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La autonomía municipal no es soberanía, como de manera errónea lo interpretan y argumentan insistentemente alcaldes interesados en convertir en feudos inexpugnables las jurisdicciones en las cuales el Estado les ha otorgado una especie de independencia funcional.

Con motivo de la reciente protesta de unos 70 alcaldes del suroccidente en contra de la vida jurídica del Registro Nacional de las Personas (Renap), nuevamente se esgrimió como razón para descalificar aquella instancia la supuesta violación de las facultades de carácter tridimensional (política, administrativa y financiera) concedidas por la Constitución de la República y el Código Municipal a los 333 municipios del país.

La recurrencia en la invocación de aquella autonomía para asegurar la continuidad de privilegios personales o de situaciones lindantes con la arbitrariedad, hace necesario y conveniente el repaso de la intencionalidad jurídica para el surgimiento de una autoridad local con la característica de estar subordinada al gobierno nacional.

El municipio, según lo avala la historia, no existió antes que el Estado y, consecuentemente, no puede existir fuera del ámbito de aquella forma superior de organización social. Ciertamente, está respaldado por una garantía de carácter institucional, pero ésta solo le concede libertad jurídica circunscrita a un territorio, y para el cumplimiento de determinadas tareas y fines de los que se ha desligado el Estado.

Nuestro ordenamiento jurídico concede a los concejos el derecho de reaccionar frente a actuaciones abusivas de otros poderes, con el propósito de evitar la vulneración de su autonomía, pero el límite de esa esfera lo constituye toda pretensión de romper la realidad social, trastocar el atributo de órgano de descentralización que le da la ley o de alterar la unidad y la soberanía nacionales.

El municipio es, como se sabe desde los lejanos tiempos de las ciudades-estado de Grecia, el elemento básico de la organización de una instancia política superior, de la cual debe ser garante de su vigencia y fortaleza, y esto último pasa por la obligación de los concejos de respaldar el orden legal, en el cual se circunscribe la ley que dio vida al Renap.

Son espurios e inconsistentes los argumentos edilicios en contra de la existencia de aquella institución, que es necesaria e indispensable para fortalecer los derechos civiles fundamentales de los guatemaltecos. Más bien, esa oposición visceral e irreflexiva parece orientarse a la vigencia de la infinidad de vicios, abusos e ilegalidades que se escondían en los registros civiles municipales, como la alteración y falsificación de cédulas de vecindad y de documentación de nacimientos, divorcios, defunciones y otras incidencias de carácter íntimo cuya corruptela también salpicó y deshonró las urnas electorales.

Los concejos integrados por personas honradas tienen la obligación de respaldar toda iniciativa orientada a poner coto a la corrupción y asegurar los derechos de sus vecinos, como es el objetivo del Renap, el cual necesita de estabilidad jurídica y política para ser eficiente.