Análisis | La indispensable despolitización de la justicia: herramientas técnicas para una elección meritocrática

La aplicación de herramientas técnicas permitirá privilegiar el mérito de los aspirantes a los cargos públicos, apunta Guatemala Visible.

Guatemala Visible, especial para Prensa Libre

9 de marzo de 2026

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La comisión de postulación para fiscal general durante la sesión del 5 de marzo pasado. Este año se activan tres postuladoras para seleccionar candidatos a cargos públicos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Las últimas semanas han estado marcadas por el desarrollo de varios procesos trascendentales de nombramiento de autoridades en el país, varios de ellos mediante el mecanismo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación (LCP). En Guatemala llevamos años debatiendo cómo mejorar este modelo para la selección de funcionarios públicos de alta relevancia. Sin embargo, sería ilusorio pensar que ya hemos encontrado una solución definitiva.

Prueba de ello es que seguimos sin lograr los consensos necesarios para reformar la ley y resolver los desafíos y obstáculos que ha evidenciado a lo largo de los años. Uno de los resultados más visibles ha sido la creciente politización no solo de los procesos de selección, sino también de algunos de los actores que participan en ellos, incluidas varias universidades del país. Lejos de fortalecer el papel de la academia y sus estándares de excelencia y rigor académico, en muchos casos se ha incentivado la creación de nuevas universidades con facultades de Derecho cuyo principal objetivo parece ser garantizar representación en las comisiones de postulación.

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El 2026 representa un momento particularmente intenso para la institucionalidad del país. En pocos meses coinciden varios procesos de enorme trascendencia: la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, y posteriormente la designación del contralor general de Cuentas.

En este contexto, uno de los procesos más relevantes en desarrollo es la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. La comisión de postulación encargada de esta tarea tiene un desafío particularmente delicado: garantizar que la preselección de candidatos se realice con objetividad, transparencia y publicidad, de manera que la nómina final de seis aspirantes que será enviada al presidente de la República refleje criterios de mérito, idoneidad y honorabilidad.

Para alcanzar ese objetivo resulta indispensable reducir, en la medida de lo posible, los márgenes de discrecionalidad política que permite el diseño actual de la Ley de Comisiones de Postulación y privilegiar la evaluación técnica de los aspirantes. Esto es especialmente importante en un contexto en el que el país ha experimentado fuertes tensiones ideológicas y en el que distintos cargos del sistema de justicia han quedado expuestos a estas dinámicas.

Con el propósito de aportar herramientas que permitan disminuir la subjetividad en estos procesos, Guatemala Visible desarrolló —en colaboración con el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Universidad del Valle de Guatemala— una arquitectura de instrumentos técnicos orientados a fortalecer evaluaciones más objetivas y basadas en competencias.

El primer instrumento es el perfil y descriptor del puesto, que define con claridad no solo los requisitos legales del cargo, sino también las competencias técnicas y conductuales necesarias para desempeñarlo. Al establecer un estándar claro del perfil ideal, la comisión puede evaluar de forma más objetiva las brechas entre ese perfil y las cualidades de cada aspirante.

El segundo instrumento es la tabla de gradación, que convierte los méritos académicos y profesionales en puntajes cuantificables. De esta forma se asigna un peso específico a cada aspecto de la trayectoria del candidato, lo que permite una evaluación transparente y verificable. Este tipo de herramientas evita que factores ajenos a la función influyan de manera decisiva en la selección.

Finalmente, la guía de entrevista y el assessment center permiten evaluar competencias clave como la independencia, la capacidad de resistir presiones, el pensamiento estratégico y el compromiso con el Estado de derecho. A través de preguntas estructuradas y la resolución de casos hipotéticos es posible analizar cómo reaccionaría un aspirante ante situaciones complejas propias del ejercicio del cargo.

La incorporación rigurosa de estos instrumentos técnicos no elimina por completo los factores políticos que inevitablemente rodean estos procesos. Sin embargo, sí permite reducir significativamente la subjetividad y fortalecer la legitimidad de las decisiones.

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En última instancia, la despolitización de estos procesos no depende únicamente de reformas legales, sino también de la voluntad de quienes integran las comisiones de postulación para aplicar criterios objetivos y resistir de manera rotunda cualquier tipo de presiones externas. En la medida en que las comisiones de postulación tengan la voluntad y la capacidad de evitar y alejarse de las presiones políticas, desde su juramentación y, sobre todo, durante la evaluación y el análisis técnico de los perfiles de los aspirantes, así como en el cumplimiento estricto de los requisitos legales y de trayectoria, será posible avanzar hacia procesos de selección que privilegien verdaderamente el mérito.

Solo a través de este enfoque metodológico es posible garantizar un proceso de selección que realmente priorice el mérito y entregue a la nación un profesional dotado de la calidad, la independencia y la integridad que requiere la máxima autoridad del Ministerio Público.

Después de más de una década de vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación, el desafío sigue siendo el mismo: transformar estos procesos en verdaderos mecanismos meritocráticos capaces de garantizar que quienes ocupen las más altas responsabilidades del sistema de justicia lo hagan por su capacidad, independencia e integridad.

El poder estatal que se define, dentro de un mes, con la elección de rector de la Usac

La Usac tiene voz y voto en 53 instituciones del Estado y en comisiones de postulación clave, mientras el CSU define esos nombramientos y administra un presupuesto de Q3 mil 522 millones.

Elsa Coronado, Especial para Prensa Libre

9 de marzo de 2026

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Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sede de decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU). (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Universidad de San Carlos (Usac) tiene representación en 53 instituciones del Estado: instancias del Ejecutivo, federaciones deportivas, consejos de desarrollo y entidades de salud, economía y tecnología. Además, por mandato constitucional se le asigna una silla en las comisiones de postulación de los órganos de control estatal.

Por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho participa en la elección de candidatos a dirigir el Ministerio Público, mientras que el de Ciencias Económicas lo hace en la comisión postuladora de aspirantes a la Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza el gasto público.

Las personas designadas por la Usac tienen voz y voto en las decisiones más relevantes del país, y su nombramiento o participación lo define el Consejo Superior Universitario (CSU), un sistema de gobierno tripartito con representación de estudiantes, profesores y egresados colegiados, bajo la presidencia del rector.

Todos los actores son elegidos mediante un sistema de cuerpos electorales, y quienes hacen mayoría pueden dominar las decisiones en la Usac.

Ese sistema funciona como un campo de batalla político, con disputas de poder a nivel de facultades, asociaciones estudiantiles y sector gremial. Docentes y estudiantes han denunciado la corrupción de los procesos de elección, a través de la compra de votos a cambio de beneficios como asignación de puntos o puestos de trabajo para estudiantes, docentes o sus familiares. También señalan amenazas de despido o traslados.

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Además de la incidencia en los órganos de control del Estado, quienes integran el CSU tienen la potestad de administrar un presupuesto millonario. En el 2025 la Usac manejó Q3,522 millones. El 87% provino de ingresos tributarios, de acuerdo con el mandato constitucional.

El manejo de los fondos ha sido motivo de señalamientos. Diputados oficialistas y del partido Vos, por ejemplo, han denunciado falta de rendición de cuentas bajo la administración de Walter Mazariegos. Han reportado compras sobrevaloradas, sin respaldo y la contratación de personal con fines políticos. En varias facultades hay más profesores bajo contratos anuales que en planilla, lo cual concede a las autoridades de turno el control sobre las asignaciones de cátedras.

Datos del 2025 refieren que la Usac tiene 216,783 estudiantes en grados técnicos y de licenciatura a nivel nacional, 767 extranjeros y 10,679 de posgrado. El 50% estudia en la región metropolitana.

La Universidad no publica datos actualizados del número de trabajadores administrativos y de servicios, pero un reporte del 2022 contabilizaba 5,169. El 90% del presupuesto de la Usac se destina al pago de personal y funcionamiento.

Pugna por el poder

La situación política de la Usac se agravó en el 2022 por el mecanismo fraudulento que se utilizó para relevar al rector. El CSU bloqueó a la oposición: solo 72 de 170 electores asistieron y por unanimidad declararon ganador a Walter Mazariegos, el único candidato presente.

Los cuerpos electorales se componen de cinco representantes elegidos de estudiantes, igual número de profesores de las 10 facultades del campus central y cinco de cada uno de los 14 colegios profesionales. Esto suma 170 electores.

La elección de Mazariegos fue validada por el CSU, que funciona como una aplanadora. De sus 41 integrantes, 26 ejercen funciones con el período vencido. El mismo consejo ha impedido el nombramiento de sus reemplazos, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ordenó la renovación de cargos.

La mayoría de consejeros vota en la misma línea y gira en torno a la figura de Mazariegos. Con esa composición de poder fueron elegidos dos magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

El próximo 8 de abril, Mazariegos puede buscar su reelección. Las votaciones para elegir a los cuerpos electores han evidenciado las dimensiones de la pugna de poder por la rectoría.

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Un movimiento contra Mazariegos

A pesar del bloqueo a la participación y las sanciones que el CSU ha impuesto a sus contrarios —entre ellas procesos disciplinarios y expulsiones—, el grupo contrario a Mazariegos ha ganado 20 cuerpos electorales. Los afines al actual rector tienen ocho.

Quedan pendientes varias votaciones. En algunos casos porque se requieren segundas vueltas y en otros porque los eventos se suspendieron debido a varias anomalías que se reportaron en instancias judiciales, entre ellas el bloqueo a la participación de planillas de la oposición.

El objetivo de quienes adversan a Mazariegos es ganar el mayor número de electores para iniciar un cambio en la correlación de fuerzas en el CSU. La votación se realizará en el Hotel Casa Santo Domingo. Para ganar, un candidato que participa por primera vez necesita la mitad más uno de los votantes presentes en el evento. Para la reelección es necesario el respaldo de las dos terceras partes.

Aunque la oposición reconoce su ventaja, todavía no canta victoria. El CSU debe avalar su participación y hay inquietud de que se repita el mecanismo que los bloqueó en el 2022, cuando Mazariegos fue nombrado rector.

Otro escenario que avizoran es que, sin mayoría de cuerpos electorales, el CSU deba elegir entre los dos candidatos punteros en contienda. Tal como está integrado, la mayoría de votos responde a Mazariegos.

La oposición se articula: el movimiento DIRE

Renato Ponciano es uno de los profesores que integran el movimiento Dignidad y Rescate (DIRE), el cual, según cuenta, surgió para promover la elección de un rector con un perfil de “honorabilidad y académico”.

El movimiento DIRE tiene tres aspirantes a la rectoría: Hada Alvarado, Rodolfo Chang y Marco Vinicio de La Rosa. Los tres fueron acusados en el caso “Toma de la Usac: botín político”, con el cual el Ministerio Público buscaba vincular las protestas contra la elección anómala de Mazariegos con los señalamientos contra el partido Semilla.

A partir de ese caso, el Ministerio Público presentó 44 órdenes de captura contra estudiantes, profesores y solicitudes de retiro de antejuicio para diputados e incluso contra el presidente Bernardo Arévalo. Un juez resolvió que no hay razón para perseguir penalmente a Alvarado y De La Rosa, mientras que el caso contra Chang sigue abierto por depredación de bienes culturales y usurpación. El Ministerio Público los acusó de asociación ilícita.

Ponciano destaca que el proceso judicial afectó la moral estudiantil y docente. Dos de sus colegas, profesores de la Facultad de Ingeniería, renunciaron tras la persecución penal que conllevó el bloqueo del pago de sus salarios.

Javier Monterroso, exdocente de la Facultad de Derecho, asegura que la intimidación sigue vigente. A él le cesaron su cátedra por ser opositor de Mazariegos y asegura que varios docentes han sido intimidados para mantener apoyo al actual rector.

Monterroso ha sido uno de los abogados que ha presentado recursos legales para impedir el bloqueo de inscripción de planillas en la Universidad y en colegios profesionales.

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A pesar de que el poder que está en juego es de dimensiones estatales, la definición del rector se realiza con un número reducido de participantes.

Jennifer de la Cruz, estudiante de noveno semestre, quien integró la planilla opositora en la Facultad de Derecho, explicó que en la tercera vuelta ganó el grupo que se asocia con la facción de Mazariegos, a través del decano Henry Arrega. Obtuvieron 1,931 votos, mientras el grupo contrario consiguió 1,676.

Se trata del 10% y 8%, respectivamente, del padrón de votantes, compuesto por aproximadamente 19 mil alumnos.

“Hay una apatía política, pero también influyen la coacción y las amenazas”, aseguró De la Cruz.

Derecho es la segunda facultad con mayor número de estudiantes. El último reporte público indica que había 24,283 matriculados en el 2024. Tienen derecho a voto quienes han completado el primer año de la carrera.

Incremento presupuestario

El presupuesto de la Universidad de San Carlos ha incrementado en los últimos años. Hay Q1,210 millones de diferencia entre lo recibido en el 2022 y en el 2025.

El 87% de los ingresos del último año provino de fondos estatales, de acuerdo con el incremento de ingresos tributarios, y tuvo una ejecución del 100%.

La Constitución establece que la Usac debe recibir una asignación no menor al 5% de los ingresos ordinarios del Estado, pero las autoridades señalan que el monto que reciben está por debajo de ese porcentaje.

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Las elecciones de segundo grado avanzan rodeadas de opacidad, dudas y descrédito para postuladores y aspirantes, analiza el Movimiento Projusticia.

Movimiento Projusticia, Especial para Prensa Libre

2 de marzo de 2026

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Un trabajador del Organismo Judicial cierra la sala donde se recibieron los expedientes de los aspirantes a las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, el pasado viernes 27 de febrero. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Los procesos de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como los de postulación y elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de fiscal general de la República, han ido avanzando formalmente y algunos casi llegan a su conclusión, pero lo hacen rodeados de opacidad, dudas y descrédito para postuladores y aspirantes.

El proceso de postulación de candidatos a magistrados del TSE estuvo cuestionado de principio a fin. Inició mal y terminó peor, con una nómina de candidatos vilipendiada por diversas corrientes de opinión pública. Ni uno solo de los 20 candidatos ha tenido un aval sectorial contundente. Ni siquiera los dirigentes políticos favorecidos con privilegios e impunidad han dado la cara públicamente por los candidatos que les sirvieron tanto a ellos como a gente implicada en lavado de dinero y usurpación de tierras en áreas de narcoactividad.

Hay unos pocos candidatos sin cuestionamiento, pero eso no implica satisfacción. Es tan solo desconocimiento, no generan confianza en que realizarán una gestión democrática, honorable y respetuosa de los derechos políticos de la población.

En los cinco procesos para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es innegable el voto consolidado por Astrid Lemus y Fernando Bermejo. En este caso el Ministerio Público ha traído el cuestionamiento, vía una investigación secreta por denuncia también secreta de presunto fraude. El MP trata de quitar legitimidad al triunfo de Lemus y Bermejo, y de paso causa problemas penales a la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, una figura clave en la comisión que nominará candidatos a fiscal general 2026-2030. Estas acciones parecieran no tener futuro, pero sí remecen el núcleo y el entorno de esta designación.

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Lo más cuestionable ocurrió en el Consejo Superior Universitario de la USAC, cuya designación de magistrados se realizó en estricto secreto, bajo muchas presiones, con consejeros ilegítimos (con período vencido), y lo más complejo estaba por llegar: existen ya denuncias penales y otras acciones contra la designación de la jueza Julia Marisol Rivera, a quien señalan de presentar un expediente con información falsa.

El Congreso, pero especialmente el presidente de la República, tienen ante sí la gran oportunidad de designar profesionales de lujo, con excelencia en el conocimiento y aplicación de las ciencias jurídicas, sólida trayectoria académica y en el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, las presiones no dejan de llegar al Congreso -sobre todo desde grupos empresariales radicales- para favorecer al magistrado Roberto Molina, por encima de profesionales sin tacha, rostros nuevos que podrían realizar aportes extraordinarios a la justicia constitucional.

Mientras, la Corte Suprema de Justicia tiene ante sí 39 aspirantes a la CC, la mayoría desconocidos y unos pocos muy cuestionados: Dina Ochoa, Consuelo Porras, Luis Rosales y Claudia Paniagua, entre otros. Se teme que de aquí salga una designación decepcionante, bajo presión, coacción y negociaciones espurias.

Finalmente, en el proceso de fiscal general 2026-2030 hay un interesante espectro de aspirantes que bien podrían dirigir la transición de un MP antidemocrático a uno que abrace de nuevo la democratización y la modernización de la justicia. Sin embargo, está claro que hay comisionados cuyo cometido es sabotear a quienes, creen, serían los favoritos del presidente Arévalo.

Elecciones de segundo grado: ¿patrones que se repiten o lecciones que no aprendemos?

Cuando los criterios técnicos son desplazados por negociaciones políticas, el mensaje que se envía es claro: la excelencia profesional pasa a un segundo plano frente a la alineación estratégica.

Por Guatemala Visible

23 de febrero de 2026

|

00:24h

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La comisión de postulación en una sesión previa a la revisión de expedientes de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Cada proceso de elección de segundo grado suele presentarse como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, con demasiada frecuencia lo que se observa no es una transformación, sino la repetición de patrones conocidos: judicialización estratégica, disputas en torno a perfiles incómodos y decisiones que responden más a correlaciones políticas que a evaluaciones técnicas.

La utilización de recursos legales no es, en sí misma, negativa. El acceso a la justicia es parte esencial del Estado de derecho. El problema surge cuando la judicialización se convierte en una herramienta estratégica para bloquear candidaturas o alterar el rumbo del proceso según conveniencias coyunturales. En esos casos, el debate deja de centrarse en la idoneidad o el mérito y pasa a girar en torno a maniobras procesales.

Tampoco es un secreto que las elecciones de segundo grado tienen un componente político. Sería ingenuo negarlo. La integración misma de las comisiones responde a estructuras gremiales y académicas que interactúan con el sistema político. Sin embargo, reconocer esa dimensión no implica aceptar la captura política. La diferencia entre una elección con dimensión política y una elección politizada radica en la existencia de reglas claras, criterios objetivos y coherencia entre la evaluación y la decisión final.

La independencia no se garantiza con discursos, sino con procedimientos sólidos. Y la competencia no se presume: se evalúa. Cuando los criterios técnicos son desplazados por negociaciones políticas, el mensaje que se transmite es claro: la excelencia profesional pasa a un segundo plano frente a la alineación estratégica.

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Cada proceso no solo define autoridades; también establece precedentes, normaliza prácticas y envía señales. Si los procesos siguen marcados por retrasos, impugnaciones selectivas y votaciones desconectadas de las evaluaciones técnicas, el riesgo no es únicamente coyuntural: es estructural. Se debilita la confianza ciudadana y se erosiona la legitimidad institucional.

El escenario reciente sintetiza estas tensiones. Hoy se cuenta con una nómina de veinte candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ha sido ampliamente cuestionada por las formas en que se desarrolló el proceso y por la manera en que se produjo la votación final. A ello se suma la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario —CSU—, una instancia cuya integración ha sido objeto de cuestionamientos en términos de legitimidad y legalidad, al estar conformada mayoritariamente por cargos con plazos vencidos. Asimismo, la elección realizada por el Colegio de Abogados y Notarios ha estado envuelta en denuncias y marcada por modificaciones a las reglas de participación en pleno desarrollo del proceso.

Más allá de los nombres y coyunturas específicas, el problema de fondo es el mensaje institucional que se transmite. Cuando las reglas se perciben frágiles o adaptables según la conveniencia del momento, la confianza pública se deteriora.

Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. El desafío no es eliminar el componente político —eso sería irreal—, sino acotarlo mediante reglas claras, transparencia activa, coherencia en la calificación y responsabilidad pública en el voto. A quienes tienen en sus manos las decisiones finales, y a todos los actores que intervienen en estos procesos, les corresponde elevar el estándar, actuar con mayor responsabilidad y privilegiar el mérito, la independencia y la legalidad. Lo que está en juego no es una elección más, sino el tipo de institucionalidad que se está construyendo como país.

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Usac elige magistrados con 26 consejeros con período vencido y voto secreto

El CSU de la Usac elegirá magistrados a la Corte de Constitucionalidad con 26 consejeros con periodo vencido y bajo voto secreto, en medio de acciones legales y señalamientos de opacidad.

Elsa Coronado

16 de febrero de 2026

|

00:01h

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Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sede de decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU). (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Consejo Superior Universitario (CSU) está convocado para votar hoy en un hotel de la Antigua Guatemala. Veintiséis de los 41 integrantes del CSU tienen vencido su periodo de representación, mientras se niega la participación a un representante de catedráticos que fue criminalizado por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac), aunque fue liberado por falta de mérito.

El CSU que este lunes elegirá magistrados a la Corte de Constitucionalidad es uno de los más cuestionados de los últimos años. No solo lo antecede la sombra de la elección anómala de Walter Mazariegos como rector, sino también la persecución contra estudiantes y profesores críticos. Además, 26 de los 41 miembros tienen vencido el plazo para ejercer su cargo, y la mayoría de ellos ha conformado una aplanadora que favorece cualquier votación.

Varias acciones legales buscan frenar esta designación, ya que el CSU ha bloqueado la elección de nuevos representantes de decanos, profesionales, docentes y estudiantes, e impide la integración de quienes sí han sido electos. Tal es el caso de Marco Vinicio de la Rosa, representante de profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, acusado en el caso denominado “Usac: botín político” en 2023, aunque fue liberado por falta de mérito.

Otras acciones legales han sido presentadas contra la convocatoria porque no se informó con anticipación el lugar ni la hora de la votación. A diferencia de 2021, cuando se promovió la auditoría ciudadana y foros públicos para conocer a los aspirantes, esta vez los expedientes y la notificación del evento fueron entregados el miércoles 12 de febrero, apenas cuatro días antes. La cita es en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, a las 9.00 horas.

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Además, el CSU realizará la elección bajo total secretividad. Solo se conocerá el número de votos que obtenga cada aspirante a magistratura titular y suplente. En total son 14 aspirantes, entre ellos Leyla Lemus, actual magistrada titular electa por el gobierno de Alejandro Giammattei, y María Consuelo Porras, señalada por su actuar antidemocrático, a quien el expresidente reeligió como fiscal general.

La opacidad del proceso actual es consecuencia de un modelo impuesto desde 2021, con respaldo judicial. Ese año, Gloria Porras fue electa magistrada titular, pero se le impidió asumir con el argumento de carecer de experiencia docente, aunque la Constitución establece que ese requisito es solo preferente. También se interpusieron recursos contra el voto a viva voz.

En ese contexto, las resoluciones judiciales fueron ágiles para frenar la decisión del CSU, e incluso el Ministerio Público interrogó a varios de los consejeros. En 2022, cuando el CSU eligió a Héctor Hugo Pérez Aguilera en lugar de Porras, lo hizo de forma acelerada y con voto secreto.

Actualmente, los recursos legales no han tenido la misma celeridad para hacer cumplir un amparo que ordena renovar a los consejeros con plazo vencido.

Ana Lorena Delgadillo, del Panel de Expertos Independientes (PEI), que observa las elecciones de segundo grado, señala que la Corte de Constitucionalidad puede cambiar el rumbo negativo de la designación de magistrados en la Usac.

“La Corte de Constitucionalidad tiene el poder de cambiar el rumbo de lo que pueda pasar en la Universidad de San Carlos, porque hay amparos que ordenan el cambio de autoridades, pero no se han ejecutado. La Corte podría jugar un papel relevante y democrático en los próximos pasos de la elección. Preocupa que el poder judicial sea activo y rápido cuando se trata de bloquear procesos, pero no cuando se trata de destrabar situaciones ilegales como las que ocurren en la Universidad de San Carlos”, afirmó.

La jurista mexicana, experta en derechos humanos, advirtió que esta elección es crucial para el futuro democrático del país. “La elección de perfiles adecuados es esencial para rescatar la legitimidad de este órgano”, concluyó.

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Un CSU sin oposición

Desde que Walter Mazariegos asumió como rector, la oposición en el CSU ha disminuido. Con el respaldo del Ministerio Público, se ha perseguido a estudiantes, docentes y decanos. El CSU ha avalado la expulsión de varios estudiantes críticos de la elección anómala, lo cual ha reducido aún más la participación estudiantil.

Marco de León, representante docente de la Facultad de Arquitectura, describe al CSU como un sistema “apalabrado”. Aunque fue electo en abril de 2025, asumió hasta noviembre del mismo año. Nunca recibió inducción ni bienvenida. Todas las sesiones han sido virtuales, con baja participación y sin cámaras activadas. Además, sospecha que se realizan reuniones presenciales extraordinarias a las que no es convocado.

Se identifica como parte de la oposición en un CSU dominado por una mayoría. Relata que, en la sesión del lunes 9 de febrero, se introdujeron nuevos puntos a la agenda de forma inesperada. “A última hora propusieron el traslado de profesores interinos a titulares con contrato indefinido, sin concurso de oposición ni control de calidad”, indicó.

La Usac se prepara para una nueva elección de rector, en la que votarán estudiantes, docentes y egresados. Como en 2022, se anticipa un proceso complejo, con obstáculos para la participación de planillas que buscan ser electas como cuerpos electorales.

Wider Santos, representante estudiantil de Arquitectura —con periodo vencido, pero que participará el lunes 16 de febrero para evitar sanciones—, señala que entre los estudiantes hay desesperanza. “En la Usac se repite un patrón visto en otras instituciones en los últimos años, con un irrespeto total al estado de derecho. Desde las cortes se han impuesto candidaturas, excluido electores y modificado padrones, como en el Colegio de Abogados”.

Santos y De León, así como otros consejeros que prefirieron el anonimato por temor a represalias, coinciden en que no visualizan una solución inmediata para rescatar a la Usac. Depositan su esperanza en una participación estudiantil activa que, en el futuro, permita sacar a la universidad del proceso de designación de magistrados que se ha politizado.

El CSU bajo la lupa

Entre los miembros con periodo vencido está Urías Amitai Guzmán García, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y de Administradores de Empresas desde 2004. Lleva 22 años en el cargo debido a que, en paralelo, existe el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, y no han llegado a un acuerdo para nombrar a un representante conjunto ante el CSU.

Guzmán fue electo en mayo de 2024 como representante del CSU ante la Junta Monetaria, en una elección apresurada. Fue investigado durante el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por avalar la compra presuntamente sobrevalorada de una finca en la zona 17 de la capital.

Por su parte, Carlos Humberto Aroche Sandoval, representante de los profesionales de Ingeniería, fue candidato a diputado por Lista Nacional del partido Vamos y fue designado suplente ante la Junta Monetaria, pese a no ser economista. Desde 2021 también dirige el Centro Universitario de Totonicapán.

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Después de varias horas de trabajo de campo se determinó que el cargamento constaba de 33 kilos de cocaína y uno más de heroína (74 libras en total).

El Ministerio Público informó que el valor de droga asciende a Q4.1 millones y se desconoce hacia dónde era trasladada o si se trata de una negociación ilícita que se llevaría a cabo en el lugar.

“El agente canino alertó sobre el ilícito que estaba almacenado en el interior de una caleta y luego que agentes realizaran la prueba se determinó que se trata de cocaína”, dijo un agente que no se identificó.

Para leer más: Cocaína es la droga más incautada, pero el alcohol la que más adicción causa, revela informe

Durante el operativo antinarcótico no se reportó ninguna aprensión; sin embargo, autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para determinar la procedencia del ilícito y dar con los responsables.

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La Policía Nacional Civil afirmó que se mantienen operativos relámpagos en carreteras y lugares vulnerables de diferentes municipios de San Marcos, para evitar el trasiego de todo tipo de ilícitos.

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Así lo evidenció un video publicado por el portal NBC Charlotte, donde Barry hace un saludo diferente a cada uno de sus estudiantes previo a iniciar las clases.

Los alumnos del quinto grado de la escuela Ashley Park Prek-8, han aprendido con Barry expresión corporal y vocalización para tener una conexión con sus estudiantes y así ellos puedan demostrar su intelecto.

“Antes de llenarlos de información es bueno invertir tiempo para para hacerlos reír y que se sientan seguros”, dijo Barry en una entrevista al portal antes mencionado.

Barry se inspiró cuando vio el trato que le daba Lebron James a cada uno de los miembros de su equipo, los Cavaliers de Cleveland. “Nunca pensé que algo tan simple como un saludo resultara ser algo tan poderoso”; comentó.

El saludo personalizado ha sido compartido en distintos lugares de su comunidad.  “Este tipo de saludo o actividad, realmente anima el día”, concluyó.

El video publicado el pasado 30 de enero en la página de Facebook de NBC Charlotte ha sido reproducido más de 33 millones de veces. También cuenta con más de 560 mil compartidos y más de 296 mil personas han reaccionado a la publicación.

Los usuarios han comentado: “necesitamos más maestros como el Sr. White”. “Él se ha ganado el respeto de sus estudiantes al ser parte del grupo de amigos de los chicos”. “Los buenos maestros son difícil de encontrar”.

Esta publicidad ha causado controversia entre la comunidad latina, principalmente mexicana, ya que en el anuncio aparece una mujer y detrás de ella la bandera del país antes mencionado.

También en su cuenta de Twitter publicaron: “¿no estás seguro quién ganará las elecciones? Con Arrangement Finders podemos resolver tu estado migratorio”.
https://twitter.com/ArrangementX/status/789225246570246145

Este tipo de promoción es considerado como matrimonio por conveniencia para obtener la residencia legal en Estados Unidos, y esto es un delito en este país.

“Es una falta de respeto para todas las mujeres y para los inmigrantes indocumentados”, “realmente es ofensivo tratar de obtener la legalización de esta manera”, dijeron algunos vecinos del lugar al portal CBS AUSTIN KEYETV.

Según la publicación del portal la empresa dijo que el anuncio fue creado por una respuesta de Donald Trump al decir que deportaría a 11 millones de inmigrantes.

El portal de citas es similar a Finder, donde puede buscar una pareja acorde a sus gustos, nacionalidad, entre otros.

Pero los expertos en la salud ocular advierten que los adhesivos de estas extensiones de pestañas pueden provocar alergias e infecciones. La Academia Americana de Oftalmología advierte que entre los posibles riesgos asociados con las extensiones de pestañas cosméticas y los adhesivos con los que se fijan están las infecciones de córnea y de párpado, lo que ocasiona la pérdida permanente o temporal de las pestañas naturales e la hinchazón del párpado.

Por su lado, el Ministerio de Salud japonés manifestó su preocupación por el aumento de infecciones causadas por esta moda del uso frecuente de estas falsas pestañas.

De acuerdo con la revista Medical Daily, es el motivo que más daña las pestañas naturales. “El peso de utilizar extensiones todo el tiempo puede causar tensión en el folículo del cabello y eventualmente hacer que se caiga y que no vuelva a crecer”, explica la revista especializada.

Uno de los principales culpables es el pegamento que se utiliza para colocarlas, ya que algunos contienen la sustancia química formaldehído, la cual es conocida por causar reacciones alérgicas. Además, la longitud de las extensiones es otro factor de riego al acumular mayor suciedad y bacterias.

Como con todos los tratamientos de belleza, cuando las extensiones se usan de manera puntual y correcta, ayuda a conseguir una mirada más atractiva, pero para quienes optan por tratamientos no regulados el resultado puede ser desde una inflamación a una conjuntivitis, que genera daños en la córnea, llegando a hacer agujeros en esta última.

El riesgo de los esmaltes en gel

Otro caso de preocupación en los últimos tiempos es el abuso continuado de los esmaltes de gel, que dejan las uñas con un acabado perfecto y duran más que los convencionales. Pero dermatólogos consideran que puede ser agresivo para las uñas. Una experta en el sector de la estética, Ainhoa Delgado, aclara que las mujeres que utilizan este esmalte “ocasionalmente” no deben de preocuparse, pero deben saber que su uso frecuente deben puede tener riesgos potenciales.

La Academia Estadounidense de Dermatología  advirtió en un comunicado de prensa lanzado en su reunión anual, en Miami, que el uso de los esmaltes de gel puede ser “duro” para las uñas. Los especialistas creen que pueden hacer que las uñas pierdan grosor y se hagan más finas y frágiles, lo que puede asociarse con una pérdida de brillo y un mayor riesgo de rotura.

También apuntan que llevar las uñas cubiertas mucho tiempo con un esmalte podría camuflar enfermedades de las uñas, que solo pueden diagnosticarse visualmente.

Además, según el comunicado, se sospecha que las lámparas ultravioletas utilizadas para secar la pintura podría asociarse con un mayor riesgo de cáncer de piel, aunque esta afirmación no se acompaña de ningún estudio.