La elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el Congreso, que dejó como resultado la reelección de los magistrados Roberto Molina Barreto y Luis Rosales, como titular y suplente, respectivamente, dejó en evidencia la falta de apoyo y la fragilidad de las alianzas que, hasta el momento, había mantenido el bloque oficial con algunas bancadas, según expertos consultados sobre el resultado de la designación en el Organismo Legislativo.

Pero esta situación no solo afectó a los diputados del bloque oficial y a sus aliados, sino también al presidente Bernardo Arévalo, quien, con los mensajes emitidos el lunes 2 y el miércoles 4 de marzo, con los que trató de incidir en la elección del Legislativo, se expuso a un “desgaste” ante la opinión pública, según consideran los expertos.

Alianzas "de coyuntura" y no de largo plazo

A criterio de Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el resultado de la elección de los magistrados de la CC en el Congreso muestra que los acuerdos y las alianzas en el Legislativo “no responden a visiones compartidas”, sino a “necesidades inmediatas”, lo que las hace “inestables y difíciles de mantener”, principalmente en temas como la elección de la CC, más no así cuando se trata de asuntos en los que se involucran recursos financieros para sus distritos o localidades.

“Son alianzas de coyuntura de muy corto plazo. Se unen en el momento en que hay recursos porque el bolsón —de recursos— del Ejecutivo sigue siendo el bolsón repartidor más importante que hay. Ellos —el oficialismo— van a poder adherir nuevamente a sus votantes en el Congreso, pero cuando tengan la posibilidad de reparto. Lejos de eso, se van a distanciar”, afirma.

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Quezada considera que las negociaciones entre los diputados no se basan en los argumentos, sino en el “incentivo económico”, lo que evidencia la debilidad institucional y una “mercantilización” del voto dentro del Legislativo.

“Lo que los une es el dinero. El ejercicio de persuadir al resto de diputados no es con argumentos, sino ya sabemos que lo que los une es el dinero”, aseguró.

Más allá de las alianzas y del resultado de la elección, Quezada también considera que la forma en que se condujo el bloque oficial durante la sesión también “los debilitó simbólicamente”, principalmente por el tono y la falta de argumentos en sus intervenciones, lo que puede tener consecuencias en la percepción ciudadana, así como en futuras negociaciones en el Congreso.

“Lo que llamaba mucho la atención no era el tema de utilizar grandes espacios de tiempo —por supuesto que se sabía que lo que querían era que el cansancio llegara y así decir que se reprogramaba la sesión para otro día—, sino el tono que se usaba, los insultos, las ofensas, realmente menospreciar a los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad es una bajeza enorme”, asegura.

Arévalo, perjudicado

Pero no solo los diputados del bloque oficial y sus aliados se vieron afectados, ya que el resultado también pudo haber perjudicado al presidente Bernardo Arévalo. Según Quezada, al emitir sus mensajes públicos para persuadir al Congreso para que no votaran por Molina Barreto, el mandatario se jugó “el todo por el todo”, pero al final no obtuvo el resultado que esperaba, siendo “el perdedor” en este tema.

“El presidente buscando adherir votos pues sale a jugársela. Yo creo que probablemente él —Arévalo— sea el gran perdedor, porque hasta el mensaje que da de prácticamente cuestionar al gobierno de los Estados Unidos creo que, lamentablemente, al haberse jugado esa carta entró en controversia con Estados Unidos y entra en controversia con la legalidad, porque el presidente posiblemente cometió delitos de una intromisión, porque estamos hablando de que estaba empujando el voto en el Congreso, o sea que la separación de poderes la deja de un lado y además calumnia candidatos”, añadió el investigador.

Reacomodo de fuerzas

Por su parte, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, afirma que el resultado de la elección en el Congreso refleja un reacomodo de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Según indica, la táctica de alargar la sesión “pudo haber sido válida en un principio para concretar apoyo, pero, al no ver resultados, se convirtió en un “desgaste innecesario” para el oficialismo y que solo evidenció la fragilidad de la alianza con la que contaba.

“Esa pelea por los espacios de poder público es totalmente normal, porque el hecho de que sean del gobierno algunos diputados, o que estén cercanos al gobierno algunos diputados, no quiere decir que puedan hacer o que tengan la fuerza, que tengan el poder para que sus decisiones prevalezcan, y eso lo hemos visto todo el año 2024, el 2025 y lo que va del 2026. Y han perdido aliados en el camino y yo creo que aquí tuvo mucho peso ese apoyo subrepticio, a veces totalmente evidente en otros casos, de la Embajada de Estados Unidos o del encargado de negocios -John- Barrett hacia el magistrado Molina Barreto”, comenta.

Ibarra considera que esta “táctica”, que fue implementada por los diputados del bloque oficial, debió haber cesado al notar que “ya no contaban con posibilidades” para revertir el resultado a favor de Molina Barreto, ya que la misma únicamente podría haber sido válida si el oficialismo contaba con probabilidades reales de revertir el resultado de la elección.

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Apoyo según el interés

En cuanto al apoyo que puedan brindar las bancadas de ahora en adelante al bloque oficial, Roberto Alejos, exconstituyente y exdiputado, indica que, como en todo Congreso o Parlamento en el mundo, “los diputados votan según sus intereses políticos y de representación”.

“Que el partido oficial haya fracasado en ese intento de obtener los votos para elegir a uno u otro candidato no quiere decir que pierda apoyo en otros temas, pues en otras ocasiones también se ha dado que cuando esos intereses, por decirlo así, es en obras o financiamientos que podrían ser aprobados por el Congreso, se ha obtenido un apoyo abrumador por parte de los otros bloques”, afirma.

En este sentido, Alejos asegura que la elección de Molina Barreto favorece, en este momento, a los intereses de varios diputados y sus partidos, especialmente con un evento electoral en puerta.

“Acá los intereses políticos son de otra índole, especialmente aquellos —diputados— que tienen problemas, porque tienen algún antejuicio, para bien o para mal, sea verdad o sea mentira, porque tienen acusaciones o tienen problemas legales en sus partidos. Entonces, todo esto pesa”, concluye Alejos.

Designación "preocupante"

Más allá de las consecuencias que pueda tener para el oficialismo, el resultado de la elección en el Congreso es preocupante, afirma Alejandro Rodríguez, representante de Impunity Watch Guatemala.

Considera que, al igual que los procesos de elección que se llevaron a cabo en el Consejo Superior Universitario (CSU) y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el proceso en el Congreso de la República también fue “opaco” y fuera de lo establecido en la Constitución Política de la República.

“La designación la vemos como un incumplimiento grave a las obligaciones del Congreso de cumplir con la Constitución, porque la Constitución en su artículo 113 establece que la persona que se elija debe tener capacidad, idoneidad y reconocida honorabilidad. Las dos personas elegidas fueron ampliamente cuestionadas y reprimidas por todos los sectores de la sociedad guatemalteca, desde los pueblos indígenas que plantearon una acción constitucional de amparo para prevenir que se pudieran elegir”, afirma Rodríguez.