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La Asamblea Constituyente establecida en el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia decretó el 28 de abril de 1966 la Ley de Emisión del Pensamiento, que desde entonces ha sido baluarte para preservar y defender acaso el más importante derecho de los guatemaltecos.

A lo largo de sus 42 años de vida, aquella norma ha sido la garantía de una de las libertades fundamentales, y su valor y comprensión iconográfica ha sido tal, que ningún político —y ni siquiera las peores dictaduras — se atrevieron a menoscabar su alcance y contenido, aunque eso no exime a aquellos uniformados de la ignominia de haber acallado las voces disidentes por medio de la represión.

Contrario a cualquier intento de restricción del Decreto 9, muchos actores políticos y sociales se han esmerado, hasta ahora, por mantenerlo incólume y reforzar su objetivo, como se lee en el artículo 35 de la Constitución Política de la República promulgada el 31 de mayo de 1985, el cual es fruto de los acuerdos alcanzados por legisladores responsables con distinguidos comunicadores sociales versados en Derecho, con el propósito de asegurar a los ciudadanos el pleno ejercicio de un antropino irrenunciable.

Pero como suele suceder en nuestra política aldeana y hepática, al cabo de cuatro décadas de aquel hermoso logro, aparece en el Congreso un opaco diputado oficialista que empleó, con éxito, su habilidad de comerciante para embaucar a 105 legisladores y pasar en primera lectura una reforma al artículo 6 de la citada ley constitucional, con el propósito banal de asegurar a la Biblioteca Nacional la recepción de una copia de libros, revistas y material digital que publiquen en el país.

Es sospechoso que el uneísta Christian Boussinot, corifeo de la esposa del presidente de la República, aparezca, de pronto, preocupado por un asunto cultural sobre el que no tiene dominio ni experiencia, por cuanto su vida e intereses han transcurrido por otros senderos. Pero por sus lealtades políticas, no es difícil determinar el origen y el fin de esa maniobra, y deducir que ese congresista es un simple instrumento de sectores oscurantistas para probar, con una torpeza, la reacción social al manoseo de una ley insignia en la vida democrática.

Es ancestral la intolerancia de los políticos oficialistas y su afán de silenciar toda crítica contra la corrupción, la arbitrariedad y el abuso de poder, y el gobierno de Álvaro Colom no es la excepción.

Extraña que Boussinot haya sorprendido a un número tan alto de legisladores, y que no haya aparecido ni una sola mente lúcida para desenmascarar a aquel diputado con antecedentes opacos en sus relaciones con el fisco, y proponer la emisión de un simple acuerdo gubernativo para su iniciativa, antes de abrir la puerta a reformas que demeriten y parchen esa elevada conquista ciudadana.

Ciertamente, llegará el día en que la tecnología y la dinámica social hagan necesaria la reforma de dicha ley. Pero entonces, como en el pasado, deberá hacerse en base de un amplio consenso, en donde la transparencia y la buena fe eviten las maquinaciones orientadas a amordazar a quienes desnudan la inmoralidad y desenfrenos de los políticos.