Unos 76 mil contribuyentes del régimen optativo del Impuesto sobre la Renta (ISR), y que tributan el 31 por ciento de utilidades, se encuentran en estos días en incertidumbre respecto de la declaración correspondiente al año 2007, debido al inexplicable retraso de la Presidencia de la República en la sanción y publicación en el diario oficial de la prórroga aprobada por el Congreso para presentar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) los estados financieros debidamente auditados.

A 14 días de la emisión del decreto 13-2008, referente a la prórroga, y a siete días del envío de esa norma al Ejecutivo, por parte del Legislativo, no cabe ninguna justificación al atraso de aquel poder en darle vigencia, y todo cuanto queda claro es una aparente negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

No se trata de una disposición extensa ni de sesudo trasfondo doctrinario, como para suponer necesario un análisis meticuloso de sus efectos, sino de la simple postergación de un requisito solicitado por la misma SAT, ante la imposibilidad de su cumplimiento por parte de los contribuyentes.

La oportuna atención del Congreso al pedido de aquella institución está en camino de convertirse en una pesadilla para los contribuyentes, porque el limbo por la falta de vigencia de la norma lo coloca en el riesgo, a estas alturas al parecer inevitable, de incumplir en tiempo tanto con el pago del ISR como con la entrega de la declaración del impuesto.

El sábado 14 de este mes, a solo 17 días del vencimiento del plazo para cumplir aquellas obligaciones, la SAT no había recibido ninguna declaración, porque los interesados están en espera de la vigencia de la ley varada en la Presidencia. Con la Semana Santa de por medio, y en el caso de que la disposición sea publicada inmediatamente después de ella, los sujetos a su regulación dispondrían de seis días para cumplir con el pago y la entrega de su informe, algo que originará un embudo en bancos y en la SAT.

Es previsible que muchos contribuyentes no puedan cumplir en ese breve tiempo con ambos requisitos, y entonces deberán cubrir multas de entre Q5 mil y Q10 mil por pago y declaración extemporáneos, con lo cual la suma que esperaban ahorrarse este año al quedar liberados de los honorarios de auditores se vería aumentada en beneficio de las arcas del Estado, pero si la ley finalmente no entra en vigor en tiempo, deberán también contratar los servicios de esos profesionales.

El Estado se queja de la ausencia de cultura tributaria y de la tendencia de los ciudadanos a escamotear el pago de impuestos. Sin embargo, omisiones como éstas, provenientes del propio Gobierno, ponen de manifiesto la irresponsabilidad de los funcionarios en un asunto sensible en el funcionamiento del aparato público, y la necesidad de simplificar y dar certeza y claridad a los procedimientos tributarios, para que los guatemaltecos no estén sujetos a la ineficiencia, veleidades y falta de criterio sobre lo que es importante y urgente por parte de quienes llegan a la función pública sin la mística de servicio que se espera de ellos.