Prensa Libre - Edición Electrónica

El inicio de la entrega del Documento Personal de Identificación (DPI) representa un hecho histórico en Guatemala, porque viene a terminar con el anacronismo de la cédula de vecindad, que a lo largo de 77 años ha constituido la principal referencia de la vida civil.

Debieron pasar muchos eventos trascendentales en la historia de la Nación, y entre ellos un largo conflicto armado, en cuyos acuerdos de paz quedó plasmada la necesidad de crear la tarjeta referida, para que el país comenzara a despojarse de un documento que devino en una cartilla sin valor, porque su vulnerabilidad se prestó para todo tipo de fraudes, de suerte que resultaba impostergable e innegable su reemplazo.

La facilidad para la obtención y expedición de la cédula de vecindad y el cúmulo de historias negras respaldadas por su empleo recurrente en timos y estafas hacían intolerable y sospechosa la rabiosa oposición al funcionamiento del Registro Nacional de las Personas (Renap) expresada por algunos alcaldes, en especial del occidente de la República. Por fortuna, aquellas comunidades y sus jefes edilicios ubicados, por la sinrazón, en el extremo de la incivilidad y la incultura, pronto se quedaron solos en sus reclamos cavernícolas, hasta verse obligados a subirse al carro de la modernidad.

Indudablemente, los guatemaltecos resultan ganadores con la centralización de su historial en una entidad que maneje de manera responsable la información, a efecto de que no se repitan los episodios lamentables y muy comunes de registros civiles en donde se alteraba el estado civil de las personas, se simulaban nacimientos o defunciones y se operaban otras circunstancias a la medida de los objetivos y el soborno de quienes necesitaban documentos falsificados para realizar trampas y engaños.

Las expectativas en torno del Renap son grandes, y por eso el Estado debe darle el respaldo necesario para consolidar sus operaciones. Pero esa institución debe cumplir, a su vez, los mejores esfuerzos, tanto para evitar que nada empañe su imagen pública, como sucedió con la adjudicación del contrato para la producción del DPI, como para mantener incólume la confianza de los ciudadanos en sus actividades.

La credibilidad es fundamental para el Renap, si desea librarse de la pesada herencia de desprestigio inherente a los registros civiles. Probablemente los nuevos procedimientos de manejo de datos limiten muchos de los vicios del pasado, pero la misma tecnología trae aparejados otros desafíos para la seguridad de la información personal, como el hecho, punible y repudiable, de que en la actualidad los registros ciudadanos estén en poder de empresas particulares y sean objeto de aprovechamiento comercial, no solo sin consentimiento de los interesados, sino sin la actualización de circunstancias que, a causa de eso, resultan perjudiciales como referencias de todo tipo.

En ese sentido, el Renap deberá armonizar los alcances de su ley con los preceptos constitucionales y de la Ley de Libre Acceso a la Información, para que los guatemaltecos cuenten con seguridad integral en el registro de sus datos.