Detectan intento de evasión fiscal en La Aurora con joyas y relojes valorados en Q301 mil

Un pasajero fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora al intentar ingresar relojes y joyería sin declarar, valorados en más de Q300 mil.

César Pérez Marroquín

6 de agosto de 2025

|

21:52h

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SAT y PNC presentan las joyas y relojes que un pasajero intentó ingresar al país sin declarar. (Foto Prensa Libre: Tomada de @SATGT)

Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) capturaron este miércoles en el Aeropuerto Internacional La Aurora a un pasajero intentó ingresar al país relojes y joyería sin declarar, con un valor aduanero de Q301,062.84 (equivalente a US$39,275.71), informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se trata de José “N”, de 34 años, quien intentó ingresar al país relojes y joyería sin declarar.

Según información oficial, el pasajero evadía el pago de Q86,706.10 en tributos al omitir la declaración de los artículos durante el proceso de ingreso a Guatemala.

El hallazgo fue hecho por personal de la SAT asignado a la Aduana Central de Aviación, en coordinación con la PNC.

No se reveló la procedencia del pasajero detenido.

Las autoridades indicaron que el caso será puesto a disposición del Ministerio Público para su judicialización.

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Policías de la DIPAFRONT reportan que en el Aeropuerto Internacional La Aurora, capturaron a José “N”, de 34 años, quien llegó al país intentando ingresar relojes y joyería sin declarar, con un valor aproximado de 39,275.71 Dólares, evadiendo Q.86,706.10 en impuestos pic.twitter.com/jOQilcS32x

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 6, 2025

#COINCON | Personal de #SAT de la #AduanaCentralDeAviación, ubicada en Aeropuerto Internacional La Aurora, en coordinación interinstitucional con @PNCdeGuatemala, detectó a un pasajero que intentaba ingresar relojes y joyería sin declarar.

Valor en Aduana:… pic.twitter.com/u7B3GNuWWK

— SAT Guatemala (@SATGT) August 6, 2025

Decomisan más de 55 mil botellas de licor presuntamente de contrabando

Investigadores decomisaron más de 55 mil botellas de licor que se presume son de contrabando.  

Óscar García

24 de junio de 2025

|

14:13h

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Investigadores durante el decomiso de mercadería de contrabando en Guatemala. (Foto Prensa Libre: tomada de las redes del Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informó este martes 24 de junio que decomisó productos durante un operativo contra el contrabando.

Añadió que la diligencia fue efectuada por la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, el lunes 21.

Según el MP, los investigadores incautaron 2 mil 401 cajas de licor, con 24 botellas cada una, lo que suma un total de 57 mil 624 unidades.

También fueron confiscadas 100 cajas de aceite comestible de origen mexicano.

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El ente investigador presume que estos productos fueron ingresados ilegalmente al país, evadiendo los controles aduaneros.

Además, se coordinó la captura de Brayan “N”, por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportivo. El MP no ha especificado dónde se desarrolló el operativo.

Otro decomiso

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este martes que en coordinación interinstitucional detectó un microbús que transportaba abarrotes de contrabando.

Entre lo incautado hay leche, salsas y sopas. La mercadería esta valorada en Q77 mil 254, según la SAT.

Para leer más: Q18.9 millones suma el valor de mercancía decomisada por contrabando y diseñan estrategia nacional para combatirlo

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SAT detecta Q12.3 millones en mercancía ilícita relacionada con caso de defraudación aduanera

La SAT decomisa mercancías valoradas en más de Q12 millones relacionadas con un caso de defraudación aduanera.

César Pérez Marroquín

17 de diciembre de 2024

|

19:25h

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La SAT detectó mercancía supuestamente de contrabando en un puesto de control interinstitucional. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) decomisó mercancía supuestamente de contrabando valorada en Q12 millones 324 mil 792.87 durante un operativo contra la defraudación aduanera en el Puesto de Control Institucional de Entre Ríos, Izabal, informaron este martes 17 de diciembre fuentes oficiales.

En un comunicado, la SAT definió el decomiso como un golpe contra la defraudación aduanera y el comercio ilícito.

Señaló que la mercancía fue detectada por personal de la SAT en coordinación con los ministerios de Gobernación y Defensa.

La SAT detalla que durante la inspección a un medio de transporte que utilizaba documentación de respaldo FYDUCA (Factura y Declaración Única Centroamericana), se detectó el traslado de mercancías irregulares que incluía:

• Medicamentos falsificados
• Suplementos alimenticios
• Alimentos para aves no autorizados para importación
• Prendas de vestir de origen de mexicano y chino

“Este decomiso evidencia que las FYDUCAS, creadas para facilitar y agilizar el comercio, al funcionar como factura comercial y declaración aduanera en el comercio regional entre Honduras y El Salvador, pueden ser vulneradas mediante el uso de datos falsos por redes de contrabando”, añade la SAT.

Además, refiere que esas actividades ilícitas no solo pretenden evadir los controles aduaneros y perjudicar la recaudación fiscal, sino que también ponen en riesgo la salud y la seguridad de la población.

SAT detecta caso de contrabando de medicamentos para pacientes con cáncer

El valor en aduana de la mercancía decomisada asciende a Q41 mil 605.64, según la SAT.

César Pérez Marroquín

24 de septiembre de 2024

|

17:09h

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El medicamento incautado por la SAT tiene un valor en aduana de más de Q41 mil. (Foto Prensa Libre: imagen ilustrativa de Michal Jarmoluk en Pixabay)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó medicamento para pacientes con cáncer que ingresó a Guatemala evadiendo los controles sanitarios establecidos para ese tipo de productos, se informó en un comunicado este martes 24 de septiembre.

 De acuerdo con la SAT, personal de dicha institución que se encuentra ubicado en el Puesto de Control Interinstitucional (PCI) de Pajapita, San Marcos, detectó medicamentos para tratamiento del cáncer en seres humanos.

El hallazgo fue hecho durante una inspección rutinaria a unidades de transporte de encomiendas nacionales, según se informó.

De acuerdo con la SAT, ese producto carecía de los registros sanitarios correspondientes, por lo que incumplía las normativas que garantizan el correcto almacenamiento, traslado y distribución de medicamentos en el país.

Se informó que el valor en aduana de la mercancía decomisada asciende a Q41 mil 605.64.

“Este tipo de acciones forman parte de una estrategia continúa implementada en los PCI a nivel nacional, que ha resultado en el decomiso recurrente de mercancías, especialmente medicamentos, que ingresan de manera ilegal evadiendo los controles aduaneros, incumpliendo las medidas sanitarias establecidas y, en muchos casos, violando los derechos de propiedad intelectual”, detalla la SAT en un comunicado.

El documento agrega: “El contrabando de medicamentos es una amenaza directa a la salud de la población. La adquisición de medicamentos sin los debidos registros sanitarios puede generar consecuencias gravísimas, ya que compromete la calidad, eficacia y seguridad de los tratamientos médicos”.

El comunicado detalla que la SAT en conjunto con los ministerios de Gobernación, Defensa Nacional y Salud Pública, en el marco de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y en cumplimiento de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, fortalece los controles para contrarrestar el comercio de mercancías introducidas de forma ilegal al país y que vulneran la salud y seguridad de la población.

Operativo de SAT en Entre Ríos detecta caso de defraudación en medicamentos y otros productos

La SAT hizo un hallazgo de defraudación aduanera en Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal, que asciende a Q4.9 millones.

César Pérez Marroquín

18 de junio de 2024

|

15:30h

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Las incautaciones de mercancía por contrabando suman millones de quetzales. (Foto: Hemeroteca PL)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hizo un hallazgo de defraudación aduanera en el ingreso de mercadería variada que asciende a los Q4.9 millones, según informó este martes 18 de junio el ente recaudador por medio de un comunicado.

De acuerdo con la SAT, el pasado 14 de junio personal de Aduanas de la entidad detectó en el Puesto de Control Interinstitucional de Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal, un caso especial de defraudación aduanera.

La SAT señala que el caso de defraudación fue cometido mediante una adquisición en la que se declaró “el transporte de mil 500 cestas vacías reutilizables”, pero al hace la inspección de determinó que además se llevaba diferente tipo de mercadería sin declarar.

“Como parte de las acciones realizadas en el marco de la Gestión de Riesgo Aduanero el 14 de junio de 2024, en el Puesto de Control Interinstitucional ubicado en Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal, personal de aduanas de SAT detectó un caso especial de defraudación aduanera, en una adquisición de FYDUCA en donde fue declarado el transporte de 1500 cestas vacías reutilizables, sin embargo, en la inspección física, también se encontró una cantidad considerable de mercancía no declarada, consistente en medicamentos, prendas de vestir, cigarrillos electrónicos, sandalias, impresoras, telas, entre otras, valorada en Q4.9 millones”, refiere la SAT.

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Agrega que la mercancía fue puesta a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes según “lo establecido en la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, en el marco de la COINCON”.

Lo preferido

De acuerdo con una nota publicada en 2022, los cigarrillos, alimentos, zapatos y medicinas son los productos preferidos por los contrabandistas.

Según la publicación, de 2019 a 2021, las instituciones que integran la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon), incautaron más de Q160 millones en mercadería ingresada al país sin pagar los impuestos correspondientes.

Señala que en el 2020, la incautación de mercancías que ingresó al país de manera ilícita, cayó más de un 400%, respecto a los años previos. Sin embargo, luego de la crisis provocada por el covid-19, el contrabando también se reactivó, como lo demuestran las incautaciones registradas en el 2021 por la SAT, las que aumentaron alrededor de 75% en comparación con el año de la pandemia.

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De 11 tipos de producto incautados entre enero y septiembre 2021 por el Coincon, el mayor monto corresponde a cigarrillos, (Q28.4 millones), lo que equivale al 27% del monto total registrado por las autoridades en ese período, a pesar de que no se trata de un bien de consumo básico.

Le siguieron los zapatos con Q19.3 millones (18%); encomiendas, Q16 millones (15%); alimentos y bebidas, Q13 millones (12%); medicamentos Q10.3 millones (10.3%); e insumos de higiene Q7.1millones (7%).

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, señaló que el Quinto Viceministerio se ha dedicado exclusivamente al tema de narcóticos, pero a partir de la reestructura también tendrá a cargo los aspectos relacionados con contrabando, defraudación aduanera y trata de personas, que por su naturaleza son comunes en zonas fronterizas.

Agregó que el objetivo es combatir las estructuras dedicadas a dichos flagelos.

“En lo que compete al Ministerio de Gobernación hemos iniciado la restructura del Quinto Viceministerio, que antes se dedicaba casi exclusivamente al tema de narcóticos y hoy será denominado el Viceministerio de Seguridad Fronteriza, donde abordaremos cuatro delitos importantes: el contrabando, la defraudación aduanera, la trata de personas y no podemos dejar obviamente el tema del narcotráfico”, dijo Jiménez.

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Además, señaló que la restructura del Viceministerio implicará una readaptación de la Policía Nacional Civil (PNC) en torno a estos temas.

Jiménez agregó que, para lograr el desarrollo del país, la seguridad debe ser efectiva, pero enfatizó que “no va a ser efectiva si no tenemos el control del territorio”.

“Estamos iniciando una nueva etapa de control territorial que implica precisamente un elemento fundamental y es el trabajo coordinado y la colaboración entre la fuerza policial y la fuerza militar”, dijo Jiménez.

De esa cuenta, las autoridades de Gobernación y del Ministerio de la Defensa dijeron que los operativos serán permanentes en Ayutla, San Marcos; La Mesilla, Huehuetenango; Playa Grande, Quiché; y la Franja Transversal del Norte.

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Controles internos

Jiménez también dijo que al hacer la restructura del Quinto viceministerio también se reforzarán los controles internos para garantizar que los agentes de la PNC que trabajan en los temas en mención no sean presa de las mafias.

Señaló que se ha fortalecido el trabajo de la Inspectoría General de la PNC para garantizar el buen trabajo de los agentes, pues “muchas veces la criminalidad nos seduce para caer en las redes de la corrupción”.

Por lo tanto, define como defraudación aduanera a la acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero, se violan las normas o hay aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa legislación. También se establecen 16 casos especiales de defraudación aduanera para quienes realizan importaciones. (Artículos 1 y 2).

En cuanto al contrabando aduanero indica que es la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio fiscal. Además, se aplica a las mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida, limitada. Se establecen también 8 casos especiales de contrabando aduanero. (Artículos 3 y 4).

Se considera delito si la mercadería pasa de los US$3 mil, en cuyo caso, las sanciones pueden ser desde uno hasta 10 años de prisión, dependiendo si se trata del autor, cómplices o encubridores, según explica Luis Mazariegos, director del Observatorio Contra el Contrabando (OCC), al citar dicho decreto.

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En tanto, la firma Vesco Consultores agrega en su sitio electrónico que si los involucrados son servidores públicos, las penas de prisión van de 7 a 10 años y la multa equivale al valor del decomiso. Agrega que si los vehículos usados para el contrabando, le pertenecen a una persona que no está involucrada en esa acción, no serán decomisados al finalizar la investigación.

Seis modalidades de contrabando

Según el artículo 5 del decreto 58-90 se presume que ha introducido mercancías de contrabando en estos casos:

1. Quien venda las mercancías directa o indirectamente al público, en establecimientos comerciales o domicilios particulares y no pueda acreditar su importación legítima.
2. El que las conduzca a bordo de un vehículo en tránsito aduanero sin estar manifestadas o cuya propiedad no conste en los respectivos documentos oficiales.
3. La persona que se dedica a la prestación de servicios de transporte, si en sus bodegas existen algunas mercancías no originarias del país sin estar amparadas por los documentos de importación, internación o tránsito respectivos.
4. El conductor de un vehículo en cuyo interior no se encuentren las mercancías en tránsito aduanero que debiera contener.
5. Quien arribe de manera forzosa a un lugar que no se halle bajo control aduanero, sin dar cuenta de la ocurrencia de tal hecho a la autoridad aduanera más cercana, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
6. La persona individual o jurídica que habiendo declarado correctamente participe en un tránsito internacional o traslado de mercancías en el territorio nacional, pero no cumpla con arribarlas o ingresarlas a los destinos declarados y previamente autorizados.

Aquí puede ser el propietario de la mercancía, el consignatario, importador, el transportista o el conductor del vehículo. También pueden estar relacionados el agente aduanero, el representante legal del almacén fiscal o depósito aduanero y el propietario o persona que tenga el dominio del inmueble en el que las autoridades encuentren mercancías ingresadas sin cumplir las leyes o regulaciones guatemaltecas.

¿Cuándo es delito y cuáles son las sanciones?

La defraudación y el contrabando aduaneros se constituyen en delito cuando la mercancía tenga un valor superior a los US$3 mil o exceda el tres por ciento (3%) del valor FOB total del embarque, según las valoraciones que hagan las autoridades. Las sanciones van en tres vías, según el decreto en mención:

• Los autores, prisión de 7 a 10 años.
• Los cómplices, prisión de 2 a 4 años.
• Los encubridores, prisión de 1 a 2 años.

Además, en todos los casos se aplicarán otras sanciones como multa que equivale al valor de la mercancía o los bienes involucrados en la infracción; también la cancelación de la patente de comercio, tomando en cuenta el beneficio obtenido o pretendido por el infractor.

¿Cuándo es infracción y cómo se sanciona?

Si el valor de la mercancía no supera los US$3 mil, se le considera una infracción tributaria quepuede resolverse de forma administrativa. Las sanciones también se dividen en tres vías:

• Los autores serán sancionados con multas equivalentes al valor de las mercancías o bienes involucrados en la infracción.
• Los cómplices, con la mitad de la multa señalada para los autores.
• Los encubridores, con la mitad de la multa establecida para los cómplices.

También se deberán pagar los impuestos respectivos y en todos los casos se aplicará la suspensión de la patente de comercio.

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Mazariegos indicó que según el análisis que ha efectuado el OCC, las penas establecidas para el delito son correctas e incluso, en algunos casos no pueden ser conmutables, pero el problema que observan como una debilitad es que consideran muy alto el monto de US$3 mil establecidos (equivalentes a alrededor de Q24 mil) para catalogarlo como delito de contrabando.

“Un picop o vehículo que pasa por pasos ciegos unas tres veces al día con US$2 mil 999 en cada ocasión, significa que no comete delito, sino una infracción que puede solventar de forma administrativa y solo se le pide pagar los impuestos y una multa”.

El directivo considera que el monto mínimo para convertirse en delito debería fijarse en US$500 y así tener mejores resultados en el combate al contrabando. En todo caso, se podrían dejar los límites como se establece para el guatemalteco común que viene de viaje desde otro país y tiene una exención máxima de US$500 semestralmente para importar sin pago de impuestos, expuso.

• Los comerciantes y empresarios también deben poner atención a que para algunos productos se piden otros requisitos o autorizaciones para poder ingresar y comercializar en el país.
• En el caso de alimentos y bebidas, para poder comercializarse legalmente en Guatemala, deben tener un registro sanitario, lo que deben observar los distribuidores, tiendas o abarroterías. Si no lo tiene, ese producto no es de lícito comercio en el país y aparte de contrabando hay un delito de contravención de medidas sanitarias.

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Cifras

Según datos de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) divulgados en marzo del presente año, los impuestos que no se pudieron recaudar en el 2022 a causa del contrabando se calculan en Q700 millones, mientras que el valor de la mercadería contrabandeada se calcula en unos Q14 mil millones. El dato representa una baja de 37%, se agregó en esa oportunidad.

En tanto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) divulgó los resultados de los operativos de enero a junio del 2023, como parte del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon):

• 1,320 acciones interinstitucionales entre operativos binacionales, allanamientos, operativos en rutas e intervenciones en aduanas.
• Q19 millones es el valor en aduanas de las mercancías decomisadas.
• 2 millones en medidas y ajustes en aduanas.
• 6 millones en denuncias por defraudación aduanera.
• 186 denuncias interpuestas ante la SAT y el Ministerio Público (MP).

El caso lo conoce el Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Janeth Valdés.

El exjefe de la SAT dijo en el tribunal que en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la SAT dice que por cada quetzal que recibe, tiene 2 centavos, el 2%, que le corresponde como fondo privativo.

Señaló que si el objetivo de la SAT era recaudar más fondos y que si el superintendente tenía la forma de recaudar más, suena ilógico que él se hubiera unido a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y colaborador eficaz en el caso La Línea.

“Nunca me uní con Juan Carlos Monzón, nunca fue mi jefe y con mucha propiedad, señora presidenta, le digo que jamás participé en una reunión con Juan Carlos Monzón Rojas y mucho menos de una forma criminal como lo dice aquí en la acusación, que yo era parte de una estructura criminal”, dijo Muñoz.

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No es un criminal

“No acepto ser un criminal ni tampoco ser un terrorista como que tiene calificado”, dijo Muñoz en el tribunal.

Dijo que según la acusación, cada integrante de la estructura criminal tenía actividades específicas, previamente planificadas y coordinadas que permitían consumar el propósito de la defraudación.

Afirma que en la acusación se menciona que él participó en una reunión en donde se decidieron los porcentajes que se iban a recibir los miembros de la organización criminal por permitir el funcionamiento de La Línea y se supo que este monto era el 5% de lo recaudado en lo que se denominaba La cola.

Negó que él haya participado en esa reunión o haber recibido algún porcentaje de dinero por parte de la organización criminal.

Recordó que su abogado defensor, el 10 de marzo de 2016, interrogó dentro del proceso a Estuardo González Álvarez en calidad de anticipo de pruebas, y en esa intervención le preguntan a González si se había reunido con Muñoz tal y como se oía en una escucha telefónica en donde dos personas decían que creían que un tal “Muñoz” se había reunido “con la mara de arriba a decidir porcentajes y a recoger y dividir el dinero.

Dijo que tal declaración se tomó en la etapa intermedia del caso y el juez Miguel Ángel Gálvez había quedado claro que había tal participación en esa reunión, que no se había dado tal encuentro y que exjefe de SAT no había recibido tal cantidad de dinero.

Muñoz dijo que fue por eso que los varios delitos por los que se le procesaba, cohecho pasivo, defraudación aduanera y en el desarrollo de la etapa intermedia los cambió a caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita.

El día de la resolución de la intermedia, yo tenía la certeza que me iban absolver en ese momento, pero no fue así y siguió en prisión preventiva.

Recordó que la desaparecida Cicig y la Feci, tienen un audio de Juan Carlos Monzón, en octubre de 2015, en la que manifiesta que él estaba dando órdenes, pero en su declaración decía lo contrario, y señalaba que él estaba trasladando lo que el presidente le había dicho.

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Recordó que en una reunión con Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, le habían pedido que retirara a ciertos puestos, pero que se negó, porque el personal qué él tenía era técnico y de carrera.

Afirma que no iba a permitir que cualquier persona llegara a la SAT y que hiciera algo que le fuera a impedir la meta de recaudación.

En el tribunal se reprodujo el audio de Monzón en el que este afirma que no tuvo relación con Muñoz, nunca habló con él de ninguna estructura criminal con él.

Dijo que en la llamada que presentaba Cicig y Feci en el caso en donde se mencionaba a un Muñoz, no era referente a él y que eso queda demostrado con la declaración de Monzón.

Se suspende audiencia

La declaración de Muñoz fue interrumpida luego que la jueza Janeth Valdés pidió un receso de forma repentina y luego se suspendió aparentemente por que una de las juezas tenía un problema médico.

La audiencia se reprogramó para este lunes 19 de septiembre.

No obstante, las incautaciones en el 2019 fueron mucho mayores, al sumar Q104 millones, derivado no solo de los operativos, sino por una incautación de jade con un valor estimado de Q70 millones.

El Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) informó que el año pasado también se lograron ingresos por ajustes en aduanas por más de Q295.8 millones, debido a que los importadores reportaron valoraciones incorrectas, así como falsa clasificación u origen de mercancías, con el objetivo de pagar menos tributos.

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En este caso. las cifras han sido variables cada año, ya que del 2013 al 2018 se reportó un aumento de dichos ajustes, lo que el 2019 cayó a Q210.1 millones y volvió a bajar en el 2020. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) atribuye esta situación a la pandemia, ya que las restricciones provocaron una disminución de las importaciones durante varios meses.

Puestos de control interinstitucional

Por otro lado, este 5 de enero del 2022, la SAT firmó un convenio de cooperación con los ministerios de Gobernación, Defensa Nacional, Salud Pública, Comunicaciones y el Ministerio Público (MP) para organizar y poner en funcionamiento más puestos de control interinstitucional (PCI).

Además, con este convenio se está creando un Comité de Administración Interinstitucional (CAI) para generar una estructura organizacional de coordinación de cada puesto y será coordinado por la SAT, con el objetivo es disminuir los niveles de defraudación y contrabando aduaneros, mediante la interceptación, identificación, decomiso de mercancías y medios de transporte que ingresen al territorio nacional, evadiendo los controles, informó la entidad.

Resultados preliminares

Sobre los PCI, Ovalle agregó que ya operan seis cuyos resultados el año pasado consisten en de mercadería decomisada por Q6.1 millones, gracias a 516 denuncias y 535 acciones interinstitucionales, por lo que se prevé instalar tres más en Chisec (Alta Verapaz), el municipio de Chiquimula y en Cuilapa (Santa Rosa).

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Los ilícitos detectados han sido defraudación y contrabando aduanero; contravención de medidas sanitarias; migración irregular; violación a la propiedad intelectual; traslado de drogas (marihuana); portación ilegal de armas de fuego; identificación de personas con orden de captura; y tráfico de especies protegidas.

Y la mercadería incautada consiste en abarrotes, cigarrillos, cerveza, ropa, calzado, medicamentos, huevos, productos de aseo personal, maíz, lácteos, bebidas gaseosas, teléfonos celulares y repuestos para vehículos.

El convenio fue firmado por el Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz; los ministros de Gobernación, Gendri Reyes; de la Defensa Nacional, Henry Reyes; de Comunicaciones, Javier Maldonado; la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como la viceministra de Salud, Leslie Samayoa y el Intendente de Aduanas.

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El convenio busca incrementar la cooperación, coordinación, participación, compromisos y aportes interinstitucionales para la habilitación, operación y administración de los PCI. pic.twitter.com/VeS2YmhKTM

— SAT Guatemala (@SATGT) January 5, 2022

Por décadas, lo usual ha sido el contrabando hormiga   de productos de la canasta básica como maíz, abarrotes o alimentos, además de cigarrillos, licores y productos agrícolas, a los que también se le unieron ganado en pie, combustibles y derivados del petróleo. Pero la sofisticación en el tipo de productos y nuevas modalidades de contrabando apuntan a otros  y, más recientemente, por la pandemia, se registra un aumento en el trasiego de los de uso diario como artículos de aseo personal y del hogar, mascarillas, guantes y otros insumos de bioseguridad, los cuales se comercializan por redes sociales y otras plataformas de internet.

Los cálculos del daño económico de la actividad trasnacional siguen subiendo, por lo que el llamado a debilitar estas estructuras será crucial para ser más competitivos.

Dentro de la evolución del contrabando se puede mencionar que  lo ha motivado y expandido el comercio electrónico, que ha crecido en los últimos años, pero con mayor relevancia desde marzo del 2020, por la pandemia,  una modalidad que utilizan las estructuras criminales para movilizar los productos, según Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers Internacional.

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Redes sociales

El experto señala que la criminalidad organizada que se dedica a estas actividades se ha movilizado al ciberespacio y está utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance, desde redes sociales —Twitter, Instagram, Facebook y otras— hasta videojuegos, en los cuales  las personas pueden chatear con quienes juegan del otro lado,  para comunicarse y vender productos.

“Se ha visto que en algunos países desde las cárceles usan los videojuegos conectados para poder comunicarse y comercializar órdenes de despacho de grandes volúmenes de productos”, indicó Campos, al añadir que el contrabando no solo se trata del ingreso ilegal de productos al país,  sino también de la expansión que logran en el mercado con las nuevas formas de comercialización.

El uso de redes sociales e internet se ha vuelto una modalidad muy importante para la venta y distribución de productos de contrabando y es muy difícil detenerlos, señaló.

En Guatemala se ha detectado que hay muchas redes sociales que se están usando para la venta de productos de contrabando, principalmente cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, ropa y calzado. Asimismo, mucha falsificación en estos dos últimos rubros, aunque también en medicamentos, expuso Campos.

Agregó que tiene conocimiento de que las autoridades  persiguen estos  delitos, pero se dificulta la acción porque, cuando se detectan en las redes sociales, cierran estas páginas y abren otras automáticamente.

“Como tienen toda la base de datos, de forma muy rápida se pasan a otra y vuelven a operar. Tal vez demoran dos, tres o cuatro meses en que las vuelvan a cerrar, pero así se están moviendo todo el tiempo. Son modalidades muy dinámicas en ese aspecto”, puntualizó.

Comercio electrónico

La otra herramienta que usan los contrabandistas son las plataformas de comercio electrónico, como Amazon, Mercado Libre y otros, comentó Campos, al explicar que si bien estas empresas son formales, legales y están en contra de la referida actividad  ilícita, muchas veces no saben que los productos anunciados en su plataforma por usuarios son de contrabando.

Por ello han tenido que abrir departamentos legales y de persecución de delitos dentro de sus propias plataformas, “porque las están inundando de productos de contrabando y esto va en contra de las propias políticas y credibilidad de las compañías”, hizo ver el experto.

Las dificultades de este tipo de acciones son que el crimen organizado cambia tan rápido en su forma de actuar que siguen comercializando los productos, pues encontraron la forma de burlar la seguridad y departamentos de compliance que tienen las empresas de ecommerce.  Guatemala no es la excepción en cuanto a estos métodos, ya que  se trata de estructuras regionales del crimen y el contrabando  que operan de forma similar en todos los países.

Werner Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo que los actos ilícitos han evolucionado, pues ya no se dan como antes, cuando  solo intentaban  ir a traer la mercancía a otro país, pasarla de forma ilegal y venderla en locales. Ahora se ha identificado que esta mercancía la ofrecen en redes sociales.

Entre las formas de operar de los contrabandistas, respecto del uso de internet, las autoridades  han descubierto que puede haber un perfil de Facebook que maneje cinco empresas o negocios que se dedican al comercio ilícito.

La otra modalidad es que incluso promueven un viaje para las personas que deseen acudir a comprar. Son paquetes en los que  ofrecen hotel, transporte y visitas a los grandes centros comerciales y tiendas, pero la mercadería ha entrado sin pagar impuestos.

Esta forma de viaje se empezó a detectar en el 2019, pero la oferta bajó un poco debido a la pandemia, precisó Ovalle, por las restricciones de movilidad y cierre de fronteras iniciales. Sin embargo, en la actualidad, las restricciones son de aforo, de acuerdo con el semáforo que controla el sistema de alerta de casos del Ministerio de Salud.

“Con el tema de la pandemia, muchas de las mercancías solo las están manejando vía redes sociales; los viajes se siguen dando, pero no en el volumen del 2019”, aseveró el intendente.

La SAT ha informado que se está generando una plataforma y programa informático para  fiscalizar el comercio electrónico, que ayudará a detectar defraudación aduanera y malas prácticas como el contrabando. Además, las autoridades  analizan el contenido de la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada aprobada por el  Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en febrero pasado, la cual cuenta con un capítulo exclusivo para el  comercio electrónico. Aunque  no se ha detallado si este tema se incluirá en la propuesta de ley para reformar la legislación nacional que  prepara la SAT.

Contrabando y falsificaciones

Hay otras modalidades que combinan contrabando o defraudación aduanera con falsificaciones, y su comercialización.

En cuanto a los cigarrillos suelen ser más de contrabando, pero se han detectado falsificaciones, dijo Campos.  La comercialización de ciertas bebidas alcohólicas adulteradas ocurre  cuando los grupos criminales recolectan botellas legales  vacías,  las rellenan con cualquier otro producto y las ponen en venta en las redes sociales.

Hay ocasiones en que el producto no es falsificado —abarrotes, alimentos, bebidas, productos el hogar y bebidas—, pero al entrar al país de contrabando no tiene registro sanitario o etiquetas específicas para su venta en Guatemala.

Eso  es un gran problema  para el consumidor porque son las mismas marcas,  hasta con el mismo tipo de empaque con que se venden en Guatemala legalmente, pero esos son detalles que el consumidor no advierte, no lee la letra pequeña y  le cuesta mucho reconocer que ese producto  es ilegal. También es motivo de preocupación que pueda tener impacto en la salud, enfatizó Campos.

La industria de calzado y vestuario del país está siendo altamente afectada por productos falsificados que vienen de Asia, en especial de China, y no se ha logrado controlar su ingreso, indicó. La forma en que  llegan al país es por barco, primero a Panamá y  de allí a Guatemala. En casos como estos  las industrias locales resultan más afectadas, porque pueden perder mano de obra, manifestó Campos.

Además, la ropa falsificada que  se ve mucho en los países del Triángulo Norte, donde “los mercados están inundados en esos productos”, y en este caso impacta más a la industria extranjera,  añadió.

El efecto globo

“En cualquier producto donde el crimen organizado vea una oportunidad temporal para hacer dinero aprovecha el contrabando, y con el tiempo  integra más productos a la práctica de ese hecho ilícito, modalidades de ingreso y comercialización”, refiere Campos.

En la medida en que las autoridades comienzan a  perseguir el contrabando de determinados productos, modos de operar o lugares de paso se genera un efecto globo —desplazamiento a otros productos, modalidades o vías y áreas de ingreso—, ya que en cuanto las estructuras delictivas se dan cuenta de  que  no  podrán comercializar fácilmente el producto de contrabando porque los están persiguiendo y hay más controles,  se trasladan al tráfico ilícito de otros que todavía no se persigue, debido a que  el riesgo es bajo y la utilidad es considerable.

La autoridad tarda en entender cuál es la nueva dinámica comercial ilegal de estas estructuras, que  por un tiempo obtienen grandes cantidades de dinero, expresó.

Coyuntura y  pandemia

Los  productos coyunturales o de temporada, así como  los que se refieren a la prevención del covid-19, han sido una oportunidad enorme para el crimen organizado, y puso como ejemplo el crecimiento del contrabando de  cloro.

En la venta por redes sociales e internet se  advierte este tipo de comercio ilícito, prosiguió Campos, ya que una caja de mascarillas cuesta alrededor de US$5, pero la ofrecen en redes sociales a US$1. Aquí  surge la necesidad de una alerta para la población en cuestiones de la seguridad de su salud o prevención de contagios.

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“La población debe estar alerta y reflexionar en que no se está ahorrando US$4, porque lo que está comprando implica la posibilidad de contagiarse de covid debido a la falsificación del producto, que puede no cumplir con las regulaciones para la prevención de la enfermedad”, remarcó.

En el foro “El impacto del covid-19 en las redes de comercio ilícito”, organizado por Americas Society/Council of the Americas, se expuso que en julio de 2019 el Transnational Security Report, elaborado por el Munich Security Conference, estimó que el comercio ilícito de operaciones transnacionales criminales oscilaba  entre US$1.6 trillones y US$2.2 trillones por año. Y en el 2020, primer año de pandemia, alcanzó el máximo proyectado en ese informe.

En la actualidad se observa que esas acciones ilícitas se  pasan a segmentos de la economía y del comercio en las que  antes no estaban. En el referido  foro se puso como ejemplo que  se está trasegando a nivel general mascarillas N95 y alcohol en gel, incluso vacunas anticovid falsas, y diferentes tipos de alcohol y otros insumos de prevención. Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni la SAT   han reportado ningún caso de vacunas falsificadas.

Angélica Durán-Martínez, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts-Lowell, explicó en esa ocasión tres aspectos que se han observado en la pandemia: la diversificación de los campos delictivos, la adaptación de grupos más pequeños en las prácticas de extorsión y la fragmentación de las redes de comercio ilícito.

A su vez, el Observatorio contra el Contrabando elaboró una evaluación del comportamiento del comercio ilícito, en concreto del contrabando, durante el 2020, y se comprobó que a pesar de las restricciones de movilidad y toques de queda establecidos en el país, el movimiento de mercaderías ilícitas en este período continuó desarrollándose sin inconvenientes.

El informe presentado en febrero pasado coincide en que algunos segmentos registraron un incremento, entre ellos los productos de limpieza como desinfectantes, jabones, detergentes y papel higiénico, que se sumaron al ingreso diario de diversos alimentos y bebidas.

Consultado al respecto, Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), está de acuerdo en que se ha identificado contrabando de medicamentos, insumos hospitalarios y artículos de limpieza relacionados con el covid-19.

“Es un tema de preocupación que se aproveche la necesidad de adquisición de productos para suministrarlos de forma ilegal. Ya estamos provocando una colaboración público-privada con insumos, información y logística para prepararnos ante la posible comercialización ilegal de las vacunas”, aseveró.

Fronteras o tipos de transporte

Para  Guatemala, la frontera con México es una puerta muy grande de ingreso ilegal de mercadería. Es “una frontera muy porosa y difícil de controlar”, expresó Campos. La mayoría de productos que ingresan por esa área tienen relación con la canasta básica o de consumo masivo, como huevos, aves, pollos gallinas, cerdos, leche y cerveza, entre otros.

También está la frontera con Belice, por donde entra casi todo el cigarrillo de contrabando que proviene de la zona libre de Corozal, en Panamá.

Luis Mazariegos, coordinador del OCC, comentó que  parte de esos productos  pasaba por tierra de Belice a Guatemala por la frontera de Melchor de Mencos —Petén—, pero como se formalizó esa aduana y se establecieron más controles por otros pasos, abandonaron esa ruta y ahora utilizan la vía marítima e ingresan desde Belice a Izabal por el río Dulce, donde descargan y luego se distribuye a la provincia.

Según Campos, ahora hay embarques de ilícitos que están entrando por puertos de Guatemala, también provenientes de Panamá. Aunque para trasegar cigarrillos se siguen usando camiones, para el contrabando hormiga solo se cruza el río. Y si bien un gran porcentaje del producto se queda en el país, una parte se traslada a El Salvador y Honduras, “por lo que las estructuras actuales de Guatemala están actuando como un distribuidor de cigarrillos de contrabando para estos dos países vecinos”, indicó.

Cifras y mercados

Un informe elaborado por el Central American Business Intelligence (Cabi) en el 2018 y presentado por la CIG, refiere que el contrabando impacta aproximadamente un 30% en las ventas de la industria nacional.

• En productos alimenticios de enlatados y abarrotes representa un 40% del mercado; en productos de higiene y limpieza, 25%; del mercado total de cervezas, 23%; bebidas alcohólicas, 7%, y  cigarrillos, 22%, de acuerdo con datos de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la CIG, lo que representó  Q30 mil millones del mercado nacional  en el 2020, según un estudio de la entidad.
• En el 2019,  otro análisis de Cabi dio a conocer que el valor de las mercancías contrabandeadas representa el 3.8% del Producto Interno Bruto nacional, equivalente a la pérdida de crecimiento económico entre 0.7% y 0.9%, que repercute en la creación de empleo, inversión y, por consiguiente, en la recaudación de impuestos.
• Diversas entidades calculan que el impacto al fisco es de alrededor de Q1 mil 300 millones del impuesto al valor agregado (IVA), y al sumar otros gravámenes representa alrededor de Q1 mil 700 millones.

Ovalle informó que como parte de la labor de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon), en el 2019 efectuaron 143 allanamientos por  contrabando aduanero y en el 2020,  142. Se incautó mercancía por  Q1.4 millones y Q2.9 millones, respectivamente. Aparte de las consignaciones en otros operativos.

Según el OCC, entre  2012 y  2020 el contrabando  casi se cuadruplicó, por el trasiego de productos como aceite comestible, abarrotes, dulces y bocadillos, señalaron directivos de la Cámara. Otros  que van al alza son el maíz, huevos, leche, quesos, y productos químicos e higiénicos.

A consideración de Mazariegos,  a pesar de las restricciones  por la emergencia sanitaria, el contrabando en general aumentó, puesto que el paso de balsas, vehículos livianos y camiones no cesó con la pandemia.

Pasos ciegos y  rutas

El Ministerio Público informó que  en el país hay 139 pasos ciegos que  utiliza el crimen organizado para el  contrabando, según datos del 2017. De estos, 128 son terrestres y 11, fluviales, pero solo hay 20 aduanas formales —14 terrestres, tres aéreas y tres marítimas—. Los datos de pasos ciegos se mantienen o tienden a proliferar porque las fronteras, principalmente con México, “son muy porosas”, enfatiza Mazariegos.

En tanto el OCC dio a conocer hace dos años que se detectaron tres nuevas rutas por donde ingresan ilegalmente las mercancías con el fin de evitar la incautación de las mismas. En algunas, aunque hay que recorrer más kilómetros para  circular sin ser descubiertos por las autoridades, el margen de ganancia sigue siendo atractivo para los operadores, afirma la entidad.

Se estimó que en promedio ingresan 50 camiones de cinco, 10 y hasta 20 toneladas con productos  desde Tecún Umán,   punto de distribución para otros sectores del país. Para evitar los retenes en la CA-2 Occidente,  optan como primera ruta por cruzar caminos vecinales y pasos vehiculares en fincas, para salir a la carretera entre Champerico y Retalhuleu.

La segunda ruta va desde Tecún Umán a San Marcos —norte— y de ahí por caminos vecinales siguen a San Juan Ostuncalco hacia su destino, que es Quetzaltenango y Totonicapán. Y la tercera es la marítima, utilizada para el trasiego de cigarrillos, en Izabal.

Reformas y vinculación a otros delitos

La SAT anunció que  prepara iniciativas para reformar ocho leyes  vinculadas a fortalecer el combate al contrabando y la defraudación tributaria.

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Una de las ideas es elevar las penas de cárcel para quien ejecuta y quien encubre, crear el delito informático aduanero y procurar un mejor control del comercio electrónico, entre otros controles.

Sin embargo, Mazariegos hace énfasis en que la SAT no  toma en cuenta una reforma necesaria para reducir el límite permitido en el ingreso de mercadería sin declarar, sin que los responsables sean llevados a procesos judiciales.

El contrabando está tipificado como un delito administrativo. Cuando hay incautaciones, los productos  se quedan en jurisdicción de las aduanas, según los montos. Si lo incautado se cuantifica en menos de  US$3 mil —unos Q23 mil—, la persona puede retirar la mercadería al pagar los impuestos y una multa del 100%. Si se pasa de ese monto, la mercadería se queda incautada y el caso se traslada a la fiscalía para un proceso judicial.

A criterio del OCC, el monto máximo es muy alto y se debería rebajar, para que  más casos pasen a la fiscalía.

Romero, Gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal la CIG, coincide con lo mencionado con Mazariegos acerca de que la SAT no ha promovido cambiarlo. Sin embargo, están en desacuerdo con la administración tributaria en ese caso ya que la postura del sector empresarial es que se baje a US$500 porque consideran que más arriba de ese monto ya no es consumo personal o familiar, sino para comercializar.

Romero refirió que el monto no es acumulativo por las personas que pudieron haber pasado en muchas ocasiones cantidades en alrededor de US$3 mil en varias ocasiones y no son judicializadas.

Considera que el monto es alto, y lo califica de exagerado y muy permisivo, si se toma en cuenta que ese límite es por cada vez que una persona pasa y hay quienes pasan por mercadería más de una vez al mes o a la semana.

Si se compara ese monto con la canasta básica estimada en el país con la cantidad autorizada hay una desproporción muy grande, explicó. Según datos del INE, la canasta básica alimentaria llegó a mayo del 2021 a Q2 mil 993.03 para una familia de 4.7 integrantes y la ampliada, que incluye alimentos, transporte y otros servicios, se situó ese mes en Q6 mil 910.71.

Campos explicó que el  contrabando o comercio ilícito debe ser abordado con un enfoque de crimen organizado, porque  “quienes mueven estos temas son estructuras de crimen organizado internacional que operan a través de apoyos locales”. Además, se ha identificado la participación de pandillas, no tanto entrando mercaderías de forma ilegal, sino como  soporte logístico que ofrece control territorial.

El especialista refirió que el contrabando debería ser un delito grave en los países y se debería   vincular con lavado de dinero, pero también es preciso   mejorar controles de las zonas libres y plantear la necesidad de homologar legislaciones para hablar el mismo lenguaje jurídico en todos los países, por tratarse de un delito transnacional.

• Según datos del Ministerio Público, del 2016 al 20 de junio del 2021, han sido detenidas 652 personas por delitos como contrabando aduanero (494), casos especiales de contrabando aduanero (33) y  defraudación aduanera (125).
• En la memoria de labores del órgano investigador, que corresponde  del 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021, se reportan 113 incautaciones, y que  el producto incautado equivale a Q10.3 millones.
• También se reporta una estructura desarticulada, 156 tipos de productos encontrados en allanamientos, 24 órdenes de captura ejecutadas,  47 solicitudes de acusación y 15 sentencias condenatorias. Sin embargo también presentaron 13 solicitudes de criterio de oportunidad y 153  de suspensión condicional de la persecución penal.

Nuevos productos, formas y curiosidades

Cada vez más se añaden productos y modalidades al comercio ilícito de mercancías. Por ello, la SAT refirió que  los esfuerzos para combatir el contrabando  no solo se enfocan en la lucha del trasiego de mercaderías, sino también en la defraudación tributaria, con especial énfasis en fortalecer la gestión de riesgo.

• Tilapia

Alexei Gutiérrez, gerente de producción de Acuícola María Linda, explicó que la tilapia es un mercado en expansión desde hace varios años. Sin embargo, admite que el sector ha estado enfrentando el contrabando de tilapia desde México, El Salvador y Belice.

El ingreso ilegal de esta especie se redujo durante las restricciones y cierre de fronteras por la pandemia el año pasado, y los productores nacionales empezaron a experimentar más demanda, por lo que han pedido a las autoridades su apoyo para evitar más impacto, porque temían que al abrir el paso empezaran a traer al país más tilapias  para el  comercio  ilícito.

• Encomiendas

El combate al contrabando se une a la lucha contra la defraudación aduanera. Por ejemplo, en diciembre del 2020, en la aduana de Express Aéreo se detectó un lote de diamantes que pretendían ingresar sin ser declarados.

La SAT informó el año pasado que en dicha aduana localizaron varias bolsas con diamantes que llegaron al país declarados como productos de bisutería para reducir el pago de impuestos. Sin embargo, en las revisiones se determinó que el cargamento, que procedía de Estados Unidos, estaba valorado en más de Q325 mil y la diferencia en el pago de impuestos superaba los Q93 mil.

• Cemento

La SAT dijo que no ha detectado ese producto dentro de los operativos, aunque eso no quiere decir que no esté ingresando. Por aparte, Roberto Díaz Durán, representante de la industria cementera, respondió que siempre ha existido el contrabando por las fronteras entre Guatemala y México y donde pasa una marca mexicana —Cementos Cruz Azul—, la cual se vende en  zonas fronterizas de  San Marcos y Huehuetenango. No obstante, comentó que es difícil conocer el volumen, aunque se podría hablar de 20 mil toneladas métricas por año.

Además, a partir del 2020 y en lo que va del 2021, la SAT  detectó el ingreso ilegal de partes y repuestos para vehículos, pero  tampoco se puede aseverar que antes no pasara este tipo de insumos.

• Pollo y cerdos vivos

Varios integrantes de la estructura denominada Los Polleros fueron capturadas en abril, entre ellos tres inspectores de la Policía Nacional Civil (PNC) y un  turco. Esta ha sido calificada como la “estructura reina”. Según las autoridades, había operado por varios años en San Marcos, y logró dominar el trasiego de aves vivas provenientes de varios estados de México.

Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expuso que las detenciones y desarticulación de esta banda de contrabando de pollo cambió la forma de investigación, no solo enfocada en búsqueda de casos, sino también de estructuras criminales. Agregó que el hecho de estar supuestamente vinculados tres elementos de la PNC y un extranjero, evidencia las debilidades en el país y que el contrabando es un crimen transnacional, donde hay flujo de capital ilegal involucrado.

Lo defraudado al fisco por esa estructura suma Q2 millones. En general, el contrabando de pollo en el país representa del 18% al 20% del mercado y llega a representar hasta un 80% en los mercados cantonales de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, comentó el ejecutivo.

En tanto, Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio contra el Contrabando (OCC), dijo que esta estructura habría comercializado y procesado carne de pollo en el mercado informal. Los pollos se ingresaban en camiones y se cree que eran almacenados en las bodegas y allí mismo se destazaban, para luego ofrecerlos en los mercados de los municipios, especialmente en San Marcos y Quetzaltenango.

En abril pasado,  aún se desconocía si la estructura contaba con rutas o  centros de distribución para cafeterías, comedores y restaurantes, pero se detectó falta de controles sanitarios en el destace y la cadena de frío, y que las personas involucradas tampoco cumplían con las medidas de inocuidad y sanidad, un aspecto que además de la pérdida para el sector productor y el fisco, afecta la salud del consumidor, señalaron diversas fuentes.

Werner Ovalle, intendente de Aduanas de la SAT, expuso que en los últimos meses se detectó el incremento del contrabando de cerdos vivos.

La Asociación de Porcicultores y Comercializadores Pecuarios de Guatemala denunció en el 2020 que en el primer cuatrimestre, el contrabando de cerdos aumentó en un 30%  respecto del mismo período del 2019, pasando de 16 mil 969 animales vivos a 22 mil 201. El incremento se dio a pesar de los primeros meses de la pandemia y se duplicó en abril del año pasado.

El contrabando registra un aumento y podría ser una amenaza a la recuperación del sector. https://t.co/2RGSzB6LNM

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 8, 2020

• Agroquímicos

Según la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima), el contrabando de agroquímicos, así como su comercio ilegal —sin registro, adulterado y sin etiqueta—, no tiene una fecha de inicio, sino que es una práctica que a escala nacional se ha mantenido a través del tiempo. Sin embargo, el Departamento de Insumos Agrícolas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, de la cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), reactivó el Programa de Fiscalización en octubre 2017, después  de  10 años sin operar.

Se estima que el comercio ilegal de agroquímicos representó en el 2020 un 6% del mercado, lo que equivale a US$50.2 millones —basado en el dato de importaciones CIF del 2020, de US$836.9 millones, que incluye fertilizantes y plaguicidas—, agregó la entidad. Indicó que se refleja una baja en el contrabando de ese tipo de productos, que puede estar asociada a las condiciones derivadas del covid-19.

“La venta minorista o al menudeo de productos de contrabando tiene una logística que no se vio favorecida con las medidas de prevención y regulación nacional para prevenir la pandemia”, ya que requiere movilización, precisó.

El ingreso se da por los puntos ciegos en las fronteras de Guatemala con México, El Salvador y Honduras; la mayoría de productos provienen de México y esto está asociado a la devaluación del peso mexicano.

Además, “cuando el producto ingresa al país, el monitoreo se dificulta porque el comercio de estos productos se hace en el mercado minorista”, explica Agrequima.

La entidad destaca que monitorea los envases de agroquímicos que se recuperan por medio del programa CampoLimpio, como parte de las acciones para colaborar con el Maga y la Coincon en la lucha contra el comercio ilegal de estos productos.

El programa recupera alrededor del 50% de los envases que entran al mercado. “Los envases de marcas sospechosas representan el 6% del total de los envases revisados, por lo que puede decirse que, de cada 100 litros de producto recuperado por  dicho programa, seis litros son de marcas sospechosas”, lo cual  corresponde a fertilizantes foliares.

Posibilidad de denuncias

En algunos casos no se puede entrar en detalles porque están en investigación, se informó, al enumerar las diferentes modalidades de contrabando, de defraudación tributaria, los nuevos productos que se empiezan traer en forma ilegal al país y la comercialización.

Tanto Ovalle como Campos coinciden en que se está fomentando la denuncia ciudadana.

Crimen Stopper tiene una aplicación en la cual las personas pueden presentar una denuncia y tener acceso a redes de comunicación electrónica. También se están generando cursos y talleres de capacitación, para socializar y evitar consumir las mercancías de contrabando, con el fin de llevar a la formalidad a muchas  empresas o tiendas donde se ofrecen las mercancías, aseveró  el intendente.

Riesgo a la salud

Romero indicó que con el contrabando no se garantiza la autenticidad del producto, además que se ofrece a precios muy bajos respecto de los que se producen, ingresan o se comercian de forma legal en el país.

Los riesgos en la salud van desde intoxicaciones, salmonella y otras enfermedades, debido a que no se respetan los procesos de inocuidad y cadena logística necesaria, incluyendo en alimentos como carne, pollo, lácteos que requieren mantener cadena de frío.

“Se nota el cambio de la calidad, por ahorrarse unos centavos se está poniendo en riesgo la salud ya que no obtiene las calidades alimenticias necesarias y otros los mantienen a la intemperie, sin refrigeración o están por vencer”, agregó.

El otro tema que provoca riesgos es el de las medicinas que vienen al país sin los registros necesarios, riesgos de calidad, fechas de caducidad e incluso falsificaciones.

En los proyectos se está analizando la incorporación, si no contraviene la legislación nacional, de algunos elementos que contempla la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada, aprobada por el El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en febrero pasado, añadió.

Este último se trata de un marco legal que busca ofrecer a los países de la región una herramienta contra el comercio ilícito, el contrabando y otros delitos vinculados como las operaciones en el ciberespacio y el blanqueo de capitales.

La primera propuesta en mención sustituiría el decreto 58-90, que contiene la ley respecto de la materia que está en vigencia en la actualidad.

Nuevas penalidades propuestas

• Para casos de defraudación aduanera se proponen penas de prisión que van de 7 a 10 años para autores y de 4 a 6 años para cómplices. Además, se elimina la figura de encubridor por estar contemplada en el Código Penal.
• Se incluye el delito de incumplimiento de requisitos no arancelarios, que se sancionará con prisión de 1 a 3 años.
• En el caso de contrabando aduanero se proponen penas que van de 10 a 12 años de cárcel para autores y de 6 a 8 años para cómplices.
• Para casos especiales de contrabando aduanero las penas van de 11 a 13 años para autores y de 6 a 8 años para cómplices.
• La introducción de mercancías de contrabando aduanero se sancionará con 11 a 14 años de prisión para autores y de 6 a 8 años de prisión para cómplices.
• Se crea el delito informático en aduana, el cual se sancionará con prisión de 6 a 8 años para autores y de 4 a 6 años para cómplices.

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Se establece la obligación de proporcionar información a la SAT para el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para verificar la frecuencia de ingreso y salida del país a quienes se aplican exenciones de conformidad al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA), además del Registro Nacional de las Personas respecto de las defunciones.

“Es de resaltar que dentro de las reformas que se proponen a nivel nacional ya se está incluyendo el abordaje del delito informático y la creación de un fondo para el financiamiento de acciones para la prevención y combate estos ilícitos”, expresó el intendente.

La segunda propuesta plantea modificar la Ley Nacional de Aduanas (decreto 14-2013) las Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria (decreto 20-2006) y el Código de Comercio (decreto 2-70), refirió Ovalle.

Entre los cambios están:

• Incrementar las multas a 600 pesos centroamericanas (equivalente a US$600) en la Ley Nacional de Aduanas, decreto 14-2013.
• Incluir a los ministerios de la Defensa Nacional, de Agricultura y de Salud Pública como miembros del Coincon, con reformas al decreto 20-2006.
• Propone inclusión de nuevos requisitos del endoso en el Código de Comercio (2-70).
• Además, la inclusión de requisitos para obtención y renovación de licencias con reformas al decreto 109-97, Ley De Comercialización De Hidrocarburos

Con estas modificaciones, se busca mejorar la coordinación interinstitucional, la actualización de las sanciones administrativas, el mecanismo para mejorar el control y trazabilidad de las mercancías, fortalecer la integración del Coincon, entre otras, dijo Ovalle, al exponer que “las propuestas elaboradas coadyuvarán a mejorar el control en aduanas en la certeza de la trazabilidad de la carga, los documentos que se utilizan para garantizar la propiedad de la misma, fortalecer el trabajo interinstitucional y por ende, disminuir el riesgo de defraudación y contrabando aduaneros, lo cual incide directamente en el incremento de la recaudación”, expresó el funcionario.

En la actualidad, las propuestas se están evaluando en el Coincon y el cual es el canal adecuado para trasladar al Congreso, añadió.

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¿Qué le falta a la propuesta?

Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que el sector empresarial está analizando en una mesa de trabajo la propuesta de ley contra el contrabando y ya tuvieron la primera reunión con la SAT, en la actualidad están en proceso de diálogo para consensuar posturas.

El directivo dijo que consideran de mucha importancia la actualización de la ley, incluir el tema de tecnología y generar regulaciones para que no haya facilidad para cometer algunos delitos por medios electrónicos, ya que en la actualidad no se pueden perseguir.

También ven la necesidad de que la ley sea más específica con el fin de que los jueces no tengan una interpretación antojadiza en aspectos de que acciones son delitos.

Comentó que la ley tiene puntos positivos como actualizar la ley y aumentar las penas, pero hay algunos puntos en los que hay visiones distintas entre el sector privado y la administración pública.

Uno de estos es el tema de la destrucción de la mercadería de contrabando ya que el sector empresarial sí apoya que sea destruida porque entra por al país por medio de un delito, pero la SAT busca la opción de que se dé en donación a instituciones benéficas, lo cual daría una visión de que se le está viendo ese ilícito como algo benéfico, explicó.

También consideran que es necesario establecer claridad en el dolo o intencionalidad de la comisión de los hechos ilícitos y diferenciarlo de un error involuntario y que éste último no sea perseguible.

Otro punto donde se debe lograr consenso en la cuantía o límite en el valor de la mercancía con lo cual es considerado como un caso administrativo o uno penal.

Romero explicó que, en la actualidad, se considera por la vía administrativa el contrabando de mercadería por hasta US$3 mil, y la SAT no ha promovido cambiarlo.

“Nuestra postura es que se baje a US$500. Consideramos que más de US$500 no es consumo personal”, indicó el ejecutivo de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la CIG.

“Debe categorizarse como crimen organizado”

Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara de Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), dijo que desconoce el contenido de las reformas mencionadas por la SAT y comentó que ese ente ha pedido desde hace dos años que se modifiquen tanto la ley como la política de defraudación y contrabando.

Explicó que la legislación debe ser más amplia y no tratar exclusivamente el contrabando aduanero, porque al trasegar productos también se violan regulaciones y leyes sanitarias, agropecuarias, ambientales y de control de alimentos, entre otras, por lo que dicha organización considera que debe hacerse una consolidación.

Con la ley actual, hay participación del ministerio de Salud y de Agricultura, pero es muy débil, criticó.

Recomendó “eliminar esa aberración de considerar como una infracción de contrabando el paso de productos por valor de hasta US$3 mil (alrededor de Q23 mil)” ya que a una persona que pasa productos hasta por ese monto solo se le pide pagar los impuestos y la multa por estos, pero el trasiego no ha sido por error, que se la haya olvidado, sino lo hacen de forma premeditada.

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Lacs dijo que están en desacuerdo con la postura de la SAT y del Ministerio Público, ya que esas entidades argumentan que perseguir a personas que trasiegan productos por esos montos “se volvería demasiado trabajo y se deben enfocar en estructuras más grandes”.

Y, el tercer punto mencionado por la CGAB es que se debe corregir la ley para enfocarla y categorizar el contrabando aduanero como un delito de crimen organizado y un asunto de seguridad nacional, pues las penas y acciones legales cambian y son mayores tienen que ser mayores, expuso Lacs a diputados que tienen a su cargo analizar ese tipo de tema en el Congreso, además a ministros de finanzas e intendentes de aduanas, pero no han prosperado las peticiones.

En el 2020, la recaudación anual de la SAT fue de unos Q59 mil 500 millones, pero si a ese monto se le sumaran los Q17 mil millones que se estima deja de recibir el fisco debido al contrabando, los ingresos por impuestos alcanzarían los Q76 mil 500 millones, según un análisis efectuado por el Observatorio Contra el Contrabando (OCC) en febrero pasado.

¿En qué puede apoyar una Ley Modelo regional?

En el marco de la ley modelo, esta se adapta en algunos aspectos, principalmente lo descrito en el capítulo VIII relacionado a Educación, y Conocimiento de los Consumidores y Usuarios, a otros instrumentos nacionales para la prevención de la defraudación y el contrabando, como lo es la Política Nacional de Prevención y Combate a la Defraudación y el Contrabando Aduaneros 2018-2028, aprobada en agosto de 2018.

El intendente indicó que se continúa con el análisis interno de la Ley Modelo aprobada por el Parlatino porque también debe verificarse su contenido con otras leyes guatemaltecas según las competencias del órgano investigador como el Ministerio Público, y el Organismo Judicial.

Sin embargo, hay algunos puntos que se adaptan a las propuestas en mención que se trabaja en el país, como el abordaje de la problemática del comercio ilícito de una forma integral y como un fenómeno global, también se enfoca en el comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos.

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También promueve la cooperación y asistencia multisectorial, intergubernamental e internacional y busca que las autoridades procuren la aplicación coordinada de esta ley con otros instrumentos normativos internos e internacionales

Además, cuenta con un capítulo exclusivo para el tema de comercio electrónico, prevé la creación de un fondo especial resultante de los montos obtenidos de las sanciones pecuniarias para financiar acciones de prevención y combate del comercio ilícito, contempla agravantes para los ilícitos e incluye el tipo penal de “contrabando fraccionado” cuando se determina que se ha incurrido en diversas infracciones administrativas

Finalmente, aborda el intercambio de información para garantizar la transparencia en la cadena de valor y su monitoreo y promueve la creación de un consejo público-privado similar al Coincon.

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En julio de 2019 el Transnational Security Report, elaborado por el Munich Security Conference, señaló que el comercio ilícito de operaciones transnacionales criminales era entre US$1.6 y US$2.2 trillones por año. Solo en el primer año de pandemia alcanzó el máximo proyectado en ese informe.

Los datos del año pasado fueron compartidos durante el conversatorio “El impacto del covid-19 en las redes de comercio ilícito”, en el cual se abordó la forma en que los grupos criminales transnacionales y los mercados ilegales están evolucionando durante la pandemia, organizado por Americas Society/Council of the Americas.

Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly, comentó que por la emergencia sanitaria los grupos de comercio ilícito están expandiendo sus operaciones y reclutamiento, y se observa que están pasando a segmentos de la economía y del comercio donde antes no estaban presentes.

Actualmente, se están trasegando toda clase de productos ilícitos como mascarillas N95 y vacunas anticovid falsas, alcohol, cigarrillos y más, añadió.

En opinión de Fernando Vieira, director de Asuntos Exteriores de Philip Morris Brasil, el comercio ilícito siempre va a encontrar su camino, sin importar el escenario y el costo, incluso si es en medio de una crisis sanitaria”, manifestó.

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Diversificación

Angélica Durán-Martínez, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts-Lowell, enfatizó tres aspectos que se han observado en la pandemia en ese ámbito criminal: la diversificación de los campos delictivos, la adaptación de grupos más pequeños en las prácticas de extorsión y la fragmentación de las redes de comercio ilícito.

“Los segmentos de la delincuencia transnacional generan ingresos estimados y hasta superiores al tráfico de drogas y el de trata de personas”, subrayó Durán-Martínez.

Luis Mazariegos, director del Observatorio Contra el Contrabando (OCC), reiteró que en el caso de Guatemala el comercio ilícito se tipifica, principalmente, de dos maneras: el contrabando y la defraudación aduanera. Añadió que, según estimaciones oficiales, en conjunto suman aproximadamente Q17 mil millones anuales en mercadería no declarada al fisco.

El OCC elaboró una evaluación del comportamiento del comercio ilícito, específicamente del contrabando, durante el 2020, y se comprobó que a pesar de las restricciones de movilidad y toque de queda establecidos en el país el movimiento de mercaderías ilícitas en este período se efectuó sin ningún inconveniente. Algunos segmentos registraron un incremento, entre ellos productos limpieza   como desinfectantes, jabones, detergentes y papel higiénico, que se sumaron al ingreso cotidiano de diversidad de alimentos y bebidas.

Consultado al respecto, Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala, indicó que se han identificado desde la comisión el contrabando de medicamentos, insumos hospitalarios y artículos de limpieza relacionados con el covid-19.

“Es un tema de preocupación que se aproveche la necesidad de adquisición de productos para suministrarlos de forma ilegal. Ya estamos provocando una colaboración público-privada con insumos, información y logística para prepararnos ante la posible comercialización ilegal de las vacunas”, aseveró.

Proponen ley modelo

La Universidad de la Paz de Naciones Unidas, Parlatino y Crime Stoppers trabajaron en una propuesta sobre una ley modelo para combatir el comercio ilícito y el crimen transnacional organizado, el cual fue aprobado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño el 11 de febrero de este año.

Según la propuesta, siempre han existido contrabandistas y traficantes, pero nunca como ahora, con la capacidad de operar a nivel mundial y con un poder económico que mueve más del 10 por ciento del comercio mundial.

Los objetivos de la ley modelo son mejorar la coordinación multisectorial entre los países en materia de prevención y combate al comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada; contribuir con la respuesta normativa, oportuna y eficiente, a una necesidad legislativa de la región, y consolidar en la ley modelo la diversidad y dispersión normativa que existe actualmente en los países.

Alejo Campos, director Regional de Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina, resaltó que existe la necesidad de hablar un mismo lenguaje. Por ejemplo, solo en Panamá, para que se considere un delito de comercio ilícito, debe superar los US$500 mil, cuando el promedio en la región es de US$2 mil.

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El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ordenó la intervención del negocio, por lo que la SAT procedió con el nombramiento de los interventores, quienes practicaran auditorías. Esta es la segunda intervención por delitos tributarios en las últimas dos semanas.

El pasado 10 de marzo, la SAT llevó a cabo la intervención de la empresa Mag Alcoholes, por el delito de defraudación tributaria.

En esa ocasión, la orden fue emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera.

En ambos casos, no se dieron mayores detalles sobre los posibles montos de la defraudación. Los procesos se encuentran en investigación.

Estrategia

En diciembre del 2020, el Ministerio Público y la SAT, dieron a conocer que se intervino Grupo Simply, que administra la cadena de supermercados La Barata, por la supuesta apropiación el pago de impuestos y no reportar al administrador tributario sus movimientos contables.

En esa ocasión, se dio a conocer que Grupo Simply habría utilizado un sistema piramidal interno para cometer la defraudación fiscal que podría rondar los Q150 millones, y se mantiene intervenida.

Hace algunos días las autoridades tributarias, dieron a conocer que se investigan dos grandes casos similares de defraudación, y que en su momento se darían a conocer.

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El intendente de aduanas, Werner Ovalle, informó que durante el 2019 efectuaron 143 allanamientos por el tema de contrabando aduanero.

Mientras que en el 2020 hubo 142, incautando mercancía por un valor de Q1.4 millones y Q2.9 millones respectivamente, esto como parte del plan de trabajo del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon).

La fiscal contra delitos de defraudación y contrabando aduaneros, Rossana Pérez, afirmó que los contrabandistas ingresan el producto a través de pasos ciegos y para esto utilizan declaraciones aduaneras falsas o con menor valor.

Agregó que durante 2020 se recibieron 234 denuncias, de estas se logró dar salida procesal a 159 con la suspensión condicional de la persecución penal.

Además, hay varias investigaciones en curso, por lo que en el transcurso del año seguirán con el combate del contrabando y determinar quién realmente se beneficia del contrabando.

Las autoridades también han detectado comercios que por la redes sociales distribuyen alimentos y medicamentos que no cumplen con requisitos sanitarios y son de contrabando.

Acciones en lo que va del 2021

También presentaron resultados de diligencias de registro y allanamientos en establecimientos comerciales del 12 al 14 de enero del presente año.

Se realizaron 24 allanamientos en la ciudad capital y Villa Nueva, donde se logró la incautación de producto de contrabando, consistente en productos de belleza, higiene personal, limpieza, licores, medicamentos y abarrotes en general.

Para el traslado de la mercadería decomisada han usado camiones y la incautación aún se clasifica para determinar la cantidad de impuestos defraudada.

Las autoridades advirtieron que consumir estos productos es riesgo para la salud, pues en algunos ha sido detectadas heces.

Los cateos se han llevado a cabo en las zonas 6, 12, 13, 16, 18 19 de la capital y Villa Nueva.

El jueves 14 de enero se programaron 12 allanamientos en la zona 7 de la ciudad capital, de los cuales 11 se realizarían en el Mercado San José en la Colonia Quinta Samayoa, en donde la multitud se organizó de forma inmediata y atacó al personal interinstitucional con piedras y palos.

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Esto ocasionó serios daños a una patrulla de la Policía Nacional Civil y causó pánico en las personas que se encontraban en el lugar.

Consecuencias legales

• Ser sujeto a un proceso penal por el delito de Contrabando Aduanero o Defraudación Aduanera
• El pago del Impuesto al Valor Agregado y Derechos Arancelarios a la Importación.
• Multa del 100% del total de impuestos defraudados.
• Destrucción de las mercancías
• Una pena de 7 a 10 años de prisión inconmutables.

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El PCI es el tercero de los 12 que contempla el proyecto de Coincon en todo el país, el cual tuvo un costo de US$300 mil que donó el gobierno de Estados Unidos, por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala.

Estos PCI tienen como misión frenar el contrabando y el comercio ilegal como drogas que vienen

Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, dijo que hasta el momento se han instalado 3 PCI en el país, uno en Pajapita, San Marcos, en mayo de 2020; el segundo en Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal, en septiembre de 2020 y ahora el tercero en Pasaco, Jutiapa.

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Dijo que los PCI responden al plan estratégico de la SAT especialmente para aumentar la eficiencia del servicio aduanero mediante el incremento de controles para disminuir la defraudación y el contrabando aduanero.

El presidente Alejandro Giammattei agradeció al gobierno y pueblo de Estados Unidos por la contribución que hacen para que Guatemala luche contra un mal que como lo es el contrabando, la defraudación fiscal y la defraudación aduanera.

“Nosotros no deberíamos tener los problemas fiscales que tenemos si tuviéramos un sistema de control robusto. Muchas personas se preguntan por qué decidimos aumentar los controles el año pasado  y la respuesta es sencilla; tener salud, tener seguridad, tener todo un sistema educativo que funcione de primer orden requier de dinero y ese dinero tiene que venir de los impuestos”, dijo Giammattei.

Expresó que Guatemala tiene los impuestos necesarios, pero que se busca que sean recaudados adecuadamente.

“Es intolerable para este país tener una defraudación aduanera y una evasión fiscal y contrabando que superen los Q20 mil millones al año”, expresó.

Dijo que las mafias que viven del contrabando se sienten ofendidas por este trabajo de control, pero que el gobierno seguirá luchando contra la evasión, defraudación y contrabando.

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Giammattei añadió que Guatemala y sus habitantes se merecen y tienen derecho a un sistema de seguridad, educación y salud de primer orden, pero eso va de la mano con el pago de impuestos de forma justa.

“Hay que pagar los impuestos, porque es la mejor manera que tenemos para poder hacer y engrandecer nuestro país y la lucha porque se recaude más debe ir íntimamente ligada con la lucha contra la corrupción, para que podamos ver entonces que esos ingresos fiscales se utilizan en su justa y verdadera dimensión en los programas de desarrollo humano que Guatemala requiere”, dijo el mandatario.

“Dejar la cultura del contrabando, la defraudación, y la evasión es una responsabilidad de todos los guatemaltecos, para cambiar a una cultura  de pago, de pago de nuestros impuestos y cambiar la cultura que ha habido en el Organismo Ejecutivo de lapidar los recursos, de robarse los recursos”, añadió Giammattei.

William W. Popp, embajador de Estados Unidos en Guatemala explicó que la donación para los PCI son un compromiso de ese país para el trabajo con Guatemala, pues juntos trabajan para que fronteras y carreteras del país sean más seguras.

Dijo que buscan combatir organizaciones criminales y fortalecer la economía y por eso se diseñaron estos puestos de control con referencias de las mejores prácticas que tiene Estados Unidos y las adaptaron a prácticas locales y esto permitirá  que la aduana, la PNC y los ministerios de Salud y Agricultura sirvan mejor a las comunidades.

Refirió que los puestos de control impedirán que las organizaciones criminales transnacionales se nutran del pueblo guatemalteco y en lugar de esto estos esfuerzos van a recuperar ingresos fiscales para que puedan servir para impulsar la economía local y empleo formal.

“A pesar de los enormes desafíos del año pasado este puesto de control es una muestra de nuestra continua colaboración para mejorar la seguridad y prosperidad de Guatemala”, concluyó Popp.

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Desnutrición

El presidente Giammattei anunció que la semana entrante le entregarán a 200 mil niños, que tienen entre 6 y 24 meses y con algún problema de desnutrición, un suplemento alimenticio que recibirán cada mes para hacer una papilla y así no tengan ese problema.

Explicó que los fondos para ese proyecto salieron de ahorros en gastos de la Presidencia que ascendieron a Q65 millones.

Dijo que también de ahorros de programas del Gobierno de obtuvieron Q700 millones para la compra de vacunas contra el covid-19.

Confirma al jefe de la SAT

Giammattei también mencionó que el jefe de la SAT,  Marco Livio Díaz, está preocupado porque no cumplió con la meta de recaudación y en otra ocasiones eso ha sido motivo de cambio, pero confirmó que junto al ministro de Finanzas decidieron pedirle al Directorio de la SAT que confirme Díaz en el cargo.

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Las autoridades instaron a que el tema hay que tratarlo a nivel regional, ya que se está poniendo en jaque la salud de los consumidores, la economía y la gobernabilidad.

Abordaje regional

Melvin Redondo, jefe de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (Sieca), destacó que el dinero –y las ganancias– que se obtienen de estas actividades ilegales terminan financiando a los grupos de delincuencia organizacional en temas como el narcotráfico y la trata de personas que están directamente relacionados con estas actividades.

Para contrarrestar este flagelo debe haber una coordinación en las instituciones encargadas, y la primera línea de acción está en las fronteras, que es donde se asocia el comercio ilícito con otras actividades como el contrabando y la defraudación fiscal.

El secretario explicó que las primeras autoridades para combatir el comercio ilícito son las aduanas, pero debe involucrar a otras instancias que tienen que ver en los controles fronterizos, como policías, de salud y agropecuarias.

Las coordinaciones en las fronteras deben enfocarse en los pasos formales como informarles, y las personas dedicadas a estas actividades a ingresar sus mercancías, por lo que es necesario contar con una política nacional y regional que aborden el tratamiento del comercio ilícito.

“Los impactos del comercio ilícito son muy profundas y están arraigados (…) se requiere una participación muy activa de los consumidores y pensamos en campañas de educación y concientización que son importantes para que no sean engañados quienes se dedican al ingreso de mercancías”, puntualizó.

Recordó que muchas veces el consumidor se enfrenta a adquirir los bienes por el factor precio, de frente a evaluar a la calidad y origen de estas mercancías, sobre todo de aquellos de consumo básico.

Redondo enfatizó en que hay alertas en falsificación de los medicamentos y su contenido y en los bienes de primera necesidad, cuyo riesgo se incrementó durante la pandemia y la época de tormentas.

“Centroamérica, como espacio de sistema integrado, necesita abordar el tema del comercio ilícito porque hay que atacarlo a nivel nacional y tiene que darse una articulación muy clara en las políticas nacional y regionales de combate y previsión”, precisó.

La visión del secretario de Sieca es que este tema tiene que verse con una estrategia regional, y con los diferentes programas de gestión de riesgos.

Entre los productos identificados en primera instancia susceptibles al contrabando están el tabaco y el alcohol, pero hay otros que requieren atención.

El intendente de Aduanas, Werner Ovalle, expresó que a través de diferentes espacios se están llevando a cabo acciones para combatir el comercio ilícito en los países de la región, así como la modernización de las normativas.

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Según directivos de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y del Observatorio contra el Contrabando (OCC), esos delitos requieren de más recursos para investigar y elaborar los expedientes que luego se conducen a los tribunales.

Enrique Lacs, director ejecutivo de la CGAB, dijo que el presupuesto de la fiscalía es de aproximadamente Q1 millón, y 15 fiscales asignados; pero consideró que el presupuesto de esa unidad del MP debe ser de al menos Q5 millones y duplicar el personal actual.

“Tenemos instituciones con poca capacidad de atacar estructuras poderosas y que pueden cometer los ilícitos sin un castigo oportuno”, expresó Lacs.

Para Luis Mazariegos, del OCC, no se trata únicamente del resarcimiento al Estado por los impuestos que se dejan de pagar, sino que va de la mano de otros delitos conexos, como la contravención de medidas sanitarias, y que no han tenido la inspección de las autoridades nacionales de su procedencia y registro, y hace que ingresen productos como huevos en estado de descomposición, medicamentos alterados o falsificados y alimentos a punto de caducar.

Los productos que más ingresan de contrabando al país son las bebidas alcohólicas, abarrotes, yogures, maíz, cigarrillos, galletas, cereales y gasolina, según datos del OCC.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a julio del 2020, calculó que ha incautado en productos de contrabando Q110 millones, y en ajustes de aduanas, Q198 millones.

A mediados del 2020 se dejaron de percibir Q2 mil 500 millones, según la SAT, por concepto de impuestos por defraudación aduanera y contrabando, indicó.

Incremento constante

Para Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la pandemia incrementó el contrabando en algunos sectores, especialmente el de medicinas y aceites; por lo tanto, ha venido a complicar la situación, “pero eso no quiere decir que no se estén haciendo los esfuerzos por combatirlo”.

En septiembre pasado, el Ministerio de Gobernación reveló que han incautado Q4.3 millones en mercancía ilegal, y aunque son cifras bajas, señaló Zepeda, se mantienen optimistas respecto de que con la reactivación económica y los puestos de control se logre un mayor control y mejoren los resultados.

Zepeda agregó que el impacto de ese ilícito representa el 30 por ciento de las ventas totales industriales del país, y enfatizó que todo esfuerzo por detener el contrabando se traduce en bienestar para la población y beneficio económico para el país.

Mazariegos enfatizó que la SAT implementa una serie de acciones, como los puestos de control cerca de las fronteras, y la meta es terminar seis este año, y el próximo año, otros seis.

“A finales de mayo, se estableció el de Pajapita, San Marcos, pero necesita el apoyo de las instituciones, y está también el MP, porque cada acción debe generar resultados para procesar el delito, verificar el transporte y hacer los peritajes en cada uno de los casos”, resaltó el ejecutivo.

Otras fronteras

Las autoridades han confirmado que la mayor cantidad de producto ilegal ingresa por México, especialmente por los pasos ciegos de las fronteras.

Lacs enfatizó la importancia de vigilar otros puntos y fronteras, por ejemplo, con Honduras y El Salvador, porque han observado incremento de mercancías ilícitas, que en su mayoría son lácteos.

El directivo señaló falta de control en algunos de los puertos, y por eso es el llamado, porque se observa relajamiento a favor de los contrabandistas.

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El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) la remitió a la Oficina de Atención Permanente para la designación respectiva.

Luego del análisis jurídico respectivo,  se  designó el expediente a la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.

La investigación que se traslada es la del hallazgo de 78 kilogramos de efedrina encontrados en una empresa vinculada al proceso; el cargamento está valorado en Q7.8 millones.

En el caso La Línea Consolidadores fueron ligados a proceso penal 11 personas el 10 de septiembre pasado.

El 17 de agosto pasado, el MP informó que abrió una investigación por supuesto tráfico de drogas contra la organización La Línea, que se dedicaba a la defraudación aduanera, luego que en allanamientos se incautó efedrina, sustancia para fabricación de drogas.

Añadió que en este nuevo caso de corrupción derivado de La Línea, se habría defraudado al Estado por más de Q14 millones.

La investigación revela que esta organización anómala estaba estructurada para mantener el monopolio y control absoluto en las aduanas del país y así defraudar al Estado.

Por el hallazgo de la efedrina el MP abrió la investigación por posible tráfico de drogas contra La Línea.

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Según autoridades, los condenados actuaron como usuarios del mecanismo de defraudación y cómplices del delitos por el que se les condenó.

Se les impuso la pena de tres años con cuatro meses de prisión (conmutables) y una multa de Q33 mil 333 cada uno

También la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, y se deja abierta la vía para que el Estado haga la reclamación correspondiente a la reparación por el delito cometido.

Los condenados

• Kyung Rang Hong
• IL Kim
• Mirna Lucrecia Montenegro Armas
• Zhonlang Huang
• Zhixiang Chen.

Antecedente

El 16 de abril del 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron un caso de defraudación aduanera en el que fueron señalados funcionarios de varias instituciones gubernamentales.

Altos mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria, del Gobierno de Otto Pérez Molina, fueron señalados en la investigación, así como el exsecretario privado de la Vicepresidencia.

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La Feci logró probar por medio de una investigación que Kim y Montenegro eran importadores de productos que usaron un sistema de defraudación de impuestos en aduanas que coordinó la red criminal la Línea, y que sus cabecillas son el exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Ambos empresarios realizaron los pagos de los impuestos defraudados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluyendo multas e intereses. El monto que pagaron los dos es de Q.899 mil 324.

Además, el juez, con la finalidad de mejorar su condición moral, les ordenó donar Q3 mil al Hogar de Ancianos “Casa María”, ubicado en San Felipe de Jesús, Sacatepéquez. Asimismo, les ordenó asistir a dos cursos de cultura tributaria en la SAT.

Más empresarios

En julio pasado fueron sentenciados 10 empresarios importadores, por el Juzgado de Mayor Riesgo B en el mismo caso.

El 1 de julio pasado, cinco empresarios implicados en el caso fueron condenados por medio del procedimiento abreviado. La pena impuesta fue de tres años con cuatro meses de prisión conmutables.

Los condenados ese días fueron Hugo Jo Hu, María Olimpia Oliva Vivar, Fang Meiyu, Augusto René Castillo López y Jae Uk An.

El 31 de julio fueron sentenciados otros cinco empresario y la pena fue de tres años y cuatro meses de prisión conmutables, además, una multa de Q33 mil 333.

Los empresarios condenados en juicio breve y que aceptaron la culpa fueron Miao Miao, Zoumin Mai, Eder Eli Leiva Hernandez, Antoun Batach Mksoud y Sookhwa Jung.

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Según informó la SAT, el uso del marchamo es obligatorio y los importadores deberán pagar US$75 unos Q577 por cada dispositivo.

El aparato será colocado en las puertas de los contenedores y furgones para el control.

Werner Ovalle, Intendente de Aduanas, informó que la SAT busca erradicar que “comerciantes evadan impuestos y se promueva la defraudación aduanera”.

“Dentro de los temas que en su momento se detectaron es que no ingresaban la mercancía no nacionalizaban la mercancía aquí en el Depósito Aduanero Temporal si no que utilizaban un almacén fiscal y en el camino en algunos casos se tuvo conocimiento se denunció que precisamente abrían las puertas y bajaban la mercancía y esto de alguna forma es una forma directa de generar defraudación del estado porque ya no se está pagando el impuesta en la totalidad de las mercancías”. resaltó Ovalle.

La SAT también informó que los dispositivos serán instalados en los contenedores de los importadores que no pague los impuestos en la aduana o efectúe el pago en la aduana central o los depósitos aduaneros temporales.

Ovalle detalló que con  este sistema de monitoreo en tiempo se evitará que los tráileres que transportan los contenedores no se salgan de la ruta fiscal autorizada.

“El marchamo electrónico que es una tecnología que utilizan aduanas de primer nivel y es parte del modelo que hemos utilizado nosotros”, comentó Ovalle.

Marco Livio Díaz, Superintendente de Administración Tributaria, informó que la empresa Corporación Disatel, S. A. fue designada como Entidad Prestadora del Servicio de Marchamo Electrónico.

“Esta tecnología se va a implementar en todas las aduanas y se colocarán de ahora en adelante a todos los furgones que no han pagado impuestos y que viajan a otro destino”, aseguró el

Yod Zaida García, Subdirectora General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, manifestó que la implementación de esta tecnología fortalece los esfuerzos en seguridad para el transporte de las mercancías.

Se prevé que en las próximas semanas en plan se instala en toda la aduanas terrestres y marítimas del país.

Aduanas donde funcionará el marchamo electrónico.

• Aduana Central.
• Central de Aviación, Aeropuerto Internacional La Aurora.
• Ciudad Pedro de Alvarado.
• El Carmen.
• Express Aéreo.
•  La Ermita.
•  Puerto Barrios.
•  Puerto Quetzal.
•  Santo Tomás.
• Tecún Umán.

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El valor de las mercancías contrabandeadas representa el 3.8% del PIB nacional, equivalente a la pérdida de crecimiento económico entre 0.7% y 0.9%, según un estudio de estimaciones usuarias de contrabando para el 2019, elaborado por Central American Business Intelligence y presentado por Cámara de Industria.

Según representantes de la cámara, esto repercute negativamente en la creación de empleo, inversión y evidentemente en la recaudación de impuestos del Gobierno.

“El contrabando no es un tema meramente económico, sus efectos negativos están impactando a todos los guatemaltecos en temas de salud, estabilidad laboral y como vimos la semana pasada con los disturbios en las aduanas de Tecún Umán, San Marcos, también está poniendo en riesgo la integridad y vida de las personas” comenta Eduardo Girón, presidente de Cámara de Industria de Guatemala.

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Para Girón, es indispensable la intervención del Estado para poder contrarrestar el comercio ilícito en los puntos fronterizos más vulnerables del país.

El líder gremial llamó a fortalecer instancias como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Ministerio de Gobernación, de Salud, y de la Defensa Nacional.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG afirma que el fenómeno del contrabando se originó desde hace tiempo, pero tomó mayor fuerza a partir de abril del 2018 cuando el peso mexicano confirmó su nivel de 20 pesos mexicanos por dólar.

Según Zepeda este diferencial cambiario junto a fronteras porosas y redes de corrupción y contrabando, han facilitado el ingreso de productos contrabandeados.

Golpe a la recaudación

De acuerdo al estudio, principalmente es un IVA doméstico el que no se recauda debido a que el contrabando desplaza compras legales y formales en los diferentes sectores donde se producen, mayoritariamente en el sector industrial y de comercio.

Paulo de León de @CABIconsulting, afirma que en el estudio se estima que el valor de la mercancía contrabandeaba se ubica entre 27 mil y 31 mil millones para el año 2019, en donde la recaudación de SAT caerá en 1 mil millón por tema de contrabando. pic.twitter.com/Nc4tSvsvXR

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) November 18, 2019

“En términos generales, el IVA debe crecer lo que crece el Índice Mensual de Actividad Económica -IMAE-, más lo que crece la inflación, es decir, 3% y 4% en promedio respectivamente. Sin embargo, el crecimiento de la recaudación del IVA cae por debajo del crecimiento del IMAE. Actualmente se crece a un ritmo de Q300 millones anuales en materia de IVA doméstico” indicó Paulo de León, Director de Inteligencia de CABI.

El cálculo del CABI indica que la recaudación total caerá por encima de los Q1 mil millones este año por el contrabando.

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Buscan contrarrestar actividad criminal

La temporada navideña marca también un incremento de ingreso de contrabando y producto falsificado, mismo que pone en riesgo la salud de los consumidores.

La Cámara de Industria anunció que lanzará una campaña a través de distintos medios de comunicación.

“Erróneamente se considera que al comprar producto de contrabando estamos hablando de ahorro familiar, pero este falso “ahorro” es el que afecta posteriormente a los mismos guatemaltecos cuando vemos todas las necesidades de salud, educación, infraestructura y otros que hay en el país, dijo Zepeda.

“El verdadero costo de los productos de contrabando finalmente lo pagamos todos. Precisamente de esto hablan las distintas piezas de la campaña” concluyó.

La Cámara de Industria es miembro del sector privado participante en la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera -Coincon-, y se añadió que serán fortalecidas para poder aportar herramientas y nuevas estrategias de concientización destinadas a la población guatemalteca en torno a los riesgos de salud, valores e integridad.

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Existe un monto proyectado que se puede recuperar entre Q7 mil a Q8 mil millones, con implementar acciones administrativas y operativas por parte de las autoridades para contrarrestar este flagelo, manifestaron representantes de sectores productivos como analistas consultados.

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Las acciones deben de estar dirigidas en ejercer un mayor control el servicio aduanero, donde operan las estructuras criminales, así como en la economía informal donde se comercializan esos bienes.

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La cantidad estimada a recuperar representa la mitad de lo que se cree que se deja de percibir, que según un estudio de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), del 2017, el monto del contrabando y la evasión aduanera es de unos Q17 mil 275 millones.

Frentes de combate

Mientras, la estimación de la Productividad, Eficiencia e Incumplimiento del impuesto al valor agregado (IVA) en el 2018, fue del 37.9%, que representó unos Q16 mil 566.8 millones.

En el IVA se incluye tanto el doméstico (que se capta por medio del consumo en la economía) como el de importación (que es el que se paga por la internación de las mercancías.

Pero, los consultados, aseguran que no solo en el IVA existe el impago, sino también el impuesto sobre la renta (ISR) y que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentará el informe de incumplimiento a finales de año; es decir se determinará la cantidad que es el potencial para cobrar, pero no se recauda.

En el proyecto del presupuesto para el siguiente año que presentó el Ministerio de Finanzas, la semana pasada, el monto de ingresos fiscales será de Q67 mil millones y se contratará una deuda bonificable por Q17 mil 238 millones, que es mayor en Q3 mil 031 millones a la del 2018.

Mientras que por la vía de préstamos el monto alcanzará los Q2 mil 586 millones.

Acciones puntuales

Desde el sector privado se demanda implementar acciones concretas para reducir el contrabando y la defraudación aduanera para elevar la recaudación tributaria.

Con un nuevo gobierno y dadas las circunstancias que el proyecto del presupuesto se presenta desfinanciado, se tendrá que hacer la lucha frontal, explicaron.

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) citó como ejemplo que en las próximas semanas se implementará un puesto de control interinstitucional en el municipio de Pajapita, San Marcos, para el control del contrabando y el ingreso de mercancías ilícitas.

El objetivo, explicó es que se verificará las mercancías que ingresan con puestos estratégicos y en este caso a 35 kilómetros de la frontera con México.

“En ese puesto y en comparación con la embajada americana se crearán los puestos de control y los escaneos de los vehículos que transporten bienes”, indicó el presidente de la CIG.

Agregó que hay otras acciones que se llevarán a cabo, pero es insuficiente para poder recuperar la brecha en los ingresos planteados en el presupuesto.

Para Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), una de las acciones más profundas es  incrementar las asignaciones presupuestarias para las instituciones que combaten estos ilícitos y parecería (según él) que en el próximo año no se contarán con los recursos suficientes para atender las investigaciones con los mínimos.

En ese orden, dijo que se deben fortalecer las instituciones con mayores presupuestos para la Fiscalía contra el Contrabando, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil, o la unidad de inteligencia de la SAT, así como los juzgados especializados en Materia Tributaria del Organismo Judicial.

“Hay que invertir un poco en estas instituciones y como Estado, para poder recuperar unos Q8 mil millones ante la falta de recursos”, dijo Lacs Palomo.

Girón añadió que también se debe trabajar en la economía informal y formalizar a los comercios.

Ambos consultados aseguraron que solo la SAT no cuenta con la capacidad para hacer frente a estos ilícitos y se necesita una coordinación institucional.

Los acercamientos para trabajar en estos temas el próximo año, se han desarrollado con el vicepresidente electo, Guillermo Castillo Reyes, quien conoce sobre la realidad del sector privado y la necesidad de atenderlo, aseguraron.

Márgenes de recuperación

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes y Érick Coyoy, analista de Asíes, coincidieron en que existen márgenes de incrementar la cobranza con los controles en las aduanas para reducir la brecha fiscal.

Aunque en el presupuesto se presentan las mismas variables de ingresos y gastos, existen posibilidades de incrementar la recaudación y no continuar con el endeudamiento.

“Se pueden mejorar los ingresos al combatir la defraudación aduanera y el contrabando, pero es algo que la SAT no lo logra superar, porque implica tener mayores controles, bajo un régimen sistematizado en las aduanas, que en la actualidad no existe”, argumentó Paredes.

Con tan solo recuperar de ingresos unos Q8 mil millones, podría cerrar la brecha y tendría un impacto positivo en los egresos del 40%.

Coyoy comentó que en este año el IVA importación es el que muestra una caída y en teoría hay margen de recuperar por la vía de los controles en las aduanas para contrarrestar el contrabando y la defraudación.

“Es un área donde hay margen de incrementar la recaudación y dependerá de los programas que se implemente. Uno de los problemas es que se cuentan con los planes, pero no se ponen en marcha pronto y es”, enfatizó.

Ambos analistas expusieron que la misma situación se presenta en el ISR y son impuestos que se están perdiendo en la cobranza, así como en su dinamismo.

Casi el 70% de los ingresos del presupuesto provienen del IVA y el ISR y esos rubros cada vez crecen menos cada año es decir a ritmos menores y se traen los ingresos totales.

Para este ejercicio se proyecta que el cierre de la carga tributaria será del 9.75%, que es la relación de ingresos fiscales con respecto al PIB.

Los dos impuestos dependen de la actividad económica del país, pero están creciendo menos.

Planes a corto plazo

Victor Manuel Martínez, ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la SAT, afirmó que se están implementando varias acciones para recuperar los ingresos tanto en el IVA como en el ISR, con apoyo internacional.

Enumeró que existe el plan Modernización Integral Aduanera (MID) que cuenta con un presupuesto de Q498 millones y se trabajará en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una agencia de los Estados Unidos y la CIG.

1. El programa cuenta con cuatro puntos de acción.
2. El primero consiste en puntos de control institucional que tendrá una inversión de Q72 millones.
3. Centros de comando con Q24 millones.
4. Fortalecimiento de la aduana central con Q76 millones.
5. En modernización, fortalecimiento e instalaciones aduaneras, Q325 millones.

Además, existe la contratación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el fortalecimiento de la estructura aduanera, que tendrá acciones bilaterales con México y El Salvador y se firmará un acuerdo conjunto.

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También con Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., (CBP) para un convenio de intercambio de información aduanera sobre las mercancías.

“Los análisis que hay es que la SAT puede tener un desempeño óptimo en el 12% de la recaudación y en la actualidad está en el 9.9% que es una combinación entre impuestos domésticos y comercio exterior”, subrayó.

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Luego de varios años de discusiones y tratamientos, se concluyó con una norma de trabajo entre el sector público-privado.
Por medio de acuerdo gubernativo, se dio vida a la política nacional 2018-2028, en agosto pasado.

La actividad ilegal deja por lo menos Q17 mil millones que el fisco no logra percibir cada año, según los estudios, y que valida el documento.

Contenido

Cuatro ejes, cinco lineamientos estratégicos y 32 acciones son los frentes que buscarán contrarrestar la defraudación y el contrabando aduanero en los próximo diez años en que estará vigente la normativa.

Los cuatro ejes definidos son:  prevención y combate de la defraudación y el contrabando aduaneros, así como la transparencia y combate de la corrupción y fortalecimiento tributario.

“Con estos ejes de trabajo se espera prevenir y combatir prácticas ilegales en el territorio nacional, incrementar la recaudación proveniente de tributos de comercio exterior y coadyuvar con el Estado para la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad”, señala el documento.

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Las acciones previstas se plantean al corto plazo —uno a tres años—, mediano —tres a cinco años— y largo plazo —cinco a 10 años—, que involucra tanto a instituciones públicas como privadas.

Por el lado del contrabando, el lucro constituye el principal incentivo económico para no pasar por control aduanero, la utilidad que obtienen los contrabandistas es mayor al riesgo de ser perseguidos por este ilícito, permitiéndoles competir en mejores condiciones en cuanto a los precios y demanda de las mercancías, en detrimento de quienes cumplen con los requisitos tributarios y no arancelarios.

Visión estratégica

Werner Florencio Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), expuso que la política cuenta con elementos estratégicos, fortalecer la cultura tributaria y atacar la defraudación y contrabando desde una manera institucional.

Una réplica de un vehículo "Transformer" que es utilizado para espectáculos en circos fue transportado por el Río Suchiate de Guatemala hacia Ciudad Hidalgo México este viernes. Elementos de la Policía Fronteriza lo incautaron. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/wrBkg1Hv2C

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) September 15, 2018

“Se está apostando con diferentes ejes, tecnología y operativos, con un esfuerzo con todas las instituciones. El valor agregado es trabajar en acciones de prevención en algunos lugares fronterizos”, puntualizó.

El intendente resaltó que existe un mayor esfuerzo en los lugares fronterizos con México, pues se calcula que el 90% del contrabando proviene de ese país, por el tamaño de la economía —producción—  de ese país y por la variación del tipo de cambio del peso frente al quetzal.

Seguridad

El intendente añadió que la política tiene un mayor énfasis en el componente de seguridad, ya que las estructuras que movilizan las mercancías ilegales también trasiegan drogas, armas, trata de personas y otros productos ilícitos.

El analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) Érick Coyoy  destacó que el contrabando y la defraudación no se deben ver  solo como un tema tributario, sino   de seguridad nacional, por las estructuras ilegales que los administran.

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“Debe haber una intervención en las aduanas y los puertos para erradicar a las estructuras criminales que por años mantienen el control de la evasión”, enfatizó.

Una investigación de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), de junio último, reveló la existencia de tres nuevas rutas que los contrabandistas están utilizando para ingresar las mercancías y evitar la incautación del producto.

“Las mafias están utilizando mecanismos alternos y desarrollando su logística para mantener el comercio ilícito y de otras actividades fuera de la ley”, refiere el documento.

Coyoy destacó que   la SAT no puede “combatir” sola el contrabando y la evasión, por lo que se necesita un apoyo institucional para hacerle frente.

Altas ganancias

La política identifica el modus operandi de las estructuras que se dedican a ese delito, así como las causas que lo incentivan.

Además cuenta con diagramas de las bandas que se dedican al trasiego.

“La obtención de mayores ganancias es la principal motivación para que se continúe con la defraudación aduanera”, indica el documento.

Agrega que “el hecho de ahorrarse el pago total o parcial de tributos de comercio exterior permite incrementar las ganancias por las mercancías ingresadas, aunado al bajo nivel de percepción de riesgo con relación al beneficio económico que se obtiene”.

En el caso del contrabando expone: “El lucro constituye el principal incentivo económico para no pasar por control aduanero, la utilidad que obtienen los contrabandistas es mayor al riesgo de ser perseguidos por este ilícito, permitiéndoles competir en mejores condiciones en cuanto a los precios y demanda de las mercancías, en detrimento de quienes cumplen con los requisitos tributarios y no arancelarios”.

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Además de la falta de control y presencia de autoridades en los cruces no controlados —peatonales, vehiculares y pluviales— constituye un incentivo para el ingreso de mercancías, evitando el pago de los tributos respectivos y los trámites no arancelarios.

Las organizaciones cuentan con sus sistemas de organización sofisticado y cadena logística.

El intendente Ovalle resalta que la política se desarrolló pensando en involucrar a las autoridades locales, generar esfuerzos con el sector privado y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Aportes

Enrique Lacs  Palomo, director ejecutivo de CGBA, explicó que uno de los aportes valiosos de la política es que coordina las acciones y crea el marco para que la SAT, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público cuenten con un marco legal para poder actuar y de esta puedan salir otras iniciativas que requieran una aprobación del Congreso. como por ejemplo la ley del contrabando que se está promoviendo.

“Con la política pueden surgir otras leyes con mayor músculo para atacar el flagelo”, afirmó.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), subrayó que la implementación de la política tendrá como resultados combatir el flagelo de una forma más coordinada con otras instituciones.

“Existirá un cúmulo de información para hacer los análisis y combatir el problema que está impactando a las empresas”, afirmó el dirigente de la CIG.

Lineamientos estratégicos

Se   propone una    trazabilidad en el ámbito del comercio exterior, sector justicia y seguridad, y fomento económico local.

Cultura y actitud

Se persigue cambiar la actitud que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que las ejecutan, fomentando la armonía entre el respeto a la ley, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y no arancelarias.  En general se busca crear un cambio de cultura de cumplimiento.

Desarrollo

La propuesta propone coadyuvar en la implementación de planes de desarrollo que privilegian las zonas fronterizas y zona de adyacencia con Belice. Coordinar con los entes responsables de la ejecución de programas de desarrollo, la facilitación de diversos tipos de apoyo, con el fin de mejorar condiciones de vida de esas poblaciones.

Justicia

Fortalecer la coordinación interinstitucional y el sector justicia en materia de defraudación y contrabando. Privilegiará el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de velar por la prevención y combate de esos ilícitos, promoviendo un sistema de incentivos y sanciones que garanticen la aplicación de justicia.

Facilitación

Se implementará la facilidad del comercio exterior a nivel nacional. Fomentará el combate de la corrupción y la impunidad, mejorando el control y supervisión a los actores de la cadena logística de comercio exterior, provocando en un mediano y largo plazo el incremento de esta actividad.

Actualización

Promover la eficacia del marco legal en materia de defraudación y contrabando aduaneros. Se velará por la actualización de la legislación, normas y procedimientos aplicables al comercio exterior, así como de la armonización del corpus legal nacional con acuerdos internacionales en la materia.

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“En la investigación logramos establecer que los defraudadores usan empresas de fachadas y de cartón que únicamente existen documentalmente. Quienes figuran como representantes legales de dichas entidades, en algunos casos, les ha sido usurpada la identidad y en otros casos lo han hecho quizás un poco más por necesidad“, dijo Melvin Silvestre, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos.

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Silvestre advirtió de que estas identidades usurpadas pueden aparecer incluso en actas notariales como las personas a las que, supuestamente, son endosadas las mercancías importadas.

Esta modalidad se descubrió cuando se verificó que varias de las direcciones reportadas por los registros pertenecían a domicilios particulares u oficinas que no tienen nada que ver con importaciones o eran de otra índole.

Las estructuras defraudadoras usan esta modalidad para ocultar la identidad de quien realmente está ingresando las mercancías en las aduanas en forma fraudulenta, enfatizó el MP.

Los operativos para neutralizar a la estructura se llevaron a cabo en Suchitepéquez, Izabal, Jutiapa, Quetzaltenango, Mazatenango y Guatemala.

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El monto de lo defraudado, entre el 2014 y 2017, sería de Q38 millones 853 mil 127.77, correspondientes a 472 importaciones.

Capturas

• Julio César Emmanuel Miranda González, representante de una empresa de fachada.
• Sergio Rodolfo Velásquez Visquera, agente aduanero.
• Edgar Leonel Larios Chitay, agente aduanero.
• Raúl De León Mazariegos, agente aduanero.
• Luis Eduardo Quezada Zúñiga, trabajador de la SAT.
• Boris Israel González López, trabajador de la SAT.
• Carlos Alberto Gudiel Marín, trabajador de la SAT.
• Ronaldo Rubén Morente López, trabajador de la SAT.
• Karla Angela Romero, empresa de importación y distribución de mercadería.
• José Irene Escobar Castellanos, Copral, S.A.

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Crime Stoppers International es una institución no gubernamental, nacida en Estados Unidos en el año de 1976, por medio de la cual la población ha compartido información anónima sobre delitos o personas con orden de captura vigente, fortaleciendo de esta manera la cultura de la denuncia ciudadana.

En Guatemala trabaja desde octubre de 2017 desde el sitio web www.tupista.gt en donde se han logrado recolectar importantes cantidades de pistas y valiosas para la realización de allanamientos exitosos ejecutados por (DIPAFRONT) PNC y el Ministerio Público.

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Pasos para denunciar:

• Ingresar a la página www.tupista.gt
• Ir a la pestaña de contrabando
• Ingresar datos y características de la persona sospechosa

• Luego que terminó la denuncia le aparecerá un número de pin y clave para que pueda seguir la pista de su denuncia
• El sitio garantiza que la denuncia es totalmente anónima

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El informe resalta que la falta de dicha vitamina es lesiva para la salud, puesto que estudios y análisis demuestran que causa ceguera en adultos y en los niños falta de crecimiento.

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La Fiscalía detalla que dicha organización criminal coordinaba sus operaciones desde la ciudad de Guatemala utilizando distintas sociedades para hacer parecer legitima la importación y comercialización del azúcar proveniente de Honduras ingresando por la Frontera el Florido y posteriormente comercializándola en distintos puntos de la ciudad de Guatemala.

El juicio inició en junio de este año y  durante la jornada de este día, la Fiscalía iniciará hoy con la etapa de conclusiones donde solicitará las penas de cárcel en contra los siete implicados.

• José René Fuentes Perdomo
• Manuel Vicente Flores Recinos
• José Agustín Roca Estrada
• Marco Tulio Araujo Arce
• Wilfredo Raymundo Guerra
• Estuardo Manuel Fuentes Ramos
• Claudia Dinora Chinchilla Zeceña

 
Los delitos que ellos enfrentan son, asociación ilícita, defraudación aduanera en delito continuado, defraudación tributaria y envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal.

Durante estos cinco meses de debate se reprodujeron mil escuchas telefónicas que establecen por medio de los audios la forma de operar y coordinar los hechos ilícitos de los sindicados.

En el debate también la Fiscalía presentó la declaración de un testigo presencial quien detalló la forma en que los sindicados comercializaban el azúcar en territorio guatemalteco la cual era procedente de Honduras.

Asimismo, han sido ostentadas las declaraciones de 16 testigos y cuatro peritos, diversas pruebas documentales, videos y fotografías de la forma en que la organización ingresaban el azúcar al país y la manera que la procesaban.

Entre las sociedades guatemaltecas, según el MP, figuran Grupo de Representaciones Marinas, S.A, (Grupesa) comercializadora R&R S.A, Tiamat, Comercializadora Araujo, Mundo Natural, Sulneco S.A, Comercializadora ST, Vivien Paule S.A.

En Honduras era distribuida el azúcar por Central de Ingenios S.A de C.V (Cisa) Expoali, Geasa y Tiamat Export, las cuales eran utilizadas para hacer parecer legitima la importación y comercialización del azúcar, dichas comercializadoras fueron creada por dicha estructura.

Así operaban

La estructura operaba inicialmente ingresando el azúcar al territorio nacional en compartimientos ocultos dentro de camiones cisternas en los cuales se declaraba y pagaba el impuesto en aduana correspondiente al producto denominado Agua Miel, obviamente declarar y pagar el impuesto correspondiente al azúcar oculta dentro de las referidas cisternas.

Posteriormente los sindicados cambiaron la forma de operar procedente a ingresar el azúcar al territorio nacional en el interior de contenedores de gran tamaño denominados “Jumbos” por los cuales dicha estructura declaró y pagó el impuesto en aduana correspondiente al producto denominado “Emulsificante para la Industria Alimenticia” sin embargo dicho producto no era el que ingresaban.

Según las pesquisas este consistía en una mezcla de harina y azúcar que se preparaba en la república de Honduras y posteriormente el azúcar era separado de la harina en el territorio nacional.

El azúcar trasladado a sacos con maquinaria industrial para la comercialización, obviando las normas establecidas en la ley con lo cual pusieron en riesgo la salud de los habitantes de la república de Guatemala y evadieron el pago de los tributos correspondientes.

Con estos hechos por medio de métodos y técnicas modernas de investigación permitieron determinar una pérdida al Estado de Q33.6 millones, entre enero de 2013 a marzo de 2015.

El otro lado de La Línea

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“A criterio de su servidor, existe probabilidad relacionada con el señor Otto Fernando Pérez Molina y la señora Ingrid Roxana Baldetti”, expresó Gálvez.

El fallo agrega que Salvador González, alias Eco, fue el enlace entre los líderes de La Línea, los operadores y los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La Línea fue catalogada por el juez Gálvez como una “compleja estructura organizada” en las aduanas del país.

¿Cuánto dinero? No se sabe

“Debido a las formas de operar de la organización criminal ha resultado imposible determinar su verdadero monto”, indicó el juez Gálvez para resaltar que hasta el momento no se sabe a cuánto asciende el dinero producto la defraudación que La Línea hizo al Estado guatemalteco.

Las investigaciones contra la estructura comprenden el periodo de mayo de 2014 a abril de 2015. Estaba conformada por una “cantidad considerable” entre particulares y funcionarios.

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Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti

Según la resolución del juez Gálvez, a mediados de 2013 ambos actuaron de mutuo acuerdo para encomendar la organización de la estructura que se encargaría de la recolección de sobornos en las aduanas.

En el segundo semestre de ese año, Baldetti se reunió con Eco para que se hiciera cargo de sus negocios, y posteriormente fue convocado de nuevo por la ex vicemandataria, pero ahora en conjunto con Juan Carlos Monzón Rojas, para que se reuniera con Pérez Molina.

En principio hablaron sobre temas relacionados con la SAT, pero el verdadero objetivo de la reunión con el exgobernante era planificar el control externo de las operaciones en las aduanas Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y la aduana Central.

Después, con mediación de Baldetti y Monzón Rojas, el exmandatario Pérez Molina organizó otro encuentro con Eco para presentarlo con Carlos Muñoz, en ese entonces jefe de la SAT, con lo cual dio inicio la conformación de La Línea.

“La dirección, supervisión y control que Pérez Molina ejercía a través de Eco y otros funcionarios de la SAT, con el acuerdo de Baldetti, son los que permitieron e indujeron que la organización delictiva recaudara sobornos en perjuicio de la administración tributaria”, dijo Gálvez.

Baldetti acumuló un patrimonio económico de Q5.5 millones de mayo a octubre de 2014, que no correspondía con su salario como vicepresidenta, y hasta el momento no ha justificado su procedencia.

Claudia Méndez

A mediados de 2013, la ex Intendente de Aduanas se aprovechó de su puesto para permitir la operación de la estructura.

Se reunió con Eco y Osama Aziz Aranki para coordinar los cambios de funcionarios en las aduanas solicitados por los líderes de la estructura externa.

Los nuevos nombramientos fueron para hacer los cobros anómalos en las rampas y la recolección de los sobornos, de los cuales entregaban el 61 por ciento a Eco. Este se quedaba con un porcentaje y el resto lo entregaba a Juan Carlos Monzón para repartirlo a los demás integrantes de La Línea.

Con el cambio de Carlos Pinzón, exjefe de Recursos Humanos de la SAT, el porcentaje que le correspondía fue agregado a Juan Carlos Monzón.

Gálvez señaló que la actuación de Méndez fue indispensable para el funcionamiento de la estructura, ya que nombró personal que actuarían a favor de La Línea en las aduanas.

Méndez indujo al gerente de Recursos Humanos de la SAT para nombrar administradores técnicos aduaneros, supervisores y verificadores. También cambió mandos medios, como jefe regional y jefe de operaciones, puestos claves para que La Línea operara.

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También influyó en la sustitución de Carlos Muñoz, con quien no podía trabajar en confianza y él podría entorpecer las operaciones de la estructura.

La exfuncionaria recibió el 18 de julio de 2014 un cinco por ciento del total de la recolección de los sobornos, dinero que le fue entregado a través de Eco y Monzón Rojas.  A Eco también le solicitó que le ayudara en la entrega de camionetas que serían adquiridas por la SAT.

Carlos Muñoz

Enfrentará juicio únicamente por asociación ilícita. Tuvo conocimiento de la organización y no hizo nada por evitar involucrarse o denunciarlo. Terminó siendo un enlace con otros miembros de La Línea.

“Con una de esas cosas porque no se hace un lado y deja todo”, le dijo Gálvez.

Sus acciones dentro de la SAT beneficiaron a varios funcionarios aduaneros, sin los cuales no hubiera sido posible la operación de la estructura y él lo sabía.

Se reunió con el enlace y jefe de la estructura externa y convino trabajar a favor de La Línea.

Omar Franco

El también exjefe de la SAT se reunió a mediados de 2014 con altos mandos de la estructura externa, a quienes les manifestó su intención de pertenecer a la organización criminal.

Recibía mediante Juan Carlos Monzón el 5 por ciento de los sobornos. “Permitió e indujo a la defraudación aduanera”, señala la resolución.

En el ambiente rondaba la incertidumbre porque las propuestas de los candidatos no lograron convencer a la mayoría, la legitimidad del padrón estaba en entredicho, había amenazas de disturbios en regiones con acarreo de votantes y la ola de criminalidad azotaba el país. Se temía que al conocerse los resultados de los comicios podría desatarse una avalancha de impugnaciones de candidatos a diputados y alcaldes que quedaron fuera de la contienda, por ser contratistas del Estado, por denuncias o errores en asambleas de los partidos.

Escenario

De los 28 partidos políticos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), 18 postularon candidatos y solo 10 presentaron binomios presidenciales, de los cuales nueve tenían ideología de derecha y únicamente la candidata Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, se postuló por una coalición de partidos de izquierda.

El principal ofrecimiento de campaña de todas las organizaciones políticas era continuar con los programas sociales implementados por el gobierno saliente, pero también mejorar los índices de seguridad ciudadana y combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Comicios atípicos

Los comicios se salieron de lo común en ese entonces porque más de un centenar de candidaturas tuvieron que decidirse en las cortes, incluidas las aspiraciones presidenciales de la ex esposa del presidente Álvaro Colom, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el ex pastor evangélico Harold Caballeros, quien fue inscrito pocos días antes de las elecciones.

Los ojos del mundo se enfocaron en Guatemala cuando Torres se divorció del actual mandatario, ante la negativa de las cortes de ordenar su inscripción presidencial por fraude de ley. Por primera vez el partido gobernante no presentó aspirante presidencial e intenó posicionar a sus diputados y alcaldes.

Otro hecho histórico fue que por primera vez los ciudadanos acudieron a las urnas electorales con dos documentos de identificación: Cédula de Vecindad y el Documento Personal de Identificación (DPI).

Violadores de la Ley

El proceso electoral se inició antes de que el Tribunal Suprpemo Electoral (TSE) diera el banderazo de salida, debido a que la mayoría de partidos se anticiparon a hacer campaña y, aunque todos fueron sancionados, ninguno pagó la multa porque apelaron en la Corte Suprema de Justicia.

Organizaciones civiles y observadores electorales criticaron a los candidatos porque violaron la ley en reiteradas ocasiones, sin que el TSE pudiera castigarlos con medidas drásticas. El Partido Patriota, que lideró las encuestas de intención de voto, llegó a la primera vuelta como la organización con más multas; incluso en la recta final de campaña fue amonestado en forma pública por el TSE por haber rebasado el techo de campaña en Q10.5 millones, por lo que no podía hacer campaña si pasaba a la segunda vuelta.

Jóvenes y mujeres

La participación de las mujeres también marcó los comicios. Las féminas representaron el 50.9 por ciento del padrón electoral y en los binomios presidenciales se contaban dos aspirantes a la primera magistratura y tres más que buscaron ser vicepresidente. Los jóvenes también fueron relevanes, ya que más de 19 mil personas de 18 a 35 años de edad se postuaron como aspirantes a cargos de elección popular.

Resultados

La población guatemalteca atendió el llamado de asistir a tempranas horas de la mañana, para evitar la lluvia, por temor a que pudiera caer durante la tarde. Pasado el mediodía, el TSE afirmó que el 50 por ciento de los ciudadanos empadronados ya había votado. Algunos detalles se hicieron notar en los diferentes centros de votación, como la lentitud de las juntas receptoras de votos, instalaciones no aptas para discapacitados y algunos fiscales de partidos que se quejaron por no haber recibido el pago ofrecido.

Como se había proyectado en las encuestas de intención de voto, los candidatos a la Presidencia por los partidos PP y Líder obtuvieron la mayoría de votos. El PP obtuvo 36.1 por ciento de votos, equivalente a 2.3 millones 979 mil votantes, y Líder, el 22.68 por ciento, o sea 1.9 millones de votos. En tercer lugar se ubicó el candidato de Creo, Eduardo Suger, quien obtuvo un 16.62%, equivalente a 735 mil 728 votos.

En la mayoría de departamentos dominó el PP, al igual que Líder en el segundo lugar, aunque en el departamento de Guatemala fue notable el voto por Eduardo Suger.

Un dato interesante es que el TSE dio a conocer resultados oficiales cuatro días después de los comicios.

La segunda vuelta para elegir al Presidente de la República se realizó el 9 de noviembre de 2011. Fue ganada por el PP con 2.3 millones 979 mil votos, 53.74 por ciento del total de votos válidos contra los 1.9 millones 81 mil tres votos, 46.26 por ciento del partido Líder.  El binomio del PP formado por el general retirado Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías gobernarían el país del 14 de enero de 2012 al 14 de enero de 2016.

Paradójicamente, el partido gobernante se había caracterizado por la oposición al partido saliente, la UNE, en temas de corrupción y transparencia. Lo que nunca imaginó es que a meses de finalizar el periodo Pérez y Baldetti serían procesados por su presunta participación en la red de defraudación aduanera denominada “La Línea”. Otros altos mandos de instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Superintendencia de Administración Tributaria también fueron sindicados de pertenecer a esa estructura y a otras paralelas dedicadas al lavado de dinero y contrataciones anómalas.

El régimen de Pérez Molina terminó con un gabinete casi disuelto, un partido fragmentado y la indignación de miles de guatemaltecos que se sintieron traicionados.

Grandes mafias

“Combatir las mafias es el objetivo”

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El puerto Santo Tomás de Castilla es el segundo más importante de Guatemala en el mar Caribe y es la conexión directa con Estados Unidos, el principal mercado del país, sobre todo con los puertos de Miami.
 
En el primer cuatrimestre del año, Santo Tomás reportó un movimiento de carga de 3,1 millones de toneladas métricas y una recaudación de Q1 mil 14 millones (137 millones de dólares)

EDITORIAL

Mafias aduaneras no ceden terreno

Abel Cruz Calderón, intendente de Recaudación, explicó que la información es falsa y que la SAT no ha emitido ninguna circular para la adquisición de cinco mil cartillas para que los empresarios tengan un libre tránsito de mercancías en la región.

“Toda información que no se genere desde nuestro sitio oficial se considera falsas”, advirtió el intendente.

Cruz Calderón explicó que está en investigación el origen de la información. Pidió a los usuarios no hacer ningún depósito monetario a cuentas para la adquisición de una cartilla.

Bajo ataque

La SAT ha tenido constantemente problemas en los sistemas informáticos por sabotajes hechos por hackers.

Esto provocó que la semana pasada se interpusiera una denuncia al Ministerio Público para investigar a las personas o grupos que lo estén haciendo.

Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, explicó la semana pasada que el objetivo de estos ataques es saturar  la red para evitar que los sistemas sean lentos y retardar los procedimientos del pago de impuestos y las declaraciones de impuestos.

“Están provocando una congestión de los sistemas, que paraliza las operaciones sobre todo en las aduanas”, afirmó Solórzano Foppa.

Además, fueron halladas dos cabezas y un cuero de antílope, un cuero de búfalo, una cabeza de alce y una cabeza de venado americano.

 Agenes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y fiscales del Ministerio Público (MP) embalaron y trasladaron las partes de animales encontradas.

Armamento y un capturado

En ese mismo allanamiento, realizado en la Calle Real Rejón 4, aldea El Rejón, fueron decomisadas armas de fuego de alto calibre, municiones, teléfonos móviles y equipo de cómputo.

En esa residencia fue detenido el empresario Julio César Orellana Velásquez, señalado de importar mercadería sin pagar impuestos.

Esto fue lo encontrado en la vivienda:

1. 150 municiones útiles calibre 223
2. 192 municiones útiles calibre 12
3. 270 municiones calibre 9mm
4. 683 municiones calibre 40
5. 342 municiones calibre 22
6. 194 municiones calibre 22 Magnum Especial
7. 1 ballesta con 84 flechas
8. 1 rifle con mira telescópica
9. 1 mira telescópica
10. 1 rifle marca Winchester
11. 1 rifle marca Winchester
12. 1 revolver marca Rossy
13. 1 pistola de viento
14. 1 rifle con mira
15. 1 pistola marca Caspian con 2 tolvas
16. 1 fusil
17. 1 cuchillo marca Timber Wolf
18. 1 pistola marca Kevin con una tolva
19. 1 iPad marca Apple
20. 1 Tablet marca Apple
21. 1 celular iPhone marca Apple
22. 1 iPhone marca Apple
23. 1memoria USB
24. 340 municiones calibre 44 PEM
25. 69 municiones 357
26. 29 municiones 38
27. 50 municiones 38
28. 71 municiones 380
29. 4 cargadores
30. 5 tolvas para diferentes armas
31. 1 radio comunicador
32. 1 silenciador para arma de fuego en su respectiva caja
33. 1 Computadora marca Apple
34. 1 Escopeta marca Maverick
35. 1 pistola marca Jericho con una tolva y 6 cartuchos
36. 9 Municiones calibre 12mm
37. 1 pistola marca Tanfoglio
38. 3 tolvas y 27 municiones útiles

Las fuerzas de seguridad desarrollaron 20 allanamientos en Guatemala, Zacapa, San Marcos y Sacatepéquez.

Red de defraudación

Durante los operativos realizados este lunes fueron detenidas doce personas que integraban una estructura que defraudó por más de Q117 millones al fisco a tráves de declaraciones falsas.

Entre los capturados están trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tramitadores y trabajadores de maquila.

La red importaba mercadería haciéndola pasar como materia prima para maquiladoras de prendas de vestir -régimen que goza de exoneraciones – con el objetivo de evadir impuestos.

Brenner López, fiscal de Delitos Económicos del MP, explicó que la red simulaba la importación de materia prima con contenedores de otras personas.

“Compraban mercadería en otros países y la traían a Guatemala en contenedores. Para poder ingresarla sin pagar impuestos, contrataban a Julio Eduardo Hernández Gutiérrez y César Esteban García, extrabajadores de una maquila”, explicó López.

El fiscal indicó que las empresas que buscaban evadir impuestos contactaban a los extrabajadores de maquila para traer al país el producto bajo el régimen de maquila, y así evitar la suspensión temporal de pago de impuestos.

Los intermediarios preparaban la declaración falsa y la entregaban a un agente aduanero, quien la facilitaba y en un lapso de 10 segundos simulaban la revisión de los contenedores.

Entre los 12 detenidos hay siete trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quienes presuntamente recibían hasta Q4 mil por cada trámite.

Durante los allanamientos realizados fueron localizadas armas de fuego de grueso calibre.

Capturas

• Julio César Orellana Velásquez,
• Juan José López Tuy,
• Mario Alfredo Monzón,
• Geni Griselda Morales,
• Luis Emilio Gálvez Salguero.
• Consuelo Pichilla Figueroa,
• Mario Evaristo Polanco,
• Julio Eduardo Hernández Gutiérrez,
• Glenda Coy Canahuí
• Jaime Israel Estrada Lucero.

https://twitter.com/MPguatemala/status/864095865748762625

Un año antes,  también se emitió el  acuerdo  257-2013, que otorgó  amnistía. En ese entonces la recuperación de impuestos fue de Q330.9 millones.

Durante esa administración, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  y el Ministerio Público dieron a conocer el caso La Línea, que involucró a Pérez  y a su  vicepresidenta Roxana Baldetti como los líderes de una estructura paralela en el servicio aduanero.

Álvaro Colom (administración 2008-2012) otorgó  exoneración por medio del acuerdo gubernativo 2046 y la recaudación fue de Q705.7 millones.

El actual ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, prefirieron no dar a conocer el potencial de recaudo por  esta amnistía, que cobrará vigencia  el 20 de mayo próximo.

“No queremos generar expectativas de la recuperación de la cartera”, afirmó Solórzano.

¿Quiénes deben?

El total de  tributantes con  omisos es de 683 mil 580,   de los cuales  469 mil 829  son pequeños contribuyentes del IVA,  que representan el 68.7%.

Los pequeños contribuyentes son aquellos que venden menos de Q150 mil por año, por lo que los valores no pagados representan la minoría.

Los grandes contribuyentes son los que tienen el mayor monto de adeudos, que se encuentran en el ISR (impuesto sobre la renta), régimen sobre utilidades y que han sido intervenidos por la SAT por solicitud de  juzgados. En ese régimen se encuentran 42 mil contribuyentes, que representan el 6%.  

La cantidad de declaraciones omisas, es decir quienes no han presentado los reportes a la SAT, es  de 16 millones.
“Los contribuyentes que tienen omisos están bloqueados en el sistema, por lo que no pueden hacer ningún tipo de transacción que tenga que ver con el tema fiscal”, afirmó Estrada.

En el caso del impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV), están pendientes de liquidar 584 mil 712 automovilistas.
Alejandro Barreda, del sector de importadores, explicó que una buena cantidad de  socios   tienen   bloqueado el número de identificación tributaria (NIT) en la SAT porque  dueños de los vehículos no han pagado el ISCV y está a su nombre.

Más noticias

Caso La Línea llega a dos años y es probable que cumpla más

Hace dos años se dio el primer operativo contra La Línea donde se detectó la participación en una red de defraudación aduanera de funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y altos funcionarios del Gobierno.

Se capturó a 22 personas y se reveló que Juan Carlos Monzón, el entonces secretario privado de la entonces vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, estaba involucrado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) trabajó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores del MP y montaron operativos en distintos puntos del país.

“Mi generación saboreó por primera vez la esperanza de que Guate florecerá”, fue la respuesta del usuario Alfredo Ortega.

Sin embargo hay otros con menos esperanzas, “Ya pasaron dos años sin que el Pueblo se manifieste masivamente. Todos sabemos que la corrupción está igual que antes, pero nada hacemos” Eduardo Hernández en su cuenta @ehhm88.

Además hay quienes exigen más, como investigar al propio MP, al Congreso y al Organismo Judicial. El usuario José Andrés Dubón G.‏ @Dubon_Gutierrez escribió “sépalo @Ivan_Velasquez_ en el @MPguatemala existe corrupción y entre ellos se protegen, y Aldana lo sabe y tolera”.

Un año después, el 15 de abril del 2016, se hizo público el caso TCQ, referente a la entrega irregular de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). En éste también se señala a los exfuncionarios y sobornos millonarios. 

En febrero del 2017 empezó a operar TCQ bajo la figura de un contrato oneroso al cual se le dio vida legal con el primer contrato que se suscribió en el 2012 y opera un interventor nombrado por el juzgado de extinción de dominio. el proyecto tiene críticas de quienes dicen se legalizó de esta forma acciones anómalas y apoyo del sector empresarial el cual refiere que es necesaria esa terminal portuaria.

Adrián Zapata Alamilla, intendente jurídico del ente recaudador, explicó que el caso corresponde a una denuncia que se cursó hace varios años y fue reactivada.

“Es un caso que data del 2001 y 2002 por unos reportes de mercancías que se internaron en tránsito, pero nunca se conocieron los reportes”, aseguró.

El caso se ventila en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal.

La primera forma de operar era con la simulación de tránsito internacional del contenedor, a través de documentación falsa. La segunda manera era simular tránsito internacional con documentos legales operados temporalmente, que después eran borrados del sistema de la SAT.

La tercera táctica fue el trasiego de mercancías del contenedor a cabezales con furgones que utilizaban documentos falsos, también de tránsito internacional.

Un caso

El 4 de enero de este año los fiscales confirmaron que estaban realizando trasiego de mercancías. De inmediato armaron un operativo, y el resultado fue documentos falsos y el ingreso de 23 mil 880 pares de zapatos sin pagar impuestos, por Q1 millón 607 mil.

Otro caso fue el 25 de enero, dos contenedores y dos furgones. En el sistema tenían autorización para ser retirados, pero no habían pagado. Un operativo relámpago determinó el uso de documentos falsos para ingresar 44 mil 672 pares de zapatos, y evadir Q2 millones 679 mil de tributos.

¿La Línea?

“Las personas tenían el suficiente tiempo de trabajar en la SAT para conocer el sistema”, explicaron las autoridades.

Los investigadores indicaron en conferencia de prensa que las pesquisas comenzaron en diciembre, aunque no explicaron que no pueden decir si los detenidos pertenecían a la estructura llamada La Línea.

“Ahora nosotros contamos con una gerencia de asuntos internos, antes eran violados los protocolos pero no había quien diera seguimiento”, detalló.

El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, informó que entre los detenidos figuran dos representantes legales de empresas transportistas, que fueron identificados plenamente con participación.

Además hay gestores de aduanas, pilotos de los cabezales, trabajadores de SAT y de la Portuaria Quetzal.

Capturados

• Ronald Dagoberto Cordón Solís
• Douglas Dionicio Lee Ramos
• Otto René Escobar Amador
• José Manuel Pérez Barrera
• Julio César Guerra Palma
• Otto Rene Alfaro Ochoa
• Fidencio de Jesús Castillo Ruiz
• Santiago Martin Coj
• Erdvin Adalberto Marín Arévalo
• Julio César Reyes Morataya
• Henry Antonio Someta Girón
• Edvin Estuardo  Rodríguez Balán
• Mynor José Girón Ortíz
• Óscar Leonel Marroquín
• Gerson Esaú Navas Ortíz
• José Miguel Pérez Sandoval

Además hay al menos tres personas pendientes de captura, informó el viceministro de Gobernación Ricardo Guzmán.

Martín Prera, director de Mercadeo de Distelsa, informó que los señalados reconocieron que la empresa no está involucrada en ese proceso. “Las declaraciones liberan a Distelsa de cualquier responsabilidad”, dijo.

La Fiscalía de Delitos Económicos, en cambio, cree que sí hay alguna responsabilidad, por no tener entonces controles para verificar las facturas.

• Lea además: Atracará el primer carguero en TCQ

La Fiscalía añade que en el caso de que no se supiera la procedencia de las facturas, cualquier empresa debió hacer una revisión para verificar que los documentos fueran legales. La investigación está concluida, pero parcialmente, afirmó el ente investigador.

En lo que coincidieron Prera y la Fiscalía es en la ayuda brindada por los implicados, quienes reconocieron su delito.

La denuncia

El Ministerio Público (MP) comenzó la investigación basada en una denuncia que llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos, y fue interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La queja de la SAT indica que, de enero a diciembre de 2012 y 2013, la entidad Distribuidora Electrónica S.A. (Distelsa) recibió facturas que fueron impresas en doble talonario.

“La SAT estimó el monto defraudado inicialmente por Q33 mil, pero en el transcurso de la investigación determinó que ascendió a Q819 mil 767.84, lo que incluye intereses y multa”, refirió la información del MP.

El juzgador debía escuchar la acusación formal, luego del tiempo de investigación, que plantearía el Ministerio Público (MP), contra unos 29 implicados.

“Le voy a pedir a los abogados que no podemos seguir con esto”, dijo Gálvez, quien fijó fecha para reanudar la audiencia el próximo 6 de febrero.

“El tiempo ha transcurrido y ya vamos para dos años”, indicó el togado, mientras explicó que deben escuchar los hechos que el MP sindica a los acusados.

“Entiendo que los abogados no pueden venir porque están en el caso de Amatitlán, y la señora tampoco puede venir indistintamente de cómo este”, manifestó al referirse a la incomparecencia de Baldetti y su defensor.

Expresidente Otto Pérez Molina se manifiesta por suspensión de audiencia del #CasoLaLínea. @prensa_libre https://t.co/Iyh07E2N5T

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) January 30, 2017

Desde las 8 horas varios de los implicados en el proceso de defraudación aduanera La Línea, llegaron al Juzgado para presenciar la etapa intermedia.

La Primera en asistir fue Claudia Méndez, exintendente de aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), seguida de los exintendentes Carlos Muñoz y Omar Franco.

También llegó el expresidente Otto Pérez Molina, quien aseguró que la diligencia se suspendería porque no llegarían todos los señalados.

El MP debía comenzar con la lectura de la acusación formal de al menos 29 personas señaladas en el proceso penal.

El MP cuenta con miles de escuchas telefónicas que implican a los sindicados de defraudación aduanera.

Entre las pruebas está la  declaración en anticipo de prueba de Salvador González, alias Eco, quien admitió haber administrado los ingresos ilícitos, luego de haberse convertido en colaborador eficaz.

A diferencia de los primeros 10 meses del año, que es cuando ingresan abarrotes —leche, azúcar, granos y huevos, entre otros—, en noviembre y diciembre los licores y cervezas son los productos que más entran de manera ilegal.

Datos

La Fiscalía de Delitos Económicos del MP informó que en 10 meses coordinaron cien procesos para incautar productos que entraron sin pagar el tributo correspondiente.

El secuestro de la mercadería ocurrió en 16 departamentos, pero en cinco de ellos se concentró el 66 por ciento.

El informe del MP reveló que solo en Retalhuleu hubo 21 procesos. Entre los lugares donde se realizaron las incautaciones se encuentra el kilómetro 198 —aldea Xab—, El Asintal —aldea Morazán—, Nuevo San Carlos y Labor San Antonio, zona 4 de ese departamento.

El segundo lugar lo ocupa Izabal, con 14 procedimientos, y la mayoría de procesos corresponden a la aduana de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios. El tercero fue Chiquimula, y las direcciones de los operativos fueron los kilómetros 181.5, hacia San José La Arada, y el 173.5, cruce a Ipala. Los dos últimos lugares fueron Petén y Quetzaltenango.

Productos ilícitos

Maíz, leche, azúcar, huevos, frijol, aves, fideos, arroz, productos para el cuidado de la piel, cigarrillos de diferentes marcas, tilapias, concentrado para aves, ropa para niños y adultos, armas de fuego, municiones y accesorios figuran entre los productos que fueron decomisados.

“La mayoría de esa mercadería fue destruida porque no cumplió con los registros sanitarios y representa un riesgo para la salud de los consumidores, y el resto sigue el proceso de extinción. En los granos, por ejemplo, se han encontrado varias clases de gorgojos y en los cigarrillos, algunos hongos”, informó el Ministerio Público.

Agregó que el total de los secuestros en los 10 meses sumaron Q7 millones 404 mil 495, cifra que superó lo registrado el año pasado, cuando se reportó Q5 millones 643 mil 699.

“Solo en septiembre de este año el monto fue de Q3 millones 483 mil 431 —principalmente de cigarros—, el resto corresponde a los demás meses”, detalló el órgano investigador.

¿por dónde ingresan?

Al momento, las autoridades han ubicado 113 puntos en carreteras y puertos, que son usados para contrabandear. Los accesos se ubican en nueve departamentos fronterizos: Petén, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Izabal, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa.

En los primeros cinco departamentos se encuentran 54 puntos —cruces en carreteras o ingresos en puertos— y en el resto de lugares, 59 ingresos.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), aseveró que se ha coordinado la seguridad en algunos de esos puntos, para evitar el problema; sin embargo, persiste porque “muchos” de los contrabandistas controlan a los agentes y cuando ellos se mueven a cubrir una emergencia o supervisar otra área, aprovechan para pasar sin mayor inconvenientes.

Señaló que los productos que ingresan en el país provienen de México (granos básicos, accesorios, ropa), Belice (licores y cigarrillos) y del resto de América Central (azúcar, granos y otros productos). No descartó que haya mercadería de otras naciones.

Reacciones

Luis Mazariegos, representante de la Gremial de Fabricantes de Alimentos (Grefal), informó que el 60 por ciento del mercado de alimentos del occidente del país está “copado” por productos mexicanos. Agregó que en todo el territorio nacional ingresan ilegalmente hasta 30 por ciento de productos alimenticios.

La Asociación Nacional de Avicultores (Anavi) afirmó que el cien por cien de los huevos que se consumen en San Marcos y Huehuetenango tienen origen mexicano y que la mayoría no cumple con los registros sanitarios. Añadió que las granjas nacionales ya no mandan huevo hacia esa región. Como consecuencia de eso, el 5 por ciento de ellas han tenido que cerrar.

“La problemática es tan grande que su impacto en la economía nacional ya trae desempleo y se vislumbra cierre de muchas empresas”, advirtió la asociación.

Empresarios denunciaron que los contrabandistas emplean buses extraurbanos de pasajeros, a los que quitan los asientos y llenan de mercancías para transitar por Guatemala hacia sus bodegas, y también que los procesados recobran rápidamente su libertad.

Sin capturas

A los contrabandistas se les detiene cuando trasladan mercadería; sin embargo, las autoridades no los capturan y solo incautan los productos. Agregaron que los allanamientos son escasos, comparados con el tráfico de alimentos.

Ellos ya han presentado dos denuncias al MP, que incluye al menos a 12 inmuebles que, a su criterio, podrían ser allanados porque sospechan que son usados como bodegas para guardar los productos trasegados.

Mazariegos y los representantes de la Anavi agregaron que el esfuerzo del Estado por contrarrestar el fenómeno no ha dado los frutos esperados.

La Fiscalía aseveró que durante los operativos de enero a octubre se ha capturado a 95 personas y la mayoría fue ligada a proceso por varios delitos, entre ellos contrabando aduanero, contravención de las medidas sanitarias, encubrimiento propio y caso especial de contrabando aduanero.

Casos recientes

El viernes último fue detenido en flagrancia William Alexánder Chavarría Mejía, quien conducía un camión —placas CO589BJK— con 250 cajas de huevos, que se sospecha ingresaron en el país luego de haber evadido el pago de impuestos.

Al haber hecho la revisión en el vehículo, las autoridades verificaron que el piloto no tenía la documentación de impuestos ni registros sanitarios.

El pasado 2 de diciembre, la Policía Nacional Civil detuvo a Edín Yobany Pérez Castro por el transporte de 20 mil cigarrillos sin los registros respectivos.

El órgano investigador explicó que Pérez Castro portaba dos cajas de cartón, y en el interior había 50 paquetes de 10 cajetillas de cigarros extranjeros, y al solicitarle sus documentos afirmó que no tenía ni las facturas.

“Al realizar un recuento de los cigarros se estableció que en el interior de las cajas transportaba 20 mil unidades sin cumplir con la documentación que amparara la propiedad y legitimidad de la mercancía”, puntualizó.

Peligro por consumo

Empresarios señalaron algunos de los riegos de consumir alimentos que ingresan de contrabando.
 

• El 90 por ciento de las pastas y fideos que se consumen en la región —San Marcos y Huehuetenango— son mexicanos.
• Muchos de esos  productos  entran de contrabando y se venden en la calle y los mercados cantonales sin supervisión sanitaria.
• El problema, según el sector empresarial,  impacta en la economía nacional, ya que  origina desempleo y se vislumbra el cierre de  muchas empresas.
• En el 2015, el Ministerio Público calculó   en  Q5 millones 643 mil 699 el valor de la mercadería incautada en varios operativos en   carreteras.
• El año pasado  fueron decomisados siete mil 428 sacos de maíz, valorados en Q187 mil   740.
• Además, incautaron 28 millones de   cigarrillos de diferentes marcas valorados por el MP en      Q4.6 millones.

“En el 2009 se estimó que el contrabando alcanzaba los Q6 mil millones, pero esa cifra ya casi se triplica”, afirmó Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.

Impacto

Entre los productos que más aquejados se encuentran está el arroz, ya que el producto ilícito ocupa el 15% del mercado local.

En el caso del aceite vegetal, al 31 de marzo del 2015 la cifra era del 0.9%, pero a la misma fecha de este año, el contrabando de esa mercadería alcanzó un 23.7%, informó la CIG.

En el caso del huevo, entran cinco millones de unidades semanales desde México.

Por ingreso de cemento ilegal se calcula que el fisco perdió Q63 millones 783 mil, y por azúcar, Q41 millones, explicó Zepeda.

“Con la suma de la pérdida fiscal por el producto que ingresa de manera ilegal al país se pudieron contruir 120 mil viviendas populares para 600 mil personas”, indicó Zepeda.

Entre los principales factores que propician el contrabando están devaluación del peso mexicano, poca vigiliancia en las fronteras y     aumento de la corrupción.

“Es necesario aumentar la vigilancia en las fronteras y esperamos que los cambios en la Superintendencia de Administración Tributaria tengan un efecto inmediato porque el contrabando ha crecido en el país”, dijo Zepeda.

Repercusiones

El presidente de la CIG, Emilio Castillo, afirmó que el comercio ilícito es una competencia desleal que genera pérdida de mercado, cierre de empresas, desempleo, incremento de inseguridad, daño a la salud y pérdida de empleos formales.

Entre los sectores afectados están los de medicamentos, combustibles, pastas, granos básicos, leche y bebidas.

“Es urgente que se desmantelen esas estructuras de corrupción que afectan al país”, indicó Castillo.

Para poder escucharlos a todos se ordenó formar grupos de 20 personas. “En esta fase ya fueron ligados a proceso 36”, aseveró Sandoval, sin dar a conocer nombres.

El fiscal agregó que el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó medidas sustitutivas de la prisión preventiva a los 36 procesados, sin especificar a quiénes.

Para el 7 de julio se tiene programada la audiencia de fase intermedia del caso La Línea. En esa diligencia, el juez debe decidir si envía a juicio a los sindicados. Los jefes de esa estructura son el expresidente Otto Peréz y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Más citados

• El MP aseguró que  el número de  citados podría  llegar a mil 500.
• Por ahora,  350 empresarios han sido citados al Juzgado de Mayor Riesgo B.  
• Thelma Aldana, fiscal general, dijo que la cifra podría llegar a más de mil 500.  
• En el primer grupo todos quedaron ligados a proceso, uno en prisión y 19 en libertad condicional.

Las tres mesas son las siguientes:

1. Estudios y Estadísticas: Se encargarán de recopilar información y elaborar estudios relacionados al contrabando y defraudación aduanera, estadísticas de incautaciones, estudios para el desarrollo de infraestructura y tecnología.
2. Coordinación Público-Privada: Revisarán y actualizarán documentos, entre ellos la Política Nacional contra el Contrabando, identificar problemas y crear estrategias para combatir las causas del contrabando y defraudación aduanera, así como coordinar capacitación.
3. Intercambio de información y planificación de operaciones: elaborar planes de operaciones, identificar y desarticular estructuras dedicadas al contrabando y defraudación aduanera, operativos en aduanas para aumentar la recaudación, revisiones, incautación de mercancías, entre otros.

Sectores Opinan

Carlos Zuastegui gerente general de la Asociación de Porcicultores de Guatemala (Apogua) comentó que este es un primer paso y esperan ver resultados lo más pronto posible. 

Zuastegui manifestó que esperan ver resultados en el próximo trimestre porque a finales de año es cuando se genera mayor consumo de cerdo en el país.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) opinó que perciben con buenos ojos que se estén coordinando las acciones y retomando el combate al contrabando y que uno de los acuerdos sea fortalecer la comunicación entre la empresa pública y el gobierno es un paso importante para el cruce de información.

Así también señaló que es importante retomar la Política Nacional Contra el Contrabando donde había medidas muy claras y concretas de destrucción de producto o mercadería confiscado y por el otro lado resaltó la necesidad de incluir dentro de esa mesa a el Organismo Judicial, “porque ahí se entrampan los procesos”, expresó el directivo.

Añade que de cuerdo con una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria, Paiz solicitaba los pagos de los permisos de importaciones temporales de vehículos, cuyo dinero fue depositado en una cuenta personal en bancos del sistema, que sumó la cantidad de Q14 mil 790.69.

En las pesquisas se estableció que entre sus asignaciones era la encargada de emitir los permisos temporales para las embarcaciones de turistas.

El caso lo documentaron los fiscales del MP en la causa C-18002-2016-00161 del expediente MP001-2016- 31832, en el que constan todas las diligencias preliminares que fueron presentadas ante la judicatura que ordenó la aprehensión de la supuesta responsable de cometer el ilícito.

El día de la captura, autoridades indicaron que se investiga si se trata de una supuesta red de defraudación aduanera que opera en esa institución.

La acción policial se ejecutó en el parqueo de un restaurante de comida rápida en el centro comercial Santa Clara, en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Villa Nueva.

El operativo se logró luego de una operación de vigilancia y seguimiento al implicado, por medio de análisis de información confidencial, con lo que determinaron la ubicación de Moratalla Coloma.

La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Octavo de Instancia Penal desde el 14 de abril de 2015.

Moratalla había sido identificado en la investigación del MP como el representante de la empresa Corpogold, que habría servido para que los importadores depositaran en sus cuentas bancarias los sobornos, dinero que luego eran retirados de las cuentas y distribuidos entre los integrantes de la red.

El nombre Corpogold había trascendido en las escuchas telefónicas que interceptó durante la investigación la fiscalía sin embargo solo se logró establecer el rol dentro de la estructura, luego que se determinó que Moratalla era piloto de Javier Ortíz, alias Teniente Jeréz, uno de los operadores externos de La Línea.

El caso

El 16 de abril último, a través de una investigación que llevó a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, lograron desarticular una red de defraudación aduanera dirigida, supuestamente, por el exsecretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón.

Vinculado a la estructura fue capturado Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el extitular de la institución, Carlos Enrique Muñoz Roldán. Además, Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, quien estuvo ligado a la red de contrabando del fallecido Alfredo Moreno.

En el caso resalta la captura de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, como supuesto líderes de la estructura que defraudaba a la SAT. Todos fueron ligados a proceso por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y otros delitos.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a la fecha, ha ligado  a proceso a 40 personas, incluídos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en el caso La Línea.

Por la cantidad de conversaciones telefónicas, la audiencia fue suspendida por el juzgador.

Antes de presentar las pruebas, el MP dijo que la estructura  transportaba  azúcar en  compartimentos ocultos en camiones cisterna, en los cuales se declararon y pagaron impuestos en aduanas correspondientes al producto denominado Agua Miel, sin declarar el   correspondiente.

Antecedente

El  5 de marzo de 2015 fue capturado  José René Fuentes Perdomo, líder de la estructura, y  otras ocho personas,  por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita.

Los sindicados fueron beneficiados en dos ocasiones con medidas sustitutivas y están libres, a pesar de las acciones presentadas por la Fiscalía.

El jefe del área legal de la PGN, Abraham Vela González, dijo que existe existe riesgo de que el Estado de Guatemala no pueda recuperar el dinero defraudado si la institución queda fuera del proceso, en el caso de que haya condenas.

El pasado 8 de marzo, Gálvez determinó que no se acredita la necesidad de que la PGN participe del proceso judicial contra 32 acusados por integrar la estructura, porque no estaba claro el perjuicio al Estado por las acciones ilegales cometidas por La Línea.

El abogado Óscar Poroj, defensor de la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez, pidió que la PGN no fuera parte del proceso, y el juez le dio la razón.

Consta en los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de la cual depende la Intendencia de Aduanas, que Poroj ha prestado servicios profesionales para esa entidad. La información fue corroborada por el defensor de Méndez, quien dijo que ha sido contratado para dar charlas, talleres y capacitaciones.

La PGN fue excluida del caso antes que el Juzgado recibiera como anticipo de prueba la declaración de Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, quien figura como colaborador eficaz del Ministerio Público.

PGN busca revertir decisión que la excluyó del #CasoLaLínea. @prensa_libre pic.twitter.com/nHTRrbu7yA

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) March 11, 2016

González dijo que su conexión con el presidente fue por gestión de Juan Carlos Monzón, entonces secretario de la Vicepresidencia, y como respuesta a la solicitud del entonces mandatario de tener “alguien de confianza” como enlace en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con su testimonio, en las reuniones con Monzón y otros miembros de la estructura le informaron del cobro por el ingreso de contenedores y que el dinero en efectivo se lo iban a entregar a él.

Detalló que recibió en dos oportunidades Q300 mil y que el dinero en su totalidad se lo entregó a Monzón.

González explicó que luego se establecieron unas tablas para distribuir la “cola” que la red recibía de los importadores.

“Por el control decidí no poner presidente y vicepresidente, sino 1 y 2” , afirmó el “colaborador eficaz” de la Fiscalía, y enseguida explicó que el 50 por ciento del dinero, según le comentó Monzón, era para Pérez Molina y Baldetti.

Aplazan audiencia

La audiencia concluyó este martes luego que el abogado defensor Mario Sanler protagonizara un incidente con el fiscal Juan Francisco Sandoval.

Sanler dijo sentirse mal, intentó retirarse de la sala, pero cayó al suelo antes de lograr su objetivo. Gálvez indicó que la misma continuará este miércoles.

El abogado Juan Carlos de Paz, defensor de González Álvarez, fue notificado este martes sobre la resolución del juez, y explicó que su cliente acudió varias veces al MP, a entrevistas con fiscales, para relatar lo que conocía sobre la manera en que operó la estructura.

De Paz también dijo que González Álvarez fue sometido a pruebas de polígrafo y que los investigadores verificaron la veracidad de sus declaraciones, por lo cual el 6 de noviembre del año pasado se firmó el convenio de colaboración, el cual fue ratificado el 24 de ese mes.

Reunidos

Según la programación del juzgado, la audiencia durará por lo menos un mes.

A la diligencia deberán acudir no solo quienes se sospecha son parte del cuadro operativo de la estructura, sino también los presuntos jefes como el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, la ex vicegobernante Roxana Baldetti Elías, y su ex secretario Juan Carlos Monzón Rojas.

Juzgado unifica audiencia intermedia del #CasoLaLínea y ordena comenzar con declaración de Eco. @prensa_libre pic.twitter.com/iqZULbSR5n

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) February 23, 2016

Los capturados son Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, intendente de fiscalización y exintendente interino de la SAT; José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones.

Otros capturados son Alicia López Paíz, mandataria de la entidad; los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.

Asimismo fueron aprehendidos los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos: Pedro José Raúl Paíz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.

Giovanni Reyes, Alicia López, Evelyn Natareno y Nadia Espina Batres. @prensa_libre pic.twitter.com/WEm1TVWtz8

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez fue quien autorizó los 16 allanamientos y además citó a Carlos Muñoz, Giovanni Marroquín Navas, quienes ya están en prisión preventiva por el caso de defraudación aduanera La Línea para imputarles nuevos hechos.

Nuevo caso

En un principio trascendió que las detenciones eran por el caso La Línea, pero la Cicig en un comunicado enviado al mediodía de este viernes aclaró que este es un nuevo caso de corrupción, resultado de las evidencias detectadas en las escuchas telefónicas del caso La Línea.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración tributaria y Geovani Marroquín Navas.
Los representantes buscaban obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255 millones 612 mil 266, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.

Se conoció que la misma empresa —favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones— se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa de remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.

Los delitos que se imputan a esta organización criminal son Asociación Ilícita, Cohecho Activo, Cohecho Pasivo, Tráfico de Influencias, Obstaculización de la Acción Penal  y Colusión.

El MP informó que la conferencia de prensa por este caso se dará el próximo domingo y estarán presentes Thelma Aldana, Fiscal General e Iván Velásquez, comisionado de la Cicig.

Quien lleva este caso denominado Red de Corrupción en la SAT es la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, mientras que el caso La Línea es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Allanamientos

La PNC informó que en los lugares donde se realizaron allanamientos —Mixco, San Miguel Petapa y varias zonas de la capital— se incautaron varias cosas, entre ellas dinero en efectivo y teléfonos.

En la 22 avenida 7-34 Villas de San José III zona 4 de Mixco, donde fue detenido Castillo Castro se localizaron más de Q200 mil en efectivo.

En la 4a. avenida 26-21 colonia Valle Dorado zona 8 de Mixco, se incautó una laptop negra, una laptop gris, una tableta electrónica y dos teléfonos celulares.

Mediante un comunicado la SAT indicó que “es respetuosa de los procedimientos legales y confía en las autoridades a cargo del proceso judicial, para que se investigue a profundidad y se esclarezca la situación de las personas presuntamente implicadas”.

“La SAT tiene un compromiso institucional ante la ciudadanía para lograr una mejora continua en la recaudación, por lo que los procesos, proyectos y medidas administrativas serán realizados de acuerdo a la programación establecida en los planes de trabajo para el ejercicio fiscal 2016”, indica el documento.

No es la primera vez que el ex mandatario ofrece entrevistas a medios internacionales, ni la primera vez que asegura que su renuncia y posterior captura, ocurridas el 2 y 3 de septiembre de 2015.

Pero sí es la primera vez que profundiza en decir que, como telón de fondo de su salida del poder, existe una especie de complot que hizo que parte de la población saliera a manifestar a las plazas, orquestado por diversos sectores y encabezado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pérez Molina reapareció este lunes 25 y martes 26 de enero en entrevistas publicadas por la cadena alemana para el extranjero Deutsche Welle (DW) y por el diario español El Mundo, respectivamente.

En la entrevista con la cadena alemana, Pérez Molina afirma: “nosotros sabemos que a través de la embajada y con dinero de Estados Unidos se movieron las redes sociales para incentivar la participación de la población”, refiriéndose a las manifestaciones ciudadanas que empezaron el 25 de abril de 2015 y siguieron durante 19 semanas consecutivas
https://twitter.com/TendenciasGuate/status/691979429711581184

“Lo que digo es que mucha gente actuó inocentemente y creyendo, pero lo que estaba detrás moviendo todo esto habían unos intereses, unos propósitos y una artículación que estaban haciendo muy claramente. El resultado de toda esta articulación fue que mucha gente decidiera asistir al Parque Central, pero mucha gente que llegaba con cientos de peticiones. Pero algunos medios de comunicación se han levantado de que fue el pueblo que se levantó completamente. Yo gané con casi dos millones y medio de votos. Y la manifestación más grande si mucho llegó a 80 mil personas. Dicen que fue espontáneo y que la población salió, pero aquí hubo mucha manipulación también”, afirmó a DW.

Sobre el mismo asunto, el exgobernante dijo a El Mundo: Yo digo que aquí no ha existido la 'primavera' guatemalteca.

También dijo no entender porqué la Fiscal General Thelma Aldana, nombrada por él, “se plegó a los intereses de la CICIG” dejando entrever una traición.

Sobre la coyuntura política y el triunfo de Jimmy Morales en la contienda presidencial, Pérez Molina agregó: “Ellos estaban muy claros: No querían ni a Baldizón, ni a Sandra Torres. Con toda la claridad. Y cuando empieza a surgir lo de Jimmy Morales, entonces ellos encuentran una alternativa en donde ahí hay un político sin ninguna experiencia, sin ningún equipo, y ellos miran una posibilidad todavía mayor para seguir teniendo o incrementar la injerencia que quieren tener en el país”.

En la entrevista al diario El Mundo, Pérez Molina confiesa que es “muy duro” estar un día de Presidente y al día siguiente “estar confinado en una cárcel tras ser despojado de la autoridad”.
https://twitter.com/EP_elmundo/status/691825536025391104

¿Usted pediría perdón a la ciudadanía por algo que hizo mal durante su mandato?, le preguntaron, y su respuesta fue: “Si tuviera que hacerlo no tendría el menor problema pero siento que no he cometido ningún delito ni hice algo con mala intención como para tener que pedir perdón.

“Espero que con el tiempo los guatemaltecos vayan entendiendo que aquí hay otros intereses detrás de todo esto y éstas son las razones por las cuales estoy en la cárcel y no porque haya fallado a la población”, agregó el ex mandatario que concedió la entrevista “sentado en una silla de plástico con las iniciales OPM, junto a la entrada de su celda, que en realidad es una casa prefabricada situada en un módulo aislado de la prisión”, según el reportaje.

El Mundo afirma que en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala solo hay 30 reclusos, la mayoría militares y policías, y que “Pérez Molina comparte espacio en la prisión con Gustavo Alejos, ex secretario del expresidente Álvaro Colom; el coronel Juan Chiroy, el empresario Max Erwin Quirin y Roberto Stalling, hijo de una jueza”.

Pérez Molina está acusado por la CICIG y el Ministerio Público de liderar la red de defraudación aduanera conocida como La Línea, la cual también sería dirigida por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón, y varios empleados de alto, mediano y bajo rango de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y desmantelada el 16 de abril del 2015.

Baldetti fue hospitalizada en noviembre pasado en el sanatorio privado Valle del Sol, en la zona 4 de Mixco, por una infección causada por la bacteria klebsiella oxytoca, no obstante, la evaluación médica constató una evolución satisfactoria por el tratamiento recibido.

Hasta noviembre de 2015 el Inacif había erogado Q18 mil por evaluaciones médicas a la ex vicepresidenta, cada una de ellas con un valor de Q1 mil.

Caso de defraudación aduanera

Baldetti fue capturada en agosto de 2015, cuatro meses después de renunciar a la Vicepresidencia, es señalada de ser una de las cabecillas de la estructura de defraudación aduanera conocido como La Línea.

La red de corrupción fue desarticulada el 16 de abril del 2015 por el MP y la Cicig y el 3 de septiembre pasado le costó la presidencia del país a Otto Pérez Molina, hoy en prisión preventiva.

El exmandatario y Baldetti son acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, y están a la espera de que el juez Gálvez fije una fecha para la audiencia en la que debe decidir si van o no a un juicio.

Juicio

La Fiscalía acusa a Baldetti mediante 93 folios de información sobre las formas de operar de la Línea, donde la defraudación que hizo pudo ser de Q28 millones, producto de sobornos a importadores.

El expediente contra la ex vicepresidenta también contiene 212 medios de prueba con los que los fiscales solicitarán en
la próxima audiencia, que sea enviada a juicio.

El juez Gálvez había programado la audiencia de apertura a juicio para el 18 de enero, pero la postergó.

Cano dijo que este permiso no fue competencia del Sistema Penitenciario, pues “ellos prácticamente están solo en el resguardo de la seguridad de la señora y la seguridad perimetral está a cargo de la policía”.

El profesional aseguró que “la institución que en su momento nos pudiera vetar la entrada sería el hospital, pero nosotros ya teníamos una autorización previa del hospital para que puedan llegar los familiares”.

Baldetti fue internada en el centro asistencial, ubicado en la zona 4 de Mixco, el 6 de noviembre pasado debido a problemas de salud causados por la bacteria Clostridium Difficile y se desconoce cuándo podría ser dada de alta.

Según Cano, la visita de los familiares podría comenzar a eso de las 22 horas y terminar después de la media noche; la situación se repetirá si el 31 de diciembre la exfuncionaria continúa  con el tratamiento en el hospital.

Señalada

Baldetti es señalada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser una de las cabecillas de La Línea y está sindicada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

El 25 de agosto pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del juzgado que lleva el caso, la ligó a proceso penal y le dictó prisión preventiva en la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 capitalina.

Sin embargo; padecimientos de salud, que se atribuyen a una cirugía para reducir su peso, permitieron que la ex vicemandataria fuera ingresada al hospital privado.

Durante el tiempo que ha estado internada, se han escuchado rumores sobre un intento de fuga y sobre visitas de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, algo que fue desmentido por la funcionaria.

El calor agobiante, y el sudor que empapaba su rostro, le llevaron a hablar con el hígado en la mano acerca de Ortiz, pues en forma molesta cuestionaba: por qué lo protegen, por qué lo cuidan tanto.

Insistió: “Por qué cuando catearon la casa de Jerez y encontaron libretas de ahorros bancarios hasta por Q8 millones, a nombre de sus hijas de ocho y diez años, no investigaron si pagó ISR, o la procedencia”. No sólo el Teniente Jerez estuvo en la boca de Moreno Molina, pues también mencionó al salvadoreño Hipólito Santos Reyes, que se encontraba prófugo, de quien comentó que ocupó el comisariato para permitir el ingreso de 500 furgones.

El procesado en esta vista pública, a diferencia de otra celebrada en mayo de ese mismo año en la CC, decidió vestir traje formal, y aunque se quejó de estar en un calabozo con tres candados tal parece que se seguía alimentando bien, lo cual se deducía de su aspecto. Lo que también cambió en esa oportunidad fue la seguridad, ya que no llevaba chaleco antibalas y los custodios eran cerca de diez.

El Ejército lo quiere matar

Yo tengo conocimiento que existe un plan para quitarme la vida; quieren ahorcarme, envenenarme o apuñalarme y decir que yo lo hice por decepción, denunció el presunto capo. Aseguró que tienen interés por eliminarlo, además del Fiscal Mendizábal, una entidad de seguridad, que no es la Policía Nacional, que está involucrada desde el momento de su detención. Al final admitió que se trataba del Ejército.

Al ser preguntado sobre el porqué de la protección a Ortiz, el procesado respondió “les dejo la incógnita”. Se le interrogó si acaso la institución armada teme que de ser capturado Jerez, pueda revelar nombres de algunos de sus integrantes, a lo cual respondió “podría ser”.

Al final, la audiencia celebrada pasó a un segundo plano, debido a que tardó más que la improvisada rueda de prensa. En la vista, el procesado pidió que se le aplique una ley derogada que le beneficiaría, para no ser juzgado por defraudación tributaria. Fue hasta el año 2009 en que Moreno fue condenado por los delitos de contrabando y defraudación aduanera. Francisco Javier Ortiz alias Teniente Jerez es hoy imputado por el caso La Línea y el Bufete de la Impunidad.

Ante la perspectiva de un difícil proceso porque los coreanos, chinos y japoneses señalados aseguraron no hablar español, el Juzgado decidió citar a tres traductoras para facilitar la comunicación. El árabe dijo hablar y entender español.

Durante la primera fase de la audiencia, nueve coreanos, tres chinos y un árabe, además de 28 guatemaltecos, llegaron en compañía de sus abogados  a la audiencia de primera declaración en su contra, sin embargo primero fue necesario reacomodar a los participantes para ordenar el proceso.

La sala se acomodó en tres grupos, uno de coreanos, otro de japonéses y al fondo el grupo de empresarios guatemaltecos. Los dos primeros con sus respectivas traducturas a las que pidió el juzgador hacer la traducción de la forma más simultánea posible.

La audiencia

El primer día de audiencia se desarrolló con tranquilidad, el Ministerio Público realizó la imputación de los primeros 25 importadores alternando escuchas telefónicas, donde claramente los implicados hablan de los cobros y pagos en relación a los contenedores de los importadores.

Durante la segunda jornada, el proceso se hizo más lento pues la defensa de algunos importadores solicitó tener acceso a una copia de las imputaciones de sus defendidos de manera física y no digital.

Este miércoles, durante el tercer día de audiencia y en una sala más vacía con 20 de los 50 importadores citados, el Ministerio Público imputó de los delitos de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera, mientras alternaban con audios de escuchas telefónicas realizadas durante la investigación y en las cuales algunos de los importadores extranjeros, ahora con asistencia de traductores, hablaban claramente español.

Se espera que este jueves el juez Gálvez resuelva el futuro legal de 20 de los 50 empresarios citados.

Aunque el rumor no fue confirmado por ninguna autoridad, el MP cree que existe la posibilidad y este miércoles la vocera del ente investigador Julia Barrera, manifestó que pidieron al Ministerio de Gobernación (Mingob) reforzar la custodia que tiene actualmente la exfuncionaria.

Actualmente Baldetti se encuentra internada en el Hospital de Especialidades Médicas, situado en la zona 4 de Mixco, afectada por una baceria hospitalaria que, según informes forenses, la obliga a estar hospitalizada. 

“Como MP pedimos redoblar las medidas de seguridad en el hospital, pero sólo podemos solicitarlo ya que su resguardo es competencia del Mingob por medio del Sistema Penitenciario”, enfatizó Barrera.

Sosa afirmó este miércoles que no podía emitir una opinión respecto a la posible fuga de Baldetti porque desconocía la situación.

Ligada a proceso

El pasado 25 de agosto el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, ligó a proceso penal a la ex vicemandataria por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Según el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina son los presuntos cabecillas de una estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Por ese caso se encuentran en prisión preventiva Roxana Baldetti, Pérez Molina, Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia, y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

Cada contenedor del producto puede traer 32 mil kilos, refirió Mendoza.

“También investigamos a los exportadores de México y de cuatro que reportan, tres no existen y uno está en trámite desde el 2013 pero aún no tiene el estatus de exportador”, resaltó el representante.

En la denuncia, Palacios Vásquez, incluyó en un documento anexo, el listado de empresas que estarían importando el producto a menor precio, además de las pruebas de que estos venden en el país a menor precio de lo que lo hacen en México.

Continúa pesquisa

El pasado 1 de julio fueron detenidos los primeros 10 empresarios que se beneficiaban con el pago de sobornos,  y nueve de ellos fueron ligados a proceso penal.
A casi seis meses de los primeros operativos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemal (Cicig)  continúa una minuciosa investigación para determinar cuántos importadores son reales.
“Es un proceso que se ha venido adelantado con mucho cuidado, para no comprometer a personas que no estén verdaderamente involucradas”, explicó Iván Velásquez, jefe de la Cicig.
El comisionado  detalló que durante la investigación se ha detectado suplantación de personas, empresas de papel y sociedades comerciales inexistentes que fueron utilizadas por los integrantes de la Línea para defraudar al Estado.
Enfatizó que los 50 importadores que fueron citados se presentarán en grupos diferentes, por la cantidad de personas y casos paralelos que se llevan en relación con la organización delictiva.
“Es para que se entienda que si hay unos tiempos prolongados no es por falta de actividad, sino por la naturaleza propia del trabajo que tanto el juez —Miguel Ángel Gálvez—, desde su función, como el Ministerio Público, con la colaboración de la Cicig, proceden”, puntualizó el comisionado.

Giordani Estevez, representante legal de la compañía, habría defraudado al Estado con el incumplimiento del pago del Impuesto del Valor Agregado por más de Q3 millones que tendrá que devolver, además se le impuso una sanción de Q2 mil que se deben destinar a los damnificados de El Cambray.

Juzgado suspendió persecución penal contra Giordani Estevez bajo cuatro condiciones: Pagar lo defraudado, período de prueba de 2 años.

— Prensa Libre (@prensa_libre) October 8, 2015

La empresa General de Urbanizaciónes, S.A. habría simulado una relación comercial con proveedores inexistentes y de esta manera evadido al fisco con la obligación del IVA.

El Juzgado Noveno otorgó a la empresa la suspensión condicional de la persecución penal, sin embargo le impuso un período de prueba de dos años, además de pagar lo defraudado.

La donación de Q2 mil en beneficio de los damnificados de deslave de El Cambray 2, es una sanción adicional que consideró el juzgador, además de la obligación de tomar tres cursos de cultura tributaria.

La representante de la empresa Gloria Estevez, pagó el monto defraudado y quedó pendiente cumplir con la sanción impuesta por el Juzgado Noveno.

La resolución

• Pagar al Estado Q3 millones 217 mil 243.
• Donar Q2 mil a damnificados de El Cambray 2.
• Tomar tres cursos de cultura tributaria en la SAT.

“Por las condiciones en que se empezaron a dar las declaraciones e imputándome todo, que yo era el cabecilla y que yo era el responsable de todo, entonces esa situación fue la que hizo cambiar mi decisión”, afirmó el exfuncionario.

Al ser cuestionado si esas declaraciones eran de  Baldetti, respondió:  “Claro, por supuesto, no me gustaron las declaraciones”.

También se le preguntó con relación a quién ordenaba las operaciones de la estructura, respondió que “es un proceso complicado  donde los exgobernantes están implicados y su servidor también —estructura de defraudación aduanera denominada La Línea—… nunca hacía nada inconsulto… yo voy a declarar presentando las pruebas correspondientes”.

Además mencionó que la cantidad de lo defraudado por los supuestos cobros ilegales no supera los Q15 millones.

Monzón Rojas señaló que la estructura dedicada a defraudar al Estado viene desde hace más de dos décadas, pero evitó mencionar quienes han participado en ello.

“Para poder desbaratar todo esto hay que meterse en la situación, sino no se logra y eso fue lo que pasó”, manifestó el exfuncionario.

Aislado

Como algo inusual el abogado Francisco García Gudiel, dijo estar de acuerdo con la petición del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que el exsecretario privado de la Vicepresidencia vaya a prisión preventiva a Pavoncito.

En lo que no estuvo de acuerdo el litigante, es en el lugar donde fue recluido, debido a que señaló que la noche del pasado lunes estuvo en una celda a la cual todos los reos  tienen acceso, por lo que se puso en riesgo su vida. García Gudiel solicitó que fuera aislado porque su vida está en riesgo.

“Cuando pasé todos gritaron ese tiene pisto” dijo Monzón Rojas, en declaraciones a la prensa.

En tal sentido, Gálvez señaló que ordenaría al Sistema Penitenciario recluirlo en un área cercana al ingreso, la cual está bajo el resguardo directo de los guardias.

El ex secretario de Roxana Baldetti fue esquivo cuando se le cuestionó sobre el viaje al país asiático, adujo que la información ya se conocía: “De Honduras me metí por tierra a Guatemala donde he estado todo el tiempo, para que dejen de estar especulando que me tenía protegido el Gobierno, nadie me tenía protegido”, puntualizó.

Fue intimidado

Durante los meses que estuvo prófugo, Monzón detalló que su familia fue intimidada, aunque no ofreció detalles de quien ejercía esa presión.

“Hace más de dos meses, cuando me iba a presentar, mi esposa y mi hermana llegaron a la CICIG para coordinar mi entrega, les interceptaron el vehículo para que me transmitieran el mensaje de que no me entregara”, puntualizó.

Niega datos

Juan Carlos Monzón dijo que objetivo de toda la estructura de La Línea era incrementar la recaudación fiscal y detalló que esta estructura lleva más de 20 años trabajando, agregó que el no denunció las irregularidades pues no era su competencia hacerlo.

Monzón habló que todas las pruebas que tiene el Ministerio Público, entre ellas las cifras económicas, “están por debajo de la verdad. Es falso, todos los documentos que sacan son falsos, es falso lo que dicen, pues el dinero no llega ni a Q15 millones”, dijo.

Monzón señaló que La Línea no es una red o estructura sino un esfuerzo para desbaratar la ilegalidad en el tema de corrupción en aduanas.

Esto trascendió nuevamente cuando el matutino elPeriódico sacó a la luz este hecho cuando Monzón ya era un funcionario público, específicamente secretario privado de la Vicepresidencia. Al cuestionar a la, en ese entonces, vicepresidenta Roxana Baldetti sobre el incidente indicó que ella verificó que Monzón cumpliera con los requisitos que exigía la ley para optar al puesto.

“El tiene finiquito, antecedentes penales y policiacos, es lo que me pide la ley y eso es lo que yo le pedí. Yo conozco la bala que tiene en su espalda, por alguna razón la conozco y sé lo que le sucedió”, aseguró Baldetti.

El hecho

Prensa Libre informó el 17 de marzo de 2001 lo siguiente: “El hermano de Alfredo Moreno, Marlo Moreno Molina y otros tres sujetos resultaron lesionados de bala al enfrentarse con un contingente de la FEP, cuando pretendían robar un vehículo, ayer a las 20 horas, en la Calzada Roosevelt y 36 avenida de la zona 7, informó la Policía”. 

La nota informaba que los lesionados en el incidente fueron identificados como Mario Orellana, de 33 años; Juan Carlos Monzón, 33; José Moreno Serrano, 30 y Marlon Moreno, 38, quienes fueron trasladados por Bomberos Voluntarios al Hospital Roosevelt.

Al día siguiente trascendió que Jorge Luis Monzón, quien se identificó como primo de Juan Carlos Monzón Rojas, fue capturado en el Hospital Roosevelt, sindicado de intentar rescatar a Monzón Rojas, a Marlon Moreno Molina y a José Alfredo Moreno Serrano.

Jorge Luis Monzón fue detenido por la PNC, ya que tenía información de que Monzón fraguaba un plan para rescatar a los heridos, haciéndose pasar por médico; sin embargo, falló en su intento.

De los cuatro sindicados de pertenecer a la banda de robacarros, se supo que Mario Orellana Boche tenía cuatro cédulas con distintas identidades y antecedentes por el secuestro del niño Juan de Dios Aguilar; Marlon Moreno Molina y José Alfredo Moreno Serrano eran familiares del contrabandista, ya fallecido, Alfredo Moreno Molina, quien fue condenado por contrabando y defraudación aduanera.

Monzón: “Soy inocente”

Cuando se cuestionó a Monzón Rojas en 2013 sobre el hecho, aseguró que el parte policial que lo incriminaba fue alterado, ya que no viajaba en un carro robado y que por eso la justicia le otorgó sobreseimiento. “No hay nada absolutamente, no encontraron pruebas, era infundada y completamente falsa la situación, por eso fue que sobreseyeron el caso”, indicó vía telefónica.

Monzón Rojas reconoció que viajaba con familiares de Moreno Molina, pero aclaró: “Yo no sé si el papá o lo que sea era contrabandista, yo andaba en esa oportunidad con ellos simplemente porque los conocía, ni sabía yo en ese entonces quién era su familiar”, agregó.

“la Línea”

Tras haber sido hecha pública la estructura de defraudación aduanera “la Línea” por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, muchos funcionarios de alto rango en el gobierno fueron capturados, incluyendo a los ex mandatarios Pérez Molina y Baldetti Elías. Monzón Rojas estuvo prófugo durante casi seis meses.

Luego de la primera audiencia de Monzón Rojas, este 5 de octubre, el juez Miguel Ángel Gálvez determinará si lo liga a proceso.

Durante la diligencia aseguró que a pesar de ser quien dirigía la institución, no tenía poder de decisión en las intendencias “porque son feudos”.

Es decir que: “cada uno de los Intendentes designados tenía el poder de decisión sobre cada dependencia” por encima de lo que él pudiera establecer.

Según Muñoz, él desconocía los procesos en las aduanas, pues se había dedicado a la tributación interna y no externa. Eso se lo dijo al expresidente, Otto Pérez Molina, mientras este le explicó los planes que tenía para desarrollar un proyecto encaminado a aumentar la recaudación tributaria.

Muñoz dijo a Pérez Molina que se debía ordenar a Claudia Méndez, ex intendente de Aduanas, controlar el incremento tributario que en esas terminales se solicitara, porque ella era la encargada de la dependencia.

Pérez los presentó

Muñoz dijo que conoció Salvador González, alias Eco, unos tres o cuatro meses antes de asumir como Superintendente y que quien los presentó fue el expresidente, quien lo describió como su asesor. Le indicó que se encargaría de un proyecto para incrementar la recaudación.

También conoció a Geovanny Marroquín Navas, quien el exmandatario se lo habría presentado como la persona encargada de los proyectos de recaudación interno y externo.

Aseguró que a Osama Ezzat Aziz Aranki, lo conoció a través de González, y lo hizo en su despacho cuando ambos acudieron a una reunión. Indicó que iba a “dar acompañamiento en el fortalecimiento de la recaudación”.

Balacera suspende declaración

Sin fecha definida para retomar la declaración de los acusados en el caso La Línea, la audiencia quedó suspendida debido a una balacera que ocurrió en horas de la mañana en el sótano de la Torre de Tribunales.

Se supone que hoy iba a declarar Omar Franco, quien sustituyó a Muñoz al frente de la SAT, pero fue uno de los procesados que no fueron subidos al nivel 14 del referido edificio, donde se desarrolla la diligencia. Después del hecho armado, la guardia penitenciaria no trasladó a los reos que se encontraban en el sótano porque en ese lugar trabajaba la Fiscalía en el análisis de escena del crimen

En el hecho murió apuñalado un presunto pandillero y dos más resultaron heridos de bala.

Al finalizar el interrogatorio contra Muñoz, el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, indicó que por orden de la Corte Suprema de Justicia no se podía trasladar a los detenidos, por lo que la diligencia.

Gálvez explicó que se programará una nueva fecha para que el órgano investigador lea la acusación en contra de los primeros 24 procesados por el caso La Línea.

“Es recomendable que se continúe con el tratamiento del antibiótico Cefazolina, en un centro hospitalario, debido a que dicho medicamento solo puede administrarse por vía parenteral (intravenosa) y no oral”, precisa el informe del Inacif

Agrega el informe: “Salvo que se cambie el tratamiento por otro medicamento se podrá administrar por otra vía, lo que no es prudente en este momento porque faltan estudios que completar”.

El informe el Inacif aún no precisa cuánto tiempo podrá permanecer en las instalaciones militares Roxana Baldetti, hasta el momento y según el peritaje es por tiempo indefinido, ya que la ex funcionaria deberá someterse a otras evaluaciones médicas.

Suspicacia

A las nueve de la mañana de este lunes, la FECI, solicitó ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), una ampliación del dictamen emitido el sábado pasado en torno al estado de salud de Roxana Baldetti.

El Inacif busca establecer si Baldetti debe permanecer hospitalizada o puede volver a la cárcel Santa Teresa, en la zona 18, bajo un tratamiento ambulatorio.

En caso la ampliación del dictamen establezca que Baldetti debe guardar prisión, también deberá señalar cuál es el tiempo prudencial para que vuelva a la cárcel Santa Teresa.

Desde el viernes anterior, Roxana Baldetti abandonó la cárcel pues fue trasladada al Centro Médico Militar, en la zona 16, donde se le debía retirar un catéter que tenía colocado en el brazo izquierdo, sin embargo en horas de la noche la exmandataria no había retornado al centro carcelario.

Esto se logró mediante un  oficio  de traslado urgente solicitado por su  abogado Mario Cano, mismo que fue autorizado por el Juzgado de Mayor Riesgo.

Sin embargo en horas de la madrugada del sábado fue planteado un recurso de exhibición personal  pues a los custodios del Sistema Penitenciario que se encontraban a cargo de la vigilancia de Baldetti les fue vedado el ingreso al centro asistencial.

Por su parte ese mismo día, la fiscalía solicitó al área clínica del  Inacif una evaluación del estado de salud de la ex vicemandataria.

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue ligada a proceso el 25 de agosto, en el caso La Línea por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

El juez B de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez concluyó que existen indicios  “suficientes” para ligar a proceso a la ex vicepresidenta. “Este órgano después del análisis considera prudente dictar auto de procesamiento”, explicó Gálvez.

Gálvez  determinó que a pesar que en las escuchas telefónicas no se menciona directamente a Baldetti,  si se hace referencia a la 2, indicios que podrían vincular a la ex vicemandataria en la estructura dedicada a la defraudación.

En el cateo de la residencia participaron el fiscal de la Unidad de Casos Especiales del MP, Rafael Fernando Mendizábal y el juez de Paz de Mixco, Alfredo Scheel, además de investigadores del MP, elementos de la G-2, agentes de la Policía Nacional, PN; elmentos del Quinto Cuerpo, así como la Policía Militar Ambulante, PMA.

Después de más de cinco horas de registro en la lujosa residencia del comerciante Moreno Molina, el juez Scheel dijo que se efectuó el registro domiciliario en virtud de considerarse que existían evidencias acerca de contrabando y evasión fiscal.

Scheel expresó que ordenó la detención del comerciante Moreno por las evidencias encontradas en el lugar, pero que él es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, por lo que después de haberlo indagado en el juzgado de Mixco, ordenó su detención. Sin embargo, Moreno fue recluido en un hospital privado por quebrantos de salud, bajo fuertes medidas de seguridad.

Según un fiscal del MP quien pidió mantener su nombre en el anonimato, el comerciante Moreno Molina, quien trabajó en el Estado Mayor Presidencial durante el Gobierno de Jorge Serrano Elías, es sindicado de ser responsable de una millonaria evasión fiscal que sobrepasa los Q90 millones anuales, robo de furgones y tráfico de influencias, por lo que siempre ha estado protegido por algunos militares.

Militares involucrados

El MP tomó como pruebas, además de cédulas falsificadas, un equipo de computación, así como un fólder con documentos en donde aparecían los nombres de tres generales y dos coroneles. Los documentos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad por investigadores del MP y PMA para una exhaustiva averiguación, ya que según el MP en las acciones ilícitas que realizaba Moreno Molina, hay involucrados altos jefes militares, policías, trabajadores de Aduanas y otros funcionarios.

La residencia de Moreno estaba cuidada por más de diez guardias privados, y contaba con un sistema de vigilancia con circuito cerrado. Dentro del inmueble había dos vehículos valorados cada uno con más de Q300 mil, así como otros tres en la casa de enfrente, la cual servía como bodega y habitación de los guardaespaldas de Molina, quien era investigado desde hacía varios meses por el MP.

“Soy inocente”

Moreno afirmó que era inocente de los cargos que se le imputaban, y prueba de ello es que lo detuvieron solo por una cédula que encontraron en su casa, por lo que, según dijo, buscaban únicamente perjudicarlo a él y a Alfonso Portillo, a quien acompañó en varias giras que realizó durante la campaña presidencial que desarrolló el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en las elecciones de 1995.

“Yo no soy ningún capo de bandas, porque tendría que ser un hombre superpoderoso”, enfatizó Moreno, quien relató que solo buscan dañar la imagen del FRG y de Portillo, porque no hay motivos para su detención. Agregó que en la documentación encontrada en su casa hay nombres de militares, “yo tengo como 200 amigos militares, y tengo un negocio propio, el cual consiste en una fábrica de cerámica”, dijo, por lo que sus abogados comprobarían su inocencia.

Por su parte, Lucy de Moreno refirió que la detención de su esposo es un show político montado por el gobierno del presidente Álvaro Arzú, para perjudicar a su esposo y a  Portillo, quien es un líder en el país y a quien solo tratan de dañar.  “Mi esposo tiene muchos enemigos de arriba, y los archivos que se llevaron contienen papeles personales y del negocio. Lo buscan por robar furgones, pero esos ladrones están dentro del Gobierno, allí es donde deben buscar, agregó.

En el juzgado de Mixco se informó que Moreno fue detenido por uso de documentos falsificados y falsedad material, y sujeto a investigación por contrabando y evasión fiscal.

La red de contrabando de Moreno era denominada “Salvavidas” e integrada, entre otras personas, por abogados, funcionarios y empleados públicos, políticos y periodistas. Este grupo operó desde 1978 hasta 1996 y evadió al fisco por más de Q2 mil millones, por medio de una organización que ingresaba en el país mercadería procedente de Panamá sin pagar los impuestos respectivos.
 

Juicio y muerte

Moreno permaneció cinco años en prisión en el Preventivo de la zona 18 y salió libre al pagar una fianza de Q1 millón. En 1998, el Tribunal Quinto de Sentencia lo absolvió por no haber encontrado pruebas de defraudación tributaria en su contra. Sin embargo, en septiembre de 2009 enfrentó juicio por los delitos de contrabando aduanero, defraudación aduanera en forma continuada, falsedad material y cohecho activo. La audiencia del juicio tardó unos 13 años por los numerosos recursos que presentó la defensa.

Junto a Moreno fueron sindicados Santos Hipólito Reyes, Óscar Rolando Chávez, Carlos Hernández García y  Eusebio Pérez Chávez de integrar la estructura de defraudación y en la investigación fueron señalados el coronel Jacobo Salán Sánchez, asesor de seguridad del ex presidente Portillo, encontrado culpable por desfalco en el MInisterio de la Defensa; y los generales Francisco Ortega Menaldo, Horacio Soto Salán, Héctor Letona Hora y Manuel Antonio Callejas; sin embargo a éstos últimos no se encontraron pruebas que sustentaran la acusación.

Tras un año de juicio fueron condenados a cuatro años de prisión Moreno, Chávez y Reyes, quienes fueron encontrados culpables por caso especial de defraudación y  se les otorgó medida sustitutiva, misma que cumplieron para evitar la cárcel.

El 7 de febrero de 2013, Moreno Molina falleció a consecuencia de un paro cardiaco.

Vínculo con “La Línea”

El apellido Moreno trascendió nuevamente en abril de 2015 con el descubrimiento de la red de defraudación aduanera denominada “La Línea” conformada por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, personal de aduanas e incluso el ex presidente Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías.

En noviembre de 2013 la publicación de un matutino local vinculó al ex secretario de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, actualmente prófugo e integrante de “La Línea”, con una banda de robacarros que protagonizó un tiroteo en la calzada Roosevelt. Monzón Rojas viajaba supuestamente en un carro robado junto a Mario René Orellana, José Moreno Serrano y Byron Moreno Molina, estos últimos familiares de Moreno Molina. Monzón negó los señalamientos, ya que el caso fue sobreseído, aunque reconoció que conocía a los famliares de Moreno Molina y que desconocía el pasado del fallecido contrabandista.

En abril de 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público dio a conocer a la estructura “La Línea”, que operaba en las aduanas del país. Entre sus integrantes se encuentra Francisco Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”, lugarteniente de Moreno Molina y quien declaró como testigo en contra de su jefe en mayo de 1999. Indicó que Moreno Molina era una persona influyente en círculos de poder, derivado del trabajo que desempeñaba en las aduanas durante la década de 1980.

“Yo me presenté ante la justicia tal y como lo dije”, expresó el exmandatario, quien intentó disminuir la importancia de su participación en la red de defraudación aduanera.

El exmandatario fue ligado a proceso penal y dejado en prisión preventiva, pues Gálvez consideró que existen suficientes indicios que lo ligan al caso y por lo tanto se debe evitar una posible obstaculización a la justicia.

Pérez Molina agregó que se encuentra frustrado por la actuación de la Corte Suprema de Justicia al darle trámite a su antejuicio sin conocerlo de fondo, además criticó la actuación del Juez Miguel Ángel Gálvez y dijo que su actuar se daba en respuesta a lo solicitado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público sin analizarse de manera profunda los señalamientos que se hicieron en su contra.

Aunque la defensa de Pérez Molina, encabezada por el abogado César Calderón, apeló tratados internacionales de Derechos Humanos y alegó que se violenta la presunción de inocencia al dejar en prisión al ex mandatario, el juzgador consideró que, tal como lo argumentó el Ministerio Público, la Cicig, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria, existía el riesgo que el ex presidente podría influir en forma negativa en el proceso de investigación.

El juzgado fijó al Ministerio Público el 7 de diciembre para formalizar la acusación contra el ex mandatario y el 21 de diciembre la audiencia de apertura a juicio.

La cronología de los hechos

Desde el momento que se dió a conocer la posible implicación de Roxanna Baldetti en la red de defraudación aduanera, Pérez Molina inició un declive contínuo que ahora lo ha llevado ante la justicia

8 de septiembre | El juez ligó a proceso y dejó en prisión preventiva al exmandatario

4 de septiembre | El juez aplazó la audiencia para este martes, Pérez Molina fue ligado a proceso penal y espera conocer si será envíado a prisión.

3 de septembre | Pérez Molina rinde declaración ante el juez y negó su vinculación con La Línea.

2 de septiembre | Congreso aceptó la renuncia del expresidente Pérez Molina. La Presidencia confirmó la renuncia a la 1.20 de la madrugada. Ese día Pérez Molina se presentó ante el juez del caso para conocer el motivo de la sindicación.

1 de septiembre | Con 132 votos a favor el Congreso en una votación histórica le retiró la inmunidad al presidente Pérez Molina. el Ministerio Público y la CICIG presentaron un antejuicio contra el mandatario.

25 de agosto | La ex vicepresidenta Roxana Baldetti en ligada a proceso y enviada a prisión preventiva por los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo, por su presunta vinculación con La Línea, el MP spone que Baldetti junto a Pérez Molina era los cabecillas de la organización.

21 de agosto |  El Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ordenó la captura de la exfuncionaria por los delitos de asociación ilícita, caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Baldetti está internada en el Centro Médico, en la zona 10 capitalina.

20 de agosto | El MP y la Cicig catearon una de las propiedades de Baldetti en busca de evidencias en relación al caso La Línea.

También indicó que  esperan que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti sea juzgada como un ciudadano común y no goce de privilegios. También pidió que sean efectivas las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  

Calel indicó que rechazan el nepotismo que afecta en Santa Rosa y la supuesta corrupción en la municipalidad local.

Carlos Aguilar, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, afirmó que continuarán con las manifestaciones. “El pueblo aquí nos ha pedido que también manifestemos en contra de las autoridades locales, los que viven en Barberena saben qué necesidades tienen”, manifestó.

Aguilar indicó que exigen transparencia, justicia y que se cumpla el debido proceso para retirarle la inmunidad a Pérez Molina.

“Va ser un paro nacional porque  pedimos que se retrasen las elecciones, hasta que se aprueben las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También demandamos que se convoque a una asamblea nacional constituyente  para mejorar el Estado de Guatemala”, manifestó  Sánchez.

Otto Quintana, del sindicato de maestros de Retalhuleu, comentó que en los establecimientos educativos públicos de ese departamento serán suspendidas las clases, ya que los maestros apoyarán la manifestación.

“Pedimos que el Congreso de la República a través de los 105 votos o más le quite la inmunidad a Pérez Molina, para que sea enjuiciado igual que cualquier otro ciudadano”, manifestó Alberto Dueñas, sindicalista.

De acuerdo con organizadores, las protestas iniciarán a las 6 horas en todo el país.

De acuerdo con investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina estaría involucrado en el caso de defraudación conocido como La Línea.

Estos señalamientos han causado manifestaciones en todo el país para que el mandatario abandone el cargo.

El presidente Otto Pérez Molina ofrece un mensaje a los guatemaltecos este lunes desde Casa Presidencial y en la misma trata de desacreditar las pruebas que ha presentado el MP y CICIG, entre ellas una llamada telefónica que hizo al exjefe de la SAT para designar personal, la cual ha reconocido que sí hizo.

Los inconformes firmaron un manifiesto que será trasladado al movimiento JusticiaYa en la capital, con el fin de apoyar la petición de la población.

Juan Francisco Hernández, directivo financiero de la Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango, indicó que mientras Otto Pérez Molina este en el gobierno habrá inestabilidad en el país y causará  daños a la economía por alejar la inversión extrajera a causa de los actos de corrupción.

Estas reacciones surgen luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público señalaran a Pérez de dirigir una estructura criminal denominada La Línea, la cual se dedicada a la defraudación aduanera.
El jueves último, empresarios de Xela apoyaron la protesta  y entregaron pan agua pura y galletas a unos 10 mil quetzaltecos que manifestaron. 

“Vamos a seguir en una resistencia pacífica, porque por primera vez el despertar de esta sociedad exige sus derechos”, expresó Siefren Méndez, de la Mesa Económica de Quetzaltenango.

Guatemaltecos se unen

La Plaza de la Constitución fue el principal escenario donde unas 100 mil personas exigieron este jueves la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, sin embargo y aunque su permanencia al frente del Ejecutivo provocó un paro nacional, el mandatario aseguró que no renunciará.

Además de la capital, otros miles de ciudadanos protestaron de forma pacífica en la provincia, en actividades que se extendieron por más de ocho horas de manifestación.

Durante 17 sábados consecutivos de se habían desarrollado protestas pacíficas, pero este jueves se efectuó un paro nacional, en el que se sumaron guatemaltecos de todas las clases sociales y, sin importar la edad, rechazaron que Pérez Molina se mantenga en el poder luego de los señalamientos de corrupción.

Comercios grandes y pequeños también se sumaron al clamor nacional y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, (Cacif), terminó por apoyar el paro nacional al instar a las empresas a permitir la participación de sus trabajadores en las actividades.

https://twitter.com/LiHerrera_GTV/status/636986531941646336

El objetivo de la mayoría de los participantes es crear una mejor Guatemala para los más jóvenes.

Desde el lugar más recóndito del país, hasta en Europa y Alaska, se ha expresado el apoyo chapín a este movimiento histórico.

Aquellos que no están físicamente apoyan la marcha desde las redes sociales, mientras que los que sí pudieron asistir comparten fotos cómo se prepararon para el evento.

Pérez Molina es señalado de liderar la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, por el cual la ex vicepresidenta Roxana Baldetti enfrenta un proceso judicial. Los señalamientos en contra de su secretario privado, Juan Carlos Monzón, desataron una serie de movimientos sociales.

La Cicig y el Ministerio Público interpusieron un antejuicio en contra del mandatario, que en reiteradas ocasiones manifestó que no dejará el cargo.

El lunes y martes se desarrolló la audiencia de primera declaración de Baldetti, pero la ex vicemandataria no quiso emitir opinión a los periodistas al momento en que era evacuada de la sala de audiencias.

Este miércoles el juez Gálvez ordenó que Baldetti fuera enviada a la cárcel de Santa Teresa, por un peligro de fuga, y cuando terminó la audiencia la ex vicemandataria rompió el silencio  y escuetamente respondió a los reporteros que la asediaban.

Lo que dijo Baldetti

Al ser cuestionada sobre que se le implica en el caso de defraudación aduanera conocida como la Línea, Baldetti dijo “no, yo creo que tienen que oír al juez bien para poder  entender lo que dijo,  hay que escuchar”.

Cuando le preguntaron sobre que está ligada a proceso y que fue envidada a la prisión de Santa Teresa, Baldetti mencionó: “No importa,  yo estoy dispuesta a que haya estado de Derecho en Guatemala y si esto lo tengo que pasar lo voy a pasar”.

Afirmó que no se siente traicionada por  el presidente, y  cuando se le consultó sobre las llamadas que la involucran en el caso la Línea, dijo que a ella no  la involucran.

No cree que Otto Pérez esté involucrado en La Línea

Reporteros le consultan sobre la implicación de Pérez Molina en La Línea y respondió  “yo no lo creo, yo no tengo mayores datas así que no voy a hablar sobre él”.

Finalmente le preguntaron a Baldetti  qué le diría a Juan Carlos Monzón, su exsecretario privado y también involucrado en el caso La Línea,  y respondió “que se entregue para aclarar la situación”.

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@prensa_libre jajaja y esta pensó que era Santa Tetesita en Amatitlán pic.twitter.com/Xo5pzSieMH

— Sergio Colindres (@AnibalColind) August 26, 2015

Adivinen quienes estan esperando a Roxana Baldetti en Santa Teresa!! #CasoBaldetti #CasoLaLinea #BaldettiAPrision pic.twitter.com/2HjQKMtgHo

— Isa-FireMeetGasoline (@Sara_Riera) August 26, 2015

#BaldettiAPrisión pic.twitter.com/gIuh3JH1WR

— KGómez (@RumaGomez) August 21, 2015

Yo, viendo que a la Baldetti se la llevan para el Santa Teresa.. pic.twitter.com/bw48K35Zfh

— Pazos Carlos José (@CJMo5h) August 26, 2015

Santa Teresita!

Expectativa vrs Realidad pic.twitter.com/1na50XBqvS

— Frijolero (@Frijolero_gt) August 26, 2015

Está re bonito el cinco Hermes… awww pero no lo puede usar en #SantaTeresa #BaldettiALaCárcel pic.twitter.com/oLCYQIHUkR

— EveR (@AsecasEver) August 26, 2015

Como así que no es al Spa Santa Teresita al que me están mandando?! #BaldettiALaCarcel #CasoBaldetti #CasoLaLinea pic.twitter.com/41LANoSAOg

— Isa-FireMeetGasoline (@Sara_Riera) August 26, 2015

#SantaTeresaTeEspera Baldetti! pic.twitter.com/0dJEpiQNHs

— fheavy (@fheavy) August 26, 2015

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Mientras le ponen Rebonita su celda en Santa Teresa #BaldettiEnElBanquillo #TeToca pic.twitter.com/y96W925KJk

— Erick Reynoso Cast (@erick_reynoso24) August 26, 2015

#CasoBaldetti #CasoLaLinea #Baldetti #BaldettiEnElBanquillo mi reacción al oír Santa Teresa Baldetti xD pic.twitter.com/0wpr48pfn7

— Andrea Melgar (@Andris_melgar) August 26, 2015

NO A SANTA TERESA NO POR PIEDAD NO!!
DICE SER LIC. CANO #HonorableJuzgador #BaldettiEnElBanquillo pic.twitter.com/q2jayTJ9bm

— #Diewo (@dijocaRM) August 26, 2015

Rebonitola cárcel de Santa Teresa #BaldettiEnElBanquillo #RoxanaBaldetti @Ronald_MacKay pic.twitter.com/cM905sUW9f

— Jeffrey Pennant (@JayPennant) August 26, 2015

Santa Teresa, ahí te va la gruesa! pic.twitter.com/Nj0ubwZMf5

— Andrea Ixchíu (@Andreakomio) August 26, 2015

Añadieron que no están de acuerdo con la disposición, por lo que decidieron irse a protestar frente al edificio de Gobernación y apoyar al maestro Óscar Ramírez, quien permanece en huelga de hambre en el lugar, para exigir la renuncia del mandatario, quien de acuerdo con investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, estaría implicado en la red de defraudación denominada La Línea.

La protesta también es apoyada por un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Jutiapa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes con pancartas exigen se cumplan sus demandas.

En medio de una creciente presión para que renuncie, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, aseguró  que se mantendrá en el poder y lanzó una dura crítica a lo que llamó el intervencionismo de la comunidad internacional y la corrupción en el sector privado.

En los 5.27 minutos que duró el mensaje, Pérez Molina negó liderar la estructura de defraudación tributaria denominada La Línea. Aseguró también que no recibió dinero proveniente de los impuestos, acusación presentada el viernes recién pasado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El discurso del mandatario fue polarizante y confrontativo. De hecho, su principal blanco fueron los empresarios y la comunidad internacional.

Aunque pide perdón al pueblo por la corrupción en su gobierno y los funcionarios que él nombró, termina solidarizándose con la clase política aspirante a asumir el poder, la mayoría rechazados por los guatemaltecos en las protestas ciudadanas.

“No hay una línea, son dos y hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial”, dijo Pérez respecto de que hasta ahora solo están capturados funcionarios y supuestos operadores de la red ilegal.

En cuanto a la comunidad internacional, expresó: “No es aceptable que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista que tiene como objetivo dictarnos qué y no hacer, y quebrantar la democracia”.

El día en el que Otto Pérez Molina puso la mano en el fuego por #RoxanaBaldetti en entrevista con @jorgeramosnews > http://t.co/FBMNIq0o3y

— Univision Noticias (@UniNoticias) August 21, 2015

Terminó su mensaje diciendo: “Asumiré mi responsabilidad y aceptaré la ley, pero si algo positivo tenemos es que Guatemala cambió y la ley es para todos por igual”.

Luego de la conferencia de prensa ¿qué curso han llevado las investigaciones?

La investigación continúa porque el proceso de análisis de información que ha sido recabada continúa por medio de las unidades del MP y de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), como de análisis financiero, y se continúa recabando información para continuar amarrando la investigación que la Fiscalía inició el año anterior.

¿Cómo  determinan que la señora Baldetti y el presidente encabezan esta organización?

La interceptación de llamadas telefónicas dio la primera referencia de que podría tratarse de ellos. Pero la confirmación, los indicios racionales suficientes, necesarios para el momento procesal, derivó del análisis de la información de correos electrónicos, los documentos secuestrados, las agendas telefónicas y documentación localizada en allanamientos efectuados en distintos lugares.

¿Es clave la documentación localizada en las oficinas de  Salvador Estuardo González, quien ya está detenido?

En lugares vinculados con él y  con el señor —Juan Carlos— Monzón.

¿El presidente y la ex vicepresidenta serían los grandes nexos, según las evidencias?

En efecto, porque un primer indicio preliminar lo daban la interceptación telefónica con las referencias de actividades ilícitas a personas denominadas como “el Uno”, “la Dos”, “el dueño de la finca”, “la mera mera”. En algunas ocasiones, referencias directas al presidente y a la —ex— vicepresidenta.

¿Cómo logran relacionar esos sobrenombres?

El contexto de las comunicaciones, pero la referencia que se hace es a que reciben la mayor parte de dividendos de la actividad ilícita, y ello es corroborado con la propia información financiera que fue, por ejemplo, ubicada en equipo de cómputo, donde existían tablas donde se determina la forma en que se repartían los dividendos de esta organización.

¿Los cheques que se dieron a conocer   son los únicos encontrados o hay más?

Lo que se dio a conocer es una muestra. El resto de información la tiene a disposición la señora fiscal y en la audiencia de primera declaración se hará pública.

¿Se ha iniciado proceso de investigación contra otros funcionarios?

La investigación continúa, y no es que quiera ocultar algo, pero está en investigación y para que esta sea efectiva la misma ley establece que se debe  guardar reserva. Si yo me aventurara a dar algún nombre y luego resulta que no tiene ninguna vinculación, sería dañino para esta persona.

Ya presentaron la forma de distribución de dividendos. ¿Qué tan sustentable es esto en este momento procesal?

Muy sólido. Por ejemplo, las llamadas telefónicas, que son gran parte del soporte que tiene la investigación, hablan en clave: “el Uno”, “la dos”, siglas, nombres, denominaciones, que al analizar la propia información que aparece en los equipos de cómputo se establece y se da un sentido a esas llamadas.
Lógicamente  no puedo dar certeza, porque la certeza solo la da un tribunal de Sentencia en el momento que la dicta, pero para el momento en que nos encontramos, los indicios  racionales son suficientes y  permiten soportar una imputación.

¿De qué cantidades   habrían recibido los dos cabecillas?

Es prematuro, porque aún está en investigación. Hay requerimientos de información financiera, la investigación continúa y tendrá que ir unida con los análisis e informes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y el seguimiento a la ruta del dinero. Lo importante es que se obtuvo la información y que está siendo objeto de procesamiento. Cuando se presente un acto conclusivo, allí se podrán dar cifras exactas.

¿Lograron interceptar alguna llamada donde se escuche directamente al presidente o la ex vicepresidenta?

Hay algún tipo de comunicación. Si están pendientes de la audiencia de primera declaración, allí podrá ser expuesta.

¿Llamadas entre ellos?

Entre ellos no, pero sí entre alguno de ellos con algún funcionario involucrado al tema.

¿Hablan de cómo se repartirían los dividendos?

No directamente, no precisamente de dividendos, pero que sí da la idea de que están en el contexto de la actividad de la organización.

¿En cuántas llamadas se escuchó  al presidente o a la ex vicepresidenta?

En este momento no puedo responder esa pregunta.

¿Qué es lo que más le sorprendió de los hallazgos?

El nivel de las personas que participaron en esta actividad ilícita. En segundo lugar, he tenido la oportunidad de investigar grupos criminales organizados, pero este estaba tan organizado que era toda una empresa mercantil, pero  ilícita. Y la tercera cuestión es lo que provocó en la sociedad el resultado de la propia investigación. Son tres aspectos que me han sorprendido.

¿Se va a solicitar  embargo de propiedades del presidente?

Él tiene en este momento una prerrogativa, y lo  de los bienes le corresponde a otra fiscalía.

Por el tipo de personajes señalados ¿teme por su vida?

En un país como Guatemala, con altos niveles de violencia, todos tememos por nuestra seguridad. Lo que sí puedo decirle es que el riesgo se elevó por la exposición mediática y el tipo de personajes, y sí temo, todo el mundo tememos, pero en nuestra tradición  judeocristiana, yo me encomiendo a Dios.

Un episodio que protagonizó durante el gobierno de Serrano fue el viaje que realizara a España del 23 al 26 de julio de 1993 con motivo de la II Cumbre Iberoamericana y la inauguración de los XX Juegos Olímpicos. En la comitiva numerosa que llevaba el presidente se encontraba Baldetti quien cobró Q100 mil quetzales en concepto de pasajes y viáticos.

El 1 de julio de 1993 trascendía dentro de las páginas de Prensa Libre la prueba del excesivo costo que representó para el erario nacional el viaje de Baldetti a Madrid. Una fotocopia de la factura por la compra de los boletos llegó a la Redacción como prueba.

La comitiva en la que se encontraba Baldetti viajó en forma separada hacia Madrid y posteriormente se reunieron en Sevilla. El otro boleto estaba a nombre de Miguel Robledo, asesor de Serrano, quien no realizó el viaje. Los gastos de ambos fueron cobrados por ella a pesar de la ausencia de Robledo. Baldetti negó en una carta los señalamientos al indicar que los viáticos tenían un límite para cada empleado y que constamente eran fiscalizados por una auditoría interna y externa para evitar desfalcos. Por este caso no hubo ningún proceso ni sanción.

En la nota periodística se añadían también otros señalamientos que empleados de la Secretaría de Comunicación hacían en contra de Baldetti. Una de esas arbitrariedades indicaban que Baldetti envió a su secretaria Consuelo Ruiz en lugar de un periodista a una reunión de mandatarios realizada en Nicaragua y de nombrar como jefe de personal de la secretaría a la señora Aída de Castillo quien no podía legalmente ocupar el cargo al ser trabajadora jubilada por el IGSS.  La falta de fondos en la dependencia era también una denuncia de los trabajadores para poder desempeñar sus labores y señalaban la mala administración del presupuesto por parte de Baldetti.

Artífice de censura

Durante la crisis del “Serranazo”, Baldetti fue la encargada junto con Serrano de censurar a la prensa, al enviar censores a los diferentes medios de comunicación para verificar la información que se publicaría durante el periodo de las medidas especiales de gobierno. Prensa Libre fue una de las afectadas al no circular el 26 de mayo de 1993. 

Luego de la huída de Serrano se dictó orden de arraigo en contra de Baldetti en el proceso que se inició en el Juzgado Primero de Instancia Penal de Instrucción en contra de las personas que colaboraron en la censura a la prensa durante el rompimiento del orden constitucional. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia resolvió responsabilizar a Serrano; Gustavo Espina, vicepresidente; Francisco Perdomo, ministro de Gobernación; Arturo Alvarado Pérez y a Roxana Baldetti de cometer una flagrante violación a la libre emisión del pensamiento. La postura de la PDH fue únicamente moral ya que no podían actuar penalmente por este delito. A pesar de las denuncias tampoco se castigó a nadie en este proceso.

Asesora del FRG y diputada

Tras unos años fuera de la vida pública, Baldetti volvió a participar en política aunque en forma discreta durante el proceso electoral de 1999, con el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) quien ganó las elecciones y gobernó el país de 2000 a 2004, Baldetti fue la publicista del partido. Al gobernar el FRG, Baldetti se desligó del FRG y se unió a la Gran Alianza Nacional (Gana) para participar en las elecciones como diputada al Congreso de la República por el listado nacional, resultando electa para el periodo 2004-2008.

En las elecciones del 2007 resultó nuevamente electa como diputada al Legislativo por el Partido Patriota (PP), de la cual llegó a ser Jefa de Bloque y realizó una férrea oposición al gobierno de Álvaro Colom. Abanderada del PP resultó electa como Vicepresidenta de Guatemala en 2011, cargo que desempeñó desde el 14 de enero de 2012 hasta el 9 de mayo de 2015, fecha en la que renunció ante la presión social y política por su presunta implicación en la red de defraudación aduanera denominada “la Línea” y por la cual se encuentra arrestada y procesada actualmente.

En el plantón participaron jóvenes encapuchados y sin capucha; quienes también aprovecharon para retirar propaganda política de algunos sectores y rechazar la corrupción que impera en instituciones del Estado.

“Estamos indignados por la corrupción en Guatemala y tenemos voz para liberar a nuestro pueblo”, manifestó Zoila Barrientos, estudiante de Medicina.

Luis Huertas, otro estudiante,  afirmó que la protesta es contra la corrupción, pero también es una forma de solicitar que la captura de Baldetti no sea solo una euforia en la población, ya que se debe exigir  que sea juzgada.

Los inconformes también pidieron que se anule la inscripción de candidatos que carezcan de idoneidad para ocupar cargos públicos.

Documentos son analizados por expertos de MP y CICIG #CapturaBaldetti #AntejuicioOPM pic.twitter.com/3apSYdTUuN Vía @hpocasangre_pl

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 21, 2015

La exvicepresidenta Roxana Baldetti fue capturada este viernes por orden del juzgado de Mayor Riesgo B, por su presunta implicación en el caso La Línea, le sindican los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita entre otros delitos.

El MP confirma que la captura se debe por el caso La Línea donde hay 27 personas detenidas y está prófugo el ex secretario privado de Baldetti Juan Carlos Monzón.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Francisco Sandoval, dijo que a las 9.15 horas Baldetti fue notificada de su captura, la diligencia se efectuó en la habitación 706 de Centro Médico donde la exfuncionaria está internada.

Baldetti ingresó a ese centro asistencial el domingo último supuestamente por quebrantos de salud.

El juez Gálvez emplazó al MP por que presentará un informe de lo sucedido, aunque afirmó que suspendería la audiencia.

En la audiencia de este lunes el MP debió presentar ante el juez los medios de prueba contra los implicados en el caso de defraudación aduanera, luego el juez Gálvez decidiría  si enviaba o no a juicio a los implicados en la defraudación aduanera.

Los detenidos están implicados en el cobro de sobornos a empresarios para permitir el paso de mercadería en las aduanas sin pago de impuestos. Entre los detenidos se encuenta Omar Frnaco y Carlos Muñoz, ambos ex titutales de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) señalados del delito de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.

Los empresarios capturados son importadores que supuestamente se beneficiaban con la estructura, según la investigación encabezada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los delitos por los que quedaron ligados a proceso los empresarios son cohecho activo y defraudación aduanera.

Los detenidos

1. Julio César Cotzajay Yax
2. Young Min You
3. Antoun Batach Mksoud, árabe
4. Liyun Chen
5. Julio César Emanuel Miranda González
6. Miao Miao.
7. Ahmed Ben Blanco Gramajo
8. Mirna Lucrecia Montenegro Armas
9. Hugo Jo Hu

La Línea

El 16 de abril último, a través de una investigación que llevó a cabo la Cicig y el MP, lograron desarticular una red de defraudación aduanera dirigida, supuestamente, por el exsecretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, quien se encuentra prófugo.

Vinculado a la estructura fue capturado Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el extitular de la institución, Carlos Enrique Muñoz Roldán. Además otras 17 personas fueron aprehendidas, incluido Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, quien estuvo ligado a la red de contrabando del fallecido Alfredo Moreno.

Los implicados son Julio César Cotzajay Yax, Young Min You, Antoun Batach Mksoud, Liyun Chen, Julio César Emanuel Miranda González, Érick Miao Miao, Ahmed Ben Blanco Gramajo, Mirna Lucrecia Montenegro Armas y Hugo Jo Hu.

Para la audiencia se solicitaron traductores en mandarín y coreano, aunque en una interceptación telefónica se oye que Miao Miao habla español.

En las escuchas telefónicas presentadas ayer en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, el Ministerio Público destacó la conversación entre Miao Miao y Julio César Aldana Sosa, en la cual negocian sobre la forma como pagará por sus productos y el monto que debe dar a La Línea.

En otras comunicaciones se evidencia la planificación para alterar una factura, para que pueda ingresar la mercadería sin ser detectados.

La diligencia sigue este martes.

El Ministerio Público reconoció que a través de las escuchas telefónicas es como logran identificar a los empresarios involucrados.  Fue de esta manera como tuvieron información que uno de los involucrados es el empresario Miao Miao, capturado ayer, y a quien conocían con el alias Erick, y era quien pedía precios para el ingreso de mercadería a la aduana.

Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, dijo que hay capturas pendientes de empresarios vinculados al caso de la Línea, y que esta es una de las fases del proceso.

Mientras que Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, dijo que tienen 2 mil eventos identificados, y siguen con las pesquisas, y  cuando se tengan los resultados los presentarán.

Mencionó Velásquez que si llegara a resultar involucrada la exvicepresidenta Roxana Baldetti, lo darán a conocer. Y si no hay ninguna vinculación, también lo harán público.

Escucha evidencia defraudación

Julio: Aló
Miguel: Vos disculpa
Julio: Si Miguel
Miguel: Estaba haciendo lo del vaso pero no cuadra la transferencia con
Julio: ¿No cuadra?
Miguel: (no se entiende)
Julio: Púchica
Miguel: porque la transferencia sólo la hicieron por mil doscientos cincuenta (1,250) cartones (cajas de vasos)
Julio: Aja
Miguel: Son mil trescientos (1,300)
Julio: ¿Hay cuánto de diferencia?
Miguel: Cincuenta, cartones
Julio: Sí hombre ya me acordé vos, fíjate que don, don Hugo me explicó, eh… dice que como le quedaba espacio vacío le metieron 50 cajas que son del otro pedido, ¿Pero ahí qué podemos hacer vos?, ¿Ya nos carroceó?
Miguel: Es que no podemos poner cincuenta, cincuenta cajas sin valor comercial porque nada que ver va vos.
Julio: si pues

Mención de Anabella de León

Antoun Batach Mksoud es un empresario quien aparece en el expediente de la Cicig, en el texto donde aparece es por una escucha telefónica en ella se menciona a Anabella de León exregistradora de la Propiedad.

Extracto de la escucha telefónica

W llama a Mynor, y le pregunta si está el jefe, “lo que pasa es que quiero hablarle del clavo de Batach porque ya están hablando, hasta la Anabella de León, como que es del Registro Mercantil, la registradora está hablando por ese caso, que ya le habló al Súper (Muñoz), es un vergu… para que nos de apoyo o háblale a Noé (Julio) que ellos quieren arreglarlo aquí, pero yo los mande con Noé, lo que pasa es que no quiero que se haga chisme porque ya le hablaron al otro administrador a Melvin”. Mynor le indica que en un ratito le devuelve la llamada.

De acuerdo con la resolución, pese a que el ente investigador solicitó que se les modificaran los delitos a defraudación tributaria, el juzgador lo hizo por defraudación aduanera.

El juez se preguntó, en relación con los movimientos bancarios: “¿Qué pasó con la Intendencia de Verificación Especial? ¿Por qué no reportó los movimientos sospechosos?”, y agregó: “Ya cuando lo hizo, ya para qué”.

Lo anterior porque, señaló Gálvez, en un solo día los integrantes de la organización criminal depositaron y al mismo tiempo retiraron el dinero de las cuentas bancarias.

Cambio de cárcel

Gálvez refirió que la vida de los integrantes de la organización criminal La Línea corre riesgo al estar detenidos de manera preventiva en la prisión para hombres de la zona 18.

Por ello indicó que deben ser llevados a una cárcel que reúna las condiciones adecuadas, por lo que buscaría la manera de trasladarlos.

Extinción

Durante la argumentación para resolver, el juez señaló que en el Juzgado de Extinción de Dominio se abusa de los bienes de los sindicados.

“El licenciado Francisco García Gudiel hace referencia a la extinción de dominio, y tiene razón. Yo he compartido el criterio de él y de muchos abogados de que se ha cometido una cantidad de injusticias en contra de los particulares”, afirmó Gálvez durante su extensa disertación.

Aprovechó para criticar el trabajo en el Juzgado de Extinción de Dominio, pues dijo que en algunos casos ya van hasta dos años y los vehículos y avionetas se dañan por estar almacenados sin ningún uso ni ser subastados, por no tener capacidad para darles mantenimiento.

Cómo quedan

En el caso sobre el cual resolvió, Gálvez modificó y agregó delitos a Adolfo Sebastián Batz Rojas, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Marina Maldonado García, Juan Carlos Ávila Morán, Édgar Armando Say Coyoy, Gustavo Adolfo Peña y José Rolando Gil Monterroso.

También a Carlos Enrique Muñoz Roldán, Álvaro Omar Franco Chacón, Sebastián Herrera Carrera, Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Mynor Eduardo Mejía Castellanos, Melvin Gudiel Alvarado, Julio Rogelio Roger Palma, Carla Mireya Herrera España, Emilio Barrios Paz y Anthony Segura Franco, por lo que ahora se les agregó cohecho pasivo en el grado de autor y mantienen los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.

Solo agrega delito

A Geovani Marroquín Navas, Salvador Estuardo González, Julio Stuardo González de León, Herbert Francisco Cabrera Castellanos, Osama Ezzat Azziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Julio César Aldana Sosa, Mónica Patricia Jáuregui y Adrián Israel Vela Gómez se les agrega el delito de cohecho pasivo en grado de complicidad, y mantienen el de asociación ilícita y defraudación aduanera.

El argumento de Gálvez para negar la solicitud de los procesos es que “persiste la obstaculización a la verdad”. Las personas a quienes le fue dictó arresto domiciliar son Adrián Yela y Julio Robles Palma. El juez debe resolver la solicitud de un procesado más.

El pasado marte comenzó la audiencia a solicitud de los señalados, quienes exponían los motivos por los cuales el juez podría dejarlos en libertad. Entre las personas que volverán a prisión destacan los ex superintendentes de Administración Tributaria Carlos Muñoz y Omar Franco.

El pasado 16 de abril el Ministerio Público (MP) y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desarticularon una red criminal que supuestamente defraudó al fisco guatemalteco por varios millones de quetzales.

Por este caso es señalado el exsecretario Privado de la Presidencia Juan Carlos Monzón Rojas, quien se encontraba en Corea del Sur junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías al momento de que se conoció su orden de captura y se encuentra prófugo.

La desarticulación de esta banda causó una profunda crisis en el Gobierno y provocó la renuncia de Baldetti Elías al cargo el pasado 8 de mayo.

Socop añadió que el pueblo está oprimido y pobre por culpa de las autoridades.

Señaló que con este tipo de manifestaciones los funcionarios conocen qué opinión tienen el pueblo de ellos.

Ofelia Ochoa, dirigente estudiantil, expresó que en la protesta de este sábado hay bastante participación de jóvenes universitarios de la Universidad de San Carlos y de universidades privadas, que también exigen aclarar el caso de defraudación aduanera.

En el movimiento participan sindicalistas, representantes de la Cámara de Comercio y sociedad civil.

Las dos personas están señaladas de participar en una estructura de abogados quienes supuestamente habrían facilitado la libertad a tres de los presuntos jefes de la red criminal La Línea.

Según la fiscalía Montenegro y Zapata serían dos de las personas que aparecen en las llamadas en donde dicen que “tienen muchas amistades y que se tienen que quedar con ellos”. Montenegro fue secretario del Juzgado Tercero.

La red criminal La Línea, según investigaciones de Cicig y el Ministerio Público habrían defraudado al fisco guatemalteco mediante evasión de impuestos. Dicha evasión podría sumar varios millones de quetzales pero no ha sido cuantificado.

Stalling dijo a periodistas que está dispuesta a que el órgano investigador comience las pesquisas correspondientes en contra de ella, para que se determine si en realidad era sobre ella de quien se referían Mendizábal y Ortiz.

Aseguró que comúnmente se suele confundir su nombre con el de su cuñada, la jueza octava penal, Marta Sierra de Stalling, quien controla el caso por defraudación aduanera, y quien supuestamente habría recibido un soborno de los supuestos jefes de la estructura delictiva, con la intención de beneficiarlos con arresto domiciliario.

Altos funcionarios

El caso de defraudación aduanera abrió paso para la investigación de funcionarios de gobierno y judiciales, debido a supuestos vínculos de estos con empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aduanas y empresarios que acordaban beneficios fiscales al introducir productos.

Entre los señalados se encuentra Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia, quien fue destituido, y que podría ser el jefe de la red.

Además, le costó el puesto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien el pasado 7 de mayo renunció a su cargo. Un día después, 149 diputados acordaron aceptar su separación del puesto.

La jueza Sierra de Stalling, contra quien se solicitó analizar el retiro de su inmunidad, para ser investigada por supuestamente haber recibido un soborno.

También a los exjefes de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz, quienes habrían permitido la operación de La Línea.

En manifestaciones masivas efectuadas los últimos fines de semana, se ha exigido la renuncia al presidente Otto Pérez Molina, por inconformidades ante su gestión al frente del Gobierno.

Este sábado, los ciudadanos continúan encadenados a las puertas del Palacio Nacional con la misma petición; la renuncia de ambos funcionarios. 

El movimiento ha sido llamado Cadenas por Libertad y quienes permanecen encadenados, un grupo que hasta ahora no pasa de 10 personas, mantienen artículos básicos como agua embotellada, han recibido comida y con las manos encadenadas y sentados en sillas plásticas, realizan la manifestación. 

Otros guatemaltecos, identificados con el movimiento, se han acercado a brindarles alimento y apoyar su causa. 

El grupo se mantiene firme y aseguran que se mantendrán en el lugar hasta que el presidente y la vicepresidenta presenten su renuncia y se les pueda investigar. 

Debido al incidente el grupo de mujeres fue custodiado por personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, para evitar cualquier inconveniente cuando los vehículos oficiales se retiraban del lugar.

Lolita Chávez Ixcaquic, lideresa del CPK, señaló que su presencia en el lugar se debe a que están indignadas por los hechos de corrupción en los que están involucrados funcionarios del Gobierno.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUGmuWVuMGg

“Quienes vivimos las secuelas de los hechos de corrupción y de robo a las arcas del pueblo de Guatemala son los niños, mujeres y ancianos, que viven en pobreza extrema mientras que ellos desafían nuestra inteligencia al creer que desconocemos la gran cantidad de propiedades que tiene el presidente -Pérez Molina- y la vicepresidenta Roxana Baldetti”, afirmó Chávez.

Inauguración

https://twitter.com/prensa_libre/status/593866176708521984

El mandatario y varios funcionarios llegaron a inaugurar la construcción de la carretera entre Santa Cruz del Quiché y San Andrés Sajcabajá, de este departamento, proyecto que según vecinos que asistieron a la actividad, ha sido inaugurada en tres oportunidades por distintos gobiernos.

Según Pérez Molina, la pavimentación de los 34 kilómetros a San Andrés Sajcabajá, tendrán un costo de Q100 millones.

De ese total, esperan desembolsar Q45 millones en lo que le resta de su gobierno y el resto será tomado en cuenta en el Presupuesto General de la Nación para que la administración que asuma en enero próximo concluya el proyecto.

Otro caso

El Frente Nacional de Lucha participó de una actividad presidencial donde se formalizó el traslado de cuatro mil salubristas a plazas presupuestadas. Los trabajadores agradecieron al mandatario; sin embargo abuchearon al escuchar el nombre de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Durante su discurso, el presidente mencionó en tres ocasiones el nombre de la vicepresidenta Roxana Baldetti; recordando las promesas de campaña y el cumplimiento de las mismas y para trasladarles saludos a los sindicalistas. En las tres ocasiones fue abucheado el nombre de la funcionaria.

Red de defraudadores

Una red dedicada a la defraudación aduanera, dirigida supuestamente por Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, fue desarticulada el 16 de abril último tras una investigación de un año de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

Sindicalistas de Salud abuchean cuando se menciona el nombre de la vicepresidenta @roxanabaldetti. pic.twitter.com/gWLsWpIsa1 Vía @AOrozco_PL

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 30, 2015

La banda era integrada también por Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el extitular de esa institución Carlos Enrique Muñoz Roldán, capturados durante allanamientos. Monzón está fuera del país desde el lunes y no pudo ser detenido.Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la SAT; Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, y Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, aún estaban anoche en las carceletas de la Torre de Tribunales.

Otras 17 personas fueron aprehendidas, incluido Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, quien estuvo ligado a la red del fallecido Alfredo Moreno. La estructura era controlada por funcionarios y particulares, y según las pesquisas, existía un grupo de importadores con contactos con de tramitadores aduaneros que les facilitaban pagar menos impuestos.

Los productos que ingresaban en forma ilícita provenían de Asia y entre ellos sobresalían los textiles.

Añadieron que les preocupa la ruptura de la institucionalidad, pues consideran que las estructuras de corrupción se han introducido en las instituciones del Estado a nivel nacional, regional y municipal.

Además, aseguran que las autoridades han perdido credibilidad por los actos de corrupción que han sido revelados.

German Gutiérrez, dirigente de la referida organización, dijo que invita a todas las organizaciones a que mantengan la cordura y que analicen las acciones a tomar después de cualquier manifestación.

“Estamos convencidos que nosotros como pueblo organizados tenemos la obligación de defender nuestros derechos y nuestro territorio de manera ordenada”, afirmó Gutiérrez.

Consulta comunitaria

Para el 3 de mayo próximo se tiene previsto que vecinos de la cabecera de Totonicapán participen en una consulta comunitaria, en la que se votará con respecto a temas como minería y la corrupción que afecta al Gobierno.

Gutiérrez resaltó: “creemos necesaria la implementación de estrategias que permitan seguir en la defensa permanente de nuestro territorio, y una de ellas es la Consulta Comunitaria que se tiene programada para el 3 de mayo en la cabecera”.

“Hacemos un llamado a niños, jóvenes, hombres y mujeres a que participen y voten en los diferentes centros que estarán ubicados en varios puntos de la ciudad a partir de la 8 horas”, expresó Gutiérrez.

“Mediante las consultas comunitarias se garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas a expresarse en relación a cómo deben ser utilizados los recursos naturales que se encuentran dentro de su municipio”, dijo Gloria Hernández, alcaldesa auxiliar de la zona 2.

El mandatario explicó que la comisión comisión de acompañamiento a la SAT estaría conformada por expertos economistas.

Los nombres que anunció fueron: Mario García Lara, Raquel Zelaya, Richard Aitkenhead, y Juan Alberto Fuentes, aunque el mandatario dijo que se les invitó y espera que ellos confirmen su participación. 

Pérez Molina aseveró que son personas que tienen suficiente experiencia y les podrían ayudar en tres cosas acciones de corto plazo, entre estas las más urgentes que acompañe el proceso para elegir al superintendente de administración tributaria y los cuatro integrantes del directorio, pendientes de nombrar.

Agregó que con la conformación de dicha comisión se busca revisar el trabajo de la SAT y proponer mejoras al interno de la entidad.

“ A ese equipo le pido que tenga una visión integral para evitar redes dentro de la SAT, hay que hacer cambios de fondo esperamos que esa comisión tengan la capacidad de para encontrar la salida”.

Comisión contra la corrupción

Una segunda comisión específica que acompañe y revise los procesos de compra en los ministerios también fue anunciada por el gobernante. 

Según Pérez Molina, aún no se ha decidido quienes la integrarán, sin embargo lanzó una invitación abierta para quienes tengan la capacidad y deseo de colaborar. 

“Especialmente en los procesos de licitación y contratos abiertos que existen y ellos nos podrían hablar también, de la forma más transparente y no se preste para datos de corrupción”, dijo Pérez Molina. 

No es suficiente

El economista y analista independiente Carlos Martínez, calificó la acción gubernamental como “formalmente correcto”, sin embargo inútil si se quiere recobrar con este intento la credibilidad del gobierno. 

Agregó: “Esto debió haberse realizado en enero de 2012 y no en mayo de 2015”. 

Martínez coincidió con el mandatario en que la SAT necesita un fortalecimiento pero diverge en que “el gobierno es el menos indicado” para hacerlo, por lo que una comisión tendría más sentido en esa tarea, sin embargo se necesitaría continuidad con el siguiente equipo de gobierno, de manera que se puedan concretar cambios. 

Martínez aunque reconce la importancia de la participación civil dentro de la administración pública para transparentarla, criticó lo tardió de una comisión. 

“La comisión no repara el daño al Estado, una comisión no es suficiente. Es una política desesperada”, dijo Martínez.

Juárez señaló que por ahora no pueden ofrecer una recompensa debido a que no hay certeza de que el exfuncionario se encuentre en Guatemala.

“Solo se pone recompensa cuando hay certeza de que el fugitivo se encuentra en el país”, dijo.

Agregó que las investigaciones continúan debido a que Monzón podría ingresar por algún punto ciego en la frontera con Honduras.

El viaje polémico

Juan Carlos Monzón permanece prófugo desde que viajo junto con la vicepresidenta Roxana Baldetti a Corea del Sur.

Al regresar a Guatemala la vicemandataria dijo desconocer el paradero de Monzón, reconoció que habló con él en el país asiático donde le comunicó que estaba despedido.

Monzón es señalado por el Ministerio Público de ser uno de los líderes de la estructura de defraudación aduanera identificada como La Línea que saqueó a la Superintendencia de Administración Tributaria.

Se señala que esa decisión se hizo del conocimiento en la sesión del Directorio de la SAT, la cual se efectuó hoy.

Feudo

Hace algunos días, Édgar Pape, jefe suplente en el directorio de la SAT, señaló que la Intendencia de Aduanas operó más como un feudo del Ejecutivo como un auxiliar de la SAT.

En esa ocasión señaló que incluso el nombramiento de la Claudia Méndez Asencío fue una designación del Ejecutivo y no del Superintendente,

Méndez Asencio fue nombrada intendente de Aduanas el 9 de septiembre del 2013, cuando entonces Carlos Muños se desempeñaba como Superintendente.

Muñoz es uno de los señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de ser parte de la red de corrupción que se había apoderado de la SAT, por esos señalamientos está prófugo el secretario de la Vicepresidenta Roxana Baldetti.

La reunión comenzó a eso de las 9 horas y después de dos horas se permitió el ingreso de los comunicadores al salón donde se encontraban los funcionarios pero la vicemandataria ya había abandonado el lugar.

Sin dar declaraciones

La vicemandataria no ha dado declaraciones desde el pasado domingo 19 abril, cuando se refirió a su exsecretario privado Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia y principal líder de una banda señalada de defraudación aduanera.

En la reunión del Conasan, se rinden informes y se plantean estrategias sobre como solucionar los problemas alimentarios en las comunidades necesitadas del país..

El presidente Otto Pérez Molina ayer difundió un mensaje donde hablaba sobre el escándalo de corrupción en la SAT y la manifestación ciudadana exigiendo su renuncia, sin embargo la vicemandataria aún no se ha pronunciado sobre el tema. 

Ayer por orden de un juez de paz, fueron inspeccionadas varios inmuebles propiedad de Baldetti, en busca de su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, señalado como el principal integrante de la denominada estructura La Línea, que defraudo al fisco en aduanas. 

Soluciones

Explicó que una de estas es que se busque una solución a la problemática política que causó la desarticulación de la estructura de defraudación aduanera La Línea donde figuran funcionarios y exfuncionarios de gobierno.

También pidieron que se haga pública la declaración patrimonial de su Gabinete para que se de un mensaje de transparencia a la población y también la de los detenidos por este caso.

El foro manifestó su preocupación por el tema de las elecciones y pidieron que se elaboren mejores planes para proteger el proceso para no ponerlo en riesgo.

Reuniones

El presidente Otto Pérez Molina, comenzó este martes reuniones con representantes de la sociedad civil en busca de un mecanismo que permita reformar la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En el Foro Guatemala se aglutinan representantes de diversos sectores como académicos, sindicalistas, religiosos, empresariales y cooperativistas comprometidos con contribuir en la consolidación de la institucionalidad del país, según la fuente.

Ayer lunes Pérez Molina dijo que había convocado a guatemaltecos de prestigio y con conocimiento en el tema tributario, para conformar una comisión que analice y recomiende reformas para estructura la SAT y eliminar de una vez por todas la evasión fiscal.

Pérez Molina dijo en un mensaje que le “indignaba” lo ocurrido en esa institución y advirtió que ya no tolerará más abusos en esa dependencia y que “sea quien sea, debe de enfrentar todo el peso de la ley”, pero con el debido proceso.

“Me llena de indignación lo ocurrido en la SAT con sus altos mandos y aún más con el secretario privado Juan Carlos Monzón”, expresó el gobernante, sin citar en el video que Monzón era el hombre de confianza de Baldetti.

El pasado sábado miles de guatemaltecos, convocados a través de redes sociales, se manifestaron frente al Palacio Nacional de Cultura contra la corrupción y demandaron la renuncia de Pérez Molina y de Baldetti por el caso de la SAT.

¿Cuál es su lectura de la manifestación?

Es muy positiva, lo del sábado fue una muestra del descontento que hay por la situación del país y que se pudo manifestar libremente.

¿Que fue lo más destacado de la protesta?

Las calidades cívicas que tuvo el acto, de orden, cuidado, sin provocaciones, sin violencia, sin necesidad de que la Policía —Nacional Civil— ponga orden, porque nosotros nos encargamos de todo. Todo esto es motivo de alegría.

¿La población guatemalteca ya despierta para exigir sus derechos?

Si, la población despierta de nuevo y con un sentido patriótico y cívico, porque en otro momento pudo haberse llamado a la violencia, pero no hubo necesidad, ni era ese el propósito.

Para leer el resto de la entrevista busque la edición impresa de Prensa Libre, o cómprela aquí.

La iniciativa logró el sábado último, reunir a miles de guatemaltecos de distintos sectores, en una manifestación inédita de repudio contra los actos de corrupción que han trascendido las pasadas semanas.

El experto en redes sociales Sergio Morataya explicó que el poder de las redes sociales quedó demostrado y destacó que a través de este tipo de convocatorias se evita que las manifestaciones populares cobren algún tinte político.

En la página de Facebook, con el nombre “Manifestación Pacífica #RenunciaYa” , se invita a la segunda fase del evento que tiene como objetivo exigir la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti.

Si desea conocer más sobre la forma en que una idea en Internet se transformó en una manifestación masiva, busque la versión impresa de Prensa Libre, o cómprela aquí.

En un comunicado hecho público por Cacif, resalta tres peticiones concretas al mandatario: resultados a corto plazo por los casos de corrupción dentro de las estructuras gubernamentales; independencia de poderes y la declaración patrimonial de sus funcionarios señalados de corrupción. 

La petición formal de Cacif se realiza el mismo día que residencias de la vicepresidenta Roxana Baldetti fueron inspeccionadas, por la sospecha que en alguno de esos inmuebles se diera refugio al prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicemandataria y supuesto líder de la estructura La Línea. 

El Cacif también manifestó su preocupación por la actual crisis política y las “graves acusaciones y señalamientos que pesan sobre funcionarios de alto nivel de la administración pública”. 

El comunicado también resalta que a través de los medios de comunicación se han “realizado una serie de señalamientos y denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de distintos funcionarios públicos” y deben ser investigados.