Huehuetenango, Totonicapán, Alta Verapaz y Petén: su potencial para liderar el urbanismo sostenible en Guatemala

Guatemala tiene potencial para impulsar ciudades sostenibles mediante planificación estatal, coordinación municipal y atracción de inversión para mejorar la calidad de vida urbana.

Glenda Burrión

21 de noviembre de 2025

|

13:11h

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Cobán, Santa Elena y Cuatro caminos muestran un alto potencial para convertirse en polos de desarrollo urbano sostenible, impulsando empleo, inversión y mejor calidad de vida. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

El desarrollo de ciudades sostenibles se ha convertido en una necesidad urgente para países como Guatemala, donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad y genera desafíos cada vez más complejos.

Un estudio presentado por Urbop Ciudades sostenibles: traspasando la frontera de la metrópoli, explica que las proyecciones globales indican que entre el 68 % y 70 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas para 2050, lo que presiona a los países para mejorar su planificación territorial, acceso a servicios y ordenamiento del suelo. Entre los principales retos se encuentran el uso excesivo de vehículos que dependen de combustibles fósiles, el crecimiento demográfico, la expansión informal y el desorden urbano.

Ignacio Bastarrechea, directo de proyectos Urbop, explica que las últimas investigaciones del sector coinciden en que el futuro de las ciudades debe integrar equidad social, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental para garantizar mejores condiciones de vida.

El estudio surge como respuesta al acelerado proceso de urbanización y a los desafíos económicos y sociales que enfrentan ciudades como las de Guatemala, resaltando la urgencia de promover un desarrollo urbano sostenible y ordenado para descongestionar los centros urbanos y equilibrar el crecimiento en el territorio.

Urbanización acelerada y sus desafíos 

Según las proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), revisión 2022, el país atraviesa una transformación urbana significativa: en 1995 solo el 36.6% de la población vivía en áreas urbanas, mientras que para 2024 la cifra aumentó a 56.8%. Las proyecciones indican que para 2050 cerca del 70% de los guatemaltecos residirá en ciudades (68.5%), lo que refuerza la necesidad de planificar adecuadamente su crecimiento.

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Para enfrentar esta realidad, el estudio mencionado recomienda fortalecer una planificación urbana institucionalizada, en la que el Estado lidere procesos a nivel nacional, regional y local mediante regulaciones realistas y aplicables. En este contexto, las mancomunidades, asociaciones voluntarias de municipios, representan una herramienta estratégica para impulsar soluciones coordinadas en el territorio guatemalteco.

Planificación e inversión: una alianza necesaria

Según explica Bastarrechea, la sostenibilidad económica de las ciudades requiere de la cooperación entre el sector público y el privado. Las inversiones inmobiliarias pueden dinamizar el desarrollo si se orientan hacia municipios con potencial económico y social, siempre respaldadas por análisis de capacidad municipal, condiciones socioeconómicas y estrategias de crecimiento.

Durante el estudio se analizaron diversas regiones de Guatemala que cuentan con condiciones favorables para impulsar un crecimiento urbano más equilibrado y reducir la presión sobre la capital. Entre las que presentan mejores características para este proceso destacan Huehuetenango, Cobán, Petén y Totonicapán.

Huehuetenango: nodo económico fronterizo y urbano emergente

Además de su ubicación estratégica y el alto porcentaje de población joven, 39.6% segúne datos del INE al 2022, Huehuetenango concentra actividades económicas clave relacionadas con comercio transfronterizo, agricultura y servicios. Municipios como La Democracia y La Mesilla forman parte de corredores comerciales activos con México, lo que impulsa la demanda de infraestructura vial, vivienda y servicios urbanos.

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El departamento también posee sectores con potencial turístico, como el Parque Nacional El Mirador, los Cuchumatanes y la Laguna Yolnabaj, que podrían integrarse en una estrategia de desarrollo urbano orientado al turismo.

Asimismo, el crecimiento de universidades y los centros comerciales en cabecera fortalecen su papel como un polo educativo y comercial para el occidente.

Alta Verapaz: territorio extenso, productivo y con presión urbana creciente

El avance de Cobán como centro regional de servicios, comercio y educación genera un crecimiento urbano acelerado que requiere ordenamiento. El departamento cuenta con una red de carreteras que facilita la conexión con el corredor turístico hacia Semuc Champey y con rutas estratégicas hacia Petén.

La región también posee potencial en sectores como agroindustria, café, cardamomo, producción forestal y turismo comunitario, lo que genera oportunidades de inversión que podrían aprovecharse para desarrollar zonas urbanas más formales, con mejores servicios básicos y empleo estable.

Municipios como San Pedro Carchá y San Juan Chamelco muestran una expansión urbana que podría consolidarse mediante modelos de ciudad compacta, corredores verdes y movilidad sostenible.

Sayaxché, Petén: puerta logística del norte y polo productivo

Además de su conectividad estratégica, Sayaxché es uno de los principales productores de aceite de palma, lo que atrae inversión privada y demanda mejor infraestructura vial, energía y vivienda.

Su cercanía con rutas hacia Raxruhá, Fray Bartolomé de las Casas y la Franja Transversal del Norte lo coloca en un punto ideal para un desarrollo urbano orientado a la industria y la logística.

El municipio también se beneficia de la presencia de áreas protegidas y zonas de valor ambiental, lo que permite integrar un modelo de desarrollo urbano que combine crecimiento económico y sostenibilidad.

Su baja densidad urbana representa una oportunidad para planificar desde cero modelos de ciudad ordenada, con usos mixtos y servicios eficientes.

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Santa Elena, Petén: capital económica moderna y en expansión

Santa Elena se consolida cada año como uno de los centros urbanos más dinámicos del norte del país. Su rol como puerta de entrada turística hacia Tikal, Yaxhá y el lago Petén Itzá ha impulsado la construcción de hoteles, restaurantes, centros comerciales y servicios logísticos.

La expansión urbana desde Flores hacia Santa Elena responde a la necesidad de descongestionar la isla y trasladar actividades económicas hacia zonas con mayor disponibilidad de suelo.

En los últimos años han surgido proyectos inmobiliarios verticales, expansión comercial y mejoras en la red vial urbana, lo que indica un proceso de transformación hacia una ciudad regional moderna. Asimismo, su infraestructura aeroportuaria le da el potencial de convertirse en un hub logístico del norte, clave para la descentralización del país.

Cuatro Caminos, Totonicapán: intersección vital para el occidente

La relevancia de Cuatro Caminos supera su tamaño poblacional debido a su función como centro de conexión entre cuatro departamentos. Su flujo constante de transporte comercial y de pasajeros impulsa actividades como comercio, servicios automotrices, mercados y logística liviana.

El área tiene potencial para consolidarse como un subcentro urbano regional, con desarrollo de bodegas, centros logísticos, nuevas áreas comerciales y vivienda accesible para trabajadores que se movilizan entre Quetzaltenango y Totonicapán.

Además, su cercanía con centros educativos y zonas de ecoturismo, como Momostenango o los bosques comunales, lo convierte en un punto estratégico para diversificar su economía hacia servicios, MIPYMES y turismo sostenible.

El rol clave del Estado y las municipalidades

Los casos anteriores demuestran que la planificación urbana debe institucionalizarse. Solo desde el Estado, a través de un trabajo articulado entre los niveles nacional, regional y local, es posible enfrentar retos como el cambio climático, la movilidad, la infraestructura, el acceso a servicios básicos, la informalidad económica y la atracción de inversión.

Las municipalidades deben emitir regulaciones que generen incentivos reales de cumplimiento y fomenten ciudades pensadas en el bienestar ciudadano.

Sin olvidar que, se deben fortalecer la coordinación con municipios vecinos mediante mancomunidades, aprovechando estos espacios para promover un desarrollo ordenado y atraer inversión confiable.

Evitar repetir los errores del pasado

En una entrevista concedida a Prensa Libre, Bastarrechea explica que, ante las críticas sobre el riesgo de reproducir el urbanismo desordenado de la capital, el estudio recomienda que las autoridades locales actualicen sus planes de ordenamiento territorial con apoyo técnico de Secretaría General de Planificación (Segeplan). También deben reservar suelo para infraestructura esencial, promover inversión responsable y aplicar criterios sociales y ambientales para un crecimiento sostenible.

Por último el consultor, explica que Guatemala tiene una oportunidad histórica para descentralizar su crecimiento urbano y promover ciudades más sostenibles, siempre que el Estado asuma un rol protagónico, fortalezca las capacidades municipales y fomente alianzas con el sector privado. Con una planificación adecuada, regiones con alta conectividad y población joven pueden convertirse en motores de desarrollo y mejorar la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

Motovía en expansión: ¿Cuáles serán las próximas rutas en Ciudad de Guatemala?

La Motovía se hará permanente en la Calzada La Paz y se extenderá el proyecto. Pero eso no es todo, se harán estudios para evaluar su implementación en otra ruta crítica de la ciudad.

Sandy Pineda y Andrea Domínguez

11 de diciembre de 2024

|

16:42h

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La motovía en la calzada La Paz será permanente, anunciaron autoridades municipales este miércoles 11 de diciembre de 2024. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La Municipalidad de Guatemala anunció que ampliará la vía exclusiva para motoristas, conocida como Motovía, y analiza implementarla en otra ruta crítica de la ciudad.

El proyecto comenzará con un nuevo tramo en la calzada La Paz, seguido de una extensión desde el bulevar Lourdes hacia zona 5 y, a mediano plazo, se extendería a la calzada Atanasio Tzul.

La comuna informó que inicialmente se implementará el mecanismo en el carril contrario de la calzada La Paz, completando así el circuito en esa área.

Héctor Flores, gerente general de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y sus Áreas de Influencia Urbana (Emetra), destacó que la Motovía surgió como respuesta a un problema crítico en esa ruta, donde se registraron 2 mil 927 accidentes, lo que la convirtió en una de las vías más peligrosas de la capital.

Según las autoridades, el plan piloto fue exitoso, pues se logró reducir significativamente la incidencia de accidentes entre vehículos y motocicletas. Por esta razón, se ha decidido expandir el proyecto a otras rutas importantes de la ciudad.

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Próximos pasos y segunda fase

Durante diciembre de 2024, se iniciarán los trabajos de señalización e instalación de cámaras de vigilancia en la calzada La Paz.

En el primer trimestre de 2025, entre enero y marzo, la Motovía estaría siendo operativa en el carril contrario, conectando la zona 17, que a su vez conduce a ruta al Atlántico.

La segunda fase del proyecto incluirá las siguientes acciones:

• Implementación de la ruta exclusiva en el cruce de bulevar Lourdes hacia la conexión con la zona 17, en calzada La Paz.
• Extensión de la Motovía desde bulevar Lourdes (cuatro caminos) a la 27 calle hasta el semáforo de Burger King en la zona 5.
• Evaluación de un retorno exclusivo para motocicletas en la calzada Atanasio Tzul, desde la 36 a la 46 calle de la zona 12, donde circulan diariamente entre 4 mil y 5 mil motocicletas. La verificación podría extenderse al menos hasta abril 2025.

Primeros resultados de la Motovía

Durante el período de prueba en la calzada La Paz, entre finales de octubre y noviembre de 2024, los accidentes disminuyeron considerablemente, pasando de un promedio diario de 10 a 12 percances a solo 2 en octubre y 3 en noviembre, según los primeros resultados presentados por la comuna este miércoles 11 de diciembre.

“Los accidentes provocados por el estrechamiento o la falta de un carril exclusivo para motos, esa fricción entre motocicletas y vehículos, se eliminaron”, explicó Flores en una conferencia de prensa

La implementación de la Motovía redujo el zigzagueo de motocicletas en un 90 por ciento y disminuyó el riesgo de incidentes. Asimismo, tanto motocicletas como vehículos lograron circular con mayor fluidez, permitiendo maniobras más seguras hacia la izquierda y derecha.

Otro avance significativo fue la reducción de invasiones a las banquetas, pasando de entre 115 y 130 multas mensuales a solo 8.

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“Ahora hablamos de apenas 8 multas, lo cual refleja una disminución drástica…”, resaltó Flores.

Por otro lado, los medidores de velocidad indicaron que los vehículos circulan a un promedio de 70 km/h. Según Flores, esta cifra requiere una pronta intervención para regular la velocidad y garantizar mayor seguridad.

“Es fundamental instaurar una cultura vial, que solo se logra a través de una educación adecuada”, concluyó el funcionario.

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El amparo fue interpuesto el 3 de abril último por el diputado y candidato a la alcaldía de la ciudad colonial por el partido Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), Julio Ixcamey Velásquez, quien afirmó que un día después, el juez Walter Fabricio Rosales Hernández le otorgó el amparo provisional.

La acción de Ixcamey levantó reacciones de la comuna antigüeña que no tardó en señalar que el rápido fallo judicial demuestra las influencias del parlamentario.

“—Ixcamey— Tiene un juez corrupto en Cobán que le da cualquier cosa que él pide. Este es el tercer amparo que les otorgan. Otro amparo es en contra de las canchas deportivas de La Pólvora y Calle Landivar, uno contra el rastro que ya está revocado y el último en contra del POT. Nosotros entablamos una demanda con el juez y el diputado”, afirma Víctor Hugo Del Pozo, alcalde de Antigua Guatemala.

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Debe consultar

Con seis votos a favor y dos en contra, el 30 de marzo fue aprobado el POT, con el que según la comuna, se busca administrar el territorio urbano y rural en forma adecuada para preservar el patrimonio y que las construcciones se efectúen bajo los estándares establecidos.

Uno de los puntos que ha remarcado la comuna es el ordenamiento vial, ya que en la actualidad circulan a diario unos 20 mil vehículos por las calles de la ciudad colonial.

No obstante, el amparo provisional suspende por ahora el POT, y todos los instrumentos que habían sido aprobados por el concejo antigüeño. La acción legal obliga al concejo a consultar al pueblo, y deben abstenerse de reunirse para ratificar el POT y otros instrumentos.

Tampoco puede ser publicado en el diario oficial ningún otro reglamento, acuerdo o disposición que tenga relación con el ordenamiento territorial.

Representantes de los 25 Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) agrupados en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, rechazaron totalmente el plan de ordenamiento territorial, al argumentar que el proyecto se les presentó en un video de menos de 45 minutos, momentos antes de que se aprobara.

Los vecinos afirman que el proyecto solo genera desconfianza y temor por las consecuencias que causará, debido que fue a conveniencia de la Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Valle de Panchoy (Adepanchoy), en la cual se aglutinan propietarios de fincas ubicadas en las periferias de la ciudad antigüeña y empresarios de bienes raíces que contrataron expertos para la elaboración del plan.

Según los pobladores organizados, de 120 reuniones que se hicieron para dar a conocer el POT, la mayoría solo participó en una o dos porque las programaron en horas laborales y lugares lejanos para que nadie acudiera.
El argumento popular es que “jamás llegaron a las comunidades a preguntar que debía cambiarse; si tenían agua, si los drenajes no han colapsado”, entre otras cosas.

Turismo

El descontento no solo es de los vecinos agrupados en Cocodes, sino también para los empresarios del sector turístico.

Carlos Ramos, presidente de la Asociación de Proveedores de Servicios Turísticos de Antigua Guatemala (Asoprotur), dice que tampoco fueron convocados a las mesas técnicas y solo recibieron una invitación para participar en la presentación.

“Es necesario tomar en en cuenta a todos los empresarios pequeños de Antigua Guatemala, pero en este caso no se hizo. Todos los proyectos de infraestructura son importantes para el desarrollo de la localidad siempre y cuando se tome en consideración el impacto ambiental y la carga poblacional adicional que se genere”, afirmó.

Postura

Del Pozo, dice que “muy pocos entienden que es el POT”, a pesar de que se realizaron más de 125 talleres participativos con la participación de 250 vecinos, incluidos los integrantes de los Cocodes y se elaboró una hoja con 10 observaciones en las cuales se trabajó desde el año pasado.

“En mayo de 2022 se promulgó la normativa de movilidad futura del municipio, parte esencial para el crecimiento de carreteras, calles y avenidas de Antigua, es esa parte donde se tuvo que convocar a los dueños de las fincas, porque es sobre esa propiedad privada que pasarán estas carreteras a futuro, eso es lo que usan de argumento para decir que es un proyecto diseñado para los terratenientes”, dijo el jefe de la Corporación Municipal.

Según Del Pozo, es un tema político ya que entre los Cocodes de Antigua muchos son candidatos a alcaldes y otros figuran en planillas de varios partidos políticos y comités cívicos.

“Imagínese decirle a los vecinos de una cuadra que tienen que retirar un metro para ampliar una calle, se opondrán o se armaría el problema si una acción así se hace inconsultamente, entonces, cómo no se va a realizar esa reunión cuando a fincas se les está congelando tierra a futuro por manzanas enteras donde han de pasar las carreteras”, argumenta.

El Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala es el ente que actualmente vela por el patrimonio de la ciudad colonial. Sin embargo, la junta directiva es presidida por el alcalde municipal, por lo que la postura que mantienen no es distinta a la expuesta por Del Pozo.

La aprobación del POT de la Ciudad Colonial fue el 30 de marzo en una sesión extraordinaria que sostuvo el concejo y presidió el alcalde, Víctor Hugo del Pozo. La orden judicial también le ordena al director del Diario de Centro América “abstenerse de publicar en ese periódico oficial el POT”.

Con seis votos a favor y dos en contra, el 30 de marzo fue aprobado el POT, con el que según la comuna, se buscaba administrar el territorio urbano y rural en forma adecuada para preservar el patrimonio y que las construcciones se efectúen bajo los estándares establecidos.

La orden que emitió el Tribunal de Amparo establece que tampoco puede ser publicado ningún otro reglamento, acuerdo o disposición que tenga relación con el POT. 

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El amparo fue interpuesto por el diputado distrital electo por la Unidad Nacional de la Esperanza, y que ahora busca la reelección por el partido VOS, Julio Ixcamey.

De acuerdo con el legislador el lunes 3 de abril presentaron el amparo y un día después les otorgaron el amparo provisional. Los escritos que enviaron a las instancias para frenar el POT está firmado por el juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia de Alta Verapaz, Walter Fabricio Rosales Hernández.

El amparo provisional suspende por ahora el POT, y todos los instrumentos que habían sido aprobados por el concejo antigüeño. La acción legal obliga al concejo a consultar al pueblo, y deben abstenerse de reunirse para ratificar el POT y otros instrumentos.

Vecinos representados en los Cocodes, afirman que el proyecto solo genera desconfianza y temor por las consecuencias que causará, debido que fue a conveniencia de la Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Valle de Panchoy (Adepanchoy), en la cual se aglutinan propietarios de fincas ubicadas en las periferias de la ciudad antigüeña y empresarios de bienes raíces que contrataron expertos para la elaboración del plan.

Representantes de los 25 Cocodes agrupados en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, rechazaron totalmente el plan de ordenamiento territorial” porque el proyecto se los presentaron en un video de menos de 45 minutos, momentos antes de que se aprobara.

Los representantes de los Cocodes calificaron que de aberrante la acción del concejo y denunciaron que el proceso está viciado porque un plan de ordenamiento no puede otorgarse a una entidad privada, especialmente a los dueños de las fincas.

Según los pobladores organizados, de 120 reuniones que se hicieron para dar a conocer el POT, la mayoría solo participó en una o dos porque las programaron en horas laborales y lugares lejanos para que nadie acudiera.

El argumento popular es que “jamás llegaron a las comunidades a preguntar que debía cambiarse; si tenían agua, si los drenajes no han colapsado”, entre otras cosas.

La municipalidad ha emitido breves pronunciamientos sobre el tema por medio de la oficina de Comunicación Social. El vocero municipal de Antigua, Hugo Castillo, dijo que los vecinos no se oponen al POT, pero algunos opositores son personas que pertenecen a partidos políticos.

“Es falso que hay oposición, al contrario, se llevaron a cabo 127 talleres con participación de la ciudadanía”, sostiene.

Según la municipalidad, el POT busca administrar el territorio rural y urbano en forma adecuada para preservar el patrimonio. Además, que las construcciones se lleven a cabo bajo estándares y lineamientos establecidos.

Uno de los puntos que ha insistido la comuna es sobre el ordenamiento vial ya que en la actualidad circulan a diario unos 20 mil vehículos por las calles de Antigua Guatemala.

Acción Ciudadana (AC) dio acompañamiento a las autoridades indígenas para colocar la denuncia.

En un comunicado, AC indicó que estas acciones tienen como base la problemática que se ha generado por la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por la municipalidad sin consulta previa, libre e informada de la población indígena de Quetzaltenango.

En ese sentido, han solicitado información pública relacionada al tema, la cual no se les ha entregado con la excusa de cobros ilegales para acceder a la misma.

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También señalaron que la comuna “en constantes atropellos ha querido imponer políticas públicas y mesas de diálogo ilegítimas, incluso con el apoyo del presidente Giammattei, en las cuales únicamente hemos recibido discriminación y falta de reconocimiento a nosotros como autoridades indígenas”.

Indicaron que el objetivo es evidenciar la opacidad con la que según ellos se maneja la municipalidad y además, hacer pública la represión que como autoridades indígenas han sido víctimas.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que actúe de forma objetiva, y que en lugar de criminalizarnos o perseguirnos, investigue los hechos señalados, tanto la retención de información pública por parte de la Municipalidad como los atentados y homicidios identificados”, afirmaron en el comunicado.

Qué denunciaron

El intento de homicidio en contra de Jorge Obispo Rojas Gonzales por supuestas personas vinculadas a la Municipalidad de Quetzaltenango.

La muerte de Apolinario Morales Orozco que fue secuestrado y posteriormente asesinado.

La supuesta criminalización que ha emprendido la Municipalidad de Quetzaltenango en contra de las referidas autoridades.

Edie Cux, director jurídico de AC, dijo a La Red que la situación que atraviesa esta comunidad es preocupante desde la retención de información hasta la criminalización y persecución a raíz del POT “que afecta a las comunidades”.

Afirmó que se manifiesta la opacidad y la forma “tampoco correcta en la que la Municipalidad de Quetzaltenango ha atendido las necesidades de la población indígena”.

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Dijo que acompañaron a las autoridades para denunciar y accedan este derecho fundamental y que “lamentablemente la municipalidad no lo ha atendido y lamentamos eso y por eso es que las autoridades con acompañamiento de Acción Ciudadana están presentando esta denuncia”.

Se consultó a la Municipalidad de Quetzaltenango respecto de la denuncia por parte de las autoridades indígenas e indicó que no ha recibido ninguna notificación de denuncia en contra de ningún funcionario a ese respecto. Añadió que cuando tenga pleno conocimiento de la misma, seguramente se definirá una postura, respetando los debidos procesos.

Los pobladores se oponen al POT y a arbitrios y tasas que incluye, por lo que en varias ocasiones tomaron la medida de bloquear la vía hacia el vertedero.

La medida ha causado un caos ambiental en la ciudad de Quetzaltenango, por la acumulación de basura en las calles.

Su objetivo es establecer aspectos técnicos para regular la organización y utilización del suelo en todo el país, según la visión que se le pretenda dar a ese suelo y de acuerdo con el funcionamiento de las ciudades y centros urbanos, donde existe una consolidación del suelo, o en áreas rurales, con una disponibilidad mayor de zonas para usos diferentes al que se desarrollan en las densamente pobladas, añade.

Los POT se encargan de definir las zonas aptas para habitarlas, áreas para otros usos y zonas de riesgo para la población, ya sea por fenómenos naturales —deslizamientos, derrumbes, inundaciones, sequías o actividad volcánica— o causas antropogénicas, y promueven la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, al distribuir de forma equitativa la cobertura de servicios públicos básicos, como el de salud, para atender emergencias como la pandemia, dice Peláez.

Los POT potencian mejores oportunidades de desarrollo humano e incrementan las actividades productivas que se puedan asentar en un territorio, refiere la arquitecta Silvia García Vettorazzi, directora de Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala.

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La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) indica que elaborar un POT no es un proceso simultáneo en todos los municipios, sino que cada uno decide cuándo empezar, y el tiempo que les lleve desarrollarlo varía.

Los motivos por los que solo seis municipios —Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Salcajá, Poptún y Villa Nueva— han elaborado sus POT está en la falta de interés por parte de las corporaciones municipales —cambio de autoridades cada cuatro años—, así como los recursos necesarios para su implementación.

En la actualidad, otros 91 municipios tienen sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) como parte del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), manifiesta Peláez.

La competencia constitucional para regular los usos de suelo es exclusiva de las municipalidades y la población es la encargada de fiscalizar los resultados e impactos obtenidos con el POT, después de que finalice el período estipulado para su ejecución, a fin de medir su efectividad y eficiencia, expresa Peláez.

“Es necesario que el contenido del plan sea conocido y aceptado para su aplicación a través de la ciudadanía”, complementa García.

“Hay que tomar en cuenta que el POT puede ser muy bonito, pero si no se tienen los recursos ni el apoyo del gobierno central, será difícil realizar las acciones que en él se plantean”, señala Silvia Molina, analista de Ipnusac.

“El POT debe ser revisado constantemente. Las nuevas autoridades deben darle continuidad, pues los POT son dinámicos no estáticos”, añade.

Segeplán define la metodología y acompaña el proceso de formulación. Las municipalidades deben tener, como mínimo, un consultor o técnico experto en la materia para liderar el proceso, un técnico especializado en sistemas de información geográfica y presupuesto para la logística y contratación de personal, añade Molina.

“ Elaborar el POT no es una opción. Es una obligación establecida en el artículo 142 del Código Municipal. No es cuestión de gustos, sino de obligaciones legales”, remarca Gerson López Rodas, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes de Guatemala (Anam).

Diferencias

Se considera rural al espacio territorial que se caracteriza por estar conformado por edificaciones habitables dispersas, por lo general, situadas a lo largo de una vía o carretera, que cuenta con menor ocupación constructiva que la zona urbana y donde predomina en su paisaje campos de cultivos, bosques y un entorno de factores biofísicos.

El POT incluye lo urbano y lo rural, pues corresponde, más bien, a una estrategia territorial de uso de suelo delimitando el empleo de cada uno en función de lo que este representa para el territorio, hace ver la arquitecta urbanista Isabel Cifuentes Soberanis, miembro de la Asociación de Planificadores Creamos Guate y catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Ordenar un espacio urbano no significa que lo que ha sido exitoso en una zona del país será igual de exitoso en otra. Lo que sí los hace diferentes son sus características urbanas o rurales”, puntualiza.

El POT de la ciudad de Guatemala fue concebido pensando en la región metropolitana, antes de que las municipalidades de la periferia hubieran planteado una propuesta de ordenamiento territorial. Una de las primeras y, quizá, la más conocida, es la que se formuló durante la gestión de Manuel Colom Argueta (1970–1974), llamada Esquema Director de Ordenamiento Territorial, mediante el cual se construyó el Anillo Periférico, el puente El Incienso y se tomaron medidas en cuanto al urbanismo y distribución del agua, aunque el primer intento por ordenar la ciudad fue la zonificación realizada por Raúl Aguilar Batres en la década de 1950, apunta Cifuentes.

Retos y amenazas

Entre las dificultades que impiden una aplicación efectiva de los POT están las acciones arbitrarias y discrecionales que afectan los proyectos por ejecutar, así como la falta de consenso y participación de toda la población, enfatiza Peláez, al referir el caso del basurero municipal de Quetzaltenango, pues los pobladores del valle de Palajunoj se oponen al POT de ese municipio por los arbitrios y tasas que incluye, por lo cual desde el 1 de abril tomaron la medida de bloquear la vía hacia el vertedero, al exigir la derogación del plan.

La presión de la población sobre los recursos naturales de la zona a través del crecimiento y la densificación del territorio provocan un acelerado cambio de uso de suelo, ya sea urbano o rural, lo que desencadena la continua ocupación de un territorio, el cual es finito, hasta consolidarlo casi en su totalidad y ocasionando la ocupación sin regulación de zonas periféricas de desarrollo. Además, dificulta mantener el suministro y cobertura de los servicios básicos a esta creciente población, indica Peláez.

García suma otra dificultad para implementar los POT: la falta de un marco jurídico nacional y local que defina herramientas de gestión del territorio y, por ende, la incomprensión de la ciudadanía de la función pública de ordenar el territorio a nivel municipal, metropolitano y nacional, pues los resultados suelen verse a largo plazo, como acceso a la vivienda, transporte, movilidad y equipamientos urbanos, y la carencia de una base catrastal adecuada y otras competencias técnicas para el correcto estudio del territorio. “El ordenamiento territorial es un proceso continuo, que demanda espacios de diálogo para resolver los conflictos”, explica García.

Otra dificultad ha sido la oposición de algunos sectores de población, en especial de los propietarios de suelo, a su uso y regulación, destaca Amanda Morán, con especialización en Ciencias Políticas y Sociología e investigadora del Ceur.

“Un POT no soluciona problemas a corto plazo, pues se requieren años de aplicación estricta de las normativas para inducir cambios en fenómenos poblacionales y de ocupación que se han gestado por décadas”, expresa. La unidad encargada de elaborar el POT depende de la estructura de cada comuna, y hay que considerar que es aprobado por mayoría calificada del Concejo Municipal.

“En la medida que mejora el ingreso y la calidad de vida en el área rural, sus pobladores se verán menos necesitados de desplazarse para trabajar, vivir o gestionar en las zonas urbanas”, agrega.

“Las ciudades intermedias, como la ciudad de Guatemala, han superado su capacidad máxima de ocupación. Las vías de circulación son insuficientes y el medio de transporte es muy deficiente, en el cual se ha impuesto el uso de transporte público de dos empresas y los usuarios tienen períodos de espera de hasta media hora”, destaca Cifuentes.

Problema habitacional

La distribución poblacional y el acceso a la vivienda pueden constituir variables independientes, pues si bien un POT promueve el ordenamiento del territorio estableciendo zonas seguras para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, entre otros, estas se encuentran delimitadas por un espacio físico, lo cual puede afectar el número de soluciones habitacionales que se puedan implementar.

Según el XII Censo Nacional de Población, en el 2018 la cifra de habitantes era de casi 15 millones. El departamento de Guatemala tiene la mayor concentración a nivel nacional, seguido de Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché. Solo el 37.5 por ciento de la población tiene vivienda propia y cada año se construyen 4 mil 500 soluciones habitacionales de menos de Q500 mil, refiere Peláez.

Guatemala es el segundo país centroamericano con una densidad de 159 habitantes por kilómetro cuadrado. El área metropolitana central tiene la mayor densidad poblacional del país, con 3.5 millones de habitantes, y una densidad de 5 mil por kilómetro cuadrado en el municipio de Guatemala. Se estima que a nivel urbano del área metropolitana se necesitan unas 145 mil nuevas unidades, el 95 por ciento de ellas para hogares con bajos ingresos, refiere García.

Hay déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el déficit en el país es de 2.2 millones de unidades, y según Hábitat para la Humanidad, de 1.8 millones, dice Cifuentes. Se deben planificar centros poblados completos que incluyan vivienda, centros de trabajo y estudios, desde la formación inicial hasta las universidades, asequibles para todos los estratos sociales, afirma.

Con el POT, la Municipalidad de Guatemala adoptó un modelo de ciudad densa en los territorios cercanos a sistemas viales principales, con base en la metodología de Transecto, dotados con servicios de transporte, cercanos a las actividades productivas y económicas generadoras de empleo, añade. La inversión pública y privada de territorios, promovida por los POT, permite que las personas se asienten en dichas áreas y accedan a una vivienda segura y cercana a servicios básicos y actividades.

Además, hace énfasis en la conservación de su suelo ambientalmente valioso denominado “Cinturón Ecológico Municipal”, que prohíbe la urbanización en dichas superficies, clasificadas como zona general G0 y G1, a fin de conservar la cobertura vegetal y preservar el valor ambiental en estos territorios. Estos objetivos se han alcanzado por el aumento de la construcción en altura, asevera García.

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Los POT de otros municipios han seguido los lineamientos de Segeplan, basados en un diagnóstico socioeconómico del municipio y en identificar los actores clave en el uso y ocupación del territorio, expresa Morán.

En el 2000 se consolidó la ruta para que las comunas concretaran sus POT, según sus condiciones sociales, ambientales, económicas e institucionales, recuerda Josué Zaso, director de Gestión Territorial de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Los objetivos del POT en centros urbanos están más enfocados en densificar la población en zonas de mayor disponibilidad de servicios básicos, para hacer un uso más eficiente de estos, así como evitar las construcciones en zonas de riesgo o que amenacen la calidad de vida de los vecinos, señala López.

Los retos del POT en las zonas rurales estriban en la dispersión de población, porque ese fenómeno debilita aun más la capacidad edil y estatal de proveer servicios y demanda mayores inversiones en infraestructura, para atraer las productivas generadoras de empleo y oportunidades económicas, puntualiza López.

Las disposiciones de ocupación del suelo no pueden ser las mismas para zonas agrícolas que para industriales, por ejemplo. De igual manera ocurre en zonas urbanas, donde puedan edificarse viviendas verticales que no son comunes en áreas rurales, en las cuales prevalecen las viviendas horizontales, explica López.

Ejemplos

El arquitecto David Cojolón, director de Planificación Territorial de la Municipalidad de Poptún, Petén, una de las comunas que elaboró su POT en el 2019, el cual tiene 20 años de vigencia para su implementación y gestión, afirma que el municipio creció sin orden en los anteriores mandatos ediles, sobre todo en la zona central, por la ausencia de un plan.

En su mayoría, las viviendas en Poptún son de categoría mixta consolidada y la mayor área urbanizada es la zona central. El porcentaje de la población urbana es del 40.5, y rural, 59.5. En la actualidad se ha incrementado la industria, cuyas instalaciones están a lo largo de la ruta principal que recorre el municipio. Por tal motivo han proliferado las lotificaciones, en la medida que crece el número de personas que llegan de municipios vecinos como El Chal, Dolores o San Luis, para trabajar.

Cojolón expone que se prevé que Poptún se convierta en una “ciudad dormitorio” por esa misma razón. Entre los problemas para la aplicación del POT está que las personas que construyen no se acercan a la Alcaldía para informarse de los requisitos que deben cumplir, o habilitan discotecas en lugares donde no están permitidas. Y cuando desean construir en lugares de riesgo, deben conocer antes las normativas que lo prohíbe.

“Para nosotros, el diálogo con los habitantes es importante para hacer conciencia de que todo debe hacerse de forma ordenada”, señala.

El POT de Quetzaltenango nació en el 2017 y se reformó en el 2019 y 2021, con 10 años de vigencia. En el 2017 se creó la Dirección de Gestión Territorial y sus dependencias, pero avanzó con limitaciones porque no se lograba la cohesión social tan importante en los procesos de transformación de los territorios, dice Zaso. No fue sino hasta el 2020 cuando se comenzó a recuperar la confianza de la población quetzalteca con programas y proyectos de infraestructura de los planes operativos anuales, así como los primeros de mitigación vial, refiere.

La principal amenaza a la aplicación de los POT en las municipalidades, prosigue, es la vulnerabilidad de nuestra cultura influenciada por la desinformación y las redes sociales que debilitan la democracia y desvirtúan la gestión municipal. “Nunca se escuchará en esta corporación municipal decir que tiene la ‘varita mágica’ para corregir la ruta que el municipio tomó por muchos años, sino que se trata del trabajo constante y la transparencia para cumplir los principios rectores del POT de Quetzaltenango”, resalta Zaso.

El reto de la planificación de un territorio es plantear estrategias que atiendan el crecimiento poblacional sin que conduzca a la expansión urbana desordenada y desarticulada. Por ello, la ciudad de Guatemala propone la densificación de su suelo urbano, dotado de servicios e infraestructura, explica García.

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El desafío más significativo es el desequilibrio espacio-poblacional en la ocupación de los territorios que se ocupan, sin racionalidad de largo plazo, señala López. “También está la práctica de construir lo propio y dejar al Estado o a la municipalidad, en particular, la provisión de los servicios o la reparación de los daños ambientales causados, lo cual es irresponsable e insostenible. Nuestros hijos y nietos terminarán pagando las consecuencias de no actuar ahora”, advierte.

Normativas

• Para alcanzar el óptimo desarrollo humano y económico para todas las personas hay leyes y normativas que identifican funciones y obligaciones de los actores públicos en el proceso de urbanización o uso de suelo.
• La Constitución, en su artículo 253, establece que los municipios son instituciones autónomas y una de sus funciones es atender los servicios públicos locales y el ordenamiento territorial de su jurisdicción, indica la arquitecta Silvia García.
• El Código Municipal, nacido en 1957, en sus artículos 142 y 147 establece que las municipalidades están obligadas a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial, de desarrollo integral y planificación urbana de sus municipios.
• Las autoridades ediles son las responsables de elaborar los POT, para lo cual deben integrar equipos técnicos especializados en planificación del territorio, y en un trabajo conjunto con la población, definir los objetivos territoriales, sociales, ambientales y económicos que se desean alcanzar en el municipio.

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Desafíos en uso de suelo

Entre los problemas más recurrentes del uso de suelo está la falta de información sobre las características del territorio que se pretende ordenar, así como sobre las dinámicas de los ecosistemas y de la vocación del suelo.

Además, la falta de compromiso por parte de las partes interesadas para generar esta información y su posterior implementación y utilización, señala Peláez.

En el entorno urbano, los POT tienen el objetivo de reducir la deficiencia en la dotación de infraestructura, y en lo rural, evitar la depreciación paulatina del entorno ambiental, áreas verdes y de conservación patrimonial, pues la ausencia de planes de desarrollo sostenible incide de forma negativa en la calidad de vida de la población y afecta la disposición de los recursos hídricos, flora y fauna.

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Los POT deben evitar la construcción de determinadas edificaciones en zonas de riesgo. Sin embargo, el cumplimiento de tales preceptos puede ser relativo y sujeto a interpretación, por lo que debe ser de observancia de la sociedad civil y de los mecanismos de seguimiento y monitoreo, enfatiza Peláez.

La Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres es la entidad competente a nivel nacional para determinar si un lugar es considerado de riesgo o alto riesgo para habitar.

Visión futura

Los alcances en el mediano y largo plazos de los POT deben regirse por los ODS e incluir la reducción de la desigualdad y las injusticias sociales, evitar el deterioro de las periferias urbanas y rurales, mitigar los impactos negativos al ambiente y permitir el necesario desarrollo económico de los territorios y el bienestar de las personas, remarca Peláez.

García dice que el POT de la ciudad se encamina al desarrollo del Distrito Núcleo (ciudad consolidada) y debe impulsar los nuevos Distritos de Oportunidad, como territorios autosuficientes con el modelo de la ciudad compacta, donde la cercanía de todas las actividades y servicios básicos públicos se generen de forma natural y con desarrollo sostenible de forma equitativa, planificados por la gestión del alcalde Ricardo Quiñónez para los próximos 30 años.

Las disposiciones técnicas y regulaciones que establece el POT pueden ser adecuadas, pero sin el apoyo ciudadano están condenadas al fracaso. El éxito del POT no depende de un gobierno municipal —se requieren varias gestiones para ver resultados—, sino de toda la población, que entienda que lo que está en juego no es el caudal de los políticos, sino la sobrevivencia de nuestra sociedad, resalta López.

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Los POT deben centrarse en detener y reorientar el crecimiento de la mancha urbana, mejorando las infraestructuras más críticas que hoy afectan nuestra calidad de vida, en particular el agua, los drenajes y el transporte. En el largo plazo, también deberíamos ver espacios públicos rediseñados, con alta vitalidad ciudadana, que coexistan con los de uso mixto equilibrado, una red vial rediseñada y viviendas dignas construidas en espacios sin riesgo y con servicios públicos mejorados, concluye López.

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Rivera señaló que las reformas fueron a la mayoría de artículos. “Hubo cambios de forma y de fondo.  Los alcaldes comunitarios señalaron que el contenido de varios artículos era ambiguo y poco claro, con las reformas se ampliaron conceptos y quedó explicado detalladamente”, señaló la funcionaria.

Algunos de los artículos reformados fueron los referentes a la desmembración de  tierra, medida que causó la molestia de los quetzaltecos. “Con la reforma un vecino podrá desmembrar de su propiedad un terreno con un mínimo de 80 metros cuadrados, esa fue una petición que fue atendida”, acotó Rivera.

La funcionaria aclaró que las peticiones de los alcaldes comunitarios que contravenían el Código Municipal y otras leyes de observancia general no fueron tomadas en cuenta en las reformas por ilegales, y mencionó: “Los alcaldes pidieron tener el control de las licencias de construcción en sus comunidades, esa petición fue rechazada porque existe un departamento específico que funciona en la municipalidad”.

Para la jefa de la Dirección de Gestión Territorial con la publicación de las reformas concluye un proceso de cabildeo y de oposición de parte de las autoridades comunitarias del municipio.

No avalan reformas

Mario Pérez, representante de las 24 comunidades comunitarias aglutinadas en la Coalco, expresó que no avalan las reformas porque no contienen ningunas de las peticiones que ellos presentaron a la mesa técnica.

“A raíz de la manifestación –15 de marzo del 2019– nos tomaron en cuenta y se formó una mesa de diálogo donde presentamos nuestras propuesta a la comisión técnica, pero nuestra opinión no fue tomada en cuenta ni la comisión, ni en el Concejo”, argumentó Pérez.

La Coalco anunció que presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto las reformas al POT.

También presentarán una denuncia contra el Concejo y las autoridades de la Dirección de Gestión Territorial.

“Ahora si el Concejo conocerá el poder de manifestación de la 24 comunidades, el pueblo se va a levantar, vamos a protestar porque el alcalde cree que está por encima de los vecinos”.

BID efectuó estudio

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró en el 2013 el plan de desarrollo para la ciudad de Quetzaltenango, que se denominó “Xelajú sostenible”. El documento propuso cuatro ejes de trabajo para desarrollar al municipio, fortalecimiento de la administración financiera y la transparencia en la Municipalidad, administración eficiente del servicio de agua entubada y aguas servidas, manejo de desechos sólidos, y el Plan de Ordenamiento Territorial.

El POT contempla seis ejes de trabajo

Sostenibilidad: cuidado de recargas hídricas, zonas forestales, limita ocupación de áreas valiosas por su diversidad.

Bien común: interés social, recuperar espacios públicos, ornato, propiciar normas.

Preparación territorial: reducir medidas de mitigación, regulación de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones.

Competitividad: Agilización de trámites, transparencia en procesos, vinculación dinámica entre territorio del área metropolitana de los Altos y la ciudad de Xelajú.

Movilidad: proyectar rutas alternas, crear nuevas rutas, periférico sur, definición de anchos mínimos de vía, transportes colectivos.

Clasificación del uso del suelo: siete usos urbanos y cinco rurales.

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El jurado tomó en cuenta la mejora de la accesibilidad en los espacios físicos, entre las cuales destacan las obras en aceras, pasos de peatones y los parques.

Además, se tomó en cuenta la labor realizada en el campo educativo ocupacional, tiempo libre y cultura.

Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá, manifestó que los trabajos que se llevan a cabo en el municipio se construyen de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial que está vigente desde el 2012.

“En Salcajá estamos poniendo en práctica uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es movilidad urbana, que las personas con algún tipo de capacidad diferente tenga acceso a los servicios municipales, áreas de recreación y que todos los vecinos se movilicen sin obstáculos”, detalló el jefe edil.

La directora de la oficina del POT, Ively Ramírez, mencionó que el trabajo de esa dependencia será continuar mejorando la infraestructura del municipio debido a que empresas nacionales y multinacionales tiene previsto instalarse en Salcajá y para elevar el nivel de vida de los vecinos.

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Gregorio Rojas es un vecino Salcajá quien todos los días se moviliza de su casa al parque central en una silla de ruedas.

Para Rojas, que las principales calles y avenidas de su municipio tengan rampas le ayudaron a desplazarse a otros puntos del pueblo que antes le era imposible hacerlo debido a diferentes, obstáculos.

“No sé nada del premio que ganó la municipalidad, pero en las calles hay orden y el peatón y las personas que usamos una silla de ruedas tenemos privilegios en la calle”, comentó Rojas.

Polo de desarrollo

Salcajá, el segundo lugar en el ranking de gestión municipal de todo el país, según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), cabildea desde el año pasado con las tres empresas de telefonía en el país para instalar un centro de llamadas.

La idea para atraer inversión no es nueva, señala el jefe edil Miguel Ovalle, quien explica que todo comenzó cuando el municipio obtuvo el plan de ordenamiento territorial donde se establecieron los planes de desarrollo para los 20 mil habitantes del municipio.

“Atraer inversionistas y ofrecerles servicios municipales de calidad en un área de potencial desarrollo tiene como objetivo crear oportunidades de empleo para la región. Somos el primer municipio en el occidente en recuperar los espacios públicos”, indicó Ovalle.

Empresarios encuestados coincidieron en que hay seis municipios del suroccidente, en Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos, que promueven un ambiente propicio para la inversión, entre ellos está Salcajá.

El segundo municipio más pequeño en Guatemala comenzó a transformarse en los últimos cinco años y de acuerdo con Ovalle, un éxito de su administración es que en el 2012 la comuna tenía un presupuesto de Q20 millones y ahora es de Q45 millones.

La comuna subvenciona los servicios de alcantarillado, agua entubada y extracción de basura.

Al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), le llama la atención la visión que tienen las autoridades del Salcajá de modernizar la zona.

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Roberto Rivera, subdirector de Gestión Territorial, manifestó que los vendedores creen que como en otras ocasiones la comuna solo advertía y no actuaba, sin embargo, en esta ocasión los empleados municipales llegaron con apoyo de la Policía Nacional Civil que vigilo que el operativo se efectuara sin violencia.

Momentos de tensión se vivieron cuando la PM llegó a la 17 avenida, atrás del colegio María Auxiliadora, para desbaratar una estructura de madera de un comedor que se ubica sobre la acera, las vendedoras informales de comida arremetieron contra los agentes municipales.

Los comerciantes inconformes señalaron que los operativos municipales son ilegales y como en otras ocasiones, manifestaron estar sindicalizados en la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango.

El subdirector de Gestión Territorial, expresó que los operativos continuarán y que el objetivo es recuperar las aceras y calles de obstáculos y ventas informales que generan caos vial y pérdida del ornato de la ciudad.

• Video: Municipalidad de Quetzaltenango

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¿Son una solución los planes de ordenamiento territorial?

La junta directiva estará integrada de la siguiente manera: 

• una persona designada por el alcalde
• el concejal presidente de la Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda
• el director de la Dirección de Planificación Urbana
• el director de la Dirección de Control Territorial
• el director de la Dirección de Catastro y Administración del Impuesto Único sobre Inmuebles
• el jefe del Departamento de Planificación y Diseño de la Dirección de Obras

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El acuerdo referido también señala que todo propietario podrá solicitar rectificación de zonas generales siempre que demuestre que físicamente la asignación no coincide con el mapa del Plan de Ordenamiento Territorial. La Dirección de Catastro y Adminsitración del IUSI podrá investigar si lo considera necesario y emitr su resolución con criterios de asignación de zonas generales y vocación del uso del suelo. 

Cualquier unidad ejecutora de proyectos municipales para edificaciones nuevas destinadas a ocupación humana deberá tramitar la licencia municipal sujeta solo a la presentación de plano firmados por el profesional responsable y los requisitos estatales que sean aplicables. 

En Guatemala existen 497 asentamientos, el 80 por ciento están en riesgo y muchos de ellos están en la Ciudad de Guatemala. 
 

La Dirección de Control Territorial resolverá las solicitudes de licencia de uso del suelo para actividades de manufactura o industria mecanizada o automtizada o actividades masivas de excavación, procesamiento o depósito de materiales. 

Otro aspecto que se reforma son las modificaciones ligeras, las cuales se entenderán como los trabajos livianos que incluyen repellos y cernidos, arreglos al cielo raso, pintura, instalación de molduras o elementos decorativos, apertura de puertas peatonales, pérgola, portones y ventanas en viviendas unifamiliares, rejas y balcones, entre otros. 
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El acuerdo entra en vigor este miércoles, un día después de su publicación en el diario oficial. 

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El instrumento técnico-legal que recoge esas actividades es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El Código Municipal obliga a las comunas a formular sus POT, requisito poco atendido. Dentro de estos hay otros instrumentos que definen actividades puntuales: Plan Maestro, Plan de Manejo, Plan Regulador o Plan de Conservación. Para la ciudad de La Antigua Guatemala este último puede ser para el conjunto urbano definido por la Ley Protectora o pormenorizado por monumento, dada su importancia histórica y posibles usos que se puedan dar.

Por las características de la histórica ciudad, la Ley Protectora de 1969 previó que su plan regulador y sus periódicas revisiones fuera formulado por el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), (Art.5, Inciso e), y ser sometido a la aprobación de la municipalidad. Condición que prevalece ante el reconocimiento de la Constitución Política de la República, al régimen especial al que está sujeta.

Vecinos organizados y cooperación internacional han aportado esfuerzo y trabajo para garantizar su desarrollo y conservación. Al menos existen 18 documentos de la naturaleza señalada que a pesar de haber sido hechos de la mano de las instituciones a cargo (municipalidad y CNPAG) ninguno fue puesto en práctica.

En septiembre 2015, cuando la actual alcaldesa fue electa y confirmada la integración del Concejo Municipal por el Tribunal Supremo Electoral, profesionales unidos en el Grupo Impulsor de La Antigua (GIA) preparó el documento: Insumos para el Plan Maestro (2016). En una presentación de ese informe, la alcaldesa sorprendió al anunciar, palabras más, palabras menos, …que sus amigos inversionistas y dueños de la tierra le habían advertido que esperarían a que el 15 de enero de 2016 tomara posesión del cargo, pero que el 16 le presentarían sus proyectos… que tendría que aprobar, pues no tenía instrumentos técnicos ni legales para no hacerlo… El documento del GIA fue entregado a cada miembro del Concejo Municipal, pero fue ignorado.

En el ínterin, el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom) incursionó buscando cómo apoyar con préstamos internacionales a los grupos de poder que lo integran. Pensando que algo positivo podría salir de eso, ante la incredulidad de sus funcionarios, GIA entregó su estudio, que al igual que los miembros del Concejo Municipal, lo despreciaron. Encontraron en la alcaldesa la autoridad idónea para promover un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$3.5 millones, para hacer los planes que tiempo atrás, vecinos y cooperación internacional hizo sin costo alguno.

El miércoles 28 de febrero, a las 18:00 horas, en el Convento Capuchinas, el Consejo Cívico de Vecinos con el apoyo de nueve asociaciones más, invita al I Foro ¿Qué ciudad queremos? / Importancia de la planificación del territorio, para analizar la validez de ese entuerto.

jmmaganajuarez@gmail.com