Jimmy Morales da por terminado mandato de Cicig; ONU rechaza decisión unilateral 

A lo interno y externo se anticipa una batalla legal desatada ayer por el Gobierno de Guatemala, que anunció  dar por terminado el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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El enfrentamiento en el país se anticipa entre los sectores  en contra y a favor del trabajo de la Comisión y con las Cortes, mientras que en el ámbito internacional será con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con expertos en asuntos internacionales, varios de los cuales pidieron no ser citados.

La canciller Sandra Jovel hizo el primer anuncio desde Nueva York, después lo hizo el presidente Jimmy Morales, acompañado de su gabinete y personas que supuestamente sufrieron abusos de la Comisión.

A los pocos minutos, el secretario general de la ONU, António Gutérres, rechazó la postura de Guatemala: “El secretario General rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta”, indica un comunicado de ese organismo.

Los argumentos

El mandatario Jimmy Morales enumeró varios casos en que señala abusos   de la Cicig, entre ellos los   que involucran al exministro de Gobernación Carlos Vielmann, a la familia Bitkov y a los hermanos Valdés Paiz.

Tanto Morales como Jovel resaltaron que desde agosto del 2017 Guatemala planteó varias inconformidades al secretario general de la ONU, sin que   respondiera a ninguna.

Sin embargo, Gutérres aseguró que Naciones Unidas ha estado intercambiando “de manera constructiva” con el gobierno guatemalteco durante los últimos 16 meses a varios niveles, como lo dice el artículo 12 del acuerdo que dio vida a la Comisión.

En el pronunciamiento del secretario General, la frase más clave para los analistas es: “El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019”.

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“Esa es la afirmación clave que podría justificar no solo la ONU, sino cualquier persona que quiera demandar al Estado de Guatemala, de que el presidente y el gobierno guatemalteco están violando tratados internacionales”, apuntó uno de los consultados.

El excanciller Fernando Carrera  hizo ver que lo que el Ejecutivo hizo fue denunciar el acuerdo de creación de la Cicig, pero   eso no significa que esté terminado. La diferencia jurídica entre denunciarlo y terminarlo radica en una negociación.

“Unilateralmente cualquiera de las dos partes pueden denunciarlo, pero la terminación solo se da por acuerdo entre las partes”, indicó.

“Si yo no estoy de acuerdo con este tratado, lo denuncio, pero para terminarlo necesito estar de acuerdo con ONU y esto viene desde la Convención de Viena”, agregó.

De esa cuenta, Carrera dijo que el gobernante tiene toda la capacidad jurídica de denunciar el convenio entre el Estado de Guatemala y la ONU, pero que la terminación requiere  de negociación.

“Los contratos privados de Derecho Civil dicen: ‘yo no estoy de acuerdo y se termina’. Eso no sucede con los tratados internacionales”, insistió el excanciller.

Además dijo que  el solo acto de rechazar la denuncia “automáticamente” manda a negociar el término del acuerdo, el cual, reiteró, no es inmediato.

“Ahora lo que viene: El procedimiento que llevó a cabo el Gobierno lo aísla internacionalmente. Gobiernos como el de Estados Unidos y europeos, que han manifestado respaldo al trabajo de la Cicig, van a estar cuestionando esa posición de Guatemala”, manifestó el exjefe diplomático.

Dos escenarios

Un especialista en Política Internacional explicó que hay dos tipos de instrumentos  los que cobran validez únicamente con la firma del representante del Estado, sin pasar por el Legislativo, y aquellos que por su contenido podrían contraponerse a la legislación ordinaria y deben ser aprobados por el Congreso.

“El de la Cicig fue aprobado por el Congreso. Eso no debe perderse de vista. Por lo tanto, al ser aprobado por el Congreso, se convierte en ley de la República”, señaló.

Agregó que la práctica internacional indica que el Ejecutivo podría denunciar un tratado sin necesidad de ir al Congreso, en virtud de que el origen de ese acuerdo fue una negociación del propio gobierno.

No obstante, hizo ver que eso es solo una práctica internacional, que no está plasmada en ningún lado.

Es en ese punto en el que hay poca claridad, y será lo que argumente la Corte de Constitucionalidad, pronosticó.

“Si el Organismo Ejecutivo no manda ese acuerdo gubernativo o denuncia del acuerdo de la Cicig al Congreso, la CC declarará que esa denuncia es inconstitucional porque no fue primero al Congreso”, anticipó.

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Aunque el oficialismo afirma tener más de 90 votos —se necesitan 80— para avalar la decisión del presidente Jimmy Morales, el internacionalista aseguró que no se llega ni siquiera a los 80 para que una ley ordinaria modifique o derogue la otra ley ordinaria del acuerdo de la Cicig.

“La CC va a terminar diciendo que es inconstitucional y esto obligará al presidente a conseguir los votos en el Congreso de la República”, advirtió.

En el escenario externo, la ONU podría plantear que el asunto se lleve a una corte internacional, lo cual sería muy tardado.
“El escenario es uno como el de Nicaragua, Venezuela y otros países rebeldes que no respetan el ordenamiento jurídico, y prevalecerá la imagen de un gobierno ultraderechista, conservador y que protege a los ricos, cuando la pobreza es terrible en Guatemala”, resaltó.

Acción peligrosa

Un politólogo guatemalteco destacó que quienes están interesados en la salida de la Cicig podrían tomar nota de la debilidad que genera en el país la acción del Ejecutivo, especialmente si las cortes rechazan esa medida.

“Esa acción podría ser de una persona que en la conferencia estaba atrás del presidente, el único que tenía uniforme, y no había nadie más con uniforme. Ahí se los dejo para que lo analicen”, afirmó.

Después, organizaciones y fundaciones que respaldaron la decisión presidencial abogaron por hacer que termine el mandato de la Cicig y sugirieron incluso  estados de Excepción.

En el Congreso

El diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Estuardo Galdámez presentó ayer un oficio a la Comisión Permanente para que convoque a una sesión extraordinaria a fin de que, con el apoyo de 80 diputados, ese organismo pueda manifestarse en contra de las resoluciones de la CC y se apoye al mandatario para expulsar a la Cicig del país.

La primera petición de Galdámez es analizar las actuaciones de la Cicig “en relación a los últimos acontecimientos y determinar que, si sus actuaciones son contrarias a la institucionalidad, al estado de Derecho”, sea expulsada y se dejen sin efecto sus actuaciones.

La segunda es que el Legislativo se manifieste públicamente por la “extralimitación de las funciones que le confiere la Constitución a la CC”.

Ayer, dos acciones de amparo se presentaron ante la CC contra la acción del Ejecutivo, una del abogado Alfonso Carrillo, que fue aceptada para su trámite, y otra de la organización Acción Ciudadana.

Rechazo

La congresista estadounidense Norma Torres declaró: “La presidencia de Jimmy Morales ha retrasado el país años, si no décadas. (…) En un mes, como resultado de la legislación que patrociné el año pasado, el Departamento de Estado debe informar al Congreso sobre los altos políticos centroamericanos involucrados en la corrupción y el narcotráfico.

Ese informe, que debe ir seguido de sanciones en virtud de la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, se necesita ahora más que nunca”, expuso. El senador Patrick Leahy, manifestó: “El Congreso de los Estados Unidos responderá en consecuencia. El presidente Morales, y aquellos en su gobierno que defienden tales actos, ya no son bienvenidos aquí”.

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Florecerás, Guatemala

El 2 de septiembre de 2018, escribí una columna en la que anticipaba la posibilidad de que Jimmy Morales y sus aliados terminaran por desacatar las disposiciones emanadas de la Corte de Constitucionalidad (CC) llevando al Estado hacia un rompimiento constitucional. El fin de semana se cumplió este hecho, cuya anticipación no requiere de una bola de cristal sino de una simple observación de cómo se han perpetuado ilegalmente en el poder los dictadores Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (Honduras).

A pesar de no haber conseguido expulsar al investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desobedeciendo una orden de la CC —gracias a ciudadanos y colectivos sociales que salieron a las calles a protestar y al trabajo eficaz de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y los cuatro magistrados de la CC, quienes, en el marco de la ley, impidieron el Moralazo— no se debe menospreciar la estrategia antidemocrática impulsada por Molares, la que sin ninguna duda tiene incluidos otros intentos en el futuro cercano (hoy, mañana, pronto) y en el tiempo que les queda en el Ejecutivo.

Una de las consignas de este fin de semana fue “¿A qué le tienen tanto miedo?”, no solo por los cientos de policías apostados en el aeropuerto —para protegerlo de los ciudadanos que manifestaban en paz y del investigador de la Cicig— sino por la torpeza de sus acciones. Morales y sus aliados están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida.

Este nuevo intento de lograr el Moralazo sirvió para comprender con mayor precisión quiénes están avalando esta empresa insensata. El silencio es una respuesta, y este fin de semana actores importantes por su peso político se quedaron callados, como lo hacen los cómplices. Entre estos destaco algunos: la candidata presidencial del partido más grande (dizque) de oposición, Sandra Torres; los voceros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), voceros porque cada vez queda más claro que no representan al sector empresarial. La gran mayoría de iglesias, los sindicatos, las universidades privadas y los colegios de profesionales permanecieron callados. Esperable el silencio de la gran mayoría de los diputados del actual Congreso de la República.

Por el contrario, fueron alentadoras las acciones de los diputados del Frente por la Transparencia, de las organizaciones estudiantiles de diferentes universidades, de movimientos indígenas y campesinos y de organizaciones sociales que desde la justiciabilidad luchan por el respeto al orden democrático. En la arena política fue tranquilizadora la postura en contra del Moralazo, del Movimiento Semilla, de Winaq y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Estos partidos, si logran construir una agenda con comunes denominadores, podrían ganar adeptos y ser representantes, en la próxima legislatura, de mayorías ciudadanas cada vez más conscientes sobre la necesidad de cambios estructurales. Una agenda con cuatro puntos mínimos: consolidar el marco legal e institucional para acabar con la corrupción y la impunidad; terminar con los nefastos monopolios económicos y mediáticos; eliminar en toda la institucionalidad pública el rasgo fascista y pro corrupción de tener representantes empresariales tomando decisiones sobre lo público; y proponer una agenda moderna para la protección social y la reactivación económica, urbana y rural, con una política fiscal justa.

Florecerás, Guatemala. Sí.

jmenkos@gmail.com

Testamento en vida para Pablo

Durante los últimos meses de 2018 chofereé a mi hijo de 16 años al trabajo que buscó como vacacionista en horario de
5 a. m. a 3 p. m. Me causó gran impresión y mayor orgullo que estuviera puntalmente listo a las 4.30 a. m. Durante el silencioso trayecto de madrugada y entre las cabezadas que iba dando por el cansancio y el madrugón, lo miraba y pensaba en el país que le iba a heredar.

La preocupación se acrecentaba diariamente cuando leía —entre otras muchas— noticias sobre sindicatos que depredaban fondos públicos, repartían hornos microondas entre sus afiliados o pactaban alzas salariales y horarios reducidos de trabajo para empleados públicos. Cómo la SAAS gastaba de nuevo dinero para adquirir poporopos o se nombraba diplomática en Seattle a la hermanastra de una diputada, cuya credencial más destacada es “pintar el pelo primorosamente”, similar al currículum del cónsul en Barcelona, hijo de la vulgar y rabisalsera de Vea Canal y, curiosamente, única “periodista” invitada por el Gobierno cuando se trasladó la embajada a Jerusalén.

Busqué en el diccionario la palabra más apropiada para esas conductas y encontré podrido: “Dicho de una persona o de una institución: corrompida o dominada por la inmoralidad”, y exclamé: ¡Claro que estamos podridos! y el actuar obsceno de políticos y personajes mafiosos lo evidencia continuamente. Gobierno lleno de podredumbre que oculta y protege a personajes acusados de parricidio, asigna millonarias cantidades a amigos contratistas, gasta dinero público en lujosos caprichos presidenciales de marca o derrocha los escasos recursos disponibles. En el que hay ministros que contratan a las madres de sus hijos —¡Sí, en plural!—, destrozan la cúpula policial para que la institución sirva a particulares intereses y puedan controlar la justicia y hacer lo que les venga en gana o asignan altas cantidades para pagos extraordinarios y camuflados al presidente mejor remunerado de América Latina. Diputados penalmente perseguidos y personajes huidos de la justicia que desde perfiles falsos manejados por pagados netcenteros o con vítores en redes de desquiciados y aburridas, se llenan la boca de patriotismo y hablan de “mi país” o “mi gente”, prepotentes posesivos con los que pretenden seguir manipulando a su antojo a una casta “inferior”. También, y lamentablemente, grupos de ciudadanos que con su silencio —o aplauso, que de todo hay— mantienen esta situación para que las cosas no cambien y sigan en su zona de confort.

Camino al trabajo de Pablo, lo miraba y veía dormitar a un muchacho de 16 años recién cumplidos, mientras me preguntaba cuántos como él igualmente llenos de ilusiones, espíritu y fe sueñan todos los días con un país sin gentuza, sin inmorales, sinvergüenzas ni extremistas que matan las esperanzas de salir del autoritarismo, la criminalidad organizada, las mafias, el dedo embarrado de quien otorga concesiones, empleos y puestos públicos o la perversidad de quienes anualmente se roban los fondos estatales. En esos fríos días me prometí que, sin importar lo que costara, Pablo —como muchos otros— tendría un mejor futuro en Guatemala —como se merecen— porque no voy a consentir que nadie, absolutamente nadie, mate la pasión de esos jóvenes ni apague luces de esperanza que veo brillar diariamente. El oscuro y nefasto horizonte de ahora no puede seguir siendo permanente y único ¡No hay derecho a que charlatanes inescrupulosos ni golpistas cobardes, destruyan una sola generación más!

Dicho esto —que usted puede compartir conmigo como propósito del año si lo desea tenga muy feliz 2019, súmese a luchar activamente contra la corrupción y medite su voto para sacar a este país de la descomposición crónica que padecemos.

www.miradorprensa.blogspot.com

Moldeadores

Carta abierta a los maestros:

 

Queridos maestros y maestras, como ustedes saben, ayer 7 de enero, quedó inaugurado oficialmente el ciclo escolar 2019, en todos los niveles educativos desde preprimaria, primaria, básicos y diversificado de todo el país, tal como dispuso el Ministerio de Educación.

Aprovecho la ocasión para saludarles y externarles mis respetos y admiración por asumir la gran responsabilidad de forjar nueva ciudadanía. A diferencia de cualquier otra profesión u oficio, ustedes no tratan con herramientas, no gestionan datos; no comercian bienes ni elaboran productos. Ustedes, maestros, trabajan desde el principio con almas inocentes; moldean vidas y forman carácter.

Maestras y maestros, en sus manos está el futuro de Guatemala y del mundo. Aunque no lo parezca, esa responsabilidad recae en ustedes. De ustedes dependen los futuros políticos que conducirán con ética el destino de nuestro país; los ingenieros que promoverán inventos y tecnología novedosa; los juristas que luego serán jueces e impartirán justicia con apego a la ley; los científicos que pondrán su conocimiento a favor del desarrollo humano.

De ustedes dependen los próximos empresarios y directivos responsables de sus obligaciones y respetuosos de los derechos de sus trabajadores, del medio ambiente y del Estado de Derecho. No digamos de la mayoría de ciudadanos de a pie, cumplidores de sus obligaciones ante el fisco, con su comunidad y sus familias; las madres y padres capaces de educar hijos y legar nueva ciudadanía.

Por tal motivo, hoy me tomo la libertad de dirigirme a ustedes para hacerles un llamado a la conciencia. Es imprescindible que dimensionen su rol social y el nivel de su responsabilidad. A partir de ello, entender por qué es importante trabajar arduamente para cumplir con el propósito de ampliar la cobertura escolar, logrando y superando los 180 días efectivos de clase mínimos que establece el Reglamento de la Ley de Educación, que solo podrá lograrse evitando la distracción de la agenda de personas que únicamente buscan enriquecerse financieramente y seguir deteriorando nuestro sistema educativo—de nuestro futuro. ¡No lo permitan!

Sobrepasar con los días lectivos que la regulación establece es solo el primer paso. Significa que tampoco se trata únicamente de cumplir con asistir a las aulas, sino que ello se traduzca en enseñanza efectiva. Que la educación vaya más allá de depositar contenidos en la cabeza de los alumnos, sino de procurar que la enseñanza se enfoque en despertar la curiosidad y creatividad de cada estudiante y de proveer recursos que los permitan a contar con las herramientas pertinentes para forjar su propio futuro y enfrentar con éxito al mundo moderno.

Queridas maestras y maestros, procuren que la escuela sea para las niñas, niños y adolescentes un lugar que los haga felices, un espacio seguro y medio de interacción, que genere confianza en sí mismos, autoestima, respeto entre sus iguales, seguridad y dignidad.

Guatemala necesita de nueva ciudadanía, personas que verdaderamente amen a su país y cuenten con las herramientas para trabajar por su desarrollo. La era actual requiere una nueva generación de guatemaltecos con pensamiento crítico, capaces de desarrollar soluciones, impulsar innovación para atender las necesidades de las mayorías y unir al país. Pero sin el compromiso, el amor, la pasión y la entrega de ustedes, maestras y maestros, el país no podrá conocer esa nueva generación dispuesta a trabajar, emprender y transformar al país.

Maestras y maestros, los guatemaltecos se lo agradecemos.

MarcosAntil.com

El lado correcto de la historia

Estamos en un momento de definición. En una encrucijada. Lo que está en juego no es otra cosa que la defensa de la democracia, de la libertad y del estado de Derecho. La alternativa es la regresión autoritaria y el ejercicio despótico del poder. Esos son los dos caminos que se nos plantean ahora, no hay otros.

Es falsa la dicotomía respecto de que lo que nos enfrenta es el respaldo a un comisionado internacional o a un presidente. Es falso que lo que dirimimos sea la defensa o no de la soberanía del país o de quién define la política internacional del Estado. Es falso que un grupo de extranjeros “invitados” sea el causante de la polarización y que con su salida el país retomará “la calma”. Es falso que lo que se defiende son los intereses nacionales.

Lo que nos jugamos supera ampliamente esa disyuntiva artificial. Lo que está en disputa en este preciso instante es la restauración o no del viejo orden (político-económico-militar corrupto) que se intentó demoler y que puso en jaque al sistema en el 2015.

De regresar, de esto se trata. Los sectores de poder real intentan recuperar el control absoluto que habían empezado a perder y que estaba poniendo en riesgo sus intereses, sus privilegios, y, por supuesto, la impunidad bajo la que históricamente se han resguardado.

La estrategia de restauración no es improvisada. Se diseñó e instrumentó bajo cuatro pilares: el jurídico, el político, el internacional y el mediático. Y en cada uno de estos han ido cumpliendo sus objetivos. No estamos frente a acciones asiladas ni delante de una sumatoria de casualidades. Tenían previsto llegar hasta aquí, y hasta aquí han llegado. El modelo no era el “serranazo”, se cuidaron mucho de dar un golpe explícito. Fueron escalón por escalón, como en cámara lenta.

Por eso lo ocurrido este fin de semana, cuando se impidió el ingreso de un investigador de la Cicig a territorio nacional, no puede verse de forma aislada, reduccionista o, como dijo el ministro de Gobernación, como un asunto de carácter “administrativo”.

El pulso que libraron los sectores reales de poder —junto a Jimmy Morales y la camarilla con la que gobierna— no era solamente si el investigador colombiano podía entrar o no a nuestro país. El pulso es y sigue siendo si les es posible el rompimiento de todas las normas y la institucionalidad —incluidas las resoluciones del máximo tribunal nacional— sin que esto suponga un golpe de estado clásico. Por eso resulta crucial el papel que finalmente se decidió a jugar la actual Fiscal General, María Consuelo Porras, en defensa de la legalidad.

El valladar que enfrentan ahora es esa delgada línea que todavía no se han atrevido a cruzar (aunque les falta muy poco) de romper del todo el orden constitucional deshaciéndose de los tres “molestos” magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, que han impedido la concreción absoluta de su estrategia de restauración.

Sí. Estamos frente a una degradación democrática progresiva. Frente a un pulso entre la libertad y el despotismo. Resolverlo a favor de la libertad y la democracia exige protagonismo popular, debate ciudadano, defensa del estado de Derecho, construcción de alternativas políticas y unidad.

Una crisis tiene dos grandes salidas posibles: la restauración del viejo orden que favorece siempre a las élites o una síntesis democrática superadora. Es momento de definir de qué lado de la historia queremos estar.

@MarielosMonzon

Naufragio anunciado

El domingo pasado naufragó toda posibilidad de mantener a la Cicig en Guatemala. El investigador de esa comisión, a sabiendas de que carecía de la visa respectiva, decidió viajar por vía aérea a Guatemala. En migración, la alarma del sistema detectó que era una persona vetada por el Gobierno y rechazó su ingreso. Se le condujo a otra línea aérea para devolverlo a su país. Posteriormente se pone en obra un teatro de lo absurdo, en el que interviene el Ministerio Público, el sistema de migración y hasta la Corte de Constitucionalidad, obligando al Gobierno, mediante un amparo, el ingreso al país del investigador. La ruta de colisión se inicia. La canciller parte esa noche para Nueva York.

Esta es la culminación de una serie de maniobras para mantener vigente a una Cicig en un ambiente absolutamente hostil al gobierno que le invitó a venir y que, según el propio embajador Skinner Klée, que desde “el 25 de agosto del 2017, el presidente Morales llegó a la ONU a hablar exprofesamente con el secretario General, António Guterres, para presentarle cinco casos puntuales, entre ellos el allanamiento a la Casa Presidencial, la exhibición y estigmatización de su hijo y su hermano, el caso TCQ, que ejecutaron un allanamiento y después ya no hubo nada, pero se interrumpió la actividad mercantil e inversión del puerto, lo cual damnifica a Guatemala; la vapuleada al joven Andrés Zimeri por cinco agentes de seguridad de la Cicig. El comisionado fue a reclamar los videos del campo de juego, con lo cual no solo se quebrantó la custodia de la prueba, sino que también un interés manifiesto, a esos señores nunca se les procesó”.

La relación llegó a un tope, continuó el embajador Skinner Klée, “cuando ante la frustración de no recibir una respuesta después de un año de gestiones y dilación deliberada con justificaciones como: ‘esta semana no podemos reunirnos porque tengo que viajar, los casos los están estudiando en el área jurídica o sigamos viendo el convenio’. Nuestros casos eran puntuales, preocupaciones reales que gravitan no solo sobre la Constitución y el Pacto de Derechos Humanos.

Nunca se pronunciaron al respecto. Un mes después que el presidente les entregó los documentos, le contestaron que los documentos no eran oficiales porque no iban firmados ni tenían sellos. ¡Pero si el presidente es el cartero el personaje con la más alta representación e investidura del Estado! Burocráticamente se tuvo que sellar y firmar los documentos y volverlos a entregar en diciembre. Ese fue el primer gran lapsus, ya en enero comenzamos a discutir y nos salieron con esos previos de cuál es la naturaleza jurídica de la Cicig y otras cosas.

El mandato es claro en su artículo segundo, que dice que el comisionado y la Comisión se ajustan a las leyes de Guatemala, al derecho positivo y vigente de Guatemala, no a los intereses que pueda tener alguien más, y es cierto, la justicia es ciega, pero no mejor para unos y peor para otros, eso es lo que queríamos corregir y lo peor de todo que el Acuerdo se funda sobre la necesidad de proteger los derechos humanos, ese era el esquema original”. Fin de la cita.

Probablemente, mientras lea esta columna el Gobierno de Guatemala haya presentado una carta ante la ONU dando por terminado el Acuerdo.

Se rumora que la Corte de Constitucionalidad se convertirá en la “directora de las políticas de relaciones exteriores” de Guatemala y le ordenará al Ejecutivo que el Acuerdo siga vigente porque no puede terminarlo unilateralmente.

El Gobierno no podría invocar la Convención de Viena en su artículo 2, inciso 1 y 2, ante otras instancias jurídicas internacionales porque para la CC “no aplicaría”.

Cuán lamentable que por cuestiones ideológicas tengamos que atravesar esta crisis.

La tormenta perfecta ya está aquí.

alfredkalt@gmail.com

Cicig solo puede terminar mandato si ONU lo decide

El presidente Jimmy Morales tiene la facultad para denunciar el convenio de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Sin embargo, el acuerdo de creación de la comisión, suscrito entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala establece que solo la ONU puede dar por terminado dicho el convenio.

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La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados señala en el artículo 60 que un tratado podrá terminarse o suspenderse como consecuencia de su violación, argumento que busca consolidar a Guatemala al señalar que Cicig se ha desvirtuado y que ha hecho una persecución selectiva.

El excanciller Gabriel Orellana indicó que, si bien el artículo 183 inciso O de la Constitución le da la potestad al presidente, el artículo se debe interpretar en conjunto con el 149 de la misma Carta Magna.

Además, Orellana considera que el convenio de Cicig no puede denunciarse debido a que el artículo 11 detalla que el acuerdo puede darse por terminado de manera unilateral por las Naciones Unidas.

Lo que dice el acuerdo de la Cicig

La ONU se reserva el derecho de terminar su cooperación con el Estado en tres casos:

  • Si el Estado deja de cooperar plenamente con la Cicig de una manera que obstaculice sus actividades.
  • Si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad, en el periodo del mandato de la Cicig, y/o
  • Por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.

El excanciller Édgar Gutiérrez indicó que la intención del Gobierno de tratar de denunciar el convenio de Cicig se debe a que quieren que se elimine a la Cicig de un tajo, para que ya no presenten más casos antes del fin de su mandato en septiembre próximo.

Gutiérrez explicó que a Venezuela le ha llevado ya dos años después de que denunció la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que no se ha podido concretar.

Por aparte, los excancilleres coinciden en que la denuncia del acuerdo debe ser ratificada por el Congreso, organismo en el que ya se entregó una petición del diputado Estuardo Galdámez para que sea anulado el convenio.

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El excanciller Fernando Carrera manifestó que la Constitución faculta al presidente para denunciar un tratado, pero la denuncia no es una que termina un tratado, como lo son los contratos privados. La capacidad jurídica que le dio la carta magna es la capacidad jurídica que tiene cualquier Estado.

“Nadie puede unilateralmente terminar el acuerdo, lo único que puede hacer de esa forma es denunciar el acuerdo. A que lleva la denuncia a un proceso de negociación, y como Naciones Unidas dijo que no está de acuerdo con la denuncia, la negociación es la única vía. ¿Hay un espacio de mediación internacional? No. ¿Hay una tercera parte interesada que negocia? No”, dijo carrera.

El exministro de Relaciones Exteriores añadió que el Derecho Internacional lo que protege es evitar que los Estados de manera internacional renuncien a sus compromisos. “El derecho internacional está diseñado de una manera que salirse de un acuerdo es muy difícil”.

También el Ejecutivo no estaría de acuerdo debido a que sería una mujer la designada para ser comisionada adjunta; aunque no se ha podido oficializar, sería una exfiscal o fiscal latina, no guatemalteca, según informó una fuente a Prensa Libre.

No se puede denunciar 

El excomisionado adjunto de la Cicig, Amerigo Incalcaterra, quien se desempeñó entre 2008 y 2009, dice que Guatemala no puede romper un pacto que fue acordado entre dos partes y que tendrá que esperar hasta septiembre, que es cuando finaliza el último plazo.

Icalcaterra dice que si el Gobierno de Guatemala pretende romper el pacto deberá demostrar “con argumentos válidos las causas por que quiere denunciar” y la otra parte, o sea la Organización de las Naciones Unidas, estar de acuerdo.
“Pero si los argumentos no son válidos, lo único que queda es esperar su finiquito, el cual es hasta septiembre, según anunció el presidente Jimmy Morales, cuando dijo que no iba a prorrogar el mandato de la Cicig.

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El excomisionado adjunto considera que después de la denuncia del Gobierno de Guatemala, lo único que podría suceder es que Guterres tendría que analizar las condiciones en que continúa el trabajo del ente internacional y si resultan imposibles para continuar trabajando pues podría denunciar.

En síntesis, explicó Icalcaterra, para dar por finalizado el acuerdo antes de tiempo, las dos partes tienen que estar de acuerdo para concluirlo, tal como lo cita el acuerdo de creación de la Cicig firmado por el Gobierno y las Naciones Unidas.

Según el excomisionado adjunto de la Cicig, cuando hay controversias, los tratados internacionales cuentan con una cláusula para llegar a una solución y es que ambos acuerden una salida. 

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Forma para terminar el tratado

Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado.

  1. La parte que, basándose en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones en que esta se funde.
  2. Si, después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior a tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en la forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya propuesto.
  3. Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
  4. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectara a los derechos o a las obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en vigor entre ellas respecto de la solución de controversias.
  5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que un Estado no haya efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación.

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CC da trámite a amparo contra anulación del acuerdo de Cicig

Minutos antes de que se conociera la decisión del Gobierno, Carrillo presentó la acción en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del presidente Jimmy Morales y del Congreso de la República por la amenaza de dar por terminado el acuerdo.

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Dentro de los argumentos esgrimidos por Carrillo en la acción de amparo está que “tanto el presidente como varios diputados tienen conflicto de interés por la existencia de procesos penales y antejuicios” que ha promovido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Carrillo señala que la Cicig fue constituida a través de un tratado internacional en materia de derechos humanos, y que el Estado asumió la obligación de acatar ciertos deberes y facilitar su funcionamiento dentro del territorio nacional.

Según el abogado, con la medida gubernamental se consuma una violación a la sujeción a la ley “por la inobservancia del acuerdo en lo que respecta al procedimiento para resolver cualquier controversia con sus disposiciones”.

“En sus artículos 152 y 154, la Constitución Política de la República dispone que los funcionarios públicos están sujetos a la ley y jamás son superiores a ella”, precisa Carrillo.

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Agrega que el acuerdo de creación de Cicig “fue suscrito, aprobado, ratificado y entró en vigencia en Guatemala, —y— constituye una normativa en materia de derechos humanos que debe ser observada por todos, en especial por los funcionarios públicos guatemaltecos”.

Al respecto el portavoz de la CC, Santiago Palomo, explicó que el amparo se admitió para su trámite y se solicitó un informe circunstanciado a las autoridades cuestionadas, el cual debe entregar en 48 horas. 

AC presenta amparo

El abogado de Acción Ciudadana (AC), Eddie Cux, presentó ante la CC en horas de la noche de este lunes un amparo en el que demanda la destitución de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. 

En el recurso de AC también se solicita que se certifique lo conducente contra el presidente Jimmy Morales después del anuncio de poner fin unilateralmente al acuerdo de creación de la Cicig.  

PDH acciona

A las 23 horas del lunes el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acudió a la CC para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión del gobierno de dar por finalizado el acuerdo de la Cicig. 

“El acuerdo que dio vida a la Cicig es en materia de derechos humanos y vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección a él y a su grupo aliado político y económico. No podemos permanecer como espectadores ante este otro golpe al estado de Derecho”, dijo Rodas.

Denuncia

Por aparte, la bancada Winaq anunció que el martes denunciará penalmente y solicitará el retiro de inmunidad del presidente Morales y los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por las acciones emprendidas en contra de la Cicig.

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La canciller Sandra Jovel acudió este lunes a la sede de la ONU en Nueva York donde se reunió con el secretario general Antonio Guterres para hacerle ver que Guatemala daba por concluido el acuerdo de creación de la Cicig.

No obstante, horas más tarde el jefe de la ONU indicó que la Cicig continuará en Guatemala y llamó al Gobierno a respetar los compromisos adquiridos.

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¿Es verdad que la Cicig no logró combatir las Ciacs, como dice el gobierno de Jimmy Morales ante la ONU?

“Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado lo cual después de 11 años tres meses no logró realizar”, afirmó la canciller Sandra Jovel en una conferencia de prensa ofrecida en Nueva York, luego de reunirse en la sede de Naciones Unidas con el secretario general de esa organización, António Guterres. 

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El Estado de Guatemala a través del acuerdo global de derechos humanos, firmado el 22 de marzo de 1994, se obligó a combatir los Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), con el propósito de que estos ya no existan.

Por tal razón, el convenio aprobado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas define como Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) a aquellos que reúnan las siguientes características.

  • Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y
  • Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.

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En su último informe de labores, la Cicig afirma que en sus 11 años de trabajo, junto al Ministerio Público, ha logrado identificar más de 60 Ciacs, ha presentado más de 100 casos y, hasta noviembre de 2018, han procesado a más de 680 personas, de las cuales 60% con medida sustitutiva; y han logrado la condena de más 310 personas.

El informe apunta que entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, se han judicializado 16 casos en los que se han identificado, investigado y desarticulado aparatos clandestinos; entre estos:

  • En las municipalidades: Caja de Pandora -relacionado con la municipalidad de Guatemala; Corrupción en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán; así como el caso Corrupción en Quetzaltenango.
  • En la administración tributaria: Caso traficantes de influencias.
  • En el sector de la construcción: Caso Odebrecht y segunda fase de Construcción y Corrupción
  • Sector transporte: Caso Transurbano y Caso Seguridad y Transporte.
  • Corrupción en el Sistema de salud: Caso Igss Ambulancias (fase 2).
  • Corrupción administrativa: Industria Militar y Registro Catastral
  • Corrupción en la administración de justicia, con el Caso Comisiones Paralelas, en el cual se evidenció el funcionamiento de una estructura paralela a las comisiones de postulación de los magistrados de las Cortes, integrada por abogados, magistrados y diputados, con el objetivo de influir en el nombramiento de las más altas autoridades del poder judicial vulnerando principios fundamentales de la democracia y de la separación de poderes y afectando sensiblemente la independencia judicial. Además, se judicializó el Caso Manipulación de Justicia, que evidenció la manipulación de testigos y elementos probatorios para involucrar a personas sin responsabilidad en hechos delictivos.
  • Corrupción en el Congreso: Investigación contra Mario Israel Rivera Cabrera por los delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y  falsedad ideológica por equiparación de documentos.
  • Financiamiento electoral ilícito: En 2018 se dieron a conocer dos nuevas fases del caso de Financiamiento Electoral Ilícito- FCN-Nación.

Grupos han mutado

La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, manifestó que para redefinir las ciacs hay que remontarse a 1994, cuando se refería a los abusos que había los escuadrones de la muerte, que estaban involucrados en secuestros, asaltos y contrabando.

“De 1994 a la fecha ya estaban mutando las Ciacs, sobre todo cuando se cambia el sistema económico, cuando empezó la privatización de los bienes del Estado, y es en ese momento es cuando se empiezan a aprovechar de los contratos. Muchos empezaron a involucrarse, diputados y alcaldes, con el crimen organizado y en la mutación surgen lo que ahora conocemos como las redes político-económicas Ilícitas”, refiere Mack.

La directiva añadió: “Una de las características es que van de lo legal a lo ilegal. Entonces tenemos funcionarios -legales- pero que tiene relaciones que no son de gobierno con crimen organizado y un ejemplo de eso es La Línea y Cooptación del Estado, y en esta, incluso, participa el sector privado”.

Mientras que la exministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, considera que las ciacs han evolucionado conforme al tiempo.

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“Van evolucionando y capturando nuevas personas de las diferentes instituciones, porque esto está muy enraizado. Algunas se han desarticulado bastante, pero otras continúan. En algunos gobiernos se afianza más que con otros y eso lo podemos ver con el caso La Línea”, refirió.

Añadió: “El caso La Línea es muy representativo, fue una tarea que se libró realmente en esta etapa de la Cicig, con el comisionado Iván Velásquez, aunque creo que hubo casos que no son ciacs, pero que fueron -redes- desarticuladas”.

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Defensa de procesados no descarta acciones en contra de la Cicig

La familia Bitkov fue protagonista durante la conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura del presidente Jimmy Morales, después que la canciller Sandra Jovel “dio por terminado” el acuerdo del país y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relacionado con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Igor Bitkov, junto con su esposa Irina y sus hijos, estuvieron entre los funcionarios. La pareja intervino y mencionó ser perseguida por la Cicig por un interés político promovido por el gobierno ruso.

La canciller también mencionó en Nueva York que los familiares de los acusados tendrían la posibilidad de plantear demandas en contra de la Cicig.

Según la ministra, la Cicig politizó la justicia y violentó los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros y su derecho a la presunción de inocencia. “Estas personas -víctimas de Cicig- que han sido violentados sus derechos, en algún momento van a denunciar a la secretaría -de las Naciones Unidas- para el resarcimiento de los daños”.

Sin embargo, al ser consultada la abogada penalista Victoria Sandoval, representante legal de los Bitkov, mencionó que “en un futuro” se tomaría en cuenta plantear una demanda.

“La atención ahora se centra en las apelaciones especiales. Mañana -martes- se leerá la sentencia íntegra a Igor y a partir de esa fecha se toman 10 días hábiles para preparar y plantear alguna acción judicial”, mencionó la abogada Sandoval.

En cuanto a la demanda, Sandoval explicó que “primero debo reunirme con mis clientes, pero le digo que será en un futuro tomar en cuenta si se demanda o no”, agregó.

El ciudadano ruso Igor Bitkov fue condenado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y le fue suspendida una pena de dos años por uso de documentos falsificados, por el caso Migración. Además, fue absuelto por usurpación del estado civil. Los jueces ordenaron investigar a tres exalcaldes, y a Mayra Veliz, exfuncionaria de Migración y exsecretaria del Ministerio Público (MP).

La sentencia fue el 28 de diciembre pasado en el Tribunal de Mayor Riesgo C. Durante un juicio anterior Bitkov fue condenado a 19 años de cárcel, aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó retrotraer el proceso a la etapa preparatoria y anuló la sentencia.

Acciones 

Por otro lado, la familia de Alfredo Andrés Zimeri Sandoval, el joven agredido por empleados de la Cicig durante un encuentro de futbol, ya interpuso acciones legales contra el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La familia del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, informó que había enviado una carta a la ONU aunque la respuesta es que la Cicig “no es un órgdano de Naciones Unidas”.

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Cicig acompaña 11 procesos penales que están en etapas decisivas

Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), recordó que los casos planteados en las judicaturas avanzan pese a las diversas acciones judiciales.

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“No puedo anticipar los nuevos casos, lo que sí puedo es -decir- que estamos trabajando y la señora fiscal (María Consuelo Porras) sabe en qué casos se avanza en la investigación”, mencionó Sandoval.

Los casos:

Génesis

Este lunes 7 de enero comenzó el debate a 10 implicados en el caso Génesis, por la supuesta usurpación de terrenos que fueron otorgados a campesinos en Petén.

Entre los señalados está Walter Obdulio Mendoza Matta, quien está acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada. También sus hijos William Alfredo y Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Mariana Isabel Mendoza Tally.

En los alegatos de apertura Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), recordó que a los integrantes de esta estructura criminal se les sindica de legalizar las fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados, liderados por Mendoza Matta, quienes forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios.

Patrullas

El 13 de marzo del 2018 en el Tribunal Séptimo Penal inició un debate contra de 12 sindicados en un fraude millonario en el Ministerio de Gobernación, el caso fue denominado “Patrullas fase 1”.

En la actualidad el juicio está por llegar a la sentencia. Durante las audiencias el ente investigador se recordó el supuesto fraude por Q12 millones para la supuesta reparación de los autopatrullas y la remodelación de estaciones policiales de 2012 a 2014, cuando Mauricio López Bonilla fue ministro de Gobernación.

Lavado y política

La próxima semana iniciará el debate a los procesados en el caso Lavado y Política, donde el supuesto cabecilla es Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico dólar”.

La supuesta estructura está señalada por el MP de haber utilizado el sistema financiero del país para lavar US$33 millones 489 mil dólares de 2009 hasta 2011. En esta supuesta estructura criminal doce personas.

Infiernito

La Feci y la Cicig avanzan en la investigación del caso Infiernito. En este caso está procesado el exminitro de Gobernación, Carlos Vielmann, de su participación en la supuesta tortura de reos.

La jueza Claudette Domínguez mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.

Manipulación de justicia

Uno de los casos que está en espera de audiencia de apertura a debate es la acusación contra Ronny Elías López Jerez, exfiscal del Ministerio Público, Lesbia Verónica Montufar Trejo, Dora Elizabeth Bonilla Berger y Mynor Macario Rojas.

El caso Manipulación de justicia también involucra al general Erick Melgar Padilla, quien goza de arresto domiciliario en la Guardia de Honor, a la espera que el juez Miguel Gálvez lo cite y se realice la audiencia de primera declaración.

El caso se remonta a un conflicto por herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla, que se litigó civil y penalmente durante aproximadamente veinte años.  El 9 de diciembre del 2012, fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre de Erick Melgar Padilla. La investigación del hecho inició en la Fiscalía de Villa Canales, posteriormente pasó a la Fiscalía de Villa Nueva, hasta finalizar en la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Transurbano

En el Juzgado Undécimo Penal comenzó la discusión de la audiencia de primera declaración contra 21 implicados por el MP y la Cicig en haber ayudado al desvío de fondos que terminaron en las campañas presidenciales de Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

El ente investigador contabilizó que Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder de Baldizón en 2011 y 2015.

Corrupción en Quetzaltenango

La semana pasada el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango ligó a proceso a 14 personas, entre ellas el exalcalde de la localidad, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, vinculadas a una estructura criminal integrada por funcionarios municipales, empresarios y otros particulares que actuaban de forma planificada para que se otorgaran de manera fraudulenta contratos a cambio de millonarias sumas de dinero.

El caso está en etapa de investigación por la forma en que otorgaron 122 contratos municipales a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales llegaban al 40% del valor del contrato.

Los Huistas

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, procesó a seis integrantes de la estructura criminal “Los Huistas”, señalados en actos de corrupción en Huehuetenango.

En la audiencia de primera declaración, la jueza estimó que existían suficientes medios de investigación contra los sindicados para enfrentar a la justicia, por los que fueron ligados. Entre los señalados está Juan Bautista Rozotto López, alias “Juancho”.

Comisiones paralelas

El abogado Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del tenis”, su hermana Clara López Villatoro, así como al magistrado de apelaciones, Eddy Orellana Donis, fueron enviados a un debate por el caso Comisiones paralelas.

La investigación es por haber manipulado el trabajo de las Comisiones de Postulación del 2014 para la elección de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

La Línea

El expresidente Otto Pérez y la que fue su vicepresidenta Roxana Baldetti -condenada a 13 años y seis meses por el caso Agua Mágica- junto con otras 26 personas esperan una audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso La Línea.

El año pasado el juez Gálvez los envió a un debate y fijó el Tribunal de Mayor Riesgo C para los alegatos, aunque para el inicio aún hace falta la discusión de las pruebas y que no sean repetitivas.

Cooptación

El juez Gálvez informó que el proceso del caso Cooptación del Estado de Guatemala aún deberá escuchar el testimonio de Víctor Hugo Hernández, el contador del excolaborador Juan Carlos Monzón Rojas.

El testimonio servirá para que los sindicados y el ente investigador formulen preguntas para aclarar la participación de cada uno en los hechos.

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MP señala a 21 implicados de financiar las campañas de Manuel Baldizón

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) señalan a las personas de haber ayudado al desvío de fondos que terminaron en las campañas presidenciales de Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

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El espacio fue insuficiente en el tercer nivel de la Torre de Tribunales para que comparecieran todos los sindicados y sus abogados. Entonces, fueron trasladados al primer nivel donde el juez verificó que todos habían comparecido. La semana pasada se suspendió la audiencia por inasistencia de algunos defensores.

Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), inició con la descripción de hechos que se deriva de las averiguaciones de los casos: Financiamiento electoral ilícito de dicho partido y del Transurbano.

Según el MP, el análisis financiero sirvió para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y pasar fondos de diferente procedencia.

Detalles

Los aspectos del fiscal fueron de 2011 cuando el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) declaró ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q 11 millones 54 mil 425.00, pero la investigación determinó que el 87.44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.

La investigación preliminar detalló que en 2015 el monto declarado fue de Q12 millones y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

El ente investigador contabilizó que Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder de Baldizón en 2011 y 2015.

Los hechos presentados en este caso muestran la configuración de los tipos penales contemplados en el artículo 407 “N”, primer párrafo y artículo 407 “O del Código Procesal Penal, así como lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

El fiscal González acusó a 19 de los 21 sindicados. Le hizo falta Rudy Maldonado Castillo y Hector Antonio Aldana Castillo. La audiencia continuará el 8 de enero próximo a las 8:30 horas.

Señalados

  1. Óscar Leonel de León Cuellar
  2. Lilia Eugenia López Velásquez de Fialko
  3. Carlos Roberto Paz Reynosa
  4. Osmar Alberto Cruz Bustamente
  5. Otto René Bernal
  6. Reyna María Gómez González
  7. Rudy Maldonado Castillo
  8. Hector Antonio Aldana Castillo
  9. Roselia Díaz Ortiz
  10. Marvin Giovanni Aldana Azurdia
  11. Carlos Humberto Martínez Ruano
  12. Ramiro Antonio Calderon Rodas
  13. Marce Gabriela Lissi Hernández
  14. Mario Humberto Chicas Zea
  15. Jonathan Harry Chevez
  16. Mario Enrique Vargas Salazar
  17. Rudy Leonel Maldonado Castillo
  18. Alberto Rafael de León Escobar
  19. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
  20. Francisco Fernando Aleman Paredes
  21. Alvaro Mayorga Giron

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Once momentos críticos de la Cicig con el gobierno de Jimmy Morales

Los problemas entre el gobierno de Morales y la Cicig comenzaron en el 2017. Antes de eso, puntualmente en 2015, durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), había manifestado públicamente que se sometía a las investigaciones de la Comisión y pediría la prórroga de su mandato hasta 2021.

Incluso, en el 2016 el presidente Morales renovó el mandato de la Cicig. Fue el año siguiente que comenzó una serie de enfrentamientos verbales contra el trabajo de la Comisión, que lo llevaron al punto crítico este lunes 7 de enero, cuando denunció el mandato y desconoció el trabajo de la comisión de las Naciones Unidas. 

  • 27 de agosto del 2017

Non Grato

Declaran “non grato” a Iván Velásquez

Jimmy Morales declaró “non grato” al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, a quien le exigió que abandone el país inmediatamente. La Corte de Constitucionalidad amparó al colombiano y frenó provisionalmente la intención del Presidente.  La disposición fue emitida el sábado 26 de agosto, el mismo día que Morales regresó al país de su viaje a Nueva York, donde presentó una queja contra la Cicig.

  • 31 de agosto del 2017

No más Cicig

Gobierno no renovará el mandato de la Cicig

Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato de la Cicig, cuyo periodo vencerá el 3 de septiembre de 2019. La ONU recordó lo importante que ha sido la institución bajo el mando de Iván Velásquez. Según Morales, esta decisión era para “fortalecer a las instituciones del Estado” y afirmó que, luego de más de 10 años trabajo, corresponde la transferencia de capacidades de la comisión al Estado.
 

  • 23 de abril del 2018

Video de cateo

Difunden video sobre cateo del MP

El presidente Morales difundió en sus redes sociales un video que capta el ingreso de personal del Ministerio Público en Casa Presidencial para efectuar un allanamiento en el 2016. El mandatario pidió a la Procuraduría General de la Nación indagar el trabajo de los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

  • 4 de septiembre 2018

Prohiben ingreso a Comisionado

Gobierno prohíbe a Velásquez entrar al país

A través de un oficio, el presidente Jimmy Morales ordenó a la Dirección General de Migración no dejar entrar al jefe de la Cicig por ningún puesto fronterizo del país. La orden presidencial se hizo pública de manera anónima; sin embargo, el Gobierno lo confirmó horas después a través de un comunicado divulgado en su cuenta de twitter.

  • 17 de septiembre 2018

No dejarán entrar a Veláquex

Gobierno no dejará regresar al país al comisionado

En una breve conferencia de prensa, la Cancillería informó que se emplazó por 48 horas a la Organización de las Naciones Unidas para que proponga un sustituto de Iván Velásquez, a quien no permitirán ingresar al país.

  • 19 de septiembre 2018

ONU confirma a Velásquez como comisionado

Confirman a Veláquez
La ONU confirmó la continuidad de Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, pese a que el Ejecutivo había solicitado que se enviara una lista de candidatos para dirigir la Comisión. En una carta al presidente Jimmy Morales, el secretario António Guterres expresa: “No encuentro razón para retirar la confianza existente en el comisionado Velásquez”.

 

  • 17 de septiembre 2018

Anuncian que no dejaran ingresar al Comisionado
Gobierno no dejará regresar al país a Velásquez
En una breve conferencia de prensa, la Cancillería informó que se emplazó por 48 horas a la Organización de las Naciones Unidas para que proponga un sustituto de Iván Velásquez, a quien no permitirán ingresar al país.

 

  • 25 de septiembre 2018

Morales en la ONU
Morales cuestiona a Guterres en la ONU
El presidente Jimmy Morales se dirigió a la 73 Asamblea de la ONU, donde dijo que la Cicig es una amenaza para la paz de Guatemala y cuestionó “la pasividad” del secretario general de ese organismo, António Guterres, respecto a las preocupaciones que él ha planteado sobre la Comisión. El mandatario se dirigió durante 23 minutos a los jefes de Estado presentes en la sesión.

  • 25 de septiembre del 2018

Renovación de visas

MP pide a Morales renovar visas de investigadores

La fiscal General, Consuelo Porras, pidió públicamente al presidente Jimmy Morales entregue las visas a los investigadores. “Como Ministerio Público estoy sumamente preocupada una vez que muchos investigadores llevan a cabo su labor en muchos casos que llevan conjuntos MP y Cicig, mi preocupación es porque esas investigaciones deben concluirse”, aseguró.

 

  • 31 de octubre 2018

Rechazán renovar visas

Gobierno rechaza renovar visa de Velásquez

La Cancillería rechazó renovar la visa al comisionado Iván Velásquez, quien tiene vetado ingresar al país por órdenes del Gobierno. La solicitud de renovación la hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ante la Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló la Comisión en un comunicado.
 

  • 18 de diciembre 2018

Dan 72 horas a investigadores

Gobierno da 72 horas a 11 investigadores de Cicig

El Gobierno dio como plazo 72 horas para que abandonen el país los 11 abogados e investigadores de la Cicig a quienes se les revocó o denegó la visa de trabajo. Al mismo tiempo, han arreciado las críticas de diversos sectores por la decisión gubernamental. Horas antes, en una publicación en el oficial Diario de Centro América, la Cancillería hizo público que esos 11 profesionales dejaron de gozar de privilegios e inmunidades porque se les retiraron las acreditaciones.
 

  • 6 de enero 2019

Retienen y liberan a investigador

Investigador de la Cicig es retenido en Aeropuerto

Yilen Osorio Zuluaga, investigador colombiano que trabaja para la Cicig cumplió 25 horas en el aeropuerto La Aurora antes de poder ingresar al país, y solo luego de una orden directa de la Corte de Constitucionalidad al Instituto Guatemalteco de Migración. 

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Las 12 justificaciones del Gobierno de Jimmy Morales para anular el mandato de la Cicig

La funcionaria afirmó que se entregó una notificación oficial al secretario general de la ONU, António Guterres, para notificar que después de 24 horas de informado, se concluye con el mandato de la ONU, lo que ocurriría mañana martes, a eso de las 15.00 horas.

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Como justificación de esta decisión, Jovel enlistó varios sucesos, algunos que se contradicen entre sí.

A continuación los puntos expuestos por el Gobierno de Jimmy Morales: 

  •  “Guatemala sostuvo 16 meses de diálogo, desde agosto del 2017 hasta la fecha. Además, hubo dos visitas del presidente a la ONU y Guatemala entregó un documento oficial para abordar las preocupaciones del país sobre Cicig”.

El diálogo con la ONU comenzó después de que el presidente Jimmy Morales declaró “non grato” al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez. La Corte de Constitucionalidad (CC), frenó la expulsión del colombiano y ordenó que el Ejecutivo abordara la situación de la Cicig de forma conjunta con la ONU.

  • “Reuniones solicitadas por la misión de Guatemala en la ONU que no dieron resultados”. “El secretario no escuchó al Estado de Guatemala y sí a terceros”. “El acuerdo de crear una mesa técnica no se llevó a cabo”.

Según Jovel, pese a las constantes peticiones y denuncias ante la ONU, el secretario general no accionó, pero también menciona que se acordó formar una mesa técnica y que Guterres se comprometió a enviar a Guatemala un listado de tres personas que sustituirían a Iván Velásquez como jefe de la comisión.

  • “Injerencia de Iván Velásquez en asuntos internos, hubo presión a diputados”

En abril del 2016 se propuso de parte de los jefes de los tres poderes del Estado, Ranulfo Rojas, del Organismo Judicial, Jimmy Morales, del Ejecutivo y Mario Taracena, de Organismo Legislativo, un Diálogo Nacional para reformas a la Constitución.
El proceso se acompañó por la Secretaría Técnica, integrada por Thelma Aldana, fiscal General; Iván Velásquez, jefe de la Cicig, y Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos.

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  • “Guatemala tomó la decisión soberana de retirar privilegios e inmunidades. Un investigador desafió a las autoridades guatemaltecas haciendo uso de fallos cuestionables”.

El 21 de diciembre, la CC resolvió que la Cancillería debía renovar en un plazo de 12 horas las visas de cortesía y devolver los privilegios e inmunidades que esta conlleva. El investigador colombiano, Yilen Osorio Zuluaga, intentó ingresar el 5 de diciembre al país, pero fue retenido por personal de Migración, la CC ordenó entonces que se permita su ingreso.

  • “El secretario general utilizó un fallo de la CC para mantener a Iván Velásquez en la Cicig”. “La CC se extralimitó en sus funciones”.

En septiembre del año pasado, la ONU confirmó a Iván Velásquez como jefe de la Cicig, pese a que el Ejecutivo había solicitado un listado de posibles sustitutos. En su comunicación, Guterres indicó que “tomando en consideración la situación de facto por la que se encuentra impedido de realizar el trabajo en Guatemala, por el impedimento que puso el Ejecutivo y que posteriormente la CC ordenó abstenerse”, pidió a Velásquez que nombre un comisionado adjunto para continuar la labor en Guatemala, tras consulta con las autoridades.

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  • “Cicig hace una persecución selectiva”. “Ha violentado los Derechos Humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros y violaron el derecho de presunción de inocencia”. “Nunca hubo un caso realmente real”.

La Cicig, en apoyo al Ministerio Público, ha presentado varios casos de corrupción, entre ellos La Línea, Cooptación del Estado, Iggs-Pisa, Amatitlán y otros en los que se señala a exfuncionarios de Gobierno, como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Las quejas del gobierno sobre la violación a la presunción de inocencia se deben a que Velásquez, junto a la exfiscal general, Thelma Aldana, presentaron en conferencia de prensa varios de estos hechos.

  • “La Cicig fue creada para combatir los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales, pero después de 11 años es evidente que no pudo realizar esa labor”.

La Cicig comenzó su mandato el 12 de diciembre del 2006, luego de firmar un acuerdo entre el Gobierno y las ONU, que fue aprobado por el Congreso el 1 de agosto 2007.

Según el acuerdo de creación, esta entidad tenía la labor de “apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad  y aparatos clandestinos de seguridad y  cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos”.

Desde el 2008, la comisión ha colaborado con la investigación de unos 80 casos.

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  • “El presidente Jimmy Morales ha dejado que se hagan investigaciones en su contra”

El Ministerio Público solicitó en dos ocasiones el retiro del antejuicio del mandatario: La primera, en compañía de la Cicig, fue en agosto del 2017 para investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral del 2015.
La segunda solicitud fue interpuesta en septiembre del mismo año, por posible enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad debido a que recibió un bono militar de Q50 mil.

En las dos ocasiones el Congreso evitó retirarle la inmunidad. Además, el mandatario ha recibido otras seis solicitudes de antejuicio promovidas por diputados, fundaciones, ciudadanos y Coperex.

Víctimas de Cicig

Según el mandatario y Jovel, son varias las personas que resultaron víctimas de la Cicig y quienes podrían demandar a la ONU para solicitar un resarcimiento.

Jovel mencionó que la comisión ha utilizado como testigos en esos casos a “criminales convictos por crímenes como secuestro”.

Durante la conferencia de prensa ofrecida por el mandatario este lunes, varios de los acusados en casos de la Cicig estuvieron presentes para mostrar su respaldo al mandatario y este les dio varios minutos para explicar sus casos.

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El presidente asegura que la familia rusa Bitkov es víctima de persecución de la Cicig, debido a que la comisión tiene conexión con la mafia rusa.
En la conferencia, la ciudadana rusa Irina Bitkova denunció violaciones a sus derechos humanos y de sus hijos, en especial de un hijo menor de edad y afirmó que la Cicig los persigue siguiendo órdenes del gobierno ruso.

El mandatario afirmó que el caso de Andrés Zimeri “evidenció la violaciones y atropellos de la Cicig en el país”. Este caso se refiere a la denuncia del joven y su familia por las lesiones que sufrió en una riña con funcionarios de la Cicig durante un encuentro de futbol, en junio de 2017 en una cancha de la zona 14 capitalina. 

Enrique Zimeri, padre, del joven, afirmó en la conferencia junto al mandatario, que interpuso una queja en contra el comisionado Iván Velásquez ante la Organización de las Naciones Unidas y cuestionó que la Cicig haya solicitado las grabaciones que registraron la pelea al establecimiento deportivo, por considerar que no se trata de una competencia de la entidad.

Según Morales, los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz fueron señalados como autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en mayo del 2009, pero después de ocho años en prisión preventiva fueron absueltos.
Sin embargo, en este caso, la prisión preventiva tardó tres años y no han sido absueltos, sino que sigue en discusión la probabilidad de que enfrenten debate oral y público. En la conferencia de Morales, intervino Francisco Valdés Paiz, quien recordó que su caso “fue el primero en el que la Cicig utilizó a los llamados colaboradores eficacez, mentirosos todos, que han dicho mentiras con el fin de salvarse”. 

El exministro de Gobernación, Carlos Vielman, fue acusado de ejecución extrajudicial en el caso Pavo Real, por la muerte de varios reos en la cárcel de Pavón y fue absuelto en España.
En un nuevo caso, denominado Plan Gavilán, Vielman fue acusado por ejecuciones extrajudiciales y tortura y permanece en prisión preventiva por este último delito.
En la conferencia, Carlos y Maite, hijos del exfuncionario aseguraron que presentaron una queja ante la ONU y que los testigos de la Cicig son exconvictos.

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MP señala cómo la familia Mendoza despojó de tierra a campesinos en Petén

El Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por Irma Valdés, María Castellanos y Elia Perdomo, iniciaron un juicio contra diez personas señaladas en la presunta usurpación de 28 fincas en Petén, denominado caso Génesis.

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Entre los señalados está Walter Obdulio Mendoza Matta, quien está acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada. También sus hijos William Alfredo, Jeffrey Obdulio y Mariana Isabel Mendoza Tally.

En los alegatos de apertura, Carlos de León, fiscal Especial contra la Impunidad, recordó que a los integrantes de esta estructura criminal se les sindica de legalizar las fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados, liderados por Mendoza Matta, quienes forzaban a los propietarios a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios.

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Hubo una discusión debido a que los defensores intentaron que la representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se abstuviera de exponer alegatos.

El Tribunal resolvió que la Cicig fue parte de la investigación y del proceso. Entonces, escucharon su intervención que recordó el comienzo del caso en 2013 por una denuncia de transacciones sospechosas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

“Los afectados fueron los campesinos que se quedaron sin recursos. Este despojo no se hubiera realizado sin la intervención de los notarios Nehemías Matheu López y René Danilo Mejía Mejía quienes ayudaron a la estructura”, expuso la representante de la Cicig.

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Suma millonaria

Según la acusación, las fincas están valoradas por Q24 millones y la supuesta estructura de Mendoza Matta utilizó las entidades de cartón Corporación Ilusiones y Agroindustrias Chaparral para el blanqueo de capitales.

Un ejemplo que fue expuesto fue el caso de Chaparral, que adquirió Ilusiones por Q8 millones “pero no existe una justificación que la entidad valiera eso”, dijo la representante del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

También que Ilusiones fue abierta el 26 de enero de 2012 y recibió Q17 millones sin aluna justificación.

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Los defensores rechazaron los señalamientos en el primer día de debate con el argumento de que se trataron de negociaciones habituales de compra venta.

Las tierras otorgadas por el Fondo de Tierras (Fontierras) contemplaron un procedimiento para la Iiberación de las limitaciones anotadas en las inscripciones de las fincas adjudicadas, denominadas como “La Tutela del Estado, “EI Patrimonio Familiar’, “Pacto de Reserva de Dominio”. De forma arbitraria e ilegal, los funcionarios redactaban informes y resoluciones para liberar de limitaciones las fincas en las que tenían interés Mendoza y Ramírez y así pudieran “comprarlas” sin que existiesen obstáculos legales para su adquisición, detalló la acusación.

El caso fue conocido el 6 de abril del 2016 cuando las autoridades realizaron 18 allanamientos: Ocho en Morales, tres en Puerto Barrios, uno en Livingston, en Izbal; tres en Petén y tres en el departamento de Guatemala.

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Señalados

  • Walter Obdulio Mendoza Matta. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
  • Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
  • René Danilo Mejía Mejía. Usurpación agravada.
  • William Alfredo Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Jeffrey Obdulio Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Pablo André Mendoza Paz. Lavado de dinero.
  • Julia María Murillo Arteaga. Lavado de dinero.
  • Mariana Isabel Mendoza Tally. Lavado de dinero.
  • Nehemías Matheu López. Usurpación agravada.
  • José Gabriel Torres Ayala. Usurpación agravada.

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Secretario general de ONU rechaza “enérgicamente” petición de terminar mandato con Cicig

“El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integramente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo”, dijo el secretario general de la ONU en un comunicado difundido por su portavoz.

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La tarde de este lunes, Guterres se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien le informó a través de una misiva que el país da por concluido el mandato de la Cicig en un plazo de 24 horas.

“El secretario General rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta. Las Naciones Unidas ha estado intercambiado de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos dieciséis meses, conforme al Artículo 12 del Acuerdo de creación de la Cicig”, refiere el portavoz.

También pide que se “respete los compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la Cicig”. Hizo, además, hincapié en “la importante contribución de la Cicig en la lucha contra la impunidad en Guatemala”.

Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión con Guterres, Jovel indicó que le pidió a la máxima autoridad de la ONU respetar la “decisión soberana” de Guatemala de dar por finalizado el mandato, algo que solo corresponde al secretario de ese organismo, según el acuerdo de creación de la comisión.

La funcionaria manifestó que los miembros de la Cicig que se encuentran en Guatemala deben abandonar el país y que deben transferir las capacidades a las instituciones del país.

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El Jimmy Morales, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura y ante la presencia de gabinete de Gobierno, anunció el fin unilateral del acuerdo con ONU sobre la Cicig, por la supuesta “extralimitación de funciones” a nueve meses de concluir el plazo del ente en territorio guatemalteco. 

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El guardameta guatemalteco Ricardo Jerez espera rendir más en el futbol colombiano

Ir a recibir un salario más bajo con el Alianza Petrolera de Colombia, ya en el lejano 2013,  del que devengaba en la Liga Nacional con Marquense poco le importó al guardameta  Ricardo Jerez,  para intentar escribir su propia historia como embajador del futbol guatemalteco.

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Con el paso de los años y con la crisis que afronta el balompié local, el portero de 1.93 metros es el único legionario que ha logrado consolidarse. Su secreto: el trabajo constante y su mentalidad de hierro.

¿Cómo analizás el regreso de varios jugadores que eran legionarios a la Liga Nacional?

Es totalmente negativo. Creo que el hecho de jugar afuera te da otra vivencia y cuando se viene el momento de la Selección uno puede aportar mucho. Preocupa que cada vez tenemos menos legionarios en comparación a los otros países centroamericanos.  Eso solo muestra el atraso que tenemos en nuestro futbol.

¿Por qué Ricardo Jerez sí se consolidó en el extranjero y los últimos embajadores no?
Cada caso puede ser diferente. Cuando se es extranjero hay que entender que lo que uno hace no es suficiente, ya que se tiene una responsabilidad extra y solo queda  rendir más que el jugador local. Si uno no está dispuesto a dar ese extra, no va a durar.  En el futbol guatemalteco se cae en una zona de confort. Si el jugador no logra salir  se mantiene en su casa y busca jugar en los equipos que sí pagan. No  busca trascender y hacer cosas diferentes.
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¿Los altos salarios que gozan algunos  futbolistas locales los hace caer en  esa zona de confort?
Cada quien va a pagar lo que puede pagar. Yo no puedo decir si los salarios están altos o no. En  lo que siempre he hecho énfasis es que es más importante  empezar a invertir plata en los escenarios deportivos, porque los que hay dejan mucho que desear y eso hace que el futbol no levante en Guatemala. La inversión en infraestructura le va traer más beneficios al futbol nacional que jugadores devengando altos salarios.

¿Sacrificaste un buen salario para salir al extranjero?
Siempre. La primera vez cuando fui a Uruguay estaba muy cómodo en Comunicaciones y llegué ganando la quinta parte de lo que tenía con los cremas,  pero sabía que eso iba a traer un beneficio. Después cuando me vine  a Colombia, estaba bien en Marquense y empecé ganando menos. Luego del primer año los directivos ya vieron mis condiciones y se hicieron dueños de mis papeles, y me subieron el salario. 

¿Te han hecho de menos en Colombia por ser guatemalteco?
Al principio sí. No en mi equipo, porque los directivos confiaron en mi persona. En algún momento la prensa cuestionaba el hecho  de que un portero guatemalteco llegara a  Sudamérica. A uno le toca ser fuerte de carácter y demostrar partido a partido lo que se tiene, que uno no es menos que nadie y que el pasaporte no influye, pese a que nivel Selección no hemos logrado cosas importantes.
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¿En qué legionario guatemalteco te inspiraste para buscar tu propio sueño?
En mi generación crecí viendo triunfar al Pescado Ruiz y a Dwight Pezzarossi, quienes me motivaron a querer estar siempre afuera del país. Fueron dos jugadores dignos de admirar.

¿Qué metas tiene aún Ricardo Jerez?
Tenía el sueño de jugar en una Copa Sudamericana y lo logré. Ahora quiero estar en una Copa Libertadores. También quiero quedar campeón en el futbol colombiano. Siempre hay que apuntar a cosas grandes. Y mi máximo anhelo es estar con Guatemala en un Mundial.

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“Estoy contenta por aprender a leer”. Estudiantes y maestros empiezan con ilusión las clases

A las 6 horas, Marta Santos se levantó este lunes. La emoción del primer día de clases fue su motivación. Llegó con su mochila y uniformada a la Escuela La Ceiba. Es estudiante de preparatoria, tiene 6 años, y en su aula hay otros 35 estudiantes. “Estoy contenta por aprender a leer”, dice con una sonrisa.

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Otros 460 estudiantes también llegaron al centro educativo que se ubica en el kilómetro 13.5 carretera al Atlántico, que fue construido con el apoyo de los padres de familia. Ellos constantemente contribuyen a su mantenimiento, según el director Alfredo Palma, quien está a cargo de 15 docentes que imparten los niveles de Preprimaria y Primaria.

Cindy Cabrera es la maestra de Marta, y este año tiene como meta que sus alumnos aprendan a leer y escribir, pero también sumen, resten y que logren hacer sus primeras multiplicaciones. Aunque el Curriculum Nacional Base no lo establece, ella se ha propuesto enseñar inglés a sus estudiantes.

“Los niños son como esponjitas y aprenden rápido, eso hay que aprovecharlo”, indicó la docente de preprimaria, que durante este primer día de clases tuvo que fotocopiar el material que repartió a los niños, pues indica que los libros que da el Ministerio de Educación llegan con varias semanas de retraso.

A la Escuela La Ceiba asisten estudiantes de las colonias Mónaco, Monja Blanca, Los de Rodríguez, y sectores cercanos, y las instalaciones se han vuelto insuficientes para acoger a la población estudiantil y algunas aulas están hacinadas. Aunque tratan de mantener el edificio en buenas condiciones, algunas clases tienen techo de lámina y está deteriorado, y durante la temporada de lluvia, las goteras se convierten en un problema. 

La maestra Adelaida Pop tiene tres años de trabajar en esta escuela y señala la escasez de agua en el sector como uno de los inconvenientes a los que se enfrentan los estudiantes. Ella tiene a su cargo 30 estudiantes de ocho años, pues da segundo primaria. 

En similares condiciones se han reportado escuelas públicas de Chiquimula, Sacatepéquez, Escuintla y Huehuetenango, según maestros y padres de familia.

Las niñas de la Escuela Dolores Bedoya de Molina, en la zona 1 capitalina, otro de los 34 mil establecimientos del sector público que comenzaron el ciclo lectivo 2019, también asistieron a su primer día de clases. Este año hay 266 estudiantes, que con entusiasmo comenzaron la jornada desde primera hora, como el caso de Ashley Méndez. La pequeña tiene nueve años y está en tercero primaria. “Me levanté a las cuatro de la mañana, porque quería venir temprano a estudiar”, dice la menor.   

Su maestra, Claudia Rodas, espera este año sus alumnas alcancen mejores resultados comparado con el 2018, y que se mantengan constantes en la asistencia a clases. También espera que los padres apoyen a sus hijos en las tareas que se les asignan diariamente, pues es fundamental para el mejor rendimiento de las estudiantes. 

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Menciona que uno de los inconvenientes que han tenido en los últimos años es que en la escuela no hay docentes que impartan los cursos de Música, Educación Física, Artes Plásticas, Inglés y Kaqchikel, por lo que ella y sus compañeras deben dar esos cursos.

Mariana Ochoa, madre de Bianca, alumna de quinto primaria, tienen grandes expectativas de este año lectivo. Ella espera que su hija aproveche los estudios, pues le abrirá puertas para tener un trabajo estable cuando sea adulta. “Cada año es distinto para los niños, aprenden nuevas cosas”, refirió, mientras esperaba que el reloj marcara las 12 horas para llevar a su hija de vuelta a casa. 

Inauguración oficial

La inauguración del regreso a clases se llevó a cabo este lunes en la Escuela Oficial Urbana Mixta Mailde Vashmi Zabala Miranda, ubicada en el municipio de San José El Golfo. En el acto participaron autoridades del Ministerio de Educación, y varios miembros del gabinete de Gobierno. 

En el acto protocolario se anunció que en los próximos días se destinarán Q751 millones para los programas de gratuidad, útiles escolares, valija didáctica y alimentación escolar que se prevé beneficie principalmente a estudiantes de preprimaria y primaria. Alrededor del 60% del presupuesto que el Mineduc destina a programas de educación se focalizan en dichos niveles. 

Según el calendario escolar, las clases comenzaron este 7 de enero y se tiene previsto que terminen el 25 de octubre. Serán 206 días de clases programados para este año. 

Pese a que este lunes se dio el banderazo para iniciar las clases, en un recorrido efectuado por Prensa Libre en varias escuelas, se constató que en algunas las puertas se abrieron para que los padres de familia inscribieran a sus hijos, otras aprovecharon a realizar limpieza en los centros educativos para que este martes o miércoles los niños lleguen a estudiar. 

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