La operación corresponde a una emisión de eurobonos por US$1 mil millones -que es una colocación de bonos del Tesoro en el mercado internacional-, como parte de la política del Ministerio de Finanzas (Minfin) de colocar deuda en el exterior para contar con recursos para financiar el presupuesto vigente.

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, expuso que “se recibió una demanda de US$6 mil 417 millones y la colocación se realizó en dos tramos de US$500 millones cada uno, y los recursos vienen a complementar los requerimientos de gasto, lo que sumado a la recaudación, esperamos que sea suficiente para cumplir con el presupuesto 2021”.

La primera colocación se realizó a un plazo de 12 años a una tasa de interés de 3.70% anual y la segunda, a 20 años con un interés de 4.65% anual. El agente financiero emisor fue Bank of America (BofA).

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Según el funcionario, la emisión generó el interés de alrededor de 230 cuentas de inversionistas, entre los que destacan varios de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, y “los tenedores ven al país macroeconómicamente estable, con un buen desempeño por la colocación de los títulos a 20 años”.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, resaltó que lo anterior significa que “hay apetito en el mercado internacional por bonos del país” y señaló que las tasas de cupón son históricamente bajas, lo que demuestra confianza.

Durante la gestión del presidente Alejandro Giammattei, esta es la segunda colocación que se lleva a cabo en el mercado internacional, ya que el 20 de abril del 2020 se colocó otro eurobono por US$1 mil 200 millones, que equivale a unos Q9 mil 240 millones.

Cierre deuda

Rosa María Ortega de Ramazzini, jefa de la Dirección de Crédito Público, afirmó que, con esta emisión, quedan pendientes de colocarse alrededor de Q1 mil millones para concluir la emisión de deuda bonificada que para este ejercicio que ronda los Q19 mil millones.

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“Va a quedar un estimado de Q1 mil millones para colocar en el mercado local; cada martes salimos a ofrecer y esperamos que en octubre se acabe el cupo. Concluir esta colocación fue la decisión más acertada”, precisó.

Se proyecta que el saldo de la deuda -que agrupa la interna y externa- cierre en unos Q207 mil millones para 2021, que representaría cerca del 31% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al 30 de agosto. el saldo de la deuda se situaba en Q199 mil 322 millones, según los registros de la referida dirección.

Cada vez está más cerca el plazo en que el Ejecutivo debe enviar su propuesta de Presupuesto 2022 para su aprobación a un Congreso que aún no consolida sus criterios para apoyar el plan de gastos de la nación.

El presupuesto del Estado no se ha aprobado desde el 2018 y para no repetir los mismos errores, expertos financieros recomiendan que desde ya se deben generar los espacios de diálogo y discusión para evitar contratiempos.

El Ejecutivo debe presentar la iniciativa de ley, a más tardar, el 2 de septiembre. Luego el documento debe ser conocido por el pleno y enviado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su dictamen. Esa mesa la integran 15 diputados, de los cuales seis son de oposición.

Hay dos caminos para aprobar el presupuesto luego de su dictamen favorable: por el proceso normal de tres lecturas con 81 votos a favor en cada una, o de urgencia nacional, sin discusión, con el apoyo de 107 diputados en una sola sesión.

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El haberlo aprobado sin discusión fue uno de los errores en el 2020. La alianza oficialista promovió la moción de urgencia y evitó la fiscalización ciudadana, aprobando el gasto del Estado por la madrugada.

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Señales de alerta

Paul Boteo, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que se debe comenzar por discutir el monto del presupuesto, y que este no exceda un déficit mayor al 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Un monto exagerado complicaría el pago de la deuda externa del país, y traería como consecuencia posibles reformas fiscales que se materializarían en un aumento de impuestos, agrega Boteo.

“Para Guatemala esto puede significar desestabilidad política. En primer lugar, por la pretensión de incrementar impuestos para pagar esa deuda, pero también causa incertidumbre entre los inversionistas internacionales, porque los desequilibrios macroeconómicos de deuda a veces se ven reflejados en el tipo de cambio, por ejemplo”, expuso.

Boteo también estima prudente desarrollar un ejercicio democrático y transparente en el pleno, ya que no hacerlo podría traer las mismas consecuencias que el año pasado, de grandes manifestaciones ciudadanas en contra de los diputados.

Sin embargo, la discusión del presupuesto ahora debe incluir otro componente: la pandemia.

Según Édgar Balsells, economista investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), esta variable se debe tomar en cuenta, porque hay muchos bolsones de dinero que se deben dirigir a la protección, tanto sanitaria como económica.

“Tiene que escucharse al grupo de epidemiólogos, de virólogos, porque esto viene peor que el año pasado”, advirtió.

Más allá de los criterios técnicos, el presupuesto finalmente será aprobado con criterios políticos y ahí el panorama es más difuso, porque depende de cabildeos y negociaciones entre las diferentes bancadas, en un Congreso donde el oficialismo y los bloques afines tienen un peso considerable.

Ofrece puertas abiertas

Duay Martínez preside la Comisión de Finanzas y espera que este año sí se apruebe el Presupuesto 2022. ¿Cómo se prepara la Comisión para este nuevo desafío?

Las próximas dos sesiones de trabajo son para la planificación de cara al presupuesto 2022. Sin embargo, somos la mesa con la carga laboral más alta en el Congreso, porque casi todas las de iniciativas de ley terminan llegando con nosotros. Ahora la prioridad nuestra va a ser tratar de dictaminar las iniciativas de ley que no tienen nada que ver con el presupuesto, para que podamos tener el tiempo necesario y suficiente. Las condiciones nunca van a ser las favorables para dictaminar una iniciativa de ley; casi siempre esta situación es bastante complicada y más en estos tiempos.

El año pasado se tuvo que dar marcha atrás a lo aprobado. ¿Qué errores se cometieron?

En lo personal creo que lo que el gobierno hizo mal, en buena parte, fue la comunicación, entre lo que se estaba aprobando y lo que estaban solicitando, y ganó la desinformación. El discurso de aquel entonces, según decía la oposición al gobierno, es que era el presupuesto más grande de la historia. Luego fue archivado. Entonces, lejos de ayudar, creo que se terminó haciendo un daño al país. Como se recordará, en el transcurso de las manifestaciones el tema fue coherente con el momento, era una bandera política.

¿Cómo va a evitar la Comisión de Finanzas que se repita lo del año anterior?

Recordemos que las decisiones en el Congreso al momento de votar son personales. Se toma la decisión de votar o no por algo, pero el resultado es colegiado. Al final, el resultado es la decisión de un cuerpo colegiado, tanto en la comisión como en el seno del Congreso. Hubo muchos temas que a lo largo del año trataron de desgastar al gobierno de turno. Todos los gobiernos tienen su propio desgaste, el actual tuvo el suyo.

El año pasado abrimos las audiencias donde recibimos, si no a todos, a la gran mayoría. Tratamos de atender para poder responderle a la mayoría. Creo que lo otro que tenemos que hacer es lo que hicimos del año pasado. Es imposible quedar bien con todos, no se puede realmente, pero al final del día ya se tiene comprometido cerca del 90 por ciento del gasto, con nombre y apellido. Lo único que se puede orientar un poco es un 7 u 8 por ciento del total. Argumentaré la necesidad de un salón más amplio, de eso va a depender que podamos replicar el número de audiencias o que nos tengamos que limitar, posiblemente.

La Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) formuló un techo preliminar de Q100 mil 890.4 millones, y significaría un aumento de Q7 mil 20.9 millones al presupuesto vigente 2021 que es de Q93 mil 869.4 millones.

A partir de este jueves corre un espacio de 50 días para hacer la afinación de las cifras para que la DTP realice los ajustes, y presentar la versión final el próximo 2 de septiembre al Congreso, que tiene hasta el 30 de noviembre para conocerlo.

El planteamiento estará influido en tres grandes ejes de gasto: atención por la emergencia del covid-19, sector Justicia y gasto social, expusieron las autoridades del Ministerio de Finanzas.

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Los techos definitivos fueron presentados a las entidades para que prioricen sus programas, y las cifras se proyectaron con un fundamento en la mejoría de la recaudación tributaria.

Ejes

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, declaró a Prensa Libre que, en el rubro de salud, se estará solicitando a organismos internacionales como otros países están afrontando la pandemia, y la instrucción es fortalecer financieramente a Salud.

En el tema de Justicia, se presupuestará la apertura de las fiscalías en todos los   municipios, así como la asignación en gasto en Salud, Gobernación y atención a los programas para el combate a la desnutrición y seguridad alimentaria.

Precisó que hay por lo menos tres ministerios que consumirán una buena parte del presupuesto, y uno de los temas que quedará relegado será la inversión en infraestructura vial, que será sustituida por una agenda de desarrollo económico-social.

González Ricci aseveró que también se incluirá el componente migratorio, y en comparación de hace unas décadas que las familias migraban por el conflicto armado interno, ahora las personas salen por la falta de oportunidades económicas, factor en el cual las inversiones local y privada juegan un papel importante para la generación de fuentes de trabajo formal.

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Edwin Martínez Cameros, viceministro de Finanzas encargado del área de presupuesto, declaró que se les brindó un monto total a cada ministerio para que realicen los ajustes de acuerdo con sus programas.

Estructura

En el planteamiento, cinco entidades cobran una mayor relevancia de asignaciones para 2022, y que cuentan con un crecimiento sustancial.

Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tendrá una asignación de Q12 mil 05 millones, y supondrá un aumento de Q3 mil 353.9 millones con respecto al gasto vigente.

El Ministerio de Educación (Mineduc) tendrá Q19 mil 544.5 millones y aumentará Q1 mil 946.4 millones; Gobernación tendrá un techo de Q6 mil 477 millones y el ajuste es de Q532.2 millones y Defensa, contará con Q2 mil 933.6 millones y un aumento de Q305.9 millones.

Mientras que, en Obligaciones del Estado, el techo es de Q32 mil 483 millones y aumenta en Q2 mil 138.9 millones, que es un impacto de la recaudación hacia los aportes constitucionales, de los cuales unos Q1 mil 800 millones estarán destinados al sector justicia.

Martínez Cameros declaró que solo tres ministerios estarán absorbiendo unos Q6 mil millones.

En el MSPAS se debe al fortalecimiento para hacerle frente a la emergencia de la pandemia y para el sistema general de Salud, mientras en el Mineduc, habrá un cambio de renglón de maestros del 021 al 011 presupuestados y por la cantidad de maestros el impacto es fuerte para el siguiente ejercicio fiscal, y otra parte ira para el programa de la refacción de alimentación escolar.

En Gobernación, se destinará para financiar la nómina de los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por los beneficios de un bono único que se otorgaron en 2019 y que tiene recurrencia para 2020, 2021 y 2022, y en Defensa crece Q305 millones por apoyo a catástrofes y para la modernización de las bases militares, vehículos y equipos de comunicación.

“Los tres ministerios grandes tienen Q6 mil millones y las proyecciones de recaudación pasan de Q64 mil a Q70 mil 500 millones y ahí se observa que hay un incremento en la cobranza, pero al comparar con esos ministerios ahí se van”, precisó Martínez Cameros.

En términos generales se mantendrá la estructura de gasto al de otros años, que representa alrededor de 65% para funcionamiento, 20% para inversión y 15% para el pago del servicio de la deuda.

El viceministro citó, por ejemplo, que en el Mineduc es funcionamiento por pago a los maestros, alimentación, textos e insumos y si las clases continúan virtuales el pago por los enlaces, al igual que en Gobernación, que ya está funcionando la Academia de la PNC y en la medida en que van saliendo nuevas promociones de agentes representa más salarios, compra de armas, uniformes, combustible entre otros.

Presupuesto de ingresos

El presupuesto estaría financiado por la contratación de nueva deuda bonificable por Q18 mil millones y por la vía de préstamos con organismos financieros internacionales por Q2 mil 500 millones, que son los préstamos que están en ejecución en Salud, Gobernación, Comunicaciones y Mineduc.

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El endeudamiento estaría situándose en unos Q20 mil 500 millones, menor a los Q30 mil millones del 2020.

La recaudación se proyecta en Q70 mil 500 mil millones, y el resto se estaría financiando con saldos de caja, para alcanzar Q100 mil 890.4 millones.

Para 2021 el pronóstico de recaudación es de Q66 mil millones.

Distribución por entidad

(cifras en millones de quetzales)

• Educación: 19,544.50
• Salud: 12,005.00
• Gobernación: 6,477.00
• Comunicaciones: 5,008.60
• Defensa: 2,933.60
• Agricultura: 1,395.50
• Desarrollo: 1,285.00
• Trabajo: 738.20
• Cultura: 542.60
• Relaciones Exteriores:  597.60
• Economía: 517.60
• Finanzas: 386.70
• Ambiente:  200.20
• Energía: 92.30
• Procuraduría General de la Nación: 150
• Obligaciones a cargo del Tesoro: 32,483.00
• Servicios de la Deuda Pública: 15,041.30
• Secretarias y otras dependencias: 1,286.60
• Presidencia de la República: 205
• Total: 100,890.40
  Fuente: Ministerio de Finanzas

El Acuerdo Gubernativo sobre las readecuaciones presupuestarias que anunció hace un mes el presidente Alejandro Giammattei no ha sido publicado –hasta el 1 de marzo–, por lo que los representantes de los tanques de pensamiento señalan falta certeza y transparencia sobre el programa de gasto público para este ejercicio fiscal.

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En la cadena nacional del 27 de enero pasado, el gobernante dijo que el acuerdo gubernativo debía ser público, sin embargo, transcurrió febrero e inicia marzo sin contar con los lineamientos de techo de gasto para cada uno de los ministerios.

Mientras el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) registra que hay 52 transferencias internas, así como el acuerdo Gubernativo 1-2021 sobre la transferencia presupuestaria por Q1 mil 500 millones para la compra de vacunas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Con esa modificación, el presupuesto de Salud alcanza Q11 mil 323 millones para 2021, que es la única modificación registrada en Sicoin.

Hasta el 1 de marzo, la ejecución del gasto público promedio era del 11% con un monto devengado de Q11 mil 813 millones y un presupuesto vigente de Q107 mil 521 millones.

Falta de certeza

La principal preocupación expuesta por los representantes de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) e Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es la falta de certeza.

En este aspecto entra una parte más legal, refieren los consultados, quienes urgieron al Ejecutivo a brindar las señales claras del manejo de las finanzas públicas.

“Lo antes posible deben darse a conocer esos lineamientos para no tener esa incertidumbre sobre las acciones del Estado en el contexto de la recuperación económica”, explicó Pedro Prado, analista de Asíes.

Explicó que, aunque ya hay transferencias internas, se necesita el marco que brinde la certeza de los techos (límites máximos de gasto) para no correr riesgos macroeconómicos al quedar vigente el presupuesto vigente de Q107 mil millones.

A finales de enero, el gobernante dijo que el techo de gasto sería de Q94 mil 354 millones, pero hasta ahora no existe un documento legal que lo respalde.

David Casasola, investigador del Cien, manifestó que aún no hay claridad sobre bajo qué criterio la Contraloría General de Cuentas vendrá a fiscalizar a las diferentes unidades ejecutoras que contarán con determinados techos para llevar a cabo sus programaciones y ejecuciones presupuestarias.

Añadió que el rubro de salarios está garantizado, pero no así el de inversión, que es el que a la postre termina sacrificándose.

También afecta del lado “de las unidades ejecutoras que dan el banderazo de salida para el gasto y de parte de la Contraloría, de qué se va a fiscalizar”, recalcó y dijo que la emisión de más deuda es un riesgo que sigue latente.

Consideró que existe un limbo y que esta situación de las finanzas públicas no tiene precedentes.  Inclusive, dijo, la deuda bonificada vigente que tiene que pasar por el Congreso es la parte legal que debe aclararse.

Tampoco están claras las fuentes de financiamiento, que van a hacer compleja la ejecución de proyectos que requieran como fuente de financiamiento la emisión de bonos del Tesoro.

Atrasos

Ricardo Barrientos analista del Icefi, precisó que la no publicación del Acuerdo Gubernativo de readecuación presupuestaria demuestra la carencia de fundamentos técnicos para la decisión y que aún están trabajando en la estructura, a pesar de haberla anunciado desde el 27 de enero.

Lo anterior “le da sustento a la crítica contra el presidente por haber salido en cadena nacional, ya que los ministerios entre más pase el tiempo más dificultades enfrentarán cuando empiecen a encontrar rubros y asignaciones que estaban diseñados para el Presupuesto del 2019”, advirtió.

Por otro lado, espera que la readecuación la esté realizando el Ministerio de Finanzas, con criterios técnicos y que no tenga un instrumento político del presupuesto –elaborado– por otras personas.

Justificación

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, en una conversación con Prensa Libre, expuso que lo que se anunció en enero de la readecuación, se divide en: lineamientos, transparencia y calidad del gasto y lo otro en la pura readecuación presupuestaria.

En el tema de las directrices de transparencia y calidad del gasto, los parámetros ya se tienen terminados, que por medio de un Acuerdo Gubernativo se fortalecerán las normas de transparencia que existen en el presupuesto vigente que son 17.

En el otro Acuerdo Gubernativo, se abordarán las readecuaciones de los techos presupuestarios, que ahora se encuentra en fase de ejecución, y no hay una urgencia de poner número fijos, ya que hay que hacer los números y los cambios, pero garantizar que el techo de presupuesto sea de Q94 mil millones para hacerlo operativo para que conduzca a un déficit fiscal de 3.4%.

Sobre las readecuaciones internas, dijo, estas son operaciones diarias que se realizan en la Dirección Técnica del Presupuesto, y el anuncio de las readecuaciones “no es que sea nuevo, (…) lo que está es la ejecución con el techo operativo de los Q94 mil millones, sin acudir a más deuda en el Congreso”.

El giro de negocio de la empresa estatal es ser el proveedor de los servicios de internet y transmisión de datos a las instituciones públicas y, más adelante, operar un datacenter -centro de almacenamiento de datos- para el sector público.

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Sin embargo, expertos en la industria dudan sobre sus capacidades técnico-administrativas para poder enfrentar estos nuevos lineamientos de prestación.

Solicitud de inyección

Guatel genera fondos privativos por los servicios que presta en la actualidad a varias instituciones estatales de internet, pero pretende activar un circuito de enlaces de punto a punto –conocido como enlaces de datos para ampliar la cobertura en la provincia–, y así lograr su expansión a más instituciones.

La empresa pública de telecomunicaciones busca una inyección de unos Q60 millones para poner a funcionar los proyectos, requerimiento que se realizó al Ministerio de Finanzas.

El primer tramo se destinará para el remozamiento de infraestructura ya existente por Q30 millones, y el segundo, para la construcción de un anillo de fibra en el área metropolitana con una estimación de inversión similar.

Programa de reactivación

Víctor Manuel Esquivel Figueroa, gerente de Guatel, argumentó que la entidad es propietaria de 37 torres de transmisión a nivel nacional, de las cuales no cuentan con el mantenimiento desde hace dos décadas, por lo que requieren hacer una inversión para volver a reactivar.

Desde su óptica, uno de los objetivos es permitir el crecimiento de la red para la prestación de los servicios de internet y transmisión a otras instituciones que requieren los servicios de radiocomunicación y que son a los usuarios a los cuales se les pretende llegar con el pago de una renta.

El directivo explicó que esas torres se utilizarían para brindar un espacio compartido para los ministerios de Gobernación, y de la Defensa para sus sistemas internos de radiocomunicación –repetidoras–, así como a la Radio Nacional TGW, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

También crearían un anillo inalámbrico para enviar señal de internet, telefonía y otros servicios.

Las torres conforman un anillo que inicia desde El Trébol –zona 8 de la capital–, hacia la parte suroccidente hasta Huehuetenango, regresando a Ixcán, Quiché, y subiendo a Sayaxché, Petén.

Estaría pendiente la conexión de Petén con el oriente donde no existen infraestructura, para cerrar la conexión.

“El remozamiento de las torres necesita Q30 millones, las cuales serán autosostenibles financieramente con la renta que se realice a otras entidades públicas”, enfatizó Esquivel al consultarle sobre la viabilidad y el retorno financiero de la inversión como fondo extraordinario por el Gobierno Central.

Explicó que los trabajos consistirán en el análisis estructural como la fuerza energía y protección eléctrica -calibraciones-; seguridad perimetral como muros y herrería, y el tercero un circuito eléctrico de la instalación como sistema de tierra, baliza, y pintura.

Proyecto maestro

El otro plan contempla la construcción de un anillo de fibra metropolitana, a la cual se le denomina la Red de Gobierno, para brindar todos los servicios gubernamentales de internet y datos. En la actualidad, según el funcionario, Guatel carece de esa infraestructura.

La idea es ampliar a los sistemas de videoconferencias privadas, telefonía privada dentro de la red cifrada de gobierno para gobierno, así como transporte para la creación de un data center -centro de almacenamiento de datos- estatal.

Con esa infraestructura, se brindará el servicio a las escuelas y centros de salud del área metropolitana, y contar con la infraestructura para el Ministerio de Gobernación para colocar sus cámaras de seguridad de monitoreo.

En una escuela de la zona 3, por ejemplo, opera un modelo de servicio de internet, señal inalámbrica con control de contenidos priorizando los contenidos de la biblioteca virtual del Ministerio de Educación, y un sistema de administración de escritorios en una misma plataforma, y que el maestro controle lo que trabaja el estudiante y su contenido.

En el futuro, se enlazaría con las plataformas con el Ministerio Público y de Gobernación, y con el Ministerio de Desarrollo Social.

Un operador “dormido”

Ricardo Flores, experto en telecomunicaciones, expuso que el planteamiento de Guatel de ampliar operaciones y brindar servicios a entidades estales debe ser bien fundamentado para reactivarla y hacerla más competitiva.

Reconoció que el giro de negocio de Guatel “está dormido”, al no contar con un manejo comercial adecuado y movible.

Una ventaja es que le facilita hacer negocios de contratos, por ser una empresa estatal con otras entidades públicas, y lo hace atractivo al evitarse trámites en Guatecompras, y uno de los mejores clientes dentro del mercado de la telefonía es el mismo Estado con las empresas que prestan el servicio.

Consideró que las mismas ganancias que se generen puedan ser invertidas en el desarrollo tecnológico, e incluso de hablar una tarifa social, en cuanto al servicio de telecomunicaciones que Guatel lo puede brindar o subsidio a los usuarios, con el fin de incentivar el uso de la tecnología.

“Para los operadores actualmente Guatel no es una competencia como tal, pero al momento de crear una red propia con un servicio propio, puede serlo. En el mercado siempre se ha vivido con un tercer operador”, agregó.

En ese sentido, Flores dijo que Guatel puede aplicar al modelo de alianza público-privado, como lo hace el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que brinda servicios de telecomunicaciones, pero que es un ente estatal y que compite con otros operadores privados.

La cartera de clientes de Guatel que presta servicios de internet es a los ministerios de Salud Pública, entre estos los servicios de los hospitales covid-19 a nivel nacional, unas áreas del Ministerio de Gobernación; Ministerio de Agricultura en la sede central y departamental, Ministerio de Relaciones Exteriores, vicepresidencia de la República, Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad y la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Con el Ministerio de Cultura y Deportes, se brindará el servicio a los Parques Nacionales.

“Que no sea para hacer negocios”

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), calificó que el proyecto puede ser positivo, pero a la vez puede generar dudas por la baja credibilidad del Ejecutivo, sobre todo por el manejo de la crisis sanitaria.

En el primer aspecto, consideró que es necesario invertir en empresas públicas como producto del proceso de privatización por las autoridades de Gobierno de 1995, pero se debe invertir en los temas de telecomunicaciones y poder coadyuvar al cierre de la brecha digital que persiste, y ahora con la pandemia afectó mucho el tema educativo por la falta conexión de internet y una buena parte de la población estudiante no cuenta con un acceso.

Desde esa óptica es positivo de continuar con el desarrollo y la tecnología, señaló.

Advirtió de que hay que tener cuidado en este tipo de proyectos, que no sean casuísticos, y deben contar coordinación con otras entidades de Estado, incluso con entes privados que aplican estas tecnologías, y coordinación con municipalidades por el impacto que tendrá en los municipios vecinos.

“Lo importante es que no sean proyectos casuísticos para hacer negocios con recursos públicos, porque cuando los proyectos nacen de un día para otro, de eso se tratan”, aseveró.

En este caso, resaltó Flores, hay que darle el seguimiento desde que inició la iniciativa para que no tenga una connotación de intenciones de negocios, y la justificación es evidente, pero ve un problema de credibilidad en la administración del gobierno central.

Para los analistas consultados –y que estuvieron involucrados en el proceso de diálogo de fin y principio de año–, en un año de pandemia y en un proceso de reactivación económica, cobra relevancia la necesidad de transparencia y de saber cómo quedará el proyecto de gasto, sobre todo de la certeza de los indicadores que lo acompañarán.

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Transcurridos 35 días del ejercicio fiscal aún no se brindan detalles de cómo quedara el presupuesto, mientras aumenta el ambiente de incertidumbre presupuestaria, y la urgencia de que se asegure que no existan riesgos de mayor endeudamiento público.

Cronograma y dudas

Este jueves, en una citación en el Congreso, el ministro González Ricci presentó un cronograma de las mesas técnicas que se llevaron a cabo con los representantes de tanques de pensamiento que coordina el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes.

Los delegados de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señalaron que la última reunión se llevó a cabo el 15 de enero, en la cual se abordaron las normas presupuestarias.

De acuerdo con los consultados, el entendido era que en la siguiente reunión se conversaría sobre los techos, lo cual ya no ocurrió porque el presidente Giammattei dijo en cadena nacional del 27 de enero que la readecuación de un techo de gasto de Q94 mil 354 millones con readecuaciones internas y que se haría por vía de acuerdo gubernativo, y no en discusión legislativa, como estaba originalmente planteado.

Hasta este jueves 4 de febrero, no existe una certeza sobre el detalle del Presupuesto 2021, lo que está aumentando la incertidumbre por el manejo de los indicadores, así como por un espacio presupuestario de Q13 mil millones -que no cuenta financiamiento-.

El ministro defendió en el Congreso que el presidente se reunió con cada uno de sus ministros para determinar cuál era el techo presupuestario.

Citó, como ejemplo, que el Ministerio de Desarrollo estará ejecutando su gasto por Q1 mil 104 millones, pero con un techo de Q1 mil 104 millones que fue del 2020.

Al respecto los delegados de los centros de investigación reiteran el llamado a retomar las mesas de diálogo con el vicepresidente, y presentar una iniciativa de ley al Congreso como se planteó en diciembre.

El presupuesto vigente es de Q107 mil millones, pero Giammattei comunicó la semana pasada un techo de gasto por Q94 mil millones.

Desde noviembre, según Pedro Prado de Asíes y Ricardo Barrientos del Icefi, siempre se habló de presentar una iniciativa de ley al Congreso para hacer modificaciones, pero nunca una readecuación interna. Por eso insisten en volver a convocar a una rueda informativa con el Ejecutivo, y aclarar esos puntos.

“Qué no exista aún una publicación del Acuerdo Gubernativo muestra un retraso de lo apresurado del mensaje sin contar con un respaldo técnico”, consideró Prado.

¿Una mesa paralela?

González Ricci presentó un cronograma de trabajo ejecutado desde noviembre con la comisión integrada, en el que incluye los diálogos postcrisis política de noviembre y las jornadas de protestas en rechazo del presupuesto.

Dicha mesa estaba coordinada por el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes. Al respecto, Prado reclamó que hubo otra mesa de trabajo, en el entendido de que todo iba a tener un resultado de una propuesta que se plantearía al Congreso para modificar las readecuaciones por esa vía.

En el cronograma presentado se establece que el Acuerdo Gubernativo se trasladará a la Secretaria General de la Presidencia, para su discusión en el Consejo de Ministros, para su aprobación y publicación oficial. Esto descarta la discusión legislativa.

“Se habló de ir al Congreso”

Para Hugo Maúl, analista del Cien, lo que era un proceso de modificación sencillo, rápido y claro, se está volviendo complicado para el gobierno, que está conllevando a restarle credibilidad de la política fiscal, no solo de esta administración, sino de lo que se viene arrastrando de años.

“Ellos están observando que es complicado que se les aprueben las modificaciones en el Congreso, pero deben tener claro (que hay) candados internos y controles que convenzan, y claramente la política fiscal del país no goza de una fuerte credibilidad. González Ricci no es una Ángela Merkel para creerle y que la población lo respete”, subrayó al indicar que se necesita presentar la iniciativa como se habló de ir al Congreso en las reuniones con el vicepresidente.

Recordó que esta es una situación delicada, ya que las agencias calificadoras de riesgo-país no la van a aceptar “tan fácil”.

“Me da temor que teniendo Q107 mil millones, y que pueda pasar algún otro desastre este año, el Congreso puede aprobar el cupo adicional, sin mayor problema, y ahí no hay garantías reales, que por más que digan que van a cumplir con la meta de gasto, no se van a presentar necesidades que terminen otra vez el monto que se está reduciendo”, enfatizó.

En los ánimos de brindarle credibilidad a la política fiscal, Maul dijo que se tendrá que acudir al Congreso, y presentar un análisis que tenga el visto bueno del Ministerio de Finanzas, ejerciendo sus facultades de ley, y ordenar el gasto público, que conlleva riesgo, es la mínima garantía que se le puede brindar a la población, de que no se quedarán a las expensas de las circunstancias que puedan regir este año, y brindar credibilidad y en eso hay consenso con los tanques de pensamiento económico que han participado en las mesas.

Defiende postura

El ministro afirmó en la citación que se trata de un presupuesto operativo e interno de los Q94 mil millones –que lo permite la Ley General del Presupuesto –, pero que el presupuesto vigente sigue siendo de Q107 mil millones cargado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Pese a lo anterior, el presidente informó que se realizará una readecuación presupuestaria para que la sumatoria de todos esos techos reales sean los Q94 mil 354 millones.

Sobre lo dicho esta semana por el viceministro de Finanzas, Edwin Martínez Cameros, de que no fueron tomados en cuenta para la readecuación de los techos para los ministerios, Gonzáles Ricci respondió “que el presupuesto es un tema operativo para volverlo real y tener con un déficit real”.

El funcionario expuso que la reunión con cada uno de los ministerios y el presidente es normal y “yo como ministro de Finanzas no participé en cada una de las reuniones, pero sabíamos de las reuniones, y el presidente tomó en cuenta la información que yo le iba trasladando de los avances en las mesas de discusión”.

Barrientos mencionó que se necesita transparencia presupuestaria y una mejor explicación ya que “apuntaría a la creación de una masiva realización de transferencias internas” de la historia de las Finanzas Públicas.

En todo caso, recalcó el analista del Icefi, se brinda un mensaje de que el techo de los Q107 mil millones no se va a reducir y que se pueda utilizar el espacio presupuestario de los Q13 mil millones que es un riesgo.

En la propuesta de Q94 mil 354 millones, el déficit fiscal estaría ubicándose en alrededor del 4%.

Desde que el presidente Alejandro Giammattei anunció, de forma inesperada y sin la participación de los equipos técnicos de Finanzas, el miércoles 27 de enero que las reasignaciones presupuestarias no irían al Congreso, sino que se harían de forma interna en el Ejecutivo, las dudas e inquietudes del sector privado organizado y los tanques de análisis siguen en la mesa.

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“Finanzas no participó ahí –en montos asignados a los ministerios–” confirmó ayer en citación en el Congreso Edwin Martínez Cameros, viceministro de Finanzas, ocupando el lugar de Álvaro González Ricci, quien estaba originalmente convocado.

A esto se une lo que el propio González Ricci reconoció el día siguiente de la Cadena de Radio y Televisión del presidente, –el jueves 28– cuando dijo que “la parte numérica –de la nueva propuesta– la discutió el presidente directamente con los ministerios. En las discusiones con los ministerios, no participé”.

Retomar instancia

En este contexto, retomar las mesas técnicas que coordinó el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes para la readecuación presupuestaria y presentar una iniciativa al Congreso que garantice su ejecución y transparencia es el principal llamado de varios sectores.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), recomendó que, desde el punto de vista técnico y de transparencia fiscal, lo ideal es que las propuestas de reformas lleguen al Legislativo, y que se sometan a un proceso de discusión y aprobación, conciliando los distintos intereses.

“Quedaría mucha más claridad para las agencias calificadoras de riesgo-país conocer cuál será el porcentaje del déficit, hasta todas las variables macroeconómicas” añadió.

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), enfatizó que el mensaje que lanzó el presidente Giammattei el pasado 27 de enero, fue político, y no técnico.

Lavarreda coincidió en que el principal cuello de botella en este momento es político, tendrá que resolverse y tomar una decisión concretamente del Ejecutivo, si van a acudir o no al Congreso para presentar las modificaciones presupuestaria.

El viceministro Martínez Cameros reconoció en la citación que aún se está trabajando en el Acuerdo Gubernativo que publicará el Ejecutivo y que brindará los lineamientos de ejecución del presupuesto.

Hurtado confirmó que, como mesa técnica, no fueron comunicados de que el trabajo se suspendió, y se entendería que la siguiente fase sería afinar detalles, sobre todo técnicos, y preparar la iniciativa de readecuación.

“Para nosotros el presidente dejó ver cuáles eran sus prioridades e intenciones, pero no podríamos considerar que no se pueda modificar el presupuesto, que es una facultad del Congreso”, puntualizó.

“Lo adecuado y lo saludable es que el Ejecutivo debe partir de que, aunque haga un compromiso de que no va a desembolsar más de Q94 mil millones, es que el presupuesto vigente es de Q107 mil millones, y por eso es necesario que se presente la iniciativa”, remarcó Hurtado.

Cacif: Acudir al Congreso

Por medio de un comunicado de prensa, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expuso que la reducción y readecuación del presupuesto por Q13 mil 388.4 millones debe ser conocida y aprobada por el Congreso.

Aunque el sector privado organizado percibe como positiva la propuesta del Ejecutivo en la reducción del techo de gasto, considera que “es necesario enviar mensajes de certeza a los mercados financieros nacionales e internacionales, así como a la población para generar un clima favorable a la inversión”.

Recalca el Cacif que la necesidad de reducir gradualmente el déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— para proyectar en el tiempo y con parámetros reales la recuperación de la sostenibilidad fiscal y el desempeño macroeconómico.

Demandan claridad en cuanto a deuda

En el escenario de que el Ejecutivo acuda al Congreso, Lavarreda enfatizó que ahí la importancia es que la propuesta llegue sólida, y no puede llegar un programa de gasto que no muestre un cambio importante en las reglas, la calidad del gasto, y la formalización de los techos presupuestarios y asignaciones con el nivel de detalle, que es la expectativa de las prioridades de la población, instituciones que reciben fondos públicos, y los agentes económicos.

Hurtado reiteró que se necesita brindar el mensaje de claridad sobre todo ese espacio de los Q13 mil millones que se congelará, que no sea “tentador” a futuro con una solicitud emisión de bonos del Tesoro o un nuevo préstamo.

El viceministro Martínez subrayó que a lo interno estarían llevando a cabo los ajustes en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), para la inmovilización de esos Q13 mil millones de espacio presupuestario.

Con la propuesta de gasto de Q94 mil 354 millones, el déficit fiscal estaría ubicándose en alrededor del 4%.

Hasta la noche del jueves (24 horas después del anuncio en cadena nacional de radio y televisión) no se había publicado el Acuerdo Gubernativo que dispondrá las readecuaciones presupuestarias internas.

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Uno de los cambios fundamentales dentro de lo anunciado por Giammattei es que la readecuación será interna, por lo que no acudirán al Legislativo, como se planteó en noviembre, luego de las jornadas de protesta y rechazo al presupuesto aprobado por la ciudadanía. Además, el mandatario dijo que el nuevo techo era de Q94 mil millones, lo que generó confusión en la opinión pública.

El presupuesto vigente será de Q107 mil 760 millones con el que trabajará el Ejecutivo, aclaró el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, luego de acudir a una citación al Congreso este jueves.

En esa citación se confirmó que, por ley, el único órgano competente para hacer modificaciones al plan de gasto es el Legislativo.

Minfin: “No se usurparán funciones”

González Ricci afirmó que la redacción del comunicado oficial no está clara, y señaló que el Ejecutivo no puede pedir una reducción del gasto, ya que como indica la ley, el presupuesto vigente es de Q107 mil 760 millones.

Mencionó que se realizará la readecuación para que los ministerios tengan un techo ajustado a lo que van a ejecutar durante el ejercicio fiscal.

Citó como ejemplo que el Ministerio de Desarrollo tuvo una asignación de Q7 mil millones en 2020, por el manejo de los programas sociales, y eso recursos ya no estarán disponibles. En este contexto, se separarán las fuentes de financiamiento no ejecutables para colocarlas en una cuenta de obligaciones -para los efectos contables- y no cambiar el techo de Q107 mil millones. “La idea es dejar a los ministerios las cuotas que sean ejecutables este año, para que la evaluación de su ejecución no sea sobre recursos con fuentes no ejecutables”.

“No se quiere usurpar funciones del Congreso, y estamos claros de que son readecuaciones internas en que el techo se mantiene en Q107 mil millones, y se están congelando las fuentes no ejecutables”, aseguró el ministro.

El ministro resaltó que se creará una cuenta de Q13 mil 888 millones en Obligaciones a Cargo del Tesoro que no será ejecutable porque no tendrá financiamiento y se congelará ese espacio presupuestario.

El monto ejecutable sería de Q94 mil millones, pero se mantendría el techo que dicta la ley que es de Q107 mil millones.

Espacio libre para más deuda

El diputado Carlos Barreda expuso que al haber quedado libre ese espacio presupuestario de Q13 mil millones, no garantiza que a futuro el Ejecutivo pueda presentar alguna iniciativa de contratar más deuda pública, que le corresponde conocer al Congreso, con el argumento de que existe espacio.

Fernando Spross de Fundesa, añadió que sigue siendo un tema de incertidumbre, sobre todo para la evaluación de las agencias de calificación de riesgo país, que puede afectar las transacciones en los mercados internacionales, así como la desconfianza para Guatemala.

Al respecto, el ministro detalló que no se solicitarán nuevos préstamos para financiar el plan de gasto, asumiendo que con las fuentes existentes en el presupuesto se llegaría a los Q94 mil millones (y no a Q107 mil millones).

La estructura de financiamiento del presupuesto que presentó Giammattei el miércoles fue Q64 mil 27 millones en funcionamiento que representa 67.9%; por emisión de bonos y préstamos aprobados Q22 mil 147 millones, 23.4%; ingresos no tributarios y donaciones, Q4 mil 799 millones, 5.1%, y saldos y caja Q3 mil 380 millones, 3.6%.

Aunque queda libre ese espacio presupuestario que no cuenta con financiamiento, González Ricci reconoció que, si se utilizara ese techo, tendrían que acudir al Congreso para hacer una solicitud de bonos, que es la vía legal.

Barreda expuso que los ministerios más beneficiados en cuanto a las readecuaciones son el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con un techo de Q7 mil 409 millones, y Salud, con Q10 mil 621 millones.

Además, en automático, denunció que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), recibirán un aporte extraordinario de Q600 millones, como fueron aprobados en 2020.

El ministro expuso que la parte numérica de las asignaciones las llevó a cabo el gobernante.

Se encienden alertas

Los representantes de los tanques de análisis también fueron citados al Congreso y se mostraron sorprendidos por la decisión de Giammattei. Mencionaron que aún estaban trabajando en la propuesta de normas presupuestarias en la mesa convocada por el vicepresidente Castillo Reyes, que se incluirían en la propuesta de modificación que conocería el Congreso.

Pedro Prado, de Asíes, dijo que fueron convocados con el vicepresidente para diseñar mecanismos en las modificaciones de un manejo adecuado del déficit fiscal, transparencia y el destino de recursos para infraestructura productiva, y los grandes temas de urgencia que hay que atender –la pandemia, las vacunas y la población afectada por las tormentas Eta e Iota– pero tomó con sorpresa la cifra que brindó el gobernante en cadena nacional.

Recordó que, en la última reunión de análisis, se había hablado de un presupuesto de Q98 mil 969 millones, y se había consensuado en llegar a un máximo de Q96 mil millones, pero se confirmó la cifra de Q94 mil millones.

Ricardo Barrientos, analista del Icefi, manifestó que hay una preocupación y una alarma grave, ya que el presidente “se puso a negociar directamente las asignaciones presupuestarias y los techos a los ministerios, sin el acompañamiento técnico del Ministerio de Finanzas”.

En todo caso, dijo, que se puedan corregir la falta de respaldo técnico en la elaboración del acuerdo gubernativo.

Spross dijo que se tiene que diseñar un presupuesto que busque reducir el déficit fiscal para este año, así como 2022 y 2023, y enmarcar las prioridades en Salud y combate a la desnutrición.  Por otro, lado definir mecanismos de austeridad y reducir las asignaciones que no brinden resultados.

Mantiene alianza

Rubén Hidalgo, director del Incep, comentó que en este momento Giammattei cuenta con una alianza legislativa y no le representa desgaste, sino un respaldo a cualquier iniciativa que presente al ritmo que necesite.

“Hay un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y Legislativo que priorizan ellos”, sostuvo, y el mensaje a la ciudadanía es quitarle presión al presupuesto de los Q107 mil millones al argumentar que bajó a Q94 mil millones, pero sin poner los candados por la vía legal.

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, remarcó que, al continuar el presupuesto del 2020, hay normas presupuestarias vigentes, pero hay un golpe de credibilidad al gobierno.

Por ley las personas jubiladas o pensionadas deben presentar sobrevivencia a la Gobernación Departamental en el período comprendido del 1 de diciembre al 15 de enero, que este año es atípico por la pandemia.

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La sobrevivencia es valida para 2021, y no tiene costo.

El gobernador de Guatemala, Waldemar Barillas, explicó que han recibido siete mil constancias hasta el viernes 11 de diciembre, de un universo estimado de 30 mil a 35 mil personas en el departamento de Guatemala.

Eso significa que dos de cada 10 pensionados han cumplido con la obligación de hacer la gestión.

El procedimiento de sobrevivencia dura tres minutos y se realiza en la sede de Gobernación en la 6ta avenida 3-51 zona 1.

Barillas manifestó que este año se había planteado una propuesta para que las personas jubiladas o pensionadas no realizarán la sobrevivencia por los efectos de la pandemia y el riesgo que representa para los adultos mayores.

Sin embargo, por tratarse de cuentadancia se tiene que realizar la actualización anual.

Recordó que la persona que no realice la sobrevivencia puede perder su derecho, e instó al beneficiado y a sus familiares a realizar la gestión en los horarios 07:00 a 14 horas.

El gobernador, manifestó que hay iniciativas de ley en el Congreso que buscan modernizar el reporte de manera electrónica, cruzando información con bases del Renap, y evitar la exposición de los adultos mayores.

Habilitan albergues

Por aparte, el gobernador informó que se habilitaron tres albergues en el departamento de Guatemala para atender a las personas en situación de calle por las bajas temperaturas en coordinación con los cuerpos de bomberos, Municipalidad y Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Los albergues son el centro Manuel Colom Argueta, en la zona 2, el Gallito en zona 3 y el Polideportivo de Mixco.

Además, está en proceso en habilitar un albergue solo para atender mujeres.

Con la actualización de las cifras, más las propuestas que han presentado los tanques de pensamiento y organizaciones llamadas al diálogo, se perfila la entrega de los resultados el próximo 20 de diciembre, se informó en la reunión realizada en el Palacio Nacional de la Cultura.

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Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), confirmó que se proyecta una recaudación de Q63 mil 468.9 millones, es decir, se añaden Q1 mil 500 millones a la estimación realizada en la Comisión Técnica de Finanzas por Q61 mil 553 millones.

Por su parte, Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), expuso que la proyección de crecimiento económico se ubicará dentro del rango de 3 a 4%, con un valor central de 3.5%. En ambos indicadores sería mayor a la previsión de cierre de 2020.

Para la recaudación tributaria se esperaría que cierre en Q59 mil 254 millones este año, con una brecha fiscal -impuestos programados, pero no recaudados- de Q4 mil 500 millones, mientras el PIB cerraría en -1.5%, influenciado por los efectos causados por el covid-19.

Con esta información, los equipos técnicos realizarán los ajustes para hacer los planteamientos a las enmiendas al presupuesto que fue aprobado y archivado por el Congreso el pasado 18 de noviembre.

Enfoque

Por su parte, Keila Gramajo Vílchez, jefa de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), indicó que las conclusiones de las mesas y la propuesta final estarán el próximo 21 de diciembre con las enmiendas necesarias.

Reiteró que las enmiendas tendrán el sustento y fundamento del presupuesto que se presentó el pasado 2 de septiembre, ahora con el componente de la rehabilitación por los daños ocasionados por las tormentas Eta e Iota en noviembre, aunque no se adelantaron las cifras, ni los diferentes programas.

Los cuatro pilares son:

• Planificación 2021
• Atención por el covid-19
• Reconstrucción y recuperación tormentas tropicales
• Propuestas recibidas por sociedad civil y tanques de pensamiento

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, informó que todo apuntaría a que las enmiendas se estarían presentando al Congreso en enero y no en diciembre como inicialmente se había planteado al Congreso.

Eso implica que realizarán las readecuaciones necesarias para la apertura del presupuesto 2021 que es el 1 de enero, con el presupuesto vigente de Q107 mil millones.

Por otro lado, reiteró que las propuestas presentadas tienen un componente de reducir el monto del techo, el endeudamiento público, la revisión de gastos superfluos, mayores asignaciones a educación y salud, transparencia, rendición de cuentas y eficiencias, así como el incremento de la recaudación tributaria.

Gramajo Vílchez comentó que ahora se entra en una fase de consolidar las propuestas y presentar el informe de reprogramación.

En la sesión de este lunes, la magistrada Vitalina Orellana y Orellana presidenta en funciones de la Corte Suprema de Justicia, demandó un incremento del presupuesto para 2021, ya que con el vigente están operando con el mismo del 2019.

El vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, afirmó que se están llevando las acciones necesarias para mejorar la recaudación -como la de este este lunes de intervención a una cadena de supermercado-, sin entrar a un “terrorismo fiscal” y llegar a la meta de recaudación, que permitiría llegar a la certeza de mayor endeudamiento como se están evitando en las propuestas.

Las proyecciones confirman que el agujero fiscal será de Q4 mil 500 millones, dinero con que no contará el Gobierno para destinarlo en el presupuesto, lo que se traduce en una menor prestación de bienes y servicios.

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De nuevo, no se alcanzará la meta de ingresos por Q64 mil millones, que es la misma del 2019.

El factor influyente en esta ocasión para el sistema tributario es el confinamiento por el covid-19, que impactó en una serie de actividades productivas, y que golpeará en los impuestos que se liquiden en el 2021.

Se le conoce como brecha fiscal a los impuestos programados, pero no recaudados, y en la evaluación que hace el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es una causal para separar al superintendente.

Este año fue elegido Marco Livio Díaz Reyes, en marzo como superintendente, en sustitución de Abel Cruz Calderón, quien fue removido por no alcanzar la cobranza del año pasado.

Menor a lo previsto

De acuerdo con los escenarios, la brecha será menor a los Q6 mil 900 millones que en marzo se había proyectado.

Incluso se habló de un peor escenario que podría alcanzar los Q12 mil millones, pero la tendencia se revertió.

Con los primeros casos del covid-19 en Guatemala, se decretaron como el confinamiento y la suspensión o reducción de actividades, que afectó el segundo trimestre del año -abril, mayo y junio- periodo considerado como el más severo por las autoridades de la SAT.

Esa situación provocó la fuerte caída en los ingresos y tendrá una duración por lo menos un año, ya que en marzo del 2021 se tendrán que presentar los reportes de liquidación anual del impuesto sobre la renta (ISR), el de Solidaridad (ISO), entre otros, que se calcula sobre las ventas, en la cual las se espera se reportará menos ventas para hacer los cálculos.

¿Qué lo explica?

Que no siguiera profundizándose la brecha fiscal en este ejercicio tiene una explicación asociada a una mejorar en el IVA doméstico, que se cobra por la vía del consumo de bienes y servicios, aunque hay otros impuestos que no logran recuperarse y que se mantienen bajos.

Díaz Reyes afirmó que desde octubre la brecha no crece y se mantuvo en unos Q4 mil 280 millones.

Para noviembre y diciembre se ha proyectado en Q100 millones para cada mes, que alcanzaría los Q4 mil 500 millones según el pronóstico del jefe de la SAT.

Con esa estimación, la recaudación SAT estaría situándose en Q59 mil 500 millones, es decir, Q4 mil 500 millones menos a la meta que es de Q64 mil millones. La meta era 64 mil millones para 2020, que es la misma del 2019.

Además, la recaudación estaría por arriba de los Q57 mil 107 millones que se había proyectado en julio pasado. “Este comportamiento se debe a la mejora en la economía”, comentó el superintendente.

Vía consumo

Para el consultor fiscal Juan Carlos Paredes, la mejora en la recaudación, sobre todo en el IVA doméstico y que no haya caído como se dijo inicialmente, es por la activación del consumo con el soporte de los programas sociales de apoyo como el bono familia, bono empleo y apoyo a la economía informal, ya que al no empujar la demanda interna la economía por ese estimulo estaría más deprimida y por ende una menor cobranza.

“Son los efectos de la circulación de los Q11 mil millones en los programas de apoyo social que están reactivando la economía y la recaudación”, consideró el analista.

Paredes remarcó que estos programas están “indexando” la economía y a la vez, a la recaudación, pero al haber una brecha de Q4 mil 500 millones afectará los programas en el presupuesto al cierre de la ejecución.

Con respecto a otros impuestos –como el ISR, ISO, IVA importación y distribución de petróleo–, tendrán un impacto ya que hubo menor actividades relacionadas a estos tributos.

Rezago por un año

El superintendente añadió que hay sectores golpeados como restaurantes, hoteles y turismo que tuvieron suspensión de actividades en marzo de este año.

Para marzo del 2021 tendrán que presentar sus liquidaciones del IVA, ISR e ISO, y se podrá percibir –en esa liquidación anual– que no tuvieron ventas por un año, dijo.

Proyección 2021

Para el próximo año, la recaudación establecida por la Comisión Técnica del Ministerio de Finanzas, de Q61 mil 553 millones, sería alcanzable, porque incluye la revisión del crecimiento de la economía para 2021.

No obstante, en el presupuesto que aprobó y que archivó el Congreso el pasado 18 de noviembre, la Comisión de Finanzas ajustó la recaudación en Q1 mil 500 millones más para situarla en Q63 mil millones.

“Hay que comprender que, en el sistema tributario, si hay una mejoría en la macroeconomía, no significa que los impuestos mejoren en esa proporción”, destacó Díaz Reyes, quien dijo que el incrementó de esa recaudación no contaban con el sustento técnico de la Comisión Técnica.

En todo caso, si se mantiene el monto de recaudación para 2021 en Q63 mil millones, no tiene el respaldo de la Comisó Técnica de Finanzas, remarcó.

De momento es un tema que se estará abordando en las mesas de diálogo que convocó el Gobierno para enmendar reformas al presupuesto, pero con la vigencia la recaudación sería de Q64 mil millones.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), manifestó que este tema debe ser revisado detalladamente en las discusiones de las mesas de diálogo ya que se sobreestiman, y luego no se alcanzan las metas.

Las autoridades de Finanzas informaron que mejorar la recaudación tributaria por la SAT es una de las principales propuestas que se ha planteado por representantes de los diferentes sectores, así como la reducción del techo de la deuda y el déficit fiscal.

Al respecto, la SAT deberá presentar el programa de recaudación en diciembre.

Las discusiones para modificar el presupuesto 2021 que se llevan a cabo van con una clara desventaja en cuanto a los ingresos y la proporción de la deuda.

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En los tanques de pensamiento ya están encendidas las alertas con respecto a la ampliación de deuda bonificable que aprobó el Congreso este año, de un bono de Q11 mil millones que se utilizaron en 2020 para atender los programas sociales, y que fue adquirido por el Banco de Guatemala (Banguat) en abril de este año.

Aunque es un tema legal, existen varias interpretaciones sobre esa fuente de financiamiento, ya que regirá el presupuesto vigente de Q107 mil 760 millones, y tendrá la misma estructura de financiamiento que incluye esa asignación de ingresos. Además, el análisis deberá ir enfocado a contar con información actualizada y perspectivas del 2021.

A la espera del debate

De momento, no se conocen los escenarios de nuevo endeudamiento que financiarán el presupuesto para 2021, pero fue un motivo de rechazo de diversos sectores en el planteamiento formulado.

En las propuestas que los sectores han presentado al Ministerio de Finanzas (Minfin), el monto del techo de la deuda es uno que se plantea revisar hacia la baja, sin embargo, no está claro aún respecto al bono de los Q11 mil millones.

Edwin Matul, exfuncionario del Banco de Guatemala y Jorge Lavarreda analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aseguraron que existe una disyuntiva en ese aspecto, que deberá aclararse en las mesas de diálogo.

“Hay un tema de interpretación legal y es parte de los problemas que se dan cuando no se aprueban las cosas como deben ser. Precisamente, una de las grandes incógnitas que quedan es cómo se va a financiar el presupuesto y es uno de los riesgos que se tiene cuando se hacen cosas de esta manera”, remarcó Matul.

El experto enfatizó en que esta situación que se está presentando, es “estrictamente legal”, pero que ojalá “no sea así”.

“Por una interpretación legal nuevamente el banco central tendría que financiar el presupuesto, pero no sería lo ideal pues tendría consecuencias en la macroeconomía. No tengo los elementos legales para sustentarlo, pero espero que no sea así, en fuente de financiamiento y no esperaría que sea del Banguat”, puntualizó.

Reiteró que uno de los riesgos puede ser sobre la interpretación, y los expertos en la parte jurídica tendrá que abordarlo y aclararlo.

Dentro de las discusiones convocadas al diálogo, el tema del financiamiento será una de las partes más sensibles a tratar, en el sentido de cuál será el monto del techo de deuda y a que se estará financiando.

En el presupuesto anterior de Q99 mil 700 millones, -archivado- estaba formulado con el 32%, que equivale a Q32 mil 638 millones de financiamiento de deuda, de los cuales Q24 mil 157 millones provendrían de bonos del Tesoro, y Q6 mil 656 millones con organismos financieros internacionales.

Solo para emergencia

Lavarreda es del criterio de que, según la ley, quedará vigente el del año anterior, y bajo esa perspectiva se incluyen todas las ampliaciones que se dieron en abril pasado.

Esas ampliaciones tienen diferentes fuentes como bonos y préstamos y aunque quede ya fue ejecutado en el caso de esta última.

“Hay un techo, pero no queda la posibilidad de utilizar los financiamientos tal cual quedaron en el contexto en el que fueron aprobadas las ampliaciones, y en las propuestas de reforma justamente se tendrá que ver y se tendrá que hacer muchos ajustes”, afirmó el analista.

El investigador enfatizó que los ajustes deben ir más allá de las fuentes de financiamiento, sino que también el uso, ya que se está trabajando con el presupuesto 2019, y habrá que trabajar con variaciones que resuelvan y profundas para este este ejercicio.

“En diciembre, para Finanzas será de mucho trabajo de ajustes para hacer toda la provisión de los cambios que se tendrán que hacer aún en este contexto político que se está viviendo”, reiteró y que todos los cambios sean con transparencia y a la vista.

Llamado de atención

Otra de las consideraciones del Cien, es que en la formulación del techo de la deuda para el presupuesto 2021, no se destine para el pago de funcionamiento, como salarios, materias primas, insumos, pagos de servicios con fuente deuda.

“No se debe utilizar fuente deuda para gastos de funcionamiento, y es estaremos atentos a como quedarán las modificaciones”, apuntó.

Añadió que los más seguro y en el contexto actual, el país tendrá que acudir a deuda para financiar el gasto público y mantener un déficit fiscal, y si va a existir, el tema no es tanto el monto, sino sobre todo para que rubro de gasto se estará financiando, en especial aquello valga la pena y que tenga una rentabilidad social.

Por otro lado, se necesita la mejora de la recaudación para poder cumplir con el pago de ese endeudamiento, pero uno de los problemas es que se financian programas con fuente deuda que no genera un retorno social.

La estructura presupuestaria de Guatemala en los últimos 15 años ha sido deficitaria, pero ahora se incrementó por los efectos de la pandemia y los estragos causados por las tormentas Eta e Iota, en la cual se necesitarán recursos adicionales para la atención y rehabilitación.

Se espera que en la quincena de diciembre el Minfin de a conocer cómo quedará la estructura de gasto y financiamiento al presupuesto 2021.

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Todo apunta a que el Congreso podría responder con la aprobación de las reformas que diferentes sectores están planteando, pero a la vez podrían incluir aspectos que les interesan a los diputados, sobre todo a los distritales, según la percepción de analistas políticos.

Las autoridades informaron sobre los avances del diálogo convocado por el Gobierno, y se confirmó que las conclusiones y resultados para modificar el plan de gasto estarían siendo presentadas en la tercera semana de diciembre, fuera del período ordinario de sesiones.

La apertura del presupuesto es el 1 de enero del 2021 con el inicio del año fiscal en Guatemala.

Guía de diálogo

El ministro de Finanzas Álvaro González Ricci y Marco Tulio Leonardo Bailón, subsecretario de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, presentaron la guía del proceso de diálogo con los diferentes sectores.

El próximo 3 de diciembre se cerrará la recepción de propuestas y luego vendrá el proceso de sistematizar del 7 al 11 de diciembre y plantear el borrador final.

Para ello se estaría nuevamente citando a los representantes de los tanques de pensamiento y sectores para abordar las conclusiones en una reunión pública y en la tercera semana de diciembre se estaría presentando al Congreso.

La SAT estaría presentando un nuevo escenario de recaudación tributaria. Leonardo Bailón, dijo que se está en la fase de sistematizar los planteamientos formulados esta semana.

Enfoques

Las propuestas estudiadas coinciden en cuanto grandes temas, expresó González Ricci.

El primero es bajar el techo del monto del presupuesto de Q107 mil millones, reducir el monto de la deuda; que en el presupuesto vigente es de Q14 mil millones por las ampliaciones del covid-19; elevar la recaudación para reducir el porcentaje de contratación de nueva deuda y la implementación de las normas de transparencia y calidad el gasto.

También se incluyen medidas de fiscalización para los aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo y onegés, así como priorizar el gasto en áreas como salud, educación, combate a la desnutrición e infraestructura.

Lectura

Rubén Hidalgo, director general del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), remarcó que se presentó la oportunidad para corregir el presupuesto, y se tuvo que hacer de una manera más responsable para que el gasto del 2021 respondiera al de un proyecto de país.

“Era la oportunidad de hacer que, entre el Ejecutivo y Legislativo, hablaran con el liderazgo de la sociedad civil y los tanques de pensamiento al enmendar la plana… que el Congreso atendiera esa construcción de puentes para llegar a donde se quería ir, pero todo se quedó corto”, consideró Hidalgo.

A su criterio, el escenario que se abrió es muy limitado, y apunta a que el presupuesto esté sujeto a un recorte, con restas y divisiones, y se percibe que está divorciado de las aspiraciones a un verdadero proyecto de país.

Maniobras

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), declaró que ante los resultados del diálogo, el Congreso tendrá margen de intervención, ya que ese organismo aparece como el más responsable en este proceso.

“En la forma en que se aprobó el presupuesto anterior, el Congreso tendrá un margen de maniobra muy grande y cualquier cosa que haga puede utilizar en su contra”, explicó.

Dijo que algunos alcaldes en áreas inundadas están culpando al Legislativo por la falta de recursos para atender la emergencia en el 2021 por los efectos de las tormentas en noviembre, y eso se traduce en presión para los políticos distritales.

Voluntad política

Hidalgo reiteró que, para la aprobación de estas correcciones, lastimosamente los diputados adolecen de voluntad política y de conocimiento que fundamente  el compromiso de país y siempre dan muestra de responder a intereses particulares y sectores.

Solo dar marcha atrás es una muestra de eso, y ahora con la aspiración de reacondicionar el gasto público, para que no allá expresiones ciudadanas en contra del presupuesto que estará divorciado de la realidad de país, y hay algunos diputados que están más preocupados en dejar de hacer obras en sus departamentos y de quedar fuera del listado geográfico de obras.

La nueva propuesta recogería los planteamientos de diversos sectores abordadas en el diálogo que abrió el Gobierno, luego del rechazo generalizado a la iniciativa de gasto que aprobó el Legislativo.

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La semana empezó con los diálogos y trascendió la posibilidad de presentar algunas enmiendas al Congreso antes del 30 de noviembre, pero se descarta esa posibilidad y todo apunta a lograr los consensos en diciembre.

La abrupta aprobación del presupuesto ocasionó un descontento que ha motivado protestas contra el Ejecutivo y Legislativo en los últimos días y un tenso ambiente político.

Bajo análisis

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, explicó que se están recibiendo las propuestas de los diversos sectores y, en ese sentido, se plantearía: reducción del techo, reducir contratación de deuda, reducir déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos—, mejorar con normas la transparencia, calidad del gasto, revisión de onegés y las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

“Se está recibiendo la información y se van a exponer las enmiendas necesarias. La idea es entregarla con el presidente Giammattei -Alejandro- y los sectores involucrados con el consenso y que se puedan someter en el Congreso”, explicó.

Las propuestas las está recibiendo la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y este viernes vence el plazo de recepción.

Paquete

El funcionario explicó que el paquete de enmiendas al plan de gasto 2021 estaría en diciembre, y aunque duda de que exista quorum, mantiene la expectativa de que los diputados las empiecen a conocer.

Recordó que muchos de los diputados distritales en diciembre salen a sus territorios por temas como los efectos de las tormentas Eta e Iota.

Por su parte, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, descargó la labor en el Ejecutivo cuando dijo el jueves que “hay que ver cómo se va a financiar el presupuesto. Eso lo tendrán que ver los técnicos y el Ministerio de Finanzas”.

“Si no es en diciembre, las enmiendas se presentarían en los primeros días de enero, ya que se necesita empezar con las readecuaciones para trabajar con un presupuesto 2020”, manifestó.

En todo caso, trabajar con el presupuesto vigente de Q107 mil millones implicaría que a partir del 1 de enero se harían las maniobras respectivas.

No es el monto, es la calidad del gasto

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), detalló que uno de los grandes problemas está en la parte de ingresos tributarios, y que la SAT tiene una caída libre en los últimos 10 años que no ha logrado recuperar la carga tributaria mientras el monto del presupuesto sigue creciendo.

Explicó que, por un lado, el monto del presupuesto debe ser grande para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero (se vuelve) pequeño al asignar los recursos para lo que se pretender gastar y no generar deuda.

En ese sentido, hay corrientes de pensamiento que sugieren gastar con lo que se cuenta, y otros son del criterio de gastar un poco más para atender lo establecido en la Constitución y en el K’atun 2032, ya que la visión es que el presupuesto debe crecer cada año para atender las necesidades y, al mismo tiempo, las condiciones para aumentar los ingresos tributarios.

Precisó que, en la práctica de los presupuestos multianuales, todo se mantiene constante, es decir, ni se mejoran las atenciones a la población, ni se mejoran los ingresos, y aunque en la coyuntura de 2021 se tienen que utilizar mejor los recursos disponibles, se utilizan mal.

Por ello reitera que se debe eliminar todo aquello que no contribuye con bienestar social, que la SAT mejore por lo menos en Q4 mil millones la recaudación.

Añade que el monto del presupuesto debe estar entre los Q99 mil millones, pero con un verdadero compromiso de subir la recaudación, quitar los desperdicios de recursos y asignar a otras áreas importantes.

Citó, como ejemplo, eliminar el Centro de Gobierno, reducir el presupuesto al Congreso y destinarlo a Educación o combate a la desnutrición y otras áreas que necesita la población.

“No es un problema de monto, sino de calidad de gasto. No se puede seguir gastando de esa naturaleza y la SAT tiene que mejorar para evitar de deuda”, puntualizó.

“No se necesita un capítulo de reactivación económica”

Miguel Gutiérrez, analista de Fundación Economía para el Desarrollo, comentó que hablar un presupuesto ideal no se puede, y si lo hubiera, tendría que contar con muchos candados -normas- para asegurar la transparencia.

El proceso ideal, rápido y simple, es con el presupuesto 2020: hacerle las modificaciones necesarias para que esté por debajo del 3% del déficit fiscal, y la reducción debería de ser unos Q20 mil millones dentro de los Q107 mil millones, que es el vigente. Eso significará un presupuesto de unos Q90 mil millones.

“Hay que quitarle todas las ampliaciones del covid-19, y que el Gobierno se comprometa a dejar un déficit fiscal en los siguientes años al 2%”, afirmó.

Criticó la manera opaca en que se concibió el capítulo de reactivación económica. “El país tendrá un rebote en la economía y no se necesita una reactivación”, puntualizó.

Mientras que en el tema del covid-19, que se presupueste la compra de las vacunas, y hacer inversiones en la capacidad logística del Ministerio de Saludo, que se ha deteriorado en los últimos años, y el gasto será por tramos y no de golpe, porque no se podrá vacunar a la población en un año por la falta de capacidad de atención, subrayó.

“Que no se haga a escondidas”

Rodolfo Neutze, jefe de bancada de Creo, indicó que están en la posición de apoyar todo aquello que mejore el presupuesto 2021, ya que será el mismo del 2020, estará desfinanciado y fuera de la realidad. “Se apoyará todo aquello que sea transparente, que no se haga a escondidas ni del Congreso, ni de la población”, aseveró.

El diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla, expresó que desconocen qué saldrá de esas mesas de diálogo, y en su opinión no hay confianza, ni son legítimas.

“El presidente ya mandó sus prioridades de presupuesto, las que los diputados aprobaron originalmente y ahora buscan lavarse la cara con estas mesas de diálogo y no respondiendo la demanda de la ciudadanía”, consideró, y que los ajustes que propondrán vendrán de la línea de trabajo del partido.

El diputado Edgar Batres, de la bancada Winaq, explicó que están a la espera de cuáles serán los resultados de las mesas de diálogo, aunque adelantó que el principal problema es la tasa de endeudamiento público planteada en el presupuesto.

“Vamos a apuntar soluciones para mejorar el financiamiento por la vía de la SAT, para que se recuperen los porcentajes de evasión y exigir aumentar la cobranza que debe ser la apuesta”, expresó.

Criterios de montos

En un ejercicio sobre cuál sería el monto razonable del presupuesto 2021, se han encontrado opiniones diversas.

González Ricci dijo que, en una simple matemática, sin entrar a fondo y sin aventurarse, los sectores están demandando un menor porcentaje de contratación de deuda pública, un menor déficit fiscal, y que la recaudación tributaria obedece a un dato técnico en el entendido de cuánto es el monto que se puede cobrar. El monto que determinen en estas mesas sería menor al propuesto por Finanzas que era de Q99 mil 700 millones.

“No veo el problema en el monto, sino que se cuente con las normas de transparencia, calidad de gasto, pero estamos saliendo de las tormentas y se tiene que dejar recursos en alimentos, cosechas a las familias afectadas. El presupuesto podría ser menor a lo que el Congreso aprobó el 18 de noviembre y se reducirá el gasto de funcionamiento”, remarcó.

Repitió y aclaró que un supuesto matemático, de reducir los Q14 mil millones del covid-19 y reactivación al presupuesto de Q107 mil millones quedarían Q93 mil millones y, por ejemplo, se agregan Q4 mil 700 millones, estaríamos en Q97 mil 700 millones, lo que equivale a Q2 mil millones al techo que se aprobó.

Mencionó que la discusión con los sectores determinará cuánto se destinará para la reactivación y cuánto para reconstrucción y “ahí la discusión será más nutrida y constructiva”, y lograr una ruta para llegar al déficit que se había alcanzado anteriormente.

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CC resolverá hoy el futuro del presupuesto 2021

Según explicó el presidente del Legislativo, el diputado oficialista Allan Rodríguez, se decidió con algunos jefes de bloque frenar el trámite del decreto ley 33 – 2020, que da vida legal a la aprobación del presupuesto 2021.

El anunció del Congreso surge casi dos días después que un grupo de supuestos manifestantes incendió parte del palacio legislativo, durante una jornada de protestas ciudadanas que comenzaron el pasado fin de semana en contra de la aprobación del plan de gastos del próximo año.

Durante su intervención Rodríguez defendió el cuestionado presupuesto, afirmando que se dieron a conocer datos falsos que generaron desinformación, y que la aprobación presupuestaria fue tomada como pretexto para una jornada de protestas que venían pensadas tiempo atrás.

Pero a pesar de asegurar que el trabajo de su Junta Directiva y de las bancadas aliadas fue optimo y transparente, el presidente del Congreso comunicó que no van a trasladar la ley al presidente Alejandro Giammattei para garantizar la gobernabilidad.

“Pese a que hemos cumplido con nuestra función Constitucional, con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo para el periodo 2021, en consecuencia dicho decreto no será remitido al Organismo Ejecutivo”, señaló.

En el video no se apreció a un grupo grande de diputados, es más, las bancadas de oposición no estaban presentes. El diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso y congresista de Visión con Valores (Viva), afirmó que él fue invitado por Rodríguez y que desconoce a quienes se convocó.

Como legislador, y no como integrante de la Directiva, declaró que espera una próxima convocatoria ante el Pleno, para que con la mayoría calificada el tema sea expuesto y aprobado tras una ronda de votación.

“No es que aquí se haya tomado ya una decisión porque hay que llevarlo al Pleno, esto es un acuerdo político, que creo, es oportuno porque esto hay que desactivarlo cuando antes. Hay personas heridas, no vale la pena la muerte de un solo guatemalteco mantener una posición y por eso apoye el hecho que no siga su trámite el decreto que respalda la aprobación del presupuesto”, refirió.

Rechazan a Junta Directiva

Los bloques de oposición aseguran que no es la primera reunión en la que no son tomados en cuenta, pero en esta oportunidad consideran acciones legales si se pretende violar los procesos de ley, ya que frenar el trámite de una norma, aseguran, es algo que compete al Pleno y no solo a la Junta Directiva y sus bancadas aliadas.

“Estamos para que ese decreto aberrante que es inoportuno, que atenta contra el interés nacional y normas constitucionales sea archivado pero de acuerdo al procedimiento que enmarca la ley de reunirnos en el Pleno ¿Cuál es el miedo? Nosotros los diputados vamos a acudir a donde nos convoquen, si no se tuvo miedo para la aprobación de ese decreto por qué se tiene miedo hoy”, cuestionó Edwin Lux, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Movimiento Semilla durante una rueda de prensa solicitó públicamente la renuncia de la Directiva parlamentaria, “ya solo el hecho de que se esté tomando una discusión de ese calibre en ausencia de las bancadas de la oposición, en horas de la noche…la Junta Directiva no se ha dado cuenta que precisamente un gran detonante de malestar social ha sido esa forma de actuar, opaca y turbia, ahora que se busca saber cómo salimos de la crisis que ellos mismos hicieron, continúan con los mismos mecanismos”, citó Bernardo Arévalo, jefe de la bancada.

También Sonia Gutiérrez, jefa de bancada de Winaq, se opone a la forma en que se tomó la decisión, “atenta contra el estado de Derecho en nuestro país, sería inconcebible  ese autoritarismo de la Junta Directiva y sus aliados, sería un precedente nefasto para el país, es decir, si mañana se aprueba una ley y si no les gusta pues la suspenden (…) vemos una forma perversa de actuar de la Junta Directiva, si ellos lo que quieren es apaciguar el sentir ciudadano que se manifestó, creemos que no es una acción de forma incorrecta, el malestar no es solo por el presupuesto, es un cumulo de decisiones que había venido tomando el Congreso”.

Quien de la misma forma es Walter Félix, jefe de bloque de Urng – Maíz, quien tampoco fue convocado para la reunión, “están actuando con arrogancia, con prepotencia, es una actitud dictatorial, ellos impulsan e imponen y se acabó, entonces las consecuencias son estas. Ellos están actuando mal, están envalentonados, piensan que como sacaron a la Cicig no hay quien los vaya a fiscalizar, piensan que no hay quien los esté viendo y por eso hacen lo que se les da la gana, el presupuesto es la gota que rebalsó el vaso, pero hay todo un mar de fondo”.

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Que decida Giammattei

Aunque exista un acuerdo político la ley no permite frenar el trámite de una norma, según la percepción de Roberto Alejos, Constituyente y expresidente del Congreso.

“No se puede. El Congreso de la República no puede parar el trámite de una ley aprobada. En el 2017 se utilizó un precedente pero yo creo que estuvo mal usado porque la ley del Organismo Legislativo en su artículo quinto dice que este precedente es para el debate, no para el trámite de la ley (…) se usó para aquellas leyes por las que se ganaron el apodo del Pacto de Corruptos y por eso nadie dijo nada”, señaló.

Puede que en esta oportunidad ocurra lo mismo a criterio de Alejos, por haber un rechazo generalizado a la ley se suspenderá el trámite, pero asegura que no es lo correcta porque permite una interpretación errónea de la ley.

Añade que lo mejor es pasarle el documento al presidente Alejandro Giammattei, para que el decida el futuro de la norma, que si llega a ser contrario a lo que ya acordaron diputados, ellos pueden de igual manera archivarlo sin violar ninguna ley.

“La ley fue aprobada y tiene que llegar al presidente para que la vete o la publique,  si la veta ahí queda ahora si la pública el Congreso puede derogarla o modificarla pero ahora es un trámite administrativo que no tiene un trámite legal para pararse”, precisó.

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Continúan protestas en cercanías al Congreso

La mayoría vive en la ciudad de Buenos Aires y otros están radicados en diferentes lugares de la provincia.

Los guatemaltecos que protestaron desde Argentina son: Briseida Milián, Lucía Mayorga, Beatriz Barrera, Miguel Ángel Asturias hijo y Luis Velásquez.

“Nos manifestamos porque hemos sido parte de las protestas de los últimos años, ya sea en Guatemala o aquí en Buenos Aires, y repudiamos el pacto de corruptos, quienes roban dinero público y aseguran su impunidad”, manifestó Milían.

Además, protestaron por los últimos casos de corrupción que han salido a la luz pública, y que tiene a algunos personajes en la cárcel o bien con órdenes de captura.

Desde la Embajada de Guatemala en Argentina nos sumamos a la plaza #nonospela #bastaya @DrGiammattei pic.twitter.com/QE3yakuUPx

— Lucía Mayorga M. (@lumayorgam) November 21, 2020

En Alemania

También, se reportaron otros guatemaltecos desde Hamburgo y Berlín, Alemania, quienes se presentaron a la respectiva embajada de Guatemala en ese país.

#BastaYa #21N desde Berlín, Alemania @EmisorasUnidas @prensa_libre @soy_502 @PublinewsGT @Guatevision_tv pic.twitter.com/r8lRHeJK6V

— Herbert Galindo Ramazzini (@HGramazzini) November 21, 2020

la comunidad guatemalteca de Hamburgo dijo Presentes y Nunca Indiferentes! #21N #NoNosPela #YaBasta pic.twitter.com/MU13e3pXBG

— IF THERES A FUTURE WE WANT IT NOW (@GetYourShovel__) November 21, 2020

Desde México

Un grupo de guatemaltecos residentes en Ciudad de México también se unieron a la manifestación del 21 de noviembre y afirmaron que volverán este próximo sábado 28 de noviembre a la embajada de Guatemala en ese país.

El objetivo es continuar con el apoyo a la población guatemalteca y exigir al actual gobierno de Alejandro Giammattei cambios que vayan en beneficio de temas como educación, salud, empleo, entre otros.

Rechazo generalizado

El rechazo por el presupuesto aprobado para el siguiente año llevó a ciudadanos de nuevo a manifestar en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, para gritar su inconformidad de forma pacífica al presidente Alejandro Giammattei y además por algunas decisiones tomadas por el gobierno.

La madrugada del 18 de noviembre una aplanadora oficialista aprobó de urgencia nacional el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado por Q99 mil 700 millones, tal como lo solicitó el Ejecutivo en septiembre, más dos préstamos millonarios.

Las muestras de rechazo no se hicieron esperar y diversos sectores criticaron la forma en la que se aprobó el presupuesto y también el hecho de que esto significará un endeudamiento grande para el país y por eso convocaron a una protesta frente al Palacio Nacional de la Cultura para el 21 de noviembre.

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La distribución presupuestaria dirigida a los Consejos se convierte en un “superministerio”, que competirá con el rubro de inversión asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Para tener una idea, el presupuesto del CIV es de Q5 mil 049 millones y ocupa la cuarta posición en la proporción por cartera. Además, duplica las asignaciones de los ministerios de Agricultura por Q1 mil 703 millones y Desarrollo Q1 mil 462 millones para 2021.

En el dictamen apresurado que brindaron los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso el pasado martes, aseguraron que la asignación corresponde a la Reactivación Económica Local ante los efectos del coronavirus y las tormentas Eta e Iota.

El exviceministro de Finanzas, Érick Coyoy, precisó que lo más importante en la aprobación del presupuesto 2021, es la ampliación presupuestaria para los Consejos Departamentales de Desarrollo, que es mucho más que han recibido en los años anteriores, y la autorización de usar los recursos que no ejecuten este año el próximo de una ampliación que tuvieron y no se había reflejado anteriormente.

“Todos los movimientos que hubo del presupuesto estuvieron orientado a los Consejos, y se nota que hay una maniobra para el control de los recursos y no depender del CIV”, aseguró.

Distribución

Del 2012 al 2020, en promedio las asignaciones a los Consejos son de Q2 mil 277 millones por año fiscal.

En la aprobación, el Congreso realizó tres maniobras presupuestarias para los Consejos.

Por aporte ordinario del IVA Paz -que proviene de la recaudación tributaria- la asignación es de Q2 mil 401 millones, un aporte extraordinario -que vendrá por deuda interna- que originalmente era de Q1 mil 417 millones, pero luego de una enmienda quedó en Q947 millones.

A ello se suma el saldo -que se conocerá hasta que termine el ejercicio- de unos Q300 millones que podrá utilizar para el siguiente año, según la norma presupuestaria del artículo 105.

En ese artículo, el Congreso autoriza utilizar los saldos pendientes de ejecutar por los Consejos de los recursos aprobados en el decreto 20-2020 que trata sobre una ampliación presupuestaria de Q600 millones por la emergencia del covid-19 y que se aprobó en abril de este año por medio de la colocación de bonos del Tesoro -deuda pública-.

Es decir que las obras que no se ejecuten en este ejercicio, podrán utilizar esos recursos.

De los Q600 millones con bonos, la ejecución no alcanza la tercera parte, y lo más que podrán ejecutar al cierre de diciembre será entre Q300 a Q350 millones, por lo que podrán utilizarlos el siguiente año, según la norma presupuestaria.

Además, que por primera vez se aprueba esta norma en el presupuesto y a comparación de otros años, los recursos que no se ejecutan no regresarán al Fondo Común para darles otros usos.

Todo este andamiaje presupuestario del Congreso supondrá que los Consejos manejará esa cantidad de dinero.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que los Consejos Departamentales de Desarrollo fueron los principales ganadores en la aprobación del plan de gasto.

Estrecha relación

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), explicó que por efectos de la pandemia se pronostica una caída del IVA Paz, que afectará a su vez los ingresos de los Consejos y a las municipalidades, sin embargo, el grave problema es que los mejores ejecutores son las municipalidades y no los Consejos que con las asignaciones no van a poder ejecutar.

“El tema acá no es ejecución, sino que los gobernadores departamentales como presidente de los Consejos responden a los diputados distritales, y se habló que a cada diputado que aprobó el presupuesto les dieron sobre la mesa Q100 mil y Q5 millones en obras”, dijo el analista.

Recordó que, a cambio de ejecutar esa prebenda que se hizo de aprobar el presupuesto, son dos mecanismos: el CIV pagando deuda de arrastre a empresas de Covial y la Dirección General de Caminos y los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Añadió que la Contraloría General de Cuentas tiene identificados 28 mil proyectos que han quedado paralizados y que no se pueden ejecutar por los Consejos en el siguiente año.

“Con esta asignación presupuestaria se observará que seguramente el anticipo de primera obra se repartirá entre empresas constructoras que pertenecen a diputados distritales, y el llamado a la ciudadanía en los municipios es fiscalizar y auditoria social en cada obra, porque aparte que saldrán caras por el nivel de deuda que se adquirirá no se van a finalizar”, apuntó Flores.

El analista enfatizó en que el negocio es repartir el dinero mediante el anticipo del 20% de cada obra en los municipios y departamentos.

Coyoy dijo que el perfil de las obras que ejecutan los Consejos se caracteriza por ser pequeñas y se ejecutan en los departamentos, pero se han conocido casos de corrupción como la carretera que conducía a un negocio particular de la exdiputada Delia Bac en Chimaltenango y se hizo una simulación de una aldea como son demasiados proyectos pequeños la Contraloría no los llega a fiscalizar a cada uno de ellos, y ahí se aprovechan diputados distritales y alcaldes a manipular.

Recordó también el caso del exalcalde Arnoldo Medrano, de Chinautla, del cómo se manejan los recursos de los Consejos, por medio de muchos proyectos pequeños, que los aprovechan redirigir a su favor.

“Los diputados distritales, cada uno en sus departamentos, tiene la opción de ver a quién se le adjudica el contrato y los avances de los pagos y eso explica la aprobación del presupuesto”, aseveró Coyoy.

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Son algunos temas, los detectados por ahora, que despiertan dudas en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que citó al titular de Finanzas y a sus viceministros para que ayudarán a explicar la orientación y ejecución de algunos rubros.

A la cita únicamente comparecieron los viceministros, pero quedaron de mandar parte de la información por escrito ya que desconocían la forma en que se ejecutaran algunos fondos y hasta el monto de algunas distribuciones, ello por las enmiendas que congresistas incluyeron en la fase de aprobación.

Para el diputado uneista, Orlando Blanco, uno de los temas que considera primordial esclarecer es la forma en que, aparentemente, han quedado debilitadas instituciones como el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público (MP) y el propio Organismo Judicial (OJ).

“Ya no va la prohibición que impedía evitar traslados de varias instituciones, hoy se limitó básicamente a que no se toque el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero anteriormente también había prohibición de tocar los presupuestos de las organizaciones del Sector Justicia, hay un evidente debilitamiento en estas instituciones porque en cualquier momento se puede trastocar el presupuesto, sobretodo en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad (…) son de los temas que nosotros identificamos como graves”, refirió el parlamentario.

Comparten inquietudes

Otro de los temas que han despertado inquietudes son los recursos destinados a algunas ONG´s que fueron incluidas en el último momento, tema en el que tampoco el Ministerio de Finanzas tiene claridad.

Por ello quedaron de enviar un dictamen al bloque verde cuando logren esclarecer con totalidad cuantas organizaciones de este tipo fueron incluidas por primera vez y a cuantas se les incrementó su presupuesto, pero destacan que se mantienen las garantías de transparencia.

“De los que venían en la iniciativa del Congreso, que elaboró el ministerio de Finanzas, se mantienen todas las disposiciones de transparencia, pocas eran nuevas en relación a proyectos anteriores, pero se mantenía que las ONG´s firmaran convenios y emitieran informes mensuales, que deben ser públicos en formato editable, incluso se prohíbe la entrega de fondos si no cumplen con la rendición de cuentas”, refirió Violeta Mazariegos, viceministra de transparencia fiscal y adquisiciones del Estado.

También se detalló como en el presupuesto se incluyen proyectos para el drenado de ríos, aunque ya existe una opinión de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que afirma que estas acciones son difíciles de fiscalizar, y hasta la viceministra Mazariegos duda que sea un tema legal porque contradice a la ley de contrataciones del Estado.

“Efectivamente esta ley que es para efectos presupuestarios estaría modificando la ley específica, la ley de contrataciones, y tendría vigencia durante un año; lo deseable es que la Contraloría General de Cuentas (CGC) emita un mecanismo para poderlo fiscalizar correctamente (…) yo personalmente sí creo que lo que se observa son las leyes específicas, la ley del presupuesto debería de concretarse a la materia presupuestaria que tiene vigencia de un año, yo creo que tendrá que revisarse legalmente si es posible o no”, refirió.

Lo ideal

El ministro de Finanzas, Álvaro Gonzales Ricci, durante una entrevista con una radio local, fue cuestionado sobre qué aspectos del presupuesto merecerían una revisión, en el caso hipotético que la ley fuera vetada por el Presidente, respondiendo al tema de las ONG´S y los recursos para combatir la desnutrición.

“Yo iría a revisar las ONG, claramente es un tema que aunque no son números de miles de millones son claramente rubros que a todos molesta, en el sentido que el dinero que se recauda vaya a ONGS o fundaciones que si efectivamente hagan su trabajo; otro tema importante sería tratar inclusive, es algo que la gente está pidiendo, aclarar, fortalecer este rubro de la desnutrición infantil”, indicó.

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Tanto el techo como el monto de endeudamiento público rompen los esquemas que se venían tratando en la última década.

El dictamen de la iniciativa 5832 fue aprobado por 16 votos a favor, a pesar de que los diputados de oposición solicitaron espacio y tiempo para poder estudiarlo y firmarlo.

La misma se trasladó a la Comisión Legislativa para su trámite.

Según el dictamen de la Comisión, Q63 mil 560 millones se destinarán para funcionamiento, Q20 mil 234 millones para inversión y Q15 mil 905 millones para el pago del servicio de la deuda.

Deuda por Q31 mil millones

El planteamiento de la deuda bonificable por Q29 mil 284.4 millones generó reacciones por parte del sector privado organizado y de organizaciones sociales, a lo cual los diputados reconocieron disminuir el monto y cedieron.

La emisión de bonos del Tesoro quedó en Q24 mil 157 millones –que es deuda interna– y financiamiento externo por Q6 mil 915 millones.

La sumatoria de la emisión de bonos y los préstamos es de Q31 mil 072.7 millones que es la nueva deuda para contratar. En la propuesta original era de Q32 mil 647 millones.

Eso equivale a que la estructura de presupuesto será financiada por deuda en 31%.

El monto sigue siendo alto, y no se había observado en la historia, pero el déficit fiscal podría mantenerse por encima del 4%.

En el financiamiento externo se incluye la aprobación de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$594 millones.

“Se cambio la fuente de financiamiento por los bonos para sustituirlos por préstamos del FMI y solo teníamos dos opciones. Elegir el préstamo nos permite ahorrar unos Q180 millones en intereses que se van a dejar de pagar”, dijo Duay Martínez, presidente de la Comisión.

Explicó que no se ajustaron el 95% de las asignaciones ordinarias que el Minfin trasladó, y que la mayoría de los ministerios se quedan en sus montos.

El monto del dictamen es menor a los Q107 mil 760.7 millones del presupuesto vigente, que se incrementó en abril para atender los rubros por la emergencia sanitaria.

En los techos y las asignaciones a los ministerios, funcionamiento, inversión y pago del servicio de la deuda, los montos se conservan como lo planteó el pasado 2 de septiembre el Ministerio de Finanzas (Minfin) cuando lo entregó al Congreso.

Ajuste de la recaudación

Otra modificación fue en los ingresos tributarios, e incrementan la meta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La nueva meta de recaudación que financiará el presupuesto quedó en Q63 mil millones, con los nuevos escenarios que conoció la Comisión por parte de las autoridades.

En el planteamiento del 2 de septiembre la meta de recaudación era de Q61 mil 426 millones.

En los ingresos no tributarios y de capital en Q3 mil 848 millones, donaciones Q211 millones, y variación y caja en bancos Q1 mil 565 millones.

Capítulo de reactivación

Otra readecuación corresponde al capítulo de reactivación que se había planteado por el Gobierno y la construcción de varias obras de infraestructura por Q4 mil 560 millones.

De ese monto, se planteó destinar Q1 mil millones para la reconstrucción de los estragos causados por la tormenta Eta, del capítulo de infraestructura.

“Se están destinando Q1 mil millones para atender directamente ese aspecto que causó daño (..), y tenemos muchos alcaldes e instituciones afectadas y sabemos que este será el inicio y otras instituciones para atender la emergencia”, remarcó Martínez.

En el dictamen también se planteó otra reorientación denominada “Reactivación Económica Local”, y según el parlamentario la reactivación económica debe ir enfocada y canalizada en los municipios y se destinó Q1 mil 400 millones.

“Entendemos que la mayoría de los alcaldes estuvieron en peregrinación con la posible reducción de sus ingresos que se verían afectados por el situado constitucional y qué mejor forma de activar la economía en todos los municipios a nivel nacional que destinando fondos directos y continuar con la reconstrucción en los municipios que lo consideren necesarios, donde la pandemia los afectó”, dijo Martínez.

Botín político

El exviceministro de Finanzas, Érick Coyoy, dijo que en el dictamen se incrementa en Q1 mil 500 millones la meta de recaudación tributaria, lo cual es positivo porque exige a la SAT mejorar su desempeño, pero aumenta en Q1 mil millones el aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo bajo el pretexto de apoyar la reconstrucción de los daños por la tormenta ETA.

“En realidad es sabido que este aporte a Consejos ha sido usado ampliamente como un botín político en beneficio de alcaldes, gobernadores y diputados distritales. Deberían incluirse normas de control para asegurar que las comunidades afectadas tienen mayor participación en las decisiones sobre estos recursos”, puntualizó.

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El monto es menor a los Q107 mil 760.7 millones del presupuesto vigente, que se incrementó en abril para atender los rubros por la emergencia sanitaria.

Los principales cambios que se incluyeron fueron la inclusión de un capítulo de reconstrucción por los estragos causados por la tormenta Eta, así como un programa de Reactivación Económica Local. En el primer rubro se destinaron Q1 mil millones y en el segundo, Q1 mil 400 millones.

El rubro modificado es el capítulo de inversión que había planteado el Ministerio de Finanzas.

Baja monto de deuda pública

El otro cambio es el monto de la deuda bonificada.

De Q29 mil 400 millones que se plantearon originalmente se redujo el monto a Q24 mil 157 millones.

El cambio de fuente será por un préstamo de US$594 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la vía de ingresos tributarios por Q1 mil millones.

El dictamen fue trasladado a la Comisión Legislativa, y pasará al pleno a la discusión.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Duay Martínez, celebra una nueva Sesión Ordinaria, para continuar con el análisis del #Presupuesto2021Gt.

#NuevoCongreso #IXLegislatura pic.twitter.com/6iVAqTa0hH

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 17, 2020

Los recursos que no entren al presupuesto por deuda deben generarse por otras vías.

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Por lo menos seis acciones estratégicas deberán ejecutar la SAT en 2021 para compensar la rebaja de Q1 mil 500 millones a la emisión de deuda bonificable. Esta fue una decisión que diputados de la Comisión de Finanzas y las autoridades consensuaron para reducir la deuda antes de emitir el dictamen.

La respuesta pareciera estar en profundizar los controles en el servicio aduanero.

Sin embargo, el llamado de autoridades y diputados se centra en mejorar la recaudación, dado el porcentaje de incremento de la deuda bonificable que se planteó en el proyecto de presupuesto.

En 2020 y 2021 hay un sustancial incremento de la deuda pública como efecto del covid-19 en la economía, y las autoridades ejercieron una política fiscal para enfrentarlo desde el punto de vista financiero.

El déficit fiscal para 2020 alcanzaría 5.7% y se planteó en el presupuesto 4.9%, pero podría disminuir a 4.3% con incrementar la recaudación, según las autoridades.

¿De dónde va a salir el dinero?

A la pregunta: ¿De dónde se puede incrementar la recaudación?, diputados y especialistas fiscales consideraron por lo menos seis acciones puntuales, aunque aclaran que no conocen el plan operativo anual (POA) que estaría desarrollando el superintendente Marco Livio Díaz Reyes en un período atípico.

Las acciones son ejercer mayor control a los contribuyentes; reducir la evasión; reducir el contrabando aduanero y técnico; mayor fiscalización; incrementar auditorías y acciones de cobro por la vía judicial.

Se esperaría que, con el cambio de Directorio en la SAT, haya nuevas políticas y estrategias para incrementar los impuestos.

“Lo más rápido es por en aduanas”

El analista político independiente Roberto Santiago Servent y Donato Monzón, exintegrante del Directorio, coincidieron en que el mecanismo más inmediato para incrementar la recaudación fiscal el próximo año es en aduanas, es decir en el comercio exterior.

“El presupuesto está desfinanciado, la recaudación es bajísima, no hay claridad del Gobierno sobre su programa de inversión y el país se está sosteniendo gracias a las remesas”, expuso Servent.

Reiteró que, para poder lograr las metas, y en este caso, incrementar ese porcentaje, debe hacerse por la vía de las aduanas

Monzón consideró que hay que reducir los niveles de contrabando aduanero y técnico, y en aquellos casos en los cuales haya duda razonable, “aplicar auditorías” a los contribuyentes.

También es de la idea de ejercer mayores controles a los contribuyentes con los programas de fiscalización, e incrementar el número de auditorías y de cobro judicial.

Servent mencionó que las fiscalizaciones logran poca recaudación, son engorrosas y requieren mucha inversión de tiempo.

Mecanismos

Édgar Stuardo Batres, de la bancada Winaq, y Samuel Pérez, diputado de Semilla, mencionaron que los ingresos tributarios deben incrementarse el próximo año, dado que el porcentaje de endeudamiento planteado en el presupuesto de 32% por la vía de deuda bonificada es el más alto de la historia.

“Hay un 80% de evasión fiscal por incompetencia o por complacencia de la SAT con los grandes evasores fiscales y con solo lograr el 25% de esa recaudación bien podría solventarse el déficit fiscal sin recurrir a la deuda”, enfatizó Batres.

Pérez añadió que el porcentaje de deuda puede ser aceptable con la economía, pero inaceptable con el tamaño de los ingresos fiscales, que es lo que paga la deuda.

Recordó que el sistema tributario del país es regresivo, e impacta al quien menos tiene y paga más, y dada las circunstancia del covid-19 y las tormentas va a afectar a las clases medias.

“No hay estimaciones aterrizadas. Una deuda se puede justiciar y lo más fácil es decir que en el futuro va a superarse por los ingresos fiscales, y el problema es que no se cuentan con los estudios con el Ministerio de Finanzas y Banco de Guatemala y solo se adquiere la deuda eso es lo peligroso e insostenible”, apuntó.

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, confirmó que el consenso de reducir en Q1 mil 500 millones en la emisión de bonos, se redistribuirá en recaudación en Q1 mil millones y unos Q500 millones en optimizar proyectos que no podrían ejecutarse en su totalidad en el siguiente ejercicio fiscal.

“Lo que se está sustituyendo en deuda se está poniendo en recaudación, y si recortan los gastos el presupuesto sería de Q99 mil 200 millones”, adelantó el ministro, quien enfatizó que se está anuente a incrementar la recaudación en esa cantidad.

La meta de recaudación prevista para 2021 y que fue revisada en octubre es de Q63 mil 500 millones y no Q61 mil 400 millones como inicialmente se había planteado en el proyecto de presupuesto, luego de conocerse los pronósticos de crecimiento de la economía.

Cambio de fuente

El ministro precisó que impulsarán la aprobación de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$594 millones -Q4 mil 573 millones- para apoyo presupuestario.

La idea, dijo, es sustituir bonos por préstamos, que al final representaría un ahorro en el pago del servicio anual de la deuda por Q200 millones.

El dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso estaría listo esta semana y el pleno lo entraría a conocer, ya que según la ley tiene hasta el 30 de noviembre para debatirlo.

El consenso entre los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso y el Ministerio de Finanzas (Minfin) surgió durante el fin de semana. Para eso se plantearon los escenarios que apuntan a una disminución de bonos del Tesoro por un cupo de Q1 mil 500 millones.

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Diputados de oposición han señalado que una de las mayores preocupaciones era que el presupuesto de Q99 mil 700 millones se estaría financiado en su estructura por 32% la vía de la deuda, y que representaría un déficit fiscal del 4.9% —gastos programados que superan los ingresos—, considerado como uno de los más altos en la historia, y que responde por la emergencia sanitaria.

Se esperaría que entre este 15 de noviembre o mañana lunes los diputados que integran la Comisión de Finanzas firmen el dictamen, pero el tema cobró notoriedad en los últimos días, luego que la Junta Monetaria (JM) emitiera opinión favorable al cupo de Q29 mil 400 millones la semana pasada.

Propuesta de reducción

Consultado el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, dijo este domingo 15 de noviembre que el proyecto de presupuesto que se presentó el pasado 2 de septiembre venía formulado con números de la pandemia en su peor momento, y lo que se abordó con la Comisión de Finanzas, es que las perspectivas de recaudación tributaria para 2021 han mejorado considerablemente, sin dejar de tomar en cuenta que hay un riesgo latente de rebrote del covid-19 tal como sucede en Europa y Estados Unidas que empezaron a confinar de nuevo.

“Se ha hablado de reducir en Q1 mil 500 millones la deuda de bonos que es muy considerable y que esa cantidad se pueda redistribuirse en recaudación y optimizar algunos proyectos que por el tiempo en ejecutarse no darían tiempo en desarrollarse en 100%. Esto es lo que hemos hablado con los diputados y la SAT estaría anuente a estas nuevas proyecciones”, comentó el funcionario.

Insistió que para estructurar el presupuesto se realizaron con estimaciones de hace tres meses, y ahora el escenario cambio, “pero no queremos ser tan positivos, porque esto puede cambiar de la noche a la mañana”, tal como lo está pasando ahora con los impactos y destrozos de las lluvias que van a impactar la recaudación el próximo año.

El pasado 16 de octubre, las autoridades del Ministerio de Finanzas confirmaron un ajuste la recaudación tributaria para el siguiente año por Q63 mil 500 millones, y no los Q61 mil 400 millones que se habían proyectado inicialmente.

Bonos por préstamo

González Ricci declaró que esa reducción agresiva, y la deuda en 2021, se colocará de acuerdo con las necesidades presupuestarias, y por otro lado está el préstamo con el Fondo Monetaria Internacional (FMI) por US$594 millones -Q4 mil 573 millones- para apoyo presupuestario y que según el funcionario valdría la pena incluirlo juntamente con la ampliación del presupuesto, ya que vendría a sustituir bonos.

Indicó que se pondrá una norma presupuestaria, para generar ahorro en el pago de intereses -servicio de la deuda de unos de Q200 millones al año.

“Se puede contar con el préstamo del FMI y sustituir deuda bonificada y ahí habría un ahorro de Q200 millones en el pago de intereses por las condiciones son super favorables”, afirmó el funcionario.

El directorio de ese organismo financiero aprobó la línea de crédito para Guatemala para atender los efectos del coronavirus, que ya se encuentra en el Congreso, y las autoridades esperan que se apruebe en conjunto con el plan de gasto.

Bajaría el techo

En el análisis de reducción de la deuda con la Comisión de Finanzas se estaría compensando con una mayor recaudación tributaria de Q1 mil millones, y Q500 millones en gastos.

El escenario de déficit fiscal ya no sería de 4.9% como era el planteamiento original, sino de 4.3%.

“Lo que se está sustituyendo en deuda se está poniendo en recaudación, y si recortan los gastos el presupuesto sería de Q99 mil 200 millones”, afirmó el ministro.

Mientras que la deuda bonificable alrededor de Q27 mil 900 millones.

Revisión a profundidad

Consultados diputados de varias bancadas de oposición coinciden en que era necesario hacerle ajustes al planteamiento de la deuda, pero esperarían conocer la versión final del dictamen.

Édgar Stuardo Batres, de la bancada Winaq, aseguró que solo con el planteamiento del 32% de deuda del presupuesto, pone en crisis financiera para el Estado y con un déficit superior al 4.5% que es complicado.

Recordó los planteamientos de las organizaciones empresarial y sociales, que señalan la reducción del techo de la deuda como del presupuesto en general.

“Adquirir una deuda como está el Estado no tendrá la capacidad de pago a un mediano plazo considerando la recaudación tributaria”, reiteró Batres y explicó que estarían revisando las asignaciones a los Ministerios de Comunicaciones, Desarrollo, Agricultura, Salud y Educación.

Rodolfo Neutze Aguirre, diputado de Creo, expresó que aún están en análisis, y precisó la crisis del covid-19, más los estragos de Eta, vino a complicarlo.

“Si nos vamos a endeudar que sea en inversión para que genere empleo, seguridad y no deuda para gastos de funcionamiento, así como poner los candados de transparencia para que los fondos sean ejecutados de la mejor manera posible”, consideró Neutze Aguirre al explicar las líneas de análisis de la propuesta y su fundamento y no poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Samuel Pérez, diputado de Semilla, afirmó que el principal problema es el tema de la deuda, que puede tener una aceptable con la economía, pero inaceptable con el tamaño de los ingresos fiscales, que es lo que paga la deuda.

Por otro lado, dijo que se cuenta con una estructura tributaria regresiva, que, según el diputado, significa quien el que menos tiene paga más, y en un contexto de crisis por el covid-19 y los estragos por la tormenta tropical, se socavará la base de los tributantes.

“Si las clases medias están entrando en fase de pobreza y los que pueden pagar pagan poco, lo más seguro que la deuda sea impagable y por eso vienen consecuencias como la reducción de calificación de riesgo”, enfatizó Pérez.

El ritmo del crecimiento anual de la deuda pública se duplicará por los efectos del coronavirus y con la opinión favorable que emitió la Junta Monetaria (JM) por Q29 mil 400 millones a la deuda bonificable –establecida en el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del 2021– pone en alarma los compromisos a futuros.

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Atender los efectos de la emergencia sanitaria y el impulso a la economía, fue la principal justificación que el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, presentó a los integrantes de ese ente colegiado en la sesión del pasado miércoles, y que por mayoría fue aprobada.

No obstante, la opinión surge cuando la agencia de calificación de riesgo país Moody´s cambio la perspectiva desde estable a negativa a Guatemala, pero mantiene la nota en Ba1.

“Dimos la opinión que corresponde a la JM del endeudamiento que se tiene en el contenido del presupuesto 2021 y que se encuentra en el Congreso. Hubo una serie de reflexiones y el ministro de Finanzas justificó que el impacto de la pandemia es grande, y la respuesta de política ha sido fiscal”, declaró a Prensa Libre, Sergio Recinos presidente de la Junta Monetaria.

Manifestó que en la evaluación que llevó a cabo recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) se declaró que se “necesita tener el impulso fiscal el otro año”.

González Ricci reiteró que para manejar la pandemia “muchos países recurriendo al endeudamiento”.

La opinión se trasladó al Congreso, ya que el proyecto se encuentra en debate en la Comisión de Finanzas a la espera de brindar el dictamen respectivo, y luego pasará al pleno.

Rompe esquema

El reporte de Operaciones de Crédito Público del Minfin expone que el saldo de la deuda anual es de Q31 mil 142 millones al 30 de septiembre, y duplica a los montos que se venían mostrando en ejercicios anteriores.

Por ejemplo, en 2011, el saldo total-anual de la deuda era de Q7 mil 439 millones; 2012, Q8 mil 153 millones; 2013, Q7 mil 833 millones; 2014, Q6 mil 60 millones y 2015, Q7 mil 721 millones.

La tendencia de crecimiento empezó a observarse en 2016, cuando se ubicó en Q7 mil 50 millones; 2017, Q6 mil 773 millones; 2018, Q13 mil 571 millones y cerró en Q11 mil 305 millones en 2019.

En términos porcentuales, en el período 2011-2019, el ritmo de crecimiento anual de la deuda era de 10%, pero a septiembre de este año se ubicó en 19.80%.

A septiembre, el saldo de la deuda interna era de Q20 mil 689 millones, y es el más alto valor observado en los último 10 años, con un crecimiento de 13.15%, mientras que la deuda externa se situó con un saldo de Q10 mil 452 millones o sea 6.64%.

En ambos indicadores hay un significativo aumento con respecto a lo que venía mostrándose en los últimos 10 años.

Para Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas e investigador de la Universidad Rafael Landívar, esta situación refleja el significativo aumento de la deuda pública en estos dos años del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, explicado por la pandemia y la supuesta reactivación económica en la cual se está acudiendo de manera importante a la deuda pública.

“Por eso se tuvo la calificación de Moody´s esta semana y ocurre que se está aumentando la deuda en más del 30% en dos años, y es casi lo que aumento en una década. Los ingresos no están creciendo y alertan que la capacidad de pago del Gobierno está quedando muy comprometida”, precisó.

Disciplina fiscal

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que, si bien las desviaciones fiscales se justifican por la pandemia que se ha enfrentado, también es importante que se establezca una ruta creíble de consolidación fiscal, una vez concluida la crisis, que va a recurrir a voluntad, apoyo político y reforzar la institucionalidad fiscal.

Esto requerirá reglas fiscales ante estos comportamientos, y según el investigador, esto conllevará a tener discusiones importantes de la conveniencia del país, para lograr específicamente un balance de la deuda pública a un nivel prudente y sostenible.

“No es solo que se apruebe este endeudamiento, si no (que haya) una discusión y una aprobación para formalizar para reducir en el futuro el déficit fiscal, y creemos que es necesario que se haga eso. La rebaja de Moody’s, al final del día, va a tener un impacto en el costo del endeudamiento del país”, subrayó, en el entendido que no mejora la carga tributaria, será más caro acceder a capitales del mercado internacional.

A juicio del Cien, no se justifica todo el monto del nuevo endeudamiento, ya que hay una parte que está destinada para gastos de funcionamiento por Q8 mil 354 millones, que representa 13.3% para ese rubro por la vía de colocaciones y préstamos externos.

Reflexiones

Recinos explicó que hubo reflexiones en la discusión de la aprobación y los representantes del sector privado organizado. Sergio de la Torre Gimeno y Mariano Ventura, votaron en contra de la opinión.

Indicó que, en los llamados de atención al Ministerio de Finanzas, es que el déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— debe seguirse reduciendo de manera gradual y progresiva, de manera de alcanzar los déficits de 2% para que sean sostenibles el nivel de deuda, ya que este y el próximo año son extraordinarios.

El funcionario dijo que la opinión de la JM no revisa el destino de la deuda, si no el estudio de los indicadores.

Coyoy indicó que las únicas dos maneras para no comprometer el futuro y resolver son: aumentar los ingresos tributarios o se reduce la deuda para los próximos años.

“El próximo año cuando se hable de deuda pública la JM tiene que volver a ser su rol de estabilidad macroeconómica, que es lo que establece la ley y que no se ponga en riesgo”, enfatizó.

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El escándalo sobre el destino de los Q135 millones inició luego de la denuncia, el pasado lunes, de Fredy Chojolán, director de Caminos, sobre la supuesta falsificación de su firma para la operación.

El ministro del CIV Josué Lemus Cifuentes y el subdirector Nery Ramírez expusieron ayer la operación administrativo-financiera y mencionaron la lista de obras por construir con ese recurso, detalles que no aparecen en la solicitud presentada a Finanzas.

Un buen porcentaje de esas obras se ejecutarían, dijo el ministro, en departamentos del Occidente, como Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y Sololá. De este último distrito es originario el presidente del Congreso Allan Rodríguez, quien hace una semana fue reelecto para el próximo período legislativo.

En el dictamen para la transferencia se menciona que Caminos utilizaría esos fondos “para continuidad a varias obras de mejoramiento y reposición de carreteras primarias, secundarias y caminos rurales”.

CIV, responsable

Álvaro González Ricci, titular de Finanzas, confirmó que no se ha procedido al desembolso de los contratos que aparecen en los expedientes, pero el que tiene la información específica es el Ministerio de Comunicaciones, al cual se   transferirán los fondos según el avance de las obras.

Reiteró que esta solicitud se presentó documentada y firmada, y en este caso se hacen readecuaciones internas, se otorga fuente de financiamiento y se informa sobre la disponibilidad de la cuota financiera.

“En Finanzas les informamos que aquí cuentan con el espacio presupuestario. El CIV tiene que revisar los proyectos que listaron en el expediente y definirán los proyectos a los cuales se les tendrá que dar un anticipo, pero ya es un procedimiento interno de ellos”, explicó González Ricci.

La operación de readecuación consiste en pasar recursos financieros de un destino a otro, en la misma institución.

Dictamen

El acuerdo ministerial 259-2020 del Minfin autorizó el 1 de octubre la transferencia que solicita el CIV de readecuación presupuestaria de Q135 millones.

El débito es de Q93 millones del programa de atención de desastres naturales, Q22 millones de la ampliación de la construcción de la carretera de Sanarate a El Rancho, y Q20 millones de Provial, que suman los Q135 millones.

En el crédito no se aclara para qué tipo de obras o a qué proyectos se destinarían los recursos.

Dudas

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que al estudiar el dictamen que envió el CIV a Finanzas no se sabe cuáles serán las obras, pero sí el renglón presupuestario y su fuente de financiamiento.

En este caso, el Minfin señala al CIV que es el responsable de la reprogramación y que no puede hacer ninguna operación sin comprobante único de registro y sin antes haber realizado los ajustes en el Sistema de Contabilidad Integrada, indicó Lavarreda.

Una lección en este caso, precisó, es que se genere información de interés público y que el CIV mantenga actualizada la de obras en ejecución y las que se van a ejecutar, con sus respectivos dictámenes.

Mal estructurado

Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas, señaló como una inconsistencia que en la solicitud que aprobó Finanzas no están claros los rubros de gasto.

“Se dice con claridad el presupuesto de donde se va a transferir, pero no se dice con claridad a qué proyectos se van a transferir los recursos”, hizo ver Coyoy, y Finanzas deberá explicar una parte de la autorización de la transferencia sin tener un destino.

“Caminos lo que hizo es pagar a algunos proveedores con esta transferencia para pagar proveedores a los cuales está pensando, pero hay deficiencias en la operación porque no se indica los proyectos y hay faltante de información. Se hizo el trabajo para que en algún momento pagar a un proveedor”, destacó Coyoy.

Práctica común

El ministro de Finanzas indicó que las readecuaciones son comunes en este ejercicio, ya que no se aprobó el presupuesto y hay espacios que no cuentan con fuente de financiamiento, por venir con presupuesto del 2019.

Resaltó que se informa a la entidad que cuenta con su cuota de financiamiento, en este caso el CIV, y el comité de ejecución presupuestaria indica  que  esta cuota se destina para hacer ciertos pagos.

“El CIV nos está mandando los proyectos que van dentro de esa solicitud de la cuota de los Q135 millones”, explicó el funcionario en torno a que en la solicitud no están incluidos los proyectos, sino que es una operación interna que se envía a Tesorería para depositar a Caminos o directamente al contratista.

El funcionario recordó que el que decide a quién pagar, cuánto pagar y si está bien el pago y qué corresponde es el CIV. En Finanzas solo se brinda el espacio y los recursos, pero el responsable es el Ministerio de Comunicaciones.

El Ministerio de Economía (Mineco), presentó este 22 de septiembre el “Plan para la Recuperación Económica de Guatemala”, que tiene como objetivo recuperar y generar nuevas fuentes de ingreso para los guatemaltecos.

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La propuesta contempla tres ejes estratégicos, tres ejes transversales y diez líneas de acción con más de cincuenta actividades focalizadas en la reactivación y en la mejora de la economía, incluso, afirmaron las autoridades, a como era antes de la pandemia.

El Ministro de Economía, Antonio Malouf, indicó que “el plan es el resultado de un análisis multidimensional que permitió determinar los impactos económicos que ha generado el covid-19 en el país con el objetivo de diseñar una estrategia asertiva y coordinada a nivel gubernamental”.

Los tres ejes estratégicos son:

1. Recuperación y generación de nuevos empleos.
2. Atracción de inversiones estratégicas al país.
3. Fomento del consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional, regional y mundial.

Además, la seguridad ocupacional, la innovación y la sostenibilidad son los ejes transversales que contempla el plan para la reactivación económica del país.

En ese sentido, Malouf agregó que es indispensable que todas las acciones orientadas hacia la recuperación económica se desarrollen cumpliendo los protocolos de bioseguridad. “Toda actividad productiva debe desarrollarse anteponiendo la salud y seguridad de los guatemaltecos” indicó.

10 líneas de acción

Cada uno de los ejes estratégicos contempla líneas de acción, sumando diez en total:

I.             Primer eje: Recuperar y generar más empleos

1.    Generar y promover protocolos de bioseguridad para operar.

2.    Facilitar el acceso a instrumentos financieros.

3.    Promover la flexibilidad y la seguridad del mercado laboral.

4.    Fortalecer cadenas de valor de alta capacidad de empleo.

II.            Segundo eje: atracción de inversiones estratégicas

5.    Crear un marco legal favorable a la inversión e identificar proyectos de infraestructura productiva del país.

6.    Atraer inversiones para la relocalización.

7.    Mejorar el clima de negocios.

III.          Fomentar el consumo de bienes y servicios guatemaltecos

8.    Estimular la demanda.

9.    Identificar nuevas oportunidades en el comercio exterior.

10. Promover la recuperación de la confianza en el consumo.

El plan completo se puede descargar en la página del ministerio de economía www.mineco.gob.gt.

Durante la actividad participaron los siguientes ministerios: Finanzas Públicas; Energía y Minas; Relaciones Exteriores; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quienes forman parte del Capítulo de Reactivación Económica, contenido en el Proyecto de Presupuesto 2021.

Las municipalidades y otras instituciones que reciben fondos públicos que se calculan con base en la recaudación tributaria podrían enfrentar problemas, ya que en la formulación del proyecto del presupuesto para 2021 se proyectan menores ingresos tributarios, lo que les impactaría en su funcionamiento.

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Aunque la iniciativa 5832 del presupuesto empezó a ser discutida políticamente por los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso, ya se visualiza un primer frente, que podría generar presión por los alcaldes, ya que no dispondrán de mayores recursos para 2021 por la vía ingresos tributarios.

Las municipalidades se financian por medio del IVA Paz, aportes constitucionales, distribución del petróleo –que vienen de la recaudación que hace la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) – y por ingresos propios como como las licencias de construcción, el impuesto único sobre inmuebles y otros arbitrios.

Menor recaudación

El proyecto de presupuesto 2021 que presentó el Ministerio de Finanzas al Congreso establece como proyección de ingresos tributarios un monto de Q61 mil 426 millones.

El monto sería mayor a los Q57 mil 107 millones que es la proyección para 2020, y que incluye los efectos provocados por el covid-19.

Pero la cantidad es mucho menor a la cobranza que se recaudó en 2019, que fue de Q62 mil 593 millones, y todo indica que no se alcanzarán las metas originales establecidas para estos dos años.

Al revisar las cifras, el margen de maniobra para las municipalidades se limitará la proyección en los ingresos tributarios para el siguiente ejercicio.

Aunque el monto de la meta es alcanzable para la SAT, implicará la reducción de aportes a las alcaldías, lo que se traduce en una menor prestación de bienes y servicios en sus comunidades.

Si bien, se ha dicho que el plan de gasto se enfoca en la reactivación económica, el Congreso tendrá un reto al evaluar qué ajustes aplicar, y como desde los territorios donde no llega la inversión privada se puede activar la economía local- El problema es que con menos recursos no podrían realizarlo.

El diputado Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, adelantó que uno de debates será sobre las implicaciones de la menor recaudación, no solo a las municipalidades, si no sobre otras entidades y dependencias.

“Tenemos que revisar las cifras de ingresos tributarios porque hay muchas dudas”, comentó el legislador.

Ajuste para abajo… ajuste para arriba

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, declaró que no es una opción que decidan si se dan más o menos recursos a las municipalidades, sino que son cálculos matemáticos en los cuales se establece cómo quedarán distribuido los recursos.

Explicó que para este año “se han hecho esfuerzos para mantener los flujos, a pesar de que existe una caída de la recaudación entre 12 y 13%”, y que “los aportes que han brindado a las municipalidades son muy parecidos en un escenario en el cual no se estuvieran presentando los efectos del covid-19”.

“El próximo año, aunque bajará un poco la recaudación en términos de cálculo matemático, será un período con mucha inversión en infraestructura, en red hospitalaria, los alcaldes ya no serán nuevos, podrán ejecutar mejor por medio de los Consejos de Desarrollo y eso, al final, repercutirá en mayor recaudación”, aseguró.

El ministro detalló que “así como se ajustó para abajo también, será para arriba” en términos de recaudación y que esperan que los aportes a las municipalidades mejoren en 2021 al incentivar la inversión pública.

Presión política

Érick Coyoy, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES-URL), expuso que es una situación seria y que los alcaldes aún no han dimensionado sus implicaciones para sus municipios.

Estimó que, para las alcaldías, el monto destinado es de Q7 mil millones.

“Al haber menos recaudación habrá menos disponible para distribuir a las municipalidades por IVA Paz y los aportes constitucionales, porque la recaudación será baja”, subrayó.

Advirtió de que los alcaldes, una vez sea aprobado el presupuesto, y cuando noten que recibirán menos en el primer desembolso en 2021, se evidenciará que es “un rubro muy sensible desde el punto de vista político para los diputados distritales que responde a las municipalidades que son sus bases electorales”.

Estancamiento y deuda

Por otro lado, las asignaciones financieras para las municipalidades se mantendrían estancadas y la recuperación sería para el 2022, cuando mejore la economía y por lógica, lo hagan también los ingresos tributarios, aseguró el analista fiscal Juan Carlos Paredes.

“Para 2021 nadie garantiza que se logrará la meta de recaudación por la SAT, por lo que las municipalidades tendrán las mismas asignaciones del 2019 y 2020 que es la tesis”, afirmó.

En todo caso, las municipalidades al notar ese déficit de apoyo financiero estatal tendrán que recurrir al endeudamiento, para poder cumplir con sus programas de gobierno local.

Paredes recordó que hay un ranking de competitividad de las 340 municipalidades que evalúa el desempeño financiero.

En esa medición, hay algunas comunas que tienen ingresos propios, dependen del 35% de los aportes por la vía de la recaudación y el otro 65% lo generan, sobre todo aquellas municipalidades en el área metropolitana.

Sin embargo, hay otras que no generan mayores ingresos propios y en algunos casos dependen hasta el 90% de los aportes estatales para su funcionamiento y operación.

Al proyectar los ingresos para 2022, Paredes aseguró que se pueden alcanzar los Q70 mil millones con la condición de una recuperación de la economía, las actividades productivas y por lo tanto habrá más recursos y asignaciones a las municipalidades.

Reactivación local

Ambos analistas precisaron que hay que ver la reactivación económica desde los territorios locales, pero que, al haber una baja en las asignaciones, no se logrará ese objetivo.

“Si no hay recursos no se logrará la activación productiva local”, remarcó Coyoy.

Paredes dijo que deberá haber obras o proyectos en los municipios que sean cargados financieramente por otras instituciones como el Ministerio de Comunicaciones o los Consejos de Desarrollo para generar actividad productiva local.

Del 2008 al 2019 se han suscrito 88 pactos colectivos, según los registros que proporcionó el Ministerio de Trabajo (Mintrab), en los cuales destacan mayormente sindicatos municipales, pero existen de otras instituciones públicas como de los ministerios de Economía en 2011; Público e INDE en 2012; IGSS en 2013; Salud, Empornac y Registro de la Propiedad en 2014; Migración, Intecap y MAGA en 2015.

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Pero en 2019, se asumieron otros compromisos con el Ministerio de Educación, Universidad de San Carlos, Empresa Portuaria Quetzal, Organismo Judicial y Tribunal Supremo Electoral, que son instituciones grandes, según el reporte oficial.

Parte de estos acuerdos colectivos ha provocado que el rubro de remuneraciones creciera en 181%, y de Q9 mil 260 millones que era en 2008 alcanzará Q26 mil 035 millones en el 2019.

Guatemala se rige en normas internacionales como el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es relacionado a la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de sindicalización.

Predomina sector público

El abogado laboralista César Gatica, expresó que la negociación colectiva en los últimos años ha girado en el sector público, sobre todo en las municipalidades, algunas instituciones de los organismos Ejecutivo, Judicial, Legislativo, así como entidades descentralizadas.

En la iniciativa privada, son contados los pactos colectivos negociados, ya que existen muy pocos sindicatos en ese sector en comparación del público.

Los sindicatos privados que existen y que llegan a una negociación colectiva, según Gatica, están concentrados en actividades de industria y de vestuario y textil.

Carga presupuestaria

De los 88 pactos colectivos suscritos, no se detallan los montos de los acuerdos alcanzados entre las partes.

En promedio, el rubro de remuneraciones salariales del sector público que se plantea en el presupuesto de ingresos y egresos se incrementa 10% en promedio para honrar esos compromisos asumidos.

El sindicalista Rigoberto Dueñas, confirmó que no necesariamente el incremento en la masa salarial en los últimos años corresponda a los pactos colectivos con las municipalidades, y la mayor incidencia es en los ministerios de Educación y Salud que son los más grandes en el organigrama del Estado.

“Son ministerios grandes en términos de población laboral por la demanda, ya que tanto Educación como Salud deben estar en todos los rincones del país. Es muy notorio que estos dos ministerios generan más gastos en términos de salarios”, explicó Dueñas, al reiterar que se debe al tamaño de los servicios públicos que prestan a la población.

Al comparar la negociación colectiva, subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el de Cultura cuentan con poco personal, y por lo tanto, es más baja la remuneración.

De dos a tres sindicatos

Al igual que Gatica, Dueñas dice que el sindicalismo se ha desarrollado más en el sector público, que, en el privado, y que en promedio hay inscritos más de dos sindicatos por entidad pública. Incluso, dijo, hay algunos donde existen de cuatro a cinco organizaciones.

En las municipalidades es común observar los registros de más pactos colectivos, y por eso sobresalen.

De los sindicatos privados que existen, están aquellos que se constituyeron en las industrias de 1970 y que están en su mayoría en la industria alimenticia que aún sobreviven.

Negociaciones

Para la suscripción de un pacto colectivo hay un proceso de negociación entre los representantes de los empleadores y trabajadores.

Dueñas explicó que en promedio los incrementos salariales que se exigen son de Q120 a Q150 en lo que con corresponden a las municipalidades, aunque es muy difícil lograrlo y que los alcaldes accedan la petición.

Generalmente, precisó que, en los proyectos de pactos colectivos, se pide 100% de incremento sabiendo que no se dará el monto para iniciar un proceso de diálogo.

El verdadero porcentaje para discutir será una vez iniciado la negociación, mientras que en el sector privado los incrementos salariales van del 8 al 10%, acercándose a las posiciones de 6 a 7% de ajuste.

La negociación también depende del número de afiliados del sindicato, la empresa o institución y los servicios que presta o los productos que fábrica.

Gatica reiteró que el punto medular de un pacto colectivo es el incremento salarial, pero también se pueden negociar otros beneficios que no sean económicos.

En ese sentido se han planteado acuerdos relacionados a beneficios sociales de una negociación colectiva a favor de los trabajadores que integra un centro de trabajo, como seguridad y salud ocupacional y mejores condiciones.

En los beneficios sociales están los centros de cuidado infantil de los trabajadores, servicios de atención a los hijos, como educación, médicos o licencias para los trabajadores para continuar sus estudios superiores, que son compensables en beneficios de las partes.

Vicios y abusos

Para Luis Linares López ex ministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), en la negociación de los pactos colectivos sobre todo del sector público se han dado una serie de vicios y que muchas veces se abona a una serie de abusos.

Explicó que los pactos colectivos tienen una duración de tres años, y en este periodo del 2008 al 2019, más de alguno ha sido renegociado.

En el ámbito local, dijo que existe una marcada campaña en contra de la negociación colectiva que es dirigida por personas que están en contra de la libertad sindical, que la hacen presentar como un mal ejemplo sobre todo para la empresa privada, y esto es abonado por el abuso en la negociación, cuando se hacen concesiones que son lesivas y perjudiciales para las finanzas públicas.

Detalló, que también existe una corresponsabilidad de los funcionarios que suscriben los acuerdos, ya que los sindicatos piden, y la negociación colectiva se basa en acuerdos.

“La autoridad tiene la última palabra, y el problema es que los funcionarios que negocian los pactos no sean beneficiarios de esos acuerdos porque hay un conflicto de interés. Yo doy porque a mí también me conviene”, subrayó Linares López, al recordar que este fue uno de los resultados obtenidos en un estudio que realizó Asíes.

Aliados políticos

El otro aspecto detectado es el abuso, sobre todo en el sector magisterial en la dependencia política del Gobierno de turno.

Recordó que, en el periodo de Otto Pérez Molina, había una presión muy fuerte al Ministerio de Educación para concluir la negociación lo antes posible, porque era de interés para él como para la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.

“No se puede negociar cuando se dice que mañana se tiene que llegar a un acuerdo, se sabe que hay presión y se crean condiciones duras para ceder. Estos son los vicios que afecta la negociación colectiva que contribuyen a desprestigiar un derecho fundamental”, remarcó Linares López.

En este caso del magisterio, se percibió el papel que jugó el sindicato del magisterio apoyando casi hasta el final a Pérez Molina, y ahora se observa el trato preferencial que el presidente Alejandro Giammattei le está dando al dirigente Joviel Acevedo en una reunión reciente en Izabal, que tendrá su costo a la hora de negociación del pacto colectivo.

El analista precisó que el secreto en una negociación colectiva es un equilibrio de fuerza, pero en el sector público siempre surge “que lo arregle el que venga atrás”, las alianzas políticas, y sobre todo en las municipalidades “dejar asegurada a su gente” para dejar amarrado al próximo alcalde y no despedir a los allegados.

Negociación virtual

Dada la situación actual de emergencia sanitaria, los procesos de negociaciones de los pactos colectivos se han quedado suspendidos, ya que es prohibido el desarrollo de asambleas o reuniones masivas.

En una negociación participan por lo menos unas 20 personas por la presencia de los delegados de las personas y los representantes de las partes.

Dueñas contó que por primera vez se está realizando una negociación virtual de un pacto colectivo, pero es un proceso lento, ya que se tiene que salir de la plataforma para hacer las consultas internas, con un dinamismo lento, pero que es un ejercicio de primera negociación colectiva.

La partida presupuestaria de remuneraciones –que incluye el pago de salario al personal permanente y por contrato– viene en una senda de crecimiento desde el 2008 al 2019, explicada por la suscripción de las negociaciones de los incrementos salariales en los pactos colectivos públicos.

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Por decirlo así, el crecimiento del renglón de salarios pagados anualmente está dominado por los aumentos aprobados por los sindicatos públicos.

Incluso este año, antes de los efectos del covid-19 en las finanzas, ya se había elevado una solicitud de ampliación presupuestaria para cumplir con los compromisos salariales de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, que se acordaron en el último año de gestión del expresidente Jimmy Morales, y que el Congreso la aprobó en marzo.

Los salarios están incluidos en el rubro de funcionamiento que representa casi el 64% de la estructura del presupuesto, 20% la inversión y 16% el pago del servicio de la deuda, según la estructura para 2021.

Inversión, “el gran perdedor”

Del 2008 al 2019, el rubro de remuneraciones creció en 181%, y pasó de Q9 mil 260 millones a Q26 mil 035 millones, y casi se triplicó en estos 12 años.

Mientras, en la asignación de inversión, el crecimiento es de 23% y prácticamente se encuentra estancando en el mismo período.

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Hace 12 años, el monto de inversión de capital era de Q13 mil 221 millones y al 2019 fue de Q16 mil 285 millones, según las estadísticas.

Es decir que el presupuesto aprobado en este lustro ha privilegiado la nómina salarial que la inversión pública.

En 12 años el rubro de remuneraciones suma Q210 mil millones y la inversión en capital Q157 mil millones para tener una referencia.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), subrayó que aquí el gran perdedor es la inversión pública, porque las remuneraciones tienen una gran participación en el presupuesto.

Aunque reconoce que los funcionarios públicos deben ser bien pagados, hace falta avanzar en mejoras asociadas a un buen desempeño y resultados a los contribuyentes particularmente en ministerios grandes, como Educación, Salud y Gobernación.

Partida en escalada

Precisamente en el rubro de remuneraciones, se observan los “brincos” cuando se aprueban los incrementos salariales por pactos colectivos, mientras en la inversión, el indicador se mantiene estable.

• Por ejemplo, en 2008 –año de crisis financiera– el monto era de Q9 mil 260 millones, y sube a Q11 mil 154 millones para 2009, que equivale al 20% interanual.
• En 2013, la asignación ascendió a Q16 mil 967 millones y para 2014 fue de Q18 mil 465 millones o sea 8% más.
• Para 2019 el monto para remuneraciones fue de Q26 mil 035 millones, y en 2018 de Q23 mil 294 millones, registrando una variación del 11%.
• En 2020 el rubro de remuneraciones es de Q28 mil 745 millones y una inversión de Q21 mil 643 millones.

Este año hubo ampliaciones presupuestarias para hacerle frente a los efectos del covid-19 en Guatemala, las cuales aprobó el Congreso en abril último.

Mientras que en el proyecto de presupuesto 2021, la asignación de remuneraciones es de Q y de inversión de capital.

Salarios crecen 10% cada año

Para el exviceministro de Finanzas, Érick Coyoy, el rubro de remuneraciones crece en promedio 10% en los últimos 12 años, y la fuente de financiamiento para cubrir esos ajustes salariales es por ingresos tributarios y bonos del Tesoro –deuda bonificada–, quitándole porcentaje a inversión de capital.

“Mucho del crecimiento en el rubro de salarios en gran parte responde a los pactos colectivos y a los aumentos salariales que se negocian en estos”, subrayó.

Otro problema es que cuando no hay compromisos de pactos colectivos, la masa salarial siempre crece porque no se cierran entidades públicas, se crean otras que automáticamente cargan esa partida.

Coyoy citó como ejemplo el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) que tiene una asignación de Q8 millones para cubrir la nómina salarial, no tiene mayor renglón para inversión y la entidad no se suprime; pero a la vez, otras como el Centro de Gobierno tendrán asignados espacios presupuestarios para cubrir salarios que anteriormente no se pagaban.

“Hay un crecimiento vegetativo de la masa salarial por el simple hecho de que el Gobierno no evalúa las funciones de las entidades, y cuando crea una, no suprime otra para compensar, y simplemente las dejas funcionar”, reiteró.

Riesgo latente

Aunque por el momento este Gobierno no ha realizado ninguna negociación de un nuevo pacto colectivo, podría darse en otro momento posterior a la pandemia.

A decir de Coyoy, es una práctica para las autoridades de turno negociar incrementos colectivos con los sindicatos que, a cambio, se constituyen como un aliado político.

En ese sentido, Lavarreda considera que en esas negociaciones hay una interacción de diferentes grupos que tienen intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo que incide para hacer esas asignaciones de los pactos colectivos, sin mayores discusiones.

“Uno se pudo dar cuenta de que en este año se privilegió y priorizó la asignación para cumplir con los pactos colectivos, y el Congreso avaló deuda para pagar los compromisos salariales”, recordó el analista del Cien.

Explicó que el Congreso realizó una excepción al artículo 61 de la Ley del Presupuesto para pagar con deuda los ajustes salariales, en medio de la crisis sanitaria.

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Canjes e intermediarios

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), consideró que tanto la conformación de la nueva junta directiva como la aprobación del presupuesto, particularmente el capítulo que, de obras para la reactivación económica, serán elementos cruciales para poder negociar entre el Ejecutivo y el Legislativo, para así mantener la alianza.

“No me extrañaría que, con este monto millonario sobre todo en infraestructura, se utilice para hacer este canje y es clásico entre los diputados recomendar a ciertas firmas constructoras o figurar como intermediarios para la adjudicación de ciertas obras o contratos de pagos y así obtener algún beneficio”, subrayó.

El analista reconoció que, aunque es necesario hacer infraestructura y que ese monto de Q4 mil 560 millones es relativamente poco para reactivar la economía –por el impacto del covid-19 en la producción–, “lamentablemente se utilizará con los fines de moneda de cambio para la aprobación del plan de gasto del siguiente año”.

Buena gestión

Flores, al igual que Jorge Lavarreda del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) coinciden en que la idea de reactivación económica es necesaria con una buena planificación, gestión y evaluación de los proyectos, ya que, de esto depende la ejecución y cuando se quedan a medias hay mayores costos.

“Deben ser obras que dejen una rentabilidad social y es muy importante aprovechar de la mejor manera los recursos disponibles”, apuntó el analista.

En este caso, se necesitará llevar a cabo un ranking de cada una de las obras para justificar por qué se hace el proyecto “A” y no el “B”.

Con hacer una evaluación se asegura que no se financiará un proyecto malo en el listado, o que no sea socialmente rentable, precisó el investigador del Cien.

Citó como ejemplo los proyectos de la constructora brasileña Odebrecht y el proyecto del libramiento de Chimaltenango.

En el primer caso, dijo Lavarreda, hubo corrupción por los sobornos y en el segundo, lo que se sabe es un bien diseño hubiera impedido todos esos derrumbes.

Negociación con riesgos

Sobre posibles negociaciones del capítulo de reactivación económica, el analista del Cien puntualizó que todo proceso conlleva un riesgo.

En estos casos, el Congreso solo aprueba y dictamina el presupuesto, pero no recomienda a qué empresas se debe brindar la obra.

Enfatizó en que se debe asegurarse un diseño, una buena contratación e implementación de las obras, “que se hagan los procesos que se tienen que hacer con la ley vigente, pero ser lo más competitivo y bajar los márgenes de las empresas que ganen los concursos”, explicó Lavarreda.

Sugirió que se debe hacer una gestión de esos riesgos que implica hacer mejoras sistémicas, por ejemplo, en un grupo de personas para asegurarse el cumplimiento desde su inicio hasta que se ventilen las obras con acciones que lo mitigan.

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes afirmó que en el planteamiento del presupuesto hay demasiado gasto para funcionamiento, y los aspectos relacionados con la recaudación y calidad del gasto implican que la SAT debe hacer grandes esfuerzos para la cobranza de manera muy rigurosa.

El experto dijo que, si se presentan situaciones en las cuales no se cumple con lo que se está planteando, se tendrá que recurrir a más deuda, y si la economía se normaliza -por medio de este capítulo- la SAT deberá recaudar más del 5% que es el crecimiento orgánico, pero dependerá el desempeño de la producción, pero que es una situación complicada.

Es decir, serán obras que se dejarán programadas, pero ante la falta de ingresos, se tendrá que recurrir a deuda o bien no se concluyen y se encarecen.

Presupuesto no es tema asilado

El ministro Álvaro González Ricci acudió este lunes a la presentación del proyecto de presupuesto a la instancia de jefes de bloques de Congreso, en donde expresó que el documento pasa de una mesa técnica a una arena política.

“En esta mesa política claramente hay temas como la elección de la junta directiva, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, iniciativas de ley y sobre la mesa una serie de acuerdos políticos donde nada puede ir aislado”, explicó el funcionario, quien también integró la Comisión de Finanzas y tiene experiencia en la aprobación del plan de gasto.

Remarcó que su función será explicar a los diputados y a la referida comisión que se mantengan la menor cantidad de modificaciones para que el monto de Q99 mil 700 millones tenga la integralidad original.

Incluso reconoció que la negociación del presupuesto junto a otros temas es normal y que los diputados no lo pueden ver desde una manera aislada.

“Todos quieren más”

González Ricci comentó que seguro la Comisión de Finanzas recibirá ministros y representantes de ONGs para hacer solicitudes de incremento presupuestario, y ellos tendrán que evaluar si valdrá la pena darle más, o si hay espacios en los cuales evalúen y sugieran retirar.

“La evaluación final la tendrá el pleno, en donde se pueden hacer enmiendas. Como Ejecutivo, la función es que todo se mantenga igual, y en el Legislativo, un poco de lucha de fuerzas de cómo cada uno mejorará las áreas que les interesan”, aseguró.

Subrayó que habrá bancadas a las cuales les interesan más rubros para Salud, Agricultura o el Mides, pero todo podría lograrse en un acuerdo y la instrucción a la bancada oficial es que se mantenga el monto de presupuesto y sus asignaciones, “aunque es muy difícil” reconoció.

El Legislativo tendrá 90 días para hacer la discusión de la propuesta que presentó el Ejecutivo por Q99 mil 700 millones, compuesto por un gasto ordinario de Q95 mil 139 millones, y Q4 mil 560 millones de reactivación económica en un contexto de pospandemia.

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La formulación del presupuesto lleva un componente político, ya que será al organismo Legislativo el que deba conocerlo, y tiene hasta el 30 de noviembre como fecha establecida por la ley.

Por decirlo así, el presupuesto está ahora en la cancha política, y cabe mencionar que el actual ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, fue diputado e integró precisamente la Comisión de Finanzas y Moneda que tendrá que hacer el dictamen o posiblemente modificaciones.

Pulso político

Diputados de bancadas opositoras señalan que el Gobierno podría tener cuesta arriba la aprobación del presupuesto, aunque la postura oficialista podría alcanzar los votos necesarios para poder pasarlo con la alianza que tiene, al comentar sobre el pulso político.

El diputado Édgar Stuardo Batres, de Winaq, resaltó que hay una ruptura en el bloque oficialista por la falta de cumplimiento de los acuerdos con junta directiva, sobre todo con la distribución de los fondos del covid-19.

Samuel Pérez, de la bancada Semilla, coincide en esos términos y recordó que la aprobación del presupuesto siempre viene acompañada de votos para la elección de la junta directiva de ese organismo para el siguiente periodo legislativo, y consideró que la alianza oficial se está “quebrando” ya que algunas bancadas ya no están en sintonía con el Ejecutivo.

“Hay una consecuencia directa de que, si no pagan los favores, no van a lograr el consenso”, precisó.

Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, destacó que el Congreso está muy disperso, que hay demasiadas bancadas, y que la alianza oficialista tiene muchos grupos que están ejerciendo la presión al Ejecutivo en cuanto a los contratos y obras, y recordó que la semana pasada la agenda legislativa no logró avanzar.

“La agenda legislativa de la oposición no se está reflejando en el Congreso, y un tema de desencuentro es la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y eso puede también puede afectar la aprobación del presupuesto”, remarcó Barreda.

Rodolfo Neutze, jefe de bancada de Creo, indicó que en este momento hay por lo menos cuatro facciones: una que quiere elección de cortes, la otra que tiene interés de reactivación económica, la otra que anda buscando “a dónde se sube”, y otros que quieren una reactivación y orden jurídico.

“Esperamos que la cordura prevalezca y que se pueda trabajar. Urge ya que esta pospandemia nos pueda brindar oportunidades”, señaló Neutze.

Esfuerzo técnico

González Ricci espera que una vez la Comisión de Finanzas entre a conocer la iniciativa, se valore el esfuerzo técnico que se ha realizado en el proyecto de gasto, ya que muchas veces “se quita y se pone, suben o bajan” sin argumentos técnicos y en el peor de los casos se convierte en una discusión política con incluir más oenegés o quitarlas y se pierde la integralidad.

“Hay una buena comunicación en general con el Congreso para que este presupuesto que puede sufrir alguna modificación se realice en conjunto para no perder esa unificación como ha pasado en otros años que viene desfinanciado o con fuentes inexistentes o con renglones de financiamiento de ahorros de otros rubros”, advirtió el ministro, quien participó en negociaciones anteriores de estas iniciativas.

En todo caso, enfatizó en que espera una buena discusión una apertura con el fin de lograr la aprobación.

El vicepresidente Guillermo Castillo Reyes explicó durante la reunión del Gabinete Económico del pasado jueves 3 de septiembre, que la propuesta del presupuesto está fortalecida tanto para reactivar la economía, como para los apoyos financieros para programas como seguridad alimentaria, y los aportes para que cada ministerio pueda trabajar, por lo que esperaría que el Congreso realice los análisis para la aprobación.

“Lo hemos dicho muchas veces, que discursos sin recursos no nos llevan a lo que esperamos y, en consecuencia, el Congreso tendrá que hacer lo que corresponda para que se cuente con lo necesario y así ejecutar las acciones respectivas”, declaró.

Revisión

Los diputados consultados expresaron que no conocen el proyecto a detalle, pero sí advirtieron que es necesario realizar una revisión a diferentes rubros de gastos en varios renglones.

Entre las preocupaciones que resaltaron está el nivel de endeudamiento público propuesto por Q32 mil millones, asignación presupuestaria al capítulo de reactivación económica, los ingresos tributarios que financiera el gasto, y una revisión a los montos destinados para los ministerios de Salud, Comunicaciones, Educación y Gobernación.

En lo que sí coincidieron es en presentar las reformas una vez que se conozca en la Comisión.

Número mágico

Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), aseguró que una vez que la propuesta del plan de gasto está en el Congreso, el Gobierno, indicó, dado lo actuado en los últimos meses, ya cuenta con un capital político aliado que le tocará buscar y sumar los votos que falten para completar el suficiente respaldo para la aprobación del presupuesto.

“Es una cuestión de números fríos: cuántos votos se necesitan para la aprobación y, sobre eso, se volcarán a buscarlos. Considero que los diputados que no forman parte de los partidos que han apoyado al Gobierno vayan a tratar de generar un nivel de debate sobre la propuesta, y en el pleno no habrá mayor discusión”, enfatizó.

En todo caso, el debate será fuera del Congreso con la sociedad civil y tanques de pensamiento, sin embargo, no avizoró que exista una discusión seria.

Comentó que se esperarían modificaciones para algunos rubros, que sería aprobado con los Q99 mil 700 millones y será uno de los ejercicios con menos debate.

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Las bancadas  no logran los acuerdos  que permitan el avance de la agenda legislativa, que  incluye la aprobación de un paquete de iniciativas para la reactivación económica, la postergada elección de magistrados para las Cortes y una futura discusión para el proyecto del presupuesto 2021.

Las reformas a la ley del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para facilitar créditos bancarios, validar un préstamo millonario para la Universidad de San Carlos de Guatemala y aprobar la ley de vacunación son algunos de los proyectos legales, que junto a la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, quedaron postergados.

El Congreso sesionó el jueves con quórum reducido, además de aprobar el orden del día  envió iniciativas de ley a comisiones de trabajo, como el proyecto de presupuesto 2021  a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para evaluación y emisión de dictamen.

También se programaron dos interpelaciones a ministros. El 17 de septiembre deberá comparecer ante el pleno la ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, y el 24 de septiembre, el de Desarrollo Social, Raúl Romero.

Se ha demostrado que los juicios políticos frenan la discusión de proyectos de ley, y por ende la agenda de trabajo, porque algunos han llegado a extenderse varios meses, como ocurrió en la legislatura pasada con el exministro de Desarrollo Social.

Priorizar temas

Durante las recientes sesiones plenarias la primera fase de las sesiones se enfrascan en una extensa discusión entre diputados que buscan poner como prioridad la elección de magistrados para las Cortes y otros que promueven iniciativas para mitigar los daños a la económica a causa del covid-19, desacuerdos que difícilmente podrán ser resueltos a la brevedad, según Celia Luna, investigadora de la Asociación para las Investigaciones en Estudios Sociales (Asies).

“Más que pronosticar un estancamiento en la agenda legislativa ya lo estamos viviendo, yo creo que la prioridad en este momento debería de ser la elección de Cortes, ya llevamos casi un año de atraso, hay que ver también a favor de quién se está trabajando, la ciudadanía necesita tener buenos jueces, que sean probos, transparentes, objetivos, para que la justicia le llegue a las personas y que los casos no queden impunes”, resaltó.

Pero también hay quienes consideran que por lo extenso que pueda ser la elección de las próximas autoridades judiciales es necesario priorizar el proyecto de presupuesto, ya que sin recursos acordes al contexto nacional, será difícil responder a  las necesidades y problemas.

“Tienen que priorizar, el tema de presupuesto si no se aprueba en el plazo que establece la Constitución vamos a tener nuevamente que utilizar el presupuesto del 2019, el proyecto va a necesitar muchas reformas porque no está adaptado y con la agenda tan controversial y trabada le va a costar muchísimos candados e incompetencia al Estado”, argumentó Francisco Quezada, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Reactivación o Cortes

Aunque el proyecto de presupuesto apenas lleva unos días en el Palacio Legislativo y algunos diputados consideran necesario que antes de entrar a discutir un punto tan complejo y crucial para el país se debe  limpiar la mesa y cumplir con una orden Constitucional para la elección de Cortes, señaló el diputado Samuel Pérez de Movimiento Semilla.

“El oficialismo ahorita se da cuenta de que ni siquiera llegan a los votos para aprobar la agenda del día. Yo creo que va a ser complicado avanzar y dudo que se logren aprobar los temas que el Ejecutivo le interesan (…). Primero tendríamos que conocer las Cortes, es de absoluta prioridad, no sé por qué andan metiendo antes otros temas en la agenda legislativa, seguido del presupuesto al que se le deben de hacer modificaciones sustanciales para la reactivación, le quitan dinero al Mides y le dan un montón a Comunicaciones”, enfatizó.

Algunas bancadas buscan apoyar paquetes para la reactivación económica, considerando que hay un tiempo prudente y preciso para hablar de un presupuesto, mientras la encrucijada legal por  elegir magistrados obedece a un problema que no creó el Organismo Legislativo, indicó el diputado Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“El tema de Cortes yo lo veo lejos porque estamos en una situación atípica que no la provocó el Congreso, la provocó la Corte de Constitucionalidad con sus fallos y sus amparos, también un informe del Ministerio Público que plantean la exclusión de personas (…). Para el tema de presupuesto tenemos un tiempo para discutirlo y aprobarlo, la agenda legislativa del Congreso no la podemos interrumpir, tenemos que seguir legislando”, señaló.

Son pocos los diputados que han manifestado abiertamente su apoyo a la elección de magistrados y la reactivación económica, por lo que   esperan que lleguen los consensos  para desentrampar la agenda, indicó Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

“No caminamos, hay una agenda de legislación normal y de reactivación  pendiente, algunos  solo quieren ver eso, otros el tema de magistrados y jueces,  pocos  queremos ambas cosas”, refirió el congresista.

A criterio de los analistas es necesario que los diputados no caigan en una oposición negativa bloqueando agendas, por el contrario, todos deben de mostrar voluntad política para resolver la agenda de país, donde sesionar más de dos veces por semana puede ser una solución.

La principal preocupación que expusieron los analistas es el monto de endeudamiento que se propone en la iniciativa por Q32 mil 647 millones para financiar el gasto para el próximo año y un déficit fiscal cercano al 4.9%.

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“Es un presupuesto que se formula en medio de la pandemia que se debe enfocar en infraestructura productiva, en el gasto social especialmente en educación y salud”, señaló Raquel Zeleya, presidenta de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).

A la vez, reiteró los retos que tiene la SAT en el combate al contrabando, que está vinculado al crimen organizado, y la necesidad del reforzamiento para elevar los ingresos en el comercio exterior.

El pasado miércoles 2 de septiembre el Ministerio de Finanzas, presentó al Congreso el programa de gasto para el siguiente año por Q99 mil 700 millones, compuesto por un gasto ordinario de Q95 mil 139 millones, y Q4 mil 560 millones de reactivación económica.

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, reiteró que el presupuesto está enfocado en perseguir una reactivación económica por los efectos del covid-19 en la economía guatemalteca.

Calidad de obras

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que este año es de incertidumbre por el comportamiento de la economía para el 2021 por los efectos de la pandemia.

Los primeros análisis del Cien señalan como un acierto enfocar la inversión en infraestructura como algo clave para la reactivación, sin embargo, la postura apunta a que no es suficiente gastar más, sino mejor.

“Los proyectos pueden ayudar a la reactivación en la medida que las obras tengan buen diseño, una evaluación de su rentabilidad social y asegurar que no tengan problemas de demoras, sobrecostos o corrupción”, puntualizó Lavarreda.

En todo caso, hay que asegurar que son proyectos de infraestructura que cuentan con los adecuados diseños y evaluación.

Érick Coyoy, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES-URL), expresó que el capítulo que se presenta de reactivación económica en el presupuesto es un extra, y no se habla de cómo reorientar para mejorar la eficiencia de esos recursos para la inversión y de esa manera mejorar el impacto de la inversión pública en la recuperación.

Citó como ejemplos que el Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, contará con Q800 millones que pueden servir para apoyar la reactivación, pero que se carece de institucionalidad. Además, que los Consejos de Desarrollo –Q2 mil 400 millones–, son recursos que quedan a discreción de diputados distritales, gobernadores, alcaldes, y recordó el caso del exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano por el mal manejo de esos recursos.

“Hay que tomar decisiones importantes sobre la institucionalidad que tiene a su cargo los recursos para la inversión, de lo contrario, no se podrá mejorar por más deuda pública que se adquiera para destinarlo a este rubro”, puntualizó.

Recordó que las municipalidades reciben Q7 mil millones anuales que debieran ser considerados para apoyar el desarrollo económico local, pero solo 20 municipalidades tienen altos niveles de competitividad, y el resto tiene niveles bajos, según el estudio de Fundesa. Para Coyoy, los fondos no se orientan para generar oportunidades para la población en los territorios.

Disciplina fiscal

La parte que más llamó la atención fue la propuesta de endeudamiento que se plantea en el programa de gasto, ya que las actuales son condiciones adversas.

Mario García Lara, de la Fundación 2020, dijo que el endeudamiento planteado –Q32 mil 647 millones–es bajo con relación al PIB, al igual que el gasto y los ingresos.

Pero cuando se compara el endeudamiento como porcentaje de los ingresos tributarios, que es una medida de capacidad de pago, la cifra es preocupante, pero aún no es tan alarmante, dijo García Lara.

Declaró que eso conlleva que el déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— para 2020 de 5.7% y para 2021 de 4.9% es anómalo, y que se tiene que reducir gradualmente.

Añadió que, a nivel internacional, Guatemala es bien vista con un manejo adecuado del indicador durante muchos años, y que ha servido para lograr acceso a los mercados financieros que son favorables en comparación con otros países.

“Guatemala cuenta con un activo de país que es su disciplina fiscal y se debe preservar. Reconociendo que el presupuesto mantenga esa conciencia de que está excedido, y que debe retomar a niveles cercanos a 2% del PIB en los próximos años, se tiene que advertir que se debe hacer un compromiso en el presupuesto”, aseguró el directivo de la Fundación 2020.

Por otro lado, consideró que es necesario legislar de una manera tal que se obligue al Estado a retornar gradualmente a los niveles de déficit fiscal sostenible, ya que, de lo contrario, la deuda seguirá creciendo y ya rebasó los límites tolerables como porcentaje de los ingresos tributarios.

La posible repercusión, según García Lara, es que el acceso a los mercados financieros en el futuro no será tan fácil como ahora, no solo para el sector público, sino para el privado, y serán insostenibles el endeudamiento y las finanzas públicas.

“Hay que tomarlo como un presupuesto anómalo por las actuales circunstancias, pero que debe blindarse ese retorno a la disciplina fiscal para evitar un daño a la reputación de la economía, y al flujo financiero que del Gobierno y que el sector empresarial necesita del exterior”, puntualizó.

Diálogo fiscal

Por otro lado, García Lara explicó que se tendrá que hacer un llamado a un diálogo fiscal para 2021 o 2022 y “todos los guatemaltecos debemos empezar a pensar en un pacto integral”.

Este llamado tiene que ver el tema de los ingresos ante el endeudamiento y que esa enorme deuda se debe pagar con impuestos, y no con más deuda.

Además, que se tiene que abordar la calidad del gasto público que en Guatemala es muy mala, que viene desde hace años. También asumir ciertas reglas como ocurre en otros países para evitar que una indisciplina fiscal obligada como la actual se vuelva costumbre, se dañe la estabilidad económica, afirmó García Lara.

El monto total de la propuesta del plan de gasto es de Q99 mil 700 millones, y el 32% se financiará por la vía de deuda y 68% por los ingresos tributarios planteados, según la estructura de financiamiento que presentó el ministro Álvaro González Ricci, previó a enviar la iniciativa de ley, y al justificar los renglones que están relacionados en la atención de la emergencia del covid-19.

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El ministro explicó que el monto de bonos será de Q29 mil 284 millones, y el resto por la vía de préstamos y créditos con organismos financieros internacionales.

Por ingresos tributarios -que recauda la SAT- el indicador será de Q61 mil 426 millones-, más los Q32 mil 647 millones de endeudamiento, Q1 mil 565 millones por saldo de caja y bancos; Q211 millones de donaciones y Q3 mil 848 millones de otras fuentes como presupuesto de ingresos.

Además, que se plantea un déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— de 4.9% del PIB que equivale a Q30 mil 120 millones, pero en un escenario sin una reactivación económica, el déficit sería de 4.2% por unos Q25 mil 560 millones.

Tanto para 2020 y 2021 el déficit fiscal será altos como efecto la crisis sanitaria, y rompe la tendencia de los últimos años en el manejo de las finanzas.

El proyecto se presentó este miércoles 2 de septiembre que es la fecha limite establecida en la ley.

Deuda financiará reactivación

González Ricci, destacó que al igual que la deuda pública financió los programas de atención social y económico por la emergencia del covid-19 este año por Q11 mil millones, también se planteó un cupo de Q4 mil 560 millones, para el capítulo de inversión y reactivación.

El presupuesto ordinario es de Q95 mil 139 millones, y los Q4 mil 560 millones de reactivación económica, según la propuesta.

El ministro reiteró que el diseño del proyecto del presupuesto está enfocado en la reactivación económica para el siguiente año.

El componente de reactivación económica será de Q3 mil 772 millones de inversión y Q838 millones de funcionamiento.

Mientras la evolución del gasto ordinario, Q62 mil 875 millones se destinarán para funcionamiento como pago de salarios, alquileres, pago de servicios, compra de insumos y materiales entre otros; para inversión Q20 mil 597 millones y pago del servicio de la deuda por Q16 mil 227 millones.

Es decir que por cada quetzal de gasto público Q0.62 se van a funcionamiento, Q0.20 a inversión y Q0.16 para deuda.

Ciclo de deuda

Para los analistas fiscales, existe un ciclo de deuda de riesgo, derivado a las capacidades de ingresos tributarios que tanto de este año como para 2021.

“Es un presupuesto que representa toda la crisis del covid-19 y hay un nivel de endeudamiento alto, lo que significa que el gasto se sostendrá a través de más deuda y al sumar el de este año más lo que se plantea se alcanzaría cerca de Q60 mil en dos años y es algo delicado”, aseguró el consultor fiscal Juan Carlos Paredes.

Manifestó que hay los problemas no se presentarán ahora sino en la siguiente década, ya que el planteamiento de recaudación tributaria no es tan sólido, con los ingresos planteados que es menor al 2019.

Afirmó que es una alerta, porque cada vez habrá una menor capacidad de pago y “se ingresa a una curva muy peligrosa”, agregó Paredes.

En esos mismos términos coincide Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), al considerar que habrá un crecimiento de la deuda, igual que este año, que se reflejará con un déficit de más de 3.6% a 4%.

“El gobierno estará tratando de empujar la actividad económica por medio del déficit fiscal, si se puede en el corto plazo; pero el problema es que no se puede mantener a largo plazo”, enfatizó.

Ambos analistas expusieron que los efectos del covid-19 puso un paso delicado en las finanzas públicas, por la opción del endeudamiento para hacerle frente a las necesidades, pero el funcionamiento del Estado sigue siendo alto, que se refleja que cada año habrá deuda.

Por renglones

La iniciativa de presupuesto será menor en Q8 mil 060 millones, al presupuesto del 2020 que ascendió a Q107 mil 760 millones y que tuvo que ampliarse para atender la emergencia sanitaria.

El gasto total por funcionamiento e inversión será de Q83 mil 472.7 millones, y Q12 mil 134 millones de intereses para la deuda pública.

De los 19 renglones de gasto, diez tendrá una variación negativa o una reducción de su gasto comparado con el 2020.

Para el Ministerio de Educación (Mineduc) se le asignó un techo de presupuesto de Q18 mil 682 millones y es la cartera que tendrá el mayor incremento por Q898 millones, que es explicado para el cumplimiento del porcentaje de incremento por el pacto colectivo con el magisterio.

El incremento del presupuesto es del 5%.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), tendrá un incremento de Q3 mil 464 millones o sea 51% con respecto al vigente para situarse en Q10 mil 242 millones, según la propuesta.

González Ricci, enfatizó que se está priorizando la parte del CIV, que tendrá un presupuesto histórico para establecer y desarrollar varias obras.

Para el Ministerio de Salud, el incremento es de Q71.2 millones, para sumar Q9 mil 894 millones que equivale a un incremento de 0.72%.

El Congreso aprobó en abril de este año una ampliación presupuestaria a ese ministerio para atender la emergencia.

El pago del servicio de la deuda pública tendrá una asignación mayor de Q1 mil 616 millones para situarse en Q16 mil 227 millones o sea 11%.

Mientras que el Ministerio de Agricultura, recibirá Q22 millones más, para situarse en Q1 mil 787 millones, que son los rubros más significativos.

Para el caso del Ministerio de Economía y de Desarrollo a los cuales se les cargó los recursos para los programas sociales y económicos, tendrán una significativa reducción en sus techos de Q2 mil 364 millones y Q5 mil 672 millones.

Reciben propuesta

Sofia Hernández, presidenta en funciones del Congreso, recibió este 2 de septiembre la iniciativa del presupuesto, y ese organismo tendrá un plazo de 90 días para hacer la discusión.

Expresó que el proceso legislativo empezará en breve y se enviará a la Comisión de Finanzas la iniciativa, así como el plazo establecido en la ley de conocerlo antes del 30 de noviembre.

Programas de inversión

En el capítulo de inversión el CIV tendrá el 63% por un monto total de Q2 mil 882 millones.

González Ricci, comentó que los proyectos que se tienen diseñados para la reactivación económica está la litoral del Sur, la ampliación a cuatro carriles el anillo C-50, construcción del muelle Puerto Arenal en el recinto de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, la ruta express metropolitana y puente Belice 2.

Para transferencias monetarias se destinarán Q500 millones que será administrados por el Ministerio de Desarrollo.

Mientras Q435 millones se destinarán para los Institutos Nacional de Electrificación (INDE), y de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) para la construcción de subestaciones y proyectos de vivienda popular.  El INDE manejara Q235 millones y el FHA Q200 millones.

Para el Ministerio de Agricultura, la asignación ascenderá a Q395 millones para áreas como sistemas de riego, estructuras de conservación de suelo, construcción de centros regionales de acopio, seguro agropecuario, entre otros.

El Ministerio de Salud, el rubro de reactivación económica es de Q200 millones destinados para la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura, y otros Q120 millones para el Mineduc.

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Ahora las actuales autoridades solo han revelado que el monto podría ascender a Q96 mil millones, sin darse a conocer los detalles de los techos, aunque se adelantó que serán muy similares a los vigentes.

En el presupuesto de gastos aún no se han dado a conocer los rubros de funcionamiento, inversión pública y pago del servicio de la deuda.

Mientras en el presupuesto de ingresos, no se conocen las cifras de los tributarios -por medio de la recaudación que hace la SAT-, la emisión de deuda bonificada -bonos del Tesoro-, contratación de préstamos con organismos financieros internacionales y donaciones.

Una vez que ingrese la iniciativa al Congreso, la Comisión de Finanzas deberá dictaminar y tiene la facultad para realizar cambios a la iniciativa, y tendrá 90 días para hacer el análisis.

El proyecto deberá de ser conocido antes del 30 de noviembre.

Algunos rubros

El pasado viernes 28 de agosto, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, mencionó en el Congreso, algunos de los techos para las principales carteras.

Citó por ejemplo que, para el Ministerio de Salud, la asignación podría ascender a Q9 mil 694 millones, que incluirían fondos adicionales para la atención a la emergencia del covid-19.

Para el Ministerio de Educación el monto rondaría los Q18 mil 562 millones, que es la cartera que más asignación tiene dentro de los ministerios, así como el cumplimiento del pacto colectivo para el siguiente año, y su porcentaje.

Mientras que para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tendría un monto por Q7 mil 399 millones, y uno de los propósitos es aumentar a la inversión pública en infraestructura para estimular la economía.

Este año el presupuesto ascendió a Q107 mil 760 millones, y se incrementó en abril  por los efectos de la pandemia en Q20 mil 045 millones al presupuesto inicial que fue de Q87 mil 715 millones.

A 12 días para que se presente el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el 2021 el Ministerio de Finanzas (Minfin) aun no revela las asignaciones a los ministerios, ni la estructura de financiamiento y el nuevo saldo de endeudamiento, mientras se avizora una complejidad de discusión política cuando se conozca en el Congreso.

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En otros años, a estas alturas ya se conocían las cifras oficiales de cuotas para las entidades, las fuentes de financiamiento, los ingresos tributarios y el comportamiento económico.

El pasado miércoles 19 de agosto se llevó a cabo una reunión de Gabinete General en la cual se informó sobre los techos a los diferentes ministerios, de acuerdo con el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci y el viceministro Edwin Martínez Cameros, quienes acudieron a citaciones al Congreso, pero no brindaron los detalles sobre los montos oficiales para cada uno de los ministerios, ni la estructura presupuestaria.

“Se establecieron 14 mesas de trabajo para hacer una revisión de los techos presupuestarios y estructurar los presupuestos” de las diferentes carteras, aseguró González Ricci, quien confirmó que en esa reunión participaron el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes.

Información limitada

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que se ha presentado información seleccionada, pero que no se conoce, como en años anteriores, una versión preliminar del presupuesto, y lo que se conoce es de un techo preliminar de Q96 mil millones.

“Cuando uno habla de un techo, lo que se espera es poderlo ver desagregado a nivel institucional y ver cómo se está pensando. Aquí se conocerán los datos seguros cuando se lleve al Congreso”, afirmó.

El llamado es a que cuando se presente, los datos sean abiertos para llevar a cabo los análisis correspondientes. Se está dejando una práctica que se mantenía en años anteriores.

Para ser justos, explicó Lavarreda, este año hay mayor incertidumbre por la pandemia que se está viviendo, y hay cambios en las perspectivas de las condiciones macroeconómicas, y eso podría justificar que se esté retrasando los escenarios del plan de gasto.

La clave es cómo será el comportamiento de la actividad económica y con base en ello, establecer la recaudación y fijar los techos.

“Este año podría ser normal (que haya) cierto atraso, pero es importante que se presente el detalle de la propuesta, ya que las condiciones van a seguir cambiando”, agregó el analista del Cien.

Otra posibilidad es contar con la información más cercana para la presentación de la iniciativa, ya que una de las críticas en otros años, es que las estimaciones están al primer trimestre del año, pero ahora todo está relacionado con la pandemia.

Lavarreda precisó que en el portal del Minfin no hay información en el área de presupuesto 2021, ni en los riesgos fiscales, y no hay explicación.

“Hay pocos recursos”

Para Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hay un problema que deriva de que no hay una recuperación de las capacidades administrativas de la SAT, y dadas las necesidades crecientes, se trata de acomodar lo que se tiene para mantener los planes de Gobierno.

Según el analista, aún no se dan a conocer las cifras oficiales, simplemente atendiendo a la poca disponibilidad de nuevos recursos, porque no hay más plata que salga de la recaudación tributaria, y lo que están tratando de hacer es no darlo a conocer para que no empiecen las criticas o protestas de diferentes sectores.

El analista del Icefi aseguró que en los ejercicios del Presupuesto Abierto que se realizaron en mayo último, no se pudieron discutir los planes de Gobierno ni dar a conocer las cifras preliminares, las cuales se podrían ajustarse hacia el alza o a la baja dependiendo las demandas de los diferentes sectores, y de las disponibilidades de recursos.

Techos en siguientes días

El ministro expuso en el Congreso que para los siguientes días se tendrían los techos definitivos con las modificaciones que se realizan en conjunto con la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), luego de la reunión del pasado miércoles.

Martínez Cameros confirmó que, con base a la ley, la fecha límite para presentar la iniciativa será el 2 de septiembre al Congreso, y de momento el monto estimado del proyecto de gasto es de Q96 mil millones, y el dato total no ha cambiado.

Recordó que en este año hubo ampliaciones presupuestarias para hacerle frente a la pandemia del covid-19, que elevaron a Q107 mil 760 millones, es decir, un incremento de Q20 mil 045 millones al presupuesto inicial que era de Q87 mil 715 millones.

Sobre la ejecución del presupuesto en este año, el viceministro remarcó que es del 56%, de la cual ese mismo porcentaje es de funcionamiento, de inversión 45%, y el pago del servicio de la deuda 50%, según las cifras que dio a conocer en el Congreso.

Prioridades son amplias

Para el analista político Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), existe una alta demanda de la calidad del gasto, transparencia y lucha contra la corrupción.

Para atender la emergencia del covid-19, en un país como Guatemala, pensar que se pueden otorgar Q15 mil millones para el sector salud, es innegable que el sistema lo necesita, y que necesita una inyección de dinero para recuperarlo, pero ahí vienen las limitaciones en cuanto a la calidad en cuanto a la institucionalidad que se tiene para hacer efectiva y eficientemente invertir esa cantidad.

Cameros Martínez dijo que por el momento no existe una solicitud de Q15 mil millones para el ministerio de Salud para 2021, como indicó el comisionado Edwin Asturias.

Hidalgo añadió que la inversión debe ser priorizada en estos rubros, y, si se habla de Educación, requerirá mayores recursos para recuperar el sistema educativo, para reparar y construir más escuelas y la contratación de maestros, y todo se limita a que cada dependencia necesita más y más dinero.

Sin embargo, hay una serie de limitaciones que hacen que los recursos no lleguen a los destinos que fueron pensados, y por ejemplo, se invierte más en pagar salarios, pactos colectivos en muchas dependencias públicas, no hay calidad del gasto, transparencia y en muchos casos no hay una priorización de las obras o contratos, puntualizó Hidalgo.

Pulso político

Hidalgo manifestó que las fuerzas en el Congreso tienen mucha fragilidad, cuando entre el proyecto del pan de gasto, ya que no responden a agendas legislativas de partido, ni de país, sino en muchos casos responden a interés particulares.

“Se puede lograr una aprobación bajo alianzas y consensos que se construyen y articulan a intereses no públicos, si no de agendas particulares”, puntualizó.

González Ricci presentó ayer cinco iniciativas para la reactivación económica a varios diputados.

Estas son las reformas a la Ley de Anadie, a la Ley de contrataciones, la Ley de bancos y grupos financieros, y como iniciativas nuevas o que ya están en proceso la Ley de Leasing o Arrendamiento y la de tasa de interés preferencial para la vivienda.

De cara a la presentación del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el 2021, un centro de investigación presentó una propuesta para que continúe la implementación del Bono Familia a las personas y núcleos familiares afectados por el covid-19 en Guatemala, mientras las autoridades confirmaron que será una discusión que se conozca a nivel político.

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La propuesta para ampliar el Bono Familia el próximo año para contribuir a la reactivación económica fue dada a conocer por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) al ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci y Raúl Romero Segura ministro de Desarrollo Social.

El planteamiento se propone a 20 días para que la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas concluya con la elaboración del proyecto del presupuesto que deberá de presentarse al Congreso el 2 de septiembre, que según el ministro González Ricci se planteará aspectos relacionados a la atención a los afectados como los programas sociales y un capítulo de reactivación económica.

Eje social y económico

Los investigadores Walter Figueroa y Abelardo Medina Bermejo, presentaron la iniciativa de transformar el Bono Familia con un ingreso garantizado de Q574.50 mensuales para los hogares en condiciones de pobreza, y tendría una asignación estimada de Q12 mil millones equivalentes al 1.9% del PIB.

Los fondos tendrían una cobertura de un millón 744 mil hogares, que representaría un beneficio a 9.7 millones de personas, de los cuales el 60.6% son personas que viven en el área rural, 57.4% se autoidentifican como indígenas y 45.9% son niñas, niños y adolescentes expusieron los analistas.

Figueroa resaltó que la vigencia del programa impactaría en la creación de al menos 150 mil empleos en todo el país, un impacto en el crecimiento económico de 1.9 puntos porcentuales, la creación de 90 mil plazas nuevas en los sectores de agricultura, industria manufacturera y comercio que son los más afectados, pero sobre todo en la reducción de la pobreza en 5.5 puntos porcentuales recuperando a 947 personas ubicándolas arriba de la línea de la pobreza.

“La idea es que las personas no pasen a la pobreza extrema, y con estos ingresos se pueden mantener, al igual que los empleos que se perdieron se puedan generar y mantener tablas”, afirmó Figueroa.

Aseguró que cerca del 60% de los trabajos informales han sido afectados por la pandemia, sobre todo en el sector agrícola.

La implementación, según el Icefi requerirá un padrón único de beneficiarios, mayor efectividad y eficiencias, información puntual de los beneficiados, monitoreo y seguimiento, minimizar errores y anomalías, así como una mejora coordinación para lograr economías de escala entre los programas.

Estas son las acciones que propone el Icefi para financiar la ampliación:

1. Duplicar el impuesto sobre circulación de vehículos: Q800 millones, 0.13% del PIB
2. Aplicar el IVA a servicios digitales: Q110 millones, 0.02% del PIB
3. Duplicar el impuesto a las bebidas: Q860 millones, 0.14% del PIB
4. Corregir la estimación pasiva de la SAT: Q300 millones, 0.05% del PIB
5. Considerar aumento de precios internacionales de combustibles: Q290 millones, 0.05% del PIB
6. Fortalecer la fiscalización con la factura electrónica: Q2 mil 800 millones, 0.46% del PIB
7. Combate a los flujos ilícitos de capitales: Q323.8 millones,  0.05% del PIB
8. Eliminar deducciones innecesarias del ISR: Q1 mil 510 millones, 0.25% del PIB
9. Eliminar gasto tributario no justificados: Q5 mil 925 millones, 0.96% del PIB
10. Aumentar la tasa marginal del ISR a rentas superiores: Q1 mil 735 millones, 0.28% del PIBTotal: Q14 mil 654 millones, 2.49% del PIB

Alcanzar resultados

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), recomendó que los programas deben ser acompañados con una teoría de cambio, que se explique cómo se alcanzarán esos resultados, y los mecanismos concretos, que no solo se aplique a este programa en específico, sino en general.

“Ahora van a aparecer muchas propuestas como esta -la de Icefi- como la solución para la reactivación económica, y es bueno que se compita con los análisis técnicos, con la teoría del cambio que son los medios para lograr los resultados que se pretenden”, subrayó.

Añadió que, en este caso, las transferencias monetarias podrán resolver los tres problemas de empleo, crecimiento económico y pobreza, y el monto de la remesa – Q574.50 mensuales- que se propone es diluido.

Manifestó que el mismo FMI ha recomendado que los programas de apoyo temporales no sean permanentes, sino que sean evaluados y diseñados porque hay un tema de sostenibilidad financiera.

Análisis

González Ricci reconoció que será necesario apoyar a las familias afectadas para el 2021, pero no a las cifras que plantea Icefi.

Recordó que durante la crisis se han destinado Q14 mil millones para la atención a los diferentes programas sociales que están en ejecución y que están brindando los resultados, así como el ofrecimiento de créditos con organismos financieros internacionales para atender la crisis.

“Sí podemos utilizar una cantidad para el Bono Familia, pero no me quisiera adelantar el monto, pero creo en invertir más en infraestructura y que esas inversiones que enfocar la mayoría de los recursos en dar las transferencias en efectivo. No digo no dar el apoyo, sino que hay que dar, pero no a los niveles que se están hablando”, afirmó el ministro.

Romero Segura dijo que el Bono Familia tiene dos componentes importantes que es el técnico-financiero y el político-social, y cada uno tiene un marco.

Citó por ejemplo que hay una etapa que está marcando historia en el país, ya que los programas han sido cuestionados al referirse al marco político-social, por las dudas en la selección y los mecanismos de la selección de los beneficiados.

Añadió que el número de familias inscritas en el programa es de 2.6 millones, y la ejecución de Q6 mil millones y los mecanismos de selección son técnicos.

“Se está marcando un antes y un después en los programas de asistencia social y es importante para Guatemala un programa de segunda generación”, apuntó el ministro Romero Segura, al señalar que está contribuyendo a la reactivación económica nacional y local.

Señaló que cualquier acción que no se viera reflejada en el presupuesto, simplemente se queda en buenas intenciones y voluntades, aseguró el ministro quien fue exdiputado de la anterior legislatura, pero hay que perfilar cuales serían los instrumentos de financiamiento de Bono Familia para convertirlo en un programa permanente.

Anunció que el próximo lunes 17 de agosto se empezará a realizar el segundo pago a los beneficiarios que han calificado.

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Adelantó que se manejan los mismos techos del 2020 para los ministerios, dado que se mantendrá la misma cifra de recaudación, que, en este ejercicio está siendo impactada por la crisis sanitaria.

Al finalizar el evento de este viernes, la DTP empezará con el proceso de consolidación de la información recibida, para definir cada una de las asignaciones.

El funcionario expresó que se programará una reunión en las próximas semanas con el Consejo de Ministros para tratar los montos y las asignaciones puntuales en un proyecto afianzado que realizará esa dependencia.

“Lógicamente habrá prioridades en esta coyuntura; fortalecer algunos temas como infraestructura, mejorar la red hospitalaria o educación. Vamos a juntar toda la información, verla en su conjunto y se realizará una carpintería fina de todo el ejercicio y apuntarlo hacia los planes”, aseveró el funcionario.

Este año el presupuesto ascendió a Q107 mil millones monto que fue ampliado y modificado para atender la emergencia sanitaria que aprobó el Congreso en abril último.

La DTP tendrá un periodo de 30 días para definir los techos, y el proyecto del plan de gasto sería presentado el 2 de septiembre, afirmó González Ricci.

Los tres grandes ejes del presupuesto es para funcionamiento, inversión y el pago del servicio de la deuda.

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para conocerlo.

El @MinfinGT inicia el foro de reactivación económica durante jornadas de Presupuesto Abierto. Exponen ministro @alvarogricci, alcalde Ricardo Quiñonez y @Lisardoabf del Mineco. Es la última sesión programada. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/n7qeVZMkJ3

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 17, 2020

Decisión política

El ministro -quién fue exdiputado e integró la Comisión de Finanzas- dijo que el análisis del proyecto que se presentará al Legislativo es técnico, pero al entrar a ese organismo “ya se vuelve y pasa a una mesa política” donde tocará justificarlo.

No descartó la posibilidad que realicen cambios a la iniciativa, que serían de índole político.

En la iniciativa se presentará un capitulo de reactivación económica, que consiste en la presentación de varios proyectos de infraestructura.

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La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), las Empresas Portuaria Quetzal (EPQ) y Nacional Champerico, Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), presentaron sus ejes de potencial inversión, así como su incidencia que pueda tener.

Algunos de estos proyectos deberán ser conocidos por el Congresos.

“Guatemala debe ser un país más competitivo y ahora aprovechar el rompimiento de las cadenas de valor a escala mundial”, afirmó el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, al abordar la temática inversión pública y privada.

Portafolio identificado

Érick Uribio, director interino de Anadie, requirió un presupuesto de Q16.2 millones y un buen porcentaje se destinará para la estructuración, estudios, servicios, promoción y socialización para proyectos de infraestructura economía.

El portafolio que mantiene esa institución es de US$1 mil 560 millones -Q12 mil millones- distribuidos en siete proyectos y que podrían incidir en 4% del PIB, según el director.

El funcionario explicó que algunos estudios ya se encuentran en fase de prefactibilidad, otros tienen avances y otros están en análisis que han requerido varias dependencias públicas, e identificó el monto de las inversiones como proyectos prioritarios.

Los proyectos son:

• Modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora: Inversión estimada por US$120 millones.
• Interconexión vial y transporte urbano de pasajeros del eje norte-sur de la ciudad de Guatemala: Inversión proyectada US$770 millones.
• Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje: US$80 millones.
• Sistema del transporte público masivo del eje oriente–occidente del área metropolitana de Guatemala: Pendiente de establecer monto.
• Construcción, ampliación y mejoramiento del libramiento a la ciudad de Guatemala a través de la Interconexión CA-09 Norte- CA-01 Oriente Vía Expres: US$300 millones.
• Centro Administrativo del Estado (CAE) en la ciudad de Guatemala: US$250 millones.
• Puerto Intermodal Tecún Umán II: US$40 millones.

Los proyectos tendrán impactos en la generación de empleo, subrayó Uribio.

Confirmó que el consejo de Anadie ya aprobó un proyecto de reformas a la ley, que incluirá el desarrollo de infraestructura en salud, agua y educación, que deberá conocer el Congreso.

“No es prestar servicios, pero sí la infraestructura”, recalcó.

El @MinfinGT realiza taller de Presupuesto Abierto con tema de inversión pública y privada. Expondrán @ANADIEGuatemala @FFegua y empresas portuarias. Hay que estar preparados para la recuperación indica @alvarogricci. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/hfRIGpr7id

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 13, 2020

Portuaria Quetzal

La EPQ presentó proyectos de ingeniería civil de inversión para 2021, de los cuales hay dos significativos.

El primero contempla una ampliación del muelle comercial hasta 390 metros, mejorar los atracaderos existentes y profundizar al rostro del muelle, para que permita atender busques de mayor calado por Q216 millones.

El segundo proyecto, es el mejoramiento del rompeolas este y oeste de EPQ, por unos Q170 millones, se detalló en el foro.

Por aparte, Fegua requirió un presupuesto de Q50 millones.

Planes en Champerico

La Empresa Nacional Champerico en Retalhuleu, requirió un presupuesto de Q206 millones para 2021.

Se presentó como proyecto de inversión un nuevo muelle de 900 metros de largo, y para 2021 se realizarán el estudio de prefactibilidad por unos Q15 millones, mientras que en el 2022 el estudio de pre-inversión y diseño de la obra.

Para 2023-2025 se tendría la construcción del nuevo mulle sobre pilotes dentro del océano.

Los objetivos es atender a buques comerciales de carga con un calado de 11 metros, ser una nueva ventana de atención para el comercio internacional y atracción de capitales en esa zona costera.

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En promedio, Guatemala ha destinado en los últimos años el 2% del PIB para infraestructura pública, no hay proyectos de grandes envergaduras y se mantienen las brechas, aseguró la funcionaria.

“En tiempos de crisis, históricamente, los países hacen intervenciones para aumentar el gasto público para estabilizar la economía”, enfatizó Gramajo, al recordar los proyectos como la construcción del Anillo Periférico, el Centro Cívico y la hidroeléctrica Chixoy. Dijo que ahora la inversión es muy atomizada en proyectos de poca envergadura y prácticamente brinda mantenimiento.

El crecimiento de la población y cubrir sus necesidades patentizan la importancia de crear infraestructura estratégica de obras que generen empleo e inversión social que se materializó en la política general de Gobierno.

Gramajo, expuso que la priorización de la inversión en infraestructura será en caminos rurales, salud, educación, agua y saneamiento.

Inversión en salud

La ministra de Salud, Amelia Flores, afirmó que como respuesta ante la pandemia los enfoques de inversión para el próximo año serán infraestructura hospitalaria y la reparación de la existente.

La funcionaria reconoció los problemas en ese aspecto en los niveles de atención en salud, que han repercutido en el colapso de los hospitales por la pandemia, así como el retraso de la inversión que arrastra una serie de problemas que se evidencian ahora.

“La última inversión significativa que se realizó en Salud fue en la década de 1970”, aseveró la ministra, quien dijo que se busca fortalecer los niveles de atención a los ciudadanos, con el propósito de evitar un colapso del sistema.

Los proyectos se enfocan en el primero, segundo y tercer nivel de atención, con fondos propios, municipales y de consejos de desarrollo.

El plan incluye 19 nuevas obras y tres de arrastre para 2021.

La solicitud que presentó el MSPAS fue de Q99 millones, pero el techo asignado para 2021 fue de Q40 millones.

El plan de inversión de ese ministerio incluye construcción, mejoramiento, reposición, ampliación y remozamiento con fondos de préstamos con organismos financieros internacionales.

Red vial

El ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda formuló un presupuesto de Q8 mil 26.3 millones, y supone un crecimiento de Q1 mil 972 millones en relación con el actual, que es de Q6 mil 053.4 millones; es decir, 32.5%.

El viceministro Roberto Erazo declaró que los programas de inversión serán para desarrollo de la infraestructura vial primaria, secundaria y terciaria; mantenimiento de la red vial, mejoramiento de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito; así como mejoramiento de infraestructura educativa y edificios de salud.

Edificios educativos

El Ministerio de Educación (Mineduc) diseñó un presupuesto de Q335.4 millones para mantenimiento de edificios escolares.

La infraestructura de ese ministerio es de cuatro mil 472 edificios escolares de preprimaria, primaria y media -básico y diversificado- que necesitan mantenimiento preventivo y correctivo.

El monto por cada edificio escolar -mantenimiento- podrá ser hasta de Q75 mil, se expuso en la sesión de taller de Presupuesto Abierto.

Cultivos

Para la creación de sistemas de riegos para cultivos, el viceministerio de Desarrollo Económico Rural, planteo un presupuesto de Q168 millones en Zacapa, Quiché, San Marcos y Huehuetenango.

En la presentación que realizó el viceministro Eddie Mendoza destaca el proyecto de la construcción de la unidad de riego de La Franja, Jacaltenango, Huehuetenango, por Q142 millones, asignación que representaría el 84% del gasto requerido.

En 2020 la unidad de riego tiene un presupuesto de Q60.5 millones.

Consultas

La cartera de Energía y Minas (MEM) requirió un presupuesto de Q95 millones para 2021, y según el ministro Alberto Pimentel Mata, parte de los recursos se utilizarán para los procesos de consultas que han ordenado las cortes en diferentes proyectos.

Otros de los planes es incrementar el índice de cobertura eléctrica para alcanzar 93 por ciento de la población.

Además, anunció el proceso de licitación internacional del plan de expansión de la transmisión (PET) 2020-2050 con una inversión estimada de US$706 millones.

El @MagaGuatemala propone un presupuesto de Q168 millones para infraestructura en sistemas de riego para fomentar la producción agrícola en varios departamentos expone el viceministro Eddie Mendoza. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/lL3BxJxcxu

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 9, 2020

Agua y saneamiento

El Instituto de Fomento Municipal (Infom) requirió un presupuesto de Q358 millones para el 2021.

Para la unidad ejecutora del programa de acueductos rurales se destinarán Q26.4 millones y para agua potable y saneamiento para el desarrollo humano, Q19 millones.

El gerente del Infom, José Mérida, explicó que se plantea adquirir un convoy para la perforación de pozos.

Transparencia y eficiencia

Generalmente, la ejecución presupuestaria ha sido baja en el Ejecutivo, por diferentes razones.

Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas, afirmó que hay dos problemas que impactan en la ejecución del presupuesto sobre todo en el área de inversión.

La primera es que no existe una capacidad de ejecución, y un ejemplo en la actualidad es la pandemia.

La transparencia y que los recursos que se utilicen lleguen al fin que fueron presupuestados con obras de calidad es el segundo aspecto.

“En temas de eficiencia y transparencia hay siempre problemas y habría que ver si tienen la voluntad para hacer la corrección y una buena ejecución”, remarcó Coyoy.

Recordó que la inversión pública contribuye a la reactivación económica, pero no es determinante, ya que la construcción privada tiene problemas.

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El presupuesto solicitado por el MSPAS fue de Q14 mil 355.93 millones, y por la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), fue de Q110 millones.

Dada la situación actual de la pandemia el MSPAS concentra un mayor esfuerzo financieros en este ejercicio para atender la emergencia; sin embargo, mantienen una baja ejecución del gasto que hasta el 8 de julio era de 34.63% según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Históricamente, ese ministerio, al igual que los de Educación y Gobernación son los que más asignaciones presupuestarias poseen en los ejercicios presupuestarios.

Propuesta

La solicitud fue presentada por la ministra de Salud, Amelia Flores, y confirmó que la estructura del presupuesto fue diseñada por las anteriores autoridades del MSPAS que fueron removidas a mediados de junio por el presidente Alejandro Giammattei.

La propuesta del requerimiento significará un incremento del 44% al gasto vigente que es de Q9 mil 963.15 millones (al 8 de julio).

Es decir, el MSPAS está demandando Q4 mil 392 millones más para el ejercicio 2021.

Para cubrir la emergencia el gasto para ese ministerio ha sido modificado con una ampliación de Q1 mil 766 millones más, ya que el presupuesto inicial fue de Q8 mil 197 millones (enero 2020).

Principales destinos

Flores resaltó que plan de gasto se enfoca en varios ejes estratégicos desde el punto de vista de la salud.

Citó, por ejemplo, disminuir la razón de mortalidad materna, la mortalidad en la niñez, el número de casos por morbilidad infantil (las enfermedades que afectan a la niñez), e incrementar el porcentaje de niñas y niños con esquema de vacunación.

También en la prevalencia de la desnutrición crónica, los nuevos casos en poblaciones de VIH, reducir la mortalidad por tuberculosis y eliminar la malaria en Guatemala.

Además, enfocarse en el primer nivel de atención de salud, y fortalecer la atención primaria y evitar la afluencia a los hospitales.

“Ahora estamos trabajando fuertemente con la pandemia covid-19, pero si les hubiéramos inyectado mayor asignación, fortalecido en esos niveles -primario- hoy no estaríamos viendo el colapso del sistema hospitalario”, aseguró la ministra.

Rubros claves

Una de las principales apuestas del presupuesto que presentó el MSPAS es la recuperación del sistema de salud.

La ministra expresó que, en el rubro de recuperación de salud, se requirieron Q2 mil 235.9 millones más al vigente.

En 2020, la asignación es de Q4 mil 173 millones y para 2021 se buscan Q6 mil 409 millones, que incluyen rubros como aumentar la cartera de servicios a escala nacional en los establecimientos de mediana y alta complejidad, con la contratación de recurso humano asistencial, adquisición de insumos, medicamentos y equipamiento.

La tecnificación de hospitales como sistemas ultrasonogramas 4D, resonancias magnéticas, rayos X digital, electroencefalogramas, electrocardiogramas, y laboratorio clínico digital.

Mejorar la atención en urgencias por traumatismo por accidentes y violencia; la respuesta a complicaciones de las enfermedades crónicas; mantenimiento de los hospitales, la red eléctrica, sistemas de drenajes y remozamiento de las instalaciones de la red hospitalaria.

Otro rubro importante para fomento de la Salud y Medicina Preventiva, que de un presupuesto actual de Q957 millones pasaría a Q1 mil 784 millones, es decir, un aumento de Q826 millones; prevención de la mortalidad de la niñez y prevención de la desnutrición crónica, con Q744 millones más para ubicarse en Q1 mil 921 millones; y prevención de la mortalidad materna neonatal con un incremento de Q675 millones para situarse en Q1 mil 921 millones.

El @MinSaludGuate hace una solicitud de presupuesto para 2021 de Q14 mil 355 millones, señala la ministra Amelia Flores. Los fondos son para diversos programas de salud. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/PMTVaG9KJS

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 8, 2020

Principales limitantes

El exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, enumeró una serie de aspectos que hacen dificultosa la ejecución del presupuesto para el MSAP, y ahora con una solicitud más alta para 2021.

Para crecer a una ejecución de ese nivel –hasta Q14 mil millones–, necesitarán crear más infraestructura, ya que no tendrá sentido si no hay más construcción de servicios, así como de personal y equipamiento.

Recordó que, en el tema de infraestructura, cuesta mucho al MSAP, y dispone ya de US$300 millones –Q2 mil 310 millones– para hospitales, pero se tardaría varios años en ponerlos a funcionar, ya que se carece de un equipo de planificación, contratación, diseños y de personal administrativo para resolver problemas para poder hacer obras.

Esa reducción se traduce en una falta de mantenimiento a los edificios de salud, y cuando tiene que hacer nuevos proyectos de hospitales como de Huehuetenango, se deben hacer cambios importantes, dijo.

Para este tipo de proyectos recomendó la contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Por otro lado, consideró que se cuenta con un desorden en la contratación de personal en su estructura administrativa que es muy grande, con varios renglones.

“Salud sí puede hacer un plan de crecer de Q8 mil millones a Q14 mil millones en tres a cuatro años, y es imposible dar un salto de un año para otra en esa dimensión”, puntualizó el exministro Estrada.

Añadió que hubo un año en el cual el MSPAS no tuvo capacidad de crecer en contratación y equipamiento, por no llevar a cabo el procedimiento administrativo a nivel físico y de equipamiento.

La idea ahora es no hacer lo mismo que se hace en años anteriores, añadió Estrada.

Restructuración

La ministra declaró que se han detectado “cuellos de botella” en los procesos de licitación por la emergencia en las unidades ejecutoras del MSPA que están descentralizadas, que pueden comprar con base en sus necesidades con su presupuesto normal, que con el presupuesto covid-19 –renglón de emergencia–.

Confirmó que están reestructurando y modernizando las unidades administrativas y financieras para llevar a cabo los procesos de adjudicación.

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El tema cobra una mayor relevancia por los efectos que pueda causar el coronavirus para este tipo de población, y porque puede incrementarse, señalaron los expositores. Por ejemplo, se teme que pueda incrementar el número de desocupación laboral.

Los programas sociales fueron presentados por los ministerios de Desarrollo (Mides), Educación (Mineduc), Agricultura, Alimentación y Ganadería (Maga) y Trabajo (Mintrab), que en parte llevan el componente del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Techos preliminares

La viceministra Carolina de los Ángeles Barahona, que tiene a su cargo el área administrativa y financiera del Mides, presentó un requerimiento de Q1 mil 344.5 millones para 2021.

El monto supondría un incremento de Q185 millones al presupuesto del 2020 que fue de Q1 mil 159.1 millones, es decir, del 16%.

Dentro de las asignaciones expuestas serían para comedores sociales; transferencias monetarias condicionadas para alimentos; adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades; becas de educación media para hombres y mujeres adolescentes y jóvenes; becas de educación superior; becas para artesano; prevención de la desnutrición crónica y cobertura de educación escolar primaria.

La viceministra expuso que las metas planteadas para 2023 -con el programa a implementar- están reducir la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales, incrementar a cuatro millones el número de raciones de desayunos y almuerzos en los comedores sociales, y atender a 150 mil familias en el programa de transferencias monetarias, así como reducir en 7 puntos porcentuales la tasa de desnutrición crónica.

El Mineduc presentó un indicador presupuestario específicamente para el programa de alimentación escolar, es decir a la población estudiantil que atienden en los establecimientos educativos.

El escenario para este programa es de Q2 mil 735 millones, lo que equivaldría a un incremento del 46.3%.

El presupuesto para 2020 es de Q1 mil 869 millones, y hasta el 3 de julio la ejecución era de Q1 mil 395 millones, con una población de 2.5 millones.

Las autoridades expusieron que la idea es atender en el 2021 a dos millones 532 mil estudiantes en los más de 30 mil 428 establecimientos educativos.

Pablo Blanco, viceministro de Previsión Social y Empleo, expuso un requerimiento de Q10.9 millones para el programa de regulación de asuntos laborales y de empleo, para atender áreas como registro laboral y control sindical, servicio de capacitación y asistencia en legalidad laboral, servicio de información a trabajadores guatemaltecos en el exterior, servicio de autorización de trabajo a extranjeros y servicios de asesoría en salud y seguridad laboral entre otros.

Mientras los programas de apoyo social que maneja el MAGA el requerimiento es de Q1 mil 415.4 millones para 2021, lo que significaría un incremento del 3.6% al vigente que es de Q1 mil 365 millones.

El @midesgt requiere un techo preliminar de Q1 mil 344 millones en #PresupuestoAbierto 2021 para atender los diferentes programas sociales que atienden. Estas son las estimaciones presupuestarias. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/upaHglPPRO

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 7, 2020

Grandes esfuerzos sociales

El economista Jonathan Menkos Zeissig, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, participó como moderador en la sesión, y apuntó que el Estado deberá hacer grandes esfuerzos adicionales en 2021 para mantener un crecimiento económico, ciertos niveles de asistencia de atención social, y se debe avanzar en presupuestos por resultados.

Mencionó que existe una preocupación en las asignaciones al Mintrab, que ya por sí cuenta con una baja asignación, pero que en esta coyuntura es un ministerio estratégico.

En el mercado laboral, instó a realizar una nueva Encuesta de Empleo e Ingresos (Enei), para mostrar el comportamiento de los indicadores, y todo apunta que este año no habrá muestra que es información urgente y oportuna en el contexto actual.

También criticó que en las presentaciones no se está utilizando la información del Censo de Población y Habitación 2018-19.

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En un contexto fuera de serie por la crisis sanitaria en Guatemala, el Minfin llevó a cabo el primero de seis talleres de Presupuesto Abierto, con los escenarios macroeconómicos y fiscales que dieron a conocer autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La primera llamada de atención por la construcción de esos escenarios procedió de los analistas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) e Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quienes destacaron los posibles escenarios de recaudación previstos para 2021 que financiaran el plan de gasto.

En la estimación, el superintendente Marco Livio Reyes Díaz proyectó un recaudo de Q61 mil 426 millones de ingresos fiscales para el siguiente ejercicio, utilizando el escenario bajo de crecimiento económico del 2% que dio a conocer el Banguat.

“Estamos buscando en este ejercicio que el presupuesto que se presentará el 2 de septiembre al Congreso esté reorientado a una reactivación económica, y sabemos que la economía está cerrada en muchos aspectos”, declaró el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci.

Incertidumbre demanda ajuste

Para Jorge Lavarreda, analista del Cien, en el contexto de la crisis persisten condiciones de incertidumbre y de constantemente cambios macroeconómicos que sugieren llevar a cabo ajustar las cifras, inclusive hasta cuando lo entre a conocer el Congreso en septiembre.

“Es fundamental incluir análisis de sensibilidad, y en la presentación se informó que se hicieron cambios hace una semana por las estimaciones del FMI, y esto seguirá cambiando y brindará un efecto de incertidumbre”, recalcó el analista.

Mencionó que, en este contexto de crisis, no se puede hacer un presupuesto como tradicionalmente se ha realizado en años anteriores, y se tiene que presentar análisis de sensibilidad para presentar información en el Congreso que pueda ajustarse “y no volver a llevar discusiones de qué pasaría si estuviéramos en otras condiciones, sino que, de una vez, los diputados cuenten con la información de cuales serían esos escenarios atando lo macroeconómico con la recaudación”.

Lavarreda es de la idea de presentar los datos más certeros posible de cuanto se puede contar en la recaudación para poder establecer cuál será el techo de presupuesto más conveniente y hacer un proyecto presupuestario razonable y creíble para 2021.

La reflexión del analista del Cien es que con las circunstancias actuales de crisis no se puede discutir un plan de gasto como era antes, que la información debe ser más dinámica, y aconsejan a las autoridades que se presenten los modelos de las estimaciones de los impuestos.

Añadió que, de aquí a septiembre se pueden presentar otros datos observados, pero que se puede ir alimentando información, para el momento de su debate en el Congreso se pueda hacer una revisión y ajustes con mayor fundamento técnico.

Abelardo Medina, analista del Icefi, afirmó que las cifras de recaudación para 2021 parecen estar sobreestimadas, y no se están incluyendo las medidas administrativas para mejorar la cobranza.

Parámetros 2021

José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banguat, presentó los indicadores macroeconómicos y el superintendente las estimaciones fiscales para el próximo año.

Blanco afirmó que de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fueron presentadas el 24 de junio último, la economía mundial tendría una recuperación del 5.4%, pero para este año habría una caída.

Explicó que todas las proyecciones para el 2021 se basan en el cierre de este ejercicio, en el cual habrá una caída de la economía en -2.5%, las exportaciones, las importaciones y una inflación del 2% y con esos datos se hace el ejercicio.

Para el segundo semestre se tendría información más afinada de la economía mundial.

Para 2021 se estima una recuperación de la economía guatemalteca en 3% (crecimiento del PIB), con un escenario más/menos 1% -2% escenario bajo y 4% escenario alto- en positivo.

Recaudación

Díaz expuso que se tomó como referencia para la cobranza de impuesto el crecimiento económico del 2%, el crecimiento de las importaciones 8%, las exportaciones 8.5% y una tasa de inflación del 4% para hacer las estimaciones.

La recaudación tributaria y otros impuestos no administrados sería de Q61 mil 426 millones para 2021.

Para este año se proyecta una caída del -8% de la recaudación, con una brecha de Q6 mil 900 millones -impuestos programados, pero no recaudados-, con una cobranza de Q57 mil 107 millones; pero para el siguiente año habría una recuperación de 7.4%.

La carga tributaria para 2020 cerraría en 9.8%, pero para 2021 en 10.1%.

Para 2022 se proyecta un recaudo de Q65 mil 528 millones y una carga tributaria de 10.2%; 2023, Q69 mil 998 millones y 10.4%; 2024, Q74 mil 626 millones, 10.5% y para el ejercicio 2025 una recaudación por Q79 mil 642 millones y 10.7% según los escenarios brindados por la SAT.

#CoronavirusGT | La @SATGT proyecta una caída en la recaudación tributaria por Q6 mil 900 millones para 2020 por efecto de la pandemia, y será – 8% con respecto al 2019 para alcanzar unos Q57 mil 107 millones. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/BgW2xgnqAk

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 6, 2020

Planes a corto plazo

Aunque no brindó detalles a profundidad, el superintendente anunció que se implementarán nuevos programas de fiscalización para los contribuyentes, mayores controles para combatir la defraudación aduanera y el contrabando, medidas administrativas y mantener el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

Además de la implementación de un nuevo sistema para la devolución del crédito fiscal, para agilizar esa devolución.

En el diseñó de este plan participó el FMI.

“En este año habrá un nuevo plan de fiscalización y hay esfuerzos contundentes para combatir la evasión tributaria y el contrabando aduanero”, aseveró.

Perfil de cifras

Con el escenario bajo se construyó las estimaciones de recaudación 2021 que financiaran el plan de gasto 2021:

• PIB real:                             Q510 mil 532 millones
• PIB nominal:                     Q614 mil 477 millones
• Importaciones:                US$17 mil 642 millones
• Exportaciones:                 US$9 mil 740 millones
• Inflación:                          4.5%

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“Sabemos claramente que la economía está cerrada en muchos aspectos; hay medidas de confinamiento parcial, y tenemos que pensar que pasará el día de mañana, y tenemos que abrir y esto es una realidad. La ruta financiera para abrir la economía estamos pensando que fuera a finales de agosto y esto se tiene que empatar con lo que diga el MSPAS, pero hay que preparase para este tema”, remarcó el funcionario.

González Ricci reiteró que la discusión del presupuesto 2021 es importante hacia donde se tienen que reorientar los recursos en gasto e inversión.

Ese ministerio programó la realización de seis talleres y tres foros para la discusión del plan de gasto para el próximo año en la jornada de Presupuesto Abierto en la modalidad virtual.

#CoronavirusGT | El ministro de Finanzas @alvarogricci dice en el inicio del #PresupuestoAbierto 2021 que la economía podría abrirse a finales de agosto aunque dependerá de los análisis del @MinSaludGuate. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/j3suxPiLqn

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 6, 2020

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Toda la información y propuestas que se recaben en esos talleres, la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) afinará las asignaciones a cada ministerio, secretaria o dependencia pública, así como los cargos en Obligaciones al Tesoro.

De momento se desconocen los techos indicativos, y solo se informó que la proyección inicial del presupuesto estaría en los Q96 mil millones, cifra que podría cambiar durante el desarrollo de estos talleres.

La distribución se compone para funcionamiento, inversión pública y pago del servicio de la deuda.

Por ley, la iniciativa del proyecto del presupuesto debe presentarse el 2 de septiembre al Congreso, que tiene hasta el 30 de noviembre para conocerlo, y sería el primer programa presupuestario de la administración del presidente Alejandro Giammattei que asumió en enero pasado.

Activación económica

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, indicó que la propuesta del proyecto 2021 tendrá un enfoque de reactivación económica como respuesta ante la caída de la actividad productiva como efecto del nuevo coronavirus.

Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para Guatemala un crecimiento de la economía en -2% y la Junta Monetaria (JM) de -2.5%, pero para el próximo año habría una recuperación por arriba del 4%.

Adelantó que uno de los componentes para ese fin, es destinar un buen porcentaje de recursos en proyectos de infraestructura pública para que tengan un impacto en la economía.

“La posibilidad de crecer económicamente el próximo año nos pone en una posición favorable”, subrayó el funcionario, al señalar que el FMI y la JM pronostican crecimiento positivo.

Ejes de discusión

Por lo menos cinco serán los temas que se abordarán durante los talleres del Presupuesto Abierto para 2021.

• Macroeconomía y fiscal: Se escuchará a las instituciones que participan en la Comisión Técnica de Finanzas, los escenarios de la evolución de la economía, indicadores y las proyecciones de recaudación tributaria.
• Red de protección social y empleo: Consiste en tratar el seguimiento a los programas sociales de apoyo económico, y las acciones a favor de los trabajadores formales e informales afectados por el covid-19.
• Salud pública y atención de emergencia: Reorientación del presupuesto para atender la emergencia sanitaria, y el componente de inversión en infraestructura.
• Infraestructura estratégica: Ejecutar los proyectos de inversión pública y privada como anclas de reactivación económica.
• Seguridad alimentaria: Desarrollo de programas para el combate de la desnutrición.

El ministro precisó que el covid-19 afectó a toda la economía del país, y que varias empresas están pasando problemas, pero que en general, la mayoría de los guatemaltecos han sido afectados de manera directa e indirecta por la pandemia.

Además, confirmó que ya están finalizado los protocolos de bioseguridad para poder comenzar la reapertura económica e implementarlos lo antes posible, y pronosticó que a partir de ahí vendrán las oportunidades de país que no se habían tenido.

En ese sentido, habló sobre posibles inversiones que se generen por el rompimiento de las cadenas de valor, sobre todo de Estados Unidos, el apoyo financiero de US$1 mil millones que se está ofreciendo, y anunció un programa para atraer capitales al extranjero.

Matices

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), remarcó que el ejercicio es positivo, pero que el presupuesto presenta rigideces, y a veces se dificulta que se puedan atender los principales problemas de la población.

Los componentes del presupuesto deben contar con suficientes ingresos y que sean sostenibles para tener la capacidad de financiarlo por la vía de ingresos tributarios y no acudir a endeudamiento.

“Estamos observando que el presupuesto no llenará estas dos condiciones, no se van a alcanzar los recursos financieros para atender a la población, pero el Gobierno debiera motivar una transformación estructural del presupuesto” indicó.

Por ejemplo, continúa Medina, eliminando aquellos programas e instituciones que no causan un bienestar efectivo a la población, y aumentar esos recursos al área de salud que estarán necesitados de fondos”, precisó el analista.

El ministro dijo que se proyecta una ejecución del presupuesto para final de este ejercicio entre 93% a 94%.

Por otro lado, explicó González Ricci que, de acuerdo con las estimaciones más recientes de la SAT, la recaudación tributaria tendrá una caída del 7%, de unos ingresos proyectados de Q64 mil millones, como efecto del coronavirus en 2020, y tendría efectos para la Universidad de San Carlos, las municipalidades, a la Corte de Constitucionalidad, al Tribunal Supremo Electoral y al deporte.

Las autoridades del @MinfinGT empezarán el próximo lunes con los talleres de Presupuesto Abierto, para la discusión del proyecto #Presupuesto2021, ahora con una modalidad distinta por la emergencia sanitaria. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/fYNqwPqFXy

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 3, 2020

Mejorar cobranza

Medina dijo que apoyan la idea de reactivar la economía por medio de la inversión en infraestructura, pero reiteró que los recursos no serán suficientes el próximo año.

Para ello las autoridades deben plantear los programas de reducir la evasión, para que alcancen los recursos, y por supuesto una disminución sustantiva de la corrupción.

Explicó que han observado que habrá una sobreestimación de ingresos tributarios para 2021, con los escenarios del 2020, en la cual se estima una caída de Q6 mil a Q7 mil millones.

“Estamos pronosticando que otra vez los recursos no alcanzarán en el 2021 para financiar el presupuesto y de nuevo se tendrá que recurrir a endeudamiento porque no habrá una capacidad de cobranza”, afirmó Medina.

Otro camino sería la disminución de gastos de algunas instituciones públicas.

Escenarios

Algunos indicadores para 2021 son:

• La previsión de crecimiento para 2021 es de 3% como valor central, y un 2% en el escenario más pesimista y 4% en el escenario optimista.
• La economía global estaría creciendo para 2021 en 5.4%, Estados Unidos, 4.5%, y México, 3.3%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
• El ingreso de divisas por remesas familiares se estima una recuperación del 10%, por un monto de US$10 mil 807 millones.
• Las exportaciones crecerán 10% para alcanzar US$11 mil 058 millones en divisas.
• Las importaciones aumentarán 9.5% por un monto de US$19 mil 810 millones.
• Se estima un déficit fiscal como porcentaje del PIB de 3% e inflación en 4.50%.

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Todo apunta a que se diseñará un plan de gasto diferente con prioridades especificas a causa de los efectos del covid-19, señalan autoridades y analistas.

En los siguientes días la Comisión Técnica de Finanzas Públicas –que la integran varias instituciones– definirán los escenarios macroeconómicos y fiscales que sustentarán la iniciativa a presentarse el 2 de septiembre al Legislativo; es decir, empiezan a correr los 90 días para la planificación del proyecto del presupuesto.

De manera tentativa, se habla de un techo por unos Q96 mil millones, pero es un dato no oficial y que se tendrá que afinar por las autoridades, se informó.

Lo que sería un presupuesto orientado al cumplimiento del programa de Gobierno, ahora se tendrá que redirigir a otras necesidades y las secuelas que deje el covid-19, hasta prepararse financieramente de una posible segunda ola de contagio.

Ejes prioritarios

Esta vez no se llevará a cabo el ejercicio de Presupuesto Abierto, y las unidades financieras fueron notificadas del procedimiento a seguir para presentar el plan operativo anual (POA), así como los indicadores que deberán de cumplir.

El ministro de Finanzas Álvaro González Ricci expresó que el presupuesto del próximo ejercicio se reorientará en las áreas de inversión por el covid-19 en el sistema de salud y hospitalario, así como infraestructura vial, puertos, aeropuertos y combate a la desnutrición.

“Le estamos apostando a la inversión como el eslabón de desarrollo y en estas circunstancias de crisis nos interesa utilizar una política contracíclica para incrementar la inversión pública y acelerar el gasto para generar fuentes de empleo”, subrayó el funcionario.

Citó como ejemplo fortalecer el área de infraestructura con el otorgamiento de más recursos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y la idea es que el sector construcción incremente su participación en el PIB de 3% a 4%.

En una entrevista con Prensa Libre el pasado viernes, el ministro Josué Edmundo Lemus del CIV confirmó que la idea es trabajar en la construcción de nuevas carreteras y darle mantenimiento a la red vial existente. Añadió que uno de los desafíos es tener en óptimas condiciones los tramos de puerto a puerto y frontera a frontera.

Atención

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), declaró que la pandemia puede relegar entre el 10% y el 15% de la población a la pobreza y las necesidades de atención van a crecer sustancialmente en gasto social.

Precisó que el sector que más genera empleo en el país son las pequeñas y medianas empresas y la recuperación de la actividad económica dependerá de la activación y atención a ese sector.

“Si las personas no obtienen empleo, no tendrán suficientes ingresos”, dijo el analista.

En las condiciones actuales, no se puede considerar que sea un presupuesto que se trabaje en temas como de defensa o de cultura, algo que estará “muy difícil”. Por el contrario, tendrá que enfocarse en la atención a los grandes grupos de personas, agregó.

En ese sentido, consideró el fortalecimiento financiero a los Ministerio de Salud, Desarrollo y Educación.

Cuestionó que el posible destino de recursos para infraestructura, cuando hay familias que quedarán en la línea de la pobreza, la parte de salud, así como el impulso a las pequeñas y medianas empresas, que debería ser el punto de referencia para el presupuesto del 2021.

El ministro reiteró que la idea es atraer inversiones extranjeras y locales en infraestructura vial, puertos y aeropuertos, para la generación de empleo.

Fortalecer salud

“No será un año atípico, si no de oportunidades para que el Gobierno siente las bases para que verdaderamente pueda atender lo que la epidemia ha desnudado; que es la precariedad del sistema de salud el cual será esencial para gestionar los brotes posteriores a este ciclo epidémico”, consideró Karin Slowing ex titular de Segeplan.

En el caso de atender a la desnutrición, dijo que es algo estructural y ahí “converge la crueldad del sistema político, económico y social”.

En la reactivación económica, comentó que se debe tener una visión más amplia, no solo hacia la infraestructura, y apostarles a sectores estratégicos en los cuales se desempeña la pequeña y mediana empresa sobre todo del turismo, agricultura y comercio que generan grandes cantidades de empleo.

En el apoyo social a los sectores más vulnerables, Slowing enfatizó que el Ministerio de Desarrollo (Mides) debe tener una reorganización.

Manejo de escenarios

El presupuesto en este año asciende a Q107 mil millones por las ampliaciones y modificaciones que se aprobaron en marzo y abril por el Congreso como respuesta primaria a la emergencia.

En ese sentido, González Ricci expresó que un techo de la propuesta podría ser Q96 mil millones, pero que dependerá de varios factores entre ellos la recaudación para el próximo año considerando que las autoridades monetarias, organismos financieros internacionales y agencias de calificación de riesgo país están pronosticando un crecimiento económico muy dinámico.

Recordó que uno de los objetivos es incrementar los rubros de inversión y brindarle un buen manejo los gastos de funcionamiento.

Algunos indicadores para 2021 son la proyección de un crecimiento económico de 3.5%, carga tributaria del 10%, un déficit fiscal a 2.9% y deuda pública con relación al PIB de 32.4%.