Economía

|

Suscriptores

Gobierno a examen: los niveles de la deuda mejoraron en el 2024, pero escenario se podría revertir

El saldo de la deuda no se incrementó por decisión del gobierno actual, pero podría cambiar al reducirse la recaudación tributaria como porcentaje del PIB y haberse aprobado un presupuesto con mayor endeudamiento.

Urias Gamarro

13 de enero de 2025

|

05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

En el primer año de gobierno el saldo de la deuda pública se incrementó. El académico Guillermo Díaz, indica que la relación deuda pública/PIB se mantuvo como la más baja de América Latina, aún con el incremento de casi Q9 mil millones en el ejercicio. A su entender, es un indicador de salud económica del país en dicho rubro.

El investigador de Fundesa, Fernando Spross, el economista Maynor Cabrera y el analista de Icefi Abelerdo Medina Bermejo, lo colocan el indicador en un nivel más neutral y de alerta.

Spross es de la idea que sí bien el saldo de la deuda pública en 2024 aumentó en 4% respecto al 2023, con un incremento de Q9 mil millones y al verlo en términos del PIB, el saldo disminuyó, pues en 2023 representaba un 27%, mientras que en 2024 representa cerca del 25% del PIB. 

“Tomando en cuenta lo anterior, no se considera que este indicador pueda estar en verde, pues se sabe que para este año 2025, el saldo de la deuda será bastante mayor y podría regresar a los niveles anteriores o incluso más”, concluyó.

Medina Bermerjo, expresó que aun cuando se procedió a aprobar una ampliación presupuestaria, el tamaño del gobierno, todavía con datos preliminares se mantuvo en torno al 13.9% del PIB, similar al promedio del período 2018-2023; es por ello y considerando además la mayor disponibilidad de recaudación que no fue contemplada en el presupuesto producto de las metas recaudatorias, la demanda de recursos de crédito se mantuvo de manera razonable baja, por lo que el saldo de la deuda pública, preliminarmente se contrajo de 27.2% del PIB en 2023 a 26.4% en 2024.  

Entonces, como tal, el saldo de la deuda no se incrementó por decisión del gobierno actual, sino como producto de las condiciones y rigideces de la planificación presupuestaria actual, aunque si denota, de manera preliminar, que ante la falta de mayor autorización de gasto el saldo de la deuda se mantiene controlado. 

LECTURAS RELACIONADAS

Presupuesto 2025: Minfin busca prevenir inconsistencias en asignaciones y se basa en artículo 6 del decreto 36-2024

Observamos un impulso del crédito al consumo atribuido a una diversificación de la cartera, afirma analista de S&P Global Ratings

El sector público guatemalteco tiene una de las menores deudas del mundo, por lo que dicho indicador, en términos del PIB se puede considerar verde, sin embargo, no es producto de las decisiones del gobierno actual. Como tal, la calificación asignada a la acción pública en torno a la administración de la deuda pública.

LECTURAS RELACIONADAS

Presupuesto 2025: Finanzas evalúa acciones que se han presentado ante la CC y afirman que los artículos pasan la prueba constitucional

Más de Q130 millones y una década sin conseguir la liquidación de Fonapaz

Cabrera, subraya que los indicadores de endeudamiento mejoraron levemente, pero dentro de las tendencias recientes. Según los datos a noviembre publicados por el Ministerio de Finanzas, la deuda pública total habría bajado de 27.2 a 26.6% del PIB, lo cual puede considerarse como positivo, pero las razones de deuda pública a ingresos tributarios aumentaron levemente. 

Es decir, “hubo leves avances y retrocesos, pero dentro de los promedios observados recientemente”. Sin embargo, advierte que al reducirse la recaudación tributaria como porcentaje del PIB y haberse aprobado un presupuesto con mayor endeudamiento, la situación podría cambiar en el año 2025. “Si los ingresos tributarios siguen reduciéndose o no aumentan al nivel esperado por el gobierno, la evolución del endeudamiento se puede revertir”.

Presupuesto del 2025 sigue con las mismas dificultades y no se ajusta al plan del Gobierno, señala el Cien

El decreto 36-2024 que contiene el presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal del 2025 fue sancionado el viernes 6 de diciembre por el presidente de la República. Por aparte el Cien divulgó hallazgos y recomendaciones.

Rosa María Bolaños

7 de diciembre de 2024

|

05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El Ministerio de Finanzas Públicas preparó la propuesta de presupuesto, el Congreso lo aprueba con modificaciones, y el Organismo Ejecutivo lo sanciona. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025 sigue con las mismas dificultades que en años anteriores y a pesar del monto por el cual se aprobó no responde al plan de gobierno de la actual administración, señala el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

La organización dio a conocer el viernes 6 de diciembre sus hallazgos, observaciones y recomendaciones, el mismo día que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, sancionó el decreto 36-2024 que contiene el presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal del 2025 y quien mostró su apoyo para ese plan de gastos por medio de sus redes sociales.

El monto de ese presupuesto llegó a Q148 mil 526 millones que representan el 15.8% del producto interno bruto (PIB) y con la posibilidad de ampliarse hasta en Q5 mil 800 millones, además de los montos adicionales pendiente de definir para cubrir las pensiones de las Clases Pasivas Civiles del Estado y los saldos extraordinarios sin devengar de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), sin embargo, no cumple el panorama fiscal propuesto en el Plan de Gobierno 2024-2028 de la actual administración, añade el Cien.

Una de las recomendaciones de ese centro de análisis es cumplir las promesas del Plan de Gobierno 2024-2028, por lo cual refiere que exigen claridad en los resultados esperados y la estrategia fiscal para garantizar que ese presupuesto esté alineado con los compromisos asumidos en el plan de gobierno de las actuales autoridades. Por ello, añaden que “es urgente que el Ejecutivo presente los resultados que la administración actual pretende lograr durante su período de Gobierno”.

LECTURAS RELACIONADAS

Tres micro bolsones suman Q8 mil 700 millones dentro del presupuesto 2025 por un articulado que en automático permitiría esa ampliación

Los otros proyectos por Q1 mil 410 millones que se incluyen en el presupuesto 2025 

La entidad es del criterio que tanto el plan como la política general de gobierno no incluyen cuáles son los resultados a alcanzar en esta administración. Cita que en el presupuesto se establecen 90 diferentes resultados (de los cuales 16 son estratégicos y 74 institucionales), pero señala que no hay claridad ni vinculación directa entre las asignaciones y los resultados esperados.

También refiere que hay deficiencias porque no existe un sistema de monitoreo y evaluación, ni información confiable, para evaluar el impacto de las asignaciones presupuestarias y la eficiencia del gasto público.

Los otros hallazgos que mencionan son:

Continúa la rigidez presupuestaria establecida por la diferente legislación del país, y eso compromete gran parte de los ingresos en gastos predeterminados como salarios, pensiones, deuda pública y otros, lo cual, reduce la flexibilidad para nuevas prioridades de país, pero el poco espacio de recursos que queda disponible se utiliza para gastos que vuelven cada vez más inflexible el Presupuesto, castigando la inversión, añade el Cien en su boletín.

Refiere que la carga tributaria sigue siendo baja, los ingresos tributarios representan el 11.7% del PIB y el país está por debajo del promedio regional que llega a 21.5%, y que la cifra tampoco alcanza aún la meta establecida en el Pacto Fiscal y dentro de la propuesta del Plan de Gobierno 2024-2028 de situarse en 12.4%.

Otra de las críticas es el uso del endeudamiento público, ya que se refiere que el Estado se sigue endeudando para pagar gastos de funcionamiento. Esto genera lo que se denomina “injusticia inter temporal” porque se carga a generaciones futuras costos actuales sin reportarles ningún beneficio, agrega el Cien. A esto, la entidad añade que parte del endeudamiento se utiliza en inversiones que actualmente no cuentan con un sólido fundamento técnico.

El otro punto que menciona es el enfoque que se le sigue dando al gasto público ya que “las remuneraciones al recurso humano representan una proporción significativa del Presupuesto (más del 50%)” en especial en el sector educativo, sin mejoras proporcionales en cuanto a resultados.

Mientras que critica que la inversión pública “sigue siendo baja e insuficiente para las necesidades de infraestructura y competitividad”.

Un aspecto, que también se ha criticado por otros sectores, es haber elevado el déficit fiscal a 3.1% del PIB, aunque el plan de gobierno había propuesto 2.9%, y el Cien añade a eso que con este déficit se financia un gasto público “inercial y sin una estrategia clara”.

A criterio del Cien hace falta más transparencia con divulgación de información sobre la política fiscal del gobierno y los detalles del presupuesto aprobado, porque además existe incertidumbre acerca de cómo se cumplirá con la promesa del plan de gobierno de reducir al año 2027 el saldo de la deuda pública a 26.8% del PIB, sin incrementar impuestos.

Recomendaciones

Luego de ese análisis el centro de investigación emite una serie de recomendaciones como incrementar la flexibilidad presupuestaria, por ejemplo, fortaleciendo la capacidad de reasignar recursos hacia prioridades de desarrollo y proyectos socialmente rentables.

También fortalecer la recaudación tributaria e incrementar la carga tributaria por medio de reformas fiscales que fortalezcan la capacidad del Estado para financiar sus programas prioritarios y mantener una senda fiscal sostenible.

Entre otros temas recomienda lograr un enfoque en resultados, para lo cual el presupuesto tiene que alinearse a los objetivos estratégicos claros y medibles y priorizar la inversión pública de forma sostenible para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. Para ello considera que se debe priorizar proyectos con estudios técnicos sólidos y alta rentabilidad social.

LECTURAS RELACIONADAS

Junta Monetaria está divida por emisión de Q25 mil millones en bonos para el presupuesto 2025

Crisis en la SAT afectaría la moral tributaria y la recaudación fiscal, advierten analistas

Además, recomienda que el uso del endeudamiento público debe restringirse a proyectos de inversión que generen beneficios duraderos y evitar cargar costos actuales a las futuras generaciones.

Menciona que se deben establecer estándares altos de transparencia ya que fortalecer la capacidad de monitoreo del gasto público es esencial para recuperar la confianza ciudadana.

El 29 de noviembre se informó en Prensa Libre que el Ejecutivo tendría hasta Q157 mil 226 millones para gastar en 2025 con la aprobación del presupuesto por tres micro bolsones que le permiten contar con esa asignación legaliza por el Congreso de la República. Esto le permite tener una ampliación presupuestaria de alrededor de Q8 mil 700 millones y recurrir a la emisión de un cupo de bonos del Tesoro, si fuera necesario sin autorización previa del Legislativo.

Uno de estos tiene relación con las asignaciones a los Codedes ya que se les autorizó que el saldo que no logren ejecutar en 2024 lo pueden usar en el 2025, otro es en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con el Plan extraordinario para el mantenimiento y la rehabilitación de puentes y carreteras, y la ampliación del presupuesto que se puede hacer para incluir donaciones, ejecución de préstamos externos, la Ley de Extinción de Dominio o la emisión de bonos de carbono.

Al respecto el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, expuso que el presupuesto aprobado por el Congreso tendrá “impacto potencial en la economía y la sociedad”, indicando que habrá impulso fiscal derivado de un mayor gasto en inversión pública que dinamizará la economía y permitirá aumentar el empleo, el ingreso de las familias y el crecimiento económico; un gasto público inclusivo, que permitirá reducir las brechas de pobreza y desigualdad; transparencia y la lucha contra corrupción brindarán mayor credibilidad hacia las públicas y a la gobernabilidad; el financiamiento a inversiones estratégicas; y que el incremento de la inversión pública y privada dinamizará la producción nacional.

Presidente sanciona el decreto de Presupuesto

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, sancionó el jueves 6 de diciembre el decreto 36-2024 que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025.

El anuncio lo hizo el mandatario por medio de sus redes sociales.

¡No podrán detener el cambio! Informó al indicar que junto a diputados de la bancada sancionó tanto la Ley de Competencia como el Presupuesto del 2025.

“La primera hace posible una economía competitiva y justa en Guatemala. El presupuesto tiene un objetivo: el desarrollo integral de nuestro pueblo. Ninguna minoría corrupta evitará que Guatemala Salga Adelante”, añadió.

El 28 de noviembre, un día después de que el Congreso aprobó al decreto del presupuesto, Arévalo celebró, en una transmisión en Tik Tok, tal decisión y refirió que se trata del primer presupuesto adecuado a su plan de trabajo.

Agregó que “es el primer presupuesto que lleva el sello de nuestro gobierno”, mientras que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos expresó que el próximo año esta administración no tendrá que funcionar con un presupuesto que no estaba hecho para el plan de gobierno actual, sino que se logró aprobar uno que contempla fondos para educación, construcción de hospitales y puestos de Salud, carreteras y aeropuertos, programas creados como Mi Primera Casa y otros.

Arévalo dijo en esa oportunidad que el Ministerio de Educación tendrá una asignación con más de Q25 mil millones, incluyendo el programa de remozamiento con otros Q725 millones, alimentación escolar, pago de maestros, por lo que se prevé mejores escuelas, más maestros, y en otros ministerios más policías, puestos de salud, hospitales, mejores carreteras, inversión en proyectos de infraestructura y el metro.

¡No podrán detener el cambio!

Junto a la @BancadaSemilla , sancioné la Ley de Competencia y la Ley del Presupuesto General de la Nación, 2025.

La primera hace posible una economía competitiva y justa en Guatemala. El presupuesto tiene un objetivo: el desarrollo integral de… pic.twitter.com/36LJhLJpyN

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 6, 2024

Cómo entender el presupuesto 2025 de Guatemala y en qué le afecta al ciudadano

El presupuesto 2025, de Q148 mil 526 millones, prioriza salud, educación e infraestructura, pero expertos advierten sobre el déficit fiscal, el creciente endeudamiento público y algunas prácticas no recomendadas.

Glenda Burrión

3 de diciembre de 2024

|

10:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El presupuesto de ingresos y egresos de Guatemala para el año 2025 asciende a Q148,526.0 millones. Sin embargo, para muchos analistas, la principal preocupación radica en la alta proporción destinada a gastos corrientes. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por el Congreso mediante el Decreto 36-2024, asciende a Q148 mil 526 millones 047 mil 690. Este, según lo justifica el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin)  prioriza sectores clave como infraestructura, educación, seguridad y salud, con el objetivo de atender las necesidades más apremiantes del país. 

El documento Proyecto de Presupuesto para el Ciudadano 2025 establece cómo se distribuirán los recursos públicos durante el próximo año, reflejando las prioridades del Estado. Sin embargo, también plantea importantes desafíos, especialmente en términos de sostenibilidad fiscal y el creciente endeudamiento que afecta a los ciudadanos. 

De acuerdo con ese documento el déficit fiscal proyectado para 2025 será del 3.1% del PIB, el tercero más alto en los últimos siete años. Este aumento se justifica, según las autoridades, por la incorporación de proyectos estratégicos que buscan reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. 

En los últimos años, Guatemala ha enfrentado dificultades para equilibrar ingresos y egresos, especialmente durante la pandemia de covid-19, que profundizó los retos fiscales.

LECTURAS RELACIONADAS

La sostenibilidad de la deuda dependerá de dos factores en la ejecución del presupuesto 2025, analizó el Banguat

Mario Alberto García Lara: “El presupuesto 2025 no tiene ninguna meta de política pública, es más un reparto parecido a otros ejercicios recientes”

Aunque las iniciativas del gobierno de turno son ambiciosas, expertos y miembros de diferentes sectores del país han manifestado preocupaciones sobre la capacidad del Estado para financiar este nivel de gasto.   

Esto debido a que el presupuesto para el presupuesto 2025 continúa con la tendencia al alza y esto impactará no solo la economía del país sino también el bienestar de cada guatemalteco, especialmente en áreas como impuestos, servicios públicos y oportunidades económicas. 

¿Cómo queda el presupuesto del 2025? 

De hecho, la aprobación del presupuesto en el Congreso no estuvo exenta de controversias, sin embargo, a pesar de las críticas 140 congresistas estuvieron de acuerdo.  

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, los sectores que recibirán la mayor asignación de recursos en 2025 serán infraestructura vial, educación y salud. Este enfoque busca cerrar brechas históricas en servicios básicos y mejorar la calidad de vida de la población. 

El Presupuesto General de Egresos e Ingresos para el 2025 asciende a Q148 mil 526 millones 047 mil 690, marcando un incremento del 26.9% en comparación con el presupuesto vigente del 2024. Del monto total, el 39.8% se asignará a los Ministerios de Gobernación, Educación, Salud y Comunicaciones. Asimismo, se destinará el 34.8% a municipalidades, Consejos de Desarrollo (Cocodes) y otras entidades locales, mientras que el 13.4% será utilizado para el pago de la deuda pública. El 12% restante cubrirá las necesidades de las demás instituciones gubernamentales. 

A pesar de este enfoque estratégico, el aumento en el gasto ha generado inquietudes sobre la capacidad del Estado para financiar sus compromisos sin incrementar el déficit fiscal. Este se proyecta en un 3.1 % del PIB para 2025, consolidándose como uno de los más altos de los últimos años. 

Lo ideal, en términos de Finanzas Públicas, sería que Guatemala lograra un equilibrio presupuestario, es decir, que los ingresos y los egresos fueran equivalentes. En este escenario, el déficit fiscal sería del 0.0 %, lo que garantizaría que el gobierno no necesite endeudarse para financiar sus operaciones o proyectos. 

Recomendación: gastos corrientes no deberían financiarse con deuda 

Jorge Lavarreda, analista asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que, según la regla de oro en política fiscal, el endeudamiento debe destinarse exclusivamente al gasto de inversión, es decir, proyectos que beneficien tanto a la generación presente como a la futura. 

Por ejemplo, financiar con deuda pública el pago a veteranos de guerra o la distribución de fertilizantes contravendría esta regla, ya que se trataría de gastos corrientes, no inversiones sostenibles. En cambio, construir una escuela que beneficie tanto a estudiantes actuales como futuros sí califica como una inversión. En resumen, endeudarse para cubrir gastos corrientes es considerado una mala práctica en la gestión pública. 

De acuerdo con el análisis realizado por el Cien, algunos gastos que no deberían cubrirse con deuda pública incluyen: 

• Compra de productos farmacéuticos. 

• Adquisición de suministros de laboratorio. 

• Bonos de ayuda a adultos mayores. 

• Transferencias monetarias realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). 

• Reparación y mantenimiento de escuelas y edificios. 

• Pago de becas. 

• Salarios y remuneraciones a empleados públicos. 

• Compra de combustibles y primas. 

• Adquisición de fertilizantes. 

La verdadera preocupación: resultados para la población 

Para Lavarreda, el problema principal no radica en el monto aprobado del presupuesto, sino en la falta de claridad sobre los objetivos y resultados que se espera alcanzar con los recursos asignados. 

Por ejemplo, construir o remodelar escuelas es positivo, pero lo más importante es garantizar que esas acciones contribuyan a reducir la deserción escolar y a mejorar la calidad de la enseñanza. Según Lavarreda, sin una planificación clara orientada a resultados, el presupuesto pierde su propósito de generar un impacto real en la población. 

Ingresos tributarios, la mayor fuente de financiamiento 

De acuerdo con el Proyecto Presupuestario para el Ciudadano 2025, la mayor parte de los recursos para financiar el presupuesto provendrá de los impuestos denominados “Ingresos Tributarios”, los cuales se estiman en Q109.30 millones, lo que equivale al 73.6% de los ingresos totales del Estado. 

Dentro de estos ingresos, los principales aportes provienen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa el 47.2%, y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que contribuye con el 29%. Estas fuentes tributarias reflejan la importancia de una recaudación eficiente para sostener el gasto público y atender las prioridades establecidas en el presupuesto. 

Otra fuente de ingreso será la colocación de los Bonos del Tesoro, el Minfin recomendó la colocación de Q109 mil millones para este fin. En suma, el Minfin provee un ingreso anual de Q148 mil 526.0 millones

Déficit fiscal: definición y evolución en Guatemala 

El déficit fiscal, según lo determina el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos durante un ejercicio fiscal, que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. En términos simples, el déficit ocurre cuando un gobierno gasta más de lo que recauda en el mismo período. 

Este indicador es clave para evaluar la salud financiera de un país, ya que su sostenibilidad depende de la capacidad de los ingresos futuros para cubrir el aumento de la deuda pública. Lo ideal, desde el enfoque de las finanzas públicas, sería que Guatemala alcanzara un equilibrio presupuestario, donde ingresos y egresos fueran equivalentes, resultando en un déficit del 0.0 %. 

Según los informes publicados en línea del Banguat y del Minfin esta es la evolución del déficit fiscal en Guatemala desde el año 2019: 

• 2019: 2.2 %  

• 2020: 5.9 %  

• 2021: 5.4 % 

• 2022: 2.2 % 

• 2023: 1.3 % 

• 2024: 2.4 % 

• 2025: 3.1 % 

Implicaciones del déficit fiscal 

Un déficit moderado puede ser beneficioso en situaciones específicas, como durante una recesión, donde el gasto público impulsa la actividad económica. Sin embargo, déficits elevados y persistentes plantean riesgos significativos para la estabilidad económica, como el aumento de la deuda pública y la presión sobre los recursos fiscales futuros. 

Según analistas del Banco de Guatemala, el nivel de endeudamiento proyectado para 2025 permitiría mantener la sostenibilidad de la deuda pública, aunque reconocen que existen opiniones tanto a favor como en contra de esta estrategia. 

Por otro lado, expertos señalan que en otras ocasiones en las que Guatemala enfrentó altos niveles de endeudamiento, el país logró recuperarse gracias a medidas de ajuste económico y una mejora en la recaudación fiscal. 

Impacto en los guatemaltecos 

Según Jorge Lavarreda, Guatemala cuenta con los recursos necesarios para cubrir el presupuesto aprobado para 2025. Hablar de un impacto macroeconómico negativo, como un aumento significativo de la inflación, no sería pertinente en este caso, al menos a corto plazo.  Sin embargo, Lavarreda advierte que la repetición de un presupuesto elevado como este durante varios años podría generar efectos adversos en el mediano plazo. 

Sumando el presupuesto 2025 a las deudas heredadas de administraciones anteriores, Guatemala deberá cumplir con los pagos hasta el año 2054, con la mayor carga concentrada en 2042. Lavarreda también recuerda que en la administración pasada se había diseñado un portafolio de deuda con un tiempo de maduración hasta 2034. 

Sin embargo, este análisis no es posible replicarlo bajo la administración actual, ya que no se han publicado documentos clave como la política de endeudamiento a mediano plazo o el marco fiscal de mediano plazo. La ausencia de estas herramientas de planificación genera incertidumbre sobre cómo se administrará la deuda en el futuro, lo que podría afectar tanto la confianza de los mercados como la estabilidad económica del país. 

La sostenibilidad de la deuda dependerá de dos factores en la ejecución del presupuesto 2025, analizó el Banguat

Ante señalamientos del impacto que podría tener el presupuesto de ingresos y egresos de la nación aprobado para el 2025  en el crecimiento económico y en el déficit fiscal, el Banguat explica sus estimaciones y de qué dependerá.

Rosa María Bolaños

27 de noviembre de 2024

|

21:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco, explicó los análisis que han efectuado sobre el presupuesto del Estado para el 2025. (Foto, Prensa Libre: cortesía Banguat).

Luego de la aprobación del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2025, de Q148 mil 500 millones, continúan dudas respecto de los efectos que podrá tener en diferentes indicadores.

En este caso, el vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), José Alfredo Blanco indicó que esa institución ha hecho las proyecciones de las variables macroeconómicas tomando en cuenta todos los aspectos de las diferentes políticas, y ha estimado una tasa de crecimiento del PIB del 3.7 % para el próximo año y una tasa de inflación de 3.75 %, en ambos casos como escenario central.

Respecto al impacto que podría tener la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la nación aprobado para el 2025 dependerá del grado de ejecución que alcance el mismo para ese año, explicó Blanco.

Indicó que, en un escenario positivo, de haber una alta ejecución, una alta inversión en infraestructura y reducción de la brecha social el 3.7 % del PIB para el 2025 podría subir un poco, aspecto que habría que evaluar en su momento acerca que tanto podría crecer ese indicador si depende del grado de ejecución del presupuesto.

LECTURAS RELACIONADAS

La tasa de interés líder de Guatemala se reduce por segunda ocasión consecutiva y llega a 4.50 %

Presupuesto 2025 es aprobado en el Congreso por Q148 mil millones

“En todo caso, no esperamos que, aunque se ejecute un 100 % y se reduzca bastante la brecha en infraestructura y la social, este aumento (en el crecimiento de la economía) por vía del presupuesto no va a ser mayor de 0.4 puntos porcentuales, es decir décimas”, comentó Blanco.

Insistió que dependerá de la ejecución y que si el impacto sería positivo, esto ayudaría a que de ejecutarse un déficit mayor, la productividad  ganada por la inversión productiva permitiría contener la inflación correspondiente.

“Por el momento, esto es lo que estamos viendo, esperaremos a analizar cómo se ejecuta el presupuesto el próximo año, desde un punto de vista estrictamente monetario y desde el ámbito de competencia del banco central”, añadió.

 Además la Junta Monetaria estaría tomando las decisiones de política pertinentes para que ésta llegue al punto central de la meta de 4 % independientemente del escenario de ejecución del presupuesto, comentó el vicepresidente del Banguat.

Déficit fiscal

Consultado acerca del cómo el nuevo presupuesto podría afectar el déficit fiscal, tomando en cuenta que algunos integrantes de la Junta Monetaria no estaban de acuerdo con el monto de deuda bonificada propuesta por el Organismo Ejecutivo de Q25 mil millones para el 2025, Blanco explicó que el monto de la deuda se conoció en la JM como una solicitud de opinión de parte del Ministerio de Finanzas, basada en la Ley Orgánica del Presupuesto, de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Por ejemplo, esa legislación demanda al Banguat y a la JM opinar sobre los efectos del medio circulante en la balanza de pagos por la emisión de deuda, añadió.

El funcionario explicó que los cuerpos técnicos del banco analizaron a profundidad el tema y llegaron a la conclusión de que con ese nivel de endeudamiento el país se mantendría en un nivel de sostenibilidad de la deuda pública, respaldado por los indicadores respectivos.

Agregó que como en cualquier cuerpo colegiado, algunos sectores tienen alguna “opinión muy particular” sobre determinada variable y eso pesa sobre su opinión en la toma de decisión.

Explicó que, analizando los diferentes factores, se puede decir que en el escenario central no hay ninguna disrupción que pueda verse desde el análisis de los cuerpos técnicos del Banguat y de la JM respecto a las principales variables.

Sin embargo, refirió que de los otros sectores sí hay una mayor preocupación sobre el déficit fiscal y lo calificó como normal y natural, ya que en Guatemala históricamente ha sido de 2 % o menos, pero que la ejecución del déficit del presupuesto dependerá de la eficiencia y de los procesos de contratación que se hagan el próximo año, y se esperaría que pueda ser  menor a lo indicado.

LECTURAS RELACIONADAS

Junta Monetaria está divida por emisión de Q25 mil millones en bonos para el presupuesto 2025

Cámaras empresariales cuestionan proyecto de presupuesto 2025 e instan al Congreso a analizar propuesta  

“Es cuestión de pesos y contrapesos, pero el análisis central nos lleva a concluir de que no habría efectos en la sostenibilidad de la deuda pública en el largo plazo y las opiniones de unos sectores y de otros dependen de su percepción muy particular que tengan respecto de algún elemento de análisis correspondiente como sucedió en este caso”, dijo Blanco al mencionar también que no es la primera vez que cuando se analiza la deuda del presupuesto en la Junta Monetaria, exista opiniones a favor y en contra. Estima que del 2,000 a la fecha unas ocho o nueve veces ha sucedido.

Tanto en las opiniones a favor como en contra en la Junta Monetaria, priva la preocupación sobre la estabilidad macroeconómica, que al final se impone, y la historia ha demostrado que el país puede tener herramientas para enfrentar esa situación.

“En este caso el nivel de la deuda pública de Guatemala es de los más bajos de América Latina y el mundo, y aumentos como éste la ubicarían aún por debajo de esos niveles”, explicó el vicepresidente del Banguat.

Calificación de riesgo

|

Suscriptores

Standard & Poor’s: “Observamos de cerca la deuda y la elección de cortes”

Patricio Vimberg, director asociado del equipo de Soberanos y Finanzas Públicas Internacionales en la oficina de Standard and Poor’s Global Ratings en México y analista para la región, explica la calificación de riesgo que tiene Guatemala en esa firma y qué aspectos analizan.

Rosa María Bolaños

28 de septiembre de 2024

|

05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Standard and Poor’s Global Ratings observa y da seguimiento a la elección de cortes tanto de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia porque forma parte del marco institucional. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

El déficit fiscal es uno de ellos, ya que dependiendo del destino del gasto puede ser positivo o negativo para la calificación, explicó Vimberg. El ejecutivo participó recientemente en el XVII Foro Iberoamericano de Sostenibilidad, impulsado por Centrarse.

¿Qué análisis han hecho de la calificación de riesgo de Guatemala?

La calificación de riesgo soberana es la voluntad y la capacidad de pago de un emisor, en este caso de un gobierno soberano. Actualmente, el país tiene una calificación de BB con perspectiva positiva.

En el caso de Guatemala, la calificación se mantiene en perspectiva positiva desde principios de este año, incluso a través de escenarios políticos complicados y con incertidumbre durante el proceso electoral y la toma de posesión, el país ha mantenido un perfil macrofiscal sumamente prudente y conservador. Indicadores como el nivel de deuda neta respecto del porcentaje del producto interno bruto en el caso de Guatemala se ha mantenido por debajo del 20%. En ese indicador contabilizamos la deuda neta, restándole los activos más líquidos que tiene el Gobierno.

¿Qué opina del aumento del déficit a 3%?

En el escenario base estamos incluyendo nuestra expectativa de que el Gobierno aumente los déficits como lo ha tenido planeado en su presupuesto. Parte de ese déficit podría ser cubierto con deuda, e incluso en ese caso la perspectiva se mantiene positiva, porque el nivel de déficit fiscal todavía sería relativamente bajo y el nivel de deuda es bajo; entonces, hay espacio para aumentar el endeudamiento.

LECTURAS RELACIONADAS

Comienza discusión del presupuesto 2025 en medio de dudas sobre la deuda y el financiamiento

Congreso programará elección de Cortes para martes y jueves de la próxima semana

Por supuesto, lo que estaríamos observando es cuál es la eficiencia de ese gasto público que se expande. Si fuese gasto público que va a infraestructura, por ejemplo, y que eso permite pensar en que la economía pudiese crecer más rápido en los siguientes años gracias a esta nueva inversión, para la calificación sería positivo. En contraste, si ese aumento en el déficit fiscal y en la deuda correspondería a gastos que son más bien operativos y que no aumentasen la productividad del sector público, entonces lo veríamos como algo más negativo. Por el momento, consideramos que ese nuevo gasto irá a inversión y, por lo tanto, la perspectiva de la calificación se mantiene positiva.

¿Qué otros temas han analizado?

Mencionaría dos temas principales. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos políticos en el país y la capacidad que tiene el Gobierno para poder pasar su plan de políticas y para poder implementar sus reformas. Creemos que es algo importante para la calificación. Hemos seguido la aprobación de la adecuación presupuestaria durante este año, que también tuvo sus controversias.

El segundo tema es algo más estructural. En términos económicos, Guatemala, si bien es una economía que ha crecido en términos moderados alrededor de 3.5% por año, es una economía que todavía tiene un nivel de ingresos relativamente bajo y los indicadores sociales sobre todo se comparan peor que otros países en este nivel de calificación. Por ejemplo, pensando en el alto nivel de pobreza, el alto nivel de informalidad, esos son factores que todavía limitan la calificación, si bien la perspectiva es positiva.

El Ministerio Público presentó un antejuicio contra el presidente de la República. ¿Cuál es su lectura?

Uno de los factores que pesan más en la calificación es el marco institucional, y esto incluye nuestra perspectiva acerca de los pesos y contrapesos que hay en el sistema, de la previsibilidad que hay en las políticas, y en el caso de Guatemala consideramos que es todavía una debilidad para la calificación.

Consideramos que las instituciones están en proceso de desarrollo y, entonces, todo lo que tiene que ver con fortalecer esa institucionalidad sería favorable para la calificación; pero, al momento, todavía observamos, que, por ejemplo, durante el proceso electoral se ha incurrido en un alto nivel de incertidumbre política y el tema del combate de la corrupción sigue siendo un tema clave en la agenda de Guatemala, teniendo en cuenta que la percepción de la corrupción es elevada.

En este momento, Guatemala está en el proceso de elección de cortes. ¿También le dan seguimiento?

Sí, le estamos dando seguimiento. Está todo considerado en este factor de marco institucional y, al final del día, para nosotros todos estos temas son indicadores clave. Ese factor es más cualitativo que cuantitativo; entonces, lo que analizamos es cómo se dan estos procesos institucionales en el país, consideramos que son instituciones que están en proceso de desarrollo; entonces, todavía sigue pesando negativamente en la calificación.

Según Leal, se prevé que la próxima semana la iniciativa de ley sea trasladada al Pleno y posteriormente, el 7 u 8 de septiembre den inicio las audiencias con entidades que representan a diversos sectores, de las que a la fecha, tiene anotadas 86, de manera que se lleve a cabo un buen análisis de las cifras de ingresos y egresos previstos.

Los Q124 mil 880 millones que se proponen, representan Q6 mil 706.6 millones más (5.7%) respecto al presupuesto vigente a agosto 2023, que se sitúa en Q118 mil 173.4 millones. Además, es superior en Q9 mil 437 millones (8.1%) a los Q115 mil 443.7 millones que fueron aprobados originalmente por el Congreso para el ejercicio fiscal 2023, mediante el decreto 54-2022.

El funcionario explicó, luego de entregar la iniciativa de Ley al Congreso, que el 89.6% del monto propuesto para el próximo año se concentran en seis rubros e instituciones, como Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (traslados a entidades Descentralizada y Autónomas), Ministerio de Educación, Servicios de la Deuda Pública, y los ministerios de Salud, Gobernación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

LE RECOMENDAMOS

Está en manos del Congreso la aprobación o improbación del presupuesto del Estado para el 2024 por Q124 mil 880 millones

Los préstamos para “sustitución de deuda” ya no son la excepción y el gobierno espera la aprobación de US$550 millones este año

Ingresos y gastos

Por tipo de gasto se contemplan Q81 mil 144.8 millones para funcionamiento (65%); Q22 mil 956.8 millones para inversión (18.4%); y Q20 mil 778.4 millones para deuda pública (16.6%). Estos egresos se financiarán con recaudación tributaria (78.9%), la que se ha estimado en Q98 mil 533.3 millones.

Además, deuda por Q13 mil 672 millones, de los cuales Q10 mil 587.2 millones se financiarían con Bonos del Tesoro; y Q3 mil 84.8 millones, con préstamos, aparte de una caja fiscal o recursos disponibles por Q7 mil 761.8 millones. De confirmarse esta última cifra en las aprobaciones y no haber cambios en estos cuatro meses, ese podría ser el monto con que inicie al próximo gobierno. El déficit fiscal se prevé que se sitúe en 1.7% del producto interno bruto (PIB) y la carga tributaria, en 11.7% del PIB

Las asignaciones

¿Cuánto tendrán las alcaldías?

El rubro más alto al que se le asignan fondos, es el de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, que incluye las transferencias de recursos que el Organismo Ejecutivo hace a las entidades descentralizada y autónomas. Para ello, explicó el ministro, se contempla un presupuesto de Q41 mil 132.9 millones, que es Q279.2 millones más (0.7% más) respecto al aprobado para 2023. Y, representa Q350.7 millones más, comparado con el presupuesto vigente al 31 de agosto.

El funcionario explicó, por ejemplo, que las municipalidades tienen una asignación de Q11 mil 452.6 millones para el 2024, con un crecimiento de alrededor de Q1 mil 382.1 millones, comparado con los Q10 mil 70.5 millones asignados para este año.

“Si a eso se le sumamos la asignación a los Consejos de Desarrollo de Q4 mil 16 millones, entonces las municipalidades van a estar recibiendo a través de aportes y Consejos casi Q15 mil millones”, refirió el ministro. La cifra en el documento es de Q15 mil 468.6 millones.

Los rubros más grandes

El Ministerio de Educación es la entidad que registra una mayor asignación, con Q23 mil 50.6 millones, equivalente a un incremento de 3.6% respecto a lo aprobado para el 2023, pero el incremento es de 4.7% respecto a lo vigente al 31 de agosto. El siguiente es para Servicios de la Deuda Pública, con Q20 mil 778.4 millones y el aumento es de Q4 mil 636.7 millones, el 28.7%.

En el caso del Ministerio de Salud se proponen Q12 mil 555.1 millones, el aumento es de Q501.7 millones, un 4.2% más que lo aprobado para el 2023.  Sin embargo, durante el año, según el Sicoin a este ministerio se le redujo el presupuesto en Q668.1 millones, por lo que al 31 de agosto le aparecen vigentes Q11 mil 385.2 millones, por lo que tomando como base ese dato, el aumento sería de Q1 mil 169.80 millones (10.3%).

Martínez comentó también que para el Ministerio Gobernación, serían Q7 mil 839.2 millones y el aumento respecto a lo aprobado es de 6.2%. En este caso el vigente es de Q6911.65 por lo que comparado con ello el crecimiento sería de Q13.4% (Q927 millones).

En tanto se prevén Q6 mil 580 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Esta entidad también ha tenido modificaciones ya que para el 2023 le fueron aprobados en el Congreso Q5 mil 791.6 millones, según el Minfin al 31 de julio tenía Q6 mil 9905 millones y al 31 de agosto le aparece un presupuesto vigente de Q8 mil 122.39 millones. Por lo que el crecimiento respecto al aprobado sería de 13.6%, pero respecto al vigente al 31 de agosto, sería una baja de -19%.

Martínez argumentó que en general, se fortalece el gasto social, ya que en alimentación escolar se asignan Q3 mil 200 millones, el Programa de Adulto Mayor se le asignaron Q1 mil 175 millones, y al seguro escolar, Q350 millones.

LE RECOMENDAMOS

La calificación de riesgo país para Guatemala mejora, pero aún está lejos del grado de inversión

Tasa líder en Guatemala: De qué depende la decisión de la Junta Monetaria de aumentar, bajar o dejar el nivel actual

Menkos: Se necesitan Q127 mil 600 millones

El diputado electo por el Movimiento Semilla, Jonathan Menkos, explicó el 29 de agosto último que según el plan de gobierno, para el primer año de gestión necesitarán Q127 mil 600 millones.

Menkos, economista y diputado electo por el Movimiento Semilla, dijo no conocer a detalle el proyecto de presupuesto. No obstante, explicó que los techos o montos máximos mencionados se alejan un poco de la idea que se maneja en el plan de gobierno.

Agregó que deberán a analizar la propuesta que llegue el Congreso, entender las razones macroeconómicas que sustentan ese proyecto de presupuesto ya que “el plan de gobierno que proponemos tiene otras prioridades, otras formas de entender las necesidades de la población, así que vamos a analizar la propuesta y haremos las recomendaciones necesarias”.

Entre algunas diferencias que menciona es que para iniciar el primer año de gobierno requerirán Q127 mil 600 millones, y parte de la diferencia puede estar en la meta de la recaudación; por el lado del gasto indicó que proponen un mayor esfuerzo en materia de seguridad, salud, educación y nutrición, no solo con techos presupuestarios, sino con programas, a la par de esfuerzos para aumentar y fomentar la producción nacional.

LE RECOMENDAMOS

Kamala Harris habla con Bernardo Arévalo sobre lucha contra la corrupción y preservación de instituciones democráticas

La red vial de Guatemala debe aumentar 1,200 kilómetros anuales, pero solo se construye la sexta parte

Además, su proyección de inversión está entre 20% y 22% del total “y gradualmente se va a ir aumentando”, aunque explicó que eso tiene que estar acompañado de una reestructuración de gastos y de formatos de inversión.

En el caso del déficit, la mayor parte está vinculado a proyectos de inversión, los cuales se expondrán para plantearle a la sociedad la necesidad de endeudamiento adicional, a la par de una mejora en la recaudación. “En el plan se ha propuesto que el déficit se eleve a 2.9% al 2027, ante la necesidad de financiar proyectos de interés para el país”.

Respecto a la transición dijo que no es el vocero para el tema, pero se espera que inicie pronto el proceso, ya que estaban esperando la declaración del Tribunal Supremo Electoral, que ya hizo oficial al binomio electo, y ese es el punto de partida para el proceso.

En tanto el diputado electo por el Movimiento Semilla, Jonathan Menkos, explicó que según el plan de gobierno para el primer año de gestión necesitarán Q127 mil 600 millones.

El presupuesto vigente este año totaliza Q118 mil 173 millones.

El ministro Martínez expresó que trabajan para poder entregar lo más pronto posible la iniciativa de ley, ya que el plazo vence el sábado 2 de septiembre y que el monto preliminar es de los Q124 mil 800 millones que se mencionó en los talleres de discusión; sin embargo, dijo que respecto a los techos de las instituciones siempre hay algunos cambios de último momento, por lo que aún no es un dato definitivo

LE RECOMENDAMOS

Si el Congreso lo aprueba, el próximo gobierno contará con Q124 mil millones en el 2024

Tasa líder en Guatemala: De qué depende la decisión de la Junta Monetaria de aumentar, bajar o dejar el nivel actual

“En porcentajes muy generales les doy como puede estar la composición del proyecto de presupuesto”, dijo: respecto al gasto, indicó que el mayor porcentaje, en alrededor de un 75% se destina para funcionamiento, tomando en cuenta que las leyes establecen algunas asignaciones específicas, mientras que la inversión está en 15% o 16%, por unos Q19 mil 500 millones, lo que incluye inversión física en infraestructura por unos Q4 mil millones, tomando en consideración de que las transferencias de capital son las que absorben una mayor cantidad de recursos.

Sobre la deuda pública, refirió que estaría en alrededor de 18% y 19%. En montos, la deuda bonificable estaría en alrededor de Q10 mil 500 millones, ya que se mantiene la intención de disminuir el endeudamiento tomando en consideración que se tienen saldos de caja. Mientras que en préstamos serán unos Q3 mil 500 millones.

Entre las cifras que se utilizaron para estimar la propuesta de presupuesto está la estimación de crecimiento económico de cierre para el presente año en un 3.5%. En una presentación efectuada ante Fundesa, mencionó otras estimaciones de cierre para el 2023 con 11.1% de carga tributaria, 1.4% de déficit fiscal y saldo de la deuda en 28.4% del producto interno bruto (PIB).

Saldos de caja

Consultado sobre los fondos que quedarían para el próximo gobierno, Martínez mencionó que este año, con datos a junio del 2023, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estimaba que la recaudación estaría en Q6 mil millones por arriba de la meta; pero con datos más recientes, esos montos podrían llegar a entre Q8 mil millones y Q10 mil millones.

Añadió que actualmente hay Q1,130 millones de la caja que quedó del año pasado, y si no se gastan, habría que sumarlos a los Q6 mil millones mencionados, más lo no ejecutado y el excedente de recaudación.

En todo caso, a criterio de Martínez es relevante que se apruebe el proyecto de presupuesto, lo que le permitirá al Organismo Ejecutivo iniciar su ejecución desde el mes de enero. Y si no se aprueba (por parte del Congreso), los presupuestos actuales de las instituciones se deben readecuar y esto representa pérdida de tiempo, por lo que la inversión podría estar empezando hasta en marzo o abril.

Las estimaciones del nuevo gobierno

Menkos, economista y diputado electo por el Movimiento Semilla, dijo no conocer a detalle el proyecto de presupuesto. No obstante, explicó que los techos o montos máximos mencionados se alejan un poco de la idea que se maneja en el plan de gobierno.

Agregó que deberán a analizar la propuesta que llegue el Congreso, entender las razones macroeconómicas que sustentan ese proyecto de presupuesto y las prioridades, ya que “el plan de gobierno que proponemos tiene otras prioridades, otras formas de entender las necesidades de la población y una vez sea llevado al Congreso en la iniciativa de presupuesto, la vamos a analizar desde la bancada actual y haremos las recomendaciones”.

Entre algunas diferencias que menciona es que para iniciar el primer año de gobierno requerirán Q127 mil 600 millones, y parte de la diferencia puede estar en la meta de la recaudación; por el lado del gasto indicó que proponen una mayor esfuerzo en materia de seguridad, de salud, de educación y de nutrición, no solo con techos presupuestarios, sino con programas, a la par de esfuerzos para aumentar y fomentar la producción nacional.

Además, su proyección de inversión está entre 20% a 22% del total “y gradualmente se va a ir aumentando”, aunque explicó que eso tiene que estar acompañado de una reestructuración de gastos y los formatos de inversión que se desea.

LE RECOMENDAMOS

Estos tres ministerios dicen que en el 2024 necesitarán Q52 mil millones para funcionar e invertir

Los préstamos para “sustitución de deuda” ya no son la excepción y el gobierno espera la aprobación de US$550 millones este año

En el caso del déficit, la mayor parte está vinculado a proyectos de inversión y los cuales expondrán para plantearle a la sociedad cuánto es la necesidad de endeudamiento adicional, a la par de mayores esfuerzos graduales para mejorar la recaudación. “En el plan se ha propuesto que el déficit se eleve a 2.9% al 2027, ante la necesidad de financiar proyectos de interés para el país”.

Respecto a la transición dijo que no es el vocero para el tema, pero se espera que se inicie pronto el proceso ya que estaba esperando la declaración del Tribunal Supremo Electoral, que ya hizo oficial al binomio electo, y eso es el punto de partida para el proceso.

Respecto a si es necesaria la aprobación de un presupuesto del Estado en el Congreso, respondió que sí ya que el mejor escenario posible para un nuevo gobierno es la aprobación el presupuesto y se tiene la ventaja de una bancada que participa también en la Comisión de Finanzas y se le harán llegar las recomendaciones, previo a que emitan un dictamen.

“Eso es lo que esperaríamos: tener un debate técnico y riguroso sobre lo que nosotros deseamos que contenga ese presupuesto, para iniciar con buen pie próximo año”.

“Aún es muy conservador”

“El techo presupuestario está creciendo a la misma velocidad que el PIB nominal y a la velocidad con que aumenta la recaudación, por lo que es conservador”, dijo el exministro de Finanzas y diputado electo por el partido Cabal, Julio Héctor Estrada.

LE RECOMENDAMOS

Las razones por las que estos afganos siguieron peleando a pesar de que los talibanes ganaron

¿Sabe usted cuál es la carga tributaria que lleva sobre sus hombros?

Sin embargo, mencionó que el detalle no está en el techo, sino que se deberán analizar las asignaciones específicas y como se aprueben las normas del presupuesto.

“Hay que recordar que mucho del presupuesto es asignación a los alcaldes, a los Consejos de Desarrollo, y no se ve nada ambicioso ni transformador. Pero los gobiernos suelen presentar proyectos de presupuesto muy conservadores y muy técnicos; y en la Comisión de Finanzas dedican tiempo y hablan con medio mundo. Cuando uno siente, en 15 minutos aprueban el dictamen y añaden reglas y asignaciones especiales para ellos”, declaró.

Dentro de los puntos importantes que se deben analizar, dijo que si él hubiera estado en el Ejecutivo, habría pedido un techo más alto y más inversión “porque hay fondos y saldos de caja y los hubiera usado”. Por tanto, también se deberían analizar las reglas de ejecución, como “los mal llamados candados” y las ampliaciones de arrastre de fondos para los Consejos de Desarrollo.

Sobre el monto mencionado por Movimiento Semilla, Estrada considera que si no se aprueba el nuevo presupuesto “les iría bien que siga en vigencia el actual porque tiene bases, mucha flexibilidad y no hay riesgo de que les pongan barreras de ejecución ni asignaciones con llaves y limitaciones de ejecución”.

LE RECOMENDAMOS

TSE oficializa resultados y suspende al Movimiento Semilla. ¿Cuál es el escenario político del nuevo partido oficial?

Plan de gobierno de Bernardo Arévalo: La propuesta y los 4 pactos que busca el presidente electo de Guatemala

Compartió que ya tuvo la experiencia en el año 2016, cuando estuvo en el Ministerio de Finanzas porque les habían “dejado regalitos para ejecutar, dificultades para el gasto, hubo discusión poco técnica, desfase de fuentes de financiamiento, restricciones de inversión, bloqueado todo el pago de pautas, comunicaciones y contrataciones, así como reglas para muchas cosas… lo que se les ocurrió”.

El presupuesto para el 2024 debe quedar aprobado a más tardar el 30 de noviembre del presente año; de no ser así, deberá seguir vigente el del año actual.

Y advirtió también que “la campaña electoral puso de relieve las debilidades en la gobernabilidad que son una limitación clave para la solvencia soberana de Guatemala”. Prensa Libre consultó a diversos analistas sobre el contenido del documento y estas son sus apreciaciones:

Gobernabilidad

La firma afirma que la gobernabilidad en el país es débil y aunque menciona que no ha tenido grandes efectos macroeconómicos, sí es una barrera importante para un mayor impulso al alza de las calificaciones de riesgo país. Los consultados coinciden en que se sigue teniendo instituciones débiles y problemas en la ejecución del gasto público, lo cual afectan la gobernabilidad.

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que el gran problema del país es que se tienen instituciones muy débiles en los poderes del Estado, que son disfuncionales. En el caso del Ejecutivo, hay muy poca capacidad de implementar programas innovadores que puedan solucionar los problemas del país, además de que la educación está cooptada y sin posibilidades de reformas importante en el corto plazo.

Una situación similar se da en el tema de salud, que son dos pilares fundamentales para mejorar las condiciones de vida y el capital humano. Y en el caso del capital físico, como infraestructura, que podría incrementar la productividad del país, tampoco hay posibilidad de ejecución que permita mejorar de forma significativa las condiciones, en aspectos como el tránsito de mercancías.

Opina que en el Congreso tampoco hay voluntad política para hacer las reformas que se necesitan para que el gobierno sea más efectivo y eficiente: “sabemos que en el Congreso lo que se tiene es una agenda de negociación y de repartición del presupuesto que no es ni siquiera ideológica, sino clientelar, y las Cortes están en una situación grave porque se les percibe como sujetas al poder político y no tienen independencia suficiente”.

LE RECOMENDAMOS

Fitch se pronuncia por las elecciones en Guatemala y resalta débil gobernabilidad

“En cinco meses, el nuevo gobierno debe llegar a un consenso de gobernabilidad y nosotros lo vamos a apoyar”, afirma el Cacif

A su juicio, con ese panorama es difícil que se pueda aumentar la calificación de riesgo país porque siempre está la posibilidad y el riesgo de caer en una crisis mayor que impida cumplir los pagos de la deuda externa, aparte de que es el principal obstáculo para lograr un crecimiento económico mucho más robusto.

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coincide con la debilidad en la gobernabilidad y opina que se deben superar esos aspectos que han contribuido a alejar al país de una mejor calificación, lo cual implica que no se ha podido atraer más inversiones (con un costo de oportunidad implícito). “El desarrollo mejoraría las condiciones de vida e incluso, disminuiría la migración al extranjero, ya que muchos jóvenes siguen  buscando oportunidades afuera”.

En tanto, Edgar Balsells, consultor independiente y exministro de Finanzas, expuso que las calificadoras y otros entes internacionales cruzan información importante y siempre han recalcado las dificultades en el tema social y de la institucionalidad aunque muchas veces, en Guatemala no se quiere hacer ver eso.

“Por ejemplo, en la parte macroeconómica hay estabilidad, no hay restricción de divisas y ven que hay un déficit fiscal aceptable; pero eso no lo es todo, ya que hay otros temas que pueden tener una gravedad muy alta, como la denuncia del plan para matar al binomio presidencial electo”. Entonces, recalca que condiciones como esas generan una gran incertidumbre y tienen una relación directa con el tema de riesgo en general.

Déficit fiscal y recaudación

Por aparte, Fitch expone que el plan económico del presidente electo Bernardo Arévalo prevé un aumento sustancial en el gasto social, lo que puede incrementar el déficit fiscal y la deuda pública.

Boteo refiere que el nuevo gobierno intentaría tener un déficit más alto (4% del producto interno bruto, PIB) para cubrir ese gasto, pero ve que hay muy pocas posibilidades de viabilidad política para que pueda concretarse, pues enfrentaría una fuerte oposición en el Congreso, donde el Movimiento Semilla es minoría.

“Como lo menciona la calificadora, somos una sociedad muy contraria a impuestos nuevos o más altos, por lo que al nuevo gobierno le sería muy difícil impulsar una reforma fiscal, por lo que tendrá que financiarse con más recaudación fiscal y ataque a la informalidad, que existe a un nivel significativo”.

Prado considera que las medidas de política fiscal que se adopten deben coadyuvar al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y en ese sentido, es necesario que el déficit procure esa estabilidad. Pero explica que existe la necesidad de que los recursos públicos se focalicen en el gasto social, como en la educación y el acceso a los alimentos, debido al impacto negativo de la pandemia. “De no resolverse, habrá un impacto directo en el desarrollo físico y cognitivo de los niños y en el crecimiento económico futuro”.

Añadió que en el 2020 se llegó a casi a un 5% de déficit, aunque se justificó por la emergencia sanitaria, pero no significa que los ingresos de las familias no se deterioren.

LE RECOMENDAMOS

Empresas familiares: Cómo detectar y gestionar las crisis para asegurar su continuidad

Los préstamos para “sustitución de deuda” ya no son la excepción y el gobierno espera la aprobación de US$550 millones este año

Balsells mencionó que él no ve el tema desde el punto de vista de la ortodoxia porque el déficit fiscal depende de dónde se inviertan los recursos: si se invierte en la sociedad, trae una retribución posterior en el PIB, así que todo depende de la calidad del gasto y del combate a la corrupción. Como ejemplo, cuestiona “de qué sirve tener un financiamiento y niveles de ampliaciones en el presupuesto de hasta Q3 mil millones, si las carreteras del país siguen mal”.

No hay espacio para más impuestos

El otro comentario que Fitch incluye en su boletín es que “el establishment político de Guatemala se ha resistido durante mucho tiempo a los aumentos de impuestos y a la acumulación de deuda”, a lo que Boteo indicó que la recaudación ha aumentado con medidas administrativas bastante efectivas, por lo que no visualiza una reforma fiscal en el corto plazo, pero tampoco la judicialización de los casos.

En cuanto a la reforma fiscal dijo que los gobiernos solamente tienen la oportunidad de realizarla al inicio de su período, cuando gozan de mayor popularidad, aparte de que actualmente, la gente percibe un alto grado de corrupción dentro del Estado. “Aunque se tenga la percepción de que es un gobierno anticorrupción, dudo mucho que la sociedad guatemalteca vaya a estar dispuesta a un nuevo pacto fiscal o a una reforma tributaria”.

Prado añadió que es importante también reconocer que el país se esforzado en fortalecer los ingresos tributarios, sin embargo la población merece resultados con el uso de los impuestos que paga. “Creo que cuando se ven muestras de que con lo poco que se tiene se puede dar resultados, el país se puede plantear la idea de aumentar los ingresos por la vía del aumento de tasas impositivas, pero en este momento no creo que sea conveniente”.

“Es decir, el país sí requiere una reforma fiscal de carácter integral, pero en este momento no es recomendable tocar las tasas, sino más bien dar muestras de calidad del uso de esos recursos” con transparencia y calidad del gasto.

LE RECOMENDAMOS

La calificación de riesgo país para Guatemala mejora, pero aún está lejos del grado de inversión

Fiscalización Electrónica: En qué consiste el nuevo sistema que usa la SAT para auditar empresas y negocios

Balsells opina que el incremento de la recaudación después del 2020 ha sido por lo que denomina “un efecto látigo”. Es decir, una recuperación de actividades luego de la caída drástica por las restricciones del covid, “pero ese comportamiento ya no tendrá tanto impacto en años posteriores”.

El analista critica además que las actuales autoridades fijan metas muy conservadoras junto con el Ejecutivo para poder superarlas sin problemas y coincide en que nadie quiere hablar ahora de una discusión fiscal, ni siquiera el Movimiento Semilla. A su criterio, ellos prefirieron obviarlo, porque “si (en la actualidad) a como están de moderados, los quieren matar, imagínese si estuvieran proponiendo una reforma progresiva con impuestos directos”.

Entre los aspectos técnicos, la primera crítica es la estimación de ingresos tributarios para el próximo año por Q84 mil 610.70 millones, ya que según varios centros de análisis consultados, es necesario que se calculen con base en datos que correspondan a las condiciones reales para evitar efectos negativos en el déficit fiscal y la deuda pública.

Primera conclusión: Hay sobrestimación

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los ingresos esperados pueden ser menores a lo esperado, debido a una posible desaceleración económica en el país, a consecuencia de la coyuntura mundial, el conflicto bélico en Ucrania, alzas de precios y otros factores.

“Es importante que no se incremente el déficit para evitar riesgos y tener un manejo prudente en las finanzas”, añadió.

LE RECOMENDAMOS

En caso de que el Congreso lo apruebe, el Estado dispondrá de Q112 mil millones durante el año electoral

Comercio electrónico pospandemia: Qué cambió, qué categorías se compran menos en línea y quiénes son siempre ganadores

Según información del Ministerio de Finanzas (Minfin) el déficit vigente se sitúa en 3.8% según el presupuesto aprobado, pero se estima que cierre el año en 2.4%. En la propuesta para el 2023, también se situaría en 2.4%, según la propuesta.

De acuerdo con Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales  (CIEN), se mantiene la dificultad de analizar una estimación de la recaudación, dadas las circunstancias actuales, aparte de que se incluyen Q1 mil 250 millones como otros impuestos directos e indirectos que se refieren a acciones de la SAT contra el incumplimiento tributario, pero no se brindan detalles. “También se debe recordar que en un año puede haber pagos atípicos y no se debería proyectar con base en estos, para otros años”.

Al no estimarse adecuadamente los ingresos, también se pueden afectar los niveles de montos de la contratación de deuda, aparte de los cuestionados destinos de los recursos provenientes del endeudamiento, expone.

¿Y si hay subestimación?

Érick Coyoy, investigador del área económica de la Universidad Rafael Landívar (URL) y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), son del criterio de que os ingresos están subestimados porque fueron calculados con base en el presupuesto vigente del 2022, y no sobre datos reales derivados del comportamiento de la economía y de la recaudación.

Inicialmente la estimación parece ser consistente con los Q76 mil 315 millones establecidos en el presupuesto vigente del 2022. Sin embargo, el Minfin prevé que la recaudación del 2022 cerrará en Q82 mil 872 millones, por lo que lo propuesto para el 2023 es bajo, y solo representaría un crecimiento menor al 5%.

Y consideran que el tema va más allá, pues al subestimar los ingresos tributarios también se reducen los aportes constitucionales para entidades como el Organismo Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma y el situado constitucional para las municipalidades y consejos de desarrollo.

En cualquiera de ambos casos (sobreestimación o subestimación), indican que un mal cálculo de los recursos esperados conlleva a otros efectos, ya que con el endeudamiento propuesto para el 2023 por Q15 mil 871.9 millones, se podría contratar deuda innecesaria o insuficiente. Por lo tanto, piden que los datos respondan a las condiciones reales.

Controles presupuestarios

Por otro lado, los especialistas Prado, Barrientos, Coyoy y Lavarreda, consideran indispensable que se fortalezcan los controles presupuestarios, así como normativa anticorrupción y de transparencia fiscal, debido a que el 2023 es un año electoral.

A consideración del analista de URL, uno de los problemas es que la Contraloría General de Cuentas ha quedado prácticamente inoperante, mientras que el Icefi cree urgente prestar atención especial a la ejecución de las obras y proyectos de inversión pública en infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como de los Consejos Departamentales de Desarrollo y las municipalidades.

Ello, especialmente porque se permitirá la ejecución de saldos de ejercicios fiscales anteriores a estas entidades, así como al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Ministerio de Energía y Minas.

Lavarreda agrega que se deben establecer mecanismos para lograr todos los años, y no solo en el año electoral, más controles en el uso de los recursos, por medio de la planificación y  evaluación de resultados para un horizonte de mediano y largo plazo, de manera que se mejore la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos.

La Comisión de Finanzas del Congreso debe actuar manera abierta, transparente e inclusiva para recibir e incorporar en su dictamen correcciones y mejoras al proyecto de presupuesto 2023, comentan.

LE RECOMENDAMOS

Endeudar más al guatemalteco: La propuesta del gobierno para sus 4 escenarios de riesgo fiscal

¿Sabe usted cuál es la carga tributaria que lleva sobre sus hombros?

Un escenario

El Icefi  efectuó una estimación basada en la recaudación efectiva y real de Q52 mil 623.2 millones registrada al 31 de julio del presente año, según la cual,  los ingresos tributarios al cierre de este año podrían llegar  a Q86 mil 915 millones.

Y para el 2023, según el cálculo de esa entidad, la suma alcanzaría los  Q92 mil 460.9 millones sin considerar ingresos adicionales por medidas de política tributaria   de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Esto significa que las autoridades prácticamente estarían esperando una pérdida de recaudación, en términos nominales como reales”.

En este mes, diputados de la alianza oficialista aprobaron una ampliación presupuestaria por Q3 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), así como otro apoyo temporal al consumidor del cilindro de gas propano por Q150 millones, y otro programa de subsidio para el galón de diésel y gasolina regular por Q745 millones, maniobras financieras que representan alrededor de Q3 mil 895 millones.

En noviembre del 2021, se aprobó un subsidio de Q150 millones del GLP que concluyó en febrero de este año, para lo que también se realizaron readecuaciones presupuestarias.

Aunque las medidas aprobadas por el Congreso en marzo tienen un carácter político, repercuten en las finanzas públicas, ya que la programación financiera que se conoció en el presupuesto estatal para 2022, por Q106 mil millones 229 mil tendrá variaciones.

lea además:

Cuatro alarmas que enciende la reciente ampliación de Q3 mil millones al CIV

El presupuesto vigente con esas modificaciones llegaría a Q110 mil 315.7 millones, aunque en el sistema no se ha operado porque aún falta que se haga la publicación en el Diario de Centro América. Las autoridades financieras aseguran que no habrá nueva contratación de deuda y que los recursos a utilizar provienen de caja fiscal.

Lea además: A fin de mes, Guatemala estará bajo la lupa de agencias internacionales y del FMI, por lo que mostrará sus mejores resultados

Mientras tanto, el próximo lunes 28 de marzo, inicia una evaluación por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otra por dos agencias calificadoras de riesgo-país, en las que se pondrá énfasis en el manejo de las finanzas públicas, en un contexto de inflación a escala global, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la recuperación económica y el manejo de la pandemia.

Disposición de recursos

El Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), registró a este 21 de marzo de 2022, como fondo común, Q11 mil 390 millones, mientras que el 2 de enero, este era de Q12 mil 885 millones, que fue con lo que se abrió el presupuesto.

Eso quiere decir que, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso, de ese saldo saldrán los recursos para la ampliación presupuestaria del CIV y para subsidiar Q5 el galón de diésel, Q2.50 el galón regular y Q0.80 la libra de gas.

El principal efecto que tendrá esas ampliaciones estará en el déficit fiscal, pero también habrá un efecto monetizante, en el sentido de que se pondrá dinero en circulación que no estaba previsto gastar en este ejercicio, lo que podría generar más presión inflacionaria.

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) comentó que el saldo de caja reportado al 21 de marzo no significa que exista un presupuesto superavitario, ni que en 2021 se tuvo más ingresos que gastos, sino que hubo ejecución que no se realizó.

“Hay que comprender que Guatemala sigue encadenando varios períodos de déficit en el presupuesto y tener un saldo de caja significa que en años anteriores hubo rubros en los cuales no se gastó”, precisó al señalar que si bien, el presupuesto 2022 se aprobó a finales del año pasado, se necesitan los espacios presupuestarios.

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), manifestó que, en términos generales, puede presentarse un mayor déficit este año porque con las ampliaciones habrá más compromiso de gasto. Y aunque las metas de recaudación sean las mejores, estas coyunturas de precios pueden influir.

“Esa ampliación presupuestaria podría estar incidiendo nuevamente en un mayor déficit fiscal y el balance entre los ingresos y los gastos no deja de ser un objetivo a lograr”, puntualizó.

Riesgo en año político

Casasola advirtió que, nuevamente, es posible que no se apruebe el presupuesto estatal para el año siguiente, dado que con la ampliación que autorizó el Congreso, el gasto se eleva a Q110 mil millones y es poco probable una reducción.

lea también:

El subsidio a los combustibles satisface a algunos sectores, pero otros consideran que la medida no es adecuada

“En el CIV se deja un espacio presupuestario que históricamente es muy difícil de fiscalizar, así como cerrar el ciclo del presupuesto, sobre todo en la ejecución y posible corrupción”.

El analista no descartó que parte de esas ampliaciones responda a “obras” con el fin de promover a ciertos funcionarios que buscan reelección o que quieren participar en la próxima contienda electoral.

Le puede interesar: Los pasajes del transporte extraurbano se mantendrán, si los expendedores no encarecen el combustible, dice Fenatrep

Prado subrayó que llama la atención la velocidad con la que se aprobó la ampliación mencionada, porque se necesita inversión, pero también hay temas sociales no atendidos, como el combate a la desnutrición crónica infantil.

Por lo tanto, en caso de que el Legislativo no apruebe un nuevo presupuesto a fin de año, el Gobierno tendrá disponible uno mayor en Q4 mil millones, respecto al que fue aprobado originalmente para 2022, con un margen de maniobra para operarlo en el siguiente ejercicio fiscal, concluyeron los consultados.

Antes del 2020, toda Centroamérica ya estaba endeudada y sus presupuestos mostraban déficits, desde marzo del año mencionado, el gasto público de la región  se  incrementado más del 12.9%, a efecto de ejecutar programas extraordinarios de apoyo a las familias y las empresas, así como para hacer frente a las compras de medicamentos, vacunas, servicios e infraestructura.

En cifras, el nuevo endeudamiento se calcula en US$9 mil 331 millones, equivalente a 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB) regional el año pasado, según el documento Estabilización de las finanzas públicas durante la pandemia del virus covid-19 que elaboró el Consejo Monetario Centroamericano (CMC).

lea además:

¿Cómo las empresas pueden pedir al IGSS que llegue a vacunar a sus trabajadores?

“La capacidad de estas economías para resistir este estrés financiero se ve complicada, debido a varios factores que inciden negativamente, como los crecientes déficits fiscales y de cuenta corriente que se han observado de forma constante en años prepandemia”, subraya el informe.

En pocas palabras, las economías han cambiado su estrategia de endeudamiento y hoy acuden a fuentes de recursos más riesgosas, optando por colocar deuda con mayor costo y riesgo, lo que empeora por las condiciones actuales. Y las agencias que califican el riesgo país, así como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya están al tanto de estas situaciones

Pasar la factura

El economista Edwin Matul, exgerente del Banco de Guatemala, explicó que la forma en que se pasará la factura en el caso del Guatemala, está dada por el aumento en el nivel de endeudamiento, que es consistente con el alto déficit fiscal –gastos programados por el Estado que superan los ingresos- que se tuvo en el 2020 y que equivale al 4.9% del PIB.

“Hablamos de la factura porque esta deuda hay que pagarla, así como los intereses. ¿Cómo se paga? La vía correcta es la tributaria, pero tenemos claridad en que la carga tributaria es relativamente baja”, apuntó.

Lea además: Radiografía de los puertos de Guatemala: lentos, desactualizados y obsoletos

“En todo caso, este será un tema que se diferirá en el tiempo, pero por ejemplo, en el proyecto de presupuesto estatal 2022, ya se incorporará un incremento en el pago de capital y de intereses por esa deuda del 2020. En los presupuestos subsiguientes, debería evidenciarse un alza en los pagos relativos al mantenimiento de la deuda pública”, puntualizó.

Matul considera que en otros países, los Gobiernos pudieron  tener ahorros fiscales para enfrentar un mayor gasto en Salud y atender la pandemia, pero en el caso de Guatemala, nunca ha habido ahorros, sino déficits fiscales y “el pago de aquí en adelante se verá reflejado en los siguientes presupuestos”.

Reconoció que el problema fue mundial, pero hay países que tienen una mejor capacidad para enfrentar el problema tomando en cuenta que cuentan con una mayor carga tributaria, sobre todo en países europeos y Estados Unidos. “Pero en Latinoamérica, Centroamérica y especialmente en Guatemala, es una situación complicada”.

“Lo que pasó en el 2020 fue un problema adicional y la suerte de Guatemala es que no está tan complicada respecto a otros países del área. “El endeudamiento respecto al PIB es alto, pero como en otras naciones; lo que sí complica la situación es el bajo nivel los ingresos tributarios y ese es “el gran talón de Aquiles”, afirmó el especialista.

¿Cómo nos ven?

Las agencias calificadoras de riesgo país ya han reaccionado por los niveles de endeudamiento reciente, por lo que sus perspectivas han variado, ya que el tema de las finanzas públicas es parte de las mediciones que realizan periódicamente, aparte de la gobernanza y el tema político.

El informe de coyuntura mensual de julio último del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), expone que la deuda pública respecto al PIB en el mundo se incrementó de 66.6% en 2019 a 77.8% en 2020, mientras que en América Latina y el Caribe (ALC) el alza observada fue mayor, al pasar de 53.9% en 2019 a 69.4% en 2020.

En Centroamérica aumentó 14.8 puntos porcentuales hasta alcanzar 72.9% del PIB  y los países con mayor deuda después de Belice fueron El Salvador (91.8%) y Costa Rica (79.3%). Por lo tanto, el porcentaje regional mencionado fue mayor al incremento mundial de 11.3% pero menor al de ALC, de 15.5%.

En el caso de Guatemala, su deuda equivale al 31.3% del PIB, lo que implica un incremento de 5.3%, tomando en cuenta que en el 2019, la cifra alcanzaba 26%. Esa situación también provocó que el déficit fiscal alcanzar 4.9%, indicador nunca visto en las cifras de crédito público.

El monto del endeudamiento en bonos fue de Q30 mil millones que se destinaron a atender los programas Bono Familia y Alimentación en Pandemia, así como a fortalecer las finanzas del sector Salud.

Le puede interesar: ¿Cumplirá sus objetivos la Ley Bitcóin que estrena El Salvador?

La emisión de bonos para el 2021 quedó en Q20 mil millones, y se proyecta un déficit fiscal de 3.3% para este año, según el dato proporcionado por las autoridades del Tesoro cuando se presentó el proyecto de presupuesto 2022 al Congreso el pasado 2 de septiembre.

Y para el próximo año se plantea una deuda bonificada de Q16 mil 963 millones, así como un déficit fiscal de 2.8%.

Ante esto, las agencias de calificación de riesgo país mantuvieron las notas, pero con cambios en las perspectivas. Por ejemplo, al 5 de agosto último, la agencia Moody´s tiene la nota de Ba1 con perspectiva negativa y antes era Estable.

Para Standard & Poors, la calificación es BB- con perspectiva estable y la agencia Fitch la tiene en BB- estable, según el portal del BCIE.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explicó que el foro aportó información para que los empresarios que llenan la encuesta ejecutiva de opinión para el Índice de Competitividad Global puedan tener la información más actualizada.

Un déficit menor al 4%

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas Públicas, aclaró que el presupuesto vigente es de Q107 mil millones, pero que congelarán Q13 mil millones que no cuentan con fuente de financiamiento; que el Acuerdo Gubernativo que regirá sobre los lineamientos será publicado en los próximos días, y que en la parte numérica se empezó a trabajar a lo interno en las readecuaciones.

De momento, dijo que están trabajando en los cambios tanto en fuentes de financiamiento y rubros de gasto para cubrir las necesidades de los ministerios, de manera que operativamente se separen los Q13 mil millones.

Proyectó que el déficit fiscal sería menor al 4.9% que fue en 2020, que se incrementó por los efectos de la pandemia y que obligó a aumentar el saldo de la deuda pública para atender los diferentes programas de apoyo social y económico.

En este indicador, aseguró el ministro, se han enfocado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras, ya que el déficit se había ubicado entre 1.9 a 2%, que es un indicador que refleja el comportamiento de sus finanzas conservadoras.

No obstante, el endeudamiento que se adquirió para enfrentar el covid-19 en alrededor de Q14 mil 610 millones en diferentes programas, permitió estabilizar la economía y entrar en una fase de recuperación que se está observando este año, dijo.

“Si trabajamos con un techo de Q94 mil millones estaríamos llegando a 3.4%, que comparado con otros países, es bastante bajo”, manifestó, al recordar que trabajar a un déficit menor del 4% era la recomendación de los tanques de pensamiento económico, ya que aún se tiene que trabajar en una política fiscal expansiva.

En tanto, el reporte de Operaciones de Crédito Público al 31 de diciembre del 2020 señala que el saldo de la deuda pública fue de Q189 mil 187.55 millones, y la deuda con relación al PIB pasó de 26.6 a 31.6% en el primer año de gestión del presidente Alejandro Giammattei.

“El talón de Aquiles”

González Ricci remarcó en el foro de Fundesa que el talón de Aquiles en Guatemala es la parte de los ingresos tributarios, y que el año pasado obligó a ajustar el gasto, pero que en el último trimestre del 2020 mejoraron explicados por la apertura de la economía. Dijo que el segundo rebrote del coronavirus no tuvo el impacto que se proyectaba, por lo que mejoró la recaudación para cerrar con Q60 mil millones.

“Fue una buena racha que se tuvo a finales del 2020, también nos permite empezar el año muy positivo”, resaltó el ministro, al presentar los datos de recaudación de enero 2021 que mejoraron con relación al 2019.

Al recurrir a menos deuda, el déficit presupuestario se tiene que cubrir con esa deuda, pero “habrá una mayor recaudación y un menor techo de gasto que en eso consiste la readecuación” en trabajar en ingresos más altos y bajar el gasto a Q94 mil millones, y la diferencia entre ingresos y egresos se vuelve menor, aseguró.

Al 18 de febrero los ingresos tributarios acumulados por la SAT alcanzan los Q9 mil 683.3 millones.

Escenarios

En el presupuesto ajustado para 2021, se pronostica un total de ingresos por Q68 mil 826 millones, y según el funcionario, con la SAT se están buscando acuerdos con diferentes sectores para incorporarse al régimen electrónico.

La carga tributaria estaría cerrando en 10.1% cuando lo ideal es que sea del 12% entre este y el siguiente año, para encaminar al 14%, que lo han plateado los organismos financieros internacionales y que lo han señalado las agencias de calificación de riesgo país.

En ese sentido, dijo que elevar la carga tributaria no será por la vía de incrementar impuestos, sino de otorgar las facilidades en el pago de impuestos, y que se amplié la base, ya que seis mil números de identificación tributaria (NIT) pagan el 80% de los impuestos recaudados, lo que sugiere que hay contribuyentes que no están tributando, que se encuentran en la informalidad o que se deben implementar las herramientas para que paguen impuestos.

Lineamientos

Los ministerios brindaron algunos de los mecanismos que están implementando en la agenda de competitividad.

Comunicaciones:

• Alianza con el Ministerio de Ambiente para facilitar y agilizar proceso de emisión de licencias
• En infraestructura, se reportó el 3.1% de crecimiento de la red vial en 2020
• Proyectan 1,808 kilómetros en carreteras pavimentadas en 2021
• Anillo regional ruta C50
• Recapeo de los aeródromos Esquipulas, San Marcos, Huehuetenango
• Proyecto terminal de carga Puerto San José
• Instalación de rayos X en las portuarias Empornac y EPQ
• Proyecto del muelle El Arenal
• Proceso de reordenamiento de los títulos de usufructos vigentes en la banda 700 MHz

Educación:

• Recuperar los aprendizajes perdidos por la interrupción de clases
• Fortalecer la formación docente en TICs y uso de recursos digitales
• Mejorar formación de padres para apoyar a sus hijos
• Mejorar y escalar la conectividad y la brecha digital
• Contener la matrícula escolar evitando el riesgo de abandono y deserción, mediante estrategias específicas de búsqueda

Salud:

• Legalización de donaciones: de infraestructura dañada por Eta e Iota y el remozamiento e infraestructura nueva
• Ejecución de tres centros de salud con 90%
• Con apoyo municipal y fondos propios, la construcción de 17 centros de salud, 50 puestos de salud remozados, un hospital modular temporal en San Marcos y un hospital distrital en Morales Izabal.

Gobernación

• Focalización de 30 municipios con mayor incidencia criminal
• Aumentar a cinco mil el número de mandos medios en PNC
• Paquete de leyes presentadas al Congreso

“La gente necesita trabajar”: Por qué el Banco Mundial recomienda descartar cierres y no endeudarse más

Atender y brindar respuesta al coronavirus en Guatemala, representó distorsionar la estabilidad macroeconómica que celosamente se venía protegiendo en los últimos años, y que en el 2020 llevó el déficit fiscal por encima del 5%.

El Gobierno aumentó la deuda pública para hacer frente a los estragos causados por el nuevo coronavirus.

El 2020 fue atípico en el manejo de las finanzas públicas, precisamente, presionado por la emergencia.

La reacción fue por medio de la política fiscal para enfrentar la crisis e impulsar la reactivación económica, pero implicó salirse de la ruta de la estabilidad macroeconómica que se venía ejecutando en los últimos años.

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, justificó que Guatemala “tiene margen y maniobra” en comparación con otros países para recurrir a estos espacios.

Parte de ese espacio fue: elevar el techo del gasto público a Q107 mil millones, acelerar la tasa de endeudamiento, incrementar las cuotas de asignaciones para los ministerios de Salud, Desarrollo, Comunicaciones, Economía y los Consejos de Desarrollo para los programas de atención de salud, protección, compensación social y activar la economía.

Para 2021, aún es incierto cómo quedaría la contratación de nueva deuda, pero las autoridades de la cartera del Tesoro han adelantado que se recurrirá a este instrumento para financiar el plan de gasto por medio de la colocación de bonos del tesoro —deuda bonificable— y la aprobación de nuevos préstamos con organismos financieros internacionales.

De momento, no se conocen los detalles, ni las cifras, de cómo quedará esa variable.

En lo político, siempre hay manejo de la tasa de endeudamiento por el desgaste que representa; sin embargo, en el primer año de la administración del presidente Alejandro Giammattei, la deuda pública aumentó, y que ha motivado descontento generalizado.

Saldo

Al 31 de octubre último, la deuda acumulada alcanzó Q189 mil 631 millones, con los Q32 mil 305 millones que se suman este año.

En el 2019, el indicador fue de Q157 mil 325 millones, según el reporte de Operaciones de Crédito Público del Minfin, que registra estas transacciones.

El endeudamiento de préstamos y bonos con respecto al PIB también tuvo ajuste y de 26.6% —que fue en 2019— brincó a 32.3% hasta octubre.

El PIB nominal se proyecta en Q587 mil 512 millones.

Eso significa que, si se pagará el saldo total de la deuda pública, cada ciudadano debería de aportar Q11 mil 220, que es la referencia de la deuda per cápita.

También, al comparar la deuda pública versus los ingresos tributarios, la variación es del 376%, y con los ingresos totales asciende a 355%, cifras que han encendidos las alarmas.

La mayoría de los países adoptaron estrategias fiscales para hacerle frente a los efectos de la pandemia; un reporte del Banco Mundial (BM) detalló que, en promedio, el incremento del endeudamiento público en 2020 fue del 10%.

Sube en diez meses

Al analizar el saldo de la deuda anual de Q32 mil 305 millones hasta octubre, se puede observar un incremento sustancial al desempeño de los últimos 10 años.

El reporte de operaciones señala que, en 2011, el saldo total de la deuda era de Q7 mil 439 millones -anual-; 2012, Q8 mil 153 millones; 2013, Q7 mil 833 millones; 2014, Q6 mil 60 millones y 2015, Q7 mil 721 millones.

En 2016, llega a Q7 mil 50 millones; 2017, Q6 mil 773 millones; 2018, Q13 mil 571 millones y Q11 mil 305 millones en 2019.

En ese período de diez años, el ritmo de crecimiento anual promedio del saldo de la deuda era de 10%, y al décimo mes del 2020 se dispara a 20.53%, detalla el reporte del Minfin.

Composición

La deuda pública es la sumatoria de la deuda interna —bonos del Tesoro— que equivale al 57.2% y la externa —préstamos con organismos financieros internacionales— de 42.8%.

A octubre, por desglose, el monto es de Q108 mil 426 millones de la interna y Q81 mil 204 millones de la externa.

Corregir rumbo

Las autoridades de Finanzas consideran que es necesario continuar con los estímulos fiscales por la recuperación y reactivación productiva para 2021.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que, si bien este desvío fiscal se argumenta por la crisis al corto plazo, se deberá enderezar una consolidación fiscal que necesitará voluntad, institucionalidad fiscal y apoyo de la esfera política.

Es decir, se requiere retomar la disciplina fiscal, con un déficit del 2%.

Para ello, será necesario, cuando se apruebe el endeudamiento público que financiará el presupuesto del 2021, una amplia discusión para que, a futuro, reducir el déficit fiscal, advirtió.

Las discusiones para modificar el presupuesto 2021 que se llevan a cabo van con una clara desventaja en cuanto a los ingresos y la proporción de la deuda.

Lea además:

Tormentas atacaron con fuerza a municipios rurales y poco inclusivos del Corredor Seco

En los tanques de pensamiento ya están encendidas las alertas con respecto a la ampliación de deuda bonificable que aprobó el Congreso este año, de un bono de Q11 mil millones que se utilizaron en 2020 para atender los programas sociales, y que fue adquirido por el Banco de Guatemala (Banguat) en abril de este año.

Aunque es un tema legal, existen varias interpretaciones sobre esa fuente de financiamiento, ya que regirá el presupuesto vigente de Q107 mil 760 millones, y tendrá la misma estructura de financiamiento que incluye esa asignación de ingresos. Además, el análisis deberá ir enfocado a contar con información actualizada y perspectivas del 2021.

A la espera del debate

De momento, no se conocen los escenarios de nuevo endeudamiento que financiarán el presupuesto para 2021, pero fue un motivo de rechazo de diversos sectores en el planteamiento formulado.

En las propuestas que los sectores han presentado al Ministerio de Finanzas (Minfin), el monto del techo de la deuda es uno que se plantea revisar hacia la baja, sin embargo, no está claro aún respecto al bono de los Q11 mil millones.

Edwin Matul, exfuncionario del Banco de Guatemala y Jorge Lavarreda analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aseguraron que existe una disyuntiva en ese aspecto, que deberá aclararse en las mesas de diálogo.

“Hay un tema de interpretación legal y es parte de los problemas que se dan cuando no se aprueban las cosas como deben ser. Precisamente, una de las grandes incógnitas que quedan es cómo se va a financiar el presupuesto y es uno de los riesgos que se tiene cuando se hacen cosas de esta manera”, remarcó Matul.

El experto enfatizó en que esta situación que se está presentando, es “estrictamente legal”, pero que ojalá “no sea así”.

“Por una interpretación legal nuevamente el banco central tendría que financiar el presupuesto, pero no sería lo ideal pues tendría consecuencias en la macroeconomía. No tengo los elementos legales para sustentarlo, pero espero que no sea así, en fuente de financiamiento y no esperaría que sea del Banguat”, puntualizó.

Reiteró que uno de los riesgos puede ser sobre la interpretación, y los expertos en la parte jurídica tendrá que abordarlo y aclararlo.

Dentro de las discusiones convocadas al diálogo, el tema del financiamiento será una de las partes más sensibles a tratar, en el sentido de cuál será el monto del techo de deuda y a que se estará financiando.

En el presupuesto anterior de Q99 mil 700 millones, -archivado- estaba formulado con el 32%, que equivale a Q32 mil 638 millones de financiamiento de deuda, de los cuales Q24 mil 157 millones provendrían de bonos del Tesoro, y Q6 mil 656 millones con organismos financieros internacionales.

Solo para emergencia

Lavarreda es del criterio de que, según la ley, quedará vigente el del año anterior, y bajo esa perspectiva se incluyen todas las ampliaciones que se dieron en abril pasado.

Esas ampliaciones tienen diferentes fuentes como bonos y préstamos y aunque quede ya fue ejecutado en el caso de esta última.

“Hay un techo, pero no queda la posibilidad de utilizar los financiamientos tal cual quedaron en el contexto en el que fueron aprobadas las ampliaciones, y en las propuestas de reforma justamente se tendrá que ver y se tendrá que hacer muchos ajustes”, afirmó el analista.

El investigador enfatizó que los ajustes deben ir más allá de las fuentes de financiamiento, sino que también el uso, ya que se está trabajando con el presupuesto 2019, y habrá que trabajar con variaciones que resuelvan y profundas para este este ejercicio.

“En diciembre, para Finanzas será de mucho trabajo de ajustes para hacer toda la provisión de los cambios que se tendrán que hacer aún en este contexto político que se está viviendo”, reiteró y que todos los cambios sean con transparencia y a la vista.

Llamado de atención

Otra de las consideraciones del Cien, es que en la formulación del techo de la deuda para el presupuesto 2021, no se destine para el pago de funcionamiento, como salarios, materias primas, insumos, pagos de servicios con fuente deuda.

“No se debe utilizar fuente deuda para gastos de funcionamiento, y es estaremos atentos a como quedarán las modificaciones”, apuntó.

Añadió que los más seguro y en el contexto actual, el país tendrá que acudir a deuda para financiar el gasto público y mantener un déficit fiscal, y si va a existir, el tema no es tanto el monto, sino sobre todo para que rubro de gasto se estará financiando, en especial aquello valga la pena y que tenga una rentabilidad social.

Por otro lado, se necesita la mejora de la recaudación para poder cumplir con el pago de ese endeudamiento, pero uno de los problemas es que se financian programas con fuente deuda que no genera un retorno social.

La estructura presupuestaria de Guatemala en los últimos 15 años ha sido deficitaria, pero ahora se incrementó por los efectos de la pandemia y los estragos causados por las tormentas Eta e Iota, en la cual se necesitarán recursos adicionales para la atención y rehabilitación.

Se espera que en la quincena de diciembre el Minfin de a conocer cómo quedará la estructura de gasto y financiamiento al presupuesto 2021.

Le puede interesar

Sector eléctrico teme que se encarezcan las transacciones de energía regionales

Ese menor crecimiento económico, a juicio de la agencia de riesgo, afectará la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para implementar “políticas crediticias positivas”.

Además, las supuestas restricciones políticas que vaticina Moody’s impedirán, en su opinión, una consolidación fiscal basada en disminuciones significativas de los déficits gubernamentales.

“La perspectiva de Moody’s Investors Service para la calidad crediticia soberana de América Latina y el Caribe en 2020 es negativa, reflejando sus expectativas de las condiciones crediticias fundamentales que habrán de incidir en el crédito soberano en los próximos 12 a 18 meses”, expresaron en la nota.

El asistente al vicepresidente de Moody’s, Renzo Merino, ha señalado que en 2020 la mayoría de las economías de América Latina crecerá a tasas más altas que en 2019, registrando un crecimiento real anual del PIB en el rango de 2.5 al 3.5%.

“Sin embargo, el creciente riesgo político en la región aunado a los vientos externos en contra representan importantes riesgos a la baja para la perspectiva de crecimiento”, dijo Merino, que agregó que en un futuro próximo el crecimiento de tendencia se mantendrá por debajo de los niveles vistos en los últimos 20 años.

Según Merino, el bajo crecimiento complicará la gestión fiscal “para la mayoría de los soberanos de la región”.

La perspectiva de la agencia de calificación crediticia es que la mayoría de los Gobiernos de América Latina disminuirá su déficit fiscal o lo mantendrá en niveles similares a los de 2019 y solo algunos países reportarán balances primarios suficientes para estabilizar sus indicadores de deuda en 2020.

“Moody’s no espera que los Gobiernos reconstruyan el espacio fiscal que perdieron en años recientes. Consecuentemente, la mayoría de los países de América Latina tendrá capacidad limitada para implementar políticas contracíclicas para responder ante choques potenciales”, expresaron en el comunicado.

La agencia insistió en que el “aumento del descontento social a lo largo de la región de América Latina” afectó a las perspectivas de inversión y contribuyó a los recortes de crecimiento observados durante el último año.

En los últimos meses, América Latina ha vivido una oleada de protestas sociales, encabezadas por Chile, que ha coincidido en el tiempo con un clima de inestabilidad política y social en países como Bolivia, Venezuela o Ecuador.

“No se espera que el crecimiento relativamente bajo mejore significativamente las dinámicas del empleo o que disminuya la desigualdad del ingreso”, auguró Moody’s, que concluyó al señalar que ese descontento social “limitará la capacidad de los Gobiernos de establecer medidas que generen una consolidación fiscal sustancial”.

Contenido relacionado:

> Por qué muchos productores están dejando de cultivar maíz en Guatemala (y cuánto cayó la cosecha)
> Visas agrícolas: 38 mil guatemaltecos buscaron en 2019 trabajar legalmente en EE. UU.
> Exportaciones a El Salvador: El trámite en aduana podría reducirse a 10 minutos

El ministro de Finanzas Víctor Martínez dijo que ese monto se definió con base a un escenario conservador de recaudación tributaria y de crecimiento económico bajo para la estimación de esos ingresos. Para ello se tomó en cuenta la retroalimentación que recibieron sobre la conveniencia de usar estos escenarios para los cálculos.

Lea además

Bill Gates confiesa “el mayor error” de su carrera que le hizo perder US$400.000 millones

El monto máximo de presupuesto fijado para el 2020 es solo 4% más alto que el vigente en el 2019 que llegó a Q88 mil 245 millones, pero analistas adelantan que los límites máximos asignados para algunas instituciones son menores que el presente año en relación del Producto Interno Bruto (PIB).

Martínez indicó que para el próximo año la recaudación tributaria ha sido proyectada en Q67 mil 009.7 millones.

Sin embargo, se busca ser moderados ya que en el 2019 el comportamiento de esos ingresos refleja una brecha con la meta aprobada originalmente. A mayo hay una brecha de ingresos de Q1 mil 064 millones.

Y para el cierre del año varía ya que en el presupuesto se aprobó en Q64 mil 027.7 millones, pero según datos del Minfin la recaudación cerraría en Q61 mil 588.2 millones, según una estimación de cierre pasivo.

El Ministró mencionó que prevén cerrar la brecha en el resto del año.

En tanto el crecimiento económico ha sido definido por el Banco de Guatemala (Banguat) en entre 3% y 3.8% para el 2019 y en 3% y 4% para el 2020, agregó el funcionario.

En tanto el déficit fiscal para el próximo año se ha estimado en 2.4% del PIB.

Martínez mencionó que no podía indicar aún el monto de deuda por Bonos del Tesoro que se propondría para el próximo año ya que están en diferentes fases del proceso de aprobación varios préstamos por US$860 millones. Al tener definido ese monto se podrá definir el de los bonos, se agregó.

Se ajusta límite máximo de presupuesto a entidades

Aparte de los escenarios mencionados, para asignar los montos máximos sobre los que cada entidad debe ajustar su propuesta de plan de gastos para el 2020, se tomó en cuenta la ejecución presupuestaria de cada ente explicó el Minfin.

Las instituciones tienen hasta el 15 de julio para presentar sus propuestas con base a estos montos máximos.

Para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) hubo una drástica reducción en el monto máximo límite al cual deben ajustar su presupuesto, respecto de lo solicitado. Mientras dicha institución pidió Q12 376 millones, se le fijó un techo de Q5 mil 050 millones.

Ese monto incluso es menor en Q1 mil 003 millones respecto de los Q6 mil 053 millones que tiene vigentes hasta el 31 de mayo del 2019.

Al respecto Martínez explicó que se tiene planificado establecer un monto de unos Q2 mil millones para obras de infraestructura, que se denominarán obras del Bicentenario. En 2021 se cumplen 200 años de la independencia de Centroamérica. Sin embargo, no detalló si esta modalidad se sumaría al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones o cómo se ejecutaría.

En el caso del Ministerio de Salud, este ente buscaba que se le asignaran Q13 mil 525 millones, pero se le está poniendo un límite en Q8 mil 198, monto incluso en Q65 millones menos que lo vigente este año.

El Ministro de Finanzas explicó que ese monto si le permite cubrir los pagos de servidores públicos. Pero explicó varios puntos tomados en cuenta para definir ese monto, uno de estos es que ese ente no ha ejecutado este año los fondos de infraestructura en salud provenientes de Bonos del Tesoro, además que se está en espera de que se apruebe el préstamo por US$100 millones destinado a temas de salud para poder financiar el presupuesto en ese sector.

El Ministerio de Educación (Mineduc) había solicitado Q19 mil 930.4 millones, mientras el Minfin le fijó un límite de 17 mil 502, Q2 mil 428 menos de lo requerido. Sin embargo, el monto sería Q800 millones más que el presupuesto vigente.

En el caso de Ministerio de Energía y Minas (MEM) había solicitado Q563 millones, porque en este incluyó un monto para cubrir el subsidio a la Tarifa Social de la energía, sin embargo, se le fijó un techo de Q82 millones.

Martínez explicó que esa decisión de debe a que han detectado que el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) tiene en caja unos Q2 mil millones con los cuales puede cubrir ese requerimiento.

En el caso del Ministerio de Gobernación pidió Q6 mil 277 millones, pero Minfin le asignó un techo de Q5 mil 469 millones.

En este monto aún no va incluido un aumento de Presupuesto para la Policía Nacional Civil ya que no se ha recibido la solicitud oficial.

No tiene cambios trascendentales, rubros de desarrolló bajan respecto del PIB

Con los montos definidos en los techos indicativos para el presupuesto del 2020 se está cuidando la sostenibilidad macroeconómica como la fiscal y la sostenibilidad de la deuda, pero no tiene cambios trascendentales en térmicos de cobertura para desarrollo humano indicó Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La carga tributaria se proyecta en 9.9% del PIB, y el tamaño del Gobierno estaría bajando de 13.2% a alrededor de12.7%. Esa reducción significará que afecta otras acciones o medidas del Gobierno, explicó.

Medina dijo que no solo se deben enfocar en los cambios de los montos en quetzales, sino cuánto representan respecto del PIB. Desde ese enfoque menciona que muchos de los techos asignados están bajando:

• Menciona que educación tiene en el 2019 un presupuesto que significa 2.6% del PIB y que con la cifra límite fijada para el 2020 bajaría a 2.5%.
• En salud está en 1.3% del PIB y el otro año significaría 1.2%
• Comunicaciones representa este año 1% y el otro año 0.7% del PIB.
• Gobernación, se quedaría estancado en 0.8% del PIB.

Medina indica que “siendo uno de los principales problemas del país las extorsiones, las pandillas y la inseguridad, nov emos que haya cambios en términos generales” en el presupuesto de Gobernación.

“El nuevo presupuesto no tiene algo trascendental que nos diga que hay un cambio que vaya persiguiendo tener mejores condiciones en desarrollo de los guatemaltecos y se está reproduciendo los mismos errores”, agregó.

Fueron prudentes

David Casasola, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) explicó que en la definición de estos techos indicativos parece haber una reflexión acerca de los escenarios macroeconómicos en los que se basan para hacer las proyecciones y le parece prudente usar los escenarios intermedios ya considera que eso repercutirá en la capacidad que se va a tener para ejecutar el presupuesto y que en realidad los fondos que se prevén ahora financiar el gasto público estén disponibles.

Es importante ver la ejecución que lleva cada institución en el 2019 para que eso vaya conectado a los fondos que se le podrían asignar.

Se tendrá que analizar también, cuando cada entidad envié su propuesta la estructura que se le dará al presupuesto, por ejemplo, si se destinaría más para funcionamiento, para inversión o para algún programa estratégico.

Añadió que deberán analizar los datos divulgados por el Minfin a detalle para ampliar una opinión al respecto.

Respecto al uso de los recursos disponibles en caja dijo que es difícil establecer en este momento cuánto se podía gastar o invertir, ya que se trata de instituciones descentralizadas o autónomas además que podría tener algún monto destinado para algún proyecto multianual, o para el pago de bonos o prestaciones al personal durante el año.

Pide a entidades usar saldos de caja por Q30 mil 500 millones

• El ministro de Finanza agregó que se ha detectado un crecimiento de los saldos de caja de diferentes entidades descentralizadas y autónomas.
• A diciembre del 2018 se registró en Q17 mil 500 millones, pero al 31 de mayo del 2019 ese monto ya llegó a Q30 mil 500 millones.
• Durante la presentación de los Techos Indicativos para el presupuesto del 2020, el funcionario hizo un llamado a esas entidades a usar esos saldos para convertirlos en servicios y cobertura de servicios.
• El uso de dichos recursos dinamizaría la economía por un estimado de 1.3% del PIB, agregó.
• Con esto, el crecimiento económico del país llegaría 4.4%, expuso el funcionario.
• No es una situación oportuna para el Estado en que se le asigne recursos a las instituciones y estas los guarden, añadió.
• “Si nos endeudamos para ir a guardarlo a la caja estamos dejando de hacer productivo el recurso”, además que se estarían ahorrando unos Q2 mil millones en intereses.

Contenido relacionado

> Instituciones demandan Q23 mil millones más para el presupuesto de 2020

> Gobierno no asignó fondos para cubrir tarifa social en el 2019

Lea además

Nuevo centro comercial promete dinamismo en San Pedro Carchá

La deuda que suma la interna más la externa alcanzaría los Q156 mil 109 millones, mayor a los Q142 mil 109 millones que el Ministerio de Finanzas (Minfin) reportó como saldo al 31 de agosto pasado.

Los congresistas aprobaron el pasado martes, como nueva deuda bonificada, Q14 mil 207 millones, la cual se sumará al monto acumulado. Eso significa que, para financiar el plan de gastos, el Estado emitirá bonos del tesoro para captar fondos, y a cambio pagará intereses a los tenedores.

Deuda per cápita

Al realizar un comparativo y para saldar el pago de la deuda pública, cada guatemalteco y aquellos por nacer tendrían que aportar Q8 mil 830 para liquidar ese saldo. Este año, el indicador se situó en Q8 mil 213 y se incrementó en Q617.

Lea además: 9 señales para identificar un billete falso de 100 quetzales

La relación se hace con el número de la población, que para el próximo año se proyecta en 17.6 millones de habitantes. Otro ejemplo es que se necesitarán dos años de recaudación para poder saldar el monto de la deuda.

Conservador

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala y Junta Monetaria, expuso que hay suficiente liquidez en la economía y no se percibe para el próximo año que la colocación de bonos por Q14 mil millones, pudiera inducir algún efecto de desplazamiento, del crédito al sector privado.

Recomendó que parte de esos títulos, puedan realizarse en eurobonos (colaciones en el extranjero).

El funcionario explicó que en los últimos tres años el déficit fiscal estuvo por debajo de lo que el Fondo Monetario Internacional estimó, de que desde el punto de vista de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda de país, son razonables.

Comentó que el 2014, el déficit fiscal —gastos programados por el Estado que superan los ingresos— fue de 1.9%, pero en 2015. 2016 y 2017, fue de 1.4%, 1.1% y 1.3%, respectivamente y lo que muestra es que se generó espacio temporal para tener un déficit mayor. Para este año, se proyecta un déficit de 1.6% y para 2019 en 2.5%.

“El déficit esta emparejado al financiamiento y es factible”, precisó Recinos en conferencia de prensa.

Con el endeudamiento la relación deuda/PIB se ubicará en 24.5%, que es un nivel se encuentra en los últimos años y son sostenibles a la deuda pública y se confirma que Guatemala es uno de los países más conservadores en la colocación de deuda y posicionados en esa variable.

Riesgos

David Casasola del Centro de Investigaciones Nacionales (Cien), afirmó que, el endeudamiento tiene que estar dirigido más a inversión, que, a funcionamiento, y desde 1996, todos los presupuestos están deficitarios, que han recurrido a la deuda para poder financiarse.

En algún momento el país no tendrá la capacidad pagar más deuda de la que se tiene y no necesariamente el indicador de deuda es con el PIB donde se sale mejor en la región, pero que hay que relacionarlo con los ingresos fiscales, precisó y es ahí donde se tiene que percibir los desafíos.

Ricardo Barrientos analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), expresó que el endeudamiento no es malo, solo sí, existe una calidad del gasto y una “honestidad” para la inversión pública.

Le puede interesar: Por qué el whisky y los autos importados de Reino Unido podrían elevar su precio en Guatemala

El consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, afirmó que lo ideal es que se contrate deuda para mejorar condiciones de país, como educación, salud e infraestructura, si no que se está utilizando para pagar gastos de funcionamiento.

Proyección se mantiene

El crecimiento de la economía para este año rondará el 3%, impulsado en parte por una mayor ejecución del Gobierno, que en los últimos seis meses fue del 8% mensual.

El Fondo Monetario Internacional sitúa un crecimiento más optimista para el siguiente año en 3.3%, pero según lo ha diagnosticado, insuficiente para resolver los problemas medulares del país.

Por aparte, el Ministerio de Finanzas asignó Q697 millones para el pago de las deficiencias netas al Banguat para el 2019, lo que es la mitad de lo requerido.

Contenido relacionado

> Funcionamiento y deuda marcan gasto del 2019
> Junta Monetaria emite opinión favorable a deuda bonificable 
> Deuda pública creció 9% en el cuatrimestre

Según Fallas, un 32.8% del presupuesto del 2017, de 8.9 billones de colones (US$16 mil millones) se destinará al pago de deuda; el 54.1% del total se financiará con ingresos corrientes y el 45.9% con deuda.

“En el 2017 el principal disparador del presupuesto será la deuda, la que se estima alcanzaría un 49.1% del producto interno bruto (PIB). El pago de amortización e intereses crece por encima del 17% y representa un tercio del presupuesto”, afirmó Fallas en conferencia de prensa.

El ministro hizo énfasis en la necesidad de que el Congreso apruebe una serie de proyectos que pretende aumentar los ingresos para combatir el déficit fiscal, que en el 2015 ascendió al 5.9% del PIB.

“Sin nuevos ingresos que permitan cubrir necesidades apremiantes y honrar pagos, esta deuda acumulada por años aumentará cada vez más. Si bien estamos recaudando mejor y hemos logrado desacelerar el incremento en los gastos, el déficit, aunque controlado, sigue en niveles que atentan contra la sostenibilidad en el mediano plazo”, afirmó Fallas.

El 16.9% del presupuesto se destinará a la educación, con el fin de cumplir con el mandato constitucional de invertir el 8% del PIB en este sector.

El 31.2% irá dirigido a diversas transferencias para los municipios, la Caja Costarricense del Seguro Social, pensiones y un fondo especial para las universidades públicas.

“Estamos ante un proyecto de presupuesto elaborado responsablemente. Aun cuando debemos honrar compromisos de pago equivalentes a un tercio del monto total, para el 2017 aumentamos en un 26% la inversión en obra pública con respecto al año anterior y estamos protegiendo los programas sociales”, aseveró Fallas.

El Gobierno costarricense ha insistido en que el déficit fiscal que viene acumulando el país desde el 2008 no es sostenible en el mediano y largo plazo, por lo que ha propuesto un paquete de leyes al Congreso para aumentar ingresos y controlar gastos.

Entre los proyectos más polémicos se encuentra uno que pretende convertir el impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado del 15% y otro para luchar contra el fraude fiscal que crea un registro de accionistas de las sociedades anónimas y da potestades a los jueces para embargar cuentas bancarias.

También hay una iniciativa que pretende homologar las escalas salariales en el sector público, recortar pluses salariales y revisar convenciones colectivas con el objetivo de recortar los gastos del Estado.

A esto se oponen los sindicatos que afirman que los trabajadores del sector público pagan sus impuestos y que los culpables del déficit son los grandes empresarios que evaden al fisco.