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¿Quiénes son los 10 nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y cuál es su trayectoria?
La nueva Corte de Constitucionalidad ya está definida: quiénes son los magistrados titulares y suplentes para el período 2026-2031.
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La nueva integración de la Corte de Constitucionalidad quedó definida tras las designaciones realizadas por el Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados.
El tribunal, encargado de resguardar el orden constitucional en el país, estará integrado por cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes, quienes permanecerán en ese tribunal hasta el 2031.
Magistrados titulares
Gladys Annabella Morfín Mansilla — designada por el Ejecutivo.
Designada por el presidente Bernardo Arévalo, es abogada y notaria con trayectoria en derecho constitucional y derechos humanos. Fue ministra de Trabajo entre 1993 y 1996 y fue procuradora general de la Nación entre el 2016 y el 2018.
También ha ejercido la docencia universitaria y es fundadora del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).
En una entrevista con Prensa Libre, cuando se solicitó la nulidad del partido Semilla en un proceso impulsado por el Ministerio Público, Morfín Mansilla expresó su preocupación por el impacto de las acciones judiciales en la confianza ciudadana y la participación electoral.
La jurista subrayó que la responsabilidad penal es personal y no debe trasladarse a la personería jurídica de un partido político.
Según su análisis, en ese caso se aplicaron normas cuya estructura no aplica a partidos políticos. "No debe perderse de vista que, por ningún motivo, cualquier hecho o acto punible que se hubiese ejecutado, la responsabilidad penal es personal, y a las que se debe sancionar es a las personas que hubieren cometido esos ilícitos, no a la entidad, porque desnaturaliza totalmente la razón de ser del derecho", expuso.
Recordó que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cualquier impugnación de este tipo debe tramitarse únicamente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Roberto Molina Barreto — designado por el Congreso.
Elegido por el Congreso de la República de Guatemala, ha sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad en períodos anteriores, con 12 años en ese tribunal.
La primera vez que llegó a la CC fue en el 2006, cuando fue designado por el entonces presidente Óscar Berger. Luego fue designado de nuevo por la Corte Suprema de Justicia para nuevos períodos. Anteriormente fue procurador general de la Nación, en el 2005.
Tras su más reciente elección, Molina Barreto reaccionó a las críticas de la bancada oficial y del presidente Bernardo Arévalo, al señalar que los cuestionamientos forman parte de un “juego político”.
El magistrado dijo, además, que la CC ha respaldado el orden democrático, y citó como ejemplo una sentencia del 2023 —de la cual fue ponente— emitida durante la crisis electoral de ese año, en la que se estableció que cada órgano del Estado debía actuar conforme a la Constitución y respetar el papel y las competencias del Tribunal Supremo Electoral, que ya había declarado el resultado oficial de las elecciones.
"De todos es sabido que, si este gobierno se está desarrollando, es porque la Corte de Constitucionalidad, el órgano democrático del país, lo ha respaldado; por ahí la muestra más grande es la famosa sentencia del 2023, de la cual fui ponente, y en la cual se está indicando que cada órgano debe hacer lo que la Constitución dice y que se debe respetar la democracia", afirmó.
Dina Josefina Ochoa Escribá — designada por la Corte Suprema de Justicia.
Designada por la Corte Suprema de Justicia en este 2026.
Llegó a la CC por primera vez en el 2016, designada por el entonces presidente Jimmy Morales, y en el 2021 fue designada para un segundo período por elección del Congreso de la República.
La magistrada ganó notoriedad cuando el Ejecutivo buscaba expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al votar en contra de suspender la decisión de Morales de retirar a la comisión.
En septiembre del 2019 viajó a Washington junto con el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, para conocer detalles del acuerdo migratorio que buscaba convertir a Guatemala en “tercer país seguro”, pocos días después de que la Corte de Constitucionalidad resolviera un recurso que permitió al Ejecutivo continuar las negociaciones.
En el 2021 volvió a figurar en un caso de alto impacto institucional al emitir, junto con el magistrado Roberto Molina Barreto, un voto disidente contra el amparo provisional que había dejado sin efecto la juramentación del exjuez Mynor Moto como magistrado titular de la Corte.
Durante el proceso electoral del 2023 respaldó resoluciones relacionadas con las investigaciones del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla.
Ese mismo año fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos o antidemocráticos, lo que derivó en la cancelación de su visa.
Julia Marisol Rivera Aguilar — designada por la Universidad de San Carlos.
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac la eligió magistrada titular con 23 votos, por encima de otros aspirantes, como la entonces presidenta de la Corte, Leyla Lemus, quien obtuvo 13 votos.
Es abogada con experiencia jurídica vinculada a la universidad estatal.
Algunos reportes de organizaciones de sociedad civil, observadoras del proceso de elección, también mencionan vínculos familiares y profesionales dentro de la Usac.
Rivera Aguilar fue esposa de Luis Cordón Lucero, actual secretario general de la Usac y uno de los funcionarios más cercanos al actual rector, Walter Mazariegos.
Investigaciones periodísticas y un informe de Movimiento Pro Justicia señalan que Rivera Aguilar participó como asesora legal en decisiones clave del proceso electoral universitario que permitió la llegada de Mazariegos a la rectoría.
En particular, firmó dictámenes jurídicos que recomendaron anular cuerpos electorales de la Facultad de Agronomía durante la elección de rector, lo que incidió en el resultado del proceso.
Rivera Aguilar forma parte de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), organización dedicada a evaluar mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas en el sistema judicial.
Astrid Lemus Rodríguez — designada por el Colegio de Abogados.
Es abogada con trayectoria en litigio constitucional y asesoría jurídica.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) la designó durante una jornada de votaciones marcada por allanamientos del Ministerio Público.
Durante la jornada electoral, los fiscales ingresaron en los centros de votación para realizar diligencias, lo que Lemus Rodríguez calificó posteriormente como una intervención “grotesca e intimidante” que, según dijo, atentaba contra el orden constitucional.
En la segunda vuelta obtuvo casi 9 mil votos, frente a 7 mil del exrector de la Universidad de San Carlos Estuardo Gálvez.
Tras su designación, la jurista expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que los hechos ocurridos durante la elección generaban incertidumbre jurídica y podían afectar la institucionalidad del país.
Astrid Lemus Rodríguez presentó una acción de amparo relacionada con el proceso de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CSU).
Según reportes de Prensa Libre, la abogada accionó ante la propia Corte al señalar posibles irregularidades en la integración del CSU, debido a que algunos de sus miembros continuaban en funciones pese a tener períodos vencidos. A su criterio, esa situación podía afectar la legalidad de la elección del magistrado titular y suplente que le corresponde designar a la Universidad de San Carlos.
Magistrados suplentes
María Magdalena Jocholá Tujal — designada por el Ejecutivo.
María Magdalena Jocholá Tujal es abogada y notaria, integrante del pueblo maya kaqchikel, con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico.
Su trayectoria incluye cargos en el Congreso de la República, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo.
Además, ha sido asesora en la Secretaría Privada de la Presidencia del actual gobierno y antes trabajó en la Secretaría de Pueblos Indígenas del MP, en los primeros años de la gestión de Consuelo Porras.
También se ha desempeñado como especialista en pueblos indígenas y asesora en derechos humanos para la American Bar Association Rule of Law Initiative, enfocada en la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia para los pueblos indígenas.
Luis Alfonso Rosales Marroquín — designado por el Congreso.
Ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito legislativo y jurídico, con vínculos en distintas etapas con partidos y procesos relevantes de la política guatemalteca.
En su trayectoria política, Rosales Marroquín fue diputado al Congreso de la República entre el 2000 y el 2004 por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt y considerado uno de los referentes de la derecha política en Guatemala durante esa época.
En el ámbito jurídico, Rosales Marroquín también formó parte del equipo legal que participó en la defensa del exjefe de Estado de facto durante el juicio por genocidio.
Su trayectoria continuó durante siete años como asistente de distintas secretarías en el Congreso de la República, así como asesor de diputados y bancadas legislativas.
En ese contexto también fue considerado cercano a la exdiputada y excandidata presidencial Zury Ríos Sosa, a quien asesoró durante la contienda electoral del 2015.
Posteriormente se sumó al partido Valor, con el que llegó al Congreso de la República para el período legislativo 2020-2024.
Claudia Elizabeth Paniagua Pérez — designada por la Corte Suprema de Justicia.
Paniagua Pérez también ha estado vinculada a la CC como magistrada suplente en distintos períodos.
Para el período 2026-2031 fue designada de nuevo como magistrada suplente por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que la eligió junto con Dina Ochoa Escribá como sus representantes ante el tribunal constitucional.
En su trayectoria reciente también enfrentó un cuestionamiento al ser incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la llamada Lista Engel, que señala a actores considerados corruptos o antidemocráticos, lo que derivó en sanciones como la revocación de su visa.
José Aguirre Pumay — designado por la Universidad de San Carlos.
Aguirre Pumay dirige desde el 2022 el Centro Universitario de Santa Rosa (Cunsaro). Su carrera ha estado ligada a la universidad estatal, donde también fue docente y asesor del Bufete Popular, de acuerdo con datos de la organización Guatemala Visible.
Según las organizaciones observadoras, ha manifestado respaldo al rector Mazariegos, lo que ha generado cuestionamientos de sectores universitarios que critican la actual administración de la Usac.
El movimiento Pro Justicia ha señalado que Aguirre Pumay integró en el 2025 la planilla Avanza–Coalición Gremial en elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, alianza que —según esa organización— incluía a actores vinculados al Ministerio Público y a figuras políticas como Manuel Baldizón o Gustavo Alejos.
Ha tenido participación electoral como candidato a concejal en Chiquimulilla en el 2011, y también aspiró a diputado por el Partido Patriota en el 2015. Además, buscó la Alcaldía con el partido Humanista en el 2019 y de nuevo la Alcaldía en el 2023 con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Luis Fernando Bermejo — designado por el Colegio de Abogados.
Es abogado litigante, con la mayor parte de su experiencia en el ejercicio privado del derecho constitucional, el arbitraje y el derecho internacional.
Junto con la abogada Astrid Lemus Rodríguez integró la plataforma gremial “Unidad por la Democracia”, que se describe como una alianza de abogados del sector corporativo, defensores de derechos humanos y profesionales del interior del país.
En enero del 2026 también figuró como uno de los abogados que planteó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, conocido como Ley de Consejos Departamentales de Desarrollo.
La acción cuestionaba la ampliación automática y la ejecución de saldos presupuestarios sin una nueva aprobación legislativa expresa, al considerar que podría vulnerar principios constitucionales sobre control del gasto público y legalidad presupuestaria.
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