El 2026 ha sido un año trascendental para el país con la renovación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), entidades de suma importancia para la democracia y la institucionalidad en Guatemala.

Con la toma de posesión, el 20 de marzo, de los magistrados del TSE, el 14 de abril, de los magistrados de la CC, y el pasado 17 de mayo, del fiscal general y jefe del Ministerio Público, concluyó un período en el que, a criterio de distintos sectores de la sociedad, el país estuvo marcado por la polarización, la falta de credibilidad y la ausencia de certeza jurídica en estas instituciones.

Sin embargo, también se abre un nuevo ciclo en el que la ciudadanía tiene altas expectativas acerca del rumbo que estas tres entidades deben retomar para volver a generar confianza en los habitantes, quienes exigen mayor agilización e igualdad en la justicia, así como una mayor participación democrática.

A criterio de Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el papel que estas tres instituciones desempeñan en Guatemala es sumamente importante para el sostenimiento del sistema democrático y jurídico, por lo que las nuevas autoridades deberán llevar a cabo su gestión con total independencia, con la finalidad de generar confianza en la ciudadanía.

Sobre el desempeño de las entidades durante el período anterior, María del Carmen Peláez, analista del centro de análisis Diálogos, comenta que se dio un “estancamiento”, principalmente en el Ministerio Público, y no solamente eso, también “un retroceso” que ha generado un aumento en los índices de impunidad en el país.

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Tribunal Supremo Electoral

Sobre los principales aspectos que deberá afrontar la nueva magistratura del TSE, Zelaya destaca tres puntos: la evaluación de los mandos medios “sin prescindir de personal clave”; el asesoramiento de expertos tecnológicos para evitar que se repitan “errores” como los ocurridos en procesos pasados con el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep); y, finalmente, recuperar la confianza del voluntariado electoral, debido a que muchos de sus integrantes afrontaron intentos de persecución penal por parte del MP en los comicios del 2023.

“Algunos de ellos —voluntarios— fueron sujetos de intentos de juicios penales y de persecución. Esto hace que las personas que cumplen un papel clave para la verificación de los resultados electorales no estén en la misma disposición de hacerlo”, afirma Zelaya.

Pero los retos para el TSE no se enfocan únicamente en la evaluación de personal, las asesorías tecnológicas y la recuperación de la confianza del voluntariado. Según indica Peláez, la verdadera “prueba de fuego” será la organización e implementación del proceso electoral del 2027. No obstante, aclara que esta prueba no solo será para el ente electoral, sino también para la CC y el MP.

“La prueba de fuego será el proceso electoral del 2027, donde realmente vamos a ver los primeros grandes resultados y las primeras tendencias de cuál es realmente la línea que van a seguir cada uno de los magistrados del TSE, cada uno de los magistrados de la CC y también el nuevo fiscal general”, asegura.

Peláez hace énfasis en este aspecto al recordar lo ocurrido en el 2023, en el que afirma el MP tuvo un “rol protagónico en la incertidumbre sobre el reconocimiento de los resultados electorales", así como en los procesos judiciales y en la salida de los magistrados del TSE. En cuanto a la CC, indica que su papel fue fundamental para dictaminar que se respetaran esos resultados.

Corte de Constitucionalidad

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, afirma que, con el cambio de autoridades en estos tres entes, se espera un horizonte mucho más “transparente y oxigenado” para los guatemaltecos.

En cuanto a la Corte de Constitucionalidad, Fernández Molina considera que su función esencial es “la defensa del orden constitucional” y que debe ser desde ahí donde se apoye la estabilidad del país.

“La función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Sobre esa premisa hay ahorita cierto contexto de estabilidad. El que debe apoyarlo es la Corte de Constitucionalidad”, indica.

Otro aspecto que cree importante para la institucionalidad del país es evitar el exceso de amparos con el objetivo de revertir o atrasar procesos, incluso en cuestiones secundarias. Aunado a ello, asegura que la CC debe mantener el principio de sumisión y enfocarse principalmente en la defensa del orden constitucional.

Por su parte, Zelaya afirma que la presidencia del ente constitucional debe ceñir el papel de la CC a su mandato, que es estrictamente la defensa del orden constitucional, y evitar que las cosas más “frívolas y cotidianas” lleguen a dicha instancia, cuando existen otras vías para que puedan ser dilucidadas.

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Ministerio Público

De las tres entidades cuyas autoridades han sido renovadas durante el presente año, el Ministerio Público es, según los expertos, la más cuestionada, por lo que expresan que enfrenta una serie de retos y obligaciones para recuperar la credibilidad ciudadana.

Pedro Cruz, de Crime Stoppers Guatemala, dice que actualmente el Ministerio Público se encuentra “sumamente debilitado” y con poca credibilidad ciudadana, por lo que el nuevo fiscal general tiene la oportunidad de recuperar esa confianza mediante resultados concretos. No obstante, hace énfasis en que estos resultados y cambios en el ente investigador podrán ser visibles a mediano y largo plazo.

“En un lapso de seis a 12 meses vamos a empezar a ver cambios que quisiéramos ver de manera inmediata, pero no creo que vayan a suceder tan inmediato, sobre todo por cómo está de golpeada la institución”, asegura.

Sobre el papel del MP en esta nueva administración, María del Carmen Peláez refiere que una de las principales expectativas es el cese de la persecución y la criminalización contra distintos actores de la sociedad que, en su momento, criticaron la gestión de Consuelo Porras y a los gobiernos que ratificaron su mandato al frente del ente investigador.

“Esto podría implicar, por ejemplo, el cese de las prácticas que parecían ser de criminalización y que documentaron organismos internacionales y demás en contra de operadores de justicia, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y demás”, asegura.

El exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, agrega que hay dos aspectos en los cuales el nuevo fiscal general debe poner énfasis.

“Dos cosas muy importantes para el fiscal general. Uno, devolver la confianza ciudadana en el Ministerio Público y la efectividad. Dos, tiene que dar confianza en que el MP se canalizará conforme a lo que establece la Constitución, como una herramienta de protección y auxilio a la población”, puntualiza.

El exmagistrado propone que, para recuperar la confianza en el sector Justicia durante esta nueva etapa, se debe evitar la utilización de la prisión preventiva como “herramienta de miedo”, como ha ocurrido en los últimos tiempos. También señala que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe respaldar a los jueces para que actúen conforme a derecho. En cuanto a la CC, considera que debe responder siempre a la defensa del orden constitucional y, desde ese punto, apoyar la estabilidad de Guatemala.

PDH insta a fortalecer la confianza ciudadana

Acerca del trabajo que el TSE, la CC y el MP deben llevar a cabo para garantizar la impartición de justicia y la participación ciudadana igualitaria durante este nuevo ciclo, se consultó a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para hablar con el titular de la entidad, Alejandro Córdoba. Ante ello, se envió una respuesta por escrito en la que se indica que la PDH “observa con especial atención el nuevo ciclo institucional que se abre con la integración de autoridades en órganos clave para la vida democrática del país”, lo que también representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana, reafirmar el Estado de Derecho y renovar el compromiso de dichas entidades con la defensa de la dignidad humana.

“Como Procurador de los Derechos Humanos, considero que el análisis no debe centrarse en anticipar conflictos ni emitir juicios previos sobre las nuevas autoridades, sino en recordar los estándares que deben orientar su actuación: independencia institucional, imparcialidad, legalidad, respeto a la Constitución, garantía del acceso a la justicia, protección de la participación ciudadana y apertura al escrutinio democrático. Guatemala necesita instituciones que actúen con responsabilidad, transparencia y sentido de servicio público”, indica la comunicación.

También hace énfasis en que cada autoridad debe contribuir, desde su mandato, al fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y “responder a las legítimas expectativas de la población”, por lo que la PDH dará acompañamiento, supervisión y recomendaciones cuando corresponda, dentro de su mandato constitucional, concluye.