Presupuesto 2026: Cien cuestiona aumento del gasto y deuda aprobada por el Congreso

El techo mayor al monto vigente, la contratación de deuda pública y la asignación de recursos a los Codedes, son las principales observaciones del Centro de Investigación Económica (Cien) al presupuesto del 2026 aprobado por el Congreso.

Urias Gamarro

27 de noviembre de 2025

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El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias objeciones al contenido del presupuesto aprobado por el Congreso durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Un día después, de haberse aprobado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2026 —la propuesta y con el aval del Ministerio de Finanzas Públicas—, Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias observaciones al contenido.

El monto aprobado, con vigencia a partir del 1 de enero del 2026, asciende a Q163 mil 469 millones. De ese total, se destinan Q108 mil 22 millones para funcionamiento; Q34 mil 78 millones, para inversión, y Q21 mil 368 millones, para el pago del servicio de la deuda.

Las fuentes de financiamiento incluyen deuda interna y externa por un total de Q36 mil 617 millones, según lo aprobado por los diputados.

¿Cuál es su lectura sobre la aprobación del presupuesto?

Hay una inercia muy fuerte; se siguen dedicando los recursos hacia programas que no han sido necesariamente bien evaluados, que no han dado resultados, y sobre todo nos preocupa mucho toda la parte relacionada al endeudamiento.

La carga que significa servicio de la deuda, pagar los intereses, dentro del esquema de ingresos, porque cada vez más el pago de la deuda, que representan en el rubro de las obligaciones a cargo del Tesoro, que se va comiendo al presupuesto.

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La parte que queda flexible es cada vez más baja, y ahí lo que estamos hablando es que, al final, es la inversión la que termina sacrificándose.

¿Qué implicaciones puede tener a futuro?

Las recomendaciones desde el Cien no son necesariamente implementables en el corto plazo, pero sí marcan hacia futuro los grandes riesgos que tiene el país.

Primero, dedicar tanto dinero a funcionamiento, que no necesariamente es gasto en funcionamiento que esté asociado a un resultado de desarrollo. Lo segundo, es que está la rigidez presupuestaria que va dejando al Ministerio de Finanzas básicamente con las manos atadas.

Hay una tendencia que sigue existiendo, y es que nuevos programas, nuevos proyectos o nuevas leyes traen de una vez “el pan bajo el brazo”, comprometiendo recursos que ya el Gobierno no puede dedicarlos a otra cosa, sino que tiene que dedicarlos a estos productos (proyectos).

En términos generales, nuestra duda respecto al presupuesto es el monto, es la deuda, pero sobre todo el impacto que realmente puede tener en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, porque hay muchos programas, hay muchos proyectos que realmente no tienen una sustentación técnica, ni una evaluación bien hecha.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, tenemos el caso de los Cocodes y la famosa Ley 7-2025, en la cual se garantiza la facilidad del dinero, pero no garantiza que el proyecto sea bueno.

Al igual que otros centros de investigación, nos opusimos a esa normativa y, al final de cuentas, ya es una ley vigente, pero hay que tener claro que los alcaldes lo que estaban peleando era no devolver el dinero (a la caja fiscal).

No estaban peleando no cumplir con las obligaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque cumplir con lo que hace Segeplán y las exigencias es importante para dar una mayor certeza de que el proyecto es bueno, pero sobre todo también para que todos los que ejecutan obra pública tengan un aval de que instituciones como Conred, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y como Segeplán dijeron que el proyecto está bueno.

Entonces, ahora que tienen la posibilidad de “brincarse eso”, dada la forma en que quedó esa ley, los responsables van a ser ellos (los alcaldes). Si construyen en lugares riesgosos o pasa cualquier cuestión, son los alcaldes finalmente los que tendrán que responder.

Esa parte, ¿cómo se va a operativizar en un esquema presupuestal?

No está claro cómo se va a hacer eso. Ahora tienen la posibilidad de quedarse con los fondos a los Codedes asignados para el 2026, pero pueda ser que el otro año no los consuman por completo, que se junten con los propios, y lo mismo va a ocurrir con el 2027, que va a ser el mismo problema.

Eso no es algo que esté claro, sino que es un “tamal que se cocinó”, pero que habrá que resolverlo porque la ley decía que era por esta única vez.

A su juicio, ¿cómo se puede atender esa situación?

Me parece que quizás la oportunidad que hay es para que las instituciones rectoras, sobre todo Segeplán, puedan marcar su territorio en la que realmente se pueda hacer una reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para garantizar que los proyectos pasan por Segeplán.

Ahí se tiene que actuar más rápido, para que todo se pueda automatizar, pero si estos fondos vuelven a ocurrir, que se les da la multianualidad, por lo menos garantizar que sean buenos proyectos.

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¿No se ve esa certeza, esa capacidad, dado la cantidad de fondos?

No, por de pronto no, pero reitero, ahí Segeplán sí hay una toma de conciencia de que hace falta trabajar más para hacer más ágil el SNIP, y que eso permita entonces poder hacer evaluaciones más rápidas, dar más acompañamiento a las municipalidades y, sobre todo, una que las municipalidades empiecen a pensar en los proyectos ahora que van a ser dentro de dos años, para realmente poner ese componente de planificación que hoy no existe, hoy es reactivo.

¿Puede funcionar la multianualidad de los proyectos?

Es que el problema de la multianualidad es que, si uno hace una buena planificación, entonces no hay un problema de multianualidad, porque uno sabe que los fondos duran un año y que al siguiente año se dan los siguientes.

El problema de multianualidad es cuando no se tiene una planificación de una obra de varios años, sabiendo bien en qué momento hay que pagar, en qué momento debe acelerarse la construcción. Entonces por eso es por lo que ocurren estas cosas.

¿Cuáles son los principales hallazgos del presupuesto aprobado para el 2026?

En términos generales, el monto, porque hubo varias llamadas para reducir el monto y no se hizo caso con eso. También se reiteró para priorizar el gasto, y tampoco se hizo.

Y entidades clave que necesitan recursos para poder hacer su trabajo, digamos el Instituto Nacional de Estadística, que viene en un proceso de transformación y que se han logrado ya estabilizar encuestas continuas en materia de empleo, de condiciones de vida, de la encuesta de ingresos y gastos, y sobre todo el censo, porque ya se vienen los tiempos de hacer de nuevo el censo. Según se sabe, va a sufrir un recorte de recursos. Entonces es realmente difícil que, cuando hay ciertas instituciones claves, se les recorte el ingreso cuando tienen proyectos que son a mediano y largo plazo.

En términos generales, es la no priorización nuestra mayor preocupación, es decir, un presupuesto que va caminando ahí.

En el tema estrictamente político, ¿qué riesgos visualiza en un año preelectoral?

El problema que hemos visto, que no es de este Congreso, sino es de la vida entera, es que utilizan estos presupuestos ya con puros fines electorales, para ir moviendo los recursos hacia donde se necesita tener impacto territorial y tener contentas a las bases, por decirlo así.

Aunque los programas van dirigidos a la población, sabemos que la política es territorial, el presupuesto es territorial, y al final se conjuga el dinero público con los intereses políticos.

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“No es tanto el monto, sino el destino y la preparación detrás de la iniciativa del Presupuesto”: Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas

La Comisión de Finanzas del Congreso comenzará el próximo lunes 22 de septiembre la celebración de reuniones y audiencias públicas para debatir el proyecto de presupuesto por Q163 mil 783.4 millones presentada por el Ejecutivo para el siguiente año.

Urias Gamarro

16 de septiembre de 2025

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La Comisión de Finanzas del Congreso iniciarálas sesiones para discutir el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República iniciarán el próximo 22 de septiembre las sesiones para discutir el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026 por Q163 mil 783.4 millones, que contempla un aumento de Q8 mil 947 millones respecto del vigente.

Aunque evita adelantar criterio sobre posibles modificaciones al programa de gasto, por encontrarse en fase de análisis, el presidente de la sala, Julio Héctor Estrada Domínguez, brindó un panorama sobre lo que podría convertirse en una de las más intensas discusiones legislativas del año.

Los diputados tienen como fecha límite el 30 de noviembre para conocer el proyecto de presupuesto estatal, pero el debate se da en medio de un ambiente tenso con el Ejecutivo, principalmente por la reciente aprobación del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como por el llamado al veto que diversos sectores han dirigido al presidente Bernardo Arévalo de León.

El 10 de octubre concluirá el ciclo de audiencias públicas convocado por la Comisión, tras lo cual se esperaría la emisión del dictamen de la iniciativa. Estrada Domínguez ofrece el siguiente balance a Prensa Libre.

En la Comisión, ¿Cómo reciben el monto en el proyecto del presupuesto del 2026?

Hemos dicho que no es tanto el monto, sino el destino y la preparación detrás de la iniciativa; ya reaccionamos enviando por lo menos 15 cartas preguntando sobre temas específicos.

Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, estamos consultando sobre un programa de préstamos; a Segeplán, con su programa de becas; al Ministerio de Desarrollo, con el programa de transferencias condicionadas; y al Ministerio de Finanzas, por las estimaciones de ingresos y su presupuesto de gasto, que es importante.

Lo que, en general, hemos encontrado al comparar con el Listado Geográfico es que no hay obras, y se comienza a detectar esas cosas cuando se colocan Q2 mil 500 millones asignados en las cosas que se me ocurran

Esto se entiende en un primer año de gobierno, pero en un segundo año es más difícil de justificar, porque es una cantidad importante de recursos.

¿Qué otros aspectos han identificado?

Está el análisis de las proyecciones de la deuda pública y el pago del servicio, en el sentido de cómo están formuladas, y estamos en la fase de recabar más información. No queremos adelantar posición —que es mucho, poco, malo o bueno—, solo que estamos validando las cifras de la recaudación por medio de los principales impuestos y los detalles de los aumentos más sobresalientes en la propuesta del presupuesto.

En el cupo de deuda pública se estarían contratando en dos años unos Q52 mil millones, ¿qué piensan?

Tiene que haber (por el Ministerio de Finanzas) una muy buena justificación del programa y de sostenibilidad de deuda. Hay cosas que el país puede hacer, y en otras no se puede dar el lujo de hacer por lo que es la discusión política, porque también es un mensaje para el resto de los diputados con las propuestas de gasto que hay en diferentes sectores.

Cada gasto adicional que hay no es un gasto de impuestos, sino un poco más de deuda, que es lo que termina haciendo, por lo que se revisará en dónde estarán asignados esos recursos, cuánto de la deuda se destinará para la creación de infraestructura, obras, y si se justifica el uso del endeudamiento para los programas sociales, que no está en la ley. Se pueden hacer excepciones, pero que realmente tenga impacto.

Se sigue usando deuda para gasto corriente…

Esa regla creo que es para formación de capital humano, que podría justificarse, pero no para uso clientelar, que es lo que no funciona bien, por lo que hay que ver por dónde se están dirigiendo los recursos.

El FMI recomienda comenzar a revertir los déficits fiscales, pero se proyecta 3.3% en la iniciativa. ¿Cuál es su posición?

Se tendrá que encaminar al regreso al 2% del déficit fiscal, pero se tendría que ver el marco presupuestal multianual, revisar esa parte. También el saldo de caja, porque el año pasado quedó una buena parte sin utilizar, y llevamos ahora casi Q34 mil millones sin utilizar entre caja, bonos del Tesoro e impuestos.

Entonces, se podrá financiar un poco más el presupuesto con saldos de caja, pero eso se tendrá que analizar a profundidad.

A nivel político, ¿cómo está el ambiente en la Comisión y en el Pleno?

El compromiso y la meta de la Comisión de Finanzas siempre es emitir un dictamen para que exista un presupuesto, porque es importante. En la Comisión hay poca comunicación con las autoridades del Ejecutivo, y hay fricción con los temas de ejecución del gasto, en los cuales hay claras dudas -respecto a- los montos de gasto y la velocidad en que se lleva hasta ahora.

Esto puede afectar la disposición de aprobar el presupuesto a ciertos montos, y en el Pleno existe la misma inquietud, pero veremos cómo se estará desarrollando.

Entonces, la ejecución de gasto sería un parámetro para aprobar las asignaciones…

Sí, pero también es un tema contraindicativo y llama la atención la baja asignación en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Q7 mil 140 millones), en la cual no se gasta, pero quiere decir que acumuló más gastos, más carreteras pendientes que reparar, al igual que su mantenimiento.

Pero también hay una asignación para la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Q2 mil 102.2 millones), pero el arranque de esa institución es muy lento, y al final quedó como una entidad dentro del CIV, por lo que creo que, desde la perspectiva operativa, lo va a hacer muy complejo de funcionar. Pero habría que analizarlo de manera holística; no solo la ejecución hay que tomar en cuenta, sino que la calidad de los proyectos que los respalda en las asignaciones, por lo que eso queremos que nos expliquen las instituciones.

En un año preelectoral, ¿cómo se puede influir en la aprobación o no de un plan de gasto?

Sí. El proceso de la elección se ha adelantado. Entonces, por un lado, están los que dicen que es políticamente más razonable no dar más recursos al gobierno central porque no ejecuta y cómo quedan con su electorado.

Pero también están aquellos que dicen que se van a dar los programas, los recursos extraordinarios o fondos para las municipalidades, por lo que hay una tensión ahí que, desde la perspectiva electoral, funciona en ambas direcciones. Vamos a ver ahí por dónde cae la pelota.

En la coyuntura, ¿cómo describe esa tensión?

Hay una tensión con ese tema (decreto 7-2025), porque son ofertas y demandas políticas locales que no han avanzado al ritmo que hay, que se pueden perder y generar desgaste con la gobernabilidad local, que es lo que ha generado la fricción, y vamos a ver en qué para este decreto.

Ejecutivo plantea presupuesto por Q161 mil 779 millones para 2026

El presupuesto de gasto se perfila por Q161 mil 779 millones, que será la propuesta que el Ejecutivo presentará al Congreso de la República para ejecutar en 2026, y contempla un aumento del déficit fiscal de 3.5%.

Urias Gamarro

27 de junio de 2025

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En el presupuesto 2026 se programó una asignación para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El Ministerio de Finanzas (Minfin) dio a conocer las asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2026, que indican un monto de Q161 mil 779 millones, superior al vigente, según los análisis oficiales.

La cifra representa un incremento de Q13 mil 253 millones respecto del presupuesto aprobado por el Congreso de la República, que fue de Q148 mil 526 millones, es decir, un 8.9%. Además, implica un ajuste de Q6 mil 943 millones sobre el presupuesto vigente, que al 25 de junio era de Q154 mil 836 millones.

En la propuesta para el siguiente año se plantea un déficit fiscal de 3.2%, equivalente a Q32 mil 406 millones, de los cuales Q25 mil 607 millones provendrían de deuda bonificable, explicó Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, durante la realización del Taller de Presupuesto Abierto.

El Minfin deberá presentar el próximo 2 de septiembre la versión final del programa de gasto al Legislativo, que, de aprobarse, se ejecutará en el tercer año de mandato del presidente Bernardo Arévalo. Si la propuesta no se aprueba en el Congreso, continuará en vigor el presupuesto actual, conforme a la ley.

El ciclo presupuestario para la formulación del plan de gasto continuará desarrollándose, y las instituciones, al conocer su techo de gasto, deberán hacer las modificaciones y establecer prioridades.

Desglose

Durante la actividad, se dio a conocer la distribución para cada una de las instituciones y, según el viceministro, la propuesta del gasto público para 2026 representará alrededor del 15.8% del producto interno bruto (PIB).

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Entre las asignaciones principales: el Ministerio de Educación (Mineduc) tendría Q26 mil 905 millones; Salud, Q16 mil 499 millones; Gobernación, Q9 mil 560 millones; Comunicaciones, Q6 mil 161 millones; y Defensa, Q4 mil 720 millones.

En el listado destaca que la asignación al Ministerio de Desarrollo (Mides) aumentará 47%, al pasar de Q2 mil 779 millones a Q4 mil 100 millones, es decir, Q1 mil 321 millones adicionales.

En Obligaciones a Cargo del Tesoro, la asignación asciende a Q62 mil 412 millones, y en ese rubro se incluyen los fondos destinados a las municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo, Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, entre otras instituciones.

Para el servicio de la deuda, la asignación es de Q20 mil 70 millones, y para secretarías, de Q2 mil 419 millones.

Asignación a Fopiv

El presupuesto 2026 contempla una asignación de Q4 mil 160 millones para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (Fopiv), como lo establece la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

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Figueroa Chávez comentó que esa es la razón por la cual la asignación al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) se reduce en comparación con los ejercicios 2024 y 2025.

Presupuesto de ingresos

En la estructura del presupuesto de ingresos —es decir, cómo se financiarán los Q161 mil 779 millones—, el 74% corresponde a ingresos tributarios, equivalentes a Q119 mil 762 millones; el 19.5% a endeudamiento público, por Q31 mil 532 millones; el 2.1% a saldos en cajas y bancos, con Q3 mil 417 millones; y el 4.4% a otros ingresos, por Q7 mil 47 millones.

“La diferencia entre los ingresos fiscales y el total de gastos sugerido para el siguiente ejercicio es de Q32 mil 406 millones, lo cual corresponde a un déficit del 3.2%”, apuntó el viceministro.

Escenario

Los escenarios macroeconómicos y fiscales fueron presentados el pasado miércoles por la banca central y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Se proyecta que la economía crecerá 3.9% en 2026, y que las principales variables económicas a corto plazo mantendrán su dinámica, como la inflación, las remesas familiares, el comercio exterior, el crédito bancario al sector privado y el precio internacional del barril de petróleo, entre otras, que incluyen variables externas e internas.

En cuanto a la recaudación, se programó un ingreso tributario de Q119 mil 762 millones, de los cuales Q119 mil 191 millones corresponderán a la SAT. Entre los principales tributos: el IVA doméstico, con Q25 mil 757 millones; el IVA de importaciones, Q28 mil 140 millones; el impuesto sobre la renta (ISR), Q33 mil 14 millones; y el impuesto de solidaridad (ISO), Q8 mil 669 millones.

Cien señala falta de claridad en el presupuesto 2026

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) declaró que aún faltan detalles y en la presentación de ayer, aún no se tenía la claridad sobre el gasto de funcionamiento e inversión.

Al presentarse un techo global de Q161 mil 779 millones, se argumentan que quieren promover el gasto social y la inversión pública, pero con la presentación aún no se sabe realmente, y falta información.  La propuesta del incremento de déficit fiscal para financiar alguna inversión relevante, pero con los estudios de factibilidad, podría ser viable, pero no se cuentan con la información y es muy preliminar.

“Queda duda sobre algunas asignaciones; hay Q2 mil 800 millones de recursos para metas presidenciables y Q4 mil 160 millones para el Fovip, y lo que necesitamos que es lo que respalda esas cifras y no está disponible”, enfatizó el analista.    

En todo caso, esta pendiente que presenten la información preliminar.

“Se le está apostando algo más agresivo por el lado del gasto y en los ingresos se queda estancado que se quiere financiar con déficit. Ahora hay que saber que se quiere financiar con el déficit. Si se financia funcionamiento, no es conveniente”, advirtió el investigador.

Y sobre la ejecución presupuestaria en 2025 y la solicitud de más recursos, Lavarreda, indicó que hay un arrastre en la baja ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que tienen Q12 mil millones y una baja erogación que está afectando.

Aseguró que la asignación a los Codedes, será normal en 2026, pero dependerá que modificaciones se puedan realizar en el Congreso de la República.

Presupuesto 2025 refleja evidentes ambigüedades y podría estar sujeto a posibles inconstitucionalidades, alertaron analistas en foro de Cacif

La falta de certeza sobre la Ley del presupuesto de ingresos y egresos 2025 por Q148 mil 526 millones y otras ampliaciones, fue una de las principales conclusiones de un foro realizado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícola, comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), luego que el Congreso de la República publicara el decreto 36-204.

Urias Gamarro

11 de diciembre de 2024

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Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020; Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes; Ricardo Barrientos, director ejecutivo de Icefi; Francisco Quezada, presidente de Cedecón y Carlos Arias Bouscayrol, presidente de Vestex y representante del sector privado ante la Junta Monetaria, durante el foro que organizó Cacif sobre presupuesto 2025. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

“Hay cuentas fuera de balance”, advirtió Carlos Arias Bouscayrol, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) y representante del sector privado ante la Junta Monetaria (JM), al referirse sobre la publicación de la Ley del presupuesto y su vigencia el próximo 1 de enero.

En el foro participaron delegados de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) y de la Fundación 2020 y la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal), quienes expusieron sus preocupaciones.

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Una de las coincidencias encontradas por los expositores es que hay elementos antitécnicos como ampliaciones preaprobadas, asignaciones sin fuentes de financiamiento y el uso de la deuda pública por la vía de bonos del Tesoro para gasto de funcionamiento, entre otras, que se conocieron en la Comisión de Finanzas del Congreso.

El foro abordó un panorama macroeconómico, fiscal, jurídico y legal, por lo que los expositores calificaron como “confuso y difícil de interpretar” el contenido en el plan de gasto, y requirieron corregir “algunos de los errores” detectados antes de su plena vigencia, para brindar la certeza tanto al Congreso como al ministerio de Finanzas como responsable de la política fiscal y de su buena ejecución.

Durante el foro se reiteró que es positivo que el Ejecutivo cuente con un programa de gasto aprobado, pero es necesario que se corrijan algunos rubros o bien para del articulado. El pasado martes, el Icefi instó a la creación de una instancia intersectorial independiente que analice y evalúe los aspectos técnicos y legales del decreto 36-2024.

Sujeto a inconstitucionalidades

Francisco Quezada presidente del Cedecón y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes, dieron una postura jurídica del contenido de la Ley.

Quezada afirmó que el Congreso no es el formulador del presupuesto, “y no puede borrar números y establecer lo que ellos quieran”, sino que es un ejercicio que le corresponde al Ejecutivo.

“El Congreso cada vez está debilitando al organismo Ejecutivo, que ya no va a tener planificación anual porque se las desbaratan e indirectamente se está convirtiendo en el Ejecutivo. En los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) encontraron una buena válvula de escape para satisfacer los intereses de su electorado”, apuntó el presidente del Cedecón.

A su juicio, hay temas técnicos “muy delicados” y citó que se está financiando con endeudamiento el gasto corriente, que además viola la Ley Orgánica del Presupuesto que es Constitucional, en el sentido que no se puede utilizar, porque es una Ley y no puede ser reformada por una norma anual de presupuesto, que puede ser objetable.  

El Congreso dejó válvulas abiertas para seguir ejecutando y por lo menos se detectaron 20 aspectos que pueden ser inconstitucionales. Entonces, estas impugnaciones que pueden ser parciales, que se puedan presentar a la Corte de Constitucionalidad (CC) “de aquí a que se determine, se estarán avanzando en los meses del año, por lo que será vigente”.

“Es un presupuesto antitécnico, clientelar y es hecho por el Congreso”, enfatizó Quezada.

Ambigüedades

Hurtado, agregó que el gran tema que amerita análisis y que eventualmente pueda ser sometido a algunas impugnaciones, es que en el mismo decreto existen algunas contradicciones y ambigüedades que tienen que ser aclaradas.

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“En la lectura que se tiene, es que por un lado se establece cuál es el presupuesto para determinada entidad o rubro de gasto en infraestructura, pero por otro lado hay ampliaciones predefinidas y eso genera algunas dudas desde la perspectiva legal. Lo otro es como se manejará el Crédito Público (contratación de nueva deuda) que no están definidos y que el Congreso tiene que aprobar, porque hay un procedimiento para avalar cualquier procedimiento, que son elementos que tendrán que ser aclarados”, afirmó Hurtado.

El director, indicó que es muy probable que puedan presentarse algunas impugnaciones, una vez publicado el decreto de presupuesto en el Diario de Centro América y que “ojalá que las impugnaciones y la forma en que se pueda resolver brinde la claridad y certeza necesaria, no para truncar la ejecución, que es la que se necesita para poder cumplir los fines del Estado”.

Corregir errores

Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020 y Atal, afirmó que el gasto estatal para el siguiente año ya está aprobado con la publicación de la ley, y hay que estar atento que la ejecución sea transparente y eficaz, por lo que es responsabilidad del Gobierno y de la Contraloría General adoptar las medidas correspondientes.

Desde su perspectiva, seguir la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tiene un déficit fiscal muy alto, que podría llegar hasta el 3.5 % que sea temporal, y que este focalizado para inversión en infraestructura.

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“El Gobierno que fue electo para velar por el combate a la corrupción debería de activar sus unidades de auditoría interna como nunca, fortalecerlas y rendir cuentas permanentemente”, consideró.

Reiteró que hay que ponerle atención a los recursos asignados a los Codedes, que tendrá un “monto extraordinariamente alto” de Q12 mil millones en 2025, se tienen que establecer los mecanismos de control, por lo que el ministerio de Finanzas deberá establecer un portal especifico de cómo se asigna y ejecutan los recursos destinados para esos programas y proyectos en tiempo real y a la vista del público.

El otro punto, es la asignación de Q3 mil 500 millones que se le asignó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para un programa de inversión en puentes y carreteras que no existe, se debería crear un fideicomiso con unas reglas muy estrictas de ejecución que se destine a las obras que el Gobierno defina y que sean prioritarias.

García Lara, indicó que hay errores de forma importantes, ambigüedades, contradicciones, que deben ser sujetas de corrección que sea el Congreso y bien las cortes que lo ordenen corregir.

A su entender, es un riesgo que no dejar ser preocupante, por qué una buena parte del presupuesto es que brinda certeza, a pesar de que hay errores. 

Descargo

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso fijo su postura ante los cuestionamientos durante el panel, y en términos generales indicó que la redacción del dictamen no es diferente a la del presupuesto 2022, 2023 o 2019 y se han utilizado herramientas para ajustar y dar los espacios con artículos posteriores.

Aclaró que el artículo 142 “Plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras” por Q3 mil 500 millones, él voto en contra y “pueda ser (que el artículo) pueda tener algunas inexactitudes, que es muy atípico; que fue una reacción especifica en la Comisión a propuesta del partido oficial”.

“Por inconsistencias, o por cuadrar, hay áreas grises con la ley específica en las asignaciones, que son constitucionales en todos los presupuestos y tienen algunas vulnerabilidades. En este caso, el presupuesto está sólido, tiene una buena votación, buen apoyo y no tiene nada nuevo, sino que nosotros estamos construyendo en herramientas utilizadas en otros años”, aseguró al preguntarle si ve algún riesgo de impugnación.

Sobre las impugnaciones y tal como lo que ocurrió en diciembre del 2023 cuando quedó suspendido por la CC, Estrada Domínguez, reconoció que siempre es una posibilidad y que en esa ocasión el gasto no avanzó al no discutirse a profundidad sobre una enmienda.

Sobre las aclaraciones o correcciones que se señalaron durante el foro del Cacif, el diputado enfatizó que no existe una figura jurídica para llevar a cabo ese proceso, ya es una ley aprobada y la interpretación es clara.

“No hay una acción o una figura legal para que el Congreso aclare algunas decisiones del soberano (Legislativo)”, concluyó.

Presenta acción de inconstitucionalidad

El diputado Bequer Chocooj De La Cruz, presentó un recurso de amparo en la CC este martes 10 de diciembre, luego de la publicación de la ley del presupuesto decreto 36-2024.

El fundamento está relacionados a las asignaciones presupuestarias en 2025 para la Universidad de San Carlos de Guatemala, municipalidades, Escuela Nacional Central de Agricultura (Enca), Instituto Nacional de Bosques (Inab), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

La impugnación es sobre los cálculos de proyección de los ingresos tributarios en 2025 por Q109 mil 302 millones y las asignaciones a estas instituciones que les corresponden.

Presupuesto 2025: Así quedó la estructura del gasto en medio de aumentos de último momento para el CIV y asignaciones para los Codedes

Los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso emitieron un dictamen favorable a la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos 2025 por un monto de Q148 mil 526 millones, que fue el monto propuesto por el Ejecutivo.

Urias Gamarro

21 de noviembre de 2024

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La Comisión de Finanzas aprueba la estructura del gasto, incluyendo aumentos para el CIV y asignaciones para los Codedes. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El programa de gasto tuvo aumentos para algunos ministerios, incluido el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), y asignaciones, sobre todo a los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes), que suman Q9 mil 334 millones, distribuidos para varias regiones.

Por ley, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para conocer el presupuesto, y en esta ocasión está formulado para un segundo año de mandato del gobernante Bernardo Arévalo.

En el dictamen, hay modificaciones realizadas y otras que ingresaron a última hora en la discusión de la comisión; por ejemplo, el diputado oficialista Román Castellanos agregó un artículo nuevo de Q3 mil 500 millones para el “plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras” que ejecutará el Micivi.

Castellanos, recordó que respecto del presupuesto del Micivi y de la ampliación la iniciativa original propuso una asignación de Q9 mil 929 millones, y en el proceso de la discusión del dictamen se hace una reducción y termina en Q7 mil 879 millones. Por esa razón, en último momento se presentó dicha enmienda, apoyada por el partido oficialista.

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Esta cartera tenía una disminución de Q2 mil 50 millones. Habían quedado Q950 millones para la Dirección General de Caminos (DGC), que era para la compra de maquinaria y equipo; para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), con Q530 millones, también para el mismo rubro de gasto; y a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) le habían asignado Q220 millones; Fondo Social de Solidaridad, Q250 millones, y Fondo para la Vivienda, Q100 millones.

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó que dejaron el mismo techo, y se ampliaron Q3 mil 500 millones, y por esa razón quedó en más de Q148 mil millones.

Además, que calificó como una situación “inusual y atípica” sobre la enmienda que se presentó a último momento dentro de la Comisión, para darle la potestad al Ejecutivo a través de la publicación de un acuerdo gubernativo, y si tiene los fondos disponibles, préstamos o bonos con base en un plan de trabajo, de ampliar a Q3 mil millones al gasto del Micivi para el rescate vial.

Entonces, según el presidente de la comisión, el techo no se modificó, “lo que se quedó es esa potestad del Ministerio de Finanzas de que, si tiene disponibilidad de recursos adicionales, pueda ampliar el techo de gasto y de Comunicaciones”.

Recortes y aumentos

Otras reducciones efectuadas fueron para el Ministerio de Trabajo, Q500 millones; Ministerio de Educación, Q120 millones; Ministerio de Economía, Q400 millones; Ministerio de Agricultura, Q400 millones.

Las instituciones que recibirán un incremento incluyen al Ministerio de la Defensa, por Q400 millones, de los cuales Q200 millones son para la adquisición y mantenimiento de convoyes, equipo y maquinaria pesada complementaria para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y otros Q200 millones para para la adquisición de materiales e insumos para esa misma institución.

Como aporte extraordinario para los consejos departamentales de Desarrollo se plantean Q5 mil 12 millones y para el Fondo Nacional de Becas Q250 millones.

El Ministerio Público, Q40 millones para transferencias corrientes; Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Q15 millones; Organismo Judicial, Q500 millones, y Registro Nacional de las Personas, Q150 millones, entre otros.

Interpretación

Para Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), declaró que es un dictamen muy complejo, que implica muchos cambios a la propuesta enviada por el Ejecutivo y que pueden responder a las negociaciones políticas dentro del Congreso.

Le llama la atención que uno de los artículos, se hace una ampliación presupuestaria como aporte extraordinario a los Codedes por Q5 mil millones, y lo delicado es que se reduce el gasto de otros ministerios para poder financiar este incremento; por ejemplo, al Ministerio de Educación, Q120 millones; Ministerio de Trabajo, Q500 millones, que corresponden al Programa del Adulto Mayor; y al Ministerio de Agricultura, Q400 millones, y al Micivi, Q2 mil millones, que son disminuciones para atender a los consejos departamentales de Desarrollo.

Estructura

El dictamen plantea una estructura analítica, y para el presupuesto de ingresos tiene como fuentes financieras el uso de saldos de caja y endeudamiento público por Q33 mil 95.5 millones, de los cuales Q25 mil 104 millones son por la vía de la colocación de bonos del tesoro —deuda bonificable—, que representará el 75.9 por ciento; por disminución de saldo de caja y bancos, Q5 mil 585 millones, que equivalen al 16.9 por ciento y, por endeudamiento público externo o préstamos, Q2 mil 406 millones, que representan 7.3 por cien.

En cuanto a la recaudación, se proyectó en el presupuesto por Q109 mil 302 millones, y estaría superando en Q7 mil 149 millones al cálculo del cierre del 2024.

¿Cómo queda la deuda?

 El dictamen expone que el endeudamiento público interno para el 2025 aumenta 96.5 %, ya que en el 2024 fue de Q12 mil 775 millones.

Por la contratación de la nueva deuda por la vía de bonos el destino será para financiar rubros como el pago del servicio de la deuda pública por Q5 mil 754 millones; aportes a programas cargados en Obligaciones a Cargo del Tesoro, Q5 mil 648 millones; infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), por Q5 mil 585 millones, así como la atención para gastos para el Ministerio de Salud, por Q2 mil 566 millones, como principales programas. En el tema de la deuda pública por la vía de los bonos del tesoro, el monto ascendía a Q25 mil millones, pero el decreto con el que se aprobó el préstamo del Banco Mundial (BM) por US$250 millones —que equivale unos Q2 mil millones— se sustituirá por la misma cantidad de bonos.

En la reunión se dio a conocer que, derivado de ello, el Ministerio de Finanzas, cuando reciba ese desembolso del BM, debe reducir el techo de la deuda bonificada, por lo que quedará Q23 mil millones para colocarse el próximo año y ser la fuente de financiamiento para diferentes programas.

Además, que el déficit fiscal queda en 3.1 %, porque se considera que no importa la fuente de financiamiento, sino la diferencia entre ingresos y gastos.

Desde el comienzo de las audiencias públicas, diversos sectores han mostrado su preocupación por el incremento del déficit fiscal, que implicaría un cambio en la disciplina fiscal y posibles riesgos a la estabilidad macroeconómica.

Codedes, un superministerio

 Con las modificaciones realizadas al dictamen, los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes) tendrían una asignación total de Q9 mil 334 millones, cargados en Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Los Codedes tendrán como asignación ordinaria Q4 mil 322 millones y por aporte extraordinario Q5 mil 12 millones, según el dictamen.

Sobre la justificación de estos Q5 mil 12 millones, se plantea para la ejecución de proyectos que “promuevan el bienestar a través de inversión local en infraestructura, mejorando la movilidad y reduciendo costos logísticos de las comunidades”.

También se podrán incluir proyectos para educación, salud, servicios de agua potable, gestión de desechos, drenajes, saneamiento, infraestructura de fomento a la producción, construcción de edificios de usos múltiples, infraestructura vial urbana y rural, y caminos rurales.

En el dictamen se detallan los lugares y regiones en donde se realizarán las inversiones.

Proyectos del 2024

La aprobación de la Ley 6638 en el Congreso de la República, permitirá que los Codedes continúen ejecutando, durante el 2025, los fondos de la ejecución presupuestaria aprobada en el palacio legislativo.

Carlos Mendoza, titular de la Secretaría de Planificación y de Programación de la Presidencia (Segeplán), explicó, a principios de noviembre, que “esta nueva pieza del Legislativo permite que los Codedes puedan continuar con los proyectos de infraestructura aprobados e iniciados durante el 2024, con esos fondos”.

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Presupuesto 2025: En la recta final del dictamen de la Comisión de Finanzas, la expectativa aumenta si tendrá o no modificaciones

La aprobación del presupuesto 2025 entra en la recta final con el dictamen de la Comisión de Finanzas con algunas modificaciones planteadas a la propuesta original del Ejecutivo, y analistas insisten en que deben prevalecer los fundamentos técnicos.

Urias Gamarro

18 de noviembre de 2024

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05:00h

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El programa de gasto 2025 contempla un rubro para inversión pública por la vía del endeudamiento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La cuenta contra reloj para la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por Q148 mil 526 millones, recaerá en el Congreso de la República que por ley tiene hasta el 30 de noviembre para conocer la iniciativa que presentó el Ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas (Minfin).

Se trata de la ejecución del gasto estatal para un segundo año de la administración del presidente Bernardo Arévalo, pero ya formulado de acuerdo con la orientación a sus ejes de trabajo.

Posturas encontradas

En tanto que centros de investigación económica, han reiterado los hallazgos encontrados, sobre todo en la parte del aumento de la deuda pública por medio de la contratación de bonos del Tesoro por Q25 mil 104 millones y que elevaría el déficit fiscal a 3.1 % por un monto de Q29 mil 412 millones. La principal crítica, es que parte de la contratación de esa deuda, se estaría destinando para gasto de funcionamiento y otra parte para inversión, y se espera una corrección por parte de la Comisión de Finanzas, que la dirige Julio Héctor Estrada Domínguez, extitular del Minfin.

Por otro lado, el Consejo Económico y Social (Ces), recomendó que es crucial que los recursos se asignen prioritariamente a sectores como la salud, la educación, la lucha contra la desnutrición infantil y el fortalecimiento de la infraestructura productiva, con el fin de crear empleo digno y reducir los niveles de pobreza.

A la vez, según el Ces, que es oportuno diseñar un plan de gasto multianual con un enfoque prudente en el manejo del déficit fiscal y compromisos de deuda, a manera de evitar riesgos que generen un impacto inflacionario, de preservar la estabilidad macroeconómica, la calificación de riesgo-país, priorizar la inversión hacia sectores estratégicos de infraestructura que promuevan el desarrollo social y crecimiento económico, que son aspectos claves para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. 

En tanto que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expuso algunas recomendaciones para mejorar el gasto, en los ejes: macroeconómico; calidad del gasto e inversión en infraestructura.

Una de las sugerencias que plantea el sector privado organizado al plan de gasto, es sobre el control del gasto corriente y reducir el déficit fiscal a menos del dos por ciento del producto interno bruto (PIB) que equivale a unos Q20 mil millones. Es decir, una reducción del techo del presupuesto de al menos Q10 mil millones.

La otra de las observaciones es que al aumentarse el déficit fiscal a 3.1 %, que es un déficit mayor, no es sostenible y “que pon en serio riesgo la estabilidad macroeconómica, el nivel de precios o sea la inflación y las tasas de interés”. Así también de ajustar las estimaciones de recaudación de impuestos a escenarios conservadores para evitar sobreestimaciones que generen déficits inesperados.

Y aunque no es vinculante, el pasado 30 de octubre, la Junta Monetaria (JM) emitió una opinión favorable a la emisión de Q25 mil 104 millones en bonos del Tesoro que financiarán el presupuesto 2025, pero con el voto en contra, de los representantes del Cacif, bancos privados y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   

Los escenarios

Érick Coyoy analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) y Jorge Lavarreda del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expusieron que a la Comisión de Finanzas se les realizó una presentación sobre los puntos más importantes, y no se tuvo una respuesta de los parámetros.

Coyoy, quien también fue ex viceministro de Finanzas, aseguró que le llama la atención que cada vez más se está destinando gasto de funcionamiento con deuda pública, por qué es un tema delicado a largo plazo, y hay que ponerle tanta atención.

A su juicio, el déficit mayor, no podría ser tanto el problema, si es que su destino va para inversión, pero cada año se está empleando para funcionamiento “y lo delicado es que es gasto permanente, por lo que debería de evitarse, por lo que la Comisión de Finanzas debe poner atención por qué no es una buena práctica financiar gasto corriente por la vía de la deuda”.

En la propuesta de gasto para 2025, casi la mitad de los Q25 mil millones en bonos, es para funcionamiento, que debería analizarse.

Por otro lado, el Congreso de la República a aprobado este año, iniciativas de ley que están generando gastos extras como Clases Pasivas, programa de Vacunación Nacional, pago a veteranos militares, infraestructura vial, y todas esas normativas implican gastos, por lo que debe revisarse la capacidad real del Ejecutivo para asumir esos compromisos. 

Lavarreda, reiteró que se debe dictaminar con un sólido fundamento técnico, que corrigiera las diversas deficiencias que se han identificado en la propuesta que envió el Minfin.

Le llama la atención, que aún no ha salido el dictamen, por los tiempos legales para conocerlo, y se recomendó un cambio de metodología para concentrarse en la gestión por resultados, que en vez de concentrarse en la ejecución financiera, lo que tradicionalmente se hace en la Comisión de Finanzas, para tomar decisiones mejor informadas con la información de los planes operativos anuales (POA) y los planes de adquisiciones para tener un mejor fundamento para el dictamen.

Recalcó que, por las fechas, y sin conocerse el contenido del dictamen, puede interpretarse que aún no hay acuerdos políticos, y un escenario es en que se agote el tiempo, y quede vigente el presupuesto 2024 con la ampliación presupuestaria que alcanza Q132 mil millones, basado en la fecha que se está. Esta tesis, es por qué ya se aprobó el articulado que permitirá a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) utilizar los fondos para el siguiente ejercicio fiscal. 

El otro escenario, es que se apruebe una versión que no salga del dictamen de la Comisión de Finanzas, que surja en el pleno, que “seguramente modificará lo que envió el Ejecutivo”.

Entonces, si se logra aprobar un nuevo plan de gasto, sería con modificaciones a lo que envío el Ejecutivo, así como de lo que salga en el dictamen de la sala de trabajo del Congreso.

Finalmente, se esperaría corregir la parte del financiar el monto de gasto de funcionamiento con deuda pública, así como la revisión de los “bolsones” de gasto que no tienen nada en concreto por esta misma fuente, y todo aquello que no tenga justificación para reducir el déficit fiscal.

Acuerdo político

En el Congreso de la República, hay un consenso de aprobar al gobierno el presupuesto como lo dictamine la Comisión de Finanzas, afirmó el diputado César Fión, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza.

La voluntad expresa de algunas bancadas en favor de apoyar el presupuesto, es a fin de que el Ejecutivo pueda atender las necesidades de sus políticas de gobierno y un ordenamiento de sus asignaciones, aclaró.

Las razones es que se está trabajando en un presupuesto formulado para el 2023, más una ampliación presupuestaria, pero que el Ejecutivo de alguna manera necesita en sus políticas de gobierno debe ordenar sus gastos, y la otra es que existen los recursos para poder ejecutar.

La diputada Sonia Gutiérrez Raguay del bloque Winaq, adelantó que se tiene contemplado una posible reducción en el monto de la deuda y del techo.

Mientras que el diputado oficialista Roman Castellanos quien integra la Comisión de Finanzas, indicó que se estaría modificando la contratación de deuda y que se está discutiendo con el Minfin. 

El CIEN advierte uso de deuda en funcionamiento y emite cinco observaciones al proyecto de presupuesto del 2025

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) fija postura con respecto a la iniciativa del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por Q148 mil 526 millones que discute la Comisión de Finanzas del Congreso previo a emitir dictamen.

Urias Gamarro

16 de octubre de 2024

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El uso de recursos de la deuda bonificable para funcionamiento en el presupuesto 2025 preocupa al Cien. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El uso de recursos de la deuda bonificable para funcionamiento, lograr una mayor eficiencia técnica del gasto, la reorientación de prioridades como objetivos del Gobierno Central, una actualización de las cifras macroeconómicas para la elaboración de los escenarios de los ingresos y una revisión al articulado, son algunas de las observaciones en la parte de ingresos y egresos, que ayer presentó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) al programa de gasto 2025.

La Comisión de Finanzas del Congreso de la República, celebra las audiencias públicas a la iniciativa del presupuesto por Q148 mil 526 millones del 2025 que presentó el Ministerio de Finanzas y que sería ejecutado en un segundo año del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. 

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El Cien además desplegó una serie de recomendaciones a los diputados que integran la Comisión de Finanzas, a manera de que el presupuesto apoye a un Estado más transparente y eficiente, ya que en cuatro semanas se estaría presentado el dictamen, con algunas modificaciones y cambios a los techos propuestos inicialmente por el Minfin, el pasado 2 de septiembre.

Deuda para funcionamiento

El investigador Jorge Lavarreda, explicó que uno de los principales hallazgos encontrados y que generan cierta preocupación es que se estaría utilizando recurso proveniente de la deuda pública para funcionamiento y no para inversión.

Reiteró que en finanzas públicas existe una directriz denominada “regla de oro”, que para el funcionamiento de la política fiscal que el Gobierno (por medio del Minfin) debe “pedir prestado solo para invertir”.

A ese respecto en Guatemala se formalizó la adopción de una versión “laxa” de esa “regla de oro” en artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que expone que no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos.

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Entonces, según la ley vigente el endeudamiento público solo debiera utilizarse para gastos de inversión y para pagar los servicios de la deuda pública. 

El Cien logró determinar que alrededor del 13.1% del endeudamiento planteado en el presupuesto iría para funcionamiento y 2% para recurso humano. Ambos indicadores, solo se incrementaron en el 2020-2023 que estuvo asociado a la emergencia sanitaria, ya que para funcionamiento se elevó a 12.9% y para recurso humano 7.3%.

Funcionamiento versus inversión

El análisis del Cien también reveló el crecimiento de la brecha entre funcionamiento e inversión.

Por ejemplo, que la mayor parte ha correspondido al gasto de funcionamiento y que el mismo ha mostrado una tendencia hacia alza ya que pasó del 7.6% del producto interno bruto (PIB) como promedio en el periodo 2004-2007 a un 10% del PIB para 2020-2023.

“Se ha sacrificado la inversión pública por funcionamiento”, remarcó Lavarreda.

Para 2025 se programa 10.6% del PIB para funcionamiento; 3.2% de inversión y 2.1% para servicio de la deuda pública, por lo que el presupuesto alcanzaría 15.8% del PIB. 

Entonces, para el siguiente año la iniciativa implicaría el inicio del cambio de la tendencia a la baja en la participación de gasto de inversión, al situarse 20% y 66.6% de funcionamiento.

Desglose

Al realizar una distribución de cómo queda la contratación de nueva deuda en el presupuesto para 2025, el 47.1% se destinará para funcionamiento, 32% para inversión y 20.9% para servicios de la deuda pública, en la parte de los egresos.

En colocaciones internas (bonos del tesoro) por Q25 mil 104 millones, el 47.9% se dirigirá para funcionamiento, 29.2% para inversión y 22.9% para servicios de la deuda. Lavarreda resaltó que se trata de un “monto extraordinariamente alto”, lo que se propone.

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“No es que sea bueno o malo; depende el uso de la deuda”, consideró el investigador.

En la contratación de préstamos externos por Q2 mil 406 millones el 60.8% va para inversión y 39.2% para funcionamiento.

En total (que agrupa bonos y préstamos), de los Q27 mil 510 millones el 47.1% iría para funcionamiento, 32% para inversión y 20.9% para servicios de la deuda pública.

Educación pide Q25 mil millones

La ministra de Educación Anabella Giracca acudió ayer a la Comisión de Finanzas a fundamentar el requerimiento presupuestario por Q25 mil 649 que el más grande de los ministerios.

Los principales destinos de la asignación presupuestaria son para cumplir con el remozamiento de 10 mil escuelas, el programa de alimentación escolar, las nuevas contrataciones de personal docentes para el nivel medio, educación física, la adquisición de libros de texto, tecnología integral, conectividad para los aprendizajes.

Además, el componente de las becas de inglés, educación primaria y secundaria para garantizar la permanencia de la población estudiantil.

Medición real

El análisis del Cien sobre sale que para contar con una medición más realista de los ingresos se debe actualizar la información macroeconómica, ya que están elaborados en abril último con un escenario medio.  Para ello requieren que se pueda conocer información más actualizada, sobre todo en las cifras de recaudación tributaria.

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“La estimación de los ingresos tributarios se llevó a cabo con el escenario macroeconómico medio del 29 de abril del 2024; se estimó el cierre de los impuestos en 2024 a cargo de la SAT en Q101 mil 627 millones que es a partir de la recaudación observada de enero a abril y estimó de mayor a diciembre”, declaró.

Por otro lado, se fijó una meta de medidas administrativas de Q2 mil 424 millones para 2025, quedando en Q108 mil 737.5 millones la recaudación a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que servirá para financiar el gasto. ¿Cuál es el modelo y los supuestos que respaldan la estimación de cada uno de los impuestos de los ingresos tributarios? ¿Cuál es el fundamento técnico de la estimación de las medidas administrativas? Fueron algunas de las interrogantes que planteó Lavarreda.

Recomendaciones

Finalmente, el referido centro de investigación anotó varias recomendaciones para los integrantes de la Comisión de Finanzas, de las cuales sobresalen las siguientes:

• Estimar los ingresos tributarios para el 2025 a partir de escenarios macroeconómicos más actualizados y datos observados más recientes.
• Cambiar una metodología que se ha centrado en la ejecución financiera hacia una de resultados y una adecuada vinculación plan-presupuesto.
• Advierten la necesidad de revisar al detalle y corregir el articulado de la iniciativa, y corregir las deficiencias. En ese sentido, no incluir artículos en la Ley anual del presupuesto que impliquen excepciones a la legislación vigente o que legislen materia que corresponde a otras normativas. También, mejorar la redacción de los artículos de los Capítulos II que se refieren a Presupuesto por Resultados y Transparencia y Calidad del Gasto.
• Modernizar una agenda de reformas legales que sustituya la mala práctica de legislar mediante la Ley anual del presupuesto.
• Promover cambios institucionales para avanzar hacia la construcción de un sector público de cara a los desafíos del Siglo XXI.

Retoman discusión del presupuesto 2025 con miras a modificar techos presupuestarios y la deuda bonificada

Ministerios de Gobernación, Economía, Ambiente y Relaciones Exteriores presentaron sus argumentos en la Comisión de Finanzas del Congreso que celebra las audiencias públicas, previo a emitir dictamen.

Urias Gamarro

15 de octubre de 2024

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05:00h

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Las autoridades el Ministerio de Gobernación exponen los requerimientos por Q8 mil 220 millones para el ejercicio 2025. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Representantes de la Comisión de Finanzas como de la junta directiva, ya perfilan que habrá modificaciones, tanto en el techo requerido como una reducción en la deuda bonificable y reducir el déficit fiscal que se plantea por 3.1%, que es el principal “ruido” que se escucha en el Legislativo. 

Luego de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones en las últimas tres semanas, la actividad volvió a la normalidad en el Congreso de la República, y ahora el enfoque es en la continuidad de la discusión del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos que el Ejecutivo planteo por Q148 mil 526 millones para el ejercicio fiscal 2025.

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La diputada Sonia Gutiérrez Raguay quien integra la actual junta directiva, aclaró que hay una disposición de aprobar un nuevo proyecto de gasto para el siguiente año, pero se están revisando algunos temas que son de mayor interés, sobre todo para los diputados distritales.

En las reuniones que han sostenido con las diferentes bancadas, la principal coincidencia es el monto propuesto (Q148 mil 526 millones) que es alto “y todo dependerá de los ajustes, de poder disminuir y la otra preocupación es poder reducir la deuda que es el sentir de varias bancadas”, apuntó.

La iniciativa de gasto para un segundo año de mandato del presidente Bernardo Arévalo que envió el Ministerio de Finanzas (Minfin) plantea la contratación de Q25 mil millones de deuda bonificable, así como un déficit fiscal de 3.1% por unos Q29 mil 412 millones.

“El tema de la deuda es uno de los que está causando mucho ruido para muchas bancadas, y el planteamiento de algunos es que se pueda disminuir el techo presupuestario de la propuesta y por lógica de la deuda. Repito serán los acuerdos que se alcancen”, afirmó.  

La posición de la representante de la junta directiva y que se suma a lo expresado por los representantes de los centros de investigación económica que el pasado 26 de septiembre expusieron en la Comisión de Finanzas, sobre las implicaciones del exceso en la contratación de la deuda bonificable, así como del aumento de déficit fiscal.

Futuras modificaciones

Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas, declaró que una de las dinámicas es poder escuchar a los ministros y titulares de las diferentes dependencias, para conocer cómo fundamentan sus presupuestos, las ampliaciones y modificaciones presupuestarias para el siguiente año.

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“El monto del presupuesto, seguramente va a variar; unas cosas van a bajar y otras van a subir. Cuantas van a bajar o cuantas van a subir, aún no lo sabemos todavía”, advirtió Estrada Domínguez, quien reiteró que la fecha del dictamen estaría entre el 10 al 15 de noviembre.

Entre las dudas que mantiene los miembros de la Comisión al proyecto del presupuesto, están, que se le quitó el limité a las contrataciones y montos por renglón 029; el uso de viáticos y consumo para funcionarios públicos; reglas para las contrataciones de estudios de forma directa para la banca multilateral y organismos internacionales muy abiertas; asignaciones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la adquisición de maquinaria, y las asignaciones para funcionamiento que están creciendo de manera importante en los ministerios de Agricultura, Salud y Desarrollo Social.

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre conocer el proyecto del presupuesto para el siguiente año por ley, así como la facultad de hacer modificaciones.

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El Gobierno plantea, de forma preliminar, un presupuesto de Q148 mil 685 millones para el 2025

El aumento del gasto público para el próximo año sumaría Q31 mil 818 millones o 27.2% más que el presupuesto vigente, según el documento Informe Preliminar 2025.

Urias Gamarro

2 de agosto de 2024

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El Gobierno plantea un incremento de la deuda publica en las cifras preliminares del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2025. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los primeros lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que ejecutaría la administración del presidente Bernardo Arévalo el próximo año ascendería a Q148 mil 685.5 millones que sugiere un incremento del 27.2% respecto al vigente, que es el mismo del 2023, según el documento “Informe Preliminar 2025 acerca del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, y Multianual 2025-2029”, del Ministerio de Finanzas (Minfin).  

Exactamente en 30 días, por ley el Ejecutivo deberá presentar el proyecto de ley del presupuesto estatal para el próximo año y la preparación de las cifras preliminares se da en un marco coyuntural, ya que el pasado 29 de julio se informó sobre la colocación de Eurobonos por US$1 mil 400 millones (unos Q10 mil 836 millones) y el pasado miércoles, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso votó para que se emita un dictamen desfavorable a una solicitud de ampliación por Q14 mil 451 millones que el Gobierno presentó junio pasado.

Los techos

El informe hace un despliegue de las cifras y al comparar con el presupuesto vigente de Q116 mil 886.8 millones, el gasto subiría en Q31 mil 818.7 millones, al situarse en Q148 mil 685 millones.

En el planteamiento, 13 ministerios tendrían incrementos a excepción del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para el que se plantea una reducción de Q142 millones.

Las cinco carteras con las mayores asignaciones serían:

• Educación: Q25 mil 650 millones.
• Salud: Q15 mil 200 millones.
• Gobernación: Q8 mil 220 millones.
• Comunicaciones: Q10 mil 68 millones.
• Defensa: Q3 mil 860 millones.

Estas cinco instituciones en su conjunto suman Q62 mil 999 millones, que equivalen al 42.3% del monto total.

El documento sostiene que para la formulación del proyecto de presupuesto 2025, se trabaja con “un escenario conservador de las principales variables, sustentadas en las estimaciones elaboradas por el Banco de Guatemala (Banguat) en el escenario medio de la estimación de cierre 2024 y escenario medio para 2025 a 2029”.  Se toma como referencia un producto interno bruto (PIB) real de 3.7% para 2025 y de 7.1% de PIB nominal; las importaciones con un crecimiento del 8% y las exportaciones con un alza de 6.5%.

Otros techos

Otras asignaciones relevantes en el documento son: Obligaciones a cargo del Tesoro, donde se incluyen los aportes constitucionales a municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo, Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, entre otras dependencias, con un monto de Q52 mil 516 millones (28.2% más), para un aumento de Q11 mil 564 millones respecto al vigente.

También el pago del servicio de la deuda pública, con un incremento del 23.6% al pasar de Q16 mil 141 millones a Q19 mil 96 millones. Para las secretarías y otras dependencias, la propuesta es de Q1 mil 872 millones, que supondría un incremento del 29.6% con Q428 millones.

Ingresos y deuda

En la parte de ingresos se plantea una recaudación tributaria de Q109 mil 302 millones; un endeudamiento público interno de Q25 mil 419 millones y endeudamiento público externo por Q2 mil 568 millones, por lo que el déficit fiscal alcanzaría el 3.2% del PIB. Se proyecta una carga tributaria del 11.7%.

Por último, el saldo de la deuda pública -que registra la interna y externa- se ubicará en Q252 mil 937 millones.

Prioridad: la ampliación

En breve respuesta a la consulta de Prensa Libre sobre esta propuesta preliminar, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, respondió textualmente: “Estamos trabajando el proyecto de presupuesto todavía, así es que los datos que podamos presentar son susceptibles de cambio. En este momento estamos concentrados en que el Congreso apruebe la ampliación presupuestaria, pues con ello podremos avanzar este año con todas las obligaciones del gobierno central”.

Varias observaciones

Representantes de los principales centros de investigación económica reaccionaron a la propuesta, de la siguiente manera:

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que por el lado de los ingresos se continúa con una estimación conservadora, usando el escenario medio del Banguat; y por el lado de los egresos se proponen un incremento que implicaría un alto déficit fiscal. 

La mayor parte del incremento va para Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y luego Comunicaciones, lo que hace suponer que buscan cumplir su promesa de incrementar la participación de la inversión pública; le seguiría el servicio de la deuda, tomando en cuenta el  protagonismo de los intereses (pagos); y finalmente los incrementos se concentrarían en los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo y Trabajo, por lo que habrá que esperar el proyecto de ley, para ver qué explica esos incrementos.

Más endeudamiento

Para Érick Coyoy, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el saldo de la deuda pública aumentará de Q235 mil 946 millones registrados en julio luego de la colocación de los Eurobonos a Q 252 mil 937 millones en 2025.

Esto es un incremento de 7% y “aunque la deuda se encuentra en niveles manejables en la actualidad, no es sostenible esa dinámica de pretender financiar gastos con deuda de manera permanente. En algún momento la capacidad de pago (que son los ingresos fiscales), quedará comprometida”. Sostuvo que la deuda debiera aumentar en menores porcentajes que los ingresos, para que se asegure la sostenibilidad.

Entonces, el aumento de la deuda que se propone para 2025 es principalmente por medio de bonos del Tesoro y prácticamente se duplica el monto de nuevas emisiones respecto al monto vigente para 2024, que es de Q12 mil 499 millones y llega hasta los Q25 mil 419 millones.

“El endeudamiento por medio de bonos es más caro que los préstamos de los organismos internacionales y los plazos de pago son mayores, por lo que debiera aprovecharse las ofertas de nuevos créditos que hacen el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las entidades ejecutoras prefieren usar recursos de bonos porque no hay controles de eficiencia y transparencia, como los exigen los bancos internacionales, pero el país paga esa deuda con tasas de interés bastante mayores”, explicó.

Por el lado del gasto, recalcó que hay varios ministerios con aumentos porcentualmente mayores (70% para Trabajo, Comunicaciones y Desarrollo Social y 96% para Economía), por lo que será importante aplicar reformas inmediatas para mejorar la capacidad de ejecución.

“Especialmente es necesario que cumplan con el mandato de la Ley Orgánica del Presupuesto para ejecutar un esquema de presupuesto por resultados, el cual implica no solo programar metas para los programas de gasto, sino realizar el seguimiento y evaluación necesarios para dar cuenta de los resultados que se alcanzan con esos recursos”.

Ingresos reales

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), prefirió no adelantar un criterio hasta conocer la versión final que se presentará al Congreso, “pero en general, en comparación con los últimos cuatro años, la base de cálculo para la proyección de ingresos tributarios, no del presupuesto vigente, sino estimaciones técnicas, realistas y de cómo cerrará 2024”.

El documento oficial expone que este año se espera cerrar con una recaudación de Q101 mil 627 millones. “Para proyectar los ingresos tributarios del 2025, esperamos que las autoridades no utilicen un presupuesto que ya sabemos que está mal calculado, sino estimaciones reales, y no subestimados”, apuntó.

Aunque no especificó el monto de las ampliaciones, el ministro Jonathan Menkos Zeissig, confirmó ayer que estas “permitirán reconocer recursos adicionales logrados en términos de recaudación y acercar el presupuesto a las metas y objetivos que el gobierno se planteó en su primer año”.

Durante la presentación del informe “Rendición de Cuentas”, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Marco Livio Díaz Reyes, confirmó que la recaudación durante el ejercicio fiscal 2023 fue de Q95 mil 27.2 millones, para una ejecución del 110 por ciento equivalente a Q9 mil 262 millones sobre la meta de Q85 mil 765 millones, con lo que se alcanzó una carga tributaria del 12% del producto interno bruto (PIB).

A decir del ministro, esto significa recursos adicionales para educación, salud, gobernación y mantenimiento de carreteras y caminos.  “No me gustaría precisar el monto en este momento porque todavía lo están afinando los equipos y lo más seguro es que se presente en las próximas dos semanas”, indicó.

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Por ley, las ampliaciones y modificaciones al presupuesto general deben ser aprobadas por el Congreso, y en este caso, la apertura del presupuesto el pasado 3 de enero, fue por un monto de Q116 mil 130.6 millones, -que corresponde al decreto 54-2022, más las ampliaciones aprobadas en 2023-, ya que la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la ley del presupuesto 2024 que había sancionado y publicado el expresidente Alejandro Giammattei.

El funcionario añadió que todos los ministerios y otras dependencias, están en el proceso de revisión de sus presupuestos, que corresponden al 2023, para tener claro lo que se puede hacer en este año, así como de cuidar que se mantengan los niveles de inversión.

Evaluación

El Directorio de la SAT, integrado como presidente por el ministro Menkos Zeissig, y los directores Adriana Estévez Clavería y Alejandro González Portocarrero, llevarán a cabo la evaluación para la continuidad o no del superintendente Díaz Reyes, lo que por ley debe hacerse el 31 de enero, como fecha máxima.

“Como todos los años vamos a evaluar el logro de las metas de recaudación, el cumplimiento de los objetivos del superintendente que conllevan ciertos elementos que se van configurando durante el año y el nivel de recaudación es uno de los elementos más importantes de la evaluación; por ese lado, los resultados han sido muy buenos y superan la meta”, apuntó.

En tanto, ayer trascendió la dimisión del Intendente de Recaudación, José Fernando Suriano Buezo, quien ocupa el cargo desde 2018 y pasaría a dirigir otra institución pública. La semana pasada, también se confirmó la salida del exintendente de Aduanas, Werner Ovalle, quien hoy es viceministro de Gobernación.

Riesgo país

Durante la actividad, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, informó que delegados de la agencia de calificación de riesgo-país Fitch Ratings, realizan una visita al país este miércoles, mientras que en mayo se espera a Moody´s.

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Explicó que la visita de Fitch tiene como propósito conocer de primera mano cómo cerró la economía en 2023 y cuáles son las expectativas para 2024, para efectos de su seguimiento.

“Las principales variables que se analizan son el crecimiento económico, el comercio exterior, la inversión, remesas familiares, gasto público e ingresos fiscales, la cuenta corriente de la balanza de pagos, entre otros. También analizan el desempeño de las políticas monetarias y fiscales en 2023 y su evolución prevista para el presente año. Vale subrayar que esta no es una visita de evaluación de la calificación, sino de seguimiento”, concluyó.

Hasta la noche del 31 de diciembre, cuando concluye el año fiscal, la CC no dio a conocer resolución alguna, en definitiva, en cuanto a la suspensión temporal que emitió por un amparo el pasado 15 de diciembre, por lo que los montos de asignaciones y las normativas -administrativas y operativas- que acompañan en ley se estarán realizando con las realizadas en 2023, y sobre todo que serán ejecutadas por las nuevas autoridades de gobierno que asumirán en 13 días.

Precedente

Por primera no cobrará vigencia un instrumento presupuestario estatal aprobado por el Legislativo y publicado en el Diario de Centro América, pero quedó interrumpido de manera temporal por la máxima autoridad constitucional, lo que generó un clima de incertidumbre para las instituciones que reciben fondos públicos sobre que previsión trabajar, así como legal a pocos días de concluir el recién pasado año fiscal.

Se le conoce como apertura del presupuesto a que todo el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), en la cual se hace bajo un monto que brinda la certeza para operarlo desde el punto de vista de ingresos y gastos, que cuenta con un máximo nivel de detalle que consiste en miles de miles de partidas y renglones por cada institución, que en este caso se realizará con las cifras establecidas en el decreto 54-2024.

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Además, se agrega las ampliaciones de gasto que aprobó el Legislativo para el subsidio a la tarifa social de energía, gas propano de licuado y para el programa de Adulto Mayor.

Este martes por ser asueto oficial en el sector público, la apertura del presupuesto se realizará mañana miércoles 3 de enero y el Siaf trabajará con las cifras del 2023 ya que se tendrán que realizar los primeros registros y computarlos, insistieron las autoridades.

El único precedente al respecto se tiene para el 2020 -primer año de gobierno de la administración del presidente Alejandro Giammattei- en la cual el Congreso aprobó un nuevo presupuesto para el 2021, pero días después de ratificar los diputados mismos ordenaron archivarlo.

¿Cómo queda la apertura?

Prensa Libre entrevistó a Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, quien explicó que es algo que nunca había ocurrido, en el sentido que había un presupuesto aprobado por el Congreso para un siguiente año fiscal, pero que por un amparo provisional quedó suspendido temporalmente por la CC.

Aclaró que se estuvo esperando “lo que sucediera hasta la noche del 31 de diciembre, para conocer alguna resolución y como Finanzas se trabajó con dos escenarios: uno con el decreto 54-2022 -que es el vigente- y la otra opción, se conocería alguna resolución definitiva para que se le diera vida legal al presupuesto aprobado -decreto 18-2023- pero que hasta este momento no habido ninguna resolución en definitiva”.

Entonces, aseveró, que hasta este momento estaría entrando en vigor el presupuesto modificado por el Congreso y aprobado para el ejercicio 2023, y que corresponde al decreto 54-2022. En el caso, que, si hubiera existido una resolución en definitiva por la CC, el presupuesto aprobado y la apertura sería de Q124 mil 879 millones.

¿Cuáles son las cifras?

La apertura del presupuesto será de Q116 mil 130.6 millones -ya cargado en el sistema-, y según el ministro al no haber ninguna resolución definitiva por la CC, así como en función del Artículo 171 de la Constitución así se estaría abriendo el ejercicio fiscal para ejecutar en 2024:

• El presupuesto original aprobado: Q115 mil 443.7 millones
• Total, de ampliaciones presupuestarias aprobado: Q686 millones

En las ampliaciones del presupuesto que legalizó el Congreso en 2023 y quedaran vigentes fueron:

• Subsidio a la energía eléctrica usuarios de la tarifa social: Q197 millones
• Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano: Q150 millones
• Ampliación para mayor cobertura del Programa Adulto Mayor: Q339 millones

Eso significa que serán espacios presupuestarios disponibles en los cuales podrán maniobrar las futuras autoridades para hacer reorientaciones a sus planes o prioridades, ya que cobran vigencia por ser ampliaciones bajo decreto.

¿Qué implicaciones tiene?

Mañana que es el primer día hábil del Ejecutivo, habrá y registrar las primeras asignaciones de gasto público, sobre todo para los fondos rotativos para los Ministerio de Salud y Educación, los pagos de servicios, y se tiene que asignar un presupuesto.

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Martínez Cameros, también reveló cuáles serán las implicaciones, y expresó que, para todas las instituciones del sector público, es que cuentan con el mismo techo de presupuesto de financiamiento e ingresos que es el mismo monto del año pasado, por lo que no hay ningún cambio sustancial.

“Se arranca el presupuesto de la misma forma que ocurrió en el 2023, ahora con la diferencia de las tres ampliaciones” precisó el funcionario.

Para los temas de inversión, implicará que se tendrá que hacer una reprogramación de obras, ya que las obras que están en el presupuesto 2023, buena parte de estas ya fueron ejecutadas, y otras cuentan con un avance físico elevado, y cada institución que tiene a su cargo realizar inversión pública tiene que programar las obras, y existe un procedimiento legal a seguir en esa reprogramación.

El ministro apuntó, que más que técnico en esta situación del inicio del gasto 2024, es más legal.

Lo que viene

Una vez la apertura del presupuesto 2024, el ministro comentó que las medidas de readecuaciones y decisiones presupuestarias que se pueda adoptar, ya sería del nuevo gobierno -del presidente electo Bernardo Arévalo- y en caso de la actual administración de esa cartera, no se dejará algo adelantado “sino que ellos en su plan de trabajo puedan tomar las decisiones y los ajustes que consideren presupuestarios, que también les tocará hacerlos en función de lo que la ley vigente les indica”.

Irreversibles cambios

Para Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la situación actual del presupuesto 2024, como producto del otorgamiento del amparo provisional de la CC es un poco incierta, dado a que este ente aún debe emitir una sentencia, la que puede confirmar o rechazar en definitiva el amparo, lo que ocasiona, conforme las diferentes visiones jurídicas, incertidumbre sobre la operativa que debiera seguir la cartera del Tesoro.

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Explicó que, según el Icefi, si la CC no emite sentencia -en definitiva- antes del 1 de enero, y siguiendo las disposiciones de la CC y la Ley Orgánica del Presupuesto, debiera entrar en vigor operativa, dado a que Finanzas debe estar listo para iniciar el año, el presupuesto 2023, y empezar a funcionar de esa forma.

Pero si la sentencia de la CC es posterior al 1 de enero, crea una laguna, ya que operativamente el Minfin, ya habría iniciado funciones, como corresponde, con lo planificado para 2023 “y se volvería un caos replantear nuevamente la situación sobre la marcha”, por una acción tardía de la CC, especificó el analista.

Al entender del Icefi, lo mejor es que la CC emita una sentencia que confirme el amparo y se considere ilegal el procedimiento de aprobación del presupuesto 2024, lo que además de darle una mayor certeza al trabajo del Minfin, haría más transparente, más ágil y apropiado el presupuesto para el nuevo Gobierno.

Para el exministro de Finanzas, Alfredo del Cid Pinillos, en términos generales, las instituciones de Gobierno Central, como entidades autónomas, oenegés y fundaciones que habían tenido incrementos para el 2024, ahora tendrán que manejar sus planes al presupuesto 2023 y hacer su plan simultáneamente al presupuesto 2024, es decir tener listo cualquiera de los dos, lo cual genera incertidumbre por el cambio de Gobierno, “y la CC le deja un gran problema a un nuevo gobierno que le tomará tiempo ajustarlo a sus planes”.

El politólogo independiente Douglas González, recordó que el presupuesto aprobado por el Congreso para el ejercicio fiscal 2024 que se encuentra suspendido por la CC, desde antes de su aprobación, diferentes organizaciones y analistas hicieron ver que se adolecía de inconstitucionalidades y de rigor técnico.

Las medidas urgentes

Los especialistas consultados también trazaron a consideración una hoja de ruta de medidas urgentes que el Gobierno que asumirá a mediados de mes debe poner práctica desde el punto de vista presupuestario:

• Ajustar su plan de gobierno a las asignaciones aprobadas, y dar a conocer los ajustes efectuados para que la población no genere expectativas hacia programas y proyectos que no podrán ejecutarse.
• Revisión inmediata de la relación insumo-producto de todos los Ministerios y Secretarías para la identificación de los resultados y productos que se ofrecen a la población, con respecto a los montos asignados. En forma simultánea, y luego de la revisión, eliminación de todos los programas que no ofrezcan resultados o productos de interés para la población, lo que incluye pagos extraordinarios a funcionarios y otros.
• Evaluación inmediata de todos los procesos de contratación de personal en los renglones 022, 029 y similares, para verificar la pertinencia de la aprobación y establecer, en el evento que no se pueda eliminar de forma inmediata la verificación de resultados y productos para su evaluación posterior.
• Revisión de las últimas decisiones del actual Gobierno tendientes a poner una carga sobre la caja: como plazas, guardaespaldas para funcionarios y procesos de licitación en marcha.
• Crear un decreto presupuestario 2024 de ajuste de manera urgente para que no se afecte la prestación de servicios públicos en perjuicio de la población; así como realizar las transferencias necesarias para acomodar los recursos disponibles a las disposiciones de política del nuevo gobierno.
• Definir las prioridades de inversión sobre los recursos que queden en saldos se caja que serán de Q8 mil millones y con ello se podrían apalancar programas con un potencial alto impacto para que el Gobierno pueda presentar resultados lo más pronto posible. Con ese saldo de caja incrementar las asignaciones reducidas en 2023 de las entidades que brinden servicios necesarios a la población, como es caso los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, municipalidades entre otros, o solicitar una ampliación del presupuesto 2024.
• Dictaminar normas estrictas de transparencia, calidad del gasto, combate a la corrupción y austeridad con miras a cerrar los flujos que drenan los recursos del Estado.
• Revisión de las metas de la SAT para acomodarlas al valor efectivo de recaudación y no a lo considerado estrictamente en el presupuesto, dado a que, durante los últimos cuatro años, las metas han estado subestimadas, lo que limita la acción del Estado por falta de una planificación apropiada de los ingresos.
• Convocar para generar un gran acuerdo nacional a las posibilidades reales de ejecución de los principales programa y proyectos debidamente priorizados y de impacto, en beneficio de la población guatemalteca.

Con esta publicación, concluye el proceso de aprobación del plan de gastos y la apertura de la ejecución será el próximo 2 de enero (a pesar de que la ley cobra vigencia un día antes), en medio de una persistente inestabilidad en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), que ha reportado fallas desde el 26 de noviembre pasado.

En una conferencia de prensa realizada el jueves, el ministro de Finanzas Edwin Martínez Cameros, explicó que el Siaf está operando con normalidad, pero cuando hay alertas e indicios de ciberataques, se implementan medidas de resguardo, y es lo que ha estado ocurriendo.

Desglose

Fuentes de financiamiento, asignaciones de gasto, pago del servicio de la deuda y normas presupuestarias constituyen el contenido del decreto mencionado y en la parte de ingresos, se programaron Q103 mil 371 millones como ingresos corrientes (82.7%) de los cuales, Q98 mil 533 millones provienen de recaudación tributaria; por fuentes de financiamiento, Q21 mil 987 millones y por ingresos de capital, Q74 millones.

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Par contratación de nueva deuda pública interna -bonos del Tesoro- se establece un monto de Q10 mil 587 millones, aparte de Q3 mil 84 millones como fuentes externas -préstamos-. Como saldo de caja fiscal se calcularon Q7 mil 761 millones.

Las autoridades de la cartera de Tesoro indicaron recientemente que se estaría dejando un saldo de caja de Q8 mil millones, ya que se cuenta con una recaudación excedente de unos Q8 mil 500 millones hasta noviembre.

En la parte de gastos, para funcionamiento el techo es de Q82 mil 732 millones (66.2%), principalmente para pago de salarios a los burócratas, compras de insumos y equipo; Q23 mil millones se asignan a inversión y Q18 mil 778 millones para el pago del servicio de la deuda pública.

Eso significa que el presupuesto responde a destinos específicos de gasto ya comprometidos por ley  y queda escaso margen de maniobra para las nuevas autoridades de gobierno.

De ahí, el llamado de varios sectores al mandatario Giammattei -que entregará el cargo el 14 de enero- a vetar el decreto, a lo que se hizo caso omiso.

Las mayores asignaciones

Por ministerios, el de Educación tiene la mayor asignación con Q23 mil 83 millones, seguido por Salud con Q12 mil 162 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con Q8 mil 806 millones; Gobernación, Q7 mil 557 millones; y Defensa con Q3 mil 502 millones.

En su conjunto esas instituciones acumulan una asignación de Q55 mil 110 millones o sea el 44.1% del total.

El ministerio de Energía y Minas y la Procuraduría General de la Nación (PGN) son las instituciones que tendrán menos recursos con Q101 millones y Q188 millones, respectivamente.

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Para Obligaciones a Cargo del Tesoro, se presupuestaron Q41 mil 989 millones y ahí se cargan los situados constitucionales para la Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Ministerio Público, Municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo y otras instituciones descentralizadas.

Para servicios de la deuda pública son Q18 mil 778 millones y para Secretarias y otras dependencias,  Q1 mil 452 millones.

Lamenta decisión

La publicación del referido decreto ha generado diversas reacciones, las que coinciden en que este presupuesto pondrá en aprietos a las futuras autoridades del Ejecutivo.

Abelardo Medina, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que este instrumento no atiende las necesidades de la población más necesitada y significa cerrar las esperanzas de los ciudadanos por una mejora en sus condiciones de vida en el corto plazo, aparte de poner en riesgo la solvencia financiera del Estado.

Afirmó que abre muchos espacios de corrupción que harán difícil la tarea del nuevo gobierno, el que tendrá que hacer su mejor esfuerzo por establecer algunas alianzas en el Congreso para eliminar las asignaciones espurias, como el financiamiento a muchas oenegés.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), reiteró que los cambios aprobados con relación a la versión originalmente presentada por el Ejecutivo provocan mayores rigideces, opacidad, espacios de discrecionalidad y dificultades de ejecución.

Entre los hallazgos claves que riñen con lo que establece la Ley de Presupuesto, hay asignaciones discrecionales que no cuentan con fundamento técnico. Por ejemplo:

• Artículo 116: Se asignan al CIV Q2 mil 536.39 millones que estaban destinados a pagar bonos del Tesoro, las pérdidas del Banco de Guatemala y para financiar otras entidades (Q1 mil 100 millones para Covial; Q900 millones a la Dirección General de Caminos; Q446.39 millones al Fondo Social de Solidaridad y Q90 millones para la Unidad de Construcción de Edificios. Y en el articulo 122, de los fondos anteriores, se establecen 407 asignaciones prioritarias que el CIV deberá privilegiar.
• Artículo 118: Se destinan más de Q1 mil millones a oenegés.
• Artículo 119: Se asignan Q350 millones para traslado de personal contratado temporalmente al renglón 011 personal permanente y para mejoras salariales en el Ministerio de Salud.
• Artículo 130: Establece Q400 millones adicionales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Q280 millones al Ministerio de Salud, Q95 millones al Ministerio de la Defensa y Q30 millones al Ministerio de Agricultura.
• Artículo 121: Impide reducir recursos asignados a siete entidades que son: Gobernación, Defensa, Educación, Salud, Desarrollo, Agricultura y Ministerio Público.

Por otro lado, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) también planteó algunas observaciones al presupuesto:

• El déficit fiscal planteado en el proyecto de presupuesto se situaría en 1.7% del PIB, para 2024, toda vez que las autoridades apostaron por una mejora en la recaudación en 2022 y en 2023, lo cual es congruente con el esfuerzo de consolidación fiscal -con el que el gobierno afirma estar comprometido- y que busca mantener un déficit de 2% del PIB, considerado como aceptable en términos de sostenibilidad fiscal. En ese sentido, los ingresos totales equivaldrían a un 12.3% del PIB, mientras que los gastos totales (sin incluir amortizaciones por pago de deuda) representarían el 14% del PIB.
• Continúa un aumento creciente del presupuesto destinado a funcionamiento (65% del total) y al servicio de la deuda (16.6% del total), en detrimento del gasto destinado a inversión (18.4%). En ese contexto, resulta errado e improcedente que parte del financiamiento obtenido con bonos se destine a financiar gasto corriente (como el aporte económico al adulto mayor, programas del INAB, funcionamiento del MP y resarcimiento de Chixoy), pues ello contraviene lo preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto. Esos gastos (que en el proyecto de presupuesto para 2024 superan los Q3,200 millones) deberían ser financiados exclusivamente con ingresos ordinarios.
• Debido a las asignaciones fijas de la Constitución y otras leyes, el presupuesto se ha vuelto extremadamente rígido, pues apenas existe flexibilidad para implementar políticas públicas e inversión por parte del ejecutivo de solo un 12% del presupuesto, lo que implica que el 88% de los ingresos ya se encuentra comprometido de antemano. “Preocupa que las transferencias a entidades públicas (como municipalidades o consejos de desarrollo – entre otras-, cuyo gasto suele estar divorciado de las políticas de Estado) consuma más del 33% del presupuesto. Por otra parte, el pago de la deuda pública consume un 17%”.
• Desde hace varios años la prioridad en el gasto público ha sido el rubro de funcionamiento, en detrimento de la inversión. Destaca el incremento sostenido de la planilla de los servidores públicos (que ha pasado de un 31% del presupuesto en 2022 a un 35% en el proyecto de 2024), situación que requiere de una corrección estructural, empezando por realizar una revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas, así como considerar el efecto que tienen los distintos pactos colectivos de condiciones de trabajo.

Sugieren cambios urgentes

Al preguntar sobre las principales recomendaciones, el representante del Icefi es de la idea que al margen de la necesidad de alianzas en el Congreso, se permita reformar el uso de los recursos y calidad del gasto, revisar todas las asignaciones y las diferentes contrataciones existentes.

También readecuar las metas de recaudación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en función de los valores reales esperados y no de lo que contiene el decreto 18-2023.  También es importante el análisis del flujo de caja para que el gobierno garantice el pago de los servicios y bienes de funcionamiento importantes, sobre todo de los sueldos y salarios públicos, pero también para que, en la medida de lo posible, se evite la posibilidad de caer en impago de la deuda.

“Esto, entre mucho esfuerzo que tendrá que hacer el nuevo gobierno para combatir los focos de corrupción actuales”, concluyó.

A 85 días de que el Ministerio de Finanzas (Minfin) entregue al Congreso el proyecto de ley de presupuesto estatal correspondiente al 2024, su titular Edwin Martínez Cameros, especificó que el techo presupuestario quedó en Q124 mil 602 millones, con base en un escenario bajo de crecimiento económico, aunque equivale a un incremento de 8% respecto al presupuesto de este año aprobado por un monto de Q115 mil 443 millones ­(aunque hay una modificación de Q2 mil 716 millones, por lo que la cifra vigente es de Q118 mil 159 millones).

El proyecto del presupuesto se desarrolla en medio de un ciclo económico-político dado que en dos semanas se realizarán los comicios generales para elegir a nuevas autoridades de gobierno, diputados y alcaldes que tomarán posesión en enero del 2024.

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Martínez Cameros justificó las cifras que sustentan el proyecto del presupuesto luego de realizar una presentación en el Palacio Nacional de la Cultura, en la que se dieron a conocer las cifras a los responsables de planificación financiera de las instituciones que reciben los recursos públicos.

En principio, la propuesta mantiene rigidices, en el sentido de que se destinan las proporciones para: funcionamiento con 68%, inversión 17% y saldo de la deuda 16%, una estructura que se ha mantenido en los últimos años.

“Básicamente este incremento se da por el aumento en la estimación de ingresos tributarios en Q98 mil 533 millones, que representa un 11.7% de carga tributaria en relación con el producto interno bruto (PIB). Estamos trabajando con el escenario bajo de crecimiento económico que nos permite este indicador y con un déficit fiscal de 1.9% del PIB”, expresó el funcionario.

El PIB nominal con que se presentaron los techos es de Q843 mil 97 millones; el déficit fiscal quedaría en Q15 mil 815 millones; disminución de Caja Rec. del Tesoro por Q7 mil 500 millones y otros saldos de caja por Q261.8 millones .  Por donaciones internas se prevén ingresos de Q12.6 millones y por donaciones externas, Q53.8 millones.

En endeudamiento se plantean Q13 mil 426 millones, de los que Q10 mil 91 millones son bonos del Tesoro (75%) y Q3 mil 334 millones son préstamos (25%) con organismos financieros internacionales. Algunos están en gestión y otros que aún están pendientes de discusión en tercera lectura en el Legislativo.

Para el 2024 también se planteará la ejecución de presupuesto para la ampliación de la ruta al Atlántico (CA-9, El Rancho-Teculután), que se encuentra en un grado avanzado de gestión, y otro crédito para el Ministerio de Educación (Mineduc) para equipamiento y remozamiento de escuelas públicas y adquisición de equipos.

Sobre el saldo de caja estimado, Martínez expuso que las previsiones de recaudación apuntan a un Q93 mil millones por lo que “si ese monto se supera, el saldo puede ser mayor”.

Los que más y los que menos

En los techos indicativos oficializados, la cartera que más recursos asignados es la de Educación, con Q23 mil 50 millones, y una buena parte de ese monto se destina al pago de maestros. Luego está el ministerio de Salud con Q12 mil 277 millones; Gobernación, Q7 mil 779 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Q6 mil 580 millones; y Defensa con Q3 mil 502 millones. Estas instituciones en su conjunto suman Q53 mil 188 millones, que equivale al 42.6% del plan de gasto total.

El funcionario dio a conocer que para la cartera del interior el incremento se justifica con el incremento y profesionalización de más agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), equipamiento, adquisición de equipos para la movilización de la fuerza pública. Y para el Ministerio de la Defensa, se incluyen recursos para la adquisición de movilidad terrestre, área y marítima.

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Para el caso del Mineduc, se incluye el monto para financiar el pago de los salarios de los maestros que pasaran a renglón presupuestado, así como la dotación de equipo de cómputo en escuelas y el fortalecimiento del seguro escolar.

Para Salud, el objetivo es el fortalecimiento a los programas de prevención, equipamiento y la construcción de hospitales.

En tanto que, en obligaciones a cargo del Tesoro, el monto es de Q41 mil 207 millones; pago del servicio de la Deuda Pública Q20 mil 778 millones; Secretarías y otras dependencias Q1 mil 452 millones; y para la Presidencia de la República Q200 millones.

En obligaciones a cargo del Tesoro se encuentran las asignaciones para los Consejos de Desarrollo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Organismo Judicial, que son las instituciones que más absorben del aporte constitucional, y también están todas las asignaciones de ley. Por otro lado, se deben honrar los compromisos del servicio de la deuda con los pagos de amortizaciones, intereses y comisiones.

Afinación de cifras

Una vez se dieron a conocer los techos presupuestarios y la fuente de financiamiento, los ministerios deberán trabajar sus prioridades y hacia donde se asignarán los recursos. Ello, a pesar de que hay gastos rígidos, sobre todo en el tema de sueldos y salarios, servicios como arrendamientos,  adquisición de combustibles y medicamentos.

Ahora, los ministerios deberán hacer una desagregación y presentar el próximo 17 de julio las reorientaciones; luego se planificará el Sistema de Inversión Pública en forma coordinada para incorporar los diversos proyectos.

Por último, el Minfin debe presentar el proyecto final de presupuesto el 2 de septiembre, mientras que el Congreso tendrá hasta el 30 de noviembre para conocerlo, aprobarlo o improbarlo.

Fue así como ayer continuaron las reuniones de Presupuesto Abierto 2024, en la que participaron los titulares del Minfin, Energía y Minas, Agricultura, Trabajo, Economía y Relaciones Exteriores.

Crecimiento y Recaudación

Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) dio a conocer las principales variables que se manejarán para establecer el presupuesto para el próximo año y las principales son:  una tasa de crecimiento económico de 3.5%; y una inflación de 4%, que estaría dentro del rango fijado por la Junta Monetaria (de 3% a 5%).

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Se prevé que las exportaciones estarían creciendo alrededor del 6%, las importaciones 7% y las divisas por remesas familiares 7% (con US$20 mil 500 millones). “Es decir que con esas variables se estaría alcanzando el nivel de tendencia de largo plazo.

En tanto que Fernando Suriano, intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó los escenarios de cierre de la cobranza de impuestos para 2023, que apuntan a Q92 mil 735 millones, lo que significaría un aumento de 5.5% con relación al 2022. Además, equivale a un excedente de Q6 mil 970.6 millones respecto a la meta convenida con el Minfin para este ejercicio, por Q85 mil 765 millones.

De continuar la tendencia de recaudación adicional, para el 2024 se estima una cobranza impositiva de Q97 mil 844 millones.

En todo caso, se mantiene el monitoreo de factores externos que pueden influir, como las variaciones en los precios internacionales del comercio exterior; una desaceleración del crecimiento y la resiliencia de la economía ante contextos adversos.

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Según información preliminar, el próximo viernes se presentarán los techos del proyecto del presupuesto en el Palacio Nacional de la Cultura. Por ley, el Minfin debe presentar la iniciativa de presupuesto al Congreso el 2 de septiembre.

Cierre del 2023

El vicepresidente de la banca central reiteró que, para el cierre del 2023, la proyección de crecimiento económico se mantiene en 3.5% y esa misma se prevé para el 2024. Sobre la inflación, afirmó que se esperaría un cierre del 5% a pesar de que en abril el ritmo fue de 8.32%.

Al preguntarle sobre los riesgos del presupuesto 2023, advirtió que “no pasará” -que no será aprobado-, pero aclaró que se hará lo posible de entregar “un buen proyecto de gasto”, y se ofrecerán todas las explicaciones para resolver las dudas de los diputados.

“Claramente sabemos que es un año electoral; políticamente, en los años preelectorales también es complicado que se apruebe un presupuesto. Independientemente de eso, lo que nosotros establezcamos y entreguemos como Finanzas es la ruta en la que se trabajará el próximo año y lo ideal es contar con un programa”, destacó.

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Consultados los diputados Carlos Barreda y Édgar Batres, coincidieron en que todo señala a que el presupuesto 2023, difícilmente sea conocido y que, en parte, responde las ampliaciones realizadas en el primer semestre del año, en el sentido de que el techo ampliado ya es de Q112 mil millones, lo que estaría bien para el Gobierno.

Esto, porque el presupuesto vigente les permitirá hacerle frente al año electoral de una manera cómoda y con márgenes de maniobras, aseguraron los parlamentarios de oposición.

¿Habrá plan B?

Al insistir con el funcionario cuál sería el plan alterno, respondió que es lo que indica la normativa, es decir, aplicar el presupuesto vigente, pero con la experiencia del equipo técnico, así como las líneas de trabajo para la ejecución del próximo ejercicio.

El presupuesto original que aprobó el Legislativo en noviembre del 2021 sumaba Q106 mil 229 millones, pero en el transcurso del año, los diputados han realizado una serie de maniobras entre modificaciones y ampliaciones, que según el Sistema de Contabilidad Integrada del Estada (Sicoin), totalizan Q6 mil 103 millones, hasta el momento.

Las modificaciones más importantes beneficiaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con Q3 mil 562 millones, y al Ministerio de Energía y Minas con Q2 mil 593 millones, por lo que el presupuesto vigente es de Q112 mil 33 millones, según Sicoin, y si el Congreso no lo entra a conocer, este sería el monto para el ejercicio fiscal 2023.

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Esto incluiría unos Q12 mil 500 millones de deuda bonificada, que, según González Ricci, sería menos de Q3 mil millones al 2022, luego de hacer un cambio de fuente de financiamiento por la aprobación de un préstamo por US$500 millones (Q3 mil 500 millones), que también avaló el Congreso, a propuesta de la banca oficial y diputados aliados.

Ejecución de cierre

El funcionario adelantó que, para el cierre del presupuesto vigente, la ejecución (gasto efectivo) será de 94% a 95%, debido a la adjudicación de los proyectos del CIV los fondos de emergencia.

Hasta ayer, el Sicoin indicaba que la ejecución es del 49% con un gasto de Q56 mil 137 millones, y que, en julio, sube el monto por el pago del bono 14 a los trabajadores del sector público y clases pasivas.

Maniobras y previsiones

• En el primer semestre del año, el Congreso aprobó una ampliación del plan de gastos equivalentes al 5.6% del total, que elevó el techo de Q106 mil 229 millones hasta los Q112 mil millones.
• Ese organismo también aprobó un préstamo por US$500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), así como la facultad a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para que ejecuten en el 2023, los fondos que no puedan utilizar este año en los avances de las obras a su cargo.
• Con base en un estado de Calamidad, también se aprobó una transferencia de Q1 mil millones para el Fondo de Emergencias por los estragos causados por las lluvias hace algunas semanas.
• En agosto continuarán los talleres de Presupuesto Abierto, para afinar los montos de los techos para los diferentes ministerios, escenarios macroeconómicos, fiscales, contratación de nueva deuda pública y riesgos de gastos para el 2023.
• Por ley, el 2 de septiembre se debe presentar al Congreso el anteproyecto del presupuesto, o sea la versión final. El Congreso tendrá hasta el 30 de noviembre para conocer, aprobar o improbar el plan de ingresos y gastos para el siguiente año.
• En junio del 2023 se realizarán las elecciones generales para presidente, alcaldes y diputados, luego de la convocatoria que realizará el Tribunal Supremo Electoral en enero próximo.

Ahora, la DTP iniciará un proceso de afinación de las cifras durante un periodo de 40 días, luego que el pasado 15 de julio, los ministerios y otras entidades de la administración central, presentaran la distribución prevista de sus gastos. Y el 2 de septiembre, la versión final del programa presupuestario será presentada al Congreso.

El 2023 cobra una mayor relevancia en el tema presupuestario, ya que es un año de elecciones de autoridades centrales, diputados y alcaldes, quienes tomarán posesión en enero del 2024.

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Parámetros

El funcionario informó que tentativamente, el presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) -que es la institución más grande- podría rondar los Q21 mil millones, ya que se debe cumplir con el primer año de ajuste salarial negociado entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) y la ministra Claudia Ruiz, a principio de este año.

Este consiste en un incremento del 3%, y según González Ricci es “un pacto no tan agresivo”, que tuvo que incluirse en el requerimiento de esa cartera.

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Para el Ministerio de Salud, el techo podría rondar Q12 mil millones o un poco menos; y para el de Gobernación podría subir, ya que también habrá un aumento para la fuerza policial, aparte de una nueva cárcel de máxima seguridad a cargo del Sistema Penitenciario.

El presupuesto vigente es de Q112 mil 333 millones, luego que el Congreso aprobó modificaciones por Q6 mil 103 millones en el primer semestre del año, sobre todo para los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el de Energía y Minas.

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“Finanzas no participó ahí –en montos asignados a los ministerios–” confirmó ayer en citación en el Congreso Edwin Martínez Cameros, viceministro de Finanzas, ocupando el lugar de Álvaro González Ricci, quien estaba originalmente convocado.

A esto se une lo que el propio González Ricci reconoció el día siguiente de la Cadena de Radio y Televisión del presidente, –el jueves 28– cuando dijo que “la parte numérica –de la nueva propuesta– la discutió el presidente directamente con los ministerios. En las discusiones con los ministerios, no participé”.

Retomar instancia

En este contexto, retomar las mesas técnicas que coordinó el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes para la readecuación presupuestaria y presentar una iniciativa al Congreso que garantice su ejecución y transparencia es el principal llamado de varios sectores.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), recomendó que, desde el punto de vista técnico y de transparencia fiscal, lo ideal es que las propuestas de reformas lleguen al Legislativo, y que se sometan a un proceso de discusión y aprobación, conciliando los distintos intereses.

“Quedaría mucha más claridad para las agencias calificadoras de riesgo-país conocer cuál será el porcentaje del déficit, hasta todas las variables macroeconómicas” añadió.

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), enfatizó que el mensaje que lanzó el presidente Giammattei el pasado 27 de enero, fue político, y no técnico.

Lavarreda coincidió en que el principal cuello de botella en este momento es político, tendrá que resolverse y tomar una decisión concretamente del Ejecutivo, si van a acudir o no al Congreso para presentar las modificaciones presupuestaria.

El viceministro Martínez Cameros reconoció en la citación que aún se está trabajando en el Acuerdo Gubernativo que publicará el Ejecutivo y que brindará los lineamientos de ejecución del presupuesto.

Hurtado confirmó que, como mesa técnica, no fueron comunicados de que el trabajo se suspendió, y se entendería que la siguiente fase sería afinar detalles, sobre todo técnicos, y preparar la iniciativa de readecuación.

“Para nosotros el presidente dejó ver cuáles eran sus prioridades e intenciones, pero no podríamos considerar que no se pueda modificar el presupuesto, que es una facultad del Congreso”, puntualizó.

“Lo adecuado y lo saludable es que el Ejecutivo debe partir de que, aunque haga un compromiso de que no va a desembolsar más de Q94 mil millones, es que el presupuesto vigente es de Q107 mil millones, y por eso es necesario que se presente la iniciativa”, remarcó Hurtado.

Cacif: Acudir al Congreso

Por medio de un comunicado de prensa, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expuso que la reducción y readecuación del presupuesto por Q13 mil 388.4 millones debe ser conocida y aprobada por el Congreso.

Aunque el sector privado organizado percibe como positiva la propuesta del Ejecutivo en la reducción del techo de gasto, considera que “es necesario enviar mensajes de certeza a los mercados financieros nacionales e internacionales, así como a la población para generar un clima favorable a la inversión”.

Recalca el Cacif que la necesidad de reducir gradualmente el déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— para proyectar en el tiempo y con parámetros reales la recuperación de la sostenibilidad fiscal y el desempeño macroeconómico.

Demandan claridad en cuanto a deuda

En el escenario de que el Ejecutivo acuda al Congreso, Lavarreda enfatizó que ahí la importancia es que la propuesta llegue sólida, y no puede llegar un programa de gasto que no muestre un cambio importante en las reglas, la calidad del gasto, y la formalización de los techos presupuestarios y asignaciones con el nivel de detalle, que es la expectativa de las prioridades de la población, instituciones que reciben fondos públicos, y los agentes económicos.

Hurtado reiteró que se necesita brindar el mensaje de claridad sobre todo ese espacio de los Q13 mil millones que se congelará, que no sea “tentador” a futuro con una solicitud emisión de bonos del Tesoro o un nuevo préstamo.

El viceministro Martínez subrayó que a lo interno estarían llevando a cabo los ajustes en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), para la inmovilización de esos Q13 mil millones de espacio presupuestario.

Con la propuesta de gasto de Q94 mil 354 millones, el déficit fiscal estaría ubicándose en alrededor del 4%.

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Canjes e intermediarios

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), consideró que tanto la conformación de la nueva junta directiva como la aprobación del presupuesto, particularmente el capítulo que, de obras para la reactivación económica, serán elementos cruciales para poder negociar entre el Ejecutivo y el Legislativo, para así mantener la alianza.

“No me extrañaría que, con este monto millonario sobre todo en infraestructura, se utilice para hacer este canje y es clásico entre los diputados recomendar a ciertas firmas constructoras o figurar como intermediarios para la adjudicación de ciertas obras o contratos de pagos y así obtener algún beneficio”, subrayó.

El analista reconoció que, aunque es necesario hacer infraestructura y que ese monto de Q4 mil 560 millones es relativamente poco para reactivar la economía –por el impacto del covid-19 en la producción–, “lamentablemente se utilizará con los fines de moneda de cambio para la aprobación del plan de gasto del siguiente año”.

Buena gestión

Flores, al igual que Jorge Lavarreda del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) coinciden en que la idea de reactivación económica es necesaria con una buena planificación, gestión y evaluación de los proyectos, ya que, de esto depende la ejecución y cuando se quedan a medias hay mayores costos.

“Deben ser obras que dejen una rentabilidad social y es muy importante aprovechar de la mejor manera los recursos disponibles”, apuntó el analista.

En este caso, se necesitará llevar a cabo un ranking de cada una de las obras para justificar por qué se hace el proyecto “A” y no el “B”.

Con hacer una evaluación se asegura que no se financiará un proyecto malo en el listado, o que no sea socialmente rentable, precisó el investigador del Cien.

Citó como ejemplo los proyectos de la constructora brasileña Odebrecht y el proyecto del libramiento de Chimaltenango.

En el primer caso, dijo Lavarreda, hubo corrupción por los sobornos y en el segundo, lo que se sabe es un bien diseño hubiera impedido todos esos derrumbes.

Negociación con riesgos

Sobre posibles negociaciones del capítulo de reactivación económica, el analista del Cien puntualizó que todo proceso conlleva un riesgo.

En estos casos, el Congreso solo aprueba y dictamina el presupuesto, pero no recomienda a qué empresas se debe brindar la obra.

Enfatizó en que se debe asegurarse un diseño, una buena contratación e implementación de las obras, “que se hagan los procesos que se tienen que hacer con la ley vigente, pero ser lo más competitivo y bajar los márgenes de las empresas que ganen los concursos”, explicó Lavarreda.

Sugirió que se debe hacer una gestión de esos riesgos que implica hacer mejoras sistémicas, por ejemplo, en un grupo de personas para asegurarse el cumplimiento desde su inicio hasta que se ventilen las obras con acciones que lo mitigan.

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes afirmó que en el planteamiento del presupuesto hay demasiado gasto para funcionamiento, y los aspectos relacionados con la recaudación y calidad del gasto implican que la SAT debe hacer grandes esfuerzos para la cobranza de manera muy rigurosa.

El experto dijo que, si se presentan situaciones en las cuales no se cumple con lo que se está planteando, se tendrá que recurrir a más deuda, y si la economía se normaliza -por medio de este capítulo- la SAT deberá recaudar más del 5% que es el crecimiento orgánico, pero dependerá el desempeño de la producción, pero que es una situación complicada.

Es decir, serán obras que se dejarán programadas, pero ante la falta de ingresos, se tendrá que recurrir a deuda o bien no se concluyen y se encarecen.

Presupuesto no es tema asilado

El ministro Álvaro González Ricci acudió este lunes a la presentación del proyecto de presupuesto a la instancia de jefes de bloques de Congreso, en donde expresó que el documento pasa de una mesa técnica a una arena política.

“En esta mesa política claramente hay temas como la elección de la junta directiva, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, iniciativas de ley y sobre la mesa una serie de acuerdos políticos donde nada puede ir aislado”, explicó el funcionario, quien también integró la Comisión de Finanzas y tiene experiencia en la aprobación del plan de gasto.

Remarcó que su función será explicar a los diputados y a la referida comisión que se mantengan la menor cantidad de modificaciones para que el monto de Q99 mil 700 millones tenga la integralidad original.

Incluso reconoció que la negociación del presupuesto junto a otros temas es normal y que los diputados no lo pueden ver desde una manera aislada.

“Todos quieren más”

González Ricci comentó que seguro la Comisión de Finanzas recibirá ministros y representantes de ONGs para hacer solicitudes de incremento presupuestario, y ellos tendrán que evaluar si valdrá la pena darle más, o si hay espacios en los cuales evalúen y sugieran retirar.

“La evaluación final la tendrá el pleno, en donde se pueden hacer enmiendas. Como Ejecutivo, la función es que todo se mantenga igual, y en el Legislativo, un poco de lucha de fuerzas de cómo cada uno mejorará las áreas que les interesan”, aseguró.

Subrayó que habrá bancadas a las cuales les interesan más rubros para Salud, Agricultura o el Mides, pero todo podría lograrse en un acuerdo y la instrucción a la bancada oficial es que se mantenga el monto de presupuesto y sus asignaciones, “aunque es muy difícil” reconoció.

De manera paralela, se terminará de discutir el proyecto de gasto para el siguiente año, que alcanzará los Q91 mil millones, según la propuesta inicial.

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Cada agrupación realizará sus propuestas y enfoque de acuerdo con los planteamientos de gobernanza y habrá un eventual cambio a determinadas asignaciones.

En esta ocasión ayudará los tiempos de transición política, como los acercamientos con los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso y autoridades del Ministerio de Finanzas para hacer una “buena negociación” antes que se dictamine el presupuesto, según los consultados.

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En lo que sí coinciden las propuestas, es en que existe una sobrestimación de las cifras de recaudación en el planteamiento y prometen que una de las acciones inmediatas será aterrizar en cifras reales.

En el proyecto del presupuesto se plantea una cobranza de Q66 mil 333 millones para 2020 por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y esto es cuestionado por los técnicos de los partidos UNE y Vamos, así como de mejorar la carga tributaria.

El monto del plan de gasto 2020 es de Q91 mil 808 millones y las instituciones deberán de hacer los ajustes para priorizar sus gastos con ese techo.

La institución que más asignación tiene es el Ministerio de Educación por Q17 mil 502 millones.

“Es una lista del Niño”

Álvaro González Ricci, integrante del equipo económico de Vamos, afirmó que el ejercicio de Presupuesto Abierto se ha convertido en una “lista navideña” donde las instituciones públicas están demandando más recursos, pero el plan, presenta una serie de errores e inconsistencias para cubrir los gastos.

“Hay una brecha fiscal de Q3 mil millones para este año y hay una proyección de ingresos para 2020 que no está aterrizada, no es real, es ficticia y va a castigar la inversión pública”, afirmó González Ricci.

Esa misma postura refleja Carlos Barreda, actual diputado y miembro del equipo económico de la UNE, quién asegura que hay tiempo para “afinar” las cifras de cobranza.

“En los últimos ocho años consecutivos la SAT no logra alcanzar la meta de recaudación y eso se va a revisar”, afirmó.

Uno de los problemas es que se logra programar gasto con ingresos tributarios y al no alcanzar la programación, se deben de hacer los ajustes.

González Ricci señaló que se castiga la inversión, ya que por las rigideces del gasto no se puede tocar funcionamiento y pago del servicio de la deuda.

Prioridades a colocar

Ambos representantes políticos indicaron que llevarán a cabo modificaciones de gasto, al planteamiento que está en curso, aunque no hay montos o cantidades precisas de los cambios.

Lo que sí revelaron los consultados son los ejes donde se priorizará los rubros.

Por ejemplo, Barreda dijo que se concentrarán en infraestructura vial y vivienda, apoyo para los pequeños y medianos productores agrícolas, programas sociales y apoyo al subsidio para mantener la tarifa social.

“Queremos generar mayor empleo por medio de infraestructura vial, apoyo rural y programas sociales”, subrayó Barrera.

González Ricci destacó que las prioridades donde estarán los cambios son en proyectos de infraestructura para el apoyo al sector exportador, así como los componentes de educación, salud y seguridad y justicia.

Además, entrarán con una política de austeridad y eliminar gastos superfluos como viajes, telefonía, vehículos, entre otros.

Afirmó que uno de los objetivos es alcanzar grado de inversión por las agencias calificadoras y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para captar más capitales.

Los reajustes también estarán dirigidos a retirar los espacios presupuestarios a las instituciones que mantienen una baja ejecución, tal como se hace en la actualidad y traslada a otras entidades.

Acercamientos técnicos

Ricci y Barrera confirmaron que buscarán acercamientos con la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) y con las autoridades del Ministerio de Finanzas, en el sentido de que las decisiones más importantes sean consideradas por los equipos técnicos.

Esta petición podría confirmarse luego de la segunda vuelta presidencial, es decir, hacer una revisión antes de que la iniciativa sea presentada al Congreso el 2 de septiembre.

Ambos entrevistados, que conocen el funcionamiento del Legislativo, afirmaron que realizarán los mecanismos de cabildeo para que sea aprobado el plan de gasto, sin mayores obstáculos y que permitan brindarle maniobra financiera en un primer año de gobierno.

Razonable

Claudia García Mancilla, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), explicó que tiene lógica que las agrupaciones políticas que van a la segunda vuelta presidencial planteen “ciertos” cambios al presupuesto, sin embargo, que estos se mantengan en los presupuestos multianuales.

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Recordó que ahora existe ventaja por el espacio de transición y que las discusiones o modificaciones sean públicas, es decir que sean justificables.

“En esta ocasión existe margen para hacer los ajustes y tiempo antes que sea aprobado por el Congreso, pero se necesita que todo sea transparente”, indicó.

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Aunque hay ciertos retrasos en la programación para el diseño del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año, la Comisión Técnica del Ministerio de Finanzas convocó para el miércoles de la próxima semana la presentación de los escenarios y cifras.

Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas, informó que, luego del taller de los escenarios macro fiscales, se empezará con la discusión de los techos indicativos para cada una de las instituciones.

En el taller macro fiscal se conocerán las cifras como el cierre de los indicadores para este año y el siguiente. La metodología será por las jornadas de presupuesto abierto, en las que los representantes de las instituciones presentarán sus solicitudes de gasto.

Entre estos están las proyecciones de crecimiento económico, recaudación tributaria, déficit fiscal, ejecución del gasto público, comportamiento de la deuda interna y externa, entre otros.

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Informó que en la actualidad se desarrollan las normativas de planificación en inversión y la planificación del gasto.

El ministro dijo que el pasado 30 de abril las diferentes instituciones que reciben fondos públicos presentaron los Planes Operativos (POA).

Dentro de las novedades que incluirán en el presupuesto es el apoyo que están recibiendo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para trabajar en los escenarios de financiamiento para los objetivos de desarrollo sostenible para poder cumplir en el 2030.

El Congreso aprobó un presupuesto de Q87 mil 715 millones para el ejercicio 2019.

Prioridades

Miguel Ángel Moir, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), informó que el proyecto de presupuesto se basará en las prioridades de desarrollo.

En ese sentido, adelantó que un buen porcentaje de gasto se destinará para gasto social, para continuar fortaleciendo salud, educación, agua y saneamiento en materia de inversión pública.

Además, para continuar con la inversión en infraestructura e incrementar la cobertura en la carpeta asfáltica.

En los Consejos Departamentales de Desarrollo la prioridad será el gasto social con un aproximado del 38%, que incluye salud, educación, agua y saneamiento.

El secretario enfatizó que los dos pilares del presupuesto serán el gasto social e infraestructura, que soportarán los ejes del presupuesto.

Presupuesto abierto

Moir indicó que se empezarán con las jornadas del Presupuesto Abierto, en las que se presentarán los Planes Operativos Anuales y Multianuales, que fueron entregados en abril y los ministerios ya tienen proyectados sus presupuestos.

“Se empezará a discutir públicamente en los siguientes días, con la modalidad multianual y los resultados y se proyectará un gasto más equilibrado a los social”, enfatizó.

Aclaró que por el momento no existe un monto definido de incremento del presupuesto y continúan con los diferentes análisis.

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El ciclo presupuestario, empieza con los requerimientos de las instituciones, los análisis macroeconómicos, aprobación y ejecución.

Por ley el Congreso deberá de aprobarlo antes del 30 de noviembre.

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En conferencia de prensa detalló que el 64.8% del total se destinará para funcionamiento, el 19.8% a inversión pública y el resto para el pago de la deuda pública.

“El incremento se debe a que el Congreso no aprobó este año el plan de gastos y se necesita cubrir lo que no se dejó de hacer este año”, afirmó.

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De acuerdo con el proyecto, se estima para el próximo año un déficit fiscal de 2.5%.

El monto solicitado es superior en Q18 mil 558 millones al presupuesto del 2017, que fue ejecutado de Q71 mil 217 millones.

El plan de gasto tendrá un incremento de Q12 mil 564 millones, con el vigente (2018) de Q77 mil 211 millones, más las modificaciones efectuadas.

Para 2018 el Congreso no aprobó presupuesto, por lo que quedó vigente el de 2017, de Q76 mil 989 millones.

Mayores asignaciones

Los ministerios que mayor asignación tendrá son Educación, con Q16 mil 677 millones; Salud, Q7 mil 850 millones; Gobernación, Q5 mil 639 millones y Comunicaciones, Q6 mil 581 millones.

“En Comunicaciones hay un incremento importante para la recuperación de la red vial, que este año no se realizó”, enfatizó Estrada Domínguez.

Los principales incrementos de gasto para el 2019 será para los ministerios de Educación, Salud, Comunicaciones y Gobernación expone ministro de Finanzas Julio Hector Estrada Dominguez. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/4AFSgn4AAi

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) August 31, 2018

Además, se asignaron Q750 millones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de las elecciones generales. Agregó que ese organismo tiene un saldo a favor de Q250 millones que no fueron utilizados para la consulta popular.

También se amplió el fondo de emergencia de Q192 millones a Q300 millones y se planteó la contratación de un seguro paramétrico por desastres naturales de Q20 millones, con una cobertura de US$25 millones.   

Discusión

Los diputados Estuardo Galdámez, miembro de la Junta Directiva del Congreso que recibió el documento, y Ferdy Elías, presidente de la Comisión de Finanzas, expusieron que el plan de gasto sea aprobado por el Congreso.

“Esperamos la aprobación cuando entre en el pleno, por el bien del país”, recalcó Galdámez.

Elías, por su parte, explicó que convocarán en septiembre a las reuniones en la Comisión y se establecerá un calendario para efectuar sesiones públicas.

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“Queremos escuchar a todos los sectores y la opinión de técnicos”, afirmó.

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para conocer el proyecto.

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En esa ocasión, en los Talleres de Presupuesto Abierto se informó que el techo indicativo era de Q88 mil 994 millones, sin embargo, “habrá movimientos en algunas asignaciones”, afirmó el ministro, quién no  proporcionó mayores detalles.

“Existen algunos ajustes, pero en general se mantienen los techos que se presentaron”, recalcó el funcionario, luego de participar el Listado Geográfico de Obras y los aportes para ejecución por la vía de Organizaciones no gubernamentales.

Desglose

El monto propuesto en el plan de inversión será de Q7 mil 331.6 millones, y según el ministro, la cantidad creció, ya que el Congreso no aprobó el presupuesto del 2018.

La parte de inversión del Ejecutivo será por un monto de Q4 mil 742 millones, que cubrirá las obras de los ministerios de Salud, Gobernación y Comunicaciones.

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“Este año no se atendió la parte de la recuperación de la red vial, por lo que se atenderá en 2019”, dijo.

El ministro añadió que la parte de inversión en Salud, Comunicaciones y Gobernación será por la vía de préstamos sectoriales y bonos del tesoro.

El Sistema Nacional de Inversión Pública será de Q7 mil 331 millones en proyecto del Presupuesto #2019. Se establecerá una norma que proyectos que no sean finalizados podrán continuar en el 2020, dice ministro Julio H. Estrada. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/hnLDZ1dfD6

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) August 28, 2018

Para los proyectos de los Consejos de Desarrollo (Cocodes) el monto será de Q2 mil 589 millones y el financiamiento provendrá del IVA Paz.  Estrada dijo que  se establecerá una norma para que los proyectos de obras puedan continuar con la programación en 2020, para que las obras no se queden sin terminar.

En lo que respecta a transferencias a instituciones sin fines de lucro, Q472 millones serán para el Ministerio de Salud, y Q343 millones para el Ministerio de Educación.

Inversión

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Gobierno Central identificó 277 proyectos por un monto de Q4 mil 742 millones.

Por ejemplo, para el Ministerio de Gobernación se identificaron 12 proyectos por Q298 millones; Educación, 30 proyectos por Q157.2 millones; Salud, 53, por un monto de Q166 millones.

La cartera que más asignaciones tendrá será Comunicaciones, con 148 proyectos por un monto de Q4 mil 13 millones, mientras Cultura, 11 por Q51 millones y Desarrollo Social, 23, por Q55 millones.

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En el caso de los Cocodes, se identificaron dos mil 331 obras para educación, urbanización y servicios comunitarios y protección ambiental, por un monto de Q2 mil 589 millones.

El ministro afirmó que esperan que el proyecto del presupuesto sea aprobado por el Congreso, que tiene hasta el 30 de noviembre para conocerlo.

Año electoral

Edie Cux García, consultor de Acción Ciudadana, dijo que tradicionalmente en los años electorales los presupuestos son utilizados como herramienta política, tanto para diputados, como para alcaldes y todo apunta que este año será aprobado con esos fines.

“La aprobación del presupuesto estará condicionada a beneficiar la inversión pública con el clientelismo político”, aseguró.
Agregó que las asignaciones de los ministerios de Agricultura y Desarrollo pueden prestarse a estos fines políticos.

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Esta enmienda se aprobó con 100 votos a favor, luego los diputados conocieron en segunda lectura el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2016. La sesión se suspendió y se convocó para el próximo lunes a  las 10 de la mañana.

Llega tarde Rabbé

Cinco minutos después de finalizar el partido de futbol entre el Barcelona y la Real Sociedad, el presidente del Congreso, Luis Rabbé, ingresó al Hemiciclo para comenzar la sesión, momento en que le aplaudieron, con ironía, los diputados.

Rabbé justificó la llegada tarde al señalar que el tablero electrónico no funcionaba y que todo ese tiempo lo utilizaron para arreglarlo.

A pesar de llevar dos lecturas, algunos legisladores preparan un plan “b” por si no se llegan a consensos al momento de discutirse en redacción final y por artículos. En dicho proyecto se plantea cambios como eliminar o poner destino a Q1 mil 965 millones que están en la partida de Obligaciones del Estado.