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De la oficina a la calle: cómo el delivery se ha expandido y reemplazado el trabajo convencional para lograr más ingresos

El auge del delivery en Guatemala, impulsado por las plataformas digitales tras la pandemia, transformó la manera de trabajar y consumir, generando nuevas oportunidades y más empleo informal.

Belinda S. Martínez

12 de octubre de 2025

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06:00h

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La pandemia impulsó el auge del delivery y transformó la forma de consumir en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

“Hoy en día, un sueldo mínimo no alcanza”, dice Roxana López, una madre para quien, desde hace dos años, la ciudad se ha convertido en su oficina y la motocicleta, en su principal herramienta de trabajo.

López laboró durante muchos años en una institución privada, pero la situación económica la obligó a buscar otra oportunidad laboral para obtener un segundo ingreso.

La opción era trabajar en sus tiempos libres, y las entregas a domicilio se convirtieron en su alternativa, ya que ofrecían horarios flexibles. Ella no imaginó que esta actividad se convertiría en su única fuente de ingresos.

Si bien este modelo de negocio no es nuevo, el auge que experimentó a raíz de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19 ha brindado oportunidades laborales a miles de guatemaltecos.

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El acelerón digital

David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que, durante mucho tiempo, las entregas a domicilio era un negocio exclusivo de algunos restaurantes que ofrecían ese servicio, y las entregas de mercancías se limitaban a empresas especializadas en ese giro.

“Sin embargo, durante la pandemia hubo restricciones de movilidad que hacían imposible consumir de manera presencial”, señala. Los restaurantes necesitaban operar. Las plataformas ya existían en otros países. El mercado guatemalteco estaba listo.

El auge de los emprendimientos digitales y la venta de bienes o servicios por medio de redes sociales también aportó al crecimiento de este modelo de trabajo. “Se generó una costumbre, una manera de consumir que no se modificó luego de la pandemia”, agrega Casasola.

“El ciclo que traíamos en muchas cosas sufrió un acelerón superinteresante que nos obligó a todos los involucrados a ponernos al día, puntualmente en plataformas de delivery”, explica Adrián Catalán, director del Posgrado en Desarrollo de Software de la Universidad Galileo. La tecnología estaba disponible. El mercado la exigía.

Ese acelerón en la demanda de repartidores explica la razón por la que López dejó su empleo formal para dedicarse exclusivamente a las entregas. Crystian Aceituno vive una situación similar: salió de una empresa privada, cansado de los roces laborales, y decidió lanzarse a la mensajería.

Aceituno se levanta todos los días a las cinco de la mañana y, en su libreta, anota direcciones y organiza sus entregas por pedidos y sectores. A sus 24 años, lleva varios meses siendo su propio jefe.

A diferencia de López, Aceituno no trabaja para ninguna plataforma digital. Con la ayuda de amigos y familiares, creó su propia cartera de clientes, con los que genera ingresos para él y su familia. “El que no arriesga no gana, solo es cuestión de dedicarle tiempo”, comenta.

Los grises de la actividad económica

La transacción entre restaurante, plataforma y consumidor es formal: hay factura, rastreo y uso de tarjeta de crédito. Al momento de registrarse en las aplicaciones, los repartidores deben inscribirse en el Registro Tributario Unificado (RTU) y emitir Factura Electrónica en Línea.

Los repartidores tienen dos opciones: el Régimen de Pequeño Contribuyente o el Régimen General del IVA. Esta modalidad representa una oportunidad de formalización. Sin embargo, Casasola describe la situación como “en grises” más que en blanco y negro. “Es más del lado de las condiciones de los repartidores”, advierte. No son trabajadores formalmente incorporados. Se afilian a varias plataformas cumpliendo requisitos mínimos.

A pesar de ello, los repartidores perciben beneficios. “Soy mi propio jefe. Yo decido las horas que quiero trabajar”, es una frase recurrente entre ellos.

Fabricio Castellanos trabaja en delivery unas cuatro o cinco horas al día y lo considera un segundo ingreso. Por otro lado, para Ángel Ayú y Pablo Ramírez es su fuente principal.

Sus jornadas laborales son largas: entre 12 y 14 horas diarias. Aun así, para ellos “es una actividad rentable”.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social confirma que las plataformas no están reguladas en el país. Las personas adscritas prestan servicios y facturan. Además, el Ministerio de Economía tampoco regula este tipo de actividad.

La seguridad vial de los repartidores

Los encargados de PedidosYa Guatemala declararon a Prensa Libre que, como parte de las medidas de seguridad que brindan a los socios motoristas, ofrecen un seguro de accidentes personales con cobertura en caso de incidentes graves, además de “información sobre seguridad vial de forma proactiva, independientemente de la existencia de normativas locales”. Sin embargo, la experiencia de los repartidores dista de esa versión.

Ramírez cuenta que, en una ocasión, tuvo un accidente y llamó al seguro que proporciona la aplicación. “Llegó la ambulancia, me esperaron media hora y me cobraron. Me lo debitaron de mi cuenta”, relata. El seguro existe, pero no funcionó cuando lo necesitó.

Esto sin mencionar que el resto de conductores entrevistados no tenía conocimiento de la existencia de dicho seguro y confirmaron que, desde hace un tiempo, no reciben charlas de seguridad ni cuentan con una oficina física a la cual acudir.

Los peligros de la calle

Aceituno maneja motocicleta desde hace seis años. Antes de salir a repartir, revisa los frenos, las llantas y el nivel de gasolina. “Si uno se queda sin gasolina en una zona roja, imagínese”. Aunque prefiere evitar esas áreas. Siempre usa casco. Son medidas básicas y necesarias.

Ramírez, por su parte, hizo un curso de manejo adicional por iniciativa propia. Sin embargo, admite que en muchas ocasiones prefiere cruzar semáforos en rojo por temor a ser asaltado.

“Nosotros cargamos esa mala vibra. En cualquier semáforo sabemos que nos pueden asaltar”, cuenta. “Es una psicosis por todo lo que pasa aquí: accidentes, robos. Estamos expuestos a todo”.

Los números le dan la razón. De enero al 21 de septiembre de 2025, el Departamento de Tránsito registró 4,927 siniestros en motocicleta, con 985 fallecidos y 4,145 lesionados. En el 2024, en el mismo periodo, hubo 4,454 motocicletas involucradas, con 939 fallecidos.

Si bien no existe un registro específico de repartidores, los factores de riesgo que identifica la institución son los mismos que enfrentan a diario: sobrecarga, imprudencias, exceso de velocidad, desobediencia a las señales de tránsito y uso del teléfono. El exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestralidad. Las motocicletas tienen una incidencia del 50% en los hechos de tránsito.

Según Brenda Santizo, portavoz del Departamento de Tránsito, a partir del 2021 el parque vehicular de motocicletas incrementó 13%. El Estudio Observacional del Comportamiento Vial de Motociclistas confirma que los conductores comerciales presentan más distracciones y mayor transgresión de normas.

Castellanos y Ayú lo saben. Identifican los accidentes como el riesgo más latente, aunque ninguno ha tenido percances mientras trabaja como repartidor. Todavía. “Gracias a Dios”, aclaran.

El algoritmo y las aplicaciones

Cuando un repartidor acepta un pedido desde su teléfono, no siempre sabe que detrás hay un algoritmo optimizando rutas. Según los encargados de PedidosYa, su tecnología está diseñada para entregar pedidos en el menor tiempo posible, maximizando oportunidades y eficiencia.

Catalán profundiza: “la data permite personalización. Tengo a mi alcance lo que quiero, cuando quiero”. La geolocalización y el análisis de datos permiten que las empresas conozcan mejor a los consumidores. Los negocios pequeños tienen ahora acceso a herramientas que antes estaban reservadas para grandes empresas.

Pero para los repartidores, esa tecnología también implica tarifas que disminuyen conforme la plataforma incorpora a más personas. Ramírez lo ha visto en los cinco años que ha trabajado para la aplicación. “Han bajado las tarifas de los pedidos porque aceptan a más gente y dan un extra a quien refiere”, comenta.

López, por su parte, trabaja tanto para PedidosYa como para Uber. Según explica, con Uber genera aproximadamente Q11 por entrega, sin importar el kilometraje. En PedidosYa, esta información es menos clara: ninguno de los repartidores sabe cuánto ganará hasta que finaliza el día.

La aplicación permite escoger las zonas en las que desean repartir. Sin embargo, cuando un cliente se confunde de dirección y reporta que el pedido no llegó, les bajan la calificación e incluso pueden bloquearles la cuenta.

¿Regular o no regular este giro de negocio?

A pesar de que los repartidores enumeran los beneficios de este giro de negocio, también mencionan que no cuentan con prestaciones ni seguro social.

Sin embargo, Casasola se muestra cauteloso respecto a regular el sector. “No sé si el riesgo es que lo regulen, porque puede ser que lo hagan más caro y más complejo de operar (…) La regulación no siempre resuelve el problema de fondo”, afirma.

Sugiere considerar primero los factores que provocaron esta situación: el tránsito cada vez más lento y la ausencia de oportunidades económicas, que obliga a muchos guatemaltecos a ocuparse por cuenta propia.

Ramírez confirma esta realidad. Consideró buscar otro empleo y trabajó en un restaurante. “Era explotación”, resume. Continúa en la aplicación por la flexibilidad: se conecta y desconecta cuando quiere. Gana un poco más del salario mínimo al mes, descontando la depreciación de la moto y la gasolina. Las tarifas han bajado mucho, pero la gente sigue por necesidad. “Está difícil eso de encontrar trabajo”.

Según el economista, “hay un equilibrio”. Explica que este modelo ha funcionado hasta ahora porque “existen consumidores que adquieren el servicio, restaurantes que se siguen afiliando a alguna red y repartidores que continúan operando”.

Futuro sobre ruedas

Catalán proyecta que el sector continuará encontrando nichos especializados. “El traslado de cierta paquetería, la atención de mascotas, algún traslado muy especializado”, enumera.

Casasola coincide en que las innovaciones surgirán para atender necesidades específicas, donde las empresas puedan agregar valor mediante una atención personalizada y diferenciada.

PedidosYa apunta hacia el crecimiento del quick commerce, con entregas ultrarrápidas. Los supermercados digitales tendrán un papel destacado. El objetivo de la plataforma es simplificar el día a día y potenciar el ecosistema compuesto por socios comerciales, usuarios y repartidores.

“Ya se creó una cultura de consumo”, afirma Casasola. No prevé un regreso total a la presencialidad del consumo.

Aceituno tiene planes: el próximo año quiere estudiar periodismo en la universidad. Le gusta hablar con las personas. Los fines de semana sigue trabajando como DJ. Lleva cinco años mezclando música. Es su ingreso extra. Durante el día, reparte.

López se desconecta cuando tiene un mandado personal y regresa cuando puede. Esa flexibilidad compensa la ausencia de prestaciones. Tiene un hijo que mantener.

Ramírez se conectará al mediodía. Ayú, desde temprano. Castellanos, cuando salga de su trabajo formal. Son parte de los miles de repartidores activos que recorren la ciudad. Catalán señala que, en algún momento, la situación laboral deberá abordarse como sociedad.

Mientras tanto, las motocicletas siguen saliendo cada mañana. El tráfico no mejora. La tecnología continúa optimizando rutas y la necesidad de consumo permanece.

Se instala bazar navideño en la Plaza Barrios de la capital

Más de 700 vendedores comercian artículos navideños en el área. Muchos han participado por décadas en el bazar.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

1 de diciembre de 2024

|

17:52h

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El bazar ya está instalado en la Plaza Barios de la zona 1. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

En la Plaza Barrios y 19 calle de la zona 1 capitalina se instaló ya el bazar navideño en el que participan más de 700 comerciantes.

Del 30 de noviembre al 15 de diciembre estarán ubicados en el lugar desde las 7 de la mañana a las 21 horas. En el lugar se cuenta con el apoyo de distintas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y supervisores del comercio popular.

“Nosotros somos los vendedores que nos colocábamos años anteriores sobre la 6a avenida para esta temporada. Debido a que la 6a avenida se peatonizó, nos trasladaron acá a la Plaza Barrios. Aquí nosotros nos ubicamos a cerca de 700 vendedores aquí en la Plaza Barrios”, comentó Carmen Camacho de la Asociación de Vendedores de la Economía Informal.

También explicó que algunos puestos quedan vacíos por motivos personales o de salud que deben enfrentar. Además, que hay varias familias que, por décadas, han participado en el bazar.

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“Mi bisabuela era la que vendía, luego se lo dejó a mi abuela, después de mi abuela, mi mamá. Y hoy por hoy, yo sigo adelante con el comercio. Muchos vienen de los diferentes departamentos, de Quiche, Totonicapán, Quetzaltenango”, indicó Camacho.

En el bazar se encuentra musgo, paxte, prendas de vestir, esferas navideñas, arboles navideños, nacimientos, artículos para el nacimiento y aserrín.

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Contrabando en Guatemala se incrementa entre un 25 y 40% en productos alimenticios de la época navideña

Las organizaciones de contrabandistas sobre todo de alimentos y licores ya empezaron a realizar movimientos ilícitos para cubrir la temporada navideña y fin de año, que es considerada como el mayor ciclo o flujo de ventas en la economía informal.

Urias Gamarro

25 de noviembre de 2024

|

05:00h

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Entre 25 a 40 por ciento es el volumen en qué se incrementa el contrabando de productos alimenticios y licores asociado a la temporada de fin de año. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Entre 25 a 40 por ciento es el volumen en qué se incrementa el contrabando de productos alimenticios y licores asociado a la temporada de fin de año, actividad ilícita que ya es reportado por los gremios empresariales.

El trasiego es por la vía del contrabando hormiga, por vehículos con mayor tonelaje y hasta el técnico, ya es evidente y es reconocido por la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (Codecof) adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y por el Observatorio Contra el Contrabando (OCC) de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas.

Estos productos, que no cuenta con una procedencia registrada en sus diferentes cadenas, ni controles sanitarios, que pueden poner en riesgo la salud de las personas, ya están a la disposición de los consumidores, especialmente en los mercados cantonales, advirtieron representantes de estos sectores.

El volumen observado por ambas cámaras empresariales proviene de México, que ingresa por diferentes puntos en el área fronteriza con San Marcos, sobre el río Suchiate y otra parte de Huehuetenango.

Crecimientos

Muriel Ramírez, directora técnica de Codecof, declaró que el movimiento de estas organizaciones comenzó a observarse desde hace un mes y medio, y conforme avanza la llegada de las fiestas de fin de año, los contrabandistas así se están preparando.

En la parte de alimentos y licores, consideran que hay un movimiento estimado de hasta 40 %, y ya se observan camiones con mayor tonelaje que ingresan por los diferentes puntos ciegos a “cargar” las mercancías.

En esos términos coincide Luis Mazariegos coordinador del OCC, quien indica, que, para la temporada navideña, el incremento ronda entre 25 a 40 %, por lo que es considerado el mayor ciclo de contrabando de productos que relega el volumen de ventas de varias industrias nacionales.

Después del 1 de noviembre o sea el Día de los Santos Difuntos, es cuando se presenta a desarrollar el contrabando de fin de año.

La canasta navideña

El recuento indica que de los productos de temporada y de fiestas navideñas, son los que se incrementan de contrabando, y en automático uno de los disparadores es cuando en México lleva a cabo denominado “buen fin de semana” cuando se presentan promociones y descuentos en varios productos y líneas.

Eso hace, hace que muchos comerciantes o personas individuales se dirijan a la frontera para las adquisiciones tanto de los productos personales como para comercio, que empieza a elevar el nivel durante noviembre.

Los productos de temporada son boquitas, galletería, dulcería, chocolates; salsas y aderezos; latas, mermeladas y conservas; gaseosas, y los productos asociados son los licores, cervezas y cigarros.

Puntos de distribución

Tanto Ramírez como Mazariegos, dieron cuenta que los mercados cantonales, se han convertido en los centros de distribución de estas mercancías y que ya están al alcance de los consumidores.

El movimiento ya es generalizado y en esos centros ya participan, por qué la demanda es en todo el territorio nacional, sobre todo en el comercio informal.

Uno de los canales de venta del contrabando es por medio de plataformas de redes sociales y su distribución local por repartición a domicilio o lugar determinado “por lo que refleja cierta organización”, apuntaron ambos directores.

Factores de incidencia

Los márgenes de ganancias para las “macro organizaciones” que se dedican a este ilícito sigue siendo amplio, y hay por lo menos tres factores en los cuales hay una incidencia para que persista.

El primer factor de entrada es el impuesto al valor agregado (IVA) que es el 12 % con el producto de origen mexicano. La segunda es la tasación entre el quetzal con el peso, ya que por cada Q1 se reciben MX$2.50 en promedio, y finalmente la economía de escala, ya que los volúmenes de producción son mucho más altos para atender el mercado doméstico.

Impactos a la industria

Ramírez, reiteró que el impacto del comercio ilícito tiene implicaciones negativas a las industrias y empresas formales en por lo menos seis rubros de la cadena productiva:

• Pérdida de empleos
• Corrupción
• Falta de recaudación tributaria
• Competencia desleal
• Atenta a la salud humana
• Fortalecimiento de estructuras criminales

Los sectores productivos con mayor incidencia, según Codecof son:

1. Alimentos y bebidas
2. Avícola
3. Licores
4. Granelero
5. Cemento
6. Cigarrillos
7. Porcícola
8. Calzado

Para el sector de alimentos y bebidas el impacto es del 40 % misma variación para el tabaco y se proyecta 15 % para el cemento.

La representante de Codecof explicó que también hay otros sectores impactados por medio de la violación a la propiedad intelectual, y que comienza a generar distorsión en el mercado:

1. Joyas y relojería de distintas marcas
2. Medicamentos
3. Prendas de vestir de distintas marcas

Citó como ejemplo, que hay casos en los cuales se falsifica los supuestos certificados de los productos, que se comercializan, pero que al final son adulterados e ilegítimos y los reclamos van dirigidos a las casas o representantes legales.

“Hemos encontrado productos falsificados que van como engaño a la población como tal; el producto no viene garantizado y tanto es el impacto para las empresas que se dedican a la joyería, se están viendo afectadas y están haciendo un llamado a la población a encontrar los productos en lugares certificados”, manifestó Ramírez, y recordó que esto viene de países como República Popular de China o México por la vía importación.

Se ha evidenciado, que son artículos que se adquieren en línea o medios digitales, contratan a una empresa de entrega, pensando en que el producto es original. En el tema de medicamentos, es delicado que no cumplen con los requisitos sanitarios y atentan a la salud de las personas.

“Nuestra evaluación durante el año es que no hay grandes cambios en comparación con el año pasado en el combate al contrabando. Resaltamos acciones en conjunto entre la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público, en algunos lugares, que son las autoridades que diríamos han realizado la diferencia este año”, precisó Mazariegos.

Reiteró que no hay ninguna variación de políticas, ni una lucha especifica en esta administración. En todo caso, proyecta que en 2025 este tema se pueda retomar, como una política de Estado, en la cual otras instituciones se puedan involucrar en el combate a este problema.

Cambio de temporada

Una vez concluye la temporada navideña, las organizaciones, migran hacia otros sectores, y de nuevo empieza un ciclo que es recurrente en el año.

En enero, la incidencia es en útiles e insumos escolares desde México, que es muy marcada, y luego el ingreso de mercancías por Semana Santa. 

7 de cada 10 guatemaltecos trabajan en la economía informal

La informalidad es una característica importante de los mercados laborales del mundo y Guatemala no es la excepción.

Déborah López

14 de marzo de 2024

|

15:33h

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Cuando una persona se queda sin trabajo y le cuesta mucho conseguir un buen empleo en el sector formal no le queda otro camino que emprender en la informalidad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas; trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y técnicos; todos los familiares no remunerados y ocupados en servicio doméstico, son por lo regular, quienes integran el sector económico informal de Guatemala.

Así lo expresa el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2022, que detalla que en el país el 71.1% de la población está ocupada en la informalidad y solo el 28.9% labora en el sector formal.

En el sector informal predomina la población mayor de 24 años, distribuida de la siguiente manera: 10.7% en el área urbana metropolitana, 20.6% en el resto urbano y 45.4% en el área rural.

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Las tres actividades predominantes a nivel nacional en el sector informal son: agricultura con un 34.2%, seguido de comercio con un 28.2%, e industrias manufactureras con un 12.9%.

Por el contrario, la actividad económica con menor incidencia en la distribución de ocupados a nivel nacional en la informalidad es comunicaciones con 0.1%.

En tanto, el Banco de Guatemala (Banguat) registra hasta 2021 como valor agregado bruto del sector informal por actividad económica la cantidad de Q138 millones 445.70; entendiendo como valor agregado bruto la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado período.

Informalidad = Falta de suficientes y buenos empleos

Abelardo Medina Bermejo, coordinador de análisis macro fiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) detalló que la clave no está en combatir la informalidad sino en crear condiciones para que las empresas generen más empleo, promoviendo la diversificación, competencia y competitividad para que hayan más empleos y mejor remunerados.

En tanto, la informalidad es una consecuencia de la falta de suficientes y buenos empleos.

Medina agregó que el hecho que no hayan suficientes y buenos empleos, provoca migración, trayendo a colación un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que deja claro que la razón principal de la migración es porque en Guatemala no hay suficientes empleos ni empleos bien remunerados, y si se consigue trabajo es en la informalidad donde hay poco pago.

Este poco pago está relacionado con la migración, porque las personas tienen poca capacidad de consumo, lo que genera un círculo vicioso.

“La falta de inversión/producción conlleva a malos salarios y poco empleo, ese poco empleo produce informalidad y migración, esta produce remesas y estas hacen que siga el proceso estabilizador, por lo que no hay ninguna razón para cambiar las cosas”, agregó el entrevistado.

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Eso significa que, según la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es el monto que no se pudo recaudar en el ejercicio fiscal anterior, de un monto potencial de Q50 mil 829 millones, pero que está plenamente identificado, en la “Estimación del Incumplimiento de pago del IVA”, documento que fue publicado el pasado 30 de junio.

Esta cifra representó el 17.7% de incumplimiento, contra un 82.3% de cumplimiento efectivo. En el 2021, los porcentajes fueron 17.83% y 82.17%, respectivamente.

Desde el 2013 utilizando una metodología específica, el administrador tributario realiza el análisis sobre el incumplimiento del referido impuesto y del gasto tributario, lo que está relacionado con variables macroeconómicas.

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Por lo tanto, en septiembre de este año, se presentará el incumplimiento del impuesto sobre la renta (ISR) dieron a conocer las autoridades, aparte de que también se trabaja en un informe similar sobre el incumplimiento de otros impuestos internos y del servicio aduanero, para medir cuanto deja de percibir el Estado cada año y buscar soluciones.

La metodología

Para medir el incumplimiento del IVA y determinar el monto indicado, se determina el consumo potencial total en bienes y servicios, calculado para el 2022 en Q750 mil 81 millones; la producción para uso final propio, por Q86 mil 289 millones; consumo no afecto por Q19 mil 163 millones; y el gasto de gobierno no gravable, Q62 mil 808 millones.

Además, el consumo exento se sitúo en Q103 mil 298 millones; el consumo gravable en Q474 mil 397 millones y la base imponible potencial fue de Q526 mil 867 millones, para una recaudación potencial del IVA de Q50 mil 828 millones.

La recaudación del IVA fue de Q41 mil 829 millones, pero en 2021 alcanzó los Q35 mil 610 millones, por lo según las cifras hubo un incremento de Q6 mil 218 millones o sea 17.5%, que los analistas atribuyen el “efecto inflación en la recaudación”.

Esa cifra incluye a los contribuyentes grandes, medianos, especiales, pequeños e individuales, según su clasificación en el régimen que corresponde, a todo lo cual se le llama base tributaria, misma que en 10 años ha crecido solo en 1 millón 167 mil 83, para un promedio anual de 116 mil 700, aproximadamente.

Lo anterior también significa que si se dividen los Q81 mil 577 millones de ingresos tributarios presupuestados por el Congreso para este año se dividiera a partes iguales entre los contribuyentes activos, cada uno tendría que pagar impuestos por Q30 mil 488 durante este año.

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Por otro lado, la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (Enei, 2021) reveló que la tasa de informalidad del mercado laboral es del 70.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual significa que de cada 10 empleos remunerados, siete se clasifican en la categoría de cuenta propia, quienes no perciben  salario fijo, no cuentan con las prestaciones de ley ni tienen acceso a la seguridad social, pero tampoco pagan impuestos, a excepción del valor agregado (IVA), que va incluido en los precios de todos los productos y servicios que adquiere la población.

Variaciones recientes

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en 2020 la cantidad de contribuyentes efectivos (sin incluir a quienes pagan ISCV) disminuyó en 77 mil 355, ya que de un millón 144 mil 318 en 2019, pasó a un millón 66 mil 963 en el año siguiente.

“Las bajas más significativas en los contribuyentes efectivos, considerando las variaciones absolutas, se registraron en el IVA doméstico con una baja de  33 mil 482 contribuyentes (3.6% del decrecimiento anual); el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con una reducción de 16 mil 189 contribuyentes (5.6% de la baja anual); y el IVA de importaciones con una reducción de 19 mil 767 contribuyentes (22.4% el decrecimiento anual).

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Según el ente recaudador, esto se debió a que “Guatemala no estuvo ajena a el brote epidémico de afectación global, por lo que se declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional (Acuerdo Gubernativo Número 5-2020) y que tuvo, entre otros efectos, el cierre parcial de algunas actividades económicas y el cierre total de otras, afectando la economía en general y en consecuencia, la recaudación tributaria”^.

También explicó que, al contraerse la economía en -1.5% en ese ejercicio fiscal (2020), “ocasionó que se realizaran menos hechos generadores de impuestos, que, como consecuencia, redujo el número de contribuyentes que efectúan pagos de impuestos por dicha actividad económica”, se informó.

Los impuestos con mayor relevancia en su participación en la recaudación administrada por la SAT, se encuentra el ISR, el impuesto de Solidaridad (ISO), y el IVA, tributos en los que descansa el funcionamiento del Gobierno para atender las necesidades de la población.

Pero hubo recuperación

No obstante, tal como ocurrió con la economía en general, en el 2021 se presentó un “efecto rebote”, que también se observó con la cantidad de contribuyentes efectivos.  “En 2021 fue perceptible una recuperación en los distintos sectores de la economía, fenómeno que permitió crecimientos interanuales significativos”, continuó la SAT.

Es así como durante el año pasado, las alzas más significativas se registraron en los contribuyentes del IVA doméstico con 102 mil 535 contribuyentes (11.6% de crecimiento, respecto al 2020), el IVA importaciones con un alza de 23 mil 134 (22.4%); y el ISO, con un aumento de 1 mil 651 contribuyentes (3.4%).

¿Cómo ampliar la base?

A juicio del consultor tributario Óscar Chile Monroy, la ampliación de la base tributaria es un tema muy complejo y tiene diferentes componentes, pues debe motivarse a la población productiva a incluirse en la formalidad, pues las personas observan que los recursos tributarios que se captan no se canalizan adecuadamente.

Como ejemplo, citó que el ISCV fue creado para que esos recursos sirvieran para darle mantenimiento a la red vial, pero las condiciones de las carreteras son malas desde hace décadas, tanto en la provincia como en la capital, lo que daña los vehículos.

Por otro lado, debe haber una mayor facilitación en la inscripción, sin mayores contratiempos, de manera simple y sin mayores requisitos, aparte de una buena atención por el administrador tributario. “Hay muchas quejas sobre la inscripción, pero la SAT no responde y hay mala atención para quienes desean formalizarse, así que prefieren seguir en la informalidad”.

Citó otro aspecto, que es más de fondo, y es examinar el régimen del pequeño contribuyente, en el que se incluye a quienes venden hasta Q150 mil al año, pero debe tributar 5% (Q7,500), porcentaje que resulta muy alto para una buena cantidad de tributantes, porque para poder cumplir, necesita tener una utilidad de 27%.

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“Aunque no corresponde a la SAT, se debe plantear un análisis para diseñar o elaborar un monotributo que sea mucho menor del 5%”, expuso al indicar que, según la experiencia, 5% es bueno para un grupo de contribuyentes, pero para otros no es atractivo. Principalmente, para las personas que subsisten gracias a su pequeño negocio porque la cifra mencionada, equivale a su comida.

“Sin no se amplía la base tributaria siempre habrá problemas de baja recaudación porque la base siempre se mantiene casi parejo”, precisó Chile Monroy.

Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio Contra el Contrabando, (OCC), coincidió en que el trabajo informal se fomenta de manera indirecta porque a cualquier persona le resulta difícil inscribirse en el administrador tributario para cumplir sus obligaciones tributarias.

Planes limitados

A pesar de todo lo anterior, la SAT descarta agregar al sector informal a la base tributaria y en lugar de ello, continúa enfocando sus esfuerzos en los contribuyentes ya existentes, en quienes están inactivos o los que pagan lo que les corresponde.

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El superintendente Marco Livio Díaz, indicó que los analistas se insisten en ampliar la base por medio de la formalización de algunos agentes de la economía informal, que son muy pequeños. “Por ejemplo, la intendencia de Fiscalización ya no se enfoca en quienes más pagan, sino que está auditando a los que menos pagan dentro de cada sector económico. O sea, se trabaja en los que deben tributar con gran movimiento económico y no en los pequeños actores de la cadena productiva, cuyo objetivo es entregar productos al consumidor, con poco valor”.

La segunda acción es ampliar la base con programas de fiscalización dirigidos a tipologías de evasión que han descubierto y para lograrlo, se han lanzado 14 programas. Por último, se construyen sistemas que permitan más cruces de información y detectar a subdeclarantes o no declarantes.

Por último, mencionó que, a través de gobierno de datos, se han descubierto algunas anomalías, como la emisión de facturas a nombre de consumidores finales con montos demasiado grandes y que rompen la cadena de control, por lo que se están preparando los planes para comenzar a combatir esas malas prácticas. “Son actores grandes que se esconden a través de la figura de consumidor final”.

Mientras esto ocurre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias de calificación de riesgo país, en sus evaluaciones anuales han reiterado la necesidad de ampliar la base de contribuyentes, así como elevar la carga tributaria. O sea, la relación que existe entre los impuestos que pagan los contribuyentes y el total de sus ingresos, ya que la misma se ha mantenido en alrededor del 10% desde hace más de 20 años.

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De profesión técnico en electrónica, Valero no ha podido ejercer su oficio desde que llegó a Bolivia hace unos dos años, pero busca la forma de subsistir junto a los suyos al igual que López, quien en el último año ha tenido que recurrir a la venta ambulante.

“Perdí mi trabajo porque por culpa de la pandemia hubo recorte de personal y todo eso me llevó a hacer diferentes cosas. Vendí gelatina de pata, iba a ambular calle por calle, gritaba con fuerza. Mi amigo me dijo ‘pongamos esto’ (el carro ambulante). Él puso el capital, yo puse otras cosas y así”, comentó López.

El hombre ya lleva alrededor de medio año con la venta ambulante a veces en la zona noreste cerca del Mercado Mutualista, y a veces en el sur de Santa Cruz, la ciudad más poblada y pujante de Bolivia, según como pinten las cosas, pues en el primer sitio “hay más ingresos, en otros lados hay más competencia”.

En el otro extremo del país, en la sede del Gobierno y el Parlamento nacional, Valero y su familia van por las calles del centro histórico paceño para ganarse la vida repintando los pasos de cebra borrados por el tránsito de los vehículos.

El venezolano de 41 años dejó por unos minutos la faena en una esquina en el barrio paceño de San Pedro para contar sobre la rutina laboral que lleva con sus familiares y que les tiene ocupados hasta las 6 o 7 de la noche.

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“Para nosotros es más complicado (conseguir empleo) porque somos de Venezuela, entonces tomé la iniciativa de hacer esto, de recuperar las cebras, las que están borradas. Y gracias a la colaboración de las personas, los transeúntes y los amigos de los vehículos, compramos materiales. Las pinturas son caras pues, las que son para esto son de secado rápido”, manifestó.

El último año ha sido particularmente complicado subsistir por las restricciones de la pandemia y en el caso de los migrantes lo es más por la falta de documentos, comentó.

“Ya nosotros tenemos cédula, pero igual está un poquito fuerte. En mi área no (he podido trabajar), hay mucha falta de empleo y no contratan a extranjeros”, agregó.

Debilidades económicas

Precisamente los migrantes son uno de los grupos golpeados “con más fuerza” por la informalidad, junto con las mujeres y otros sectores considerados vulnerables, explicó a Efe el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el peruano Javier Paulinich.

En América Latina, la informalidad se ubica en un 50%, lo que supone que cinco de cada diez trabajadores son informales, pero en Bolivia “el asunto es más complicado, porque según cifras de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y del Instituto Nacional de Estadísticas, el 85% de los trabajadores” se ubica en el sector informal, detalló Paulinich.

Esta informalidad “es más significativa en las actividades de comercio al por menor”, según el secretario permanente del SELA, lo que se refleja en la venta callejera como la que realiza López.

A raíz de la pandemia, las calles en La Paz se llenaron de comerciantes ambulantes que venden de todo para subsistir, lo mismo que en Santa Cruz.

“La pandemia ha exacerbado todas las debilidades, defectos que a nivel estructural tienen nuestras economías a nivel mundial, en particular en América Latina, entre ellas la informalidad, el trabajo precario, la desigualdad y sobre todo el tema sanitario”, sostuvo Paulinich.

La OIT ha evaluado que la región perdió unos 26 millones de empleos como consecuencia de la pandemia, “más del doble de toda la población de Bolivia”, apuntó.

Si bien se prevé que este año habrá una recuperación del empleo, no llegará a los niveles de la pérdida, agregó.

Según el secretario permanente del SELA, aunque la informalidad es una “alternativa” al desempleo, uno de sus impactos en la economía es que los países tengan una productividad baja, además de la desprotección en la que se encuentran los trabajadores informales sin acceso a beneficios laborales o sociales.

Propuestas y respuestas

El SELA considera que la informalidad “es una de las tres dimensiones más importantes para combatir desde las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”, una de las grandes prioridades de la entidad, afirmó su representante.

Para fortalecer a las mipymes se requiere una “estrategia multidimensional” que permita enfrentar de forma simultánea y “correlacionada” a los principales fenómenos que afectan el fortalecimiento propio de estos emprendimientos, incluida la informalidad, señaló.

Entre otras medidas, el SELA sugiere crear programas de subsidios a empresas para la contratación de nuevos trabajadores, promover y masificar la formación profesional en habilidades que sean demandadas y apuntar a una formalización de las mipymes superando problemas como los costos que en muchos casos no alcanzan a cubrir.

El SELA abordará la problemática del trabajo precario en una Reunión de Alto Nivel el próximo 22 de julio sobre la recuperación de las mipymes tras la pandemia, en la que también analizará las dificultades de financiamiento y la transformación digital.

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Lo sucedido en San Lucas esta semana pone de manifiesto la falta de planificación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para llevar a cabo sus trabajos, en detrimento de muchos guatemaltecos usuarios de las rutas del país, ya sea por comercio o turismo.

Los problemas de embotellamiento son diarios y empeoran durante el fin de semana. Por ahora la solución temporal será construir carriles auxiliares en el km 27.5 y de esta forma, cuando comiencen los trabajos mayores, no se tenga que interrumpir el paso. Este proyecto emergente costará Q19.1 millones más a la citada cartera.

Estos desaciertos del CIV se repiten en obras en funcionamiento como el libramiento de Chimaltenango, ubicado en el km 47 de la misma ruta, que a pocos meses de haber sido inaugurado comenzó a recibir a vendedores en la ruta y, por la ausencia de las autoridades, las ventas fueron creciendo hasta representar un problema para el desplazamiento vehicular.

Expansión comercial

Ahora, después de dos años de inaugurado el libramiento de Chimaltenango, numerosos vendedores se han instalado a sus orillas, donde ofrecen en especial alimentos, lo cual es un peligro para su propia seguridad y la de los conductores.

Los comerciantes han instalado mesas, sillas, estanterías y hasta improvisaron champas para atender a sus clientes, muchos de los cuales se detienen y dejan sus vehículos, algunos de estos camiones, a un lado de la carretera.

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El libramiento terminó de construirse en el 2019 como una vía rápida alterna al paso por la cabecera de Chimaltenango, que antes de que dicha ruta existiera se convertía en un verdadero caos.

La velocidad máxima permitida en el referido tramo es de 80 km/h, pero se han documentado casos de automovilistas que llegan hasta los 120 km/h.

Las policías de Tránsito de El Tejar y de la cabecera de Chimaltenango muestran preocupación porque algunos de los comerciantes casi se han salido a la carretera debido a que no pueden adentrarse demasiado porque esos terrenos son propiedad privada.

“Por momentos, varios vehículos al mismo tiempo se estacionan a orillas de la carretera, esto es demasiado peligroso porque recuerde que el libramiento es una vía alterna y rápida”, enfatizó Ronald Pajarito, comisario de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Chimaltenango.

Por su parte, Alejandro Marroquín, director de la PMT de El Tejar, considera que hay instalados unos 20 puestos de comida, y dice que estos operan todos los días de la semana.
Coincide en el riesgo que representa el permanecer a orillas de una vía rápida. “Imagínese, Dios no lo quiera, un vehículo pierde el control y colisiona contra las ventas, cuántas pérdidas humanas habría”, advirtió.

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Los vendedores ocupan áreas que son propiedad del CIV, que los compró cuando se hizo de los derechos de vía para la construcción de la megaobra.

Procesos legales

El ministerio dio a conocer que la Dirección General de Caminos “ya inició los procesos legales para solucionar el problema”, y a través de su oficina de Comunicación aseguró que antes de tomar estas acciones se dialogó con los vendedores.

En cuanto a los derechos de vía, el CIV adquirió “lo que establece la ley, que son 25 metros”, aunque la extensión también depende de la topografía del terreno; en áreas montañosas puede ser más o menos, agregó.

La Municipalidad de Chimaltenango informó que los comerciantes que están instalados a orillas del libramiento antes vendían en el Parque Nacional Los Aposentos y que resultaron seriamente afectados por el cierre de ocho meses de dicho centro turístico a causa de la pandemia.

Después de que el parque fue reabierto, muchos comerciantes vieron que era más rentable instalarse en el libramiento, puesto que el balneario ya no es visitado por el mismo número de personas en comparación con los años anteriores.

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El portavoz de la comuna, Mynor Chub, dijo que la comuna no ha autorizado la instalación de ninguna venta, pero que harán una campaña de concienciación para hacerles ver a los vendedores el peligro que representa para sus vidas el que un local esté a orillas de la ruta.

Añadió, sin especificar, que tomarán algunas medidas para intentar reducir esos riesgos.

Se ha normalizado

La instalación de ventas a orillas de la carretera se ve con mucha frecuencia en las carreteras del país. De esa cuenta, aparte del caos vehicular que se formaba en la cabecera de Chimaltenango, también se forman embudos en otras rutas que representan pérdida de horas para los conductores y aumentan los costos de las mercancías.

Sobre la misma ruta Interamericana, CA1 Occidente, está el paso por Cuatro Caminos en el km 181, San Cristóbal Totonicapán, que también se ha convertido en un calvario para automovilistas por la proliferación de ventas informales instaladas en ese punto.

Por el mismo motivo, en la ruta al Atlántico, con el paso de los años también se ha vuelto un agobio para los automovilistas el tránsito por El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, así como el paso por Los Amates, Izabal.

Asimismo, sobre la ruta al Pacífico los problemas de embotellamiento ocurren en San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, Suchitepéquez.

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Varios problemas

A criterio de Florentín Martínez, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), con la instalación de ventas en el libramiento de Chimaltenango salen a la luz varios problemas.

El primero se relaciona con el poco espacio que el CIV adquirió por derecho de vías, que apenas alcanza para la colocación del asfalto y las cunetas. A ello se suma la escasa regulación de este tipo de ventas por parte de las municipalidades y el poco respeto que hay en el país por estos espacios, muy necesarios, por ejemplo, cuando ocurren percances.

Martínez considera comprensible que los vendedores busquen los espacios más concurridos por potenciales clientes, pero deben contar con áreas adecuadas para la atención del público y de estacionamiento, para no interferir con el tránsito vehicular ni poner en riesgo a otros automovilistas.

El periférico de Quetzaltenango se construyó en un área forestal y agrícola, pero con el tiempo se han instalado allí negocios de todo tipo como gasolineras, pinchazos y ventas de lubricantes, refiere el investigador de Ceur.

Y en efecto, en el libramiento de Chimaltenango, ya se ve al menos un restaurante formal y espacios donde al parecer piensan construir expendios de combustible.

Otra situación anómala se da cuando, por percances, protestas o cierre de rutas, en ciertas carreteras se generan atascos y rápidamente llegan vendedores informales a ofrecer productos. “La oferta se ubica donde hay mayor demanda”, puntualiza Martínez.

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Del 100% de solicitudes, 80% fueron aprobadas y 29 están en proceso, que equivale al 20%, las cuales están en el análisis.

Las 116 solicitudes aprobadas tienen un valor cercano a los Q50.3 millones, y el promedio de la cédula es de Q434 mil, para un segmento “C” que es el más dinámico en el mercado.

Para representantes del sector construcción e inmobiliario, hay un enorme potencial en el sector informal, al igual que los migrantes, que son mercados pocos atendidos o desarrollados, por lo que estas operaciones pueden marcar una tendencia con miras hacia futuro.

“Hay potencial”

Guido Rodas, expresidente del FHA, declaró que hay estudios técnicos y socioeconómicos que han recomendado otorgar préstamos para brindar cédulas hipotecarias para núcleos familiares en el sector informal. Se concluyó que este es un mercado potencial.

Pueden calificar personas que posean algún taller, que sean artesanos, que se dediquen al comercio o bien que sean micro y pequeños empresarios, incluso que cuenten con parcelas o áreas de cultivo que les permita ingresos o flujos permanentes para pagar sus cuotas, pero que, lamentablemente no están registrados formalmente en la SAT, en el Seguro Social o hasta en el Registro Mercantil -dependiendo sus flujos-.

El exfuncionario dijo que muy difícilmente pueden aplicar a una hipoteca aquellas personas que están en economía informal de subsistencia, y citó como ejemplo a las personas que venden productos en las calles, mercados o semáforos.

El estudio confirmó que se pudieron haber separado las personas que cuentan con capacidad de pago de las que no, puntualizó Rodas.

El total de cédulas hipotecarias emitidas en 2020 fue de tres mil 325, de las cuales el sector informal representó un 3.2%.

Añadió que esto demuestra que las personas que están dentro de la economía informal no cuentan con acceso al financiamiento bancario, precisamente porque no poseen un ingreso fijo, sino en temporadas. Sin embargo, ahora con el visto bueno del FHA no habría ese problema, porque al no pagar las cuotas, el Instituto cancela las cédulas a las entidades.

“Por eso el sector informal tiene oportunidades de adquirir vivienda a través del sistema FHA siempre y cuando califiquen, porque el estudio socioeconómico es muy riguroso”, puntualizó, al recordar que ahora se califica por ingreso familiar, ya no es solo el jefe de familia, sino el núcleo, debido a que toda la familia trabaja, y suma todo ese ingreso para calificar.

Cobertura y formalización

Fernando Estrada Domínguez, director de la firma Desarrollos Palo Blanco, detalló que la economía informal es alta en Guatemala, pero esta posición del FHA es bien vista.

Comentó que, si el Instituto y los bancos estuvieran cerrados para las personas o comerciantes que están en la economía informal, se estaría dejando afuera a una buena parte de la población productiva para obtener un activo.

“Sí existe una cobertura, se aprobaron 116 solicitudes de 145, lo cual es bueno y me da la impresión de que muchas personas no quieren aplicar por estar en la economía informal, porque pueden percibir que no sean calificados o que tendrán que regularse, pero no es así”, enfatizó.

En particular, en sus casos propios que reportan ingresos por la economía informal, indicó que varias se han aprobado. Se procede hacer una visita de campo, comprobar los ingresos que están reportando, medir su capacidad de pago, y, si califican, gestionar el crédito. Si el FHA lo aprueba, al final (pasa a ser) economía formal, porque se bancariza en todas las gestiones que se hacen.

Todos los procedimientos en el Instituto son facturados, así como el pago del impuesto único sobre inmuebles (Iusi), que es un puente a la formalidad, e incluso al final de pagar la vivienda puede financiarse con una hipoteca.

Estrada consideró que lo ideal es que se continúen aplicando estos créditos de acceso de seguros hipotecarios para la economía informal, que es un mercado poco explorado aún.

Migrantes y bancarización

También se debe trabajar el mercado de migrantes en Estados Unidos, que también pueden acceder a un crédito y a una cedula hipotecaria, porque lo ideal es que aumente el acceso de vivienda.

En ese sentido, coincide Pedro Ramírez, presidente de la Cámara de Bienes Raíces de Guatemala, que, con lo migrantes, siempre tienen la idea de comprar un activo, y pueda ser que ellos cuenten con fondos suficientes.

Para reportar sus ingresos, el FHA solo necesita que cumplan con el pago de impuestos, en este caso, en EE. UU., mientras en la economía informal hay muchas personas que trabajan en los mercados y que logran obtener buenos ingresos. “Hay un tema muy importante en la regulación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y se tienen que hacer los reportes para la procedencia de los fondos” indicó.

Citó como ejemplo que, si una persona cuenta con un puesto en el Mercado Central, y de acuerdo con lo que se puede documentar de sus ingresos son de “x” cantidad, si la operación es válida, y aunque no facture se puede brindar una certificación de los ingresos de la persona. Eso es una garantía que sirve para poder conseguir un financiamiento, y, sobre todo, del FHA que es el que califica que cuente con la capacidad de pago.

Al igual que Estrada, Ramirez expuso que toda persona que califique a una cédula hipotecaria del sector informal tendrá que ser bancarizada y hacer sus depósitos, porque muchas actividades se manejan en efectivo, y, de alguna forma, habrá que obligarlas a utilizar los servicios financieros, porque es la única garantía de que se pueda contar de certeza de los movimientos de los ingresos y de que los negocios que existan.

“El propietario de una tienda de barrio puede ser un pequeño contribuyente, una vez no pase de Q120 mil al año de ingresos, pero una vez demuestre sus ingresos en el banco y su facturación”, precisó Ramírez e indicó que el FHA se encarga de hacer los análisis, ya que de una tienda se puede calcular los ingresos.

Reiteró que los migrantes siempre ven como una inversión la adquisición de viviendas o apartamentos, con la posibilidad de regresar a vivir a Guatemala, y casi el 7% de las remesas se destinan a la construcción.

Aunque en Guatemala se carece de información oficial por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) –que no midió en sus encuestas el comportamiento de esas variables en 2020–, expertos consultados consideran que, cualitativamente, los índices de pobreza aumentaron por la pérdida de ingresos en los hogares, el incremento de los casos de desnutrición aguda, el aumento de economía informal y hasta en la ejecución de hipotecas.

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En términos generales, las familias fueron afectadas en sus ingresos, y en noviembre por los efectos de las tormentas Eta e Iota.

Diagnóstico

Terence Gallagher, director de inclusión Financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expuso durante el XV Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera que llevó a cabo la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) la semana pasada, que la pandemia provocó un incremento de los niveles de pobreza en los países de la región.

“El impacto en la pobreza es dramática (…) hubo avances en varias regiones del mundo, pero al observar las proyecciones del 2020 de la pobreza van a hacer similares al 2008. Las proyecciones son que el impacto de la crisis de salud significa un retroceso de 13 años en relación con la lucha contra la pobreza”, destacó el director.

Confirmó que esa variación también impactará en el PIB per cápita, que, aunque experimentó avances en los últimos 20 años, se perderán en este año.

Otra variable, dijo Gallagher, fue el impacto del covid-19 en los trabajos formales, en los cuales habrá una brecha entre el sector formal e informal en la región, así como la pérdida de trabajos formales, y una de las conclusiones a nivel global, es la pérdida de 17 millones de empleos formales, así como un crecimiento de la economía informal que de 55 podría llegar al 60%.

“Hay que enfatizar en que la inclusión financiera cada vez será más importante en los siguientes años, frente al retroceso que se está observando en aumento de pobreza e informalidad en la región”, aseguró en el foro el representante del BID.

Contexto nacional

Guido Rodas, exgerente del INE, consideró que no hay índices oficiales todavía, y que la lógica económica indica que en Guatemala habrá un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema con la pandemia. Además, recientemente la tormenta Eta e Iota afectó a varios departamentos en áreas rurales y urbanas.

Afecta además el desempleo y la pérdida de trabajo formal, y esas personas de la clase media alta van a pasar a la media baja, y la baja a pobreza y los que estaban en la pobreza pasaran a la pobreza extrema.

Explicó el incremento en el nivel de desnutrición es un indicador en términos econométricos asociado a la pobreza.

En 2019, el promedio de casos de niños menores de cinco años afectados por la desnutrición aguda fue de 47 diarios, y en ese año, se cerró con 15 mil 333 casos. En 2020 y hasta el pasado 14 de noviembre los casos eran 25 mil 292.

Rodas destacó que, para medir la pobreza extrema, se puede cuantificar en la Encuesta de Ingresos y Egreso en los Hogares que ejecuta el INE, que se mide por medio de los ingresos y desde el punto de vista de consumo de calorías alimentarias.

“Es lógico que el nivel de los ingresos bajara por la pandemia y se clasifica de pobreza extrema a los que estaban en pobreza todavía, y el nivel calórico de ingesta alimentaria disminuye, debido a que por la falta de comida no se hacen los tres tiempos de comida. Esto impacta en una mala alimentación y tiene bajas defensas del cuerpo y adquirir enfermedades”, comentó el exgerente.

Riesgos latentes

Karin Slowing extitular de Segeplan, coincidió con Rodas, y criticó que hay una falencia ya que el INE trasladó los fondos para hacer encuestas y dejó sin información clave a la población para comprender la situación de pobreza y empleo.

Desde la perspectiva cualitativa, basada en evidencia empírica para determinar que hubo retrocesos en la pobreza, la principal amenaza es el hambre y la imposibilidad de las personas en mantener sus precarios medios de vida.

En este caso es el covid-19 y los efectos de las tormentas y esa combinación es más letal de lo que se había observado en tiempos de pandemia, en la cual se tuvo que paralizar la actividad comercial y agrícola y luego el embate de las tormentas tropicales en noviembre.

Comentó que este gran problema es para la población rural, y que el tema del hambre es el elemento más crítico vinculado a pobreza, seguridad alimentaria, vulnerabilidad a los desastres, la pandemia, y la mejor evidencia es el aumento de los casos de desnutrición aguda.

Por otro lado, el incremento de los productos alimentarios, como los insumos de producción agropecuaria.

Además, es la masa de personas que perdió su empleo y solo se puede deducir que los que lo perdieron, deben “estar en una situación de alto riesgo de pobreza”.

Agregó que el incremento de la pobreza, no solo se reflejará con los que ya estaban mal, sino sé que se van a sumar nuevos, que posiblemente vivían por arriba de esa línea y que incrementarán esas cifras.

“Hay un universo de personas que perdieron sus empleos, salarios o que tuvieron que conformarse con medio tiempo o de trabajo, esos serán los más afectados y esto no se está visualizando”, subrayó la experta.

Brecha

Tanto Rodas como Slowing aseguraron que se ampliará la brecha de desigualdad.

La clase media será las más afectada a corto plazo, que era un segmento no pobre, pero que, aunque no caerá en las líneas de la pobreza “hay un buen porcentaje de la población que la está viendo más dura”, agregaron.

Slowing afirmó que no existe una dimensión de la pobreza, pero hay una impresión del incremento, aunque no tan grave como inicialmente se estimó, ya que las remesas familiares entraron a compensar en los hogares y los migrantes realizaron esfuerzos adicionales para despachar más recursos.

Por otro lado, hay un segmento de la población que no es pobre, no recibe remesa, que vive de su salario, no cuenta con reservas, pero al quitarle su empleo se visibiliza en esta coyuntura.

Rodas afirmó que no se están definiendo un gasto social efectivo como política, y el presupuesto se está enfocando a crear más burocracia estatal.

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Los juegos mecánicos, ventas de garnachas, churros, juegos de lotería y bingo quedaron varados en San José Pinula hasta que los dueños de estos negocios tuvieron que desalojar el terreno cedido por la municipalidad.

Pero esta no ha sido la única feria que se quedó burlada por la pandemia. En San José La Comunidad, Mixco, todavía permanecen los distintos juegos mecánicos y demás instalaciones que acumulan polvo y óxido después de cuatro meses de permanecer a la intemperie.

La Asociación de Comerciantes de Ferias de Guatemala (Acofegua) calcula que han sido más de 80 ferias, entre cantonales, patronales y de barrio, que han sido canceladas por la pandemia, lo que ha afectado a cerca de 15 mil comerciantes quienes se han quedado sin la fuente principal de ingresos.

Luis Castellanos, presidente de Acofegua, explica que en el país se celebraban alrededor de 20 ferias al mes. Todas han sido canceladas y aún no saben cuándo podrán retomar las actividades de estas tradicionales celebraciones.

En el área metropolitana se han cancelado las ferias de mayo, como la del Barrio El Gallito y de la colonia Bethania; en junio, la del barrio San Antonio, zona 6; en julio, la del Cerro del Carmen, y en agosto, la de Jocotenango.

Aunque las autoridades municipales y los comerciantes están en espera de la evolución de la pandemia para conocer cuándo volver a estas actividades, todo indica que también se cancelará la feria del rezado de Santo Domingo, en octubre.

“Por cada feria son afectados 50 dueños de negocios aproximadamente, más todos los vendedores ambulantes que se unen a nosotros para aprovechar la visita de la población”, explica Castellanos.

Según explica Castellanos, los comerciantes están anuentes a respetar las disposiciones que ordenan el distanciamiento físico y la prohibición de actividades masivas. Sin embargo, la situación de cada uno se ha vuelto caótica con el paso de los meses ya que no estaban preparados para estar más de 120 días sin percibir ingresos.

“Nosotros estamos claros con eso, pero no hemos podido abrir, vivimos de hacer ferias en las calles, de trabajar con las municipalidades y los distintos comités”, explica.

Castellanos tiene un negocio de lotería y explica que en marzo estaba preparado para trabajar en la feria de Champerico, Retalhuleu, y permanecer ahí hasta Semana Santa. Pero su negocio quedó detenido desde entonces. “Allá lo tengo en un predio que dejé alquilado, no puedo viajar para ver cómo están mis cosas o traérmelas”, dice.

Una suspensión histórica

Las ferias en Guatemala pertenecen a la memoria colectiva del país y a la historia de miles de familias que por generaciones han trabajado en ellas.

Manuel López es parte de la tercera generación de su familia que se ha dedicado a la venta de garnachas. Durante los 40 años que ha trabajado en esto esta es la primera vez que se cancelan las celebraciones en todo el país y, como todos, no estaban preparados para eso.

“Al gremio nos ha afectado tremendamente esto de la pandemia, hay compañeros que están varados en muchas partes”, explica.

López participaba en las ferias del Cerro del Carmen y de Jocotenango, que son de las más importantes de la ciudad de Guatemala, y las ganancias percibidas con cada una eran de alrededor de Q6 mil.

Ahora dice que trata de paliar la situación vendiendo churros en una carreta que moviliza por el barrio donde vive.

Byron Fuentes también pertenece a una familia que por 40 años se ha dedicado a los juegos mecánicos. Entre su flota tiene dos ruedas de Chicago, un carrusel de caballitos, tren, gusanitos, pista de carros chocones, entre otros.

Además, también incursionó en la venta de golosinas y comida. Él es uno de los comerciantes que tuvo que desalojar su negocio de San José Pinula luego de la prohibición de eventos masivos.

Fuentes explicó que los comerciantes de feria suelen trabajar bajo préstamos que logran solventar después de 15 días de trabajo. Al aproximarse la feria de San José, pidió un préstamo de Q20 mil para comprar las golosinas y comida que vendería, todo esto lo perdió y al momento no ha logrado pagar esa deuda.

Solo en juegos mecánicos percibía una ganancia aproximada, por feria, que equivalía al valor de su préstamo y, aunque no logra percibir los mismos ingresos, sus hijas decidieron vender churros y golosinas a través una página de Facebook que recién crearon.

En precariedad

Los casos de López y Fuentes son los menos desafortunados entre todas las personas que viven de las ferias.

Castellanos explica que en cada asamblea que realizan tienen que guardar un minuto de silencio por compañeros que han fallecido a causa del virus o derivado a la precariedad en la que vivían.

“Un compañero en la Costa Sur y que vivía en un predio baldío falleció a causa de la situación, no tenía qué comer y se alimentaba solo de mangos”, agrega.

Según explica, alrededor del 40 por ciento de sus agremiados lograron aplicar al bono de Q1 mil ofrecido a los vendedores del comercio popular. Sin embargo, este fue un pago único recibido en marzo y que solo les ayudó a sobrellevar la pandemia por un tiempo limitado.

“Esto va acrecentando más, hemos tenido compañeros fallecidos y aunque empezamos al inicio a apoyarnos unos a otros, llegamos al punto en que ya no podemos seguirlo haciendo”, agrega.

Este reducido porcentaje mantiene preocupados a la mayoría de los 340 alcaldes municipales pues se quejan de que los vendedores les presionan para que les informen las razones por las cuales aún no se hace efectivo este pago que les fue ofrecido desde los primeros días de abril, luego de conocerse los primeros casos de covid-19.

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De acuerdo con el responsable del Ministerio de Desarrollo (Mides), Raúl Romero, hasta el momento solamente se le ha entregado este beneficio a, aproximadamente, 31 mil vendedores de 54 municipalidades cuyos listados han sido verificados por lo que se autorizó entregarles los fondos.

Según Romero, los listados de -192- corporaciones ediles se encuentran en “proceso de validación para ser sujetos de pago y que 94 a alcaldes aún no han entregado ningún documento.

¿Por qué se ha atrasado?

El responsable del Mides explicó que “lamentablemente muchas de las municipalidades no tenían registros de las personas que se dedican a esta actividad económica y que hasta hace un mes comenzaron a efectuarlos”, lo cual ha provocado retraso en la entrega de este beneficio de Q1 por una sola vez.

El funcionario justifico que hasta el momento solo se haya entregado a 54 municipalidad el hecho de que las listas deben pasar por un pasan un proceso de depuración, para determinar que los datos vengan completos, por ejemplo, los números telefónicos, el Documento Personal de Identificación. “A veces vienen  incompletos”.

Además, los nombres de los beneficiarios se cruzan con los del Registro Nacional de las Personas (Renap) para comprobar que la persona existe y está viva. “Este trámite se lleva por lo menos cinco días, luego se cruza con los programas sociales que tiene el Mides  y otros ministerios para verificar que no haya duplicación de beneficios”.

Romero explicó que algunos listados han sido devueltos a las corporaciones municipales para que los llenen adecuadamente, porque se debe tener claro “que no solo se trata de hacer un listado sino que el mismo debe efectuarse bajo declaración jurada para garantizar que las personas forman parte de la economía informal”.

En cuanto a una posible fecha tope para entregar este beneficio, el Ministro explicó no se puede predecir, por la autonomía municipal.

Luis Ruano, secretario de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam), explicó que los listados entregados por los alcaldes pasan por controles cruzados para establecer que los datos sean correctos y que cuando “se encuentra algún problema se le pone un previo y se le solicita a la municipalidad que lo subsane”.

Preocupación en el Corredor Seco

Alcaldes consultados por Prensa Libre, entre ellos algunos del Corredor Seco, informaron que no han recibido ninguna información acerca de ese beneficio económico y que parte del problema es la forma confusa en que se dio la información desde el inicio.

Noe Rolando Guerra, jefe edil de Camotán, Chiquimula, informó que el martes debió viajar a la ciudad capital para entregar nuevamente el listado porque del primer documento que enviaron les fue devuelto y tuvieron que depurarlo.  “Mientras la gente sigue esperando y ya está un poco desesperada” porque tiene mucha necesidad.

Walter Mateo, alcalde de Huité, Zacapa, municipio ubicado dentro del Corredor Seco, informó que dicho beneficio no ha llegado a su municipio y que según la información que han recibido la lista que envió se encuentra en proceso de verificación y que las personas no han protestado porque ya se les informó de la situación.

Octaviano Alvarado, alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, quien también forma parte del Corredor Seco, informó que de manera extraoficial sabe que unos 650  vendedores informales de su municipio de la lista de dos mil 500 que envió ya recibieron este beneficio debido.

Sin embargo, resaltó que este beneficio desde el inicio tuvo muchos contratiempos debido a que “no hubo lineamientos claros que explicaran cuál sería el proceso. A raíz de eso hubo mucho descontrol y porque el término economía informal es muy amplio”.

Alvarado explicó que en su caso debió enviar los listados a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) y al Mides, para evitarse problemas de información.

Vendedores presionan

Walter Ortiz, jefe edil de Sibinal, San Marcos, informó que a su municipio no  ha “llegado nada de ese beneficio” por lo que un asesor jurídico de la corporación viajó a la sede del Mides en la capital para buscar información, para determinar las razones del atraso.

En cuanto a los vendedores afirmó que estos están exigiendo esa ayuda económica porque desde “abril se encuentran parados y ya han dicho que van a efectuar protestas, precisamente, el martes 9 vinieron a preguntarme qué había pasado”.

El jefe de la corporación municipal de Cuilco, Huehuetenango, Manrique Gálvez, aseguró que en dos ocasiones les devolvieron el listado pero que hace 15 días lo entregaron por tercera ocasión y les dijeron que “estaba nítido”, pero que ha estado llamando al Mides para conocer qué ha pasado, pero que no le contestan el teléfono.

Gálvez dijo que los vendedores lo están presionando para que informe qué está pasando con el apoyo anunciado, por lo cual le urge que “el Mides le hable claro para decírselo a la gente, porque está muy molesta.

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El fondo de apoyo para la economía informal fue anunciado por el presidente Alejandro Giammattei como uno de los 10 programas que servirán para ayudar a los guatemaltecos afectados por la crisis económica del coronavirus.

Al menos siete personas fallecidas están incluidas en el listado de beneficiarios de los Q1 mil, según confirmó el propio director del Fondo de Desarrollo Social, Martín Leal. Aunque según el diputado Carlos Barreda son ocho personas fallecidas que habrían sido favorecidos.

Los listados son certificados con declaración jurada de los alcaldes, los casos de personas muertas fueron localizados en la información que entregó la municipalidad de Guatemala, dijo Leal.

El funcionario explicó que ya se habló al banco para que se reviertan esos fondos. “Estos códigos se envían para canjearlo en un cajero y solicitamos la información si estas personas retiraron el dinero y nos dijeron que no, por lo que pedimos que se hiciera la regresión de fondos a la cuenta que tiene la distribución de los fondos”, agregó.

Varias anomalías se dieron a conocer en una citación con los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En un informe que denuncia las irregularidades, se afirma que hay personas que están cobrando dos o tres veces y que unas 8 personas que según los registros ya están muertas, también cobraron.

En este caso, el director del Fodes aseguró que verificarán la información denunciada. “Vamos a hacer las averiguaciones pertinente para presentar las denuncias porque son personas certificadas con datos ingresados por entidades ajenas a nosotros”.

El fondo tiene por objetivo llegar a 200 mil hogares con aportes de Q1 mil. Los alcaldes son los encargados de enviar los listados de personas que trabajan en la economía informal que deben estar en los registros. Hasta ahora 60 municipalidades han cumplido con entregar los listados.

Después de anunciar el programa, cientos de vendedores se acercaron a las municipalidades pero las autoridades dijeron que no debían llegar, lo que generó malestar en varios vendedores informales que no fueron inscritos.

Muni responde 

Ante los señalamientos, la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección de Comunicación Social, negó que hayan incluido dentro del listado de vendedores de la economía informal a personas fallecidas.

“La Municipalidad de Guatemala informa, que, en los listados entregados al Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, no obran los DPI en mención, 2390240871406, 2280320751406, 2353261781201, 1940312171202, 1683578441201, 1838440252212, 1639438772214 y 2451535271402 que se encuentran en el “listado de posibles beneficiarios fallecidos” que circula en las redes sociales”.

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Posteriormente explicó que no puede dejar de vender uno o dos días porque no tiene otra forma de hacerse de ingresos, y con su esposo, que también es vendedor informal, tiene cuatro hijos a quienes deben alimentar.

La realidad de esta vendedora de frutas es la misma que millones de trabajadores guatemaltecos que, ante la imposibilidad de conseguir un empleo formal han tenido que ganarse la vida por su propia cuenta.

Con siete de cada 10 personas de la población económicamente activa que trabajan en la economía informal, Guatemala es de los países con las más altas tasas de Latinoamérica en este aspecto, según la Organización Internacional del Trabajo. Aproximadamente 4.8 millones de trabajadores, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2018.

González, quien es originaria de Quiché y que vive en la zona 3 capitalina, explicó que sus ventas han bajado más de la mitad “porque la gente no está viniendo a trabajar”, lo que la hace sentirse más preocupada porque la situación de emergencia podría mantenerse más días.

Como una medida para contener los contagios de covid-19, el presidente Alejandro Giammattei decretó el lunes pasado —con algunas excepciones— la prohibición de asistir al trabajo tanto en el sector público como privado. La disposición precisa en que los trabajadores no dejarán de percibir su salario.

Pero esto es un lujo que no pueden darse los trabajadores de la economía informal quienes se ven obligados a salir a trabajar, no con el afán de desobedecer las disposiciones oficiales, sino porque, como afirman muchos de ellos: “Si no trabajo, no como”.

Tenemos que pagar cuentas

“Nosotros comemos de lo que hacemos a diario. No tenemos un sueldo no podemos decir ‘a fin de mes nos van a pagar’, y el presidente no ha dicho ‘les vamos a mandar comida a sus casas’, entonces tenemos que seguir luchando”, aseveró Mayra Coronado, que cada mañana vende jugos de naranja en un sector de la 4ª avenida de la zona 1.

“Tenemos que pagar luz, agua y todos los servicios, y no nos han dicho que nos van a ayudar si nos quedamos en la casa”, señaló Coronado, para quien, a la escasez de clientes se suma el problema de que no hay transporte público y debe gastar más de la cuenta para llegar cada día desde la colonia Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco, donde vive.

Tomás García tiene 36 años de vender distintos artículos en la zona 1, desde manías, fruta, golosinas y periódicos. Asegura que tenía años de no ver algo así.

Ubicado en la 14 calle y 9ª avenida, comenta que la emergencia del covid-19 le ha afectado mucho porque sus clientes, principalmente del Registro de la Propiedad y del Bufete Popular, así como de distintas oficinas que se ubican en los alrededores, no han ido a trabajar.

García afirma que “la necesidad” lo obliga a salir de su casa, y añade que “aunque las ventas han bajado de Q300 a Q75 al día, tengo que hacerlo para poder vivir”.

No pueden regresar

Muchos de estos trabajadores vienen de la provincia, y aunque casi todos dicen que les gustaría regresar a sus lugres de origen están conscientes de que no pueden hacerlo debido a que los buses tienen prohibido circular, otra de las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de evitar la expansión del covid-19.

José Morales trata de ganarse la vida a diario vendiendo cualquier artículo que sea comercializable. Este jueves ofrecía juguetes para niños en un sector de El Guarda, zona 11. Sin embargo, a eso de las 10 de la mañana no había logrado que alguien le comprara un solo artículo.

Morales indicó que, independientemente de que producto ofrezca, sus principales clientes son los cientos de pasajeros que bajan a diario de los buses en esa parte de la ciudad; sin embargo, ese lugar parecía desolado y casi nadie caminaba por ahí. Pasó de vender Q100 a Q25 diarios.

Este comerciante que también es originario de Quiché asegura que una opción que tiene es regresarse a su natal Chichicastenango, algo que no puede hacer de momento porque no hay servicio de transporte extraurbano.

“Nosotros solo nos queda encomendarnos a la mano de Dios. Aunque el gobierno no nos ayude, ahorita es más importante que ayude a los enfermos”, asevera Morales, a sabiendas de que todo volverá a la normalidad si se termina la crisis sanitaria.

En la esquina

Esperando que la luz del semáforo dé rojo, sobre la 7ª avenida y Calle Martí están dos jóvenes de 18 años, Kelvin Barreto y Baltazar Guachiac, son de San Pedro Ayampuc y Mazatenango, Suchitepéquez.

Baltazar tiene apenas meses de que se vino del sur del país. Kelvin tiene más tiempo, ambos se hicieron “compañeros de trabajo” y comparten la mencionada esquina, que a partir del lunes es menos transitada, algo absolutamente inusual en una de las calles con más tráfico de la ciudad.

“No hay nada, las ventas han bajado 70, tal vez 80 por ciento”, dice Kelvin, desconsolado, quien apenas pudo estudiar básicos y desde que tenía 11 años se ha dedicado a vender diferentes productos. Este jueves ofrecía cargadores de teléfono, audífonos y servilletas, entre otros.

Baltazar trataba de vender bananos, pero en cada semáforo apenas se detenían cuatro o cinco carros. A eso de las 11 horas comentó apenas había vendido una docena que le representaban Q5.

El costo puede ser muy alto

El presidente Giammattei presentó el miércoles un plan para la reactivación de la economía, que se verá golpeada —sin duda— por la crisis sanitaria por el coronavirus. El plan contempla ayuda a las pequeñas y medianas empresas, el impulso de la construcción de infraestructura y de la entrega de remesas monetarias temporales, pero poco o nada menciona para auxiliar a los vendedores informales.

El economista Erick Coyoy señaló que el plan del presidente Giammattei debe ser de emergencia y no de recuperación, y que el mismo debe incluir asistencia para las personas de la economía informal si se quiere evitar un elevado número de contagios, puesto que estas familias, al verse en la necesidad de subsistir, se resistirán al aislamiento y saldrán a buscar ingresos a las calles.

“En el caso de los trabajadores informales que no tienen un patrón, debe ser el Estado el que les brinde asistencia”, precisó el analista económico.

Coyoy resaltó que hallar una solución para ellos no es fácil, aunque organismos internacionales han hablado de medidas como moratorias en el pago de servicios, préstamos y tarjetas de crédito hasta el otorgamiento de remesas condicionadas, sin embargo, lamenta que en la propuesta presentada por Giammattei no figuran fondos para transferencias, a pesar de que las mencionó en su discurso.

El analista reconoció que frenar la expansión del virus representará un costo económico muy alto para el Estado, pero advirtió que, de no asumirlo, el costo será humano puesto que puede haber una curva muy elevada de contagios cuando las personas decidan ya no aislarse, lo cual, sumado a que nuestro sistema de salud no está en capacidad de atender una contingencia de ese tipo, derivará en más mortalidad.

“De ahí la urgencia de la vacuna porque el costo puede ser muy alto. Mire ahora a pesar de los avisos oficiales y recomendaciones que hace el Gobierno, mientras la gente no tenga una fuente de ingresos que le asegure su sustento saldrá a buscarlo a las calles, es un hecho”, argumentó.

Coyoy añadió en que el Congreso debe replantear la propuesta de ampliación presupuestaria enviada por el Gobierno para hacer de esta un verdadero plan de emergencia. “La recuperación vendrá después”, concluyó.

La economía informal representó el 22% al producto interno bruto (PIB) este año, según la medición del Banco de Guatemala (Banguat) con la implementación del nuevo cálculo de la producción nacional.

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El informe de evaluación de la política monetaria, cambiaria y crediticia incluye ahora la medición de la economía informal, sobre todo la participación que tiene este sector en la actividad productiva, documento que conoció la Junta Monetaria (JM) en su sesión del pasado miércoles.

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Sergio Recinos, presidente del Banguat y JM, explicó este jueves que por medio del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y la metodología actual, se mide la actividad informal y el valor agregado, es decir, su peso en la economía.

Sin embargo, aclaró que se menciona que el sector informal es más alto y que está relacionado al empleo.

“Desde el punto de vista del empleo lamentablemente es del 70%”, puntualizó.

Recinos precisó que, al incluir a la economía informal se tendrá una mayor cobertura de la producción y mejores estadísticas.

La economía como un todo creció este año 3.5% y utilizó el SCN que mide otras actividades productivas, incluyendo a la economía informal.

Cuánto representó la economía informal

Johny Gramajo Marroquín, gerente económico y Víctor Flores, director de estadísticas macroeconómicas, expusieron que la economía informal contabilizó Q130 mil millones en 2019 en términos nominales.

El PIB nominal fue de Q600 mil millones, según el informe de la política y con la cual se determinó la proyección.

Gramajo recordó que la informalidad es un tema importante en Centroamérica y República Dominicana, donde predomina el empleo de ese tipo, así como un buen porcentaje de los hogares se dedican estas actividades, que son muy similares.

“La mayoría de los países de la región tienen arriba del 50% de informalidad en el empleo y es por eso que se destaca a nivel latinoamericano, porque es una limitación para lograr un crecimiento económico”, subrayó el gerente.

Según el SCN, el 60% de los hogares es informal en Guatemala y contribuyen el 22% del PIB. La cifra está muy relacionado a la productividad que tiene el sector informal respecto al formal que es menor.

Citó, como ejemplo, que una empresa grande aporta a la economía de escala, por el número de empleos que genera, y la maquinaria y equipo para producir mayores unidades de producción en menor tiempo.

Mientras los hogares que tienen actividades económicas informales son más intensivos en mano de obra, porque cuentan con menor capital que las empresas grandes.

Esa lógica es el caso de un vendedor ambulante de perros calientes, que adquiere bienes e ingredientes producidos por empresas formales, como el pan, la mayonesa, la salsa y los embutidos para la fabricación del producto final, pero está en la economía informal.

Principales actividades

Flores detalló que las principales actividades de la economía informal que aportaron al PIB son cuatro, que dentro del nuevo cálculo son 17 sectores productivos.

La primera es la actividad es alojamiento y servicios de comida, seguido de comercio y reparación de vehículos; transporte y almacenamiento y agricultura.

“Son las principales actividades que aportan valor agregado al sector informal y destacan los restaurantes o comedores y existe un aporte a la economía formal”, precisó Flores.

Con el anterior cálculo del PIB solo se medían 11 actividades productivas.

Mayor peso

Con la nueva estructura para medir la economía también hubo variaciones en la participación de los sectores productivos, algunos más significativos que otras.

La política señala que la actividad de comercio y reparación de vehículos tiene una participación de18.2% y es el de mayor incidencia en la producción e industrias manufactureras, con 14.1%, que son los sectores con dos dígitos.

Le sigue la agricultura, 9.7%; actividades inmobiliarias, 9%; información y comunicaciones, con 4.8%; construcción, 4.4% y otras actividades de servicios, administración pública y defensa, con 4%.

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Además, actividades financieras y seguros y enseñanza, con 3.8% cada una, mientras que las actividades administrativas, 3.8% y actividades de alojamiento y de servicios de comida 3%.

El suministro de electricidad y agua, 2.8%; transporte y almacenamiento, 2.7%; actividades profesionales, científicas y técnicas, así como actividades de atención de la salud humana, 2.4% cada una, y finalmente explotación de minas y canteras, con 0.8%, según la nueva estructura de participación de los sectores productivos.

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La Junta Monetaria (JM) conocerá los resultados del Sistema de Cuentas Nacional (SCN) y la implementación de la nueva base para hacer el cálculo de economía.

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El cambio de año base será 2013 y ya no 2001, que incluye nuevas actividades productivas que serán medidas por el Banco de Guatemala (Banguat).

Sergio Recinos, presidente de la banca central, confirmó que una vez se oficialicen los resultados, se implementará la nueva metodología, que fue anunciada en octubre del 2018.

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“Las nuevas cuentas nacionales serán conocidas por la JM y cuando esté el visto bueno, se trasladará a la sociedad. Ya se dio a conocer la nueva metodología y se llevó a cabo un trabajo de cinco años”, destacó el funcionario, quien dijo que a partir de ese momento se estará utilizando.

Explicó que se espera brindar los resultados, luego de que se conozcan los datos del Censo de Población y Vivienda 2018, por parte del Ministerio de Economía.

Se le conoce como SCN al indicador que mide los flujos de producción, consumo y distribución, para calcular la economía.

El funcionario confirmó que, con esta actualizada base, se llevará a cabo la medición del PIB para este ejercicio y se estaba trabajando en una medición paralela.

Para este año se proyecta que le PIB sea de Q273 mil 60.3 millones (real) y unos Q636 mil 842.1 millones (a precios de cada año).

¿Que medirá?

Recinos indicó que, en la nueva base, se medirá el empleo, trabajo formal y subempleo; economía informal, y otras áreas productivas que en la actual base no se contabilizan.

Con la implementación de esta nueva metodología, Guatemala tendrá el tercer lugar en Latinoamérica para la medición de las cuentas nacionales, que lo hace más moderno y con una metodología avalada por Naciones Unidas, que permite más apertura de la producción.

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Social (Asíes), explicó que este es un cambio que adoptó la ONU para medir el valor de la producción cada año y la versión anterior no tomaba en cuenta el aporte que generaba la economía informal y no se consideraba en las cuentas oficiales.

Afirmó que, en todo el país, la economía aporta, no solo para la producción, si no en empleo e ingresos ya que existe un buen porcentaje de la población que obtiene sus ingresos por sus actividades que realizan.

“El cambio de la metodología está orientado a determinar el aporte de la economía informal, eso se espera que tenga y habría que esperar los resultados y aporte de la economía informal se verá reflejado en las cuentas nacionales”, subrayó el analista.

Coyoy indicó que con base a los resultados de las Encuesta de Empleo e Ingresos (Enei), la economía informal representa el 70% de la ocupación y que absorbe la mayor parte de la fuerza laboral, pero que generalmente, son actividades de bajo valor agregad, precario y en muchos casos es subsistencia, pero lo importante es que se refleje.

Préstamo

Por aparte, Recinos indicó que para este miércoles se conocerá la solicitud de un préstamo de US$100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Ministerio de Salud y deberán de emitir una opinión.

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Los fondos estarían destinados para la ampliación de la cobertura de servicios de salud.

El viernes pasado la JM brindó una opinión favorable para un préstamo contingente de US$200 millones con el Banco Mundial, y se utilizará una vez se declare Estado de Calamidad ante desastres.

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En un recorrido por el Centro Histórico de la zona 1 capitalina, se corroboró que entre los negocios informales más comunes están los lustradores de zapatos y los vendedores de granizadas.

Según datos de la encuesta nacional de empleo e ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, la población en edad de trabajar alcanza los 11 millones 658 mil 477 guatemaltecos. De estos, se estima que 7 millones 21 mil 690 forman parte de la población económicamente activa.

Sin embargo, la tasa de informalidad en la que se ubican estos negocios sigue creciendo, pues desde el 2012 a la fecha, la población que labora en el sector informal ha sido en promedio más del 70%. La razón principal de este ascenso es la falta de oportunidades laborales formales.

Hay tres millones de guatemaltecos que salen todas las mañanas en busca de un trabajo, pero son pocos los que logran su objetivo, según el Cien.

Es por eso que son cada vez más vistos en las calles del país negocios informales. Los más comunes son los famosos “shukeros”, los vendedores de granizadas, los lustradores de zapatos, ventas de comida y chicleros.

“Me despidieron por mi edad”

Julio González vende granizadas en la zona 1 capitalina desde hace 15 años, después de que fue despedido de un almacén donde se dedicaba a las ventas y ya no consiguió otro trabajo.

“Por la edad fue que me sacaron de ahí y entonces decidí trabajar de esto, fue muy complicado conseguir trabajo luego de que me despidieron y tuve un trabajo pequeño para poder conseguir el dinero y comprar mi carreta y comencé a trabajar” dijo Julio González.

Julio vende granizadas pequeñas, medianas y grandes de 5, 8, 10 y 15 quetzales y nos comentó que las ventas en los últimos días han estado bajas.

“Todo lo que gastamos en el día son Q75 o Q100 y lo que ganamos 25% o 40% es lo más que ganamos” agregó González.

Julio dice que no le parece mala idea formalizar su negocio, pero tendría que gastar más dinero para los requisitos que pide la SAT.

“Ya no puedo ser albañil”

Otro de los negocios informales comunes en nuestro país es el de los lustradores de zapatos. En la Plaza de la Constitución conocimos a Apolinario Canté, un hombre de la tercera edad que se dedica a esta profesión desde hace 45 años.

“Mi oficio es albañilería, pero ya a cierta edad ya no se puede trabajar en obras grandes, entonces la necesidad me obligó a lustrar porque aquí no me pasa nada”, mencionó Apolinario Canté.

Apolinario gana entre Q150 y Q200 diarios y dice que le gustaría trabajar en una empresa formal para recibir todos los beneficios, pero por su edad no lo contratan.

Nos comentó que no le interesa formalizar su negocio, pues él lo hace por necesidad, como la mayoría de quienes deciden ser parte de la informalidad.

“Gano más que en una maquila”

Los famosos shukeros, vendedores de hot dogs y los chicleros están en cada esquina. Son negocios, a veces informales, que con los que pueden mantener a sus familias.

Un vendedor de hot dogs, que decidió guardar su identidad, comentó que en un día puede vender alrededor de 50 panes que cuestan entre Q7 y Q10 y, en el mes, llega a tener ingresos mayores que en una maquila o en un puesto en una empresa privada.

Es por eso que deciden seguir trabajando en la informalidad que, aunque no tienen beneficios como Seguridad Social y prestaciones, algunos logran ganar un poco más que en un trabajo formal.

“No tenemos un lugar fijo”

Leticia Castellanos es la dueña de la venta de comida “Sevilla”, un negocio donde venden churros, plataninas, papalinas, tortillas de harina, buñuelos y molletes. El negocio lo empezaron sus abuelos, luego lo tomaron sus papás y ahora ella lidera el negocio.

“El negocio es eventual, hay días buenos y días malos como en cualquier negocio” dijo Leticia.

Ellos no tienen un lugar fijo para vender, es dependiendo el día que eligen en qué lugar colocarse para ganar un poco más, pues han identificado las áreas con mayor afluencia de personas.

La venta de comida “Sevilla” fue un negocio informal por algunos años, pero, a diferencia de los demás entrevistados, ellos vieron en la formalidad una oportunidad de crecimiento.

Leticia nos comentó que ellos ya cuentan con una Patente de Comercio y, el dar facturas, les ha dado la oportunidad de que colegios o establecimientos los contraten para eventos grandes donde generan una mayor cantidad de ingresos.

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¿A qué porcentaje de jóvenes afecta la economía informal?

Vilin afirma que esa ocupación ha forjado su carácter pues mucha gente “se burlaba de mi por mi aspecto físico”; no obstante, siempre ha contado con el apoyo y consejos de sus padres Milán Estuardo Jordán y Mirna Leticia Flores.

Aunque vive en Zacapa, a diario viaja a Chiquimula con su familia. Gracias a su entusiasmo logró graduarse de bachiller por madurez en Ciencias y Letras, y aunque afirma que pese ser voceador es desgastante prefiere continua con este trabajo.

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“Dios me proporcionó una familia hermosa y aunque no uso traje ni corbata tengo un trabajo honrado y estoy agradecido con Cristo por ello”, añade el joven, mientras entrega un periódico a un transeúnte.

Dentro de lo más difícil que Vilin a tenido que enfrentar, recuerda, es vender durante la época lluviosa y de frío pues esto hace que el periódico se moje o bien que poca gente se mantenga en las calles. Su sueldo depende de la venta del día. En promedio gana Q120 diarios; sin embargo, asegura algunas veces es menos. 

Casi pierde la vida

En diciembre del años pasado, Vilin sufrió un atentado cuando viajaba a Chiquimula desde Zacapa a bordo de su motocicleta. En ese entonces dos sujetos le dispararon para robarle la moto, pero logró escapar con una herida en un pómulo de la cual ya se ha recuperado.

Isabel Lemus, comerciante, dice respecto a la labor de Vilin: “Es un ejemplo de trabajar honradamente y aquí en el mercado central lo queremos porque con su cortesía y su amabilidad se ha ganado el cariño de nosotros y esperamos que la vida le sonría”.

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“Yo lo conocí desde que era un niño y nunca lo he visto en malos pasos al contrario siempre apegado a los concejos de sus padres. Qué Dios le siga dando vida porque personas como  él necesitamos más en nuestra sociedad”, agregó Carol Hernández, otra vendedora.

La realidad de Vilin, que vive de la economía informal, es la de 4.5 millones de guatemaltecos, quienes se han lanzado a las calles a vender cualquier cosa porque no encuentran un empleo formal.

Con jornadas que a veces son extenuantes de hasta 16 o 18 horas y sin prestaciones laborales, los millones de trabajadores de la economía informal, conforman el 67 por ciento de la población económicamente activa.

Perjudicial

Analistas aseguran que la economía formal afecta no solo a los trabajadores sino también al país, porque es un sector que no tributa.

El problema, comenta David Casasola, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), es que impacta en el crecimiento económico del país, porque las actividades que componen la economía informal son de poco valor agregado, difíciles de medir y de rastrear. Son ocupaciones económicas que no pagan impuestos y representa un duro impacto en la recaudación fiscal.

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“Empiezo a caminar desde el parque central (Plaza de la Constitución) desde las 8 horas. A veces me voy a las 17 horas, o más noche. Camino mucho. Me canso y me arriesgo por mi hijo”, relató Velásquez mientras daba de amamantar a su bebé de 1 año y 6 meses, en la 14 calle y 5a. avenida de la zona 1.

Periódicamente, en las calles y avenidas del Centro Histórico,  Velásquez ofrece trajes para dama. Sus anuncios los hace con mucha cautela para no ser descubierta por los agentes. Siempre carga a su bebé en la espalda. Con los brazos sujeta un maniquí y un maletín con prendas.

“Llevo cinco años de vender ropa en la calle. Comencé vendiendo seis blusas y logré ganar dinero para invertir más. Ha sido el único trabajo que he encontrado desde que llegué a la capital”, recuerda.

El trabajo

Velásquez puede llegar a caminar 11 horas diarias en la zona 1 capitalina ofreciendo sus productos, para llegar a ganar unos  Q75 en promedio.

“Hay días en que apenas junto Q30, pero también puedo llegar a ganar Q100. La 6a. avenida de las zona 1 ya no es tan rentable. Busco lugares como La Terminal y la 18 calle de la zona 1”, señaló.

Durante sus caminatas la mujer debe hacer paradas porque su bebé pide alimento. “Él ya come otras cosas que no sean leche, eso me ayuda porque a veces no me sale mucha. Mi bebé a veces sufre los calores o el frío por estar caminando, pero se acostumbra”.

Pero los fines de semana Velásquez se ausenta del Centro Histórico y busca otros mercados para poder ofrecer las prendas.

“Como aquí en la Sexta me andan sacando, entonces los sábados y domingos me voy a Chimaltenango, Jalapa, Jutiapa o Escuintla a vender. También hay riesgos con los policías y otros vendedores, pero hago la lucha de conseguir para la leche y los pañales del bebé”, relató.

La comerciante es madre soltera y alquila una habitación por Q500 mensual en la zona 1 capitalina. Aseguró que cada día es vital para recaudar el dinero del arrendamiento de la vivienda.

“El objetivo de vender es para la comida y el cuarto. Aquí en la capital me encuentro solo con mi bebé y si no salgo a vender no como o me pueden cechar del cuarto. Mi familia está en Aguacatán, y hace tres años que no los veo”, indicó mientras ordenaba las prendas que exhibe en el maniquí.

La otra vida

En uno de sus descansos, Velásquez se toma unos minutos para relatar más de su vida. “No crean que ando vendiendo feliz y satisfecha como me ven; tengo muchos problemas. Yo antes tuve otra vida. Soy madre de cinco niñas, pero me las arrebataron”, resaltó.

Velásquez aseguró que cuando migró a la capital lo hizo con sus cinco hijas para “encontrar un mejor futuro”. Relató que el 12 de mayo del 2015 la separaron de sus hijas,pues  luego de una jornada de trabajo regresó por la noche a su habitación y sus hijas ya no estaban.

“Me robaron a mis hijas, y fueron mis familiares. Uno de mis hermanos me criticaba porque no podía mantenerlas, pero no era cierto; aunque sea con frijoles la pasábamos, pero mis hijas estaban conmigo. Cuando se las llevaron solo me dejaron el número de teléfono y era el de mi hermano. Todo eso lo guardo tristemente en mi corazón”, manifestó entre sollozos.

La comerciante señaló que no denunció el secuestro de sus hijas por temor a ser denunciada por sus familiares. “Ellos me amenazaron y yo estaba embarazada de mi sexto hijo y temía porque también me lo quitaran, por eso callé y no denuncié”, aseguró.

Pese a la adversidad, Velásquez no descarta recuperar a sus hijas de entre 5 y 12 años. “Sé que es difícil pero seguiré trabajando aquí en la capital vendiendo ropa para mujer. Esto me sirve para mantener a mi bebé y recuperar a mis hijas. No desmayo por encontrar el éxito”, dijo esperanzada.

Juana Velásquez camina 11 horas diarias para vender ropa en el Centro Histórico, en sus caminatas la acompaña su bebé de un año y medio. | pic.twitter.com/L6GnafrTHS

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 28, 2017

Velásquez es de los pocos vendedores ambulantes que aún llegan cerca del Paseo de la Sexta a vender productos, debido a la prohibición de la comuna capitalina sobre la  economía informal.

El 10 de noviembre último, comerciantes informales se enfrentaron a agentes municipales y causaron destrozos en el  la 6a. avenida. Desde ese enfrentamiento las restricciones se incrementaron para los vendedores ambulantes.

 El Ejecutivo considera que su nueva propuesta, la cual será presentada en junio, luego de un diálogo social, representará un aumento de Q6 mil millones en la recaudación.

Se trata de la misma suma que se planteó en la reforma del anterior gobierno y en la de agosto pasado.
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, aseguró que el plan no incluye la  modificación de tasas impositivas actuales —creación de nuevos gravámenes— ni el IVA.

El monto adicional que se pretende cobrar representa el 1% del presupuesto del 2017 y se basa, en gran parte, en la capacidad de gestión de  la SAT.

En la mira del fisco están los ganaderos, transportistas, deportistas y otros sectores que operan en la informalidad o que se escudan  de alguna manera y que  necesitan ser formalizados para tributar, explicó Estrada en una entrevista con  Prensa Libre.  

El anuncio se produjo una semana después de que se supiera que el presidente Jimmy Morales autorizó  una exoneración de impuestos por Q10 millones  a  contribuyentes en el 2016, y  luego de haberse reunido con el   grupo de cooperantes conocido como G-13, en el cual se trató la intención de promover un nuevo paquete fiscal.  

El anuncio del ministro coincide con la entrada en vigencia, en febrero del 2017, de la liberación del secreto bancario, que facilitará, con orden de juez, que la SAT conozca la información de cuentas de los contribuyentes. Esto facilita  identificar dobles contabilidades, subfacturación y otras inconsistencias que facilitan evadir impuestos.

Apoyo externo

El proyecto, basado en cinco ejes, cuenta con participación de miembros de organismos financieros internacionales que apoyan al Minfin y a la SAT para su puesta en práctica, reveló Estrada.

Para ampliar el número de contribuyentes se crearán distintos  regímenes, se impulsará la factura electrónica, la   factura especial para el impuesto sobre la renta (ISR) y el documento de transacciones de los intermediarios para  facilitar la formalización.

 Otras acciones como un impuesto de protección al ambiente requerirán la aprobación del Organismo Legislativo, donde  ya hay propuestas  al respecto que podría retomar  e impulsar el Minfin.
Estrada explicó que se puede aplicar un  modelo similar al de  Ecuador, donde existe  un impuesto al tereflato de polietileno (PET), por los envases, botellas y otros suministros plásticos, con el propósito de incentivar el reciclaje.

El 17 de noviembre  pasado se presentó en el Congreso una iniciativa  de ley que obliga a las empresas a reciclar y reutilizar el  PET, aunque no habla sobre  algún estatuto tributario.

En las emisiones de gases se aplicaría un cobro por tipo de vehículo, modelo y cilindraje.

Reveló que se incluye un capítulo relacionado con la administración del servicio aduanero.

Piden diálogo

De acuerdo con José González-Campo, presidente del Cacif, la propuesta deberá  ser discutida de manera profunda, en un diálogo compartido con los diferentes sectores, a fin de alcanzar  consensos.

“Además de ampliar la base tributaria, se debe reducir la defraudación, y si se utiliza el secreto bancario, se debe  respetar el proceso”, afirmó.

El consultor Juan Carlos Paredes considera factible la propuesta  porque una parte de la economía no tributa  y tampoco se incorpora a la formalidad.

“Los cálculos prácticos señalan que la SAT puede captar unos Q6 mil millones, porque  no se cobra el 12% del IVA y el 7% del ISR”, afirmó el analista.

Clima de  incertidumbre

Cualquier reforma fiscal que se discuta para el siguiente año provocará un clima de incertidumbre en los “tomadores de decisiones”, señala un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

“Los agentes económicos deberán  considerar algunos posibles impactos que podrían surgir”, advierte  el documento sobre las perspectivas económicas del 2017.

El investigador David Casasola expuso que el Gobierno no ha generado suficiente confianza y mantiene una baja ejecución de gasto público,  y los procesos de intervención contra empresas por adeudos tributarios  son algunos aspectos que podrían influir.

“Es un segundo año de gobierno con varios desafíos, y el avance de  la reforma será uno. El presidente Jimmy Morales debe enviar  señales que generen mayor confianza”, dijo.

En todo caso, explicó que sería interesante la manera como el Ministerio de  Finanzas y el Congreso manejarán el consenso acerca del  diálogo fiscal.

El informe señala que, además de  la reforma tributaria, otros  aspectos  que podrían ser motivo de incertidumbre  son las reformas a la Constitución, sobre todo las del sector justicia, la Ley de Competencia y  el efecto Trump, por la vía del
comercio y la migración.

Otro asunto que se debe tomar en cuenta será   la decisión del  Gobierno en el caso de   la Terminal de Contenedores Quetzal.

Los comerciantes se opusieron, lo que generó una riña en la sexta avenida y 13 calle. En el percance fue lesionada una mujer identificada como Marta Lidia Gómez, supuesta vendedora a quien los policías intentaron despojar de sus productos. Gómez fue llevada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Al lugar se hicieron presentes agentes de las fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil quienes pretenden evitar disturbios, ya que los vendedores exigen el nombre del agente de la PM a quien acusan de agredir a Gómez.

“Se busca inquilino para un sótano de 8 metros cuadrados en el distrito de Dongcheng. Sin baño ni salón. Precio 700 yuanes (US$114) por mes”, reza un anuncio en “tong cheng”, una web china para buscar alojamiento.

El precio del alquiler varía dependiendo del espacio pero también, por ejemplo, de la cercanía en la que la casa se encuentra del metro.

Si bien es ilegal, muchos eligen vivir en estas condiciones para evitar un viaje largo a su lugar de trabajo, incluso si las condiciones higiénicas en estas residencias son pobres y con instalaciones comunes compartidas.

Vida “de rata”

Yuan es uno de los emigrantes chinos que viven debajo del suelo y a los que los medios chinos han bautizado como la “tribu rata”, personas que viven en el subsuelo en una red de sótanos y antiguos refugios antiaéreos en la capital china.

Se trata de trabajadores emigrantes que no pueden permitirse una vivienda básica y que, sin el permiso de residencia oficial conocido como “hukou”, no tienen acceso a las viviendas sociales que ofrece el Gobierno chino ni a los mismos derechos que disfrutan los pequineses, como la sanidad o la educación.

El “hukou” es un registro civil introducido por Mao Zedong en la década de 1950 para impedir la avalancha de emigrantes en las ciudades y que divide a la población en ciudadanos urbanos y rurales, por los que estos últimos pierden sus derechos al trasladarse a la ciudad.

La historia de Yuan, cuyo nombre real prefiere mantener en el anonimato, comenzó en 2011, cuando decidió mudarse desde la provincia de Lianoning (noreste) a la capital china para conseguir un buen trabajo y ahorrar dinero, explicó en una entrevista.

Vida de trabajo

Este chico de 23 años trabajó durante dos años en un fábrica en la periferia de Pekín, hasta que en 2013 encontró otro empleo en el centro de la ciudad en una compañía de comercio electrónico.

“El alquiler en el centro era caro, así que opté por vivir en un sótano cerca de mi compañía que me costaba 300 yuanes (US$49) al mes”, relató Yuan, quien aclaró que mantenía muy buena relación con sus vecinos y estaba muy cómodo en este entorno.

“Había unas 80 habitaciones de unos 10 metros cuadrados y todas pertenecían al mismo propietario. Supongo que 200 personas vivían en habitaciones subterráneas”, agregó.

Ninguna de las personas que componen la comunidad de Yuan es pequinesa.

Algunos son estudiantes, pero la mayoría de emigrantes han huido por falta de posibilidades laborales que existen en sus provincias.

Los datos oficiales indican que podría haber un millón de personas viviendo en sótanos de la capital china. A principios de este año, los medios estatales informaron de que 120 mil personas habían sido desalojadas de sus residencias subterráneas en la capital china.

“Las condiciones higiénicas no están mal” . Según narró el joven, una mujer limpiaba todos los días las zonas comunes así como los baños masculinos y femeninos, dotados con cinco duchas y cinco retretes cada uno.

Es arriesgado

Debido a la política oficial de desalojar los sótanos, especialmente por riesgo de incendio en este caso, el propietario obligó a los inquilinos a mudarse, por lo que Yuan se trasladó a un piso compartido con otros trabajadores.

El origen de estas viviendas se remonta a la época de la Guerra Fría (1953-1962), cuando el Gobierno chino obligó a incorporar refugios antiaéreos en la construcción de nuevos edificios residenciales.

Animados por las reformas económicas de Deng Xiaoping, los trabajadores rurales migraron a la ciudad, atraídos principalmente por mayores salarios y mejor calidad de vida, por lo que el gobierno permitió el uso de estos refugios como residencias hasta 2010.