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Desde la Grecia antigua, cuando comenzó la práctica de las relaciones entre Estados, ha sido un dilema permanente el nivel tolerable de opinión de los diplomáticos extranjeros en los asuntos internos de un país soberano.

Esa injerencia, desaconsejada por el sentido común y prohibida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo general solo es posible en la medida en que un Estado la tolere, aunque con frecuencia la cooperación financiera o el poderío económico y militar son interpretados por los plenipotenciarios como un derecho para hacerlo en el país donde ejercen su misión.

Las naciones sin ninguna o poca dependencia de la asistencia internacional tienen como práctica permanente el rechazo al manoseo de su política interna, y cuando algún embajador o personaje extranjero lo intenta, ya sea con opiniones o acciones, de inmediato reaccionan y pueden llegar, según el grado de la ofensa, a la declaratoria de “no grato” y a la expulsión expeditiva.

La Carta de las Naciones enarbola el principio de igualdad soberana entre Estados y demanda que las relaciones sean amistosas y de respeto mutuo, y la Convención de Viena limita la intervención de los diplomáticos a la posibilidad de “enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante”, y al fomento de relaciones económicas, culturales y científicas.

La inmunidad de jurisdicción no da a los diplomáticos privilegio de entrometimiento, como lo señala el artículo 41 de la Convención de Viena: “También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor”. Agrega que los asuntos oficiales deben ser tratados por conducto de la Cancillería.

Centroamérica tiene un largo historial de intromisión en sus asuntos internos, y por eso casi a nadie le resulta extraña aquella actitud de algunos emisarios. Y debido a la costumbre, ni los gobernantes reaccionan conforme a la posibilidad de defensa de la soberanía contenida en el derecho internacional. En el escenario actual, el Istmo paga caro, en términos de su dignidad, la asistencia extranjera para enfrentar sus carencias sociales.

Uno de los ejemplos más recientes de aquella intrusión es la negociación de un acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea. Evidentemente, el malestar centroamericano parte de las presiones de aquella potencia económica para que se acepten todas sus condiciones y exigencias, de manera que más que negociación, lo que se pretende es una sumisión arcaica del Istmo hacia la imposición europea.

Sería interesante observar qué pasaría si, por ejemplo, el embajador de Guatemala en los Estados Unidos criticase en forma pública la política represiva contra los migrantes; el de Holanda censurase la depravación sexual y la xenofobia, o el de Suecia hubiese demandado, en su momento, eficiencia en la investigación del asesinato del primer ministro Olof Palme. Seguramente, la expulsión sería el pago inmediato a su impertinencia y falta de escrúpulo, respeto y mesura.