Gustavo Arnoldo Medrano Osorio compareció a la segunda citación que le hizo el magistrado Mynor Oxom, vocal de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.

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El diputado se había ausentado el pasado 8 de julio por supuestos quebrantos de salud y aún estaba pendiente sus argumentos de descargo por el antejuicio que fue tramitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a su implicación en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al poder Ejecutivo.

Su abogada Alma Beltetón, acompañada del abogado Javier Posadas Beltetón, intentó suspender el trámite del antejuicio con el argumento de una actividad procesal defectuosa.

La penalista se centró a que en el escrito de antejuicio está incluido el nombre Adolfo en lugar de Arnoldo, que es como se llama su cliente.

El magistrado Oxom, quien permitió el acceso a la audiencia, explicó que esa equivocación ya había sido subsanada por la CSJ y declaró sin lugar el recurso que intentaba suspender el antejuicio.

Su defensa

Entonces, el magistrado le otorgó la palabra al legislador, quien compitió como candidato a alcalde por Chinautla, aunque fue derrotado por su tía, Elizabeth del Cid Medrano.

“Me llamo Arnoldo no Adolfo”, repitió incansablemente el legislador al leer cada párrafo del señalamiento que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Después, se refirió a que “nunca hubo negociaciones” y explicó que solo hubo reuniones con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Señalamiento

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

En el caso del diputado Medrano para el MP pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

El documento de la Feci y la Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el 8 de abril de 2014 se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, Baldetti, siendo su versión final impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

Lo que sigue

La Ley en materia de antejuicio regula la manera a seguir como lo recordó el magistrado Oxom, quien recibió el expediente el pasado 26 de junio.

El pesquisidor Oxom deberá redactar un informe con la recomendación si es viable el retiro de inmunidad al diputado. El documento lo remitirá a la CSJ en donde los magistrados determinarán si es prudente el retiro de la inmunidad.

Si es así, el expediente lo trasladan a Gestión Penal para que designe, por sorteo, un juzgado penal en donde la Feci puede requerir cualquier información para avanzar en la pesquisa, incluso, la orden de aprehensión.

El diputado está señalado de asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.

Señalados

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El diputado Gustavo Medrano comparece en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo para defendese ante el pesquisidor Mynor Oxom por el antejuicio en su contra en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo. pic.twitter.com/zTyqRvx4gz

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 22, 2019

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La comisión pesquisidora recomendó al pleno mantener la inmunidad del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, señalado por el MP y la Cicig de asociación ilícta y cohecho activo.

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Ministro Acisclo Valladares califica de espurio y político el antejuicio en su contra

Según los pesquisidores, los investigadores omitieron, ocultaron o simularon información sobre Valladares Urruela y tuvieron conocimiento de los supuestos hechos ilícitos antes de que él tuviera inmunidad, por lo que consideran que esperaron un momento político para solicitar el retiro del antejuicio.

Así, resolvieron que el caso tiene carácter espurio, político e ilegítimo y recomiendan no retirarle la inmunidad a Valladares Urruela, para lo cual el pleno deberá votar.

De acuerdo con el MP y la Cicig, el ministro, cuando fue alto directivo de la empresa de telecomunicaciones Tigo, dio maletines de dinero en efectivo a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti o a personas de confianza de ella, el cual se repartía entre diputados para dar votos a proyectos que demandaba la Vicepresidencia.

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Resultado de ese dinero, dado a modo de “promesa de dádiva”, el Congreso aprobó en abril de 2014 la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Durante su comparecencia ante los pesquisidores, Valladares negó que haya sobornado a funcionarios para la aprobación de esa ley.

Dijo que la investigación tiene inexactitudes, ocultamiento e implantación de evidencia, por lo que calificó el caso como espurio, político e ilegítimo.

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“Presentamos mi descargo, ratificando mi inocencia, reconozco su labor periodística, pero prefiero que las pruebas las analice el señor juez”, señaló Porras al salir de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal.

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El señalamiento que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) refiere la posible implicación del legislador en una investigación que fue denominada Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo.

Porras es el primer diputado que comparece ante un pesquisidor de los siete que enfrentan antejuicio por el caso. “Es un antejuicio por cada diputado y cada quien tomará sus decisiones. En mi caso estoy haciendo lo que considero pertinente. El objetivo era venir inmediatamente. Desde un principio me apersoné, desde la Corte, y es como he enfocado que se debe afrontar esto”, dijo Porras.

El pasado 22 de julio el fiscal Luis Mejía estuvo durante tres horas reunido con el pesquisidor De León para ratificar el antejuicio contra Porras por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero u otros activos.

La investigación detalla que en 2014, presuntamente, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados del Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Para el MP, Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

“Me motiva que tengo claro que no hay motivos por los cuales me están sindicando y tengo la prueba clarísima y contundente de mi inocencia en este caso. Considero que lo pertinente es hacerlo, retrasarlo no es lo adecuado”, se refirió Porras.

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Investigación

El documento de la Feci y la Cicig refiere que, producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas las del 8 de abril de 2014, cuando se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre empresarios y Baldetti, por lo que la versión final fue impuesta para su aprobación en el Congreso y no se realizaron cambios al texto.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín, cada dos meses.

Lo que sigue

El pesquisidor podrá citar a más personas para indagar en el caso y después deberá remitir un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con su recomendación de si avala la investigación contra Porras y se le retira la inmunidad o puede sugerir que el diputado mantenga la inmunidad.

La última palabra la tendrán los magistrados de la CSJ, quienes, durante una sesión habitual, decidirán si le retiran la inmunidad a Porras.

Señalados

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El legislador brinda detalles después de haber ofrecido sus pruebas de descargo ante el pesquisidor. pic.twitter.com/g4uTwK7quD

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 1, 2019

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Luego que el fiscal Luis Mejía compareciera con el magistrado Mynor Oxom, vocal de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, para ratificar el antejuicio contra el legislador Gustavo Medrano, se conocieron detalles de dos querellas contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

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“Es importante destacar que, en este caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como mi persona, ha recibido apartamientos derivado a todas las diligencias que se han realizado y a pesar de eso se ha logrado superar cada uno de estos apartamientos”, se refirió Mejía.

Las acciones las interpuso desde el año pasado Acisclo Valladares, ministro de Economía, quien está implicado en este caso, denominado Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo.

El fiscal se refirió a que la fiscal General, María Consuelo Porras, rechazó las dos acciones de Valladares para que la Feci y Mejía sea apartados del caso.

Señalamiento

La investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

En el caso del diputado Medrano, para el MP pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo pasado.

El documento de la Feci y la Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el 8 de abril de 2014 se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, Baldetti, siendo su versión final impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados, señala el ente investigador.

La investigación determinó que los legisladores recibían hasta Q50 mil en un maletín cada dos meses para estar a las órdenes del Ejecutivo.

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Diputado Galdámez, el siguiente

Este viernes se prevé que Mejía vuelva a la Torre de Tribunales para ratificar el antejuicio contra el diputado Estuardo Galdámez, quien fue candidato a la presidencia por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Ya avanzaron los antejuicios contra los diputados Boris España, Juan José Porras y Haroldo Quej.

Señalados

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El fiscal Luis Mejía acude con el pesquisidor Mynor Oxom para ratificar el antejuicio contra el diputado Gustavo Medrano.
El caso es Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo.
Además, explica que la fiscal General, Consuelo Porras, rechazó 2 apartamientos en su contra. pic.twitter.com/5ES9VmXu9F

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 25, 2019

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“El Ministerio Público ratifica el antejuicio contra el diputado del Congreso de la República, Haroldo Quej derivado a hechos constitutivos de delitos”, señaló Luis Mejía, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

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La ratificación se dio en la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, con la magistrada Elisa Victoria Pellecer, pesquisidora nombrada en este caso por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El avance de las pesquisas determina que el diputado Quej era un “jefe de línea” que habría organizado a los diputados para aprobar leyes por petición de Roxana Baldetti, quien fue vicepresidenta.

Los posibles delitos cometidos por el legislador podrían ser cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y violación a la Constitución.

“Se considera que pudo haber ostentado la calidad de ‘jefe de línea’ dentro del Congreso. Estructura creada dentro del -cancelado- Partido Patriota en el cual se subordinó el Organismo Legislativo al Ejecutivo”, añadió Mejía.

El fiscal mencionó que se estableció la función que tenía el diputado a su cargo y era avisarle a los diputados que estaban bajo su mando las instrucciones recibidas por el Organismo Ejecutivo, “específicamente por Roxana Baldetti”, y además asistían a su oficina para recoger los sobres con dinero a los cuales les denominaban “champurradas”.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Otro antejuicio

Para el MP, el diputado Juan José Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso se planteó que se le retire la inmunidad el 6 de mayo pasado.

La investigación determinó que ambos legisladores, Quej y Porras, recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

El documento de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se refiere a que producto de estos pactos y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el Decreto 12-2014 -Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos-, aprobado el 8 de abril de 2014.

El fiscal Mejía ya ratificó antejuicios contra los diputados Juan José Porras y Boris España, por este caso.

Esta semana deberá comparecer con pesquisidores para ratificar antejuicios contra los diputados Estuardo Galdámez y Gustavo Medrano, quienes también podrían estar involucrados en estos hechos.

El fiscal explica el avance de la investigación. pic.twitter.com/bqiyGfe0sy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 23, 2019

Los señalados:

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): por asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y candidato presidencial): asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

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Por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero u otros activos, el fiscal Luis Mejía ratificó este lunes la solicitud de antejuicio contra Juan José Porras, diputado del bloque Visión con Valores (Viva).

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“En esta oportunidad el Ministerio Público se ha presentado para ratificar el antejuicio que se ha presentado en contra el diputado Juan José Porras. Esto derivado a los hechos que se consideran delitos y que ha participado”, mencionó el representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

El fiscal Mejía estuvo reunido con el pesquisidor Néctor de León en la Sala Cuarta de Apelaciones Penal desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. El magistrado de León, vocal de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, escuchó los indicios que recabó la Feci.

“Se le hizo una exposición más detallada de los hechos que señalan al diputado Porras y se refirió a cada elemento de convicción con los que ya se cuenta”, añadió el fiscal.

Este es el segundo antejuicio ratificado por el ente investigador ante un pesquisidor. El pasado 11 de julio la pesquisidora Aura Mancilla escuchó el avance de la investigación del caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo que también vincula al diputado Boris España.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

En el caso del diputado Porras, según el MP, pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad el 6 de mayo último.

Investigación

El documento de la Feci y la Cicig se refiere a que producto de estos pactos y coimas, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el Decreto 12-2014, Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aprobado el 8 de abril de 2014.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta, siendo su versión final impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

Otros tres esta semana

El fiscal Mejía indicó que esta semana también deberá ratificar la investigación contra los diputados Haroldo Quej, Gustavo Medrano y Estuado Galdámez, este último fue candidato a la Presidencia por el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Señalados y delitos

• Acisclo Valladares Urruela (Ministro de Economía): Asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y excandidato presidencial): Asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El fiscal explica el señalamiento contra el legislador Porras. pic.twitter.com/oSkDAkMY0O

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 22, 2019

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“Se ha ratificado el antejuicio contra el señor Boris Roberto España, quien actualmente es diputado del Congreso de la República”, dijo Luis Mejía, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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Es el primer antejuicio que avanza de los siete en contra de legisladores que planteó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El caso fue denominado Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo, relacionado con los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

El fiscal Mejía explicó que el legislador España “pudo haber tenido participación” y por eso se planteó el retiro de inmunidad el pasado 6 de mayo.

“El fin es que pueda ser retirada la inmunidad que sustenta para avanzar en la investigación. Se expusieron hechos en los cuales pudo haberse dado que recibió ciertas dádivas el señor España. Y, derivado de esto, él pudo subordinar su decisión como diputado ante otro organismo del Estado, la cual consistió una aprobación de leyes y decretos en beneficio de un partido político o en beneficio personal derivado a las dádivas”, puntualizó Mejía.

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Se intentó consultar con el diputado España relacionado con el caso, pero no respondió.

Investigación

El documento de la Feci y la Cicig indica que, debido a estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes; entre ellas, cuando el 8 de abril de 2014 se aprobó el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y Baldetti, y su versión final fue impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

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Galdámez, el siguiente

Este viernes se prevé que la Feci también ratifique el antejuicio contra el diputado Estuardo Galdámez, quien fue candidato a la presidencia este año.

La cita será en la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo donde fue designado el magistrado vocal II Santos Sajbochol.

Señalados

• Acisclo Valladares Urruela (ministro de Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
• Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y excandidato presidencial): asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Juan José Porras Castillo (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro (diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Marco Antonio Orozco Arriola (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Boris Roberto España Cáceres (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
• Haroldo Eric Quej Chen (diputado): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
• Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado): Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.

El fiscal Luis Mejía explica la ratificación del antejuicio contra el diputado Boris España ante la pesquisidora Aura Mancilla.
El caso es Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo pic.twitter.com/XnpjLgl0mO

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 11, 2019

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El pasado 6 de mayo fue planteada la solicitud del retiro de la inmunidad contra Galdámez, quien estaba inscrito como presidenciable por el partido oficial.

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El señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Cicig es por el avance de una investigación en el caso denominado Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo.

Galdámez goza de inmunidad por ser diputado y ese beneficio finalizará el 14 de enero del próximo año, debido a que quedó en octavo puesto en la elección presidencial y que por competir por la Presidencia, dejó la posibilidad de blindarse desde una curul.

El legislador obtuvo 179 mil 159 votos, que representa el 4.14% del 98% del escrutinio que compartió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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En la Corte

El antejuicio contra Galdámez fue conocido en el Juzgado Cuarto Penal, después fue remitido a la CSJ en donde magistrados deben conocer la petición.

Si avalan el caso, el siguiente paso es nombrar un juez pesquisidor para que indague y recomiende a los magistrados si es viable el retiro de la inmunidad.

El pesquisidor tiene hasta 60 días para revisar el caso y en esta instancia es viable cualquier acción judicial como amparos y recusaciones.

Galdámez ha guardado silencio y  no se ha pronunciado después de haber perdido en la contienda electoral.

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Otros diputados

La investigación detalla cómo presuntamente la vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Así como Galdámez los antejuicios planteados fueron contra los diputados: Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.

De los legisladores señalados solo España logró la reelección, por lo que su inmunidad seguirá en la siguiente legislatura.

Los otros diputados sindicados -Porras, Quej, Medrano, Figueroa y Orozco- se quedarán sin inmunidad junto con Galdámez con el cambio de legislatura a inicios del 2020.

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El Poder Judicial esta de nuevo en el ojo del huracán, ya que deberá resolver las solicitudes de retiro de inmunidad contra siete diputados y un ministro que solicitó el Ministerio Público y con ello demostrar independencia de quienes los eligieron.

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La investigación que se denomina subordinación del Legislativo al Ejecutivo detalla cómo la vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

La decisión que tomen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evidenciará si se desmarcan de quienes los eligieron en esos cargos y resuelvan los antejuicios planteados conta: Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.

Analistas del sector justicia consideran que la credibilidad del Poder Judicial esta en juego en este momento, ya que los magistrados quienes fueron producto de ese pago de sobornos deben de desligarse de quienes los eligieron y demostrar con independencia los casos plateados.

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Modelo caduco

Elvyn Diaz del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales considera que el modelo de elección de magistrados es el que ya venció, mientras que este permita que los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones participen en las comisiones de postulación siempre evidencia las negociaciones espurias.

“A pesar de que fueron electos por estos diputados, cuando asumen el cargo de magistrados tienen que ejercerlo con total independencia la cual funciona a partir de estar en el cargo y tiene que ejercer sin importar si tiene que juzgar a personas que hayan votado por ellas. La independencia debe darse hasta de las personas que los eligieron, sus actuaciones deben de resolverse apegada a Derecho y no a intereses que puedan tener determinadas personas”, dijo Diaz.

A decir del abogado si el juez tiene interés en el asunto, el magistrado se puede inhibir de conocer el asunto, pero en este caso no hay interés y lo que se aborda es que ellos deben de resolver contra los diputados que los eligieron y esa no es razón ni para inhibirse.

“Sin duda alguna los magistrados estarán más en el escrutinio público al igual el proceso de postulación y la elección en el Congreso”, refirió el profesional.

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Ovidio Orellana indicó que la Corte Suprema de Justicia no puede resolver cuestiones políticas, ellos -los magistrados- deben resolver conforme lo establece la Constitución, las constancias procesales, la Ley y su conciencia.

“Estos cuatro factores son importantes para resolver no solo esta clase de procesos sino cualquier proceso, porque la justicia es igual para todos, y se debería de resolver en base a esas cuatro premisas y si se resuelve de otra manera no es justicia”, dijo Orellana.

El profesional considera que la independencia judicial es lo que debería de privar, prácticamente la independencia es una garantía constitucional de los jueces y si no hay independencia no hay justicia, deben de apegarse al marco constitucional aplicando las normativas.

“Ellos no pueden estar resolviendo por presiones de ninguna naturaleza, de ningún sector, de ninguna persona ellos tienen que ajustarse a los preceptos ya indicados, hacer lo contrario es decir que no hay justicia”, concluyó Orellana.

Independencia

El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Stuardo Ralón manifestó que todo magistrado no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino de Apelaciones y Corte de Constitucionalidad se debe a la Constitución.

“Desde el momento que asume el cargo hace un juramento de aplicar correctamente la Constitución y se desliga de cualquier persona que lo haya designado en el caso de las designaciones directas que se dan en las más altas Cortes del país incluida la que el Congreso resulta par la Corte Suprema. Ejercer la judicatura tiene esa gran responsabilidad de apearse a la ley y la Constitución, aunque las resoluciones no sean de simpatía popular”, indicó el profesional.

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Ralón añade que, si se quiere fortalecer el estado de Derecho, la institucionalidad, debe de darse el ejemplo de cualquier magistrado como lo es la Corte Suprema de actuar siempre apegado a una aplicación correcta de la Ley y de la Constitución.

“Es una obligación de todo magistrado deberse al respeto de las leyes y la constitución y en este caso escandaloso ojalá se pueda llegar a la verdad de los hechos de que fue lo que ocurrió, que prevalezca que mediante los medios científicos de prueba establecerse las responsabilidades que corresponda y aplicarse las sanciones para que no vuelva a ocurrir”, dijo el presidente del Cedecon.

La directora de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), Eleonora Muralles considera que la gran duda de que pasa en las Cortes, hay un señalamiento en contra de la forma en la que se eligieron los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Apelaciones.

“Ellos deben de resolver conforme a Derecho, pero hemos visto que no lo hacen, como ejemplo el antejuicio contra Felipe Alejos en donde ellos incluso mienten para protegerlo y el caso no avanza. Hay una desconfianza total a la Corte Suprema de Justicia y con este señalamiento es peor. Aunque ellos digan que se despojan de quien los eligió y vamos a revisar independientemente el caso, pareciera que no ocurriría”, dijo Muralles.

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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) les atribuyen los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero.

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Estuardo Galdámez, diputado y presidenciable del Frente de Convergencia Nacional (FCN), fue asignado al juzgado Cuarto.

Mietras tanto, el congresista Boris España fue designado al Juzgado Quinto; Gustavo Arnoldo Medrano, al Juzgado Séptimo; Mirma Figueroa, al Juzgado Tercero; Marco Antonio Orozco, al Juzgado Cuarto; Juan José Porras, al Juzgado Segund, y Haroldo Quej, al Juzgado Undécimo.

El antejuicio contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares, será conocido también por el Juzgado Undécimo.

Según establece el trámite, los juzgadores deberían inhibirse de conocer el caso y remitir los expedientes a la Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio Público presentó el 6 de mayo un caso de corrupción en el Congreso en el que señala que aquellos congresistas, que formaron parte del Partido Patriota, recibieron dinero para la aprobación de leyes y elección de cortes y del contralor.

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El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) pidieron el retiro de la inmunidad contra Estuardo Galdámez, diputado y candidato a la presidencia del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Otros 6 diputados están vinculados y el ministro de economía de la actual administración del presidente Jimmy Morales.

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Corrupción

Por el caso se pidió el retiro de inmunidad a los diputados Estuardo Galdámez, Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco.

Además, se implica al actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.

Galdámez, España, Medrano, Figueroa de Coro y Orozco fueron reelegidos en el 2015 por el extinto Partido Patriota (PP), pero este año militan en partidos diferentes y el caso golpea también a estos.

Después que la Cicig y el MP presentaron el caro, el presidenciable no ha querido dar declaraciones. Este 8 de mayo habló en una entrevista radial y aunque evitó hablar directamente del caso, le resumimos en frases lo que dijo sobre su plan de trabajo y otros temas.

Aquí le presentamos las frases polémicas que dijo en la entrevista:

1. “Cero tolerancia a la corrupción, yo no soy corrupto yo no tengo necesidad de robar”.
2. “El tema de la corrupción ya lo miro muy desgastado, se acuerdan que el tema de la corrupción fue el caballito de batalla que utilizó la ONU para descomponer las instituciones del Estado”.
3. “Voy a cambiar la ley orgánica de la SAT y lo voy a remover (al superintendente) en el momento en que el Presidente decida”.
4. “En mi gobierno los guatemaltecos van a querer tributar”.
5. “Voy a descansar en el Ejército la seguridad de los guatemaltecos”.
6. “Un presidente no es un matón, no es un asesino”… “Voy a hacer un fusilamiento público, en los parques donde el delincuente cometió el crimen”.
7. “Habrá clase de Biblia en primaria y básicos”.
8. “El producto de todos los males que hay en Guatemala, es por la falta de Dios en nuestro corazón”.
9. “Aquí estoy y no le he robado un centavo a los guatemaltecos”.
10. “El Gobierno tiene pisto, el Estado de Guatemala tiene pisto y lo voy a invertir en los guatemaltecos”.