El surgimiento de nuevos municipios constituye un estímulo al entusiasmo comunitario por su desarrollo, un soporte para la descentralización y una oportunidad para la equidad en el manejo de los recursos estatales destinados por el Gobierno a las prioridades sociales.

El nacimiento a la vida edilicia de Santa María Cahabón y Raxruhá, en Alta Verapaz, y Unión Cantinil, en Huehuetenango, ha abierto las puertas a la concreción de sueños que permanecieron congelados por muchos años, debido a los escollos en contra de esa legítima aspiración de líderes que procuran mejores niveles de vida para sus comunidades.

En los trámites de aquellos lugares primaron las condiciones demográficas, urbanísticas y socioeconómicas, pero también el abandono de las autoridades edilicias jurisdiccionales respecto de sus necesidades, aunque esas otrora aldeas fuesen generadoras de impuestos, arbitrios y tasas para sus arcas.

Las aldeas con condiciones para merecer la autonomía buscan ser municipios por varias razones, entre ellas, la escasa asignación de recursos por parte de la autoridad edilicia correspondiente, para satisfacer sus necesidades de servicios básicos, y por las dificultades para realizar gestiones en el Registro Civil y de otra naturaleza, atendidas por las comunas.

Cuando las aldeas superan en demografía y dinámica económica a sus cabeceras, el oportunismo político-partidista pone los ojos en líderes de esos emporios rurales para asegurarse el triunfo en la puja electoral edilicia. Pero esto genera una situación incómoda para los vecinos de la cabecera municipal porque deben sujetarse a la autoridad de un extraño, aunque al recién llegado también le resulta embarazoso ejercer el cargo entre personas que le son poco conocidas y ajenas a sus intereses locales.

No es raro que las aldeas con deseos de emanciparse tengan más pujanza que las cabeceras de sus municipios. Eso fue evidente, por ejemplo, con Poptún, cuando se separó de San Luis, en 1966, o de El Chal, respecto de Dolores y Las Cruces, con Sayaxché, los tres lugares, de Petén; y de Boca del Monte con Villa Canales, Ciudad San Cristóbal en referencia a Mixco, y San Vicente Buena Vista con Momostenango, Totonicapán. En los tres últimos casos citados existen movimientos para elevarlos de categoría.

Es una torpeza obstaculizar la creación de nuevos municipios, porque esto es beneficioso desde cualquier ángulo. La nueva circunscripción deja de ser una carga financiera y un problema político para su parcela madre, y el recién nacido territorio aprovecha el entusiasmo comunitario para comenzar a caminar por mérito propio y resolver sus necesidades. También favorece la equidad financiera, porque la nueva localidad recibe los aportes estatales en función de su tamaño y peso demográfico.

El Ejecutivo y el Congreso deben acelerar los trámites de las aldeas que quieren convertirse en municipio, porque esto fortalece la democracia, estimula la participación y pertenencia comunitarias y favorece la descentralización y desconcentración administrativas, de las que tanto se habla pero no se concretan.