Semana Santa 2026: Autoridades intensifican operativos en carreteras del país

Autoridades ejecutan operativos viales en el país por Semana Santa para prevenir accidentes, verificar transporte y promover la denuncia ciudadana.

Rubén Lacán y Elmer Vargas

28 de marzo de 2026

|

16:18h

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Autoridades implementan el plan de seguridad vial durante la Semana Santa para reforzar controles y prevenir accidentes en carreteras del país. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, junto con la Dirección General de Transportes (DGT), Provial y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutan operativos de control vial en distintos puntos del país como parte de la campaña preventiva “En ruta cuidamos de ti”.

De acuerdo con Mynor Estuardo González, director general de Transportes,  el plan inició el  23 de marzo y finaliza el 6 de abril del 2026 y  busca garantizar la seguridad de los usuarios durante el período de alta movilidad por Semana Santa.

Agregó que más de 900 personas, entre inspectores, brigadas y agentes de tránsito, participan en los operativos instalados en rutas estratégicas como ruta al Atlántico, Pacífico, Interamericana, así como en otros tramos de alta afluencia vehicular en el país.

Durante los controles, las autoridades verifican que el transporte extraurbano opere de forma legal. Supervisan que las unidades cuenten con licencia vigente, tarjetas de operación y seguro obligatorio, además de que respeten la capacidad de pasajeros y las tarifas autorizadas.

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González explicó que la campaña también busca concientizar a pilotos y transportistas sobre la importancia de conducir de forma responsable.

“La seguridad es responsabilidad de todos los conductores, no solamente de los grandes ni los pequeños, sino de todos”.

El director  hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades en el transporte extraurbano y quienes manejen de forma imprudente.

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“Cualquier irregularidad que puedan observar al conducirse en las carreteras invitamos a poder denunciar cualquier hecho de que ustedes tengan conocimiento o sean testigos en las carreteras del país para que como autoridades podamos también tomar las acciones pertinentes”, indicó.

DGT admite que no puede hacer cumplir ley de seguridad vial con solo 11 inspectores y 12 multas por limitadores de velocidad

Con solo 11 inspectores, pocos operativos y personal sin facultad para sancionar, la fiscalización del uso de limitadores de velocidad sigue siendo mínima, limitaciones que reconoció el propio director de la DGT.

Sandy Pineda

23 de marzo de 2026

|

18:00h

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Operativo de la DGT y Provial en ruta a El Salvador, el 2 de febrero del 2026, donde sancionaron a cinco buses por documentos vencidos, sobrecarga y falta de tarjeta de operaciones. (Foto Prensa Libre: DGT)

Una legislacion vigente desde hace casi una década sigue sin aplicarse. La DGT reconoció las limitaciones operativas para hacer cumplir la ley de seguridad vial, pues no cuenta con el personal ni con las herramientas para fiscalizar el uso de limitadores de velocidad. Esto se refleja en apenas 12 multas impuestas y una presencia limitada en carretera.

El titular de la Dirección General de Transportes (DGT), Mynor González, le dijo a periodistas ayer que los operativos para verificar la instalación de limitadores de velocidad han sido mínimos: apenas entre cuatro y cinco desde el 2 de marzo, fecha en que venció el plazo para empezar a aplicar sanciones al transporte pesado, tanto de carga como colectivo.

“Es por los operativos que hemos realizado, los operativos focalizados a este tipo de segmento han sido pocos, porque tenemos una programación donde vemos diferentes temas. Los operativos específicamente para ver este tema han sido cerca de 4 o 5 operativos en lo que va del mes, y otros operativos que van enfocados a otro tipo de verificaciones”, señaló González, al explicar que la DGT trabaja con una programación que incluye distintos tipos de verificaciones, lo que ha limitado las acciones específicas para supervisar el cumplimiento de esta norma.

Pocas sanciones y escaso personal

Como resultado de esta limitada fiscalización, la DGT ha impuesto únicamente 12 multas: nueve al transporte colectivo y tres al transporte de carga pesada, cada una equivalente a cinco salarios mínimos, es decir, poco más de Q20 mil.

El propio director atribuyó la baja cifra de sanciones a la falta de personal en carretera. Actualmente, la institución cuenta con solo 11 inspectores para supervisar un parque vehicular que supera los 21 mil autobuses y más de 256 mil unidades de transporte pesado.

Además, González reconoció una limitación estructural clave: parte del personal contratado no tiene facultades legales para sancionar. “Tenemos inspectores de apoyo bajo renglón 029, pero no están facultados para poner sanciones”, explicó, al detallar que la creación de nuevas plazas requiere procesos administrativos complejos que involucran a varias instituciones del Estado.

A esa debilidad institucional se suma el hecho de que la Unidad de Protección Vial (Provial), pese a contar con 375 brigadas en carretera, tampoco tiene facultad legal para imponer multas, explicó el defensor de usuarios del transporte colectivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra en una entrevista.

En la práctica, explicó que esto significa que, aunque detecten irregularidades como exceso de velocidad o falta de limitadores, no pueden sancionar y dependen de la DGT, que sí tiene la atribución, pero carece de suficiente personal.

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Falla estructural en el control

Para el defensor esta situación evidencia una falla estructural en el control del transporte. “La mayor responsabilidad recae en la DGT, que sí puede sancionar, pero no tiene suficiente personal para hacerlo de manera efectiva”, afirmó.

Guerra advirtió que se está desaprovechando el recurso humano de Provial, que podría ser un apoyo clave en carretera, y planteó que la solución pasa por fortalecer la DGT o dotar de facultades sancionatorias a Provial.

“La Dirección General de Transportes ha tenido un debilitamiento durante más de 20 años, con falta de personal y capacidad. Hoy en día su control es muy limitado frente a la magnitud del transporte en el país”, agregó.

Este escenario se da en medio de una discusión que lleva casi una década. La norma sobre limitadores de velocidad fue establecida en el 2016, reglamentada en el 2019 y ha sido objeto de múltiples prórrogas hasta el 2026, sin que se logre una aplicación efectiva.

La postura de la DGT se dio a conocer este lunes 23 de marzo entre una protesta del sector de transportistas.

El escenario recuerda las protestas del 12 de noviembre de 2019, cuando encabezados por Rony Mendoza, realizaron una caravana hacia el Palacio Nacional en rechazo a la medida. Entonces, el sector argumentaba que el problema no era la regulación, sino el alto costo del equipo exigido, que calificó como excesivo frente a otras opciones más accesibles.

Críticas del sector transporte

En este contexto, el sector transporte ha cuestionado la viabilidad de la medida. Marlon Prera, directivo de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua), aseguró que la obligación no puede cumplirse en la práctica debido a la falta de capacidad del Estado para supervisar y sancionar.

El dirigente sostuvo que las autoridades están trasladando al sector privado una responsabilidad que, por ley, corresponde al Estado. Es decir, mientras el Gobierno no cuenta con controles efectivos, como radares, operativos constantes o un sistema sólido de sanciones, se exige a los transportistas cumplir con una norma que no puede ser fiscalizada adecuadamente.

“Es una ley acéfala”, afirmó Prera, al señalar que la medida fue implementada como una reacción y no como parte de una política integral de seguridad vial.

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Asimismo, indicó que no existe diálogo con el Gobierno, al que acusó de haberlos “manipulado y mentido” en ocasiones anteriores. También criticó al Congreso y señaló que se rompió la comunicación luego de que no se les permitiera ingresar a una citación reciente, lo que calificó como una “burla”.

Ante este panorama, el sector plantea una prórroga o incluso la derogación de la norma, al considerar que “no sirve para nada materialmente” mientras el Estado no tenga la capacidad de hacerla cumplir.

Finalmente, Prera señaló que la responsabilidad en accidentes recae directamente en el piloto, como sujeto legal al momento de conducir. Sin embargo, coincidió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para sancionar tanto a conductores como a propietarios que operen unidades en mal estado.

Señalamientos desde el Congreso

El diputado Jairo Flores, quien estuvo presente en una citación la semana pasada con autoridades de la DGT, responsabilizó tanto a gobiernos anteriores como al actual por no hacer cumplir la ley de Tránsito y, además, por haberla flexibilizado. Señaló que el reglamento, que incluye distintos asuntos, fue modificado recientemente para permitir que unidades antiguas continúen operando, pese a que originalmente se contemplaba retirar de circulación los vehículos del 2000 hacia atrás.

“Fue este gobierno el que modificó el reglamento y permitió que siguieran funcionando unidades con más de 25 años de antigüedad. Dijeron que iban a exigir un informe del estado mecánico, pero al final no lo están solicitando”, afirmó.

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El señalamiento apunta a una contradicción debatida en la citación sobre la aplicación de la norma. Según los diputados, se relajan requisitos mientras se mantiene el discurso de control, lo que —según su postura— evidencia falta de coherencia en la política.

El diputado advirtió que esta falta de cumplimiento ha tenido consecuencias graves, al contribuir a cientos de muertes en accidentes de tránsito cada año. Indicó que las principales causas siguen siendo el exceso de velocidad, las fallas mecánicas y la débil fiscalización del sistema.

Finalmente, anunció que volverán a citar a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Dirección General de Transportes (DGT), y no descartó interpelaciones si no atienden los llamados.

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Sin operativo, sin multa y tres muertos: DGT justifica falta de sanciones tras accidente mortal en la autopista Palín-Escuintla

La DGT admite que no puede imponer multas ni sanciones por el accidente del sábano en la autopista Palín-Escuintla, ya que la ley solo permite actuar durante operativos en carretera.

César Pérez Marroquín y Oscar Vásquez

17 de marzo de 2026 | 18:59h

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La Dirección General de Transportes (DGT) reconoció este martes 17 de marzo que no tiene facultad para imponer multas ni sanciones al piloto ni a la empresa propietaria del camión involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el sábado pasado en la autopista Palín-Escuintla, donde murieron tres personas.

Durante una citación en el Congreso, autoridades de la entidad explicaron que la ley limita la aplicación de sanciones a operativos instalados en carretera, por lo que no pueden actuar de forma posterior a un hecho de tránsito.

El director general de la DGT, Mynor Estuardo González Henríquez, afirmó que la unidad no fue sancionada, debido a que no existía un operativo en el momento del percance.

“No, en este caso no fue sancionada la unidad, en virtud de que el reglamento establece que para aplicar las sanciones deben ser a través de operativos instalados en carretera”, dijo.

Añadió que la normativa vigente establece que la verificación del cumplimiento de los limitadores de velocidad se efectúa únicamente en carretera y mediante operativos, lo cual restringe la imposición de sanciones en otros contextos.

Las autoridades también señalaron que no cuentan con personal en todos los puntos del país, lo que limita su capacidad de fiscalización. Indicaron que buscan crear al menos 20 plazas de inspectores, en coordinación con la Policía Nacional Civil y Provial.

El diputado Jairo Flores cuestionó a las autoridades de la DGT por la falta de sanciones tras el accidente ocurrido en la autopista Palín-Escuintla, en el que murieron tres personas. Señaló que, pese a la gravedad del hecho y a las posibles irregularidades en el transporte involucrado, no se aplicaron multas ni se presentaron denuncias contra el piloto o la empresa propietaria.

El accidente ocurrió el sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, donde varios vehículos, incluidos transportes pesados, se vieron involucrados. Tres personas murieron y una más resultó herida.

#Congreso | Autoridades de la Dirección General de Transportes de Guatemala informan en citación que ya iniciaron operativos y sanciones contra transporte extraurbano por incumplir reguladores de velocidad.

Sin embargo, aclaran que no pueden multar al camión involucrado en… pic.twitter.com/rxsdJ6Y7xh

— Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 17, 2026

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Gobierno anuncia sanciones a buses y camiones que no tengan limitador de velocidad

Solo 300 buses extraurbanos cuentan con el sistema para limitar su velocidad, según el Ministerio de Comunicaciones. Las autoridades advirtieron que iniciarán sanciones inmediatas y podrían cancelar licencias por incumplimiento.

Carlos Gómez

7 de enero de 2026

|

13:57h

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El Ministerio de Comunicaciones busca implementar medidas más efectivas para evitar que continúen los accidentes de autobuses extraurbanos y transporte pesado a consecuencia del exceso de velocidad. (Foto Prensa Libre Archivo: Luis Machá)

Con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito y evitar que más guatemaltecos continúen siendo víctimas de hechos como los ocurridos durante el fin de año en distintas rutas del país, el Ministerio de Comunicaciones anunció que se tomarán una serie de medidas encaminadas a fortalecer la seguridad en el transporte, con especial énfasis en los buses de servicio extraurbano y vehículos de carga pesada.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, detalló durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura las medidas que comenzarán a aplicarse de inmediato, entre ellas la implementación obligatoria del sistema limitador de velocidad para las unidades de transporte y un incremento sustancial en la fiscalización y multas a las empresas que incumplan la normativa.

En este sentido, Suriano indicó que se aplicará la ley vigente desde el 2016 y su reglamento, en vigor desde el 2019, que establece la obligatoriedad del limitador de velocidad para buses y transporte pesado, pero que hasta ahora no se había implementado.

“Hoy, en enero, se inicia el proceso de sanciones a todos aquellos que no tengan el sistema de reductor delimitador de velocidad”, declaró el viceministro.

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También aseguró que la situación es preocupante, ya que, de toda la flota de buses extraurbanos, “solo 300 vehículos” cuentan actualmente con el dispositivo para reducir la velocidad. Por ello, se tomarán las medidas pertinentes para garantizar que todos los buses autorizados por la Dirección General de Transporte, (DGT) cuenten con el dispositivo.

En días anteriores el Director de la DGT, Mynor González, afirmó que 21 mil autobuses extraurbanos se encuentran autorizados por la entidad para prestar el servicio.

Suriano hizo énfasis en las consecuencias del incumplimiento de esta norma.

“El no contar con este sistema delimitador de velocidad, sí puede llevar a cancelar las licencias, que es una de las grandes demandas que tiene la población”, aseguró.

Además, indicó que, según los registros, existen más de 100 empresas privadas autorizadas para instalar el sistema, descartando así cualquier posibilidad de que se pretenda crear algún “monopolio” para la instalación de estos dispositivos.

Responsabilidad recae en dueños de las unidades

Otro aspecto importante de la estrategia del Ministerio de Comunicaciones es hacer cumplir la responsabilidad legal de los propietarios de los buses. El reglamento actualizado estipula que, a más tardar en febrero del 2026, cada transportista debe presentar un certificado que acredite el buen estado mecánico de su vehículo.

“La ley es clara en asignarle esa responsabilidad al dueño del vehículo”, recalcó Suriano, quien aseguró que este documento permitirá al Estado “adherirse a las demandas” legales en caso de que un bus sufra un percance sin contar con la revisión técnica al día, trasladando la carga legal directamente al empresario.

El objetivo es que “aquellos que no cumplan la norma, la cumplan o serán sancionados”, aseguró.

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Número de multas se duplico en el último año

El funcionario reveló que, como resultado de los operativos de inspección y la coordinación entre la Dirección General de Transporte (DGT), la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) y la Policía Nacional Civil (PNC), el monto recaudado por multas en carretera se duplicó entre el 2024 y el 2025.

“Pasamos de 6 millones a 13 millones. Eso significa que estamos siendo más focalizadores, que está llegando a los inspectores de la DGT, que se están coordinando adecuadamente”, afirmó el funcionario.

Según la cartera de Comunicaciones, estos datos evidencian un cambio radical respecto de la administración anterior, donde –según indicó Suriano– las unidades de transporte “no funcionaban correcta ni transparentemente”.

Mejora en la coordinación de los operativos

Suriano también destacó la mejora en la coordinación interinstitucional para realizar operativos de control en carretera, especialmente en tramos con alto índice de accidentes.

“Esta es una articulación que hemos venido construyendo, trabajando en el ámbito de competencia de cada entidad, pero de forma unificada, un tratamiento conjunto en carretera”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado urgente a la responsabilidad de los transportistas.

“Un llamado a los dueños de autobuses a cumplir la norma, a ser responsables con los vehículos, a ser responsables de a qué piloto le dan el vehículo, porque están transportando lo más importante de Guatemala, que son las personas que somos los guatemaltecos”, indicó.

La efectividad de las medidas dependerá, según admiten las autoridades, de la rigurosidad en su aplicación y de la cooperación del sector del transporte.

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Más de 90 personas fallecieron en accidentes en 2025

Según el recuento del 2025 realizado por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el año anterior cerró con un total de 128 accidentes de tránsito relacionados con el transporte de pasajeros en distintas rutas del país.

Los datos también indican que, como resultado de estos hechos, fallecieron 96 personas y 181 resultaron heridas.

Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial

Por medio del Decreto 45-2016 fue creada la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. El objetivo principal de la norma es implementar y controlar aspectos relativos a la regulación de la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros y de carga, con el fin de reducir considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país.

Aunque la ley fue creada en el 2016, su reglamento se implementó tres años después mediante el Acuerdo Gubernativo 38-2019, que establece:

• Los autobuses no podrán circular a más de 80 km/h, controlados mediante modificaciones en la bomba de inyección.
• Las unidades deberán hacer revisiones cada seis meses ante la autoridad competente: Departamento de Tránsito de la PNC, Provial y las PMT.
• Los pilotos que conduzcan bajo efectos de licor serán suspendidos de uno a dos años, y multados con entre Q5 mil y Q25 mil.
• Las sanciones son de dos a cuatro años y multas de Q10 mil a Q25 mil para los pilotos de transporte colectivo. Se modifican las penas de homicidio culposo, de dos a cinco años de cárcel, y de lesiones culposas, de tres meses a dos años.
• Las sanciones van desde los seis meses hasta cinco años.
• Las multas oscilan entre cinco y diez salarios mínimos.
• Las líneas de transporte deberán contar con pólizas de seguro y gastos funerarios.

Bus de Transportes Sinaloa operaba con permiso temporal cuando cayó a un barranco y dejó 16 muertos, confirma la DGT

Cinco días después del accidente en la ruta Interamericana, que dejó 16 víctimas mortales, la DGT reconoce que aún no tiene un peritaje oficial que confirme la causa del hecho.

Carlos Gómez

29 de diciembre de 2025

|

16:48h

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Dieciséis personas murieron y 25 más resultaron heridas en el accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.(Foto Prensa Libre: Provial).

La Dirección General de Transportes (DGT) aún no tiene conocimiento de las verdaderas causas que provocaron el accidente de un bus de los Transportes Sinaloa ocurrido el pasado 26 de diciembre, en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, que dejado como saldo 16 personas fallecidas y 25 heridas.

El director general de Transportes, Mynor Estuardo González, afirmó durante una reunión este lunes 29 de diciembre en la sede de la DGT con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) que, al parecer, la causa del accidente pudo ser el exceso de velocidad.

No obstante, aseguró que ese extremo no se puede confirmar, ya que la Dirección aún no cuenta con el informe del “Departamento de Accidentología” de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), que, según indicó González, es el ente encargado de efectuar los peritajes para determinar cuáles fueron las causas del percance.

“Yo no tengo todavía el informe del Departamento de Accidentología de Provial, que son ellos el ente técnico de evaluar de manera concreta como sucedió el percance”, aseguró González durante la reunión.

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Según el director de la DGT, se espera que a más tardar este martes 30 de diciembre dicha dirección de Provial remita el informe correspondiente sobre las causas en las que ocurrió este accidente.

Operaba con permiso temporal

Durante la reunión, González también aseguró que el bus accidentado tenía licencia autorizada y que estaba debidamente registrado y autorizado para operar. No obstante, indicó que actualmente operaba con un permiso temporal, ya que estaba en trámite de renovación de su licencia de operaciones en la DGT, pues esta tiene una vigencia de 10 años.

“Actualmente esta licencia se encuentra vencida y está en proceso de renovación. Sin embargo, en ese tiempo desde que se renueva la solicitud hasta que se resuelve la renovación en ese lapso se otorga un permiso temporal para que pueda seguir operando en virtud de que ya tiene un derecho adquirido, que es la licencia otorgada. Entonces actualmente el bus se encontraba en este lapso de tiempo, porque no se ha resuelto todavía la renovación de la licencia”, aseguró González.

Durante la reunión con los congresistas, también se informó que tanto el autobús accidentado como otras unidades de transporte extraurbano que circulan en distintas rutas del país no cuentan con un regulador de velocidad que les impida exceder los límites para resguardar a los pasajeros.

Según indicó el director de la DGT, actualmente hay registrados ante la institución 21 mil autobuses extraurbanos que cubren diferentes rutas hacia distintos puntos del país. De esta cifra, únicamente unos mil 500 cuentan con un regulador de velocidad, según los registros de la DGT.

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Situación preocupante

A criterio del diputado Jairo Flores, jefe del bloque legislativo, es preocupante que existan irregularidades en la situación en la que se encontraba el autobús accidentado, ya que, a su juicio, “no es debido” que una unidad de transporte extraurbano circule con un permiso temporal y sin las condiciones necesarias para brindar seguridad a los pasajeros.

“Nos dicen que aquí – en la DGT – debe haber un registro de pilotos y no está registrado el piloto. El bus está en una renovación de licencia para operar. No tenía el regulador de velocidad que establece la ley desde el año 2016. Y no han puesto sanciones de ningún tipo. Además, de 21 mil buses registrados, solo mil 500 tienen este regulador de velocidad que es obligatorio y solo hay once inspectores a nivel nacional. Esto es preocupante”, aseguró el parlamentario.

Flores también comentó que darán seguimiento a la situación y a las medidas que implementará la DGT para evitar que accidentes como el ocurrido el pasado viernes sigan enlutando a las familias guatemaltecas.

Esto informó el CIV sobre el estado legal del autobús accidentado en la Interamericana

El Ministerio de Comunicaciones confirmó que la aseguradora del bus accidentado ya coordina el apoyo a las víctimas. El percance dejó 15 fallecidos y 26 heridos, entre ellos militares y civiles.

Gabriel Molina

27 de diciembre de 2025

|

18:20h

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Quince personas murieron y 26 más resultaron heridas en un accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana. El Ministerio de Comunicaciones informó que la aseguradora ya brinda apoyo a las víctimas.(Foto Prensa Libre: Provial).

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que, tras el accidente de un bus extraurbano de Transporte Sinaloa en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, ocurrido durante la noche del 26 de diciembre, la aseguradora de la unidad coordina la provisión de apoyo a las personas afectadas.

Además, un abogado de la aseguradora se traslada a Totonicapán para brindar el apoyo correspondiente.

De acuerdo con la Dirección General de Transporte (DGT), el bus extraurbano operaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes. Este último es una obligación para los propietarios, a fin de cubrir indemnizaciones a los usuarios por muerte, lesiones u otros daños en hechos de tránsito.

“Este lamentable hecho resalta la importancia del seguro de responsabilidad civil de pasajeros, que permite garantizar atención médica, indemnizaciones y respaldo a las víctimas y sus familias”, señala la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).

EN ESTE MOMENTO

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La DGT, junto a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), mantiene desde principios de diciembre 30 operativos en cuatro rutas principales del país:

• Km 33, CA-9 Norte
• Km 39, CA-9 Sur
• CA-9-1 Oriente
• Km 30, 40, 47 y 72 de la CA-1 Occidente

Comunicado Oficial: https://t.co/fqxbYLJymI pic.twitter.com/UKdiMRFsHO

— Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) December 27, 2025

Las autoridades revelaron que 387 buses extraurbanos registrados cuentan con su respectivo limitador de velocidad y señalaron que pronto se aplicarán sanciones a las unidades que no lo tengan instalado.

Los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Departamentales Municipales reportaron 26 heridos y 15 fallecidos.

Entre las víctimas mortales figuran dos soldados de Segunda, un cabo del Ejército de Guatemala y un agente de presidios.

Además, permanecen bajo cuidados médicos 15 personas en el Hospital Departamental de Totonicapán, dos en el Hospital Regional de Occidente y tres en el Centro Médico Militar de la capital.

Por tal motivo, el presidente Bernardo Arévalo declaró tres días de luto nacional.

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Dirección General de Transportes aplica sanciones a autobuses extraurbanos por irregularidades

Falta de seguro vigente, exceso de pasajeros y documentos vencidos figuran entre las principales irregularidades detectadas por la DGT en varias unidades del transporte extraurbano durante junio.

Carlos Gómez

25 de junio de 2025

|

18:00h

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Varias sanciones han sido impuestas por la Dirección General de Transporte para igual número de autobuses extraurbanos por incumplir con lo establecido en la ley (Foto: Hemeroteca Prensa Libre).

Un total de 57 sanciones, para igual número de buses del transporte extraurbano de pasajeros por incurrir en distintas irregularidades, han sido impuestas en lo que va de junio por la Dirección General de Transportes (DGT).

Estas sanciones son producto de los operativos implementados por la Dirección, cuyo objetivo es proteger a los usuarios de estas unidades que se dirigen a distintos puntos del país, según lo dio a conocer Mynor González, director de la DGT.

González indicó que hasta la fecha se han desplegado un total de 30 operativos en distintos puntos del país. En estos, los inspectores verifican que las unidades del transporte cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad para circular. También se solicita la documentación que certifique que las unidades cumplen con los requisitos establecidos.

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Sanciones

El director de la DGT también detalló los motivos por los cuales han sido sancionadas estas unidades de transporte extraurbano de pasajeros indicando lo siguiente:

• 15 por carecer de tarjeta de operaciones o licencia autorizada por la DGT
• 11 por no contar con seguro vigente
• 2 por tener pilotos no registrados oficialmente
• 24 por exceso de pasajeros (sobrecargo)
• 4 por portar documentos vencidos
• 1 por no portar tarjeta de circulación

Las denuncias de los usuarios han sido fundamentales para detectar estas anomalías y orientar los operativos hacia zonas y unidades en donde se han identificado más problemas, afirmó González.

Los operativos para el control de los autobuses del transporte extraurbano por parte de la DGT se intensificaron luego del accidente ocurrido el 10 de febrero de 2025 en la calzada La Paz, que dejó como saldo 54 personas fallecidas y 9 heridas.

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Unidades han sobrepasado su vida útil

Según datos de la DGT, actualmente hay 21 mil 748 autobuses autorizados para prestar el servicio de transporte extraurbano.

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 225-2012, que contiene el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros, la vida útil de un autobús que presta este servicio es de 25 años a partir de su fabricación.

Sin embargo, del total de autobuses registrados en la DGT, 9.909 exceden los 25 años, mientras que 11.839 tienen menos de ese tiempo.

Según las autoridades de la institución, se están haciendo las evaluaciones correspondientes para determinar si estas unidades que ya exceden los 25 años de operatividad aún se encuentran en condiciones para continuar prestando el servicio, y se determinará si procede su retiro con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios.

CIV nombra a Mynor González Henríquez nuevo director general de Transportes

Mynor Estuardo González Henríquez ha sido nombrado para dirigir  la Dirección General de Transportes.    

Óscar García

6 de mayo de 2025

|

07:34h

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Mynor Estuardo González Henríquez es el nuevo director de la Dirección General de Transportes. (Foto Prensa Libre: CIV)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que Mynor Estuardo González Henríquez fue nombrado nuevo director general de la Dirección General de Transportes (DGT).

De acuerdo con el CIV, el nuevo director asume el reto de dar continuidad a las acciones iniciadas en los últimos meses, basadas en tres pilares principales que buscan mejorar los servicios de transporte para los guatemaltecos.

El primer pilar son procesos más claros y controlados; por ello, continuará fortaleciendo los sistemas internos para asegurar que cada trámite “sea transparente, con mejor seguimiento y sin irregularidades”. A decir del CIV, esto permitirá que los usuarios confíen en los procesos y accedan a servicios más ágiles y seguros.

El segundo pilar es la modernización tecnológica. Para ello, se impulsará la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten los trámites y mejoren la atención al ciudadano, reduciendo tiempos de espera y aumentando la accesibilidad.

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El tercer pilar, según el CIV, consiste en mantener equipos de trabajo integrados por “profesionales honestos, preparados y comprometidos con brindar un mejor servicio a la población”.

El CIV añadió que González Henríquez es abogado y notario, con más de 20 años de experiencia en instituciones públicas, entre estas la Superintendencia de Administración Tributaria, donde ocupó diversos cargos.

“Su experiencia será clave para seguir avanzando hacia una gestión más cercana y eficiente”, afirmó el CIV.

El Ministerio también afirmó que se busca fortalecer los esfuerzos institucionales y del Gobierno central para garantizar “un sistema de transporte seguro, digno y al servicio de toda la ciudadanía”.

“El CIV reconoce la labor de la exdirectora, quien dejó bases sólidas para seguir impulsando la modernización y la lucha frontal contra la corrupción en la DGT”, destacó la cartera.

“Con este nombramiento, el CIV reafirma su compromiso de ofrecer un servicio público transparente, eficiente y libre de corrupción, trabajando siempre por el bienestar y la dignidad del pueblo de Guatemala”, concluyó el comunicado.

Para leer más: CIV afirma que denunció a exdirectora interina de Covial por supuesto incumplimiento de deberes

Damos la bienvenida a Mynor Estuardo González Henríquez como Director de la DGT. Con +20 años de experiencia, trabajará por un transporte más seguro, eficiente y digno, con transparencia y modernización al servicio de Guatemala
Aquí más detalles: https://t.co/sRKZmkkhqe pic.twitter.com/9oH3hfm4eO

— Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) May 6, 2025

El 45% de los buses extraurbanos en Guatemala excede su vida útil, según la DGT

Las autoridades de la Dirección General de Transportes informa que el 45% de los autobuses extraurbanos en Guatemala tienen más de 25 años. Sin embargo, existen vacíos legales que permiten su operación, ¿por qué?

Glenda Burrión y Leslie Sánchez

11 de febrero de 2025

|

19:43h

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La antigüedad de la flota, el mantenimiento preventivo deficiente y la falta de capacitación en los pilotos ponen en riesgo la seguridad de los usuarios del transporte público.(Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El accidente ocurrido el 10 de febrero ha marcado la vida de muchos guatemaltecos, dejando a algunos sin un ser querido y a otros sin toda su familia. Este trágico suceso no solo ha generado un profundo duelo nacional, sino que también ha evidenciado la urgencia de dar seguimiento a iniciativas, leyes y reglamentos eficientes para mejorar el servicio de transporte público en Guatemala.

El Reglamento para la Prestación de Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera y Servicios Especiales Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial, establecido en el acuerdo gubernativo 225-2012, establece que la vida útil de un autobús destinado al servicio de transporte de pasajeros es de 25 años a partir de su fabricación. 

Los datos actuales de la Dirección General de Transportes (DGT) revelan que 21 mil 748 autobuses están autorizados para prestar el servicio de transporte extraurbano en el país. De estos, el 45.5% tiene más de 25 años de uso.

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Según los registros de la DGT, el autobús de modelo más reciente está registrado como del año 2024, mientras que el más antiguo data de 1974. Este último, según la información proporcionada, no debería estar circulando.

Además, de las unidades que actualmente tienen menos de 25 años, casi el 30% alcanzará el límite en los próximos cinco años.

Por qué miles de buses siguen operando con más de 25 años

Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez, jefa de la Dirección General de Transportes, explica que la misma ley permite un período de gracia de cinco años para que las unidades continúen operando luego de cumplir el límite de antigüedad. Además, establece un sistema de renovación de licencias cada 10 años, lo que ha permitido que buses con 25, 30 y como máximo de 40 años de uso sigan en circulación. 

“Estos casos se deben a vacíos legales que permiten tomar decisiones discrecionales. La ley no es clara y admite múltiples interpretaciones, lo que ha generado esta situación”, señala Velásquez.

La directora de la DGT explicó que una de las primeras acciones evaluadas al asumir el cargo fue implementar cambios para mejorar el transporte público. No obstante, agregó que los propietarios de los autobuses están enfocados en que se amplíe la ley para extender la vida útil de cada unidad, ya que, según afirman, actualizar la flota requiere una inversión demasiado elevada.

Por su parte, Rafael Valladares, profesor investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos (Usac), destaca que, además de la antigüedad de las unidades, otro factor determinante en los accidentes es el poco o nulo mantenimiento preventivo de los autobuses.

“El accidente ocurrido recientemente bajo el puente Belice es un ejemplo de cómo la falta de mantenimiento puede provocar tragedias. Sin embargo, el factor humano es igual de relevante: muchos conductores no tienen experiencia, carecen de los documentos requeridos y, sobre todo, no reciben capacitación adecuada, lo que compromete la seguridad de los pasajeros y de otros usuarios de la vía”, explica Valladares. 

Señalan supuesta venta ilegal de “permisos exprés” para el transporte pesado en la DGT

La DGT denunció un supuesto caso de corrupción a lo interno de la entidad relacionado con la venta ilegal de permisos para que transportistas puedan circular en horarios de restricción.

Hedy Quino y Andrea Domínguez

28 de noviembre de 2024

|

18:15h

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La directora de la DGT solicitó una auditoria en la institución por posible caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

Elizabeth Velázquez, directora de la Dirección General de Transportes, señaló un supuesto caso de corrupción a lo interno de la entidad, relacionado con la venta ilegal de permisos para que el transporte pesado pueda circular durante las fiestas decembrinas.

“Recibimos testimonios de usuarios de esta dirección que son transportistas, de la venta de permisos expres que le llaman. En primer lugar, la función pública es toda gratuita. En segundo lugar, la administración pública es indelegable, por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que responder al respecto. Estos permisos se venden en varios puntos diversos, en la sede de la zona 1, ahora nos informaron que se venden en la zona 9”, explicó la funcionaria.

Velásquez indicó que la venta de estos documentos se da comúnmente en diciembre y Semana Santa.

Derivado de las denuncias de los usuarios, la directora de Transportes solicitó una auditoría.

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“Se encontró una caja con varios permisos que son falsos, que no están autorizados por la Contraloría General de Cuentas ni están firmados por su servidora, que es la única que está autorizada para firmar ese tipo de documentos”, agregó la directora.

La directora señaló que, tras una inspección, se detectó que, en el carro asignado a Mayra Herrera, secretaria general de sindicato de la Dirección General de Transportes (DGT) se encontraron varios de esos “permisos falsos”.

La directora de la DGT dijo que se presume que se han emitido entre 180 a 200 permisos falsos que se venden en Q20 a Q25.

“La gente se lo lleva vacío, los llenan a mano y luego regresan para que se firmen y se sellen por personas no autorizadas”, dijo Velásquez.

La directora hizo un llamado a la población a que denuncien de manera formal la venta ilegal de esos permisos.

Velásquez afirmó que la venta de estos documentos se da más en estas fechas porque en diciembre se restringe la circulación del transporte de carga, pero hay excepciones, se exceptúa el transporte que lleva carga perecedera, alimentos, bebidas, combustible, incluso las grúas.

“El uso común que ha sido aquí o las acciones comunes que han sido es comprar esos permisos en lotes de 100, 200 o 300, los transportistas se los llevan vacíos, los regresan llenos, se firma y se sella de forma no legal”, resaltó.

Niega señalamientos

Mayra Herrera, secretaria general de sindicato de la DGT, negó los señalamientos en su contra; además, aseguró que ha trabajado en la entidad desde hace más de 20 años.

También puede leer: DGT tiene procesos en trámite desde 1996 y hay expedientes desaparecidos, denuncia la directora

Herrera indicó ser jefe de la emisión de esos permisos, y que los documentos estaban en el carro que se le asignó porque iban a ser trasladados a la sede de la zona 1, ya que ahí se almacenan. Aseguró que los documentos no son falsos.

“Yo lo hice a la luz del día, no estoy haciendo nada malo”, expresó.

Asimismo, dijo que presentará las denuncias correspondientes, porque considera que la están incriminando.

Transportistas extraurbanos piden a la DGT que se permita circulación de vehículos con más de 25 años de antigüedad

La Dirección General de Transportes realiza mesas con los sectores interesados para reformar los reglamentos vinculados al tránsito de los vehículos de pasajeros.

Fátima Najarro

31 de octubre de 2024

|

05:05h

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Hace unas semanas se conoció sobre asignación discrecional de expedientes y resistencia del personal en la entrega de información en la Dirección General de Transporte. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ana Elizabeth Velásquez dio a conocer ayer que se desarrolla un proceso en conjunto con la institución que preside —Dirección General de Transportes (DGT)—, los dueños de autobuses y la Secretaría General de la Presidencia para reformar el Reglamento de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera.

Entre los cambios que se quieren aprobar,  por ejemplo, se cuenta eliminar la restricción de los autobuses que tengan más de 25 años de antigüedad, así como reducir la edad para obtener la licencia profesional.

“Quisiera encontrar soluciones viables, se tienen muchísimas falencias, muchos agujeros en cuanto a la ley. Lo que estamos haciendo es modificar ese reglamento, y ya estamos invitando a los transportistas, que tienen mucho que decir al respecto. Estamos trabajando en una mesa interinstitucional con los usuarios, con el apoyo de la Secretaría General, para coordinar las modificaciones que dan necesidad de hacer”, señaló Velásquez.

Los cambios

En ese sentido, comentó que el reglamento especifica que no pueden circular los autobuses con más de 25 años de haber sido fabricados, pero en otro artículo se establece un aspecto distinto, lo que causa confusión.

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También sucede que el plazo establecido para renovar la licencia es de 90 días, pero en la práctica el trámite dura hasta dos años. Esa situación ha provocado que buses circulen sin la renovación de la licencia, por lo que se hacen acreedores a multas por parte de las municipalidades.

Añadió que se analizan las reformas de manera integral, que faciliten las labores de los transportistas, así como que la administración desde la DGT pueda mejorarse.

Como parte de la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), Augusto Toledo ahondó en los aspectos que buscan que se reformen. Uno es que se aumente la vida funcional de un autobús hasta por 15 años más, y la otra que se permita autorice la licencia profesional a los 21 años. “El día de hoy estamos en 25 años, pero ante la escasez de pilotos y la migración que los mismos pilotos están teniendo hacia México y Estados Unidos. La verdad es que estamos en crisis con eso”, añadió.

La directora sostuvo que se tiene conocimiento de los autobuses que funcionan sin registro, pero debido a que circulan de manera ilegal no se tiene ubicado quiénes son los dueños, en qué áreas funcionan ni cantidad. Aunque indicó que en una reunión con los transportistas que tienen trámites en la Dirección, estos aseguraron que buena parte de los que administran el transporte sin licencias quieren legalizarse.

“Es totalmente injusto que quienes trabajan legalmente sean quienes reciban todo el peso de revisiones, de trámites atrasados, de corrupción. Pareciera que el metamensaje ha sido a lo largo de la DGT que trabajen en forma pirata, porque le sale mejor. Y es justamente lo que nosotros queremos cambiar”, declaró.

Velásquez asumió el cargo a comienzos de octubre, y en conferencia de prensa dio a conocer que algunos expedientes de trámites de licencias  llevan más de 28 años en proceso, aparte de que otros estaban desaparecidos.

Al respecto, explicó que fueron localizados tales documentos y que se notificó a los transportistas sobre el finiquito del trámite, que era lo pendiente. De 37 propietarios, se presentaron a la reunión aproximadamente 30, quienes aprovecharon la oportunidad para denunciar cobros que se efectúan en la DGT en cada fase de los procesos.

“Que denuncien, que el pueblo denuncie. Recibo denuncias de que están cobrando tarifas altas, pero no recibo denuncias de lo que pasa dentro. No hace  falta nombre, pero se necesita saber desde dónde salen —los cobros—”, exhortó Velásquez.

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Comenta que se auditará en conjunto con la Comisión Nacional contra la Corrupción.

Fátima Najarro

9 de octubre de 2024

|

17:10h

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La DGT es la encargada de regular el transporte extraurbano en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Una serie de hallazgos fueron dados a conocer por la directora general de Transporte, Ana Velásquez, en esa dependencia. Destaca el uso de vehículos con fines personales, expedientes extraviados, personal que no cumple con el horario e instrucciones discrecionales para la gestión de trámites.

“Ya solicitamos el apoyo del señor ministro para realizar una auditoría que nos permita verificar cómo están los procesos actualmente, y ya solicitamos también el apoyo para tener el acompañamiento de la Comisión contra la Corrupción”, comentó la directora.

Hallazgos

Detalló que en los seis días que tiene al frente de la institución se ha topado con instrucciones de la anterior administración sobre detener los trámites, asignación discrecional de expedientes y resistencia del personal en la entrega de información de la institución, aunque el propio ministro, Félix Alvarado, la ha solicitado.

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Velásquez también informó que cuentan con una flotilla de aproximadamente 23 automóviles, pero muchos de ellos se están utilizando de manera personal con altos costos de combustible y mantenimiento.

“Están con montos de combustible mal asignados, definitivamente los montos no son proporcionales a las necesidades que uno tiene para ir y venir —de la oficina—“, hizo ver la directora.

Deficiencia

Por otro lado, explicó que más de seis mil expedientes de trámites están suspendidos, algunos desde hace 28 años.

“Reportaron, cuando pedimos un inventario, que vienen en proceso y en trámite desde 1996; y están detenidos por alguna causa que el usuario que tal vez lo empezó en aquel año no conoce, y por eso no lo ha gestionado, pero lo más significativo es que también hay uno ingresado en el 2027, lo cual nos dice a nosotros que hay un registro deficiente”, expresó Velásquez.

Además, señaló que se encontraron 37 expedientes que estaban archivados en un lugar donde no correspondía.

Otro de los problemas que expuso la directora de Transporte es que existen plazas ocupadas por personas que no tienen las calidades.

En extremo, está el caso de una profesional que había sido despedida pero logró su reinstalación por la vía judicial y solo se presenta a trabajar dos horas al día.

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El CIV asegura que busca modernizar la Dirección General de Transportes y nombra a nueva directora.

César Pérez Marroquín

2 de octubre de 2024

|

14:08h

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Ana Elizabeth Velásquez, directora de la DGT. (Foto Prensa Libre: Tomada de AGN)

Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez fue designada como directora de la Dirección General de Transportes (DGT), informó este miércoles 2 de octubre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

De acuerdo con la cartera de Comunicaciones, el nombramiento de Velásquez tiene como objetivo fortalecer el servicio hacia los ciudadanos y elimina la corrupción en los procesos de otorgamientos de licencias.

“Este cambio refleja una visión centrada en los usuarios y responde a las crecientes necesidades del sector transporte en Guatemala, a partir de modernizar la institución”, señala el CIV en un comunicado.

El CIV detalló que ha estructurado la gestión de la DGT en torno a tres pilares: implementación de procesos que generan valor y eliminan la arbitrariedad, . Modernización institucional y construcción de equipos.

De esa cuenta, el CIV informó que se impulsará la modernización de la DGT mediante la implementación de nuevas tecnologías que permitan optimizar trámites, mejorar la trazabilidad y asegurar que cada proceso sea controlado y transparente.

“La seguridad será una prioridad, buscando que los sistemas de transporte sean más seguros y confiables para transportistas y usuarios, mejorando la confianza pública en la institución”, detalla el CIV.

Además, el CIV asegura que se promueve mayor apertura de información, permitiendo el acceso de datos relevantes para transportistas y usuarios.

“Se fortalecerán los recursos financieros para asegurar una adecuada implementación de mejoras tecnológicas y de infraestructura, así como la mejora y capacitación del personal”, agrega.

Agrega que se construirán equipos, internos y externos, con personas capaces y comprometidas para alcanzar el éxito de la modernización de la DGT.

“Bajo la nueva dirección es una prioridad trabajar de la mano entre el personal del Ministerio, los prestadores de servicios y los usuarios. Desde hace varias semanas se han coordinado mesas de trabajo interinstitucionales con prestadores de servicios, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y otras instituciones gubernamentales, para coordinar esfuerzos y mejorar la seguridad vial y los procesos dentro de la DGT”, refiere el comunicado.

Perfil

Según el CIV, Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales con especialización en administración pública, cuenta con experiencia en gestión pública y simplificación de trámites administrativos. “Su nombramiento no solo responde a la necesidad de modernizar la DGT, sino también a la importancia de dar respuesta a las demandas de los transportistas y usuarios, quienes por mucho tiempo no han sido atendidos de manera adecuada”, dice el comunicado del CIV.