La acentuada falta de respuesta del Gobierno a las invasiones de propiedades públicas y privadas constituye un incentivo a la ocupación de inmuebles por quienes han hecho una profesión de la instigación y el liderazgo de esos hechos.

Ramiro Choc, el cabecilla de las usurpaciones en la zona de Izabal, es un ejemplo contumaz de aquel delito convertido en fuente de lucro, pues —tal como lo han denunciado los propios afectados por sus estafas— ha estado rodeado de guardaespaldas y un séquito de servidores, así como de diversas comodidades personales, gracias a los ingresos provenientes de la negociación de propiedades obtenidas mediante el despojo.

Pero Choc no está solo en esta obstinación por el robo de tierras favorecida por la debilidad y la falta de voluntad del Estado para combatirlas, porque varias regiones del país, entre ellas Petén, están bajo el acoso incesante de delincuentes disfrazados de líderes comunitarios y quienes, junto a sus hordas, se han convertido en una pesadilla para personas particulares y para el propio Estado, porque en su culto a la arbitrariedad e impunidad pasan por alto el respeto a la propiedad privada y la improcedencia de instalarse en parques nacionales o en áreas protegidas, como pueden ser la Biosfera Maya o sitios arqueológicos como Tikal, Yaxhá o los de Sayaxché.

Precisamente en estos momentos hay en aquel departamento por lo menos cinco invasiones recientes, sobre las cuales surgen promesas constantes de desalojo por parte de las autoridades, pero la acción nunca se concreta, por justificaciones insulsas, como la falta de transporte y personal, carencia de orden de juez o falta de tiempo para las operaciones.

Esta irresponsable actitud del Estado es interpretada por los invasores como una aceptación tácita del gobierno de Álvaro Colom a la expoliación de bienes inmuebles, y por eso no extrañan los nuevos brotes de despojos, como el intentado el fin de semana pasado en el parque nacional Tikal, mientras los posesionados en otras áreas nacionales de Petén ya están talando para cultivos y construyendo viviendas formales.

La conflictividad agraria es evidente y obliga al diseño de una solución integral en la que el Estado dé respuesta a los afectados por ese problema ancestral, pero dentro de la ley y el pleno respeto a la propiedad, tanto privada como pública, porque aquél es un principio constitucional de primer orden en la convivencia social respetuosa y armoniosa.

Pero no se debe tolerar, especialmente desde ningún argumento demagógico y populista de fingida condescendencia y abierta tolerancia con los necesitados, que éstos transgredan la ley, vulneren la seguridad jurídica de la posesión lícita, pongan en peligro la institucionalidad y labren para Guatemala la imagen de un país carente de tutela hacia el patrimonio personal o social, y de poco respaldo y confianza para la inversión.

La impunidad es un mal nacional endémico y grave, porque sus tentáculos no solo aprisionan a la justicia en materia penal y a la seguridad ciudadana. La certeza de la propiedad también está aprisionada por esa perjudicial abyección.