La más reciente alza en el precio del pan popular y la reducción en su tamaño y calidad han puesto de manifiesto, una vez más, el alarmante grado de indefensión del consumidor ante los abusos de los agentes del mercado, y la necesidad de una instancia con las facultades y el poder necesarios para defenderlo.

En estos momentos se debate la cercana extinción jurídica de la Dirección de Atención del Consumidor (Diaco) y su sustitución por una defensoría cuya vida aún espera en el Congreso, pese al imperativo legal de crearla a la brevedad, pues de otra manera la población quedará desprotegida, a partir de este mes, de cuanto abuso cabe en las posibilidades de fabricantes, productores, distribuidores y vendedores de todo tipo de satisfactor.

El pan es buen ejemplo de las muchas conductas en contra de los consumidores. Con cierta frecuencia se escasea y encarece la harina, y entonces se traslada el efecto a la población. Pero no se hace de manera ética y mesurada, porque siempre el incremento del precio está por encima del aumento porcentual de la materia prima. Además, se elabora más pequeña la unidad y disminuye la calidad de los insumos para producirla.

Otros productos también son medios para arbitrariedades, tanto por la elevación desmedida de precios como por la alteración de balanzas; entonces, el consumidor recibe menos onzas de carne, verduras, granos y de cuanto es vendido por peso y presentado en empaques que impiden verificar su calidad.

Se conoce con frecuencia acerca de engaños en promociones sobre obsequios, concesiones, características y otros señuelos para motivar la compra o contratación de viviendas, lotes, electrodomésticos, servicios de comunicación y transporte, sólo para citar algunos casos. Abundan las quejas de personas que han sido estafadas por quienes, una vez concretado el negocio, escamotean el cumplimiento de lo ofrecido.

La garantía sobre la calidad y el buen funcionamiento de los productos es, asimismo, un viejo e insatisfecho reclamo del consumidor, porque en pocas empresas se accede con cortesía y eficiencia al cambio o la conveniente reparación del producto defectuoso y a la cobertura de los daños inherentes a sus fallas. Para colmo de males, empresas con mala disposición respecto de ese legítimo derecho de la clientela crean normas internas que dificultan al comprador cualquier posibilidad de resarcimiento, aunque con ello el vendedor pisotee, impunemente, las leyes del país, en especial las que rigen las relaciones comerciales y el ámbito del Derecho Civil.

Se necesita que la procuraduría del consumidor comience su vida jurídica como una instancia con poder sancionatorio y con credibilidad y posibilidad de realizar una defensa efectiva del atribulado consumidor guatemalteco, pero su tarea también debe incluir un esfuerzo amplio y permanente para cambiar la extendida cultura nacional de la burla, el engaño y la estafa en todo cuanto configura el entorno de las relaciones de intercambio comercial. Y esto incluye, desde luego, a compradores que pretendan beneficiarse de la buena fe de comerciantes éticos.