Prensa Libre - Edición Electrónica

Muchos son los motivos por los cuales se puede criticar con toda validez al sistema judicial del país y a quienes lo conforman. Lentitud, signos de corrupción, desconocimiento de las leyes, dictámenes equivocados o contrarios al espíritu y a la letra de las leyes son factores que aparecen en demasiados casos.

Este problema se afianza con hechos lamentables e injustificables, como la actual lucha interna, de carácter eminentemente político, para elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido en el escenario de acciones donde se evidencian falta de seriedad y de madurez, lo cual provoca que en numerosos sectores exista el convencimiento de que la justicia ha caído en los vaivenes de la confrontación politiquera del país.

Si a eso se le agregan fallos judiciales que son verdaderos engendros, como el relacionado con el caso político del ex presidente Alfonso Portillo, es fácil entender por qué la ciudadanía ha perdido la fe en la justicia y por ello haya tantos casos de personas no delincuentes que se toman la ley por su propia cuenta.

Sin embargo, existe otro factor que tampoco puede ser olvidado: los constantes atentados y amenazas de muerte que sufren los jueces y demás personal jurídico. En este año, dos jueces fueron asesinados y 67 han sido amenazados, en un aumento de esta violencia, que el año anterior no cobró la vida de ningún juez y las amenazas alcanzaron 50 casos. Los jueces inmolados habían tenido participación con juicios relacionados con el narcotráfico.

Si bien 80 jueces y magistrados son acompañados por personal de seguridad, es un hecho que hay necesidad de aumentarla, de ser posible, a todos ellos, porque se necesita exigir demasiada valentía y entereza para que puedan enfrentar a la delincuencia organizada presente en casos de todo tipo. Además, se debe, obviamente, investigar de dónde provienen las amenazas telefónicas. Las medidas más elementales incluyen, por ejemplo, prohibir de manera efectiva que haya teléfonos celulares dentro de los centros de detención y cárceles, desde donde se originan amenazas al azar hechas por reclusos con experiencia en chantajes.

Por otra parte, es imprescindible investigar y resolver los dos asesinatos indicados en este editorial, porque, aunque lamentablemente la impunidad es el premio de la mayoría de delitos y crímenes en Guatemala, cuando se trata de hechos delictivos cuyas víctimas son operadores de justicia, los efectos negativos en la sociedad se multiplican de manera exponencial. Por aparte, incrementan el convencimiento de que la única manera de obtener justicia es el empleo de sicarios o linchar a los delincuentes.

La inseguridad de los jueces y demás operadores de justicia constituye uno de los factores fundamentales para que el país retroceda. Nadie querrá invertir, por ejemplo, si sabe que en caso necesario no podrá contar con veredictos derivados de actitudes profesionales; por eso, investigar y esclarecer los crímenes y amenazas es una cuestión de Estado.