las licitaciones están garantizadas por el hecho de que las realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene estándares internacionales, y nosotros nos sujetamos a ellos”.

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Acerca de las medidas de transparencia en las licitaciones para el cierre técnico del campo petrolero Xan, la refinería La Libertad y el oleoducto, cuyos activos pasaron a manos del Estado el 13 de agosto tras el vencimiento de los contratos, Arévalo afirmó: “Vamos a aplicar esos estándares internacionales también a esas licitaciones”.

Tres emergencias, varios eventos

Para el sector petrolero están vigentes tres declaratorias de emergencia con las cuales el MEM está lanzando procesos de manifestación de interés para precalificar empresas y posteriormente efectuarán concursos para los cuales deben emitir términos de referencia.

En el que se refiere al cierre técnico del Campo Xan, se estima un costo de US$50 millones que deberán ser costeados por el Estado.

Para este se lanzó la primera convocatoria de manifestación de interés a inicios de agosto del 2025 en la cual participaron seis empresas, pero el evento fue finalizado porque ninguna de estas firmas superó la fase de precalificación. Derivado de ello se lanzará una nueva convocatoria según lo dio a conocer el miércoles 11 de septiembre el viceministro de Minas e hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios.

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El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicó el 20 de agosto en una citación con los jefes de bloque del Congreso, que se solicitaría el acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el anuncio fue realizado días después de que en ese organismo surgieron señalamientos de supuesto tráfico de influencia o incluso cohecho pasivo en que podría caerse por posibles oferentes o funcionarios.

El MEM indicó el 10 de septiembre, al anunciar el nuevo evento, que se cuenta con el acompañamiento de la CNC.

“El MEM reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar del Estado de Guatemala como principios rectores en todas sus actuaciones. En ese marco, y en cumplimiento de la normativa vigente, el Ministerio se prepara para lanzar un nuevo evento de Invitación para la Presentación de Interés relacionado con el cierre del Campo Xan” aseguró el viceministro al anunciar el nuevo evento.

Para contratar a las empresas para que tendrá a su cargo la operación y administración de la refinería y el oleoducto no han mencionado montos de inversión, y tampoco se han lanzado los eventos.

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El Inde, anteriormente, ha enfrentado señalamientos en la contratación de proveedores para sus obras. Entre julio del 2024 y enero del 2025 la actual administración efectuó denuncias por nueve casos de contratos para obras que provenían de la administración anterior, por alrededor de Q650 millones, en los que se encontraron irregularidades o falta de cumplimiento de ejecución. Y tenían en verificación otros por unos Q400 millones más.

Experiencias anteriores

La decisión de usar las normativas del organismo que financia está en ley, incluso lo permite o establece la Ley de Contrataciones del Estado, indicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, explicó el experto, en el país han existido experiencias con resulados mixtos.

Barrientos recuerda que en los períodos del 2008 al 2010 el Ministerio de Finanzas Públicas decidió restringir un poco o regular de mejor manera los casos en los que se le daba fondos públicos guatemaltecos a organismos internacionales. Esto surgió por la preocupación por algunos fondos que en su momento ejecutó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para temas del aeropuerto.

Según Barrientos, se experimentó que en casos como ese no necesariamente las reglas de un organismo internacional han resultado mejores que la legislación nacional en temas de ejecución de fondos públicos.

En el caso del uso de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para adquisiciones, el analista dijo que han sido más positivos los resultados y considera que se han obtenido mejores resultados que con la normativa nacional en especial con la experiencia que se tuvo cuando esa entidad apoyó en la adquisición pública de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Lea también: ¿Cómo funciona la Unops en adquisiciones estatales?, se alista un nuevo acuerdo para modernizar el aeropuerto

También están los casos en que las instituciones de Guatemala ejecutan, pero lo deben hacer con base a los estándares internacionales de las entidades que financian cada proyecto, comentó Barrientos, quien indicó que ha habido necesidad de llegar a ese punto por experiencias negativas que han sucedido en licitaciones o contrataciones.

Refirió que no todos los mecanismos de organismos internacionales han sido perfectos, pero la experiencia reciente pareciera apuntar que en ocasiones es mejor o preferible que el manejo de entidades nacionales como el caso que mencionó de Unops.

Se debe tener en cuenta que las reglas del organismo internacional puede tener ventajas y desventajas, añadió Barrientos al citar que un caso reciente que considera desventaja es el experimentado con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) cuándo ha hecho adquisiciones públicas para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque se ha detectado que las reglas del organismo internacional no son acordes o coherentes con la normativa nacional de transparencia y ademán han causado retrasos importantes en el registro contable en la ejecución de presupuestaria.

El analista del Icefi indicó que no hay un criterio definido y hay experiencias buenas y malas, por lo que es importante una revisión mucho más cuidadosa de la legislación que se está proponiendo para facilitar este tipo de convenios.

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Un caso reciente, expone, es el apoyo que se está recibiendo del Cuerpo Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, lo cual es importante para el tema de infraestructura, pero se debe tomar en cuenta que se trata de fuerzas armadas de otro país que tienen sus normas especiales de confidencialidad.

La conclusión de Barrientos es que no se puede decir que sea bueno o malo a priori, pero que en la legislación se debería procurar que los convenios con organismos internacionales que van a aplicar sus reglas, y que se pueda adoptar de manera supletoria normas de transparencia nacionales guatemaltecas aspectos que sus propias normas no tienen.

Sin embargo también considera que es necesario ir adoptando más estándares internacionales de transparencia y porque también ha sido claro que no necesariamente la legislación nacional ha demostrado que puede prevenir los abusos y los actos de corrupción. Pero agregó que no se debe perder de vista otra perspectiva porque posiblemente no solo es un tema de normas y reglas ya que en algunos casos los controles de transparencia nacionales son mucho más estrictos que los de organismos internacionales, pero también depende de las personas. “Aún teniendo una ley perfecta, pero con algún funcionario corrupto las cosas van a salir mal”, expresó.

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Las normas son muy importantes, pero también hay que ver que probablemente el problema de Guatemala no está en la normativa, sino que se debe actualizar el servicio civil, añadió.

Se observa que hay casos en los que no se confía en el funcionariado guatemalteco, sino que se confía más en organismos internacionales y otros gobiernos y es vergonzoso porque es casi un reconocimiento de la incapacidad nacional de hacer las cosas bien, lo cual se viene experimentando desde hace varios gobiernos, expresó Barrientos.

Por aparte, Pedro Prado de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que se ha tenido que llegar a usar algunos estándares de organizaciones internacionales para garantizar transparencia en esas gestiones, asegurar que se respeten los procesos y que se ejecute, lo cual está ligado a evitar la corrupción.

Prado dijo que para la sociedad guatemalteca la participación de organismos internacionales financieros, en este caso como el BID, o en otros ejemplos, es importante porque da un respaldo, ya que se requieren buenos resultados para garantizar la transparencia y evitar el tema de la corrupción.

Nuevos planes para carreteras: Cómo arranca la primera gerencia que impulsará rutas y anillos viales en Guatemala

La Dirección de Infraestructura Vial Pública (DIPP) ya tiene a su primera gerente y deberá definir personal, normativas y estudios técnicos para licitar rutas centroamericanas, anillos y otras obras estratégicas antes del 2027.

Sandy Pineda

11 de junio de 2025

|

20:07h

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Claudia Cáceres Maldonado fue designada como la primera gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), entidad encargada de ejecutar la infraestructura vial estratégica de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Con la misión de transformar la infraestructura vial estratégica de Guatemala, Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado fue presentada oficialmente ayer como la primera gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) por las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La designación de Cáceres Maldonado marca el inicio operativo de esta nueva entidad técnica, creada para ejecutar algunos de los proyectos más importantes contemplados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, entre ellos, las 12 rutas centroamericanas, el anillo regional, el anillo metropolitano y el libramiento a la Ciudad de Guatemala.

La Dirección aún debe completar su estructura administrativa, contratar personal técnico, elaborar los reglamentos derivados de la ley y hacer la evaluación de infraestructura vial antes de enero del 2026.

Además, las primeras obras no se iniciarán antes del 2027, lo que subraya la necesidad de planificación rigurosa y cumplimiento de plazos.

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“Lo primero que hay que hacer este 2025, según la ley, que es el hito más importante, es la evaluación de la infraestructura vial de estos proyectos, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener las bases para poder hacer el Plan de Infraestructura Prioritaria Vial”, afirmó Cáceres Maldonado, quien agregó que el plan debe estar listo en enero del 2026, a fin de iniciar su ejecución.

“Toca un reto bastante grande, de mucho trabajo. Lo más importante es establecer la estructura para poder empezar a trabajar lo antes posible”, expresó.
La DIPP operará como un órgano desconcentrado, con independencia administrativa y financiera, adscrito al CIV. Su estructura contempla dos órganos, el Directorio y la Gerencia General.

Financiamiento

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria establece un régimen especializado para la ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de rutas como la CA-1, CA-2, CA-8, CA-9, CA-13 y CA-14, además de las circunvalaciones en el departamento de Guatemala. Lo que se busca es optimizar la movilidad nacional y regional sin depender del tránsito por la capital.
Para ello, el Ministerio de Finanzas deberá asignar Q10 millones este año al fondo operativo y Q20 millones más en el 2026, ambos con recursos del tesoro, como parte de la implementación inicial.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo que el sector privado tiene expectativas positivas respecto del nuevo modelo.

“Esperamos que con este nuevo modelo se tenga una red de carreteras centroamericanas de primer nivel y que Guatemala empiece a mejorar su infraestructura logística”, enfatizó.

Según Zapata, una vez instalada la estructura administrativa, se debe hacer el análisis vial y, posteriormente, el plan de infraestructura.

En cuanto a las diferencias con gestiones y planes anteriores, Zapata afirmó: “Este es un sistema completamente diferente. Hasta ahora, la ley no permitía contratos de largo plazo con pagos por disponibilidad”, explicó.

Autoridades y visión

Desde su integración, en marzo último, el directorio de la DIPP ha sostenido 15 reuniones enfocadas en establecer el funcionamiento interno, la planificación presupuestaria y el proceso de elección de la gerente.

Este órgano está integrado por representantes de los sectores público y privado. Por el Ministerio de Comunicaciones, el ministro Miguel Ángel Díaz —titular— y el viceministro Allan Guevara —suplente)—; por el Ministerio de Finanzas, el ministro Jonathan Menkos y viceministro Carlos Melgar; y por la cartera de Economía, la ministra Adriana García y el viceministro Héctor Marroquín.

Por el Colegio de Ingenieros participan Byron Pivaral y Carlos Ipiña; del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), su presidenta, Carmen Lily Abril Gómez, y el suplente Mariano Rayo.

Rayo indicó que el siguiente paso será completar los reglamentos derivados de la Ley y preparar las bases técnicas para futuros proyectos.
“Antes de que finalice el año, se prevé que el fondo reciba una asignación de Q20 millones, los cuales se destinarán, principalmente, a la elaboración de estudios de preinversión e inversión. La obra concreta o inicio de obras no será antes del 2027 (…), pero serán licitaciones internacionales competitivas, con registros de precalificación nuevos y estándares superiores”, explicó.

Retoman por tercera vez la construcción de paso a desnivel en la calzada Roosevelt

La finalización de la obra está prevista para diciembre próximo, según el CIV. Ha sido suspendida por problemas administrativos y reubicación de tuberías.

José Manuel Patzán y Leslie Sánchez

22 de abril de 2025

|

10:50h

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La obra ubicada en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11 de la ciudad capital estuvo suspendida durante varios meses.(Foto Prensa Libre: Leslie Sánchez)

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la suspensión en la construcción del paso a desnivel ubicado en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11 de la ciudad capital, se ha levantado, por lo que, conforme al acta de reactivación, los trabajos en el proyecto reiniciaron el lunes 21 de abril de 2025.

“A partir de hoy, la empresa ejecutora retoma las labores con total normalidad, y no únicamente las de resguardo que se llevaron a cabo durante las semanas previas, lo que da continuidad a esta obra de infraestructura vial de gran importancia para la movilidad urbana”, indicaron.

La obra comenzó en 2022, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Según el CIV, la finalización del plazo contractual está prevista para el 22 de diciembre de 2025, y, por medio del Fondo Social de Solidaridad (FSS), reafirma su compromiso de “trabajar con transparencia, eficiencia y responsabilidad para mejorar la conectividad y calidad de vida de los capitalinos”.

Personal del FSS y de la empresa supervisora a cargo del proyecto del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt realizaron una verificación de campo este 22 de abril para constatar que se retomen los trabajos, a cargo de la empresa Cebco.

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Leonardo Francisco Camero, coordinador de operaciones del FSS indicó que el avance físico de la obra es del 55 por ciento pero en este momento se tiene documentado el 49.94 por ciento, el avance financiero es de 49.57 por ciento y el monto total es de Q 44 millones 956 mil 501.

Andrés Estrada, monitor del proyecto delegado por el FSS, indicó que la obra estuvo suspendida durante un año y que ahora corresponde a la constructora efectuar estudios topográficos y esperar la llegada de equipos y materiales de construcción.

Señaló que para este sábado 26 de abril se llevarán a cabo trabajos de fundición, aunque esto no afectará el tránsito.

También explicó que se elaboró un dictamen técnico para determinar qué materiales, de los que ya estaban en el lugar, se encuentran en condiciones óptimas. En ese sentido, afirmó que el hierro está en perfectas condiciones para ser reutilizado, aunque parte de la madera se deterioró. Recalcó que será la empresa la que deberá hacerse cargo de esos gastos, sin incrementar el monto de la obra para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Posteriormente, se continuará con la señalización y la fundición de las pistas, lo cual debe realizarse en un plazo de ocho meses.

Se le consultó al gerente de Cebco, Mario Ceballos, sobre los acuerdos alcanzados con el CIV. Sin embargo, por medio de un mensaje de texto únicamente respondió que “tienen toda la buena intención en terminar la obra a tiempo y creen en Dios con Fe que todo saldrá bien”.

Obra suspendida

En junio de 2024, no había transcurrido ni un mes desde que se reanudaron los trabajos y la obra nuevamente se paralizó debido al incumplimiento de la empresa encargada de la supervisión, al no entregar una fianza de ampliación, según autoridades del FSS.

En esa ocasión, funcionarios del FSS expusieron durante una citación en el Congreso que la obra se paralizó porque ningún proyecto puede ejecutarse sin supervisión, y por lo tanto debían gestionar que las autoridades del CIV nombraran a un supervisor temporal de la Dirección General de Caminos (DGC).

En noviembre de 2023, la construcción del paso a desnivel se suspendió temporalmente debido a que, según el CIV, se detectó una tubería de hierro galvanizado entre las pilas 3 y 5, las cuales transportan agua hacia las zonas 3 y 7, por lo que se procedería a reubicar estas conducciones y las obras llevarían varias semanas.

Además, en la pila 7 de la estructura se localizó un colector que pasaba por debajo de su ubicación, por lo que se estableció que era necesario un diseño estructural para moverla sin dañar la obra. Mientras tanto no se podía continuar con los trabajos.

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El proyecto consiste en la construcción de una estructura sobre las calzadas Roosevelt y San Juan, con una longitud estimada de 350 metros.

Con esta obra se pretende beneficiar directamente a los usuarios del sector, ya que se busca agilizar la movilidad y reducir los gastos en combustible para los automovilistas.

La Roosevelt sirve de conexión entre la ruta interamericana de oriente y occidente, así como el anillo periférico y la calzada San Juan. Por esta calzada circulan alrededor de 120 mil vehículos en días hábiles, según datos de la comuna capitalina.

Por consiguiente, las conexiones paralelas como la 14 avenida de la zona 11 que conecta con la 10 avenida de la zona 7, una de las de mayor demanda, impacta en la calzada al habilitar el cruce, incidiendo por varios minutos en el fluido vehicular. Incluso, impacta en el Bulevar Liberación, el cual es el más transitado a nivel centroamericano con una carga que sobrepasa los 135 mil automotores diarios, según datos de la Municipalidad de Guatemala.

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Sin embargo, casi la mitad de ellas se trabajarán como obra de arrastre debido a la baja ejecución del presupuesto 2020.

El viceministro Javier Maldonado explicó al salir de una reunión con la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, que el año pasado apenas lograron ejecutar el 30 por ciento de un presupuesto de Q340 millones

Pero a decir de Maldonado, aun así lograron iniciar con los trabajos de 128 escuelas a nivel nacional, aunque no especificó en qué lugares están. Esto será pagado como obra de arrastre para este año y se convertirán en proyectos multianuales, unidos a las 150 escuelas que dice tienen planificadas mejorar.

“Tenemos que ser honestos, la ejecución presupuestaria no fue tan buena, sin embargo, hay 128 escuelas que se están trabajando, lo que se hizo fue no pagarlas”, agregó.

En total, este viceministerio que fue creado en septiembre de 2020 se enfocará en el remozamiento de 250 centros educativos.

Aunque la diputada Marroquín se congratuló al ver que esta entidad inició con los trabajos, el número sigue siendo bajo para el total de establecimientos que necesitan ser mejorados.

Según un diagnóstico hecho por el Ministerio de Educación antes que las tormentas Eta e Iota afectaran el territorio nacional, son 10 mil edificios escolares los que tienen atención prioritaria para el mejoramiento de sus tuberías, servicios sanitarios y servicios de agua potable.

Solo en Alta Verapaz hay 1 mil 633 establecimientos que necesitan atención, a este le sigue Petén como el departamento que más centros educativos tiene con necesidades, con un total de 851.

En noviembre, luego del paso de la tormenta Eta, el Mineduc reportó 380 escuelas con daños severos y luego de la tormenta Iota, semanas más tarde, alrededor de 100 centros educativos quedaron inhabitables.

Maldonado agregó que bajo su cargo tienen a 70 escuelas ubicadas en el norte del país que necesitan mejoramiento tras los desastres naturales del año pasado y, aseguró, que para este año estarán todas remozadas.

Demolición de edificios

Hay escuelas que su deterioro es tan grave que el CIV ha decidido demolerlas y construirlas de nuevo. Tal es el caso del edificio donde funciona por la mañana la Escuela Oficial Urbana de Varones No. 22 República de México y por la tarde la Escuela Oficial Urbana Mixta No.46 Miguel de Cervantes Saavedra.

Por fuera este establecimiento pareciera estar en óptimas condiciones, sin embargo, al entrar a sus instalaciones se puede observar que en el techo de cada una de sus siete aulas hay una grave humedad.

Incluso, en la cocina de la escuela se pudo observar filtraciones de agua que vienen desde el piso.

“Sé que esta escuela tiene su historia, pero cuando me dijeron que lo iban a demoler me puse feliz. Imagínese en qué momento le cae el muro a los niños”, dijo María del Carmen Castellanos, directora de la escuela Miguel de Cervantes al mostrar una de las paredes del patio principal que está a punto de desplomarse.

A decir de Castellanos, anteriormente han tenido incidentes por el estado en el que se encuentran sus instalaciones. Menciona que en una ocasión le cayó un pedazo de techo a un niño y antes de la pandemia tenían que poner un cordón de seguridad en el muro del patio para que los estudiantes no se acercaran tanto.

Desde el 13 de marzo de 2020, la escuela no está siendo visitada por los casi 350 niños que estudian ahí en las jornadas matutina y vespertina, por lo que Castellanos menciona que es el momento ideal para demolerla y construir una nueva.

Aunque esto está en planificación aún, dice que es optimista con las noticias que las autoridades del CIV le dieron “hasta ya vi a qué escuela nos podemos ir e n caso reanudemos clases presenciales”, agregó.

La ampliación de los carriles permitirá reducir el tiempo que los conductores esperan en la intersección entre la carretera que va de Bosques de San Nicolás a Lo de Fuentes y Tierra Nueva, así como quienes viajan de El Naranjo a Colinas de Minerva.

La calle será de concreto hidráulico, con un grosor de 20 centímetros, en una distancia aproximada de 1.3 kilómetros.

El costo de la obra es de Q7 millones que serán financiados por apoyo privado, ya que pretenden construir una colonia residencial en el sector, que aportará unos 200 vehículos a esa salida.

Agilizará paso

La municipalidad reveló que el proyecto contará con un carril auxiliar que facilitará el paso de quienes van de Bosques a El Naranjo, para que tengan vía continua y eviten el semáforo.

También tendrá un carril de viraje continuo para quienes de El Naranjo conducen a Lo de Fuentes y Tierra Nueva.

La comuna indicó que en esa área circulan unos 10 mil automovilistas que tardan hasta 60 minutos en el tráfico. El proyecto podría estar listo en al menos un año y medio.

“Cuando no se roba, el dinero alcanza”, dijo el alcalde Neto Bran, en referencia a que en administraciones anteriores no habían invertido. 

.@MuniMixco_ anuncia ampliación de la carretera que conecta Minervas, Mixco, con el bulevar El Naranjo. El proyecto es público y privado. pic.twitter.com/mJW21XkO3f

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 27, 2017

De las 158 obras inconclusas, los diputados detectaron la erogación de Q73 millones 107 mil 199. El 71 por ciento de los proyectos es obra gris, y el 29 por ciento restante, en inversiones varias.

El señalamiento se presentó en una citación con autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes confirmaron la denuncia y comentaron que también han encontrado casos similares.

La mayoría de los proyectos inconclusos se localiza en San Marcos, pues de 158 obras, 39 se ubican en ese departamento, y a un costo de Q9 millones 462 mil.

Sin embargo, en Baja Verapaz se localizan los proyectos más caros, pues aunque son 12 obras, se han erogado Q17 millones 741 mil.

En el departamento de Guatemala también encontraron obras inconclusas valoradas en Q1 millón 539 mil. Una es por red de alumbrado público en la zona 6, también una construcción de calle en la zona 15 y el mejoramiento de un cementerio y de un hospital psiquiátrico.

Nineth Montenegro, jefa de EG, explicó que efectuaron un mapeo de las obras del programa de inversión anual, y con base en las proyecciones y ejecución se realizó un análisis de campo.

En la visita que diputados hicieron a San Marcos, localizaron que en el hospital local el cielo falso fue pagado en su totalidad, pero nunca se colocó.

“Lo más triste es que se repondría el cielo falso que al caer mató a una bebé durante el terremoto del 7 de julio —del 2014—”, manifestó Montenegro.

¿Culpables?

La denuncia que la bancada EG presentó en el MP no va dirigida a ningún funcionario, ya que, según la referida congresista, si la obra es de una municipalidad, el encargado primario sería el jefe financiero, aunque “un ministro de Finanzas no puede hacer desembolsos sin evaluar el avance físico de la obra”.

Según la Ley de Contrataciones, el Gobierno puede otorgar un anticipo supervisado de hasta el 20 por ciento del valor del contrato, y si no se inicia la obra, deberá reintegrar los recursos y pagar el interés legal sobre lo recibido.

De los 158 proyectos inconclusos, 142 están a cargo de municipalidades. La mayoría es por mejoramiento de calles, introducción de agua entubada, construcción y ampliación de escuelas, conservación de caminos rurales y fomento de la educación.

También hay seis proyectos que debió ejecutar el Ministerio de Salud por Q2.4 millones, en su mayoría reconstrucción de hospitales afectados durante el terremoto en San Marcos y otros dañados en Quetzaltenango.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también aparece con tres proyectos valorados en Q4.3 millones, incluida la ampliación del hospital en Puerto Barrios, Izabal.

Montenegro explicó que solicitó información a las comunas. “La única que respondió fue la de Siquinalá, Escuintla, y dijo que no tienen registros de las obras en el sistema nacional de inversión física, por la quema del edificio edil el 6 de septiembre pasado.

César Elías, subcontralor general, indicó que tienen 54 procesos de denuncias por obras que fueron abandonadas; pero continúan el inventario, por lo que la cifra podría incrementarse.

“Los auditores gubernamentales establecieron que podría haber ilícitos en dichas obras. No podemos informar más, porque se está confirmando”, manifestó Elías.

Agregó que auditan el presupuesto en 200 municipalidades y en el Ministerio de Comunicaciones.

Según Elías, los responsables son los jefes financieros de las municipalidades y “la autoridades superiores; es decir, alcaldes o ministros…, porque no se debe poner en riesgo capital del Estado”.