casos de corrupción

Extorsión frena construcción de Q23 millones en El Tejar; señalan al alcalde y a un diputado de Viva

Tue, 05 Aug 2025 23:24:55 +0000

Justicia

Extorsión frena construcción de Q23 millones en El Tejar; señalan al alcalde y a un diputado de Viva

La constructora Multiservicios El Gran Jaguar suspendió la obra en El Tejar, Chimaltenango, tras denunciar que fue extorsionada. La acusación apunta al alcalde Julio Axel Figueroa y al diputado Víctor Bonilla.

Leslie Sánchez

5 de agosto de 2025

17:24h

Trabajos en la Calle Real Centenario de El Tejar permanecen suspendidos tras denuncia de extorsión contra el alcalde Julio Axel Figueroa y el diputado Víctor Bonilla.(Foto Prensa Libre: Tomada de Muni El Tejar / Facebook)

La empresa Multiservicios El Gran Jaguar, Sociedad Anónima, suspendió labores en el proyecto de mejoramiento de la Calle Real Centenario, casco urbano de El Tejar, Chimaltenango. Según una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (MP), la constructora fue extorsionada, aparentemente, por políticos.

El hecho ocurrió el pasado jueves 31 de julio en la Calle Real, cuando los trabajadores de la empresa se disponían a aplicar asfalto.
“Cuatro personas en motocicleta se dirigieron al encargado, lo amenazaron con arma en mano y le dijeron que las autoridades mandaban a decir que tenían que ‘alinearse’ con la extorsión”, detalló una fuente conocedora del caso.

Aunque no se solicitó una suma específica, los extorsionistas habrían indicado que el pago debía hacerse al alcalde de El Tejar, Julio Axel Figueroa, y al diputado distrital por Chimaltenango de la bancada Viva, Víctor Bonilla; sin embargo, en la denuncia no se especifican nombres de funcionarios.

Ante el temor, la empresa retiró la maquinaria del área y suspendió labores, porque —según la denuncia— hubo amenaza de muerte hacia los trabajadores si no se realizaba el pago a los funcionarios.

“Nos gustaría dejar claro: nosotros hacemos responsables de todo lo que pueda sucederles a los empleados a esas autoridades, porque está en riesgo la vida de muchas personas”, informó la empresa a Guatevisión y Prensa Libre.

El proyecto fue adjudicado en el 2023 por Q23 millones 677 mil. Sin embargo, por problemas administrativos y falta de disponibilidad financiera, la obra comenzó el 9 de junio del 2024. Incluso, en el evento de colocación de la primera piedra participaron el alcalde Figueroa y el diputado Mynor Rivera, de la UNE.

Según la empresa, la obra tenía un avance del 25% y el material quedó abandonado.
“El área se quedó expuesta; hay trabajos vulnerables a la lluvia porque nosotros ya íbamos a pavimentar la siguiente parte”, indicó la constructora. También exigió a las autoridades que garanticen la seguridad del personal, ya que no reanudarán los trabajos mientras exista riesgo.

CIV evalúa suspender tres proyectos por extorsión

El director del Fondo Social de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, Luis Mencos, confirmó que la empresa notificó lo sucedido y solicitó seguridad. Se les indicó que debían presentar la denuncia formal ante el MP.

La constructora tiene tres proyectos vigentes con el FSS para mejorar carreteras en Chimaltenango, adjudicados en el 2023, por Q71.8 millones, en El Tejar, Yepocapa y Balanyá. Según Mencos, también recibieron amenazas para detener trabajos en los tres municipios.

“La información que tenemos es que llegaron personas a amedrentar a los trabajadores y les pidieron que pararan, o de lo contrario atentarían contra quienes laboraran. Por eso, la empresa solicitó la suspensión oficial de actividades (…). Actualmente, son tres proyectos los que enfrentan el mismo problema con esta contratista”, denunció el funcionario.

Agregó que ya se gestiona con el Ministerio de Gobernación un refuerzo de seguridad en la zona, aunque la suspensión podría afectar la calidad de las obras.
“Uno de los principales problemas en cuanto a calidad es el inicio de la segunda etapa del invierno, que podría afectar los trabajos en curso. Sin embargo, procuraremos darles celeridad”, dijo Mencos.

Rechazan señalamientos y advierten acciones legales

La Municipalidad de El Tejar publicó en Facebook que circula información falsa sobre el motivo de la suspensión.

“Como alcalde municipal, aclaro que hasta el momento no se me ha brindado información oficial sobre las razones por las que el proyecto se encuentra detenido”, se lee en la publicación.

Guatevisión y Prensa Libre buscaron la versión del alcalde Axel Figueroa, quien respondió:
“Que denuncien; ellos pueden hacer todas las denuncias que quieran, ahora que lo que puedan confirmar es diferente”. Además, instó al MP a investigar el origen de los señalamientos.

—¿Usted niega haber solicitado algún pago?

—“Yo nunca; que me lo digan ellos directamente si yo lo he solicitado. Yo no he pedido nada de dinero. Al contrario, he puesto de mi propio dinero para que se ejecute la obra: combustible, tubos, pegamento y otros materiales”. El diputado Víctor Bonilla no atendió llamadas ni mensajes, ni se presentó a la sesión plenaria del 5 de agosto. Sin embargo, publicó un comunicado en redes sociales en el que se declaró víctima de una campaña de desinformación y anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales por difamación.
“De comprobarse actos delictivos, exigiré al Ministerio Público una investigación inmediata y rigurosa para identificar y sancionar a los responsables”, se lee en su comunicado.

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“¿A qué me estoy enfrentando?”: directora del Hospital General suma 16 denuncias por revelar actos de corrupción

Thu, 03 Jul 2025 20:59:04 +0000

Comunitario

“¿A qué me estoy enfrentando?”: directora del Hospital General suma 16 denuncias por revelar actos de corrupción

La directora del Hospital General San Juan de Dios ha denunciado varias compras anómalas efectuadas durante la administración anterior.

Ana Lucía Ola

3 de julio de 2025

14:59h

La médica Erika Pérez, directora del Hospital General San Juan de Dios, expone que enfrenta 16 denuncias en el MP tras revelar hechos de corrupción en el centro asistencial, durante una citación con la bancada Vos. (Foto Prensa Libre: tomada de Facebook)

La directora del Hospital General San Juan de Dios, Erika Pérez, informó que enfrenta 16 denuncias en el Ministerio Público (MP) luego de revelar supuestas irregularidades en el centro asistencial cometidas durante la administración anterior.

Pérez fue citada este jueves 3 de julio por la bancada VOS para abordar su denuncia del día anterior, en la que señaló el hallazgo de 228 compras directas fraccionadas efectuadas durante el 2022. Estas incluían instalación de zócalos, esquineros de acero inoxidable, topes para camillas, remozamientos de sanitarios y renovación de pintura en distintas áreas del hospital.

Según la funcionaria, muchos de estos trabajos quedaron inconclusos o no se realizaron, pese a que se facturaron con sobreprecios en adquisiciones que no superaban los Q90 mil.

Anteriormente, Pérez también había expuesto remozamientos pagados pero no ejecutados, así como el arrendamiento millonario de computadoras. Este último contrato fue suspendido por ella, lo cual derivó en una demanda del contratista por falta de pago. Por este caso, ha sido citada tres veces por el MP.

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“¿A qué me estoy enfrentando? Tengo 16 denuncias en el Ministerio Público y debo acudir a las citaciones de las empresas. Me obligan a pagar y las denuncias que yo he presentado no les dan respuesta”, expresó. “Nadie me protege a mí”, agregó.

Una de las denuncias en su contra está relacionada con compras directas del servicio de tomografía, cuyo equipo se averió en abril pasado.

“Hay procesos en los que realizo compras directas porque está en juego la vida de los pacientes, y lo hago por urgencia. No es como en esa otra situación, en que se efectuó una compra directa para un servicio que nunca se prestó”, argumentó Pérez.

Durante la citación se informó que algunos trabajadores denunciados por corrupción aún no han podido ser destituidos.

MP pide modificar delito contra exdirector de la DGAC y solicita la pena de un año de prisión

Mon, 12 May 2025 23:47:25 +0000

Justicia

MP pide modificar delito contra exdirector de la DGAC y solicita la pena de un año de prisión

El Ministerio Público ha solicitado a un tribunal que se dicte un año de prisión contra Carlos Monge, exdirector de la DGAC, por el delito de peculado culposo.

Elmer Vargas y Pavel Arellano

12 de mayo de 2025

17:47h

El MP ha solicitado a un tribunal que se dicte un año de prisión en contra de Carlos Monge, exdirector de la DGAC por el delito de peculado culposo. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Este 12 de mayo el Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Octavo que se dicte una sentencia de un año de prisión en contra de Carlos Velásquez Monge, exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien enfrenta juicio.

El MP solicitó el cambio de delito durante el juicio contra Monge en el Tribunal Octavo de Sentencia, donde en un principio fue enviado a debate por el delito de peculado por sustracción.

Monge es señalado por el MP del delito de peculado culposo debido a que habría autorizado un pago improcedente a la empresa Tronika GT en el año 2017.

Finalmente la jueza Graciela Ordóñez programó para el 26 de mayo la fecha de la última palabra y sentencia en el juicio contra Monge.

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El Ministerio Público solicita al tribunal octavo se dicte una sentencia de 1 año de prisión contra Carlos Velásquez Monge ex director de Aeronáutica Civil por peculado culposo al autorizar un pago improcedente a la empresa Tronika GT en 2017.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/nLteazDBxY
— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 12, 2025

Lea también: Carlos Velásquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil, enfrentará juicio por caso de corrupción

Guatemala recupera dos puntos en percepción de Corrupción después de 10 años

Fri, 14 Feb 2025 19:05:50 +0000

Guatemala

Guatemala recupera dos puntos en percepción de Corrupción después de 10 años

A pesar que se detuvo la caída del IPC, el país sigue posicionado dentro de los países con más percepción de corrupción del continente.

José Manuel Patzán

14 de febrero de 2025

13:05h

En el 2024 se detuvo la caída del IPC en Guatemala, según Transparencia Internacional.(Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Guatemala consiguió subir dos puntos de —23 a 25— en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), del 2024, elaborado por Transparencia Internacional. A pesar de que se detuvo la caída del IPC, el país permanece dentro de los países con más índices de corrupción.

Según el informe, Guatemala se encuentra en el puesto 25 de 180 países evaluados, y comparte el mismo puesto con Kirguistán, Mozambique y República Centroafricana. Supera por una casilla a Paraguay.

Transparencia Internacional, que hizo el índice, es una organización no gubernamental global que lucha contra la corrupción. Fue fundada en 1993 en Alemania, y trabaja en más de 100 países a través de capítulos nacionales.

Con la puntuación que recibió Guatemala se detuvo la caída constante de los últimos 10 años. Sin embargo, tiene una calificación por debajo del promedio de la región peor calificada a nivel mundial. La región Subsahariana de África que tiene una calificación de 33 puntos, mientras que Guatemala consiguió 25.

Percepción

El análisis del IPC indica que este aumento en la puntuación se atribuye a que el nuevo gobierno “no es percibido como un actor que promueve activamente una agenda de corrupción”, en comparación con los tres gobiernos anteriores.

Resalta que en el 2024 el gobierno abrió canales de participación ciudadana y comenzó a digitalizar funciones públicas para reducir los riesgos de corrupción.

“Si bien el gobierno del presidente Arévalo ganó la elección sobre una plataforma anticorrupción, los avances han sido limitados dado el enfrentamiento que mantiene con un aparato judicial cooptado y heredado de las estructuras de los anteriores gobiernos”, se indica.

Agregan: “Guatemala debe fortalecer con urgencia la independencia de su poder judicial y del Ministerio Público, instituciones que siguen bajo la influencia de redes corruptas”.

También se resalta que al igual que Guatemala, República Dominicana ha respondido con acciones similares que han resultado efectivas, aunque señala que ambos países tiene aún un largo camino por recorrer para combatir la impunidad.

En el documento se refiere que “la excepción en el continente americano es Uruguay”, que cuenta con instituciones consolidadas y un acceso a la información pública que fomenta la participación ciudadana.

“Sus instituciones están diseñadas para resistir los radicalismos derivados de la polarización y el populismo. Todo esto se traduce en bajos niveles de corrupción”, citan.

Para Transparencia Internacional, las Américas sufren un desgaste democrático ante gobiernos autoritarios que capturan el Estado y eliminan contrapesos.

También refieren que la desaparición de órganos de control debilita aún más sus frágiles democracias.

“Transparencia y probidad dejan de ser pilares, consolidando regímenes donde la corrupción y la impunidad son herramientas de poder”, puntualizan.

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Retrocesos

El aumento en las restricciones a la información pública y la participación ciudadana constituye uno de los mayores retrocesos en la región, indica la oenegé, que alude explícitamente a los casos de Argentina y El Salvador.

También destaca la trayectoria descendente de México, que pierde cinco puntos en sólo un año, con un poder judicial débil, opaco y complaciente que no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos como los casos Odebrecht y Segalmex.

Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe, señaló, según la agencia EFE, que “la aplicación de sanciones más firmes y una mayor regulación a los bancos y abogados que facilitan a los corruptos y criminales blanquear su dinero sucio constituyen medidas esenciales para desmantelar las redes de la corrupción”.

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Impunidad

En junio de 2023, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Guatemala ocupaba el puesto 13 en un ranking que evalúa la capacidad de los países para detectar, castigar y disuadir la corrupción.

En la región, Guatemala se mantenía entre las posiciones más bajas del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). En la medición del 2023 que realizaron las organizaciones del Consejo de las Américas el país se encuentra en el puesto 13 de 15 evaluados, es el mismo que ocupa desde el 2021.

La puntuación que recibió fue de 2.86 puntos de un total de 10, lo que marcó un descenso paulatino desde que comenzó a publicarse este índice en 2020, cuando aparecía con un puntaje de 4.04.

En el ranking las primeras posiciones las ocuparon Uruguay con una calificación de 6.99, seguido de Costa Rica (6.76) y de Chile (6.67), estos, según el análisis, “tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados”.

Pero en el otro extremo de la lista es donde se ubica a Guatemala solo por delante de Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46). En estos países que tienen el puntaje más bajo la probabilidad de que la impunidad continúe es mayor.

Salud denuncia posible corrupción en construcción de banco de leche en Hospital Roosevelt y otros proyectos

Thu, 30 Jan 2025 22:11:17 +0000

Justicia

Salud denuncia posible corrupción en construcción de banco de leche en Hospital Roosevelt y otros proyectos

Ministerio de Salud denuncia que a una empresa se le adjudicaron proyectos, pero estos no se efectuaron o no fueron concluidos.

Óscar García y Andrea Domínguez

30 de enero de 2025

16:11h

Ingreso al Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen proporcionada por el Ministerio de Salud)

Autoridades del Ministerio de Salud en conferencia de prensa este jueves 30 de enero informaron sobre un caso de posible corrupción en el Hospital Roosevelt y que ya presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, indicó que están denunciando este caso que tiene implicaciones económicas y para la salud pública. Según la denuncia, a un mismo proveedor se le pagaron por proyectos que no se concretaron.

Mynor Melgar, de la Oficina de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud, indicó que esta investigación se derivó de un caso de corrupción denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria.

Explicó que desde el 2010 se había identificado la necesidad de un banco de leche, por lo que en 2018 se efectuaron los planes.

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En 2023 fueron subidos los eventos, pero por compras directas y no se licitó. El costo del proyecto era de Q1 millón 138 mil 70.

Dijo que se adjudicaron todos los eventos. “En papeles el banco de leche se construyó, pero en la realidad no”, denunció Melgar.

“Ese banco de leche imaginario que fue adjudicado de forma directa y no por licitación”, afirmó. Añadió que fueron pedidos diversos artículos como puertas a otros proveedores, para el “banco de leche imaginario”.

Melgar informó que Q235 millones para el “banco de leche imaginario” y otros pagos sin documentar dejaron con deuda de arrastre al Hospital Roosevelt.

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Incluso, se arrendó maquinaria para movimiento de tierra, para algo que nunca se hizo, aún faltó pagar más de Q48 millones por el supuesto proyecto.

Añadió que en el Hospital Roosevelt al proveedor también se le adjudicó para mantenimiento de calles aledañas al nosocomio, dividido en varios eventos que superaron los Q2 millones. “Nunca se realizaron los trabajos”, lamentó.

Para leer más: Ocupación en Hospital Roosevelt está arriba del 100% por accidentes en moto y enfermedades crónicas

Además, Q3 millones por remozamientos e incluía la construcción de un elevador de carga, una obra que nunca se construyó.

“Hubo todo un plan para simular obras”, señaló.

Añadió que a la empresa o proveedor se le adjudicó por medio del Ministerio de Salud una cifra que sumó Q23 millones 265 mil 278.93 para proyectos en hospitales y centros de Salud.

En Izabal hay varios centros de Salud que supuestamente remozó la empresa, pero no ocurrió. También supuestos proyectos en Cobán, Alta Verapaz; Jutiapa, Santa Rosa y Sacatepéquez

Mientras que, en el departamento de Guatemala también le adjudicaron proyectos en Villa Nueva.

“Muchas de las obras que fueron pagadas, no se realizaron o se realizaron parcialmente” indicó Melgar

Este caso del Hospital Roosevelt está relacionado con una empresa del caso #B410 Eureka, denunciado por supuesto fraude en la construcción de un banco de leche; además de otros centros de salud y hospitales.

Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, señaló que se afectó al tema tributario y se atentó contra la salud.

Caso Industria Militar: Sala ordena que cuatro exmilitares sean ligados a proceso por lavado de dinero u otros activos

Thu, 30 Jan 2025 17:28:01 +0000

Justicia

Caso Industria Militar: Sala ordena que cuatro exmilitares sean ligados a proceso por lavado de dinero u otros activos

Una Sala revocó la medida que fue otorgada por un juzgado a favor de cuatro exmilitares señalados en el caso Industria Militar.

Óscar García y Elmer Vargas

30 de enero de 2025

11:28h

Exmilitares están señalados en el caso Industria Militar. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El juez séptimo penal, Fredy Orellana, este jueves 30 de enero dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de Corte de Apelaciones que resolvió que cuatro exmilitares sean investigados.

Se trata de Jorge Arturo Vega, Byron Manuel Santos, José Alfredo Cotzojay y Rolando Enrique Hernández, quienes están vinculados dentro del caso Industria Militar.

La orden de la Sala revoca la medida que fue otorgada por un juzgado que los había beneficiado con falta de mérito y ahora deberán ser investigados.

Los exmilitares serán investigados por lavado de dinero u otros activos.

EN ESTE MOMENTO

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Anteriormente ya habían sido sentenciados por el procedimiento especial de aceptación de cargos por asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.

La investigación detalló que habrían sustraído unos Q23 millones a través del pago de comisiones por venta de artículos a diferentes instituciones públicas.

La audiencia de etapa intermedia será el próximo 27 de marzo. El juez otorgó el plazo de un mes al Ministerio Público para ampliar la investigación.

En este mismo caso, pero en enero del 2019, en el Juzgado Séptimo Penal se conocieron los aspectos de la reparación digna contra siete empresarios que aceptaron haber pagado sobornos por la adjudicación de contratos.

Para leer más: Caso Corrupción Semilla: Juez Fredy Orellana liga a proceso al abogado Eduardo Masaya, candidato a secretario del CANG

A pesar de que la Procuraduría General de la Nación había solicitado que los culpables de cohecho activo y peculado pagaran Q815 mil 929.68 como reparación digna, el juez resolvió pagos de Q20 mil y Q30 mil a los siete empresarios.

Suspenden audiencia de recusación contra la jueza Judith Secaida en el caso Odebrecht

Thu, 23 Jan 2025 21:31:43 +0000

Justicia

Suspenden audiencia de recusación contra la jueza Judith Secaida en el caso Odebrecht

El fiscal Rafael Curruchiche informó que en la fase de acuerdos fraudulentos en el caso Odebrecht se presentó una recusación contra la jueza Judith Secaida.

Óscar García y Elmer Vargas

23 de enero de 2025

15:31h

La constructora Odebrecht repartió millonarios sobornos en Guatemala y América Latina para obtener contratos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informó este jueves 23 de enero que se suspendió la audiencia de recusación contra la jueza Judith Secaida, a quien buscan separar del caso Odebrecht de la fase de acuerdos fraudulentos.

Explicó que estaba programada la audiencia en la Sala Tercera porque la Fundación contra el Terrorismo presentó la recusación contra la juzgadora.

Agregó que la suspensión fue porque no llegaron todos los sujetos procesales. Recordó que en esta fase tiene orden de aprehensión un grupo de personas, entre ellas exfuncionarios.

Dijo que comparten el criterio de que esta causa ya no la tiene de conocer el Juzgado Quinto Penal, por lo que solicitarán que sea remitida a otro a juzgado.

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Explicó que uno de los sindicados en el caso no estaba en Guatemala y se le admitió su participación únicamente con una declaración jurada, pero por tener orden de aprehensión tenía que resolver su situación de forma personal.

Afirmó que por lo anterior dudan de la imparcialidad de la jueza.

Para leer más: “Iván Velásquez formaba parte de esa estructura criminal”: los señalamientos de Curruchiche contra excomisionado de la Cicig

El caso Odebrecht es una de las investigaciones de corrupción de mayor impacto en América Latina y que alcanza a políticos y funcionarios públicos de 12 países, Guatemala entre ellos.

Directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, S. A., habrían pagado sobornos millonarios a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de carreteras.

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Para ocultar el origen ilícito de los montos que recibió, la firma abrió varias cuentas bancarias en distintos países a título de empresas offshore, con las que en apariencia no tenía ningún vínculo.

Carlos Velásquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil, enfrentará juicio por caso de corrupción

Tue, 19 Nov 2024 20:12:07 +0000

Justicia

Carlos Velásquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil, enfrentará juicio por caso de corrupción

Juez resuelve enviar a juicio a Carlos Velásquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil, señalado de peculado por sustracción.

Óscar García y Elmer Vargas

19 de noviembre de 2024

14:12h

Carlos Velásquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil, irá a juicio por un caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

Carlos Velásquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil, fue enviado a juicio por peculado por sustracción al autorizar un pago improcedente a la empresa Tronika GT en 2017.

El juez Carlos Toledo, del Juzgado Sexto Penal, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones envió a juicio al exfuncionario durante la audiencia de este martes 19 de noviembre.

Para el 6 de febrero de 2025 está programada la audiencia de ofrecimiento de prueba y ese día se conocerá qué tribunal desarrollará el juicio.

Monge estuvo al frente de Aeronáutica Civil durante el gobierno de Jimmy Morales.

EN ESTE MOMENTO

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En declaraciones a la prensa, el exdirector indicó que enfrenta un proceso penal “injusto” y que va a demostrar su inocencia en este proceso espurio en su contra, pues a decir de él, ha habido manipulación de la justicia.

Según la investigación del Ministerio Público, cuando Velásquez Monge fungió como director general autorizó un pago improcedente por la cantidad de Q78 mil 750 a favor de la referida empresa.

Los indicios de la investigación detallan que supuestamente se simuló la ejecución de servicios que no fueron prestados a la institución.

Los servicios consistían en la reparación de 150 motores y 135 frenos eléctricos de las bandas transportadoras del Aeropuerto Internacional La Aurora, en el 2017.

Para leer más: Caso Corrupción Semilla: MP busca que exdirector de Informática del TSE regrese a prisión

Velásquez Monge también fue ministro de desarrollo social durante el gobierno de Jimmy Morales.

Félix Alvarado: En Guatemala la obra pública solo pasa si hay corrupción; la gasolina es el dinero, el aceite es la corrupción

Mon, 18 Nov 2024 11:00:00 +0000

Guatemala

Félix Alvarado: En Guatemala la obra pública solo pasa si hay corrupción; la gasolina es el dinero, el aceite es la corrupción

El exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado habla sobre su renuncia y la visión que tiene del CIV. La entrevista la concedió a Prensa Libre y Guatevisión un día antes de los allanamientos que llevó a cabo el Ministerio Público, el 17 de noviembre, en su residencia.

Leslie Sánchez

18 de noviembre de 2024

05:00h

Félix Alvarado presentó su renuncia como ministro de Comunicaciones el 15 de noviembre último.(Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Después de presentar su renuncia como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado conversó con Prensa Libre y Guatevisión brindando detalles sobre cómo se manejan las presiones en dicha cartera por parte de contratistas, funcionarios y alcaldes para que se les beneficie con obras.

Alvarado presentó su renuncia el 15 de noviembre último, y esta fue la última entrevista que cedió un día antes de que el Ministerio Público (MP) hiciera un allanamiento en la vivienda del exfuncionario en la zona 15 capitalina, en seguimiento a una denuncia por posible lavado de dinero.

El allanamiento finalizó alrededor de las 14 horas, y según la diputada, Andrea Reyes, que acompañaba al exfuncionario, el MP secuestró el teléfono, la computadora y dos pasaportes de Alvarado. Otro allanamiento por el mismo caso se efectuó en la zona 14.

¿Por qué tomó la decisión de renunciar?

Como lo comenté en la en la conferencia de prensa, por diferencias con el mandatario, pues lamentablemente hay absoluta claridad de qué es lo que necesita pasar, que se puede resumir en esos dos grandes aspectos del ministerio, acabar con la corrupción y hacer la obra pública.

Si hay algo que hicimos fue identificar muy bien cuáles son los problemas en el ministerio y deben resolverse.

¿Qué situaciones deben cambiar en el ministerio?

Encontrar el balance entre esas dos cosas, que se invierta el dinero público y conseguir que la sociedad y los diferentes actores políticos estén tranquilos.

¿Cómo comienzan las presiones en el ministerio de Comunicaciones?

Viene un constructor amigo y le dice al ministro, no tengas pena, yo te hago los estudios de la carretera, solo recuérdate de mí cuando te den el presupuesto para hacerla, asegúrate de que a mí me toque. Entonces, eso comienza a suceder a lo largo de los años, pero cada vez es más y más.

Los constructores comienzan ellos mismos a inducir la demanda de sus servicios a través de brindar los estudios y el apoyo, comienzan a financiar campañas de alcaldes y también eventualmente de diputados distritales. Es así como comienzan a haber diputados que tienen empresas de construcción, y empiezan a sistematizar la forma de influir en el Ministerio de Comunicaciones para a hacer presión. Si eres alcalde, vas con el diputado, si eres diputado, vas con los alcaldes; a los comunitarios los llevas al Ministerio de Comunicaciones para hacer presión. Citan al ministro y a los directores, a los a los viceministros y les dan palo hasta que acceden a hacer lo que se les exige.

Fundamentalmente es que si no me ponen mi tramo carretero en el presupuesto, yo lo voy a interpelar, y le voy a hacer presión.

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¿Se sintió presionado de esa manera?

Sí, totalmente, es un sistema de extorsión, no extorsión en el sentido que debe entregar dinero, pero sí es una presión muy específica de trato, quienes convocan predominantemente a citaciones en el congreso son los diputados distritales, porque ellos a su vez están siendo presionados por sus alcaldes y por sus comunidades para cumplir con la construcción de la obra pública. También, si realmente quiero que el ministro me haga caso, simplemente voy a darle unos milloncitos para que me aprueben la carretera.

¿En algún momento le ofrecieron dinero?

No llegamos a eso, creo que ahí están los puntos interesantes, pero no quiere decir que no haya ofertas en todo el sistema. Los contratos de carreteras no son como cuando tú vas y contratas que te construyan una casa o que te quieres comprar una mesa. Los contratos de carretera, por definición, tienen flexibilidad en los montos y tienen flexibilidad en el presupuesto total, por la sencilla razón de que cuando uno va a construir una carretera no sabe lo que se va a encontrar en términos geológicos.

Entonces, puede ser que, como sucedió en la Roosevelt se encuentran un desagüe y ahí se complicó todo, porque no sabían que ese desagüe estaba allí y sucede todo el tiempo.

¿Hay suficientes carreteras en este momento?

Tenemos un déficit tan brutal de carreteras que casi podrías hacer una carretera en cualquier lado y le servirá a alguien, pero los recursos son finitos y deberíamos estar haciendo las que más hacen falta y las que le sirven más a las personas que consideramos que son más necesitadas.

Pero como la cosa no depende de necesidad y tampoco de plan, sino depende de la demanda inducida con insistencia, entonces, terminas con lo que tienes ahorita, un sistema donde tienes estas presiones perfectas en torno al ministerio.

Todo mundo pidiendo su tramo carretero y algunos queriendo tener este negocio millonario bajo control. A medida que el gobierno de Guatemala se vuelve más corrupto, el Estado guatemalteco va estar más cooptado, ese es un problema que se va volviendo más serio.

¿Considera que Covial cumple sus funciones?

El caso de Covial es interesante porque ellos hacen mantenimientos, y se supone que tienen un plan con el mantenimiento de terracerías, se supone que se paga porque esos caminos sean mantenidos en buenas condiciones, pero es una una pésima idea, porque lo que hacen es ir a medio emparejar un camino de tierra y después de la temporada lluviosa vas a tener que hacer exactamente lo mismo.

Hay caminos que tienen algún tipo de acabado que ha sido hecho por la gente de la comunidad, por los alcaldes, pero que de todas maneras todos los años se reportaba como que se les estaba dando mantenimiento de terracería, entonces la supervisión no cuenta nada.

¿Se han invertido bien los fondos que tiene el ministerio de Comunicaciones?

En los últimos dieciséis años, o en los últimos cuatro gobiernos, estamos hablando de más de cien mil millones de quetzales que han sido absorbidos por el Ministerio de Comunicaciones y con los resultados que tenemos es lamentable, porque ni la obra pública, ni el dinero están, son cien mil millones de quetzales.

Quiere decir que en promedio se han gastado más de seis mil millones de quetzales anuales en infraestructura, que es el presupuesto completo que tenía el Ministerio este año. El más grave es el gobierno anterior, es muchísimo dinero sin que tengas lo que estás buscando.

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¿Cómo califica al ministerio de Comunicaciones si no cumple con sus funciones?

Lo que hace el Ministerio de Comunicaciones no es obra pública, es corrupción. Lo que hace es financiar a personas por las razones que sean y con los destinos que sean.

¿Se puede hacer obra pública en Guatemala con procesos transparentes?

En Guatemala la obra pública solo pasa si hay corrupción. Es la forma de mover ese motor, la gasolina es el dinero, pero el aceite es la corrupción, es la que hace que el que el dinero fluya, que la obra pase. Entonces, si hay coimas suceden las cosas, se pueden asignar los contratos fácilmente. Si no estás pidiendo o dando coimas, todo se entrampa.

¿En algún momento los contratistas llegaron para ofrecerle dinero?

Nunca hablé con contratistas, pero sí buscaban cómo hablarme. Es muy problemático porque dentro de ese sistema nadie se anima a formalizar una denuncia cuando le piden dinero a los contratistas. Te dicen, la persona me pidió o me ofreció dinero. Pero cuando le dices vamos a colocar una denuncia con esa información, ya no les interesa. Tienes un pacto de silencio entre todos los involucrados, porque es preferible no hacer nada para que la cosa camine, pero para fines prácticos.

¿Por qué hubo varias renuncias de funcionarios en los últimos meses?

En el caso del viceministro Alejandro García fue porque pasó como ochenta y tres días en el Congreso acudiendo a citaciones. Se pasó un tercio de su tiempo efectivo de trabajo en el Congreso.

Estamos hablando del tiempo que tarda en salir del Ministerio de Comunicaciones y llegar al Congreso, sumado el tiempo del regreso, algo totalmente improductivo.

Baldizón no podrá movilizarse por el país luego de que la CC admitiera apelación del MP

Tue, 12 Nov 2024 19:34:37 +0000

Justicia

Baldizón no podrá movilizarse por el país luego de que la CC admitiera apelación del MP

El MP recibió un amparo de la CC luego de presentar una apelación sobre las medidas a favor de Manuel Baldizón que le permitían movilizarse en el país.

Hedy Quino y Douglas Cuevas

12 de noviembre de 2024

13:34h

Manuel Baldizón cuenta con arresto domiciliario en el caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al Ministerio Público (MP), tras una apelación que presentó en contra del fallo de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente a favor de Manuel Baldizón, con el que se le permitía movilizarse en todo el país.

Con la decisión de la CC, el expresidenciable del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Baldizón, no podrá movilizarse en el territorio guatemalteco, únicamente en el departamento de Guatemala.

La medida es parte de los procedimientos legales correspondientes al caso Transurbano, en el que se le señala del delito de financiamiento electoral ilícito y en el que se le otorgó arresto domiciliario.

Sobre la resolución de la CC

Parte de lo resuelto por el máximo tribunal de justicia dice: “Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público por medio del Agente Fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, Melvin Oswaldo Medina Ruiz”.

“Revoca el numeral III) de la resolución apelada y, al resolver conforme a Derecho, se otorga amparo provisional precisando como efectos positivos de tal tutela que se deja en suspenso temporal la resolución reclamada, así como los efectos procesales que de ella se hubieren derivado; esto, en tanto se tramita y resuelve en definitiva la presente garantía constitucional”, agrega.

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Sobre el caso Transurbano

En octubre de 2022, Baldizón fue ligado a proceso en el caso Transurbano, que se ventila en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

En esa oportunidad el MP confirmó que Baldizón quedó ligado a proceso penal por financiamiento electoral ilícito; sin embargo, fue beneficiado con falta de mérito por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

En diciembre del 2018, la Feci explicó el entramado de empresas de cartón que habría usado el excandidato presidencial en las campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Según la Fiscalía, Baldizón creó “todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales”.

Sin viaductos y con atascos: CIV rescindirá contratos para construir puentes en Mixco y Santa Lucía Milpas Altas

Tue, 29 Oct 2024 11:00:00 +0000

Comunitario

Suscriptores

Sin viaductos y con atascos: CIV rescindirá contratos para construir puentes en Mixco y Santa Lucía Milpas Altas

Obras se adjudicaron en diciembre del 2022 por Q127 millones. Los proyectos no avanzan por falta de fondos y señalamientos de corrupción.

José Manuel Patzán

29 de octubre de 2024

05:00h

Los accidentes en la ruta Interamericana entre el ingreso a Mixco y la capital han sido constantes debido a que deben detener el tránsito por para dar vía a otros automóviles.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las promesas para aliviar el tránsito en Mixco y Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, se han retrasado debido a la sobrevaloración de uno de los proyectos o porque no se cuenta con fondos, mientras que el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), afirma que las obras han tenido obstáculos desde el inicio por el derecho de vía.

En diciembre del 2022, el CIV autorizó una adjudicación de Q59 millones 700 mil para que la empresa Opción Técnica, S.A. se hiciera cargo del diseño y construcción de un paso a desnivel en Ciudad Satélite, Mixco.

A inicios de este gobierno, las autoridades de la cartera denunciaron que la obra estaba sobrevalorada y que debía analizarse el diseño y los costos. También denunciaron públicamente que por la obra las autoridades anteriores desembolsaron Q4 millones por el diseño y Q3 millones por la ejecución de la obra, aunque esta no se había comenzado.

El vocero de la municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, reiteró que el atraso en la obra se debe a que el CIV efectúa una “auditoría de costos” para determinar cuánto dinero se invertirá realmente en la obra.

“Requerimos que se agilice lo más pronto posible esa auditoría para que comience la obra y así agilizar la ruta Interamericana. Sin embargo, por la corrupción que se ha suscitado en otros gobiernos, las actuales autoridades lo están haciendo a paso de tortuga”, señaló.

Automovilistas, el alcalde Neto Bran y expertos en temas de tránsito han opinado en otras ocasiones que la obra en ese tramo sería importante para que el tránsito sea constante y que no se detenga para dar vía a los automóviles que provienen de la capital, puesto que esto provoca accidentes viales. Se utiliza como referencia Ciudad Satélite porque en su entorno convergen varias colonias.

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Milpas Altas

En diciembre del 2022, también fue adjudicado el diseño y construcción de un paso a desnivel en Santa Lucía Milpas Altas, en la salida de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por Q68 millones 300 mil. Sin embargo, la obra adjudicada a la empresa Tracser S.A. también quedó suspendida porque según el alcalde Luis Guerra, el CIV no le ha adjudicado los fondos al proyecto.

“No es cuestión de la empresa, ellos han socializado la obra entre los vecinos y en las municipalidades, pero no empiezan por falta de fondos y la necesidad es más grande cada día, principalmente el fin de semana”, indicó.

“No puedo detener el tráfico que sale por la sexta avenida de Santa Lucía, porque comunica a Florencia, Santo Tomás Milpas Altas, Magdalena, Buena Vista y San Miguel. Es una carga de vehículos bien fuerte”, señaló.

El alcalde agregó: “Cuando vienen de Santa Lucía la cola de carros llega hasta San Lucas, entonces se tiene que alternar el paso y el afectado es el turista que baja a la Antigua Guatemala”.

Postura

En la postura por escrito que envió el departamento de Comunicación del CIV se indica que los contratos se encuentran en un proceso para ser rescindidos.

“Los inconvenientes con esos pasos a desnivel inicialmente fueron por diseño y derechos de vía. Adicionalmente, la empresa contratista no presentó los diseños definitivos de los pasos a desnivel y este incumplimiento fue la causa de que los trabajos no pudieran empezar. Ante esta situación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) está en proceso de rescisión de los contratos de manera unilateral”, se informó.

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Contratos millonarios

En octubre del 2023, el CIV adjudicó Q853 millones a la empresa Tracser para la ampliación de la carretera a cuatro carriles de la ruta CA-1 en el Obrajuelo, Villa Canales, Guatemala, una deuda que deberá solventarse en el actual gobierno.

La empresa Opción Técnica S.A., que ganó la adjudicación para la obra en Mixco, también tiene los nombres comerciales Asfalto Ez Street, Café Casa Blanca y Distribuidora y Servicios Generales (Disege).

En el 2023, dicha empresa ganó dos contratos millonarios, uno con el Ministerio de Salud por Q262 millones 626 mil para tener a su cargo el “diseño, construcción, equipamiento, mejoramiento y ampliación del Hospital de Chiquimula”, según el portal Guatecompras, y otro por Q264 millones para la construcción de un hospital en San Benito, Petén.

Se intentó obtener la postura en las empresas en mención, mediante los números telefónicos habilitados en el portal electrónico pero no fue posible.

Rompecabezas de Corrupción: los casos políticos que se desarmaron

Mon, 02 Sep 2024 11:00:00 +0000

Desde ese año, un huracán pasó por esas esferas del poder público y ahora permite hacer un recuento de daños que a través de un ejercicio periodístico que permite, por primera vez en el país, resumir siete de los grandes casos que acapararon los titulares de las portadas de Prensa Libre en la última década.

Una a una, como piezas de un rompecabezas, las instancias han conocido los argumentos de defensa, las acusaciones y resuelto los procesos. Las partes han ido encajando y ahora nos dan un escenario más claro sobre estas tramas judiciales, en el contexto del proceso de renovación de cortes de justicia, por las cuales han pasado muchos de estos casos.

Recientemente hemos visto a figuras políticas que fueron salpicadas de corrupción recobrar su libertad y la pérdida de la Fiscalía al presentar ante los jueces los casos fundamentados.

En Prensa Libre Plus y en la edición impresa se publica el especial Rompecabezas de Corrupción.

Ahora, por primera vez, Prensa Libre agrupa lo sucedido en cada uno de estos siete procesos y permite entenderlos como una sola imagen, de manera que facilita a nuestras audiencias sumergirse por completo en el entramado judicial de cada uno de estos personajes, con un hilo narrativo para entender los claroscuros de los procesos y entender cómo ha cambiado la administración de la justicia y la persecución final durante la última década.

Se han elegido los siete personajes bajo el criterio de relevancia, acumulación de poder político e interés mediático que han tenido.

Es un trabajo documental que evita valorar el trabajo de jueces o fiscales; tampoco hacer juicios mediáticos de los acusados. Por el contrario, es un ejercicio periodístico que comenzó con revisar cada carpeta judicial y elaborar una línea cronológica de cada uno de los procesos. El resultado final, un repaso detallado, conciso y preciso sobre esos casos políticos que se desarmaron con el paso del tiempo y ahora mismo son piezas de un rompecabezas.

CC rechaza apelación de Otto Pérez Molina en tema de juzgado que conoció el Caso la Línea

Wed, 10 Jul 2024 20:49:54 +0000

Justicia

CC rechaza apelación de Otto Pérez Molina en tema de juzgado que conoció el Caso la Línea

Resolución de la CC confirma rechazo a apelación de Otto Pérez Molina, quien pretendía que el Caso la Línea no fuera conocido por juzgado de alto impacto.

Óscar García y Douglas Cuevas

10 de julio de 2024

14:49h

El expresidente Otto Pérez Molina ha enfrentado procesos judiciales por casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca Paulo Raquec)

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que el Caso la Línea sí se tuvo que conocer en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”.

Esto luego de la que la Corte rechazó una apelación del expresidente Otto Pérez Molina quién buscó, por nueve años, que su proceso no fuera conocido en un juzgado de alto impacto.

El 7 de diciembre de 2023, las juezas de este Juzgado condenaron a 16 años de cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por los delitos de asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años); además, los absolvieron por asociación ilícita.

El binomio presidencial fue acusado de liderar esta estructura que realizaba cobros ilícitos a importadores para beneficiarlos con reducción de impuestos.

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El Caso la Línea fue revelado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en abril de 2015 y la misma provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

El juicio llegó a su desenlace luego de 11 meses de audiencias en los que el Ministerio Público expuso más de cuatro mil medios de prueba y 562 documentos aduaneros contra los 29 acusados.

El 3 de enero recién pasado, el expresidente Pérez Molina recuperó su libertad luego de pagar una fianza y entregar dos viviendas por un monto de más de Q10 millones por los casos La Línea y Cooptación del Estado.

El 20 de diciembre de 2023, un tribunal redujo la fianza de Q13 millones que se le impuso en noviembre de 2021 al exmandatario para optar a la medida sustitutiva por Q10.4 millones.

Para leer más: “Yo no renuncié por las manifestaciones”: las declaraciones de Otto Pérez Molina tras haber sido condenado a 8 años de cárcel en caso de corrupción

#Ahora

La @CC_Guatemala confirma que el #CasoLaLínea si se tuvo que conocer en el juzgado de mayor riesgo B. La Corte rechazó una apelación del expresidente Otto Pérez Molina quién buscó, por nueve años, que su proceso no fuera conocido en un juzgado alto impacto. pic.twitter.com/42jIRYjjvH
— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) July 10, 2024

Aspirantes han pagado hasta Q10 mil para tratar de ingresar a la PNC

Wed, 10 Jul 2024 11:05:00 +0000

Justicia

Suscriptores

Aspirantes han pagado hasta Q10 mil para tratar de ingresar a la PNC

Autoridades tratan de individualizar a integrantes de dos estructuras de estafadores, integrada por policías y expolicías.

José Manuel Patzán

10 de julio de 2024

05:05h

Aspirantes a agentes de la PNC realizan práctica de tiro en el polígono de la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Pruebas de polígrafo determinaron que 135 aspirantes para integrar las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) pagaron entre Q8 mil y Q10 mil para ingresar a esa institución. Sin embargo, no se percataron que fueron estafados por dos estructuras criminales integrada por miembros y exmiembros de esa dependencia.

Los agentes incluso mostraron la boleta que hacía constar el pago, según lo que dijo el director de la PNC, David Custodio Boteo, durante una citación con el diputado José Chic.

Custodio Boteo afirmó que ya se tenía información al respecto, por lo que a todos los aspirantes se les hizo la prueba de polígrafo. Lo mismo se hizo con quienes se postulaban para oficial tercero, y fue así como se determinó que 135 agentes pagaron para tratar de ingresar a la institución.

“En estos casos se les pasa la prueba de confiabilidad para determinar quiénes han pagado o si han pedido un favor a un mando policial para ingresar”, acotó el director.

Además, recordó que recientemetne documentaron dos casos en los cuales los agentes que se postulaban para ascender a oficial tercero acudieron ante mandos policiales para reclamar su cargo porque habían pagado. No obstante, se descubrió que la estructura de estafadores hizo un montaje e identificó un número telefónico con la fotografía de un mando policial, y era con el que negociaban los pagos.

“Lo que han hecho es crear perfiles falsos de mandos policiales para negociar y exigir dinero”, advirtió Custodio.

Este problema no es nuevo, y desde el gobierno anterior autoridades policiales habían asegurado que se investigaba a lo interno y externo de la PNC, porque contaban con información sobre particulares que tenían afinidad con policías y eran los que hacían los ingresos a cambio de fuertes sumas de dinero.

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Otros pagos

Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), afirmó que como parte de las investigaciones han efectuado sondeos con agentes de la PNC, quienes les han confirmado que incluso se paga para acceder a cualquier capacitación y para tener permisos para acudir a la universidad.

“Este es un tema recurrente, no precisamente es de ahora. Hay inequidad y discriminación dentro de la Policía Nacional Civil”, indicó.

El reglamento de la PNC establece que los nuevos agentes deben recibir 10 meses de capacitación. No obstante, Acuña recomienda que sea por lo menos un año y medio, para que se incremente la capacitación en derechos humanos, que tiene relación con la corrupción a lo interno y fuera de la institución.

“Es más importante la calidad y no la cantidad, y la institución siempre ha presentado muchas falencias por la vinculación de los agentes con la corrupción. Eso solo demuestra una debilidad porque hay requisitos claros para ingresar, pero no se cumplen”, señaló.

“Este problema es recurrente dentro de la institución por la falta de control interno, son situaciones que debería investigar la oficina de responsabilidad profesional”, agregó Acuña.

Expulsados

El oficial y vocero de la PNC, Edwin Monroy, comentó que el curso para los nuevos agentes dura ocho meses, y entre los principales requisitos que se solicitan para ingresar están el no tener registro de antecedentes policiales y penales. Tampoco debe tener tatuajes, debe contar con un título de nivel diversificado y una estatura mínima de un metro con 60 cm.

Agregó que aunque logren ingresar, existe una unidad que se encarga de investigar la documentación que presentan los aspirantes, y por medio de ello se ha determinado que algunos falsificaron los antecedentes policiales y penales, por lo que son expulsados.

“Con uno de los requisitos que no cumplan, si tienen tatuajes o tienen registros de antecedentes policiales o penales, no pueden ingresar”, advirtió.

Monroy precisó que en el caso de los aspirantes o miembros activos que pagaron para ingresar o ascender a otro cargo, su intención es evitar trámites y asegurar la plaza, por lo que también son expulsados.

En febrero último, un integrante y un exintegrante de la PNC fueron detenidos en Alta Verapaz, señalados de estafa propia, ya que pedían sumas de dinero a cambió de conseguir plazas en la institución policial. Las negociaciones las hacían por medio de las redes sociales.

Uno de ellos, de acuerdo con las pesquisas, tenía nexos con otras personas que laboran en la Academia de la PNC. El 17 de junio también fue detenido un ciudadano en San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, señalado de ofrecer plazas a Q4 mil para ingresar al curso básico de agente.

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Dignificación

Para evitar la corrupción dentro de la PNC, se establecieron siete comedores en los cuales los efectivos policiales tienen alimentación los tres tiempos sin ningún costo. En el 2023, el Ministerio de Gobernación adquirió 80 mil nuevos uniformes y este año compró 20 mil chalecos antibalas.

Dentro de las propuestas a futuro está la entrega de un bono de antigüedad que se pagará conforme los años que cada agente acumule dentro de la institución, con el argumento de que “cuiden” su puesto y no incurran en delitos. Además, se estipula una remodelación en todas las sedes policiales.

MP hace diligencia en el CIV por posibles irregularidades en contratación de constructoras

Tue, 09 Jul 2024 22:28:08 +0000

Justicia

MP hace diligencia en el CIV por posibles irregularidades en contratación de constructoras

Ente investigador efectúa diligencia en el Ministerio de Comunicaciones en seguimiento por posibles actos de corrupción.

Óscar García

9 de julio de 2024

16:28h

Investigadores hacen diligencia en el Ministerio de Comunicaciones por supuestos actos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informó que este martes 9 de julio, la Fiscalía contra la Corrupción efectúa una diligencia en la sede del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Según el MP, esta acción es en seguimiento a una investigación relacionada a posibles irregularidades en contrataciones a empresas constructoras mediante eventos de baja cuantía.

Aunque la diligencia sigue en desarrollo y el ente investigador no ha dado mayores detalles, en el Ministerio de Comunicaciones se han dado a conocer varias denuncias por supuestos actos de corrupción.

En mayo recién pasado, el MP informó que requirió información al CIV por investigaciones de deuda de arrastre de proyectos.

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Según se indicó en esa ocasión, se trata de una investigación relacionada con proyectos de empresas que tienen deudas de arrastre.

Entre las denuncias hechas por el CIV está la del 11 de abril 2024, cuando interpuso denuncia por supuesto fraude en proyectos de escuelas Bicentenario.

En febrero, esa cartera afirmó que analizaba acciones legales ante indicios de corrupción en contratos de algunas obras.

Para leer más: Destitución de Jazmín de la Vega fue por “favorecer” pagos a empresas

#MPfuerteYfirme #MPcontraLaCorrupción
MP realiza diligencia en MICIVI

La Fiscalía contra la Corrupción realiza una diligencia en la sede del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, en seguimiento a una investigación relacionada a posibles… pic.twitter.com/IywRDS9K9L
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 9, 2024

Cuál es el estatus del caso de las escaleras del aeropuerto y otras denuncias del CIV

Wed, 03 Apr 2024 03:21:07 +0000

Guatemala

Cuál es el estatus del caso de las escaleras del aeropuerto y otras denuncias del CIV

El CIV denunció irregularidades en la compra de escaleras y ascensores para el Aeropuerto La Aurora.

Pavel Arellano

2 de abril de 2024

21:21h

El Ministerio Público informó este martes que lleva a cabo diversas investigaciones por posibles actos de corrupción, entre los que está las supuestas irregularidades en la adquisición de escaleras eléctricas y ascensores en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto Prensa Libre: X/@MPguatemala)

Este 2 de abril el Ministerio Público (MP) informó que lleva a cabo diversas investigaciones en seguimientos a supuestos casos de corrupción.

Por medio de sus plataformas digitales, el MP detalló las diligencias, las cuales se enfocaban en diferentes tramos vehiculares y áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Por ejemplo, la Fiscalía contra la Corrupción investiga un total de 91 expedientes vinculadas a supuestos actos de corrupción, en su mayoría siendo irregularidades que han provocado el incumplimiento de construcción de algunas obras y otros delitos como fraude, cohecho activo, tráfico de influencias entre otras.

Algunos de estos casos son supuestas irregularidades en el tramo de la autopista Palín-Escuintla, en la adquisición de escaleras eléctricas y ascensores en el Aeropuerto Internacional La Aurora y posibles actos de corrupción en la División de Puertos, Aeródromos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT).

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Con respecto a las escaleras y ascensores del Aeropuerto Internacional, la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, acudió a una citación en donde informó sobre las denuncias hechas a exfuncionarios encargados en la administración del aeropuerto.

La ministra #JazmínDeLaVega dijo que debido a las anomalías en la compra de ascensores y gradas eléctricas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, denunció en el #MP al exministro, el exdirector de Aeronáutica Civil y la Junta de Licitación.#GuatemalaSaleAdelante #MICIVI pic.twitter.com/yLHCeYgyrA
— Ministerio de Comunicaciones (@CIVguate) April 2, 2024

“Presentamos ante el MP una denuncia para la junta de licitación que autorizó la adquisición de los ascensores y escaleras del aeropuerto”, indicó la ministra.

A su vez, detalló que la denuncia también es en contra del jefe administrativo, el exdirector Francis Argueta y el exministro de comunicaciones, Javier Maldonado.

#MPfuerteYfirme #MPcontraLaCorrupción
El Ministerio Público desarrolla diversas investigaciones en seguimiento a hechos de corrupción pic.twitter.com/vjTrQgWkNd
— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 3, 2024

“Esta denuncia se interpone después de un trabajo administrativo de revisión de procesos y expedientes, para sustentar la acusación por las posibles anomalías en esas compras que superaron los Q8.6 millones“, indica el CIV en sus plataformas oficiales.

#MPfuerteYfirme
La Fiscalía contra la Corrupción desarrolla 91 investigaciones vinculadas a actos de corrupción, entre ellas:

– Irregularidades en tramo de Autopista Palín-Escuintla
– Irregularidades en adquisición de escaleras eléctricas y ascensores del Aeropuerto La Aurora pic.twitter.com/k60nnkH0w9
— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 2, 2024

Con respecto a los incumplimientos encontrados por el CIV, detallan que las escaleras del aeropuerto no solo fueron entregadas fuera de tiempo, sino que “no correspondían con las dimensiones“.

De acuerdo al MP, las denuncias presentadas por las irregularidades en el aeropuerto y en la autopista Palín Escuintla ya son investigadas por parte de la Fiscalía contra la Corrupción desde el pasado 29 de enero y el 6 de febrero de este 2024.

Otras irregularidades

El MP detalló otras investigaciones que llevan a cabo como supuestas irregularidades en la construcción del puente Belice 2, licencias falsas en Chimaltenango, irregularidades en una obra ubicada en el paso a desnivel en la zona 12 y calzada Roosevelt.

#MPfuerteYfirme
La Fiscalía contra la Corrupción desarrolla 91 investigaciones vinculadas a actos de corrupción, entre ellas:

– Irregularidades en tramo de Autopista Palín-Escuintla
– Irregularidades en adquisición de escaleras eléctricas y ascensores del Aeropuerto La Aurora pic.twitter.com/k60nnkH0w9
— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 2, 2024

“Otras investigaciones son por posibles actos de corrupción ligados a una ONG vinculada al diputado Darwin Lucas y en la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social”.

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CIV analiza acciones legales ante indicios de corrupción en contratos

Thu, 22 Feb 2024 22:55:16 +0000

Guatemala

CIV analiza acciones legales ante indicios de corrupción en contratos

La ministra de Comunicaciones revisa contratos anteriores, como la intervención en la autopista Palín-Escuintla, buscando irregularidades para tomar acciones legales.

Sandy Pineda y Leslie Sánchez

22 de febrero de 2024

16:55h

La ministra de Comunicaciones está evaluando contratos pasados, incluyendo la intervención en la autopista Palín-Escuintla, con el fin de identificar irregularidades y presentar denuncias la próxima semana. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) conformó una mesa técnica en colaboración con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Comisión Contra la Corrupción, con el propósito de analizar acciones legales ante indicios de corrupción detectados en contratos vinculados a la cartera ministerial.

“Estamos analizando una serie de contratos en los que estaremos tomando acciones legales a futuro, dado que afectan a los intereses del Estado”, explicó la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, al explicar el objetivo principal del grupo de trabajo.

En esta mesa de análisis técnico, que tuvo lugar el jueves 22 de febrero, además de la ministra de Comunicaciones, participaron el Comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, y el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra.

Los funcionarios discutieron específicamente los contratos, muchos de los cuales se remontan a la administración anterior.

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Uno de los casos que destacó de la Vega fue la intervención en la autopista Palín Escuintla, donde una empresa fue contratada para realizar labores de mantenimiento, a pesar de que la autopista aún estaba bajo concesión de Marhnos y no había sido oficialmente transferida al ministerio.

La ministra de Comunicaciones enfatizó que “dicha intervención nunca debió haber ocurrido”.

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El propósito de esta mesa técnica es clarificar los aspectos legales relacionados con las presuntas irregularidades del contrato, con la intención de presentar denuncias la próxima semana, según sea necesario.

Además, se está evaluando el caso del puente Belice. “En este contrato estamos analizándolo porque recién inició el año pasado con todas sus aristas. Es un contrato grande, aún no hemos definido qué procedimiento se irá a seguir”, explicó.

El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, confirmó que se están coordinando las acciones y la metodología de trabajo interinstitucional.

Saavedra afirmó que hay sospechas de corrupción que deben ser investigadas, y por ahora la mesa se enfoca en los contratos del CIV.

Santiago Palomo mencionó que en los próximos días se dará a conocer el progreso de esta mesa de trabajo. Su primera impresión es que aún queda mucho por hacer para combatir cualquier indicio de corrupción que pueda existir.

“Estaremos informando del avance de estos esfuerzos”, declaró el funcionario.

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Cuestiona mantenimiento en autopista Palín-Escuintla

La ministra declaró el pasado 19 de febrero que presentaría una denuncia debido al pago de Q983 mil a una empresa para el mantenimiento del tramo, el cual consideran ilegal ya que el contrato con Marhnos aún no ha sido liquidado.

“Nunca se debió haber intervenido en esa concesión, dado que la intervención es ilegal, porque es una empresa (Marhnos) la que tenía a su cargo la misma, y los trabajos que se contrataron fueron pagados en su totalidad y está en fase de liquidación”, afirmó la ministra.

La ministra subrayó la obligación del CIV de verificar el cumplimiento total de los trabajos antes de liquidar un contrato. En sus palabras, “debido a que el mismo no fue dado en su totalidad, vamos a proceder de acuerdo a lo que nos permita la ley”.

Asimismo, explicó que la concesión del tramo Palín-Escuintla estaba en curso y se esperaba que se realizara ocho meses de mantenimiento antes de su entrega al Estado de Guatemala. Sin embargo, debido a la intervención en esta concesión con la demolición de las garitas, la ministra planteó la pregunta: “¿Cómo cumplir un contrato que ha sido intervenido?”

“No debió haberse hecho eso. Ahora estamos ante esa revisión del mismo —contrato—”, enfatizó la funcionaria.

Gobierno de Giammattei adjudicó Q59 millones para seguridad en 7 parques recreativos

Wed, 31 Jan 2024 11:00:26 +0000

Un contrato por Q59 millones para ofrecer seguridad a siete parques recreativos fue adjudicado a dos empresas por las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes del gobierno anterior. Las actuales autoridades no están conformes y rescindirán los contratos, se informó.

La descripción del evento, adjudicado el 12 de enero último, describe que es por “servicio de seguridad y vigilancia para parques y centros deportivos y recreativos, de la dirección de Parques y Centros Deportivos y Recreativos, de la Dirección General del Deporte y la Recreación”, según el portal Guatecompras.

Dos contratos, uno por Q14 millones 230 mil 800 y otro por Q15 millones 800 mil 400, fueron adjudicados a la empresa Security Professional Systems, Sociedad Anónima, y otro por Q29 millones 838 mil 600 fue adjudicado a la entidad V.I.P. Security, Sociedad Anónima.

Security Professional Systems, Sociedad Anónima, suma Q145 millones 358 mil 965 en adjudicaciones con el Estado desde el 2010, por servicios de seguridad en diferentes dependencias. En 2020 se benefició con un contrato de Q14 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para la seguridad en diferentes sedes departamentales.

La entidad V.I.P Security, Sociedad Anónima tiene contratos con el Estado desde 2004 por Q306 millones 917 mil 946. En enero de este año obtuvo Q33 millones por contratos en seguridad para los ministerios de Cultura y Deportes, Salud, Educación, Economía y la Federación Nacional de Gimnasia.

Los contratos adjudicados el 12 de enero de este año, eran otorgar seguridad en siete parques ubicados en la Ciudad de Guatemala, Zacapa y Cobán, Alta Verapaz.

Las funciones de los agentes, según las bases del concurso era “mantener el control y brindar seguridad y vigilancia de los visitantes y vehículos que ingresan y egresan de los Centros Deportivos”.

Rescindido

Consultado el viceministro del Deporte y la Recreación, Francisco José Joaquín Aguilar, dijo que no avalan esa contratación y se hará otro evento.

“Estamos en el proceso de rescindir esa negociación. Era un contrato de 3 años, a nosotros no nos parecía coherente y uno de los oferentes impugnó la cotización”, acotó.

Parques

Según el contrato cada parque contaría con seguridad las 24 horas y se designaría cierta cantidad de guardias para cada lugar.

Érick Bernabé Barrondo García, ubicado en la 28 av. 14-02 Ciudad de Plata II zona 7, ciudad Guatemala, 90 guardias.
Al Centro Deportivo y recreativo Gerona ubicado en 15 av. 13-52 Zona 1, Barrio Gerona, ciudad Guatemala, 17 guardias
Centro Deportivo y recreativo Campo Marte 32 calle final esquina, 15 av. Zona 5, ciudad Guatemala, 59 guardias.
Centro Deportivo y recreativo Campos del Roosevelt 9 av. Entre 3ra y 4ta calle,
Zona 11, Ciudad de Guatemala. 31 guardias
Parque Deportivo y Recreativo de la Paz Zona 21, Guatemala. 23 guardias.
Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Zacapa. 26 guardias.
Parque Deportivo y Recreativo de la Paz, Cobán. 26 guardias.

Corrupción en Cultura y Deportes

El Viceministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes ha sido una las dependencias que con el pasar los años ha acumulado más señalamientos por malos manejos de fondos que, incluso, ha hecho que varios casos lleguen a los tribunales.

En esencia, su función es desarrollar programas y proyectos deportivos y recreativos y masificarlos a toda la población. Sin embargo, con esta justificación, el viceministerio del Deporte y la Recreación con el paso de los años ha reducido estas funciones a comprar artículos deportivos y recreativo con el fin de obsequiarlos.

Así, en los últimos 10 años, a esa dependencia se le han asignado presupuestos que suman nada menos que Q2 mil 104 millones, un 38% más que a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, y 40% más que a la Dirección de las Artes.

A través del tiempo muchos sectores involucrados en estos dos ámbitos —cultura y artes— han exigido un redireccionamiento del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes para que se les destine a estos rubros más recursos; puesto que, entre otras responsabilidades, están a cargo de la conservación de los sitios arqueológicos del país, así como de las escuelas y el desarrollo de las artes.

Sin embargo, lo cierto es que esto solo puede ocurrir mediante una reforma constitucional. En otras palabras, el viceministerio del Deporte y la Recreación seguirá recibiendo millonarios recursos.

El MP reveló en el 2016 que durante la administración del Partido Patriota se adjudicaron contratos anómalos a la empresa Grupo Escorpión para que brindara seguridad en las canchas deportivas a cargo del viceministerio. Dicha compañía estaba relacionada con Miguel Ángel Martinez, quien fue subsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad en ese mismo gobierno.

En el 2015, el MP también dio a conocer un caso de corrupción por la contratación anómala de juegos mecánicos y la supuesta compra irregular de implementos deportivos sin que se evidenciara su recepción. El contrato de la feria era por Q16 millones. Por el caso fue involucrado el exministro Carlos Batzín.

En el 2013 también se denunció el caso de la contratación anómala por el alquiler de toros mecánicos e inflables, alimentos e implementos deportivos por un monto de Q850 mil.

Jefe de Derechos Humanos de la ONU expresa alarma por situación en Guatemala y pide el cese de actos de intimidación

Fri, 05 Jan 2024 23:55:26 +0000

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este viernes alarma por la situación en Guatemala y pidió que cesen los actos de intimidación, el procesamiento y persecución de quienes luchan contra la corrupción.

“La intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción, son reprensibles y deben cesar“, señaló en una declaración emitida por su oficina en Ginebra.

Señaló que se ha constatado un aumento de la criminalización de los operadores de justicia en los últimos doce meses en Guatemala, lo que claramente va contra la independencia del poder judicial y el Estado de derecho en el país.

Llamó la atención en particular sobre la situación de la exfiscal anticorrupción del Ministerio Público, Virginia Laparra, liberada recientemente de la cárcel para pasar a arresto domiciliario.

EN ESTE MOMENTO

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“Me preocupa que el proceso penal en su contra no haya cumplido con las garantías del debido proceso y que, en consecuencia, su detención durante cerca de dos años haya sido arbitraria”.

“Ella debería ser liberada incondicionalmente“, exhortó.

En este sentido, repitió su llamamiento a las autoridades para que tomen las medidas para garantizar la independencia del sistema judicial y brindar protección a los operadoras de justicia.

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Acción Ciudadana señala falta de confianza en fiscalías administrativas y Contra la Corrupción

Mon, 11 Dec 2023 19:40:46 +0000

Acción Ciudadana y la Red Nacional de Colectivos Ciudadanos para la Transparencia presentaron un informe en el que destacaron que las denuncias presentadas ante las fiscalias de Delitos Administrativos y Contra la Corrupción han disminuido desde 2020, y solo demuestra la falta de confianza de parte de la población ante el Ministerio Público (MP).

Los exponentes destacaron que la fiscalía Contra Delitos Administrativos se encarga de investigar la conducta administrativa de funcionarios y empleados públicos.

En 2020 según el informe se recibieron 2 mil 546 denuncias; 2 mil 645 en 2021; 1 mil 830 en 2022 y 1 mil 218 en 2023.

“Si bien la ciudadanía presenta denuncias, la falta de confianza hacia el MP ha incidido en que bajen las mismas desde ese año”, dijo Luis Compá, coordinador de la Red Nacional de Colectivos Ciudadanos.

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Destacó que desde el año 2020 esa fiscalía recibió 8 mil 239 casos y la disminución se evidencia entre 2022 y 2023 que corresponde a 1 mil 400 denuncias menos respecto a 2021.

En el informe también destacaron que en 2020 en esa fiscalía de desestimaron 1 mil 893 casos, que representaron el 70%, en 2021 se desestimaron 2 mil 77 que significaron el 79%, en 2022 , 1 mil 230 que equivalen al 67% y en 2023, 713 que representan el 59%.

“El MP lo que hace es desestimar los casos de manera sistematica y así simular que tiene una alto porcentaje en resolución de casos”, acotó Compá.

Añadió que entre los 8 mil 239 casos que recibió esa fiscalía únicamente el 15% están en proceso de investigación según el reporte del MP, aunque según él, queda en duda si en realidad se realizan las investigaciones.

En cuanto a la fiscalía Contra la Corrupción, en 2020 se desestimaron 883 denuncias, en 2021 fueron 980, 727 en 2022 y 309 en 2023, según el informe presentado, lo que según los exponentes se debe a la falta de investigación por parte del MP y no a la resolución efectiva de más casos.

“Se ha visto una tendencia de que de que la población piensa que se persigue a quienes denuncian y no a los denunciados”, afirmó Compá.

Cifras disfrazadas

Para el analista de Acción Ciudadana, Eddy Cux, el patrón sugiere que el MP no cumple su mandato y aumenta el porcentaje de casos cerrados.

“El MP sale diciendo que hay un 98 por ciento de efectividad, pero se debe a que cierran los casos sin hacer diligencias. El MP ha cerrado varios casos y un juez ha determinado que deben ser investigados”, señaló.

Cux afirmó que de 90 denuncias que Acción Ciudadana interpuso en el MP, 24 fueron desestimadas en los últimos dos años.

Entre esta se encuentra las denuncias presentadas en contra de los exministros de Salud Amelia Flores y Hugo Monrroy, por la compra irregular de vacunas Sputnik, para prevenir el covid-19.

“El MP determinó que no había nada que investigar a pesar de que el contrato fue declarado de forma confidencial”, apuntó.

También mencionó el caso del partido Semilla, cuando la junta directiva del Congreso desconoció a la bancada y los declaró independientes sin haber recibido el informe oficial.

Una de las denuncias está relacionada a la compra irregular de galletas mejoradas que hizo el ministerio de Desarrollo Social por Q15 millones.

“El Incap determinó que no tenían los nutrientes necesarios y aunque no se concretó la compra sí existe el fraude porque hay personas involucradas en el contrato, el juez determinó que debía seguir la investigación pero el MP volvió a cerrar el caso argumentando que no hubo extracción de dinero, esa compra solo generó impunidad”, sostiene.

Cux destacó que se presentaron denuncias por compra de votos durante las elecciones pasadas, como en el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en el que hay pruebas como los cupones para canje de víveres que se regalaron en los alrededores de los centros de votación durante la segunda vuelta electoral.

“Este informe revela la deficiencia del MP en la persecución de casos de corrupción. La desestimación de casos genera preocupación porque cerrar expedientes sin investigación puede ser por imparcialidad. El MP no procura conocer la verdad de los hechos”, sentenció.

Exhibición personal

Cux informó que presentaron una segunda exhibición personal a favor de la fiscal general, María Consuelo Porras para saber dónde se encuentra y verificar si cuenta con las garantías necesarias para continuar al frente del MP.

“Por ahora desconocemos la legitimidad de los fiscales. Hay procedimientos que dicen que si la fiscal no está por estar fuera del país o por estar enferma, debe nombrar a un sustituto que debe ser un fiscal regional, distrital o de sección de más antiguedad”, explicó.

Se solicitó una opinión al Ministerio Público sobre las conclusiones del informe. Sin embargo, indicaron que analisaban el tema para enviar una postura.

Nulidad de testimonios en caso Odebrecht beneficiaría a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón

Tue, 29 Nov 2022 11:00:20 +0000

Después de 62 meses, el caso Odebrecht toma un nuevo giro legal, lo que implica cambios en el proceso, entre estos la representación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se revierten los beneficios a exdirectivos de la constructora y abre la posibilidad de solicitar nuevos arrestos, inspecciones de allanamiento y recabar nueva evidencia.

El nuevo fallo fue dictado por Luis Fernando Archila Lima, juez de Mayor Riesgo D, que deja sin materia legal la audiencia desarrollada el 8 de septiembre de 2017 en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval y la fiscal Eva Siomara Sosa.

El Ministerio Público (MP) informó ayer, a través de un comunicado, que, “en aras de garantizar el principio de inmediación, ha señalado audiencia de primera declaración de los sindicados Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado para el 1 de febrero de 2023 a las 9 horas, bajo apercibimiento que los sindicados deberán comparecer personalmente a dicha audiencia”.

El fiscal Rafael Curruchiche insistió en un mensaje grabado difundido por el MP en que “no se escatimarán esfuerzos para garantizar el esclarecimiento de la verdad, y que todas las personas que resulten responsables enfrenten todo el peso de la ley”.

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Alcances del caso

El 22 de julio de 2019, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Yassmin Barrios, dictó sentencia condenatoria contra tres personas a quienes se vinculaba con Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, en un proceso penal denominado Construcción y Corrupción, señalados de haber recibido sobornos de Odebrecht.

En esa ocasión fue declarado culpable Juan Ignacio Florido, supuesto colaborador de Sinibaldi, señalado de lavado de dinero u otros activos. Recibió un castigo de seis años de prisión y una multa de US$9 millones 30 mil.

También fue condenado Juan Manuel Molina Coronado, abogado del exministro Sinibaldi y señalado de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Se le impusieron 14 años de cárcel y una multa de US$1 millón 200 mil.

Catorce años de cárcel más una multa de US$346 mil se dictaron contra Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, señalado de ser colaborador de Baldizón.

En el caso Construcción y Corrupción, el MP señaló que una estructura criminal liderada por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi supuestamente gestionaba cobros ilegales a cambio de efectuar los desembolsos a las entidades contratistas.

En la carpeta judicial se detalla que los cobros consistían en porcentajes que oscilaban entre el 5 y 15 por ciento. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Odebrecht, S. A.

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¿Quién dirige la PGN?

Con esta resolución, el camino se abre para que la PGN pueda intervenir y solicitar un resarcimiento al Estado. El papel del procurador general de la Nación, por lo tanto, cobra relevancia.

El actual procurador general de la Nación es Wuelmer Ubener Gómez González, nombrado por el presidente Alejandro Giammattei el pasado 22 de mayo, para un período de cuatro años.

Según consta en un documento de la Secretaría General de la Presidencia, Gómez González trabajó como asesor de la desaparecida Comisión Presidencial Centro de Gobierno, en 2020.

Cambios por la resolución

Lo dictaminado por el Juzgado de Mayor Riesgo D podría cambiar el rumbo de un proceso, beneficiar a algunos e implicar a otras personas.

Solicitar resarcimiento

Entre las modificaciones está la representación de la PGN, lo que le permitirá solicitar el resarcimiento por los daños ocasionados por los supuestos sobornos que la constructora Odebrecht habría entregado a funcionarios guatemaltecos.

Los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado son señalados de haber propiciado el pago de sobornos a exfuncionarios como el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y presuntamente a más de una decena de diputados de la legislatura 2012-2016.

Sin material legal

Pierde validez jurídica la audiencia de primera declaración, así como los testimonios rendidos en anticipo de prueba, y revoca los beneficios otorgados a Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado, quienes revelaron sobornos que Odebrecht habría entregado a funcionarios guatemaltecos.

El actual titular de la Feci, Rafael Curruchiche explicó que la resolución permite “empezar de cero”.

“Nuestros requerimientos son apegados a la ley y, por lo tanto, nuestro actuar es lo correcto”, aseguró. Resaltó la importancia de tomar en cuenta a la PGN, ya que representará los intereses del Estado de Guatemala.

“Deben presentarse personalmente. Nada que por videoconferencia. Tienen que presentarse personalmente, pues, de lo contrario, la Fiscalía debe tomar una decisión”, insistió Curruchiche, quien afirmó que los ciudadanos brasileños ya fueron notificados por medio de sus mandatarios legales de la audiencia que tendrá lugar el 1 de febrero de 2023.

Revocan declaración de extranjeros

Los exdirectivos de la constructora Odebrecht Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado, en su primera declaración, optaron por el criterio de oportunidad, que les permitió convertirse en colaboradores eficaces y enfrentar proceso penal por cohecho activo y al pago de una multa de Q500 mil.

Ahora pierde validez el testimonio de ambos, ofrecido en 2017, cuando señalaron directamente al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al expresidenciable Manuel Baldizón de haber gestionado sobornos para otorgar un proyecto de carreteras en el país.

Tanto Baldizón como Sinibaldi buscan constituirse como querellantes adhesivos en este proceso penal, solicitud que aún no ha sido conocida.

Nuevas capturas y allanamientos

La investigación se inició en 2017, en conjunto con la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual detalla que los sobornos entregados por la constructora brasileña alcanzaron los US$17.9 millones a cambio de contratos de obra pública.

Curruchiche no descarta que se puedan solicitar nuevas órdenes de aprehensión, allanamientos e inspecciones que permitan recabar nuevas evidencias.

Acciones contra Odebrecht

En relación con las acciones legales que se podrían tomar en contra de la constructora Odebrecht, el jefe de la Feci indicó: “En su momento tomaremos las acciones correspondientes. Por ahora no las puedo detallar,debido a que el caso está en reserva”.

El caso se enlaza con pesquisas internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y Odebrecht, en Estados Unidos, el cual salió a luz en 2016. Por este existen expedientes abiertos por sobornos gubernamentales en 12 países de Latinoamérica.

Acción Ciudadana denuncia supuestos actos de corrupción en tres comunas

Wed, 09 Dec 2020 21:25:52 +0000

Acción Ciudadana (AC) interpuso este miércoles 9 de diciembre, denuncias en el Ministerio Público (MP) contra tres comunas por supuestos actos de corrupción.

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Edi Cux, director jurídico de AC, informó que en conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, culminó el trabajo de auditoría social en algunas comunas.

Las denuncias son contra dos exalcaldes de Barillas y Aguacatán, Huehuetenango, por el supuesto delito de fraude, peculado por sustracción y pacto colusorios.

Explicó que según la auditoría, en Barillas resalta la adjudicación de obras para mejoras de escuelas, pero apareen algunos rubros sobrevalorados.

Añadió que algunas empresas aparecen ofertando un precio por los materiales, pero para otros proyectos el precio es más elevado, lo que pudo ser un posible acuerdo entre las empresas y el exalcalde.

Otra posible irregularidad en Barillas es respecto de un proyecto de agua entubada a un costo de Q5 millones, en el que los pobladores colaboraron con mano de obra, pero al parecer la empresa lo cobró a la comuna.

En el caso de Aguacatán, la denuncia es contra un exalcalde porque la municipalidad adjudicó unos tres proyectos a una aldea, pero esta no existe.

Al parecer, el proyecto fue adjudicado dos veces y los justifican con un Consejo Comunitario de Desarrollo, pero se trata de una persona, lo que no es legal. La obra tendría un costo de Q1.5 millones.

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AC explicó que en caso de Amatitlán, la denuncia es contra el actual alcalde Mainor Orellana, por un supuesto conglomerado de empresas beneficiadas con compra directa y cotizaciones.

Al parecer, estas empresas pertenecen a un grupo familiar. Estas tienes su sede fiscal en El Tejar, Chimaltenango, y es única para todas.

Se trató de conocer la versión del alcalde de Amatitlán, Mainor Orellana, pero no respondió las llamas telefónicas.

Hasta 50 denuncias de corrupción gubernamental se conocen cada mes en la Fiscalía

Fri, 07 Aug 2020 11:00:57 +0000

Los ministerios de Salud, Desarrollo Social y municipalidades figuran entre algunas de las dependencias públicas que han sido denunciadas ante la Fiscalía Contra la Corrupción, por aparente mal manejo de fondos públicos durante la crisis sanitaria del covid – 19, según explicaron autoridades de la unidad investigadora.

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Reformas a la ley de compras podría generar una nueva pandemia, una de corrupción

Un claro ejemplo de las sospechas por posible corrupción saltaron a la luz cuando en una citación legislativa, del pasado miércoles, la ministra de Salud, Amelia Flores, comentó que están investigando algunas plazas fantasma de las que ya la cartera tiene certeza, pero hace falta que se cumpla con todos los trámites administrativos para que su auditoria interna pueda ser utilizada como una herramienta legal que podría dejar como resultado una nueva denuncia.

“En cuanto nosotros tengamos terminado todo el análisis de la auditoria lo vamos a presentar, espero que a mediados de este mes ya podamos tener un avance al respecto, tengo una investigación ahorita realizándose en recursos humanos, contamos con grabaciones de personas que se han atrevido a presentar los casos y eso es importante porque antes no había nada”, relató la funcionaria.

Cuando el ministerio de Salud estaba encabezado por el doctor Hugo Monroy, de la administración de Alejandro Giammattei, siempre en una citación parlamentaria quedó expuesto como un grupo de empleados, aparentemente, reciben honorarios por arriba de su preparación academia. Por este caso la Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó una auditoria dentro del ministerio que está próxima a evaluar.

Pandemia atrasa investigaciones

Aunque la Fiscalía Contra la Corrupción, que se encuentra a cargo del fiscal Stuardo Campo, trata de dar seguimiento a cada una de las denuncias recibidas en los últimos meses lo irregular en el horario de atención de algunas dependencias públicas ha ocasionado que las investigaciones no marchen en de la forma deseada.

“Relacionados con la pandemia tenemos bastantes denuncias algunas encaminadas al ministerio de Salud, de las ex autoridades del ministerio de salud, tenemos algunas denuncias contra el ministerio de Desarrollo Social, son varios los frentes investigativos que están abiertos y todos los casos van avanzando, hay algunas limitantes por la irregularidad en la atención de las diferentes instituciones pero estamos trabajando en todos los expedientes que se han recibido”, señaló Campo.

Una de las denuncias más conocidas por aparentes actos de corrupción durante el inicio de la pandemia fue la que presentó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción del Organismo Ejecutivo, en ella se señaló aparentes vicios en la adquisición de los medicamentos metilprednisolona, succinato y ceftriaxona, al mismo tiempo que salieron de la cartera salubrista los exviceministros Rodolfo Galdámez y Héctor Marroquín.

Una herencia de malas practicas

Aunque la mayoría de guatemaltecos se preocupe en cuidar su salud durante la pandemia y poder llevarle un plato de alimentos a su familia hay quienes continúan con malas prácticas y quizás hasta se aprovechan que no existan muchos ojos para la fiscalización. Un ejemplo de ello son las denuncias a instituciones públicas y hasta los antecedentes en materia de justicia que tiene nuestro país.

“Parece que este tema de la corrupción y sobretodo el tema de las plazas fantasmas representa un problema endémico para el país y es algo que se traslada de gobierno en gobierno y que ha sido muy difícil desaparecer incluso a partir de los múltiples esfuerzos para combatir lo de las plazas fantasmas esto sigue siendo un gran reto para el Estado de Guatemala, no es únicamente lo que ya está incrustado sino cada gobierno lleva consigo una cantidad de plazas de las cuales debe de otorgar y eso continúa debilitando el sistema de servicio civil en el país, sin hablar de los altos costos que se pierden producto de estas plaza corruptas”, refirió David Gaitán, consultor en temas de transparencia.

Decidimos verificar con el titular de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Óscar Dávila, si tenía conocimiento de las plazas fantasma advertidas por la ministra de salud y a su vez consultar cuantas denuncias han recibida directamente, pero como es costumbre con la mayoría de funcionarios del Organismo Ejecutivo no atendió la comunicación.

La recomendación del experto es clara: es necesario vigilar el uso que los funcionarios e instituciones de gobierno están haciendo de los fondos públicos para evitar despilfarros en las arcas del Estado, que tarde o temprano todos pagaremos al momento de cumplir con las responsabilidades fiscales o al sufrir todo un calvario para lograr atención en los hospitales públicos.

Fiscalía contra la impunidad intenta capturar a exfuncionarios por segundo día consecutivo

Thu, 16 Jan 2020 13:06:32 +0000

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) continúa intentando capturar a varios exfuncionarios que tienen orden de captura y perdieron la inmunidad el pasado 14 de enero.

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Este es el segundo día consecutivo de allanamientos y ayer solo una exdiputada logró ser capturada, otros cuatro implicados no fueron localizados en sus lugares de residencia.

Este jueves los cateos son en cuatro departamentos de Guatemala y en Quiché, aunque aún no se confirman más detenciones.

El exalcalde de Chiché, Quiché, Ángel Guarcas fue capturado por financiamiento electoral ilícito, confirmó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci.

El exalcalde de Nebaj, Quiché Pedro Raymundo Cobo también tiene orden de captura pero no fue localizado en los operativos.

Ambos exjefes ediles están señalados por el financiamiento ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la campaña electoral del 2015.

Según el MP, el análisis documental señala que los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido político UNE fueron cuantificados en más de Q27 millones.

El Ministerio Público también informó que requirió orden de detención contra el exministro de Economía, Acisclo Valladares, que un día antes se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo “D”, sin embargo en los operativos no fue localizado.

Cateos del 15 de enero

El Ministerio Público (MP), en el caso de corrupción en la cartera de Salud, busca capturar al exlegislador Estuardo Galdámez, señalado por asociación Ilícita y tráfico de influencias en forma continuada, pero no fue localizado durante los allanamientos del 15 de enero.

Tampoco los exdiputados Marco Antonio Lemus Salguero y Rodolfo Castañón, con orden de captura por tráfico de influencias, no fueron localizados en los cateos.

En los allanamientos dirigidos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Santa Rosa fue capturada la exlegisladora Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, esposa de Rubelio Recinos, alcalde de Barberena.

#MPcontraLaCorrupción #Allanamientos
MP/FECI realiza segundo operativo en seguimiento a investigaciones que vinculan a exfuncionarios que perdieron inmunidad. Para el efecto se realizan ocho allanamientos, cuatro en el departamento de Guatemala y cuatro en Quiché. Ampliaremos. pic.twitter.com/8UmJQo7wsO

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2020

Se presenta a Tribunales

En horas de la tarde del 16 de enero de 2020, el exministro de Finanzas, Víctor Martínez, se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo D para ponerse a disposición de la justicia.

Martínez es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en la investigación por financiamiento electoral ilícito del partido Unionista, el cual indica que para financiar los gastos del partido, así como otras actividades proselitistas, se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana –FAPU-.

Juez autoriza solicitar extradición de Érick Archila y Allan Marroquín

Mon, 14 Oct 2019 21:15:36 +0000

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y autorizó las gestiones para la extradición de Érick Archila y Allan Marroquín, exfuncionarios implicados en corrupción durante el gobierno del expresidente Otto Pérez.

EL MP también pidió la solicitud de extradición de Mario Leal

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que Gálvez autorizó la extradición contra Archila, exministro de Energía y Minas, por el caso Cooptación del Estado, en el cual funcionarios utilizaron entidades públicas para retribuir a financistas lo aportado para la campaña de 2011 del PP.

Archila fue ubicado en Miami el 13 de diciembre de 2016, cuando se le venció su visa de turista. Fue arrestado y luego de una audiencia en enero de 2017 fue liberado después de pagar una fianza de US$25 mil.

Lea más: Estos son los casos de corrupción en los que está vinculado Allan Marroquín

En el caso de Marroquín, exinterventor de la Portuaria Quetzal, el juez aceptó la solicitud de la Fiscalía para pedir la extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, Marroquín pudo haber cometido delitos en el caso Terminal de Contenedores Quetzal. En ese proceso exfuncionarios como Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y particulares entregaron de forma ilegal un contrato del Estado para obtener un beneficio económico de US$30 millones.

El exfuncionario Allan Marroquín fue capturado por las autoridades estadounidenses en octubre del 2016 por un problema con sus documentos migratorios.

Esa vez, la Fiscalía solicitó que Marroquín fuera extraditado de Estados Unidos a Guatemala por la comisión de los delitos de fraude, cohecho pasivo y asociación ilícita.

Ademas al exfuncionario se le vincula con hechos ilícitos en el proceso Cooptacion del Estado.

El proceso de extradición de Marroquín queda en un trámite administrativo entre la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de Estados Unidos.

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Thu, 15 Aug 2019 14:16:47 +0000

Según el MP, al efectuar un arqueo de los vales para combustible se estableció una sustracción durante este año por Q800 mil que habrían sido vendidos a personas particulares, situación que daña el patrimonio público.

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El ente investigador informó que se procedió a ejecutar dos aprehensiones en flagrancia dentro de las instalaciones del Departamento de Tránsito.

Los detenidos habrían incurrido en los delitos de peculado por sustracción y encubrimiento propio.

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Capturados

Elder Nehemías Zapón Ejcomac, encargado de combustible
Edwin Orlando Solares Aguilar, encargado de inventarios

Ambos aprehendidos fueron puestos a disposición correspondiente.

pic.twitter.com/3ZySlV8yAW

— PNC Tránsito (@DTransitoPNC) August 14, 2019

Impunidad y redes ilícitas, informe de Cicig advierte influencia sobre la justicia

Tue, 06 Aug 2019 19:09:28 +0000

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó hoy, 6 de agosto, en alianza con la Fundación Myrna Mack y el Hernich Böll Stiftung, el informe Impunidad y redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala. El ensayo, a cargo del investigador Harald Waxenecker, resalta la continuidad histórica de las redes ilícitas y su influencia en la justicia a través de actores políticos.

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“Una de las características de las redes ilícitas es la capacidad de producción de la impunidad”, señaló Waxenecker durante la presentación de su informe. Uno de los principales eslabones en la búsqueda de la impunidad es el control de la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, refirió el experto.

Entre los casos analizados en el estudio se encuentra el nombramiento de la CSJ y Salas de Apelaciones, que en el caso de Guatemala parte de un proceso de comisiones de postulación, con representantes gremiales, y concluye con la elección por parte del Congreso de la República.

“Al menos 47 diputados y diputadas que han votado por el pacto en 2014 (la elección de las cortes por una alianza legislativa de las canceladas agrupaciones Partido Patriota y Líder, principalmente), siguen ocupando una curul en 2019. Es decir, aproximadamente la mitad de quienes habrían participado en el esquema de captura de la decisión legislativa en 2014, también emitirán ahora su voto en el proceso de integración de las nuevas cortes” refiere el estudio.

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El proceso para renovar el Poder Judicial está en marcha; sin embargo, algunos amparos podrían poner en riesgo la integración de las postuladoras, por lo que aún no hay fecha para que sean juramentadas y comiencen con sus labores. Además, según el plazo constitucional los nuevos funcionarios deberían tomar posesión de las magistraturas en octubre. Organizaciones de sociedad civil, así como fuentes políticas y del sector justicia han advertido sobre la influencia de grupos de interés que estarían cabildeando para tener funcionarios favorables a la impunidad en estas instancias.

"Hay una lógica de Estado dual, un estado profundo, de estructuras de poder al margen de la legalidad no para subvertir el Estado si no para perpetuar el status quo" señala Harold Waxenecker autor del estudio #ImpunidadRedesIlicitas pic.twitter.com/byUycVzkJ0

— Bill Barreto (@BillBarreto_PL) August 6, 2019

Respecto al actual proceso de elección de autoridades en las cortes y la presencia de operadores políticos el estudio apunta: “Es muy complejo analizar las líneas de continuidad de los ‘operadores políticos’ en el actual proceso de postulación. Se puede identificar un ‘pacto oficialista’ de impunidad alrededor de Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro, Felipe Alejos, Fredy Cabrera y Estuardo Castellanos, entre otros. Y paralelamente se observan otros operadores políticos con capacidad de influencia en el proceso: Gustavo Herrera, Juan Carlos Godínez, Luis Fernando Ruiz Ramírez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, así como Ovidio Orellana y Erick Castillo, entre otros”.

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“Hay una lógica de Estado dual, un Estado profundo, de estructuras de poder al margen de la legalidad no para subvertir el Estado si no para perpetuar el status quo“, advierte Waxenecker sobre la continuidad histórica de las de redes ilícitas dentro el Estado que en algunos casos toman forma de partidos políticos como el desaparecido Partido Patriota, según el investigador.

3) enfoque del informe es "El nombramiento de Cortes". "La garantía de impunidad de cara al futuro es una de las características (de las redes ilícitas)" señala Waxenecker #ImpunidadRedesIlicitas pic.twitter.com/nhNbdKm880

— Bill Barreto (@BillBarreto_PL) August 6, 2019

El ensayo identifica tres enfoques para entender el fenómeno de las redes ilícitas en Guatemala: Un primer momento de transición y contrarreforma, alrededor de la Firma de la Paz, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y reformas en el Ministerio Público, para lograr mayor independencia, entre otras; y que tuvo una reacción por parte de la redes ilícitas.

El segundo enfoque advierte sobre el papel clave de “redes de abogacía” que se sirven de la permeabilidad del sistema judicial a través del “litigio y retardo malicioso”, al respecto reseña el estudio “el desmantelamiento de estas redes de abogacía es una estrategia indispensable para debilitar el alcance de la impunidad”.

Y el tercer enfoque que busca “el nombramiento de las cortes” como “una garantía de impunidad de cara al futuro”.

Macrocriminalidad y redes políticas

Uno de los ejemplos utilizados en el estudio para explicar la continuidad de las estructuras ilícitas fue la red del Partido Patriota. La judicialización de los casos: La Línea, Bufete de la impunidad, exdiputado Gudy Rivera, Coperacha, Cooptación del Estado, TCQ, Registro de Información Catastral y Subordinación del Poder Legislativo, entre otros, brindó insumos para este análisis.

El informe detalla que “Las investigaciones penales sostienen que “…no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti -ambos en prisión preventiva desde el 2015-. (…) Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”.

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Uno de los conceptos clave para entender esta forma de operar es el de macrocriminalidad, detalla el ensayo. Al respecto, los autores Eduardo Salcedo-Albarán y Luis Garay apuntan, según el estudio: “Las formas más complejas de crimen se caracterizan por (i) la variedad de agentes sociales involucrados, (ii) la diversidad de interacciones entre agentes y (iii) los efectos sobre las instituciones y la sociedad. Estas tres características básicas permiten identificar a la más compleja entre redes criminales comparadas.”

El ensayo Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala detalla, entre otros casos, la estructura criminal del Partido Patriota con casos judicializados (Foto Prensa Libre: Cicig)

En el caso de las redes macrocriminales, el ensayo resalta la importancia de operadores políticos para los fines ilícitos de estas estructuras: contratos irregulares, sobrevaloración de obras, plazas fantasma, pero también para la procuración de impunidad mediante la designación de juez o magistrados, y otros mecanismos de control político. El estudio detalla, con registro del Sistema Integrado de Justicia a noviembre de 2018, una impunidad del 98.75 por ciento en casos de corrupción; así como una impunidad total promedio de 94.2 por ciento.

Casos paradigmáticos del pasado

Entre los casos paradigmáticos de búsqueda de la impunidad que menciona el ensayo está el del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, en 1990, como parte de una operación de inteligencia militar; del investigador del caso de Mack, José Miguel Mérida Escobar, y de monseñor Juan Gerardi, en 1998.

Más cercanos en el tiempo, el ensayo también detalla el caso Caja de Pandora y control del Sistema Peniteciario, con el capitán Byron Lima como una de las figuras clave, y el proyecto político del Partido Patriota como una estructura criminal que cooptó el poder.

El estudio apunta a una transición de la búsqueda de impunidad en contexto de conflicto armado interno, y su secuelas, a actividades criminales más ligadas a la corrupción.

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Entre sus conclusiones el estudio también detalla que las redes ilícitas impulsan un proceso de contrarreforma frente los avances en la justicia: “estos mismos poderes persisten e impulsan un ciclo contrario, que busca perpetuar la impunidad en la evolución misma de su modus operandi: vigilancia y seguimiento, intimidación y eliminación de sujetos procesales (y sociales), desvío de hipótesis y líneas de investigación, criminalización de operadores de justicia, retardo malicioso y compra de decisiones judiciales, y campañas de desprestigio y ‘cortinas de humo’, entre otros”.

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De la venta de Telgua a la compra de los Pampa III: la larga historia de corrupción que ha costado millones al país

Sat, 06 Jul 2019 11:00:33 +0000

De acuerdo con el analista político e historiador José Alfredo Calderón, los primeros hechos de mega corrupción gubernamental se registraron durante la venta de las grandes empresas nacionales, como Telgua, Fegua y la Empresa Eléctrica, entre otras, hechos de corrupción que disfrazó el gobierno de Álvaro Arzú bajo el nombre de “privatización”.

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Gobierno se retracta de comprar aviones

Edy Cux, director de Acción Ciudadana (AC), considera que estos hechos los cometen los altos funcionarios porque al llegar a esos cargos ven la oportunidad por los pocos controles que existen por parte del Estado en cuanto a las compras y contrataciones en el sistema público.

En cuanto a la compra de los aviones argentinos, el experto deduce que el Gobierno contó con el tiempo suficiente para planificar esta adquisición, por lo que se espera que dé marcha atrás o que las autoridades deduzcan las responsabilidades por estas aeronaves por las cuales el país deberá pagar US$28.5 millones.

En siglo XXI

Las actuaciones oscuras continuaron durante los gobiernos de 1980 y 1990, pero los guatemaltecos tienen más frescos los hechos que comenzaron en el siglo XXI, como el desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), hecho por el cual fueron condenados Augusto Sandoval, quien era su gerente, y otros funcionarios. “A partir de esta época comenzaron a ser más descarados”, afirma Calderón.

Al nada más comenzar el siglo, el presidente electo Alfonso Portillo (2000-2004), recibió cinco cheques por valor de US$500 mil cada uno, lo que hicieron un total de US$2.5 millones, por parte de Taiwán. Los medios de prensa citaron que ese dinero fue entregado al mandatario para que a cambio utilizara su influencia para que Guatemala reconociera diplomáticamente a ese país.

Después de entregar el cargo, Portillo se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de recibir el soborno de US$2.5 millones (Q20 millones). De los cinco cheques emitidos en el 2000, tres de ellos fueron endosados por el expresidente y depositados en una cuenta bancaria en Miami.

A cambio de declararse culpable y pagar esos montos —US$2.5 millones (Q20 millones)— a Estados Unidos, recibió una condena de cinco años. Regresó a Guatemala el 25 de febrero del 2015, después de cumplir la pena.

El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) sale, el 25 de febrero del 2015, de la prisión en Colorado, Estados Unidos, en la que cumplió condena por lavado de dinero (Foto Prensa Libre: Efe)

Los cheques fueron girados a nombre de Portillo “porque él así lo solicitó”, dijo en su oportunidad el canciller de Taiwán. Uno de los documentos habría sido cambiado personalmente por el exgobernante en Nueva York.

Al respecto, los taiwaneses explicaron, en su momento, que el dinero estaba destinado a la impresión de textos para maestros. Se estableció que el proyecto era el de las Bibliotecas presidenciales para la paz. El encargado de administrar esas bibliotecas, consistentes en unos 30 libros, un mapamundi y otros enseres, fue el desaparecido Estado Mayor Presidencial.

Compra de combustible

En el 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, se destapó la estafa por Q40 millones a Gobernación por la empresa de cartón Proyectos Maskana. El dinero estaba destinado para la compra de vales de combustible para la Policía Nacional Civil, (PNC). Maskana recibió los fondos y los repartió a 18 empresas vinculadas de Panamá, Brasil y Estados Unidos.

Por este caso fue condenado el exdirector de la PNC, Baltazar Gómez Barrios, a cinco años de prisión; Héctor Lapoyeu, exdirector y exjefe de Logística de la PNC, a dos años; el exministro de Gobernación Raúl Velásquez aún enfrenta el proceso por abuso de autoridad, concusión y lavado de dinero.

En el mismo año se firmó un convenio con la empresa Fundtech para remodelar la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, por Q17.5 millones. El exministro Salvador Gándara firmó el contrato. Posteriormente el exministro Raúl Velásquez autorizó el traslado de reos de alta peligrosidad a pesar de no haberse finalizado la remodelación.

En mayo de 2010, a raíz de un motín en Fraijanes 2, quedó en evidencia el fraude de la constructora encargada de los trabajos ya que peritos del Ministerio Público en una inspección encontraron deficiencias en las instalaciones.

El expresidente Alvaro Colom y el empresario Luis Gmez, fueron sindicados por el caso del Transurbano (Foto Presa Libre: Hemeroteca PL)

Transurbano

Otro caso que se mantienen vigente incluso fue parte de la campaña de la primera vuelta, es el caso de la compra de las unidades de transporte Transurbano, durante el gobierno del presidente Álvaro Colom. Esta investigación mantiene procesados al exmandatario y a 12 integrantes de su gabinete, a quienes se les sindica de participar en la sustracción de Q270 millones del Estado.

Los exfuncionarios son investigados por la firma de un acuerdo gubernativo que permitió efectuar el negocio millonario del Transurbano.

El aparente proyecto de mejorar el transporte en la capital fue una apuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el fin de tener el apoyo de los capitalinos y de esta forma lograr votos en las siguientes elecciones, detallan fuentes de esa agrupación.

Al principio no estaba en los planes, pero supuestamente el empresario del transporte Luis Gómez presentó el proyecto al exministro de Comunicaciones, Luis Alejos -ahora prófugo de la justicia- a quien convenció de las ventajas del mismo, y fue éste quien lo introdujo en la discusión de las autoridades de Gobierno.

Se pretendía comprar 3 mil 150 buses nuevos para reformar la flotilla del servicio público. Este contaría con paradas seguras y un innovador sistema de cobro, a través de tarjetas prepago. Además, el Gobierno no se endeudaría, pues el crédito lo adquiriría de manera directa la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), aunque sí se requeriría de que éste fuera garante del préstamo.

Otto Pérez Molina renunció a la compra de seis aviones Super Tucano, porque estaban sobrevalorados (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los Super tucanos

Durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se anunció la compra de una flota de aeronaves por US$133 millones -unos Q1 mil 25 millones-. En octubre del 2013 se conoció que se había concretado la adquisición de seis aviones A-29 Súper Tucano con la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), la cual era investigada en Estados Unidos por corrupción.

El 18 de noviembre de ese mismo año, Pérez Molina suspendió la compra porque se descubrió una sobrevaloración de US$18 millones, aunque pese a la cancelación del contrato el país debió pagar Q4.7 millones por no cumplir con el acuerdo de compra.

El Súper Tucano es un avión turbohélice diseñado para el ataque ligero, contrainsurgente y de entrenamiento avanzado de pilotos. El precio de cada Súper Tucano es de aproximadamente US$8 millones – unos Q61.69 millones-, aunque varía de acuerdo con las características de la aeronave y del sistema de armas. Su costo de vuelo por hora se estima en US$400 -unos Q3 mil 84-.

Después de suspender la compra, Pérez Molina también señaló que la adquisición de los aviones ya no eran prioridad para el Ministerio de la Defensa y como opción se planteó reparar algunos aviones de la Fuerza Aérea Guatemalteca así como comprar otros a Israel, pero esto no se concretó.

La Cicig destapa corrupción

Dentro del Gobierno del Partido Patriota, que ha sido el periodo durante el cual, según el analista político José Alfredo Calderón, más hechos de corrupción se hicieron públicos, también salió a flote el caso de la empresa española TCQ, la cual según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), fue creada por medio de un soborno de US$30 millones que se pagó al presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de un usufructo de 25 años y la operación, en exclusiva, de una terminal de barcos transatlánticos.

Por este caso nueve personas, entre ellas Pérez Molina, Baldetti y el español Juan José Suárez, director general de TCQ, se encuentran procesadas por estas acusaciones. Tres más tienen orden de captura internacional, entre ellos el español Ángel López Maura, antiguo accionista mayoritario, a quien también se le sindica de sobornar a las autoridades españolas para no ser extraditado a Guatemala.

Otro caso dentro del gobierno patriota, entre otros más, es el conocido como Agua Mágica y por el cual fue condena a 15 años y seis meses a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por el fraude en el proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán. Es la primera condena a una mujer que ocupó la Vicepresidencia de la República, uno de los cargos de mayor relevancia en el país.

De acuerdo con el juez Pablo Xitumul, quien presidió el tribunal de este caso. La estructura forzó la compra de 23 mil litros de una sustancia por Q22 millones 830 mil 30 y otros Q115 millones para su aplicación, lo que al final representó un gasto de Q137 millones 8730 mil 30 del erario. “Proyecto a todas luces grotesco, caro e innecesario para el pueblo”.

Radares

Otra de las compras cuestionadas en su momento por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, fueron los tres radares que actualmente se encuentran en funciones en el Puerto de San José, Escuintla; Puerto Barrios, Izabal, y Petén. El primero se encuentra en un lugar que está expuesto a la erosión por el salitre y no tiene protección. En Puerto Barrios, el radar está ubicado en el cerro San Gil, en el bosque, y su nivel de visibilidad es hasta determinada altura y toda navegación aérea que vuela por debajo de la altura reportada no es detectada. El de Petén se ubicó en San Andrés.

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La compra de los radares está contemplada en el decreto 28-2012 del Congreso, con el que se aprobó el crédito de US$36 millones 964 mil 870 con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. De ese monto se destinaron US$33 millones 220 mil “para el suministro, instalación, puesta a punto y pruebas en campo, en estado operativo de tres radares ARSR-10D3LR3D en banda L”, y la prima de la póliza de seguro emitida por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A., por US$3 millones 744 mil 874.

Las pesquisas provienen de una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas (CGCN).

Según explicaron expertos, en el momento de su compra, los radares no estaban comunicados entre sí. Si una aeronave vuela sobre Izabal con destino a Petén, no se sabría de manera inmediata que se dirige a ese lugar sino hasta que la base en Izabal informe. Lo mismo ocurriría si otro aeroplano se dirige de Escuintla a Izabal. La falta de comunicación hace que el sistema sea ineficiente. Si estuvieran comunicados, la información se obtendría de manera inmediata.

La adquisición de los tres radares tiene varias irregularidades, entre las que se encuentra que el contrato que se firmó el 12 de diciembre del 2012, durante el mandato de Pérez Molina, entre el Ministerio de la Defensa e Indra Sistemas, S. A., de España, se hizo bajo la legislación de ese país y, por ende, las controversias que puedan surgir en orden a la interpretación o cumplimiento del contrato se hará bajo la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.

El contrato incumple con las leyes aplicables en Guatemala, por lo que se priva al Estado de cualquier derecho o reclamo que surja durante su ejecución, según la Contraloría.

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Jimmy Morales: Todos son culpables y tienen que ir a demostrar que son inocentes

Sat, 28 Oct 2017 22:46:21 +0000

Morales abundó en su discurso en explicar las razones del por qué el país no ha invertido en infraestructura, en ese sentido subrayó, “y eso no es culpa mía, ni le voy a echar la culpa a nadie más. Les voy a decir, es nuestra realidad”.

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Estas acciones llevaron a juicio a la cúpula de La Línea

El presidente señaló que el país no ha mejorado porque la población no participa en política, y mencionó, “nos han engañado diciendo que la política es mala. Mentira, la política no es mala”. La política, enfatizó el mandatario, “es una ciencia para servir para buscar la felicidad del hombre”.

“Porque no es fácil ser político. Yo tengo apenas dos años de ser político y miren qué difícil, qué difícil. Todo el mundo señala, todo el mundo critica, todo el mundo lo da por culpable a uno; porque a alguien se le ocurrió decir que uno hizo algo, cuando nuestra ley dice que toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Acá –en Guatemala–, empezamos al revés, todos somos culpables y tienen que ir a demostrar que son inocentes, pero eso es otro tema”, dijo Morales.

El mandatario habló de la presunción de inocencia un día después que el Juzgado de Mayor Riesgo B, envió a juicio a 26 personas por el caso de defraudación aduanera La Línea, y que los abogados del alcalde Álvaro Arzú presentaron un recurso para frenar un antejuicio en su contra.

¿Inversiones y pena de muerte? Mejor pregúntele a la CC

Con relación al retiro de las inversiones del país que han mencionado empresarios, Morales enfatizó que es un tema que se le debe preguntar a la Corte de Constitucionalidad (CC).

La certeza jurídica de que se quejan los empresarios no se debe a la situación política actual sino a las resoluciones con las cuales suspenden proyectos, “empresas que han invertido más de Q1 mil millones, son cerradas. Eso a cualquier inversionista le preocupa”, dijo el presidente, y añadió que también están los casos donde se ordena cerrar hidroeléctricas. “Eso es algo insólito, solo en Guatemala se puede dar pero es tema de la Corte de Constitucionalidad”, agregó el mandatario.

De igual forma dijo que la CC debe responder por la decisión que tomó de suspender la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos.

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Licitarán tramos que estaban a cargos de Odebrecht

En diciembre se licitarán los tramos carreteros que estaban a cargo de la brasileña Oderbrech, dijo el Ministro de Comunicaciones, Aldo García, quien acompañó al presidente.

El ministro logró que se “soltarán” o liberaran parcialmente los contratos (por las autoridades de justicia como el Ministerio Público), debido a las investigaciones que se hacen en el país dijo Morales al mencionar que “Nosotros no hablamos de reembolsos o no reembolsos, ésta no es nuestra función final. Vamos a dar toda la información y material que sea necesario para que cualquier investigación penal que se tenga se continúe pero para que ese tema pueda finalizar van a pasar un mes, dos meses o 10 años, pero Guatemala ya no puede seguir deteniendo los proyectos que no se trabajaron”, comentó.

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