Ley de Acceso a la Información Pública

Empresarios avalan confidencialidad en negociación de aranceles con EE. UU., pero critican reserva por 7 años

Tue, 15 Jul 2025 11:00:00 +0000

Efecto Trump

Empresarios avalan confidencialidad en negociación de aranceles con EE. UU., pero critican reserva por 7 años

El Gobierno de Guatemala discute en secreto los gravámenes impuestos por Trump y asegura que es una exigencia diplomática. El sector privado avaló la reserva porque está en el marco de una exigencia diplomática de ese país, aunque cuestionó el plazo el cual considera amplio.

Rosa María Bolaños

15 de julio de 2025

05:00h

La negociación por los aranceles entre Estados Unidos y Guatemala será confidencial, para lo cual ya se firmó un acuerdo entre ambos países y el gobierno de Guatemala declaró reserva de la información por siete años. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El Ministerio de Economía (Mineco) clasificó como reservada durante siete años la información relacionada con las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, en el marco de un futuro “acuerdo de comercio recíproco”. Además, se contempla la posibilidad de ampliar el plazo cinco años más.

El sector privado avaló la reserva porque está en el marco de una exigencia diplomática de ese país, aunque cuestionó el plazo el cual considera amplio.

Con la resolución 000470, publicada ayer, el Mineco establece la reserva de la información relacionada con las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Aunque no menciona expresamente la palabra “aranceles”, el documento alude a un posible “acuerdo de comercio recíproco” (Agreement on Reciprocal Trade).

Avalan secretividad, pero por tiempo corto

El sector empresarial se pronunció acerca de declarar confidencial la información relacionada con las negociaciones que el Gobierno de Guatemala sostiene con autoridades de Estados Unidos, por los aranceles del 10% que este país impuso a productos guatemaltecos.

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Charles Bland, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y de la Cámara del Agro (Camagro), comentó respecto del acuerdo de confidencialidad firmado por Guatemala y la reserva de información aprobada por el Gobierno que se trata de medidas comunes cuando se discuten asuntos diplomáticos o de seguridad nacional. Por lo tanto, no lo ven como algo extraordinario, sino como una práctica normal que permitirá que las discusiones avancen con mayor rapidez.

Considera importante que cada país sostenga sus negociaciones bajo cierta confidencialidad, al menos hasta que concluyan. Esto permite mayor libertad para plantear los puntos del país y expresar sus necesidades ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), agregó.

El sector privado tiene ahora expectativas sobre los anuncios que hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 1 de agosto, en cuanto a posibles cambios respecto de Guatemala.

En cuanto al plazo de siete años de reserva, Bland opina que es un período algo extenso, aunque podría tener como propósito garantizar que no se violen los acuerdos de confidencialidad. Dijo desconocer el motivo de dicho plazo, pero afirmó que, al concluir las negociaciones, la información debería liberarse.

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) respaldó la medida, según su director general, Amador Carballido.

El directivo señaló que la organización ya había advertido sobre la confidencialidad, y afirmó que el Ministerio tomó la decisión para evitar señalamientos sobre negociaciones “a espaldas” de la población.

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“De no establecerse la reserva, quienes se opongan a algún aspecto de las conversaciones podrían filtrar o distorsionar la información, llegando incluso a inventar supuestos temas negociados”, resaltó Carballido.

Avance en discusión

Enrique Lacs, exministro de Economía y exnegociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, explicó que estas medidas son evolutivas: lo discutido en una reunión puede cambiar en otra, lo que justifica la reserva, pero, una vez alcanzados los acuerdos, no es necesario mantener el secreto.

Lacs agregó que si solo Estados Unidos modifica aranceles, será ese país el que lo anuncie, sin pasar por el Congreso de la República. Pero si Guatemala también modifica, deberá divulgarlo y ser ratificado por el Legislativo. “El Gobierno debe informar lo que negoció y sus resultados al concluir el proceso, no siete años después”, puntualizó.

Acuerdos similares

Según información de autoridades oficiales de cada país, así como medios de comunicación internacionales, han firmado acuerdos de confidencialidad con Estados Unidos para la negociación de aranceles y aspectos comerciales países como Filipinas, Chile, Argentina y Costa Rica.

En julio del 2025, el Gobierno de Filipinas reconoció que existe un acuerdo de confidencialidad con Estados Unidos para las negociaciones sobre tarifas.

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Por aparte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile indicó que, entre el 28 y 31 de julio, una delegación de ese país sostendrá en Washington D.C. la segunda ronda de conversaciones presenciales con sus contrapartes de la USTR. Indicó que se acordó la firma de un acuerdo de confidencialidad y la definición de un cronograma de trabajo.

En mayo del 2025, Argentina inició su negociación para mitigar los aranceles, en un acuerdo de reserva o confidencialidad. Antes de dirigirse a Estados Unidos, en esa ocasión, el embajador Carlos María Kreckler y el resto de la comitiva firmaron un acuerdo de confidencialidad (NDA, en inglés) para preservar la información ante terceros.

En Costa Rica, aunque no hay información oficial divulgada por las autoridades al respecto, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria informó en junio último que ha participado en tres reuniones con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para abordar la negociación de los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos, pero que han sido solo de carácter informativo y que no les dieron detalles específicos sobre el contenido.

Infografía acerca de la reserva negociación aranceles. (Foto, Prensa Libre: Infografía).

Antecedente

Confidencialidad por compra de vacunas

El 11 de enero del 2021, la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, explicó que se habían firmado cuatro acuerdos de confidencialidad para la adquisición de las vacunas contra el covid-19, entre octubre del 2020 y enero del 2021.

La entonces funcionaria dijo en esa oportunidad que se habían firmado algunos acuerdos de confidencialidad con el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se esperaba que los fármacos llegaran al país en febrero del 2021.

Los acuerdos de confidencialidad para adquirir estas vacunas incluyeron los de AstraZeneca, en octubre del 2020; el de Sputnik V y el de Pfizer, ambos en noviembre del 2020; y con Moderna, en enero del 2021.

Crítica

La que más se cuestionó fue la de las vacunas rusas Sputnik V, por lo que en marzo del 2021 se firmó un contrato para adquirir 16 millones de dosis de este biológico. Este fue firmado por Flores con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, en inglés).

Según información divulgada en abril del 2024, Flores se negaba a entregar a la Contraloría General de Cuentas la copia del contrato, alegando que rompería el convenio de confidencialidad.

Mineco clasifica como reservadas las negociaciones arancelarias con EE. UU. y presidente Arévalo justifica medida

Mon, 14 Jul 2025 16:36:28 +0000

Aranceles

Mineco clasifica como reservadas las negociaciones arancelarias con EE. UU. y presidente Arévalo justifica medida

El Ministerio de Economía (Mineco) clasificó como reservada por siete años la información sobre las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. La medida podrá extenderse cinco años más si persisten las causas. El presidente Arévalo justificó la decisión como una exigencia diplomática del gobierno estadounidense.

Rosa María Bolaños

14 de julio de 2025

10:36h

La ministra de Economía, Gabriela García; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez; y el Embajador de Guatemala en Washington, Hugo Beteta, se reunieron con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), embajador Jameson Greer (segundo de izquierda a derecha), el 27 de mayo para dar paso a negociar aranceles. (Foto, Prensa Libre: @GuatemalaGob).

El gobierno, por medio del Ministerio de Economía (Mineco), clasificó como reservada por siete años la información relacionada con las negociaciones de aranceles con Estados Unidos, en el marco de un futuro “Acuerdo de Comercio Recíproco”. Además, se contempla la posibilidad de ampliar dicho plazo.

Con la resolución número 000470, publicada este lunes 14 de julio del 2025, el Mineco establece la reserva de la información relacionada con las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Aunque no menciona expresamente la palabra “aranceles”, el documento alude a un posible “Acuerdo de Comercio Recíproco” (Agreement on Reciprocal Trade).

El plazo es de siete años y puede extenderse hasta cinco años más, si persisten las causas que originaron la clasificación de la información como reservada, se agrega en la resolución.

La vigencia inicia el día posterior a la publicación en el diario oficial, es decir, el 15 de julio del 2025.

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En el artículo 1 se especifica que se reserva toda la información relacionada con:

Documentación que contenga propuestas.
Material explicativo adjunto.
Documentos marco y términos de referencia.
Anexos, correos electrónicos y cualquier otra información intercambiada con funcionarios o negociadores estadounidenses.
La información que será recibida por parte de entidades del sector privado de Guatemala involucradas en la negociación.
Documentación elaborada por el Mineco u otras dependencias del Estado para el desarrollo del acuerdo.

La reserva aplica sin importar el medio o la forma de transmisión, ya sea fax, correo electrónico, notas o cartas, se añade en la resolución.

El gobierno argumenta que la reserva es necesaria, ya que la divulgación de esa información podría afectar la estabilidad económica del país, debido a lo sensible de los asuntos negociados. Esto, conforme al artículo 23, numeral 6, del Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública.

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La documentación quedará bajo custodia del viceministro de Integración y Comercio Exterior del Mineco, quien podrá delegar dicha responsabilidad.

La resolución está firmada por la ministra de Economía, Adriana Gabriela García Pacheco, y el viceministro Administrativo y Financiero, Carlos Antonio Morales Maza.

#PortadaPL | Le compartimos algunas noticias que encontrará en nuestra edición de este jueves 12 de junio.

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— Prensa Libre (@prensa_libre) June 12, 2025

Presidente justifica medida como parte de la diplomacia

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, explicó durante la conferencia gubernamental “La Ronda” de este lunes que Estados Unidos exigió confidencialidad como condición para negociar los aranceles.

“De manera que el país que quiere negociar los aranceles tiene que aceptar el principio de confidencialidad de la negociación”, expresó Arévalo.

Añadió que, una vez finalizadas las negociaciones, se acordará qué información puede hacerse pública. Señaló que la confidencialidad tiene un plazo definido y responde a un procedimiento establecido.

Asimismo, justificó la reserva como una práctica común en temas diplomáticos, en este caso por tratarse de la relación bilateral con Estados Unidos.

Reservas de información en la CC y la CGC deben llamar a la reflexión, dicen expertos

Fri, 28 Jun 2024 11:00:00 +0000

comunitario

Reservas de información en la CC y la CGC deben llamar a la reflexión, dicen expertos

Especialistas aseguran que decisiones de la Corte de Constitucionalidad y Contraloría de Cuentas llaman a reflexionar sobre qué ocurre con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Raúl Barreno Castillo

28 de junio de 2024

05:00h

La Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas decidieron reservar información esta semana. No obstante, la segunda institución dio marcha atrás ante la presión social. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Anabella Morfin, expresidenta del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coinciden en que es momento de reflexionar sobre la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su papel, que ha sido fundamental desde 2008, cuando nació a la vida jurídica.

Ambos expertos aseguran que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) llaman a verificar qué ocurre con la aplicación de la ley, y el papel fundamental que juega la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en su cumplimiento.

Para la expresidenta del Cedecon, Anabella Morfín, las decisiones de los últimos días afectan lo constitucional porque son decisiones arbitrarias para no revelar información pública que debería de estar al alcance de la población.

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“La Constitución establece que todas las acciones administrativas del Estado son públicas, con las excepciones puntuales de actos diplomáticos y de seguridad nacional”, opina.

Incluso, explica, sobre la seguridad nacional, la CC ha hecho análisis al respecto y resuelto que se trata del cuidado de la nación frente a otros Estados, pero no de la seguridad de personas. Por esa razón, explica Morfín, le resulta arbitrario que hayan tomado tales decisiones.

Para Morfin el manejo correcto de los recursos públicos inspiró la Ley de Acceso. “Si hicieron una erogación deben rendir cuentas. Los recursos públicos deben manejarse en forma transparente”, asegura.

Para la expresidenta del Cedecon “es preocupante que haya empezado la CC con reservar la información, y seguido la CGC, porque ¿Quién controla a la CGC? Que tiene como fin vigilar y supervisar el gasto de todas las instituciones, pero nadie los audita a ellos de cómo manejan los recursos”.

Morfin considera que limitar el acceso a la información es inconstitucional. “El mensaje que manda con estas decisiones es que hay cosas ocultas que no quieren que se sepan”, reflexiona.

“Hay situaciones que en siete años se nos olvidan, pero tienen 20 años de obligación por la Constitución para aclararlas”, analiza.

Morfin cree que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información porque son poseedores constitucionalmente de ese derecho. “Es necesario que den marcha atrás a esas decisiones arbitrarias”, opina.

“Para nada favorece a los guatemaltecos en la lucha por erradicar la corrupción este tipo de decisiones”, resalta Morfin.

Morfin tiene claro que la “publicidad de los actos administrativos es incuestionable. La actitud del nuevo gobierno es impugnar, cuestionar y usar los procesos correspondientes. No se puede tolerar todo esto en la lucha contra la corrupción”. Morfin, puntualiza que deplora que la CC lo haya hecho.

Importante y vital

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asies, explica que la implementación de la LAIP hace más de15 años ha sido importante y vital.

“El hecho de que en este momento algunas instituciones, incluida la CC, dispongan de reservar la información, es un llamado de atención para reflexionar y retomar la naturaleza y el propósito de la LAIP”, expresa Hurtado.

Para Hurtado los presupuestos del Estado no le pertenecen a nadie, sino que son producto del pago de impuestos y otros ingreso. “La población concede este derecho para cumplir los fines de cada institución”, asegura.

Hurtado es de la opinión que en la administración pública “debe prevalecer la máxima publicidad, salvo los casos puntuales en que se pueda reservar la información”.

“La decisión de la CC, más el intento en la CGC, nos deben invitar a reflexionar y evaluar si todos los gobernantes y gobernados estamos en la misma sintonía. Tener claro los elementos”, asegura Hurtado.

Para el secretario ejecutivo de Asies “el mensaje que mandan, con las decisiones, es que no estamos en la misma sintonía sobre cuál es la información pública y sobre qué se puede reservar”.

“En el caso de la CC se alega un argumento de seguridad. Sabemos que han sido víctimas de riesgos, y se preserva, pero no puede ser a costa de la publicidad de la información. Debe ser accesible”, argumenta.

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Dan marcha atrás

La CGC dejó sin efecto la resolución A-068-2024, que publicó el 26 de junio en el Diario de Centro América y donde declaraba que cierta información no sería pública por los próximos siete años.

El rechazo de diversos sectores a la medida, que no solo pudo haber beneficiado al gobierno actual sino a los dos anteriores por la información que intentaban dejar en “privado y sin acceso a la población”.

No obstante, en comunicado de dos párrafos, la CGC, aseguró: “La Contraloría General de Cuentas expresa su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública en el marco de la transparencia y rendición de cuentas”.

“En ese contexto y de acuerdo con la alta importancia de fortalecer todos los mecanismos e instrumentos que hagan viable ese derecho, la Contraloría General de Cuentas informa a la sociedad guatemalteca la decisión de dejar sin efecto la Resolución A-068-2024”.

Reservan esquema de seguridad

La Corte de Constitucionalidad (CC) fue la primera en declarar reservada información relacionada con acciones de la alta magistratura. Lo hizo dos días antes que la CGC.

La CC publicó el 24 de junio de 2024, en el Diario de Centroamérica, la resolución 1-2024 de fecha 19 de junio de 2024, en la que declara “clasificar de información reservada aquella que tenga que ver con los magistrados titulares y la descripción del esquema de seguridad, la identificación del personal que les presta seguridad, la descripción del tipo de armamento que porta el personal de seguridad y la descripción de las asignaciones de vehículos a los magistrados de la CC”.

La información que se clasifica y reserva es “el contenido total de los documentos identificados como 0278, 0277, 0279, 0280, 3068, 3069, 3216, 3269, 4085, 4596, 4598, 4928, 4944, del Departamento de Inventarios de la Dirección Financiera; del libro control de asignación de personal de seguridad a magistraturas, esquemas de seguridad y equipo, de los folios cero uno (01) al treinta y tres (33) del Departamento de Seguridad”.

La justificación de la CC fue porque “durante los últimos meses se ha dado un incremento de incidentes que han constituido amenazas reales y tangibles contra la integridad de los magistrados de esa instancia”.

Según la presidencia de la CC, estos hechos provocaron la presentación de denuncias penales y también ante organismos internacionales.

Hasta ahora, el Ministerio Público (MP) no ha dado a conocer si es afirmativo que hay denuncias de magistrados titulares por amenazas o ataques.

Contraloría General de Cuentas da marcha atrás en reservar información durante siete años

Thu, 27 Jun 2024 17:15:47 +0000

política

Contraloría General de Cuentas da marcha atrás en reservar información durante siete años

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dejó sin efecto la resolución A-068-2024 que publicó el 26 de junio en el Diario de Centro América y donde declaraba que cierta información no será pública.

Raúl Barreno Castillo y Douglas Cuevas

27 de junio de 2024

11:15h

La Contraloría General de Cuentas dará marcha atrás a la decisión de reservar información por los próximos siete años, según fuentes de la institución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dio marcha atrás a la declaración de reserva de información de la institución por los próximos siete años, según confirmó la entidad fiscalizadora del Estado en sus redes sociales.

Las fuentes manifestaron que las autoridades de la CGC, ante las críticas que surgieron posterior a la publicación de la decisión en el diario oficial, decidieron retractarse bajo el argumento de “respetar el acceso a la información en el marco de la transparencia y rendición de cuentas”.

Por esa razón, según la información oficial, este jueves 27 de junio la CGC publicó la decisión de “dejar sin efecto la resolución A-068-2024”, que le dio vida a la reserva de información por los próximos siete años, algo que en esta misma semana hizo la Corte de Constitucionalidad, relacionado con su esquema de seguridad.

El contenido

La CGC publicó el 26 de junio del 2024 en el Diario de Centro América la resolución A-068-2024, que establece reservar la información de herramientas y procesos de fiscalización por los próximos siete años.

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La CGC declaró como reservada la información acerca de los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, según consta en la publicación del diario oficial.

También los informes jurídicos, oficios, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncias, denuncias, demandas o documentos legales emitidos como resultado de las fiscalizaciones.

La institución fiscalizadora basó dicha resolución en el artículo 23, numeral 9, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que refiere sobre información reservada que sea determinada de esa forma por efecto de otra ley.

La resolución establece que la información bajo reserva la podrá conocer solo el titular del derecho, “que garantice la confidencialidad de los detalles que se le confíen”.

La Contraloría General de Cuentas, expresa su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. pic.twitter.com/aFLSMFFwDT
— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) June 27, 2024

En contra

El diputado de la bancada VOS, José Chic, presentó un recurso de revisión en la Contraloría. El legislador considera que fue una mala decisión y esperaría que cumplan con dar marcha atrás a la decisión de reservar información de la entidad fiscalizadora.

Chic comentó que también analizan de presentar acciones contra la Corte de Constitucionalidad por haber tomado la misma decisión esta misma semana.

El legislador criticó al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, por haber emitido una escueta postura respecto de este tema.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

También se pronunciaron el presidente Bernardo Arévalo, quien publicó en redes sociales que “reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió”.

Según el mandatario, “es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada”.

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, opina que esta decisión es cuestionable porque reservan información “normal” de la Contraloría.

“Son gestiones de trámites normales que no ameritan reservarse”, asegura. Marroquín también anunció presentar acciones legales por tales medidas.

“Ellos no pueden ni deben reservar procedimientos, ni auditorías. Es a todas luces ilegal, no se justifica. La ley establece cuando una reserva es necesaria, pero este no es el caso”, argumenta.

Por esa razón, según el fundador de AC, presentarán un recurso de revisión “en contra de la clasificación de información reservada que publicó la Contraloría porque vulnera la máxima publicidad de los actos administrativos que establece la Constitución y el derecho humano al Acceso a la Información”.

De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana, esta decisión, como la de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), es parte de “una ola que pretende generar opacidad en las instituciones de control”.

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Wed, 26 Jun 2024 21:02:39 +0000

política

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Surgen críticas porque el ente fiscalizador declaró bajo reserva información sobre sus procesos.

Raúl Barreno Castillo

26 de junio de 2024

15:02h

La Contraloría General de Cuentas declaró en reserva información relacionada con su trabajo cotidiano por los próximos siete años. La primera institución que lo hizo fue la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Contraloría General de Cuentas (CGC) publicó este 26 de junio del 2024 en el Diario de Centro América la resolución A-068-2024, que establece reservar la información de herramientas y procesos de fiscalización por los próximos siete años.

La CGC declaró información reservada la información acerca de los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, según consta en la publicación del diario oficial.

La resolución establece que la información bajo reserva la podrá conocer solo el titular del derecho, “que garantice la confidencialidad de los detalles que se le confíen”.

El presidente Bernardo Arévalo, en sus redes sociales, publicó que “reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió”.

Deben dar el ejemplo

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Son gestiones de trámites normales que no ameritan reservarse”, asegura.

“Ellos no pueden ni deben reservar procedimientos, ni auditorías. Es a todas luces ilegal, no se justifica. La ley establece cuando una reserva es necesaria, pero este no es el caso”, argumenta.

Según Marroquín, el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si estas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Será procedente el recurso de revisión”.

Para el fundador de AC la decisión del contralor, Frank Helmuth Bode Fuente, puede encuadrar en el delito de retención de información.

“Este acuerdo incumple con los requisitos establecidos para la clasificación de información reservada y vulnera la Constitución”, opina Marroquín.

Reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió. Es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas.

Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 26, 2024

“La inició la CC, institución de control constitucional, sobre cómo gasta sus recursos en brindar seguridad a sus magistrados. Dio el ejemplo de reservar información y ahora lo hace la CGC. Son entidades de control, que deberían de dar el ejemplo de transparencia, porque velan porque se cumpla la ley”, manifiesta Marroquín.

Que usen el máximo legal para reservar información, y que eso coincida con los dos últimos gobiernos, de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, es curioso, expresa Marroquín, pero agrega, “también los delata”.

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Declarar una información en reserva se debe justificar. “Hoy no solo lo hace la CC y la CGC, que deben explicar por qué. Sino que también lo hacen las alcaldías del país, que tienen un relajamiento absoluto, porque ya no responden solicitudes de información”, refiere.

“El debilitamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ente rector, es uno de los problemas para que se genere este tipo de situaciones”, indicó Marroquín.

Se consultó con la CGC una postura respecto de la decisión de declarar la reserva, pero hasta ahora no han brindado más detalles al respecto. Se está a la espera de una respuesta.

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El Procurador de los Derechos Humanos

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, en un comunicado publicado en redes sociales, reiteró “su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, pilares fundamentales para una sociedad democrática y participativa”.

Según Córdova es importante “recordar que el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que, todos los actos de la administración son públicos, bajo ese contexto, los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten, la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

#ComunicadoPDH | El @PDHgt, Dr. Alejandro Córdova, a la opinión pública hace saber que: pic.twitter.com/YZWTTJeMIc
— PDH Guatemala (@PDHgt) June 26, 2024

Pero acotó que la Ley de Acceso a la Información Pública “establece los límites en dicha materia, desarrollando lo correspondiente a la confidencialidad y a la reserva. Además, dicho cuerpo legal regula el procedimiento y requisitos para reservar la información”.

“Es fundamental que cualquier decisión de reservar información se realice con estricta observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad, asegurando que no se vulnere el derecho a la ciudadanía a acceder a la información pública. Este derecho es esencial para la rendición de cuentas y la participación informada de la población en los asuntos públicos”, expuso.

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Wed, 26 Jun 2024 11:00:00 +0000

justicia

CC “estiró mucho la ley” al declarar la reserva de información, dice constitucionalista Carlos Molina Mencos

El abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos cree que la Corte de Constitucionalidad (CC) “estiró mucho la ley” al declarar la reserva de la información relacionada con el esquema de su seguridad.

Raúl Barreno Castillo

26 de junio de 2024

05:00h

La presidencia de la Corte de Constitucionalidad declaró reservada la información acerca de su esquema de seguridad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) publicó el pasado lunes 24 de junio del 2024 en el Diario de Centro América que la información relacionada con la seguridad de sus magistrados no se podrá conocer durante siete años.

El hecho ocurre después de conocerse que la CC, entre el 2023 y 2024, ha erogado unos Q6.4 millones solo en compra y blindaje de vehículos para uso personal de los magistrados titulares.

La CC, entonces, declaró la reserva de toda información relacionada con su seguridad, gastos que no podrán revelarse antes del máximo plazo que permite la ley en esta materia.

La información de las compras de vehículos y su blindaje fue publicada en Guatecompras, trascendió, y según fuentes de la CC, habría orillado a la presidencia a tomar la decisión de limitar el acceso a la información bajo el “argumento de que se quería conocer el esquema de seguridad de los magistrados”.

Prensa Libre conversó con el abogado constitucionalista, Carlos Molina Mencos acerca de la decisión del máximo tribunal guatemalteco y estas son sus consideraciones.

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¿Qué piensa al respecto de la decisión de la Corte de declarar la reserva de información?

La idea del artículo constitucional sobre el acceso a la información pública era que nada quedara cerrado, con excepción de aquellos casos que eran diplomáticos o militares, básicamente. La razón es obvia.

¿Qué establece la Ley de Acceso a la Información Pública al respecto?

No creo que tengan que declarar confidencial o en reserva algo así, pero aun así hay una serie de requisitos para hacerlo. Los considerandos del Decreto 57-2008 son que esté abierta la información, el segundo, tercero y cuarto considerandos hablan sobre eso.

¿Y el artículo primero es claro en la disposición de hacer la información pública?

El artículo primero indica que la presente ley tiene por objeto garantizar a toda persona interesada el derecho a solicitar y tener el acceso sobre la información. Además, expresa como obligatorio el principio de máxima publicidad y garantizar que todos tengan acceso a los actos de la administración pública.

Los principios sobre la máxima publicidad y la transparencia son indispensables. Pero hay que tomar en cuenta que en la ley se incluye a la Corte de Constitucionalidad.

¿La Corte es un sujeto obligado?

En el artículo sexto, en el numeral quinto, habla específicamente de la Corte de Constitucionalidad y es uno de los 35 sujetos obligados a dar acceso a la información pública.

Y sobre la información reservada ¿Qué ocurre?

Eso también lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo define en el artículo 9, definiciones. En el inciso 7 define la información reservada como aquella información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento establecido.

No hay ninguna ley que haya declarado con reserva. Creo que podría tener reserva ciertos detalles, por ejemplo, estoy hablando sin saber, el blindaje de los vidrios, o el grado de blindaje de los mismos. porque alertaría a usar algún tipo de arma que podría perforarlo. Pero la compra, la marca y los precios no creo que se puedan poner en reserva o con confidencialidad.

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¿El tipo de blindaje podría reservarse, pero no el resto, la marca, el modelo, el costo?

El blindaje lo acepto, pero costo, marcas y tipo de vehículo no lo puedo ocultar. No es reservable ni es confidencial. Pero algo importante. Está bien que no me digan el tipo de blindaje, pero si es necesario saber quién lo blindó.

¿Considera que la CC se extralimitó o debió explicar mejor la disposición?

Mi miedo, pensando muy mal, es que los precios no concuerden. Me compro una camioneta grande y la blindo, eso tiene un costo. El precio del vehículo lo puedo tener, pero el del blindaje lo puedo jugar. Pensando mal.

¿No cabía este rubro para declararlo en reserva?

Para mí no cabe en nada de lo que es reserva. La clasificación de la información reservada se debe hacer mediante resolución de la autoridad. Eso sí lo hicieron. En el artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información, acerca de la prueba de daño, se establece que en caso de que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de tres requisitos. No dice uno, sino los tres.

El primero, que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas en esta ley; que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia. Yo no veo ningún riesgo en cuanto a vehículos, marca y costo. Tome en cuenta que la reserva implica la totalidad o parcialmente los datos que no deban ser divulgados.

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¿Qué debería de pasa ahora, según su perspectiva?

Es que lo peor es que no es demasiado importante, entonces no creo que vaya a pasar nada.

¿Se podría exigir la información?

Sí, pero si la niegan, usted no se va a morir por no tenerla. El asunto es que hay que abrir todo, porque quien nada debe nada teme. La reserva y la confidencialidad va en contra de la norma constitucional que es apertura total información. Lo que sí creo es que se estiró la ley para la interpretación.

Cuáles son los archivos que administra el Ministerio de Gobernación y cómo se puede acceder a estos

Tue, 31 Jan 2023 22:07:16 +0000

El Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó en el diario oficial los informes anuales sobre el funcionamiento y finalidad de los archivos de sus distintas dependencias. En estos se regulan los procedimientos que deben seguir las personas interesadas en acceder a la información que estos resguardan.

Los documentos publicados refieren los objetivos de cada archivo, los servicios que prestan y las categorías de la información que almacena. Es decir, si es pública, confidencial o reservada, entre otros detalles.

El Mingob informó que la publicación se hace en cumplimiento al artículo 10, inciso 26, de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), el cual refiere que “los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo”.

Los archivos que administran las distintas dependencias de la cartera son los siguientes:

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Archivo de la Dirección Superior
Archivo Histórico de Escribanía de Cámara y de Gobierno
Archivo de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
Archivo de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria
Archivo de la Unidad Especial Antinarcóticos
Archivo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia
Archivo de Registro de Personas Jurídicas
Archivo de la Dirección General de la Policía Nacional Civil
Archivo de la Dirección General de Inteligencia Civil
Archivo de la Dirección General del Sistema Penitenciario
Archivo de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada
Archivo de la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional

La mayoría de los archivos refieren que bajo su resguardo almacenan información que es, bien sea pública, confidencial o reservada.

La única dependencia que refirió que toda su información es confidencial es la Dirección General de Inteligencia Civil. Sin embargo, la institución no aclara en el reglamento si esto incluye documentos sobre contrataciones públicas o información financiera. Se consultó con el departamento de comunicación qué tipo de información consideran confidencial, pero no hubo respuesta al cierre de la nota.

Archivos

Gustavo García Fong, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que de conformidad con la Laip “cualquier ciudadano que tenga interés o quiera conocer algún dato personal contenido en los archivos puede solicitarlo”.

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Las reservas únicamente aplican en temas de seguridad nacional o cuando revelar la información pueda causar un perjuicio o daño a actividades de investigación, prevención o persecución de delitos, por ejemplo.

“Hay entidades que comparten información, que cumplen con los plazos, y hay otras en las que es más complicado acceder a sus informaciones. Se debe ir consolidando una cultura de transparencia y proporcionar acceso a la información de manera generalizada a todos los ciudadanos”, dijo el analista.

Al consultar con el Mingob, se informó que la publicación de los informes no modificarán ningún procedimiento para acceder a la información pública. Asimismo, agregaron que en el caso de la Digici, su Ley constitutiva establece en su artículo seis que sus actividades, organización, medios, procedimientos, personal, instalaciones, centros de datos y fuentes de información se consideran asuntos de seguridad nacional.

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Wed, 04 Jan 2023 11:00:03 +0000

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) emitió un acuerdo mediante el cual prevé cobrar Q1 por reproducción de cada copia cuando se solicite información pública. Pero este acuerdo contradice los principios legales y busca obstaculizar el derecho de informarse sobre asuntos públicos, advierten analistas.

De acuerdo con el acuerdo 1299-2022, la tarifa aplicará a partir de la copia número 11. Además, también se cobrará Q15 por cada unidad de disco compacto.

“La disposición tiene fundamento legal en lo regulado por el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el que se faculta a las entidades del Estado a realizar el cobro de los gastos por reproducción de la información”, reza el acuerdo.

Asimismo, se indica que la persona interesada en obtener información pública podrá aportar los materiales necesarios para la reproducción de la información pública que solicite. Caso contrario, “se cobrará el valor de estos de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente acuerdo ministerial”, reza el acuerdo.

Los recursos obtenidos producto de los cobros que se haga a los solicitantes podrán ser utilizados por la cartera para funcionamiento o inversión y será la Dirección Administrativa Financiera de la Dirección Superior, en coordinación con la Unidad de Acceso a la Información Pública, las que deberán registrar los fondos en sistemas administrativos y presupuestarios.

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El acuerdo entró en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial, es decir el 23 de diciembre pasado.

Verificamos por Usted: ¿Puede ser confidencial la información de la administración pública?

Wed, 15 Jun 2022 11:00:26 +0000

Durante el actual gobierno las instituciones estatales se han caracterizado por declarar confidencial información que concierne a la administración pública. Sin embargo, esta es una práctica incorrecta e ilegal.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), vigente desde el 2009, regula los procedimientos para que cualquier persona pueda conocer información sobre el desempeño de las entidades y sujetos que administran recursos públicos. Para hacerlo, basta con formular una solicitud por medio de la Unidad de Información Pública (UIP) de cada dependencia identificándose con nombre y apellido.

La normativa se rige bajo los principios de máxima publicidad, transparencia en el manejo los recursos estatales, gratuidad y sencillez y celeridad de los procedimientos. Sin embargo, cada vez se ha vuelto más recurrente que funcionarios y autoridades gubernamentales obstaculicen el acceso a la información, ya sea por desconocimiento de la ley o por el empeño en mantener en secreto asuntos que por su naturaleza deben ser públicos.

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El problema se agrava, ya que a menudo el derecho de conocer a la información pública facilita el ejercicio de otros derechos, como el de la salud, libertad de expresión y libertad de prensa.

María del Carmen Peláez, de la organización Diálogos, explica que hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) que establecen que la información confidencial o reservada no debe ser la regla, sino la excepción.

Un ejemplo de ello la sentencia del expediente 3334-2011 de la CC, la cual dice que “la regla general debe ser la de aplicar el principio de máxima publicidad cuando se requiere información pública”.

Agrega que las únicas limitantes son las referidas en el artículo 30 constitucional, el cual dice que no serán públicos los asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Limitar el acceso a la información pública “es inconstitucional y carece de fundamento”, dicen analistas

Tue, 07 Jun 2022 11:00:29 +0000

Luego de dos décadas y por primera vez, la Policía Nacional Civil (PNC) dejó de proporcionar estadísticas de violencia homicida desglosada y otros delitos contra la vida a nivel municipal y departamental, argumentando que son datos confidenciales, o bien, que ya no se cuenta con los mismos.

Las organizaciones dedicadas a analizar el fenómeno de la violencia a la que se le negó parcialmente la información son Diálogos y el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales.

Expertos en materia de seguridad consideran que la referida decisión carece de fundamento y es inconstitucional, de acuerdo con lo que establece la carta magna de Guatemala.

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Inconstitucional y carece de fundamento

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 30 establece que “todos los actos de la administración son públicos”, recuerda el abogado Gabriel Orellana y mencionó que si bien, existen algunas excepciones estas “no encaja ningún motivo para negar determinadas estadísticas”.

El profesional explicó que las estadísticas son susceptibles de interpretación de acuerdo con la metodología y la forma en que se trabajan los datos, por parte de las organizaciones. A criterio del constitucionalista es “una fragante violación de la constitución” derivado a que violenta la libre emisión del pensamiento y el libre acceso a la información.

Orellana recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos también “protege tanto la libre emisión de pensamiento como el libre acceso a la información” y lo podrían negar en base a un criterio de censura previa y no es acorde a lo que establece la Constitución.

Además, la Convención cuenta con las mismas disposiciones “protege tanto la libre emisión de pensamiento, como el libre acceso a la información”, por lo que es importante analizar los argumentos por parte del Ministerio de Gobernación para justificar la negativa de proporcionar información y los afectados podrían presentar acciones legales a fin de frenar “este atropello” dijo Orellana.

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El abogado considera que, si uno de los argumentos es la posible distorsión del contenido de la información, lejos de ayudar a resolver la situación, más la están empeorando “porque dan margen a pensar que precisamente la situación puede estar peor de lo que está y por eso ocultan la información”.

“Daña mucho la imagen internacional del país” porque se están alcanzando extremos donde no hay acceso información y podría generar repercusiones muy lamentables para Guatemala, la decisión se considera como “inconstitucional, no tiene fundamento y no existe argumento para negar información” y advirtió que “ya estamos dentro de un Gobierno autoritario” y se ha recibido de forma inconsciente e irresponsablemente.

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Se violan derechos adquiridos

María del Carmen Pelaez, analista de Diálogos, comenta que ya presentaron un recurso de revisión contra la decisión ministerial de ocultar los datos de violencia homicida y esperan que el mismo sea resuelto con lugar.

“Hay derechos constitucionales que están por encima de cualquier otra disposición. Hablamos de la emisión del pensamiento y del acceso a la información. Hay una obligación del Estado de procurar publicidad y transparencia”, dijo Pelaez.

Asimismo, recuerda que, en años anteriores, las estadísticas de homicidios desagregadas por departamentos y municipios ya ha sido entregada, por esta razón resulta imposible que ahora el Ministerio de Gobernación argumente que no la tiene. Además, tampoco puede asegurar que dicha información es reservada.

“Nosotros destacamos el hecho de que, si esta información ha sido otorgada con anterioridad, ahora ya no se puede restringir ese derecho. Porque se trata de un derecho humano adquirido o argumentar de que no se proporcionará porque no están de acuerdo con el uso que se le está dando”, dijo Pelaez.

Recordó que negar esa información es un delito, tal como lo regula la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 66.

“Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida”, reza el artículo.

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Asimismo, se establece una pena de prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de diez mil a cincuenta mil quetzales.

Lo grave, según la entrevistada, es que cada vez hay menos insumos para analizar el índice de criminalidad en el país. Con esto, se ven desprotegidos otros derechos, como el de la seguridad, integridad y a la vida. “Estos análisis que hacemos alertan a la población sobre el nivel en que nos encontramos y también para generar recomendaciones al Estado para atender el fenómeno de la violencia, que a todas luces nos está perjudicando a los guatemaltecos”, sentenció Pelaez.

Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, considera que las declaraciones del ministro confirman el hecho que una de las razones por las cuales se negó la información es porque él estaba enojado con los análisis que hacían tanques de pensamiento y a partir de ahí giró la instrucción de no seguir compartiendo las estadísticas.

Resalta lo preocupante de esto, dado que en 20 años ningún gobierno se había atrevido a limitar el acceso a estos datos. Menchú dice que la tasa de 17.2 homicidios por cien mil habitantes que se reportó en abril pasado es alarmante, puesto que si bien no alcanza los 21.5 que se reportaron a finales de 2019, sí podría igualarla o, incluso, superarla si no se toman las medidas pertinentes.

“Ellos dicen que la tasa de homicidios no ha regresado a los niveles que se reportaron a finales de 2019, pero si siguen acumulando cifras como las que se han venido registrando sí se alcanzarán los niveles de violencia antes de la pandemia pandemia. Si deciden negar la información y quedarse de brazos cruzados en vez de hacer algo, va a continuar el incremento de homicidios”, dijo Menchú.

Cómo puedo hacer una solicitud de información pública

Fri, 28 Jan 2022 11:00:26 +0000

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fue aprobada en 2008 y aunque es conocida por ser usada especialmente por periodistas, también es una herramienta que facilita el trabajo a investigadores, académicos y estudiantes.

Al saber utilizarla, esta ley también puede ayudar a la fiscalización de las autoridades locales y nacionales por parte de la ciudadanía, amparándose en el derecho de acceso a la información pública que es considerado un derecho de nueva generación.

“Información pública será toda la información que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración”, explica el decreto 57-2008.

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Pese a que en los últimos años las autoridades de gobierno se han amparado en esta ley para retardar la entrega de información, sigue siendo un instrumento de valor, explica el experto en información pública, Silvio Gramajo.

“Ayuda muchísimo a la investigación. Todos los reportajes de investigación que uno lee se logran gracias a los datos que uno no podría obtener de otra forma”, indicó.

Gramajo explicó que antes de hacer una solicitud de información, es importante saber qué son datos personales y datos sensibles ya que la ley prohíbe compartir esta información.

Además, la ley también establece qué es información de oficio que debe tener pública cada institución del Estado y que generalmente está publicada en la página web. A esto se refiere directorio de empleados y servidores públicos, información del presupuesto, informes mensuales de ejecución, contrataciones de bienes y servicios, listado de viajes nacionales e internacionales financiados con fondos públicos, listado de asesores con sus respectivas remuneraciones, entre otros.

La autoridad reguladora de esta ley es la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) que pertenece a la Procuraduría de los Derechos Humanos y quien debe supervisar a los sujetos obligados.

La ley señala que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

También establece sanciones a los funcionarios que no entreguen la información, quienes comercialicen con datos personales, alteren o destruyan información en archivos o revele información confidencial o en reserva.

Cosas a tomar en cuenta:

Antes de hacer la solicitud, es importante verificar que la información que se desea pedir no sea de oficio, porque de ser así debe estar en la página web de la institución.
La Unidad de Acceso a la Información Pública de cada entidad tiene como deber ayudar al solicitante a saber cómo pedir la información en caso así se requiera, para garantizar que se haga de una forma clara y precisa.
Las solicitudes pueden hacerse de manera escrita, verbal y electrónica y la Unidad de Acceso debe entregar una constancia de recibido donde se establezcan los plazos de entrega.
La ley establece que los datos que el solicitante debe presentar son nombre completo y datos de contacto (teléfono y dirección electrónica).
La Unidad de Acceso no debe exigir que se manifieste el interés de por qué se requiere la información, ya que su obligación es facilitarla.
El solicitante no debe realizar ningún pago para que la información sea entregada ya que la ley establece el principio de gratuidad.
El tiempo de respuesta es de 10 días hábiles como máximo, pero la autoridad puede solicitar una única ampliación de 10 días más para responder.
Si la autoridad no entrega la información que se requirió, el solicitante puede presentar un recurso de revisión.

TSE revoca resolución que clasificaba en reserva investigaciones iniciadas desde 2020

Tue, 11 May 2021 14:28:48 +0000

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este martes 11 de mayo en el Diario de Centro América la resolución 16 – 2021, la cual deja sin efecto la 10 – 2021 que clasificaba como reservados los expedientes de investigación de la Inspectoría General que se hayan iniciado desde 2020.

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El órgano electoral indicó que el Pleno de Magistrados analizó la resolución 10 – 2021 y se basó en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Acceso a la Información Pública, y decidió revocarla.

La resolución 10 – 2021 fue emitida en marzo último y había sido cuestionada porque no detallaba cuáles expedientes serían declarado en reserva y sectores de la sociedad indicaron que los magistrados podrían, de forma arbitraria, decidir qué encuadraría como reservado y qué no.

Prensa Libre publicó una nota el 27 de abril último, en la que se abordaron las dudas al respecto.

Silvio Gramajo, consultor en temas de acceso a la información pública, dijo que la medida generaba “bolsones de información reservada en los que puede caber cualquier cosa”, por lo que era necesario detallar cuáles expedientes serían clasificados en reserva.

Aparte, el abogado Mario Fuentes Destarac comentó que los partidos políticos “son instituciones de derecho público”. Eso quiere decir que todo lo que se relacione con las actividades de las organizaciones políticas debe ser pública.

“Es extraño que se intente clasificar como reservada la información relacionada con partidos políticos. Yo he sido defensor por que haya acceso de parte de la ciudadanía a todas las impugnaciones de asuntos en materia electoral”, dijo Destarac.

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El 29 de abril, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un recurso de revisión contra la resolución del TSE. “Lejos de cumplir con el principio de máxima transparencia hacen todo lo contrario. En la disposición, casi nada puede ser público, de lo que hagan ellos”, señaló el jefe de la PDH Jordán Rodas.

El @PDHgt @JordanRodas presentó un recurso de revisión por la Resolución 10-2021 del @TSEGuatemala en cual resuelve clasificar como información reservada todos los expedientes de investigación a partir de 2020 que realiza el Inspector General del TSE. pic.twitter.com/G2jreHAkB6

— PDH Guatemala (@PDHgt) April 29, 2021

TSE declara en reserva sus investigaciones y podría violar el libre acceso a la Información Pública

Tue, 27 Apr 2021 11:00:40 +0000

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó en el Diario de Centroamérica la resolución 10-2021, por medio de la cual clasifica como reservados los “expedientes de investigación que se iniciaron a partir del 2020”, sin detallar cuáles en concreto se restringirán.

La información reservada es aquella cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido. Para que una autoridad pueda clasificarla como tal, debe demostrar que el hacerla pública conlleva riesgos, como por ejemplo que su difusión perjudique una investigación judicial en curso.

En el caso del TSE, el pleno de magistrados resolvió que todas las investigaciones que realiza el Inspector General y que se iniciaron a partir de 2020 no podrán ser difundidas al público bajo la justificación publicitar dichos documentos “puede causar un serio daño o perjuicio a las actividades de investigación”.

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Sin embargo, la disposición del TSE genera suspicacias.

En primer lugar, los magistrados no precisan qué expedientes de investigación clasificarán como reservados. Únicamente refieren que son aquellos que se iniciaron en 2020. Al no ser concretos, se corre el riesgo de que, en futuras solicitudes de información, los magistrados, de forma arbitraria, decidan qué puede encuadrar como reservado y qué no, explica Silvio Gramajo, consultor en temas de acceso a la información pública.

“Ellos dicen que clasifican como reservados los expedientes de investigación que se iniciaron en 2020, pero ¿cuáles? Lo que están haciendo es generar bolsones de información reservada en los que puede caber cualquier cosa. Deben detallar qué expedientes están reservando”, afirma Gramajo.

Según el entrevistado, el error del TSE se puede deber a varios factores, que pueden ir desde una ignorancia respecto a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, hasta una actitud de secrecía y opacidad por parte de las máximas autoridades.

Por su parte, el abogado Mario Fuentes Destarac comenta que los partidos políticos “son instituciones de derecho público”. Eso quiere decir que todo lo que se relacione con las actividades de las organizaciones políticas debe ser pública.

Por lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública (SECAI) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) podría impugnar el acuerdo para revertirlo, opinan los expertos.

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“Se analizará”

Lilian Sierra, titular de la SECAI, considera que el TSE no hizo reserva de la información de forma adecuada. Concuerda con que la publicación en el DCA es muy ambigua, ya no que no detalla qué expedientes se reservarán.

“La reserva es cuestionable porque en el artículo 25 numeral 3, de la Ley de Acceso a la Información Pública, dice que al momento de reservar la información se debe ser puntual en cuanto a las partes de los documentos que se reservan. Pero en la publicación esto no está claro”, dice Sierra.

La funcionaria dijo que analizarán interponer un recurso de revisión ante el pleno de magistrados para derogar la reserva. Si en caso no obtienen una resolución favorable, podrían recurrir a una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó Sierra.

Niegan información

El 9 de marzo, se requirió al TSE por medio de la Unidad de Información Pública (UIP) que proporcionaran el nombre de aquellos funcionarios públicos y personas particulares que estuvieran bajo investigación por presuntamente otorgar prebendas o regalos con fines electorales, así como el listado de quienes ya fueron sancionados por esos mismos hechos.

En esa ocasión, la UIP determinó que la información era “reservada”, ya que difundirla podía causar un perjuicio a las actividades de investigación. Y además también razonó que era confidencial, puesto que se trataba de “datos sensibles”. Sin embargo, la LAIP establece que los datos sensibles son aquellos que se refieren a las características “físicas o morales” de las personas o hechos de su vida privada.

Para esta nota se intentó contactar al presidente del TSE, Mynor Franco, sin embargo, no quiso dar explicaciones, ya que se encontraba “fuera de la oficina”. El departamento de comunicación social ofreció dar una postura, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo comunicación.

SIP muestra su preocupación por reforma a Ley de Acceso a la Información pues es un herramienta para exigir transparencia

Thu, 19 Nov 2020 14:48:25 +0000

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su preocupación por una reforma del Congreso de Guatemala que podría debilitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

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Este derecho se encuentra amparado por una ley que la organización promovió y respaldó desde su promulgación en 2008, por considerarla “una herramienta esencial para exigir al gobierno debida transparencia y rendición de cuentas”.

Señala que la iniciativa 5792 para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, organismo que estaría subordinado al Congreso.

El actual organismo encargado de velar por el cumplimiento de la referida ley es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresaron que desde que la organización empezó a fines de la década de 1990 un movimiento para incorporar leyes de acceso a la información pública en los países latinoamericanos, distinguió que deberían tener las siguientes características de implementación.

Entre estas organismos autónomos, para evitar intereses políticos o de los funcionarios de turno; principios de apertura y transparencia; régimen de excepciones previamente establecidas; proceso expedito de entrega de información; infraestructura necesaria, y responsables con independencia para hacer cumplir la ley.

Hace énfasis que aquellos lineamientos de la SIP quedaron establecidos en una conferencia internacional con líderes de congresos nacionales, en la que se interpretó y se fundamentó, entre otros temas, el tercer principio de la Declaración de Chapultepec, que establece que “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

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Canahuati, presidente del Grupo OPSA de Honduras, y Jornet, director de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, remarcaron la importancia de que las solicitudes de los ciudadanos sean tramitadas por organismos autónomos que puedan dar garantías de ecuanimidad.

Agregan que “tal como está” el sistema actual es eficiente, como lo demostró un informe reciente de la Procuraduría que situó en 86 mil 715 los pedidos de información pública en 2019, muy superior a las 11 mil 289 solicitudes del primer año de funcionamiento.

“La ley está funcionando –dijeron los directivos de la SIP– y una reforma debería estar destinada a hacerla más operativa y eficiente, nunca a debilitarla”.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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El miércoles 18 de noviembre, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que el acceso a la información pública es la herramienta que garantiza la fiscalización y apuesta por la transparencia.

Resaltó que ninguno de los tres poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento. “Fortalezcamos la institucionalidad ya existente de ese necesario contrapeso”, enfatizó.

El acceso a la información pública es la herramienta que garantiza la fiscalización y apuesta por la transparencia. Ninguno de los 3 poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento. Fortalezcamos la institucionalidad ya existente de ese necesario contrapeso. pic.twitter.com/j9oHXEDkTt

— Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) November 18, 2020

Diputados dudan de apoyar iniciativa para cambiar la Ley de Acceso a la Información Pública

Wed, 18 Nov 2020 11:00:59 +0000

A partir del desgaste que ha tenido la iniciativa 5792, que busca reformar la ley de libre acceso a la información pública, algunas bancadas retiraron su apoyo del proyecto, y otras aseguran que van a respaldarlo pero con condiciones.

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La sugerencia de ley crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip), una entidad independiente que estaría a cargo de vigilar el cumplimiento de la norma creada en 2008, la misma estaría dirigida por un director y subdirector.

Esas autoridades de la Onaip serían preseleccionadas por la Comisión de Transparencia del Legislativo, quien entregaría una nómina de candidatos al Pleno del Congreso, para que sea este organismo de Estado el encargado de la selección.

Ese vínculo entre el parlamento y las autoridades propuestas para el control y manejo de la información pública, es uno de los principales puntos que ha despertado dudas entre sector sociales, principalmente en aquellos que realizan procesos de fiscalización.

A la fecha esta responsabilidad cae sobre la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai), entidad que opera bajo la supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y que opera con una tercera parte de los fondos que necesitaría la nueva entidad.

Por estas dudas la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la fracción de Carlos Barreda, está por retirar dos firmas que respaldaron el dictamen, mientras que Compromiso Renovación y Orden (Creo) apoyará la iniciativa toda vez no sufra alteraciones en los debates parlamentarios.

“Lo vamos a lamentar mucho”

El ponente de la iniciativa y presidente de la Comisión de Transparencia, José Alejandro de León, reafirma que la sugerencia es de carácter técnico y que únicamente están buscando blindar el trabajo de fiscalización ciudadano, aunque con los múltiples pronunciamientos en contra, duda que la iniciativa pueda caminar.

“Se ha dado mucha desinformación, la verdad si hay tanta polémica la ley, de plano, no va a pasar, pero la ley es buena. Como se lo he manifestado tiene todas las situaciones técnicas y cuando uno mira en las redes no es siquiera la ley la que están juzgando sino cuestaciones que no tienen nada que ver, yo lo lamento, que pueden presentar cualquier acción la pueden hacer, pero la ley lleva una buena intención para poder sumar, no va en contra de nadie”, explicó el congresista.

De León añadió que por los años de vigencia que tiene la actual ley de libre acceso a la información pública se necesita un cambio, e indicó que si diputados desean retirar sus firmas están en libertad de hacerlo.

“Esa decisión, si ellos la llegan a tomar, es más política que técnica, porque de los que más aportaron en la iniciativa de ley son diputados de la UNE, tengo los videos, resúmenes, incluso dicen que no se socializó, no teníamos que hacerlo, pero lo hicimos hasta con la PDH, la encargada de la PDH llegó dos veces con nosotros”, resaltó.

Por su parte el diputado Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), considera que la desinformación está afectando un buen proyecto legal, por el que está dispuesto a buscar apoyo de otros congresistas para su aprobación.

“Yo soy firmante y abalé el dictamen favorable, por supuesto que haré el cabildeo necesario con mi bancada y otras bancadas para que ellos puedan proceder a evaluarla y darle su voto a favor (…) lo mejor que se puede hacer es darle los tres debates, invitar a los diferentes sectores para que se pronuncien, creo que el tema ha generado más bulla de lo que realmente es”, indicó.

Retiran apoyo

La bancada de oposición decidió retirar dos firmas al dictamen, y estiman que lo prudente es que la iniciativa 5792 regrese a la mesa de trabajo, para poder dar respuesta a esas interrogantes que despertó el proyecto.

“Creo que la Comisión de Transparencia del Congreso tuvo que haber realizado más audiencias públicas para crear mesas técnicas y debatir con la misma PDH está propuesta, lo más prudente creo que sería que regrese a comisión para que se pueda analizar detenidamente; la idea que se ha planteado en otros años que es crear un instituto como el que hay en México, para que sea una entidad independiente que se encargue de fiscalizar todas las entidades públicas”, señaló Carlos Barreda, jefe de bloque UNE.

Por su parte Rodolfo Neutze, jefe del bloque Creo, explicó que su representante en la comisión, el diputado Cristian Álvarez, ha dado un seguimiento oportuno al tema y firmó a favor del dictamen por ser una propuesta técnica.

La bancada seguirá apoyando, toda vez las intenciones no cambien, “mientras la iniciativa persiga el objetivo de fortalecer el acceso a la libre información, sí, cualquier intento de limitarla ya no, nosotros vamos a apoyar lo que fortalezca, si en el camino alguien le quiere hacer un cambio para quitarle los fuerza si ya no vamos a apoyar”, resaltó Neutze.

Temen urgencia nacional

El único diputado que votó en contra del dictamen fue José Sánchez, de Movimiento Semilla. El congresista manifestó que tiene dudas del proyecto, porque lo más sensato, a su criterio, sería reforzar la entidad que actualmente maneja el tema.

“Realmente esta secretaría o entidad descentralizada se prestaría para demasiado interés político de parte de los diputados, mi punto de vista es, primero, que por ser un interés humano el acceso a la información debe de estar con la PDH, segundo, si se quiere fortalecer la ley y todo lo que implica hay que destinar más fondos a la secretaría que existe”, señaló.

Así mismo refutó el origen de la propuesta, “yo desconozco realmente las intenciones de fondo del diputado de León pero fue una iniciativa que se presentó de manera muy exprés, deseen cuenta que la semana pasada se presentó el dictamen y mañana (hoy) ya está agendada en primera lectura, realmente Alejandro de León es parte de la alianza oficialista, naturalmente habló con la Junta Directiva para que esa iniciativa o dictamen pueda pasarse, otros llevan años esperando para que se incluyan en primera lectura”, precisó.

Voces en contra

Desde que la iniciativa tuvo dictamen a favor organizaciones no políticas se han pronunciado por tener dudas. Muchas no se oponen directamente a que la actual ley de información sea modificada, pero resaltan la necesidad que esas propuestas sean públicas y bajo consensos.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) explicó, por medio de un comunicado, que la iniciativa 5792 representante “un significativo retroceso de las garantías actuales”; la Cámara Guatemalteca de Periodismo considera necesaria que la entidad que vele por la ley sea autónoma, pero que sus autoridades sean electas por entidades académicas y de prensa, más no por políticos para evitar posibles intereses.

Carlos Mendoza, integrante de Diálogos, asegura que la ley necesita un cambio, pero que esa reforma debe venir a colaborar con el trabajo de fiscalización y no complicarlo más, ya que actualmente algunas instituciones de gobierno son complejas para rendir cuentas.

“Estos meses han sido de bastante dificultad para tener los datos de todas las instituciones públicas que han estado ejecutando programas para el Covid – 19; Mides, Mineco, Mintrab, siempre hemos tenido que hacer uso de la ley de acceso a la información pública pero a veces no las mandan en PDF, otras en Excel pero incompleto”, refirió.

Los principales cambios a la ley

La ley actual

Con la reforma

Existe la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) bajo la tutela de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La Secai se encuentra representada en el interior del país por medio de las sedes departamentales de la PDH.

Actualmente la Secai funciona con un presupuesto de Q10 millones.

Se crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip), que tendrá a un director y subdirector designados por el Pleno del Congreso de la República.

La propuesta impulsa que la Onaip tenga se sede central en el departamento de Guatmala y necesitara subsedes para tener representación el interior de la república.

Onaip necesitará, toda vez sea emita el decreto de su creación, una designación presupuestaria de Q30 millones.

Congreso prioriza iniciativa para cambiar la ley de acceso a la información pública

Tue, 17 Nov 2020 11:00:49 +0000

Cinco días después que la iniciativa 5792, que busca modificar la ley de acceso a la información pública, recibió dictamen favorable, fue incluida en la propuesta de agenda que trasladó la Junta Directiva del Congreso.

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La sugerencia fue aceptada por los jefes de bloque que se limitaron a votar a favor de las agendas, hubo algunas intervenciones pero ninguna relacionada a la propuesta de ley, que ha despertado dudas entre colectivos de la sociedad civil que se han pronunciado en contra desde que se hizo público el dictamen favorable.

Una de las principales modificaciones que trae la iniciativa es la creación de la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip), dependencia que se encargaría de velar por el cumplimiento de la norma que ya no estaría bajo la tutela de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La Onaip pasaría a estar bajo el resguardo del Congreso, extremo que preocupa a organizaciones sociales, que por medio de comunicados, han solicitado un proceso de dialogo con los congresistas para que se expongan algunas de esas inquietudes, y así evitar que las posibles modificaciones debiliten la ley que fue creada en el 2008.

Para la plenaria del miércoles 18 de noviembre la iniciativa 5792 ocupa el inciso “d”, del punto seis del orden del día, y para llegar a esta parte de la agenda tendrían que ser aprobadas en su articulado final nueve iniciativas y tres más tendrían que ser leídas en su totalidad para pasar en primer debate.

Defiende la propuesta

El diputado José Alejandro de León, del bloque Podemos, ponente de la iniciativa y presidente de la comisión que la dictaminó a favor, aseguró que no existe una doble intención de fondo en su propuesta.

“Aquí lo que se está buscando, definitivamente, es fortalecer el tema de acceso a la información pública que es tan importante este derecho humano; algo fundamental es que estamos siguiendo las recomendaciones de la ONU y la CIDH, estamos buscando su autonomía, la PDH siempre seguirá velando por el tema por medio de una defensoría”, señaló el congresista.

De León añadió que la semana pasada hubo mucha desinformación, lo que pudo confundir el sentido de su proyecto, pero resaltó que este proceso de aprobación llevara su tiempo, y que este primer debate, agendado para esta semana, tan solo abre un espacio de dialogo entre los diputados.

“Se han dado diferentes temáticas que no van con esto, es importante siempre el diálogo, ahora va en una primera lectura y va a llevar un proceso paso a paso, esperamos que los diferentes actores y personas que han estado anuentes a la información la puedan apoyar”, refirió.

PDH tiene dudas

Por su parte el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, manifestó que le extraña la forma tan rápida en que una iniciativa nueva ganó espacio dentro de la agenda legislativa, considerando que hay temas con mayor antigüedad que no caminan en las sesiones plenarias o que ni siquiera son tomadas en cuenta.

Rodas también dijo tener dudas del fondo de la propuesta, “es extraño y lamentable lo que está pasando, yo de todas maneras no descarto acciones, lo que me preocupa es el fondo y la intención de crear una institución innecesaria, sería más fácil fortalecer a la PDH (…) de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, se trata de un derecho humano que es el acceso a la información y se corre el riesgo que se establezca una institución a cargo del clientelismo político”.

Para el magistrado de conciencia es primordial que la ley no limite la fiscalización, “hoy más que nunca el Estado está manejando cantidades millonaria que nunca se habían visto en la historia, todo por consecuencia del Covid – 19 y como consecuencia de Eta y este huracán que viene en camino, hay una danza de millones que quieren manejarla de manera opaca”.

Nick Whittingham, embajador del Reino Unido, también se pronunció por esta propuesta, respaldando el rol que ha jugado la PDH para vigilar el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.

“Estamos comprometidos con defender la libertad de prensa globalmente y el acceso a la información pública debe facilitarse y no restringirse. La libertad de prensa y acceso a la información son pilares de la democracia, la prosperidad y le brindan a los ciudadanos certeza y confianza en estos momentos críticos que vivimos. El trabajo de la Procuraduría de los DDHH en este tema es sumamente valioso”, refirió.

Estamos comprometidos con defender la libertad de prensa y el acceso a la información pública debe facilitarse y no restringirse. La libertad de prensa es un pilar de la democracia y la prosperidad. El trabajo de la Procuraduría de los DDHH en este tema es sumamente valioso.

— Nick Whittingham (@WhittinghamFCDO) November 16, 2020

Evalúan impugnaciones

Entre los opositores a esta propuesta de ley se encuentra el Constitucionalista Mario Fuentes Destarac, quien asegura que la actitud que está tomando el Congreso, con tan solo agendar la propuesta, es algo que no puede pasar inadvertido.

“Me sorprende que estén tratando de reformar una ley que ha funcionado, esta ley surgió de un consenso ciudadano y costó que se aprobara porque en este país lo que ha prevalecido es el secreto y el ocultamiento de la verdad; vino a dar transparencia, vino a combatir la corrupción y la impunidad”, indicó.

Destarac asegura que los daños que puede ocasionar una reforma no idónea a esta ley, son graves, “podemos volver otra vez a una situación de falta de información o desinformación que teníamos antes, esto ha servido y ha funcionado, lo que hace falta es solo educación cívica para que los guatemaltecos hagan más uso de ese instrumento que esa en la ley”.

En un sentido similar opinó María del Carmen Peláez, del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac), quien señala que una propuesta de tal magnitud tiene que ser analizada a profundidad.

“Es atentar contra la democracia y contra el estado de Derecho, podría haber un conflicto de interés y un abuso de poder de parte del Organismo Legislativo si ellos toman esa función, porque las atribuciones de este organismo ya están reguladas en la Constitución y en ninguna parte da pie para pensar que ellos puedan regular el acceso a la información”, refrió.

Tanto Destarac como Peláez evalúan accionar legalmente si se aprueba esta iniciativa de ley, ya que uno de los principales efectos directos, a su criterio, será tener más obstáculos en la fiscalización de recursos públicos.

Comisión de Transparencia y Probidad

De los 12 diputados que integran la comisión, el dictamen fue avalado por 10 congresistas, uno no firmó y otro más votó en contra:

Unidad Nacional de la Esperanza:

José Inés Castillo

Napoleón Castillo Santos

Carlos Mencos

Dalio Berreondo

Julio Ixcamey (no firmó)

Podemos:

José Alejandro De León Maldonado

Compromiso, Renovación y Orden:

Hugo Rodríguez Chinchilla

Cristian Álvarez

Vamos:

Wilmer Mendoza

FCN-Nación:

Javier Hernández

Unión del Cambio Nacional:

Julio Lainfiesta

Semilla:

José Sánchez Guzmán (votó en contra)

TSE ofrece información de candidatos sancionados fuera del plazo que fijó el pleno

Sat, 31 Oct 2020 11:00:06 +0000

La Unidad de Información Pública (UIP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el lunes proporcionará el listado de candidatos que fueron sancionados por infringir la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) durante el proceso electoral 2019.

Esta información fue requerida por Prensa Libre el 29 de septiembre al TSE. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) otorga diez días hábiles a las instituciones para responder. Sin embargo, la UIP demoró 12 días y no entregó los nombres de los candidatos infractores, únicamente refirió que se interpusieron 53 multas por montos que van de $50 mil 001 a $125 mil.

Por este motivo, se interpuso un recurso de revisión en el que se advertía que la respuesta fue extemporánea y que no se entregó la información completa.

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El pleno de magistrados declaró con lugar el recurso y ordenó a sus dependencias que entregaran el nombre de los candidatos sancionados en diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, que fue el 13 de octubre. De tal cuenta, la UIP debía proporcionar la información a más tardar el 28 de octubre, pero no lo hicieron.

Ayer, 15 minutos antes de que se cerraran sus oficinas, la UIP notificó que la información estaba disponible y era necesario que alguien se apersonara a recogerla. Sin embargo, desde un inicio se pidió que la respuesta se entregara vía correo electrónico.

De tal cuenta, se espera que el lunes, cuando se cumplen tres días posteriores al vencimiento del plazo fijado por el TSE, se complete la entrega del expediente.

Por su parte, Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE, se limitó a afirmar que la respuesta se entregó en plazo, sin considerar lo resuelto por el pleno de magistrados.

Asimismo, Ramírez aseguró que desde el 29 de octubre la UIP notificó que la información estaba disponible y se podía recoger personalmente en la sede del TSE.

No obstante, cuando se pidió que el expediente se remitiera vía electrónica, la UIP se excusó con la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la PDH, quien media en el proceso, que había errores en el expediente. De tal cuenta, era necesario enmendarlos y ofrecieron notificar ese mismo día cuando ya se hubiera corregido, lo cual no sucedió.

“En el caso de la información solicitada el plazo venció el día de hoy y desde ayer se le notificó al interesado para que pudiera pasar a la oficina de acceso a información pública por la misma. El día de hoy de igual manera se le notificó. En este caso no procede ninguna sanción debido a que la misma se entregó dentro de plazo establecido”, afirmó el portavoz, sin tener conocimiento del expediente y las circunstancias antes descritas.

Violan los principios de la LAIP

Silvio Gramajo, consultor en temas de información pública, dijo que en este caso se evidencia cómo el TSE no cumple a cabalidad con lo que establece la LAIP. El hecho que hagan al solicitante dirigirse personalmente a la UIP viola el principio de celeridad y sencillez de la LAIP. Además, se evidencia la mala intención, dijo el entrevistado.

Por su parte, Edie Cux, de Acción Ciudadana (AC), dijo que los malos procedimientos en que incurrió la UIP en el trámite de la solicitud promueven la opacidad y el hecho que hasta el momento no se entregue la información podría ser constitutivo de delito.

De momento, se solicitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que inicie una investigación para determinar si se vulneraron los procesos establecidos en la LAIP para acceder a información pública.

Mientras tanto, el pleno de magistrados ya ordenó a la Inspectoría General que realice una investigación para determinar quiénes son los responsables del atraso en la respuesta de la solicitud.

Información pública: más de 86 mil solicitudes se realizaron en el 2019

Mon, 28 Sep 2020 11:00:41 +0000

Cuando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se aprobó en 2008, la expectativa era que las personas encontraran en ella una herramienta para ejercer su ciudadanía. Doce años después se evidencia que su uso para requerir información a las entidades que administran o ejecutan recursos públicos se multiplicó.

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En el 2019, se presentaron 86 mil 715 solicitudes de información a 1 mil 258 entidades que tenían obligación de rendir cuentas. La demanda se incrementó con relación al primer año de la ley en 2009, cuando se interpusieron 11 mil 289.

Estos datos se desprenden del Informe de Situación del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 2020, que presentará hoy la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información, que se conmemora cada 28 de septiembre.

La LAIP se aprobó en octubre de 2008 y entró en vigor en abril de 2009. La normativa garantiza a toda persona, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar información, de forma gratuita, a cualquier entidad que administre o ejecute recursos públicos.

Al amparo de la ley las personas pueden, por ejemplo, fiscalizar la forma en que las instituciones erogan el erario, o bien, conocer los datos personales que de ellas consten en archivos estatales, el uso que se les da y el derecho a actualizarlos o corregirlos.

El ejercicio de este derecho ha sido atípico este año por la crisis sanitaria de la covid-19. Lilian Sierra, titular de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la PDH, explica que una de las dificultades se da porque el personal de las instituciones labora desde casa y esto impide que se brinde la información que requieren ciudadanos con prontitud.

“Se ha requerido información que se encuentra en determinados archivos y la persona encargada de resguardarlos no se encuentra en el lugar (por estar laborando a distancia)”, dice Sierra.

Al respecto, una de las recomendaciones que hicieron fue que se hiciera uso del correo electrónico para recibir solicitudes.

A esto se suma el cambio de administración, que implicó que en varias entidades se cambiara al personal de las unidades de información pública por otro que no estaba capacitado y exigen requisitos que están fuera de ley. Por ejemplo, que los solicitantes presenten su documento de identificación personal, cuando según el Código Civil una persona se identifica solo con nombre y apellido.

La Secai se encuentra elaborando un informe más amplio del tema que se podría presentar en los próximos meses, dijo la funcionaria.

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2015, un parteaguas

En 2016, la PDH contabilizó 62 mil 830 solicitudes de información. El aumento con relación al 2015 fue de 17 mil 864.

Silvio Gramajo, consultor en temas de acceso a la información y secretario de la comisión presidencial para la transparencia y combate a la corrupción durante 2010 y 2011, considera que esto se debió a los casos de corrupción que develó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto despertó el interés de la ciudadanía a exigir que las instituciones rindieran cuentas.

“Esto demuestra que cada vez más hay interés y que la población hace uso de la ley, lo cual aún no es suficiente”, explica Gramajo.

El experto dice que el aumento anual que se ha dado en la última década podría estancarse si concurren dos condiciones. Una, que baje el interés de las personas a pedir información, aunque esto es poco probable.

La segunda es si el Estado genera una verdadera política que promueva la transparencia y que signifique una mayor publicidad de los actos de la administración pública. Eso podría hacer que descienda el número de solicitudes, puesto que gran parte de información estaría disponible sin necesidad de hacer un requerimiento formal, apunta Gramajo.

Actualmente, uno de los obstáculos al derecho de acceder a la información es que el Estado aún no dota de recursos financieros, humanos, logísticos y tecnológicos a sus unidades de información pública. Esto afecta la atención a la ciudadanía, señala el experto.

Disparidad

En los últimos cinco años son más los hombres que las mujeres quienes solicitan información pública. Según registros de la PDH, el año pasado 53 mil 154 hombres quienes hicieron uso de este derecho, mientras que mujeres fueron 32 mil 732.

Sofía Villatoro, directora del Centro Carter en Guatemala, afirma que uno obstáculo es que las mujeres tienen más carga en el hogar, lo que les dificulta movilizarse a oficinas de gobierno. Mencionó también que por machismo muchos funcionarios públicos no las atienden como se debe o desde el hogar los hombres las privan de ejercer su ciudadanía.

“El miedo es un factor que obstaculiza. A las mujeres se les han criado bajo una cultura de silencio y por lo tanto cuando se acercan al Estado siempre van con temor, principalmente quienes tiene bajo nivel de escolaridad”, afirmó Villatoro.

Calificaciones bajas

En el Ranking 2019 de organismos de Estado, que mide el nivel de cumplimiento de la LAIP, tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como el Ministerio de la Defensa (Mindef) obtuvieron calificaciones bajas, según el criterio de la PDH. El primero obtuvo 48.49 puntos y el segundo 59.82.

Esta evaluación midió varios factores, como el tener un portal electrónico donde publicar la información de oficio que ordena el artículo 10 de la LAIP, la gratuidad en la información y la organización de las UIP, entre otros.

Julia Barrera, del MSPAS, dijo que la UIP de la cartera tiene conocimiento de esa baja calificación y “se trabaja permanentemente para que la información pública de oficio esté disponible”.

Por su parte, Juan Carlos de Paz, vocero del Mindef, dijo que en relación con el año pasado se mejoraron algunos aspectos, como el portal electrónico, que en marzo fue evaluado por la PDH y obtuvo un pontaje de 93.3. “Eso quiere decir que hay una mejora sustancial de uno de los ítems que era acceso electrónico a la información”, justificó.

Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, dijo que solicitó un informe a todas las entidades del organismo ejecutivo, entre ellas las que presentan una puntuación baja, para que les informen qué planes tienen para mejorar el cumplimiento de la ley.

“Hemos detectado en ciertas entidades que no actualizan su portal, o suben algunas informaciones en formatos no editables. En algunas tampoco hay un delegado profesional (para atender la UIP), sino contratan a asesores”, comentó el comisionado.

¿Cómo solicitar información?

Cualquier persona tiene el derecho a requerir información, sin importar su oficio, nivel educativo, origen étnico o cualquier otra característica. El interesado puede plantear su solicitud en la Unidad de Información Pública de la institución de manera verbal, escrita o vía electrónica.

Los únicos requisitos son identificar la institución a la cual va dirigida el requerimiento, identificación del solicitante (que puede ser únicamente con nombre y apellido) y el detalle claro y preciso de qué información pide.

El tiempo de respuesta es de diez días hábiles, pero se puede prorrogar por diez más si el volumen de lo solicitado lo amerita. La institución no se puede negar a tramitar la solicitud.

La respuesta de la institución puede ir en cuatro vías: entregando lo requerido, negando la solicitud si se tratare de información clasificada o reservada, negando la petición si la información no existe o si el solicitante no aclaró de forma precisa qué requería.

Si se requiere asesoría se puede comunicar con la Secai a su correo secai@pdh.org.gt.

Estudio centroamericano revela importancia sobre la protección de datos en Guatemala

Tue, 03 Dec 2019 18:33:24 +0000

El estudio Centroamericano de Protección de datos en Guatemala revela datos dentro del marco de la ley diferentes procedimientos y sanciones, así como la computación en la nube, servicios financieros y la agenda.

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Por lo anterior AmCham y el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec) presentaron el Lanzamiento del Estudio Centroamericano de Protección de Datos en Guatemala, y la aplicación de la Iniciativa de ley 4090 Ley de Protección de Datos Personales.

“El objetivo principal del estudio es analizar la situación actual, ya que no existe una legislación específica sobre a protección de datos personales, actualmente la Ley de Acceso a la Información Pública es la única que regula lo referente a los datos personales, estableciendo un mecanismo de protección de los mismos y de la misma forma tipifica delitos en la materia”, comentó Sandra Iriarte, presidenta del Comité de Propiedad Intelectual de AmCham.

AmCham y el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec) presentaron el Lanzamiento del Estudio Centroamericano de Protección de Datos en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

En el artículo 3 de la Iniciativa de Ley 4090 se definen como los datos de carácter personal a la información relativa de una persona individual identificable y a los datos sensibles a los que revelen el origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, condición socioeconómica, información médica, antecedentes delictivos, operaciones bancarias entre otras.

Siendo los principios básicos fundamentales para la Iniciativa de Ley; Calidad de los datos, conservación, transparencia y seguridad de los datos.

“Es importante que se conozca este estudio, ya que la iniciativa de Protección de Datos Personales establece obligaciones a las personas individuales o jurídicas que tienen a su cargo el tratamiento de datos personales, como las medidas de seguridad de los registros y archivos, además de confidencialidad y calidad de los datos, actualmente la autoridad reguladora que determina la Ley de Acceso a la Información Pública es el Procurador de los Derechos Humanos”, enfatizó Iriarte.

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Municipalidades incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública y reciben una baja calificación

Wed, 06 Nov 2019 02:41:56 +0000

Durante julio de este año, la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos de la cabecera departamental de Quetzaltenango realizó una evaluación a los portales electrónicos de las 20 municipalidades que tiene a su cargo, el resultado fue negativo.

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Flor Gómez, delegada de la PDH en Xela, relató que la supervisión se hizo en cumplimiento a una instrucción que se dio a escala nacional.

“El resultado fue un gran número de municipalidades de Quetzaltenango que tienen un nivel bajo de la información pública que deben tener accesible a la población en sus portales electrónicos”, indicó Gómez.

Algunas municipalidades obtuvieron una calificación del 0 por ciento, ya que al momento de la evaluación sus portales carecían de todos los aspectos que tendrían que estar disponibles de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Derivado de los resultados se abrieron expedientes para solicitar informes y veremos durante el trámite que acciones mejoran para subir esos porcentajes”, afirmó.

Por ahora las municipalidades están en su periodo de defensa, en algunos casos a partir de conocer los resultados de la supervisión han comenzado a compartir la información en sus portales, pero de acuerdo con Gómez estos deben ser actualizados “casa mes”.

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Al contar con los informes de la supervisión estos fueron enviados desde Quetzaltenango hacia la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Secai) para conocer a partir de qué porcentaje se iniciarían con “expedientes de competencia”.

La instrucción fue que a las municipalidades con porcentajes mayores al 60 por ciento se les daría una recomendación directa y en el caso de los resultados menores al 60 por ciento se procedería a iniciar un expediente, la primera medida fue para nueve comunas y la segunda para 11.

De acuerdo con la delegada la ley tiene más de 10 años y las municipalidades tendrían que cumplir con todos los aspectos pero en Quetzaltenango “ninguna municipalidad tiene un 100 por ciento”.

“La accesibilidad a la información es un parámetro bastante amplio para reflejar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, sirven para conocer qué hace la municipalidad a favor de la población y cómo invierte. Esta información pública sirve para hacer cuestionamientos validos, para hacer auditoria social y ejercer presión de forma positiva para que se invierta según las necesidades”, dijo Gómez.

Los Concejales de Quetzaltenango fueron informados sobre los datos pendientes de ser compartidos en el portal. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En el caso de la Municipalidad de Quetzaltenango la PDH inició el expediente con un resultado del 43.75 por ciento, a causa del porcentaje, este martes 5 de noviembre, el Gerente Municipal presentó un informe al Concejo sobre los aspectos pendientes a incluir en el portal, entre estos se encuentran los contratos de bienes y servicios, los contratos de mantenimiento de equipos, vehículos, inmuebles e instalaciones, así como el listado de viajes internacionales y nacionales, que debe incluir el destino, viáticos, entre otros datos.

El gerente aseguró que a partir de los resultados compartieron mayor información en el sitio de la municipalidad para mejorar el acceso a la información pública.

Aspectos

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado.

Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo.
Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las dependencias que la conforman.
Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos.
Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos.
La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignados para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.
Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad.
La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones.
La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.
La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.
Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos.
La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones.
Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor.
Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos.
La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado.
Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas.
El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente.
Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos.
Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo.
Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso.
El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
Los informes finales de las auditorias gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión correspondientes.
En caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional, que manejen o administren fondos públicos deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.
En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o administren fondos públicos deben hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos.
Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre; el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo.
El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley.
Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos.
Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.

Resultados

Estos fueron los porcentajes obtenidos durante la evaluación realizada en julio de este año.

Almolonga 22.50
Cabricán 57.89
Cajolá 0
Cantel 77.50
Concepción Chiquirichapa 82.50
El palmar 80
Huitán 70
La Esperanza 45
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Gobernación cede a petición y revela agenda de ministro Enrique Degenhart en Washington

Fri, 01 Jun 2018 03:45:23 +0000

El ministerio informó a través de una resolución que declaró “procedente” un recurso de revisión que presentó el economista y politólogo, Carlos Mendoza Alvarado, luego de que se le negó la información.

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Mendoza había solicitado el informe en la Unidad de Información Pública, pero Gobernación argumentó que no podía revelar la agenda del funcionario en Washington por tratarse de un asunto de “seguridad nacional”.

Ante la negativa, el profesional interpuso un recurso de revisión el pasado 27 de abril, el cual también fue rechazado por Gobernación.

Entonces Acción Ciudadana (AC) presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en contra del ministro Degenhart por restringir arbitrariamente el acceso a la información pública.

“Lo que se espera conocer es la agenda que él tenía. En ese sentido se está presentando el amparo, esperando que de forma provisional pueda resolver la Corte y que se pueda entregar la información, que a nuestra consideración es pública”, dijo Edie Cux, abogado de AC.

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Las reuniones

Degenhart se reunió con las siguientes personas entre el 17 y 19 de abril. Entre los temas abordados están migración y el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Tom Carper, senador por el estado de Delaware, miembro del Comité de Seguridad Interna y Administración Pública del Senado.
Chris Smith, representante del distrito 4 de Nueva Jersey y miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso. A propósito, Smith dirigió la audiencia de la Comisión Helsinki que concluyó que la Cicig se extralimita en sus funciones en el caso de la familia rusa Bitkov.
Mark Randall Meadows, representante del distrito 11 de Carolina del Norte y miembro del Comité de Asuntos
Exteriores del Congreso.
Peter Roskam, representante del distrito 6 del estado de Illinois y presidente del Subcomité de Política Tributaria del Comité de Fiscalización del Congreso.
Bill Casidy, senador por el estado de Luisiana y miembro del Comité de Economía del Senado.
Francis Rooney, representante del distrito 19 del estado de Florida y vicepresidente del Comité de Asuntos
Exteriores del Congreso.
Henry Cuellar, representante del distrito 28 del estado de Texas y miembro del Comité de Apropiaciones del
Congreso.
David Price, representante del distrito 4 del estado de Carolina del Norte y miembro de los comités de Apropiaciones y Seguridad Interna del Congreso.
Rand Paul, senador por el estado de Kentucky y miembro del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

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Sin entrar en detalle, Gobernación informó que en las reuniones los temas tratados fueron: Seguridad nacional en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad, financiado de forma parcial por Estados Unidos; y agenda legislativa de reactivación económica con el fin de promover empleos dignos y generar oportunidades que mitiguen las causas de la migración hacia el norte del continente.

“Cabe mencionar que en todas las reuniones hubo intercambios de opinión sobre la situación actual de Guatemala, logrando esclarecer dudas o información que las autoridades que tuvieron a bien recibirnos tenían sobre nuestro país”, consigna el documento publicado por la cartera.

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Solo 2 de cada 10 municipalidades son transparentes sobre gasto público

Wed, 16 May 2018 21:39:13 +0000

Desde el 2015 en Guatemala se emprendió una lucha contra la corrupción, no obstante, pese a que se han experimentado notorios avances, una de las herramientas más importantes para combatir dicho flagelo sigue siendo relegada a segundo plano y poco utilizada por la ciudadanía. Se trata de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Según el Informe Anual de Situación del Derecho Humano a la Información Pública, realizado por la PDH, hay un escaso ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía producto de la falta de sensibilización y capacitación en los establecimientos educativos sobre la LAIP.
Durante el 2017, en promedio se presentaron menos de 6 mil solicitudes mensuales en todo el país a los 1 mil 254 sujetos obligados por la ley.

191 diarias

El artículo 48 de la LAIP establece que todos los sujetos obligados deben enviar a la PDH, al final del mes de enero, un informe que refleje los resultados de la aplicación de la LAIP en el año anterior.
La procuraduría recibió los informes de 844 oficinas, que en sus totalidad reportaron un total de 70 mil 157 solicitudes de información, que equivale a 191 diarias.
Uno de los hallazgos que destaca el informe es que las solicitudes se realizan en un gran porcentaje en el departamento de Guatemala -el 85%- y son presentadas en su mayoría por hombres -el 61.21%-.
El informe señala que la Superintendencia de Bancos (SIB) es la oficina que más que requerimientos de información pública recibe. Esto debido a los trámites que procesa por solicitud del record crediticio de personas individuales.

Poderes locales incumplen

Las municipalidades y las gobernaciones departamentales son las instituciones en las que se encuentran los niveles más altos de incumplimiento de la LAIP, según el informe.
Por un lado, en 2017, de 340 municipalidades el 22% no contaba con página web o portal electrónico para publicar la información de oficio que requiere la LAIP. Aunado a esto, si se agregan aquellas municipalidades que, contando con este instrumento, incumplen con la publicación de contratación de personal, presupuesto, adjudicaciones y obras públicas; “Se concluye que la información no es de acceso público a través de portales electrónicos en 172 municipalidades (50.59%)”.
Aún más bajo es el porcentaje de gobiernos locales que cumplen publicando con información relacionada con el gasto público. En este rubro se alcanza cumplimiento en promedio que equivale al 18%.

Aspectos positivos

El informe reconoce avances tangibles e importantes en formación de una cultura de transparencia y cumplimiento de la ley.
En primer lugar, las solicitudes fueron mayoritariamente resultas de forma positivas en 2017. Concretamente en el 91% de los casos la información se entregó satisfactoriamente. Además, a nivel nacional en promedio las instituciones respondieron los requerimientos en seis días.

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Capturados por negar información pública en la Municipalidad de San José del Golfo

Tue, 29 Aug 2017 12:48:17 +0000

Los detenidos ocuparon cargos en la corporación municipal en los períodos 2012-2016 y 2016-2020, detalla el Ministerio Público.

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La investigación se originó en base a la denuncia de dos personas que solicitaron información pública a la comuna, requiriendo el nombre y número de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en la municipalidad y sus dependencias; incluyendo salarios y cualquier remuneración económica percibida entre 2014-2017.

La comuna negó la información requerida, además el Concejo Municipal del período 2008-2012 acordó en un acta excluir como información pública la relativa a documentos de trabajo, controles y procesamientos realizados por el personal y las dependencias.

Así mismo el concejo actual resolvió restringir la entrega de información concerniente a salarios, honorarios, dietas u otras remuneraciones percibidas por el personal y funcionarios de la comuna.

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Esta disposición constituye extralimitación en funciones del concejo, ya que según la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la información no podrá ser reservada ni limitada sino por disposición constitucional o legal.

Pablo Castillo de la Policía Nacional Civil informó que realizaron 12 allanamientos en San José del Golfo y uno en la colonia Llano Largo, zona 18, para ejecutar 10 órdenes de capturas. Los detenidos son sindicados de delitos de retención de información y abuso de autoridad.

Capturados

Juan Carlos Reyes Santos
Mario Mayen Monzón
Arnulfo Ávila Veliz
Héctor Silfredo Reyes Ortiz
Mirna Victoria Herrera Carrera
Fermín Catalán Castellanos
Atilano Ruíz Veliz
Álvaro Morales Morales
Edy Manfiel Veliz Veliz

PDH denuncia opacidad en fideicomisos públicos

Mon, 03 Oct 2016 20:01:16 +0000

Según el informe de supervisión “Ley de acceso a la información pública fideicomisos de la administración central”, hecho público este lunes, los diferentes ministerios analizados no asumen “la corresponsabilidad” con los encargados de los fideicomisos para velar por el cumplimiento de la legislación.

“Existe confusión y desconocimiento por parte de los sujetos ligados en cuanto a sus responsabilidades (…). No hay una política de transparencia de la máxima autoridad en relación con la información de los fideicomisos que las entidades a cargo de la autoridad tienen bajo su responsabilidad”, destaca el documento.

Esta opacidad y esta escasa publicación de información completa “limita gravemente las oportunidades de la población en acceder a los mismos”, como el caso del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), que “incumple todos los aspectos evaluados”.

De acuerdo con informes presentados ante el Ministerio de Finanzas, Fonades reporta compras y contrataciones por 11,5 millones de quetzales al mes de abril (1,5 millones de dólares), destina fondos para pago de honorarios e implementa programas sociales tales como el subsidio a fertilizantes.

En este caso en particular, señala el documento de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), se presentará una denuncia ante la Fiscalía para la “investigación y deducción de responsabilidades”, al igual que con el Fondo de Desarrollo Social (Fodes), donde tampoco hay información pública sobre los fideicomisos.

Fonades tiene como unidad ejecutora el Ministerio de Agricultura y Alimentación y está a cargo de su directora, Magdalena Aldana, y su función es implementar y ejecutar programas y proyectos para combatir la pobreza y la pobreza extrema, un hecho por el que este año pretendían distribuir, a través de diferentes proyectos, 140 millones de quetzales (18,5 millones de dólares) a pequeños agricultores.

El Fodes, que tiene como unidad ejecutora al Ministerio de Desarrollo Social, “no cumple con ningún aspecto evaluado” y durante la supervisión ninguno de los funcionarios encargados era capaz de proporcionar datos sobre la información pública solicitada.

Esta situación se repitió en los ocho fideicomisos investigados durante la primera semana de septiembre, donde además del Fonades y el Fodes fueron supervisados el del Fondo Vial (Covial), el del Fondo de Protección Social (FPS), el del Fondo Social de Solidaridad (FSS), el del Fondo para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agrícola (Fonagro), el Fondo de Inversión para la Vivienda (FIV) y el fideicomiso para el Transporte de Guatemala (Fidemuni).

El objetivo de este informe, que será entregado a las distintas autoridades implicadas para su conocimiento, tiene como fin velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo propósito es “reducir los vicios, contradicciones y prácticas contrarias a la transparencia y al interés público”.

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El Gobierno de Guatemala discute en secreto los gravámenes impuestos por Trump y asegura que es una exigencia diplomática. El sector privado avaló la reserva porque está en el marco de una exigencia diplomática de ese país, aunque cuestionó el plazo el cual considera amplio.

La negociación por los aranceles entre Estados Unidos y Guatemala será confidencial, para lo cual ya se firmó un acuerdo entre ambos países y el gobierno de Guatemala declaró reserva de la información por siete años. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

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