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La reducción de las facilidades de ingreso para extranjeros, anunciada ayer por el Parlamento Europeo, significa malas noticias para los ciudadanos de lugares exportadores de mano de obra barata, y se convierte en una faceta más de la crisis, que genera en el mundo entero reacciones, retrocesos y cambios respecto de las políticas y los derechos que son otorgados por los países a quienes se encuentran dentro de sus fronteras como emigrantes, en especial, si han ingresado sin llenar los requerimientos legales.

Los indocumentados, según la nueva disposición, pueden ser capturados y detenidos hasta 18 meses mientras se tramita su repatriación. Ello implica un gasto para los Estados, pero al mismo tiempo permite la posibilidad de que determinados empleos queden a disposición de las clases económicamente débiles de los países huéspedes.

La evidencia parece indicar que conforme los ciudadanos de los países huéspedes empiezan a afrontar problemas económicos, como consecuencia de esta crisis o de cualquier otro motivo, se inician, además, las presiones contra los extranjeros. Afloran también las dificultades ocasionadas porque estos inmigrantes tienden a crear guetos dentro de las grandes ciudades, sobre todo, y las diferencias culturales y religiosas se convierten en factores de división que pueden desembocar en racismo.

La integración de los indocumentados a la economía de los países desarrollados, como los europeos, es un factor positivo para el avance de éstos, siempre que no se presente alguna crisis, a veces causada, entre otros factores, por el aumento de los gastos estatales para estas personas. Desde la perspectiva de los países emisores de los inmigrantes, las medidas tomadas por el Parlamento Europeo constituyen un retroceso, lo cual es cierto, pero tampoco se puede negar que ha sido obligado por las circunstancias actuales, desarrolladas, a veces, desde hace muchos años.

Según los países receptores de personas, las medidas se explican como una manera de reducir gastos, defender algunos elementos culturales propios y evitar problemas sociales. Pero no se puede negar que se trata de un motivo de tensión en el ámbito internacional, como consecuencia de la importancia que para los países emisores ha llegado a significar la presencia de sus ciudadanos en naciones extranjeras. Guatemala es un claro ejemplo.

Pero el tema no se puede apartar del aspecto puramente humano. Las emigraciones, sobre todo las ilegales, son consecuencia de la pobreza, de la falta de oportunidades de tener una vida digna, para los países poco desarrollados. Implican separación de las familias, dificultad de adaptación a las condiciones de los países huéspedes, malos tratos de todo tipo y, muchas veces, viajes peligrosos que, frecuentemente, les cuestan la vida a quienes se atreven a cruzar desiertos o atravesar océanos. Desde esta perspectiva, sobre todo, son malas noticias para quienes han pensado en salir de su país nativo, con la idea de mejorar sus horizontes, y lo peor es que es muy poco lo que puede hacerse a favor de ellos.