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Han transcurrido 74 días desde que se produjo la más grande redada de indocumentados en EE. UU. y los ecos todavía no se apagan. Es natural que una cacería tan grande de inmigrantes, cargada de anomalías, no se apague de la noche a la mañana. De hecho, la semana recién pasada volvieron al tapete algunas de las irregularidades cometidas en tan vasto operativo, que dejó un sabor amargo, por las implicaciones negativas para cientos de familias guatemaltecas que en Iowa y este país han vivido en vilo, porque la historia no termina.

Una operación tan largamente planificada tampoco tenía por qué salir a la perfección. Primero fue el escándalo de la brutalidad policial, pues a los indocumentados capturados se les mantuvo bajo arresto en un campo para destazar reces. Luego, un reporte de The New York Times desnudó el vergonzoso proceso judicial durante el cual los derechos de los indocumentados fueron burlados, todo motivado por la denuncia de Eric Camayd-Freixas, quien sirvió de traductor y denunció los atropellos que habían sufrido los guatemaltecos procesados.

A todo esto se sumó la crítica que emitió el jueves el Congreso de Estados Unidos, al cuestionar la legalidad de la redada en la procesadora de carne en Postville, Iowa. Los legisladores también dejaron plantada la duda sobre las prioridades del Gobierno estadounidense, pues consideran que con su táctica se dificultó la investigación sobre violaciones laborales en la fábrica Agriprocessors.

Las críticas contra esa redada no eran nuevas, porque antes, el 13 de julio, The New York Times había titulado uno de sus editoriales como “La vergüenza de Postville”, en el cual censuraba los rápidos juicios en los que se había criminalizado a los guatemaltecos capturados. Algo que también en Guatemala había motivado la protesta de parientes de los detenidos, que reclamaron en la Procuraduría de los Derechos Humanos la deportación de sus familiares.

Ante ese cúmulo de hechos, el Gobierno guatemalteco apenas está reaccionando, ante la demanda de las víctimas, pues de los 288 compatriotas detenidos el 12 de mayo pasado, 232 permanecen presos, en espera de que alguien reclame algo de sus derechos, pues, como lo calificó un legislador estadounidense, el juicio más pareció una venta de ganado.

Es de esperarse que la visita que inició esta semana, en Iowa, el vicecanciller Miguel Ángel Ibarra resulte en algo alentador, pues, después de entregarle algunos fondos a los familiares de los detenidos, para aliviar la crisis, su misión más importante es lograr una mediación exitosa en la Fiscalía, la instancia que puede interceder para que a los guatemaltecos se les reduzca la permanencia en prisión.

Si bien es cierto que la redada de Iowa desgarró la vida de numerosas familias, también lo es que impactó la integridad del sistema judicial estadounidense, al punto de que el testimonio de un traductor logró que el caso trascendiera al periódico más importante de ese país y, finalmente, al Congreso, que censuró los juicios masivos que se llevaron a cabo en Iowa. Corresponde ahora a las autoridades guatemaltecas hacer el mejor esfuerzo en favor de los migrantes.