Desde hace algunos años, el departamento de Izabal ha sido escenario de acciones ilegales de invasión de tierras, tala de árboles y destrucción de propiedad privada y estatal, cometidas por bandas de personas que engañan a los campesinos de la zona, quienes por esa causa perpetran acciones delincuenciales de las cuales éstos se convierten en cómplices.

Han sido varios los casos delictivos que han sido instigados por Ramiro Choc, una persona que se encuentra en este momento en la prisión preventiva de la zona 18 de la capital, luego de que un juzgado de Zacapa lo escuchara en referencia a una orden del juez de Puerto Barrios, quien lo acusa de usurpación y agravados, así como de detención ilegal, porque, según la acusación, intentó apoderarse de un terreno en Lívingston.

Choc lidera un grupo de personas que también fue descubierto por las autoridades policiales, que lo acusan de haber participado en algunas de las acciones ilegales indicadas anteriormente. Como consecuencia de la mala influencia de estos grupos, la semana anterior se dio el caso sin precedente de que 23 policías enviados a Lívingston, para intervenir, fueron objeto de secuestro por algunas horas. Esto se convierte en el colmo de una acción a todas luces ilegal.

Las consecuencias de lo hecho por Choc y su gente son terribles desde numerosos puntos de vista. En primer lugar, la burla a la ley que regula la propiedad de las tierras, y la invasión y ocupación. Pero, en muchas ocasiones, lo peor de todo esto son los daños de imposible o muy difícil reposición. Un claro ejemplo es la tala de árboles, porque en esa zona no solo hay maderas preciosas que son desperdiciadas con el hacha de los invasores. En la zona de Izabal se nota cada vez menos compacta la masa de árboles, con sus numerosos y lamentables efectos.

Otra área en la cual los efectos pueden llegar a ser catastróficos es el turismo nacional y extranjero, una de las actividades más importantes de la zona. Poca motivación tendrán los turistas para visitar cerros cuyos árboles han sido arrasados, o arroyos y ríos de caudal disminuido a causa de la falta de agua ocasionada por las talas. A ello se agrega el riesgo de verse en cualquier tipo de peligro personal, como consecuencia de actividades ilegales de agitadores.

La cantidad de casos obliga a que el Gobierno utilice toda su capacidad de reacción, no sólo desde la perspectiva policial, sino de influir en organizaciones de derechos humanos, para que intenten convencer a los campesinos engañados acerca de las consecuencias de apoyar tales acciones ilegales y de efectos que alcanzarán toda la zona. En el tema del turismo, la posibilidad de recuperación en tiempo breve del número de visitantes es, en realidad, muy poca.

Las organizaciones indígenas de Guatemala también necesitan hacer escuchar su voz a este respecto. Todos los acusados tienen apellidos qeqchíes, y por ello, estos casos pueden llevar un elemento mayor de complicación; todo, porque un grupo de irresponsables engaña de manera nefasta a campesinos de una zona de tanta importancia para el país.