El salto de Escuintla: 8 parques industriales autorizados y una mejora en los ingresos

Organización internacional prepara estudio que guiará el tipo de inversiones que se pueden instalar en toda la zona industrial que tiene el departamento, cuya cercanía con el puerto le daría una ventaja frente a otros territorios.

Ximena Fernández

23 de octubre de 2024

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09:00h

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Los parques industriales han probado ser una fuente de desarrollo económico para el país. (Foto, Prensa Libre: Cortesía).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) confirmó que, por los próximos nueve meses, elaborará un estudio para analizar el potencial que tiene Escuintla para el desarrollo económico. Según el Índice de Competitividad Local, calculado por Fundesa, Escuintla experimentó un salto en el ingreso per cápita de US$1 mil 300 de 2022 a 2023, un valor atípico frente al promedio de lo que crecen otros municipios.

Este estudio, según Juan Vázquez Zamora, jefe adjunto para América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la Ocde, busca analizar a partir de datos, el potencial que tiene Escuintla para atraer inversiones  de calidad que puedan generar empleo e inclusión social. Asimismo, Vázquez aseguró que a partir de estos estudios, se podría analizar cómo atraer más talento humano al departamento y turismo. Para esto, se tomaron como base los parques industriales de este sector, los cuales, según Vázquez, son un ejemplo de promotor de desarrollo. 

En un documento publicado por Pronacom en noviembre del 2023, llamado “Parques Industriales”, se externa que en enero de este mismo año, se contaban con 16 parques industriales en el país, cuatro de los cuales están en Escuintla. Según Pronacom, el departamento de Escuintla es un punto estratégico debido a su cercanía al puerto Quetzal. No obstante, Christian Mayorga, presidente de Zolic, agregó durante un evento sobre atracción de inversiones organizado por Fundesa este 22 de octubre, que Escuintla ahora cuenta con ocho parques industriales autorizados por Zolic. “Varios de ellos en operación y otros todavía en fase de construcción”, aseguró Mayorga. 

Los resultados del análisis se compartirán al sector privado como al público, aseguró Vázquez, quien mencionó que mientras se realiza este trabajo, seguirán en comunicación con los diferentes actores involucrados en este tema e incluso visitando al país. 

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Competitividad en Escuintla

Para el 2023, Escuintla tuvo un puntaje de 93 puntos en el área de mercado laboral dentro del Índice de Competitividad Local. No obstante, obtuvo solo 33 puntos en el área de inversión productiva. Asimismo, este mismo año se vio un cambio positivo en su PIB per cápita de US$ 9 mil 300 a US$ 10 mil130. Mientras que otros departamentos categorizados como ciudades intermedias tuvieron un PIB per cápita menor. Puerto Barrios obtuvo ese mismo año un PIB per cápita de US$ 6 mil 917 y Antigua Guatemala obtuvo US$ 4 mil 649.

El presidente de Zolic mencionó que son más de 5 millones de metros cuadrados los que ya están aprobados por Zolic para poder operar. A partir de esto, Mayorga aseguró que se puede observar una tendencia por el sector privado y la dinámica económica se está yendo hacia el sur del país en el corto y mediano plazo. Mayorga recalcó que los parques industriales  encuentran en el país son privados. Los cuatro parques industriales mencionados por Pronacom son: Mauricio Pacífico, Michatoya Pacífico, Scali Centroamericana y Zona Libre Quetzal.

El ejecutivo añadió que se han realizado inversiones en otros sectores como San Marcos, en donde se encuentra el parque industrial Puerta del Istmo que está pegado a la frontera con México y que es donde se desarrolla la primera operación importante de inversión extranjera para partes para vehículos. 

No obstante, Mayorga asegura que el desafío principal para lograr el desarrollo de más inversiones no solo en regiones como Escuintla, sino en todo el país, es la coordinación. “Lograríamos muchos mejores resultados si trabajamos completamente unidos y bajo una estrategia común”, expresó Mayorga, quien aseguró que Guatemala cuenta con grandes ventajas, entre las que se encuentra su estabilidad macroeconómica y un sector privado dinámico. 

Retos y soluciones

Durante este mismo evento, Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó que es necesario para un buen desarrollo del país contar con una política pública ligada al sector privado, debido a que, según Torrebiarte, los dos sectores no están necesariamente coordinados. A esto, Ruby Asturias, socia de Asesoría Financiera y Legal de Deloitte, agregó que un problema clave es que no se tiene claridad estratégica de las inversiones que se quieren atraer. 

Mientras que Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, comentó sobre el impulso de la ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley de Alianzas Público-Privadas. La primera buscará priorizar aproximadamente el 10% de la totalidad de kilómetros de la red vial del país; mientras que la segunda, que Ayala espera se pueda aprobar este año, procurará la ampliación de la cartera de proyectos que se pueden realizar desde la modalidad de alianzas público privadas. 

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El presidente de Guatemala y representantes del sector empresarial guatemalteco se reunieron con inversores mexicanos que ven un gran potencial para invertir en Guatemala.(Foto, cortesía: Gobierno de Guatemala)

El evento, celebrado a puerta cerrada, en la Ciudad de México el 2 de octubre, contó con la participación de 70 inversionistas de alto nivel, la mayoría de ello tienen proyectos en el país y buscan expandir sus operaciones. Otros, en cambio, están explorando nuevas oportunidades, siempre con la demanda de mayor certeza y seguridad para sus inversiones. 

Juan Sánchez, director ejecutivo de InvestGuatemala, conversó con Prensa Libre, después del evento y brindó detalles sobre su desarrollo. Aseguró que fue un éxito, ya que todos los empresarios mexicanos invitados asistieron, lo que refleja un fuerte interés en Guatemala como plataforma para la expansión de sus negocios. “Es un momento clave para Guatemala, ya que este tipo de reuniones marcan una nueva etapa en la relación económica entre ambos países”, afirmó Sánchez. 

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, resaltó en su discurso la importancia de la inversión extranjera directa para el crecimiento económico del país. Reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las instituciones y combatiendo la corrupción, con el fin de ofrecer un ambiente seguro y confiable para los inversionistas internacionales. 

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En 2023, México invirtió en Guatemala un total de 231 millones de dólares, lo que representa el 15% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. Esta inversión se concentró principalmente en los sectores de comercio, información y comunicaciones, así como en industrias manufactureras.  

Por su parte, Guatemala exportó a México principalmente los siguientes productos: aceite de palma, azúcar de caña, caucho, artículos de confitería, látex, alimentos preparados y arneses eléctricos    

Interés en proyectos estratégicos y la expansión de negocios 

Uno de los puntos clave discutidos en la reunión fue la necesidad de mejorar la interconexión entre Guatemala y México. Los empresarios mexicanos destacaron la importancia de proyectos ferroviarios y la urgencia de reforzar la capacidad portuaria de Guatemala, áreas estratégicas para facilitar el comercio y la inversión en ambos países. 

Además, se discutieron oportunidades de inversión en sectores clave como la aeronáutica y la industria automotriz, con énfasis en la creación de clústeres industriales. Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes de México, señaló que Guatemala tiene el ecosistema adecuado para desarrollar estos proyectos a largo plazo. 

En resumen, se comentó que Guatemala puede posicionarse como un proveedor en componentes no automatizables como cables y arneses, aprovechando su proximidad geográfica a México y Estados Unidos para reducir costos logísticos. Asimismo, se destacó que el aumento en la demanda de vehículos eléctricos es un desafío y oportunidad para México, donde Guatemala puede contribuir al desarrollo de capacidades en nuevas tecnologías. 

Los empresarios también recalcaron la importancia de mejorar la competitividad del país, especialmente en áreas como la energía. Destacaron la relevancia de las próximas licitaciones de transmisión y generación eléctrica como una oportunidad clave para atraer mayor inversión mexicana en el sector. 

Los empresarios también recalcaron la importancia de mejorar la competitividad del país, especialmente en áreas como la energía. Destacaron la relevancia de las próximas licitaciones de transmisión y generación eléctrica son una oportunidad clave para atraer mayor inversión mexicana en ese sector.

Un ambiente jurídico seguro, pero con retos

A pesar del optimismo mostrado por los empresarios mexicanos, también se mencionaron algunos desafíos. Un inversionista en proyectos portuarios comentó que Guatemala es un buen destino de inversión, pero que existen retos institucionales en temas de normativas y procedimientos administrativos. 

El presidente @BArevalodeLeon sostuvo un encuentro con @AmChamMexico para fortalecer la inversión en Guatemala.

Inversionistas destacaron que los esfuerzos contra la corrupción están mejorando las condiciones de competitividad, posicionando al país como un socio confiable. pic.twitter.com/XVM9VTnOrc

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 2, 2024

Los empresarios hicieron un llamado para que Guatemala mejore su estrategia de comunicación y promoción a nivel internacional, ya que, aunque el interés por invertir está presente, muchos inversionistas aún desconocen aspectos importantes del país que son clave para tomar decisiones. 

Participantes clave en el encuentro de inversión 

El evento, que contó con la presencia del presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, reunió a destacados empresarios e inversionistas que representan a diversas industrias. Entre los asistentes se encontraban: 

• Luis Téllez, presidente del Club de Industriales, quien aporta una perspectiva valiosa sobre la industria guatemalteca. 

• Lic. Sergio E. Contreras, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), quien promueve la cooperación comercial entre México y Guatemala. 

• Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un organismo que reúne a los principales sectores económicos de México. 

• Carlos Álvarez de Alba, presidente del consejo de Grupo REMED, involucrado en el desarrollo de soluciones industriales en la región. 

• Edgar López, CEO de Grupo Inversor Veracruzano (GRIVER), quien ha estado activamente buscando oportunidades de inversión en el país. 

• Martín López Sciacqua, director comercial de Synergy Industrial Park, un proyecto enfocado en el desarrollo de infraestructura industrial. 

• Juan Pablo Cervantes Sánchez-Navarro, presidente de la sección internacional de Norteamérica en COMCE, quien juega un papel fundamental en la promoción de inversiones en Guatemala. 

• Francisco N. González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), aportando su experiencia en el sector automotriz. 

• Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, quién resaltó el potencial del país como destino de inversión. 

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Esta diversidad de participantes refleja el interés y la confianza que los empresarios mexicanos depositan en Guatemala, creando oportunidades para el crecimiento económico y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. 

Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la entidad, hace un repaso de la coyuntura nacional y la posición que ha mantenido hasta el momento el gobierno estadounidense, respecto a que e presidente y vicepresidenta electos deben asumir en enero del 2024.

En el plano económico, una de las preocupaciones es la posibilidad de sanciones comerciales para el país, considerando que Estados Unidos es el principal socio de Guatemala tanto para las exportaciones, como para las importaciones.

¿Cuál es la percepción de la coyuntura política y el sentir de AmCham?

La verdad es que está complicado el ambiente; nosotros estuvimos en Washington y atendimos la visita del Secretario adjunto para Asuntos del hemisferio occidental, Brian A. Nichols, quien ratificó que Guatemala es de importancia para Estados Unidos, ya que es prácticamente la segunda frontera para toda Latinoamérica y desde donde se está observando una migración muy fuerte.

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En Guatemala se ha perdido el sistema judicial y que está comprometido; vemos una elección a destiempo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; así como lo que ha sucedido con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo que origina un ambiente de falta de certeza para la inversión extranjera directa.

¿Cuáles son las consecuencias?

Hace un par de años y con la pandemia, surge el nearshoring y la inversión de Asia puede migrar a países como los nuestros, donde no hay suficiente generación de empleo. Y aunque hay perspectivas de crecimiento económico porque al final del año aún no se va a sentir el impacto, el tema político si está afectando la imagen de país, que ya se ve deteriorada y desgastada.

¿Qué otros temas se abordaron en el encuentro en Washington? 

Principalmente, que no se respete la voluntad del pueblo en las urnas. Como guatemaltecos, todos vivimos las elecciones, sabemos cómo es el proceso y conocemos el trabajo de los voluntarios nacionales e internacionales involucrados.

Entonces, esa insistencia del Ministerio Público de deslegitimar las elecciones se ve muy mal y debe cambiar. “No podemos hacer una persecución que se ve dirigida”, expresaron las autoridades de EE. UU., al resaltar que fue notorio el hecho de que triunfó un voto antisistema, con la esperanza de un cambio.

O sea que las nuevas autoridades deben tomar posesión el 14 de enero y también deben tener el apoyo de todos los sectores para que puedan trabajar.

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En la reunión con el Secretario, ¿se abordó el tema de las sanciones?

Sí. Y ya comenzamos a ver algunas a nivel individual con el tema de visas. Para Estados Unidos, Guatemala sigue siendo una prioridad de seguridad nacional y es lo que han reiterado en diferentes ocasiones.

Respecto a sanciones comerciales, afectarían no solo al sector empresarial, sino a muchas personas, incluyendo los consumidores finales.

Nosotros contamos con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y con toda la región; si hay sanciones comerciales, perjudicarían los precios, la competencia y otros aspectos. Al momento no han especificado formas, sectores, cómo ni cuándo sancionar.

A su juicio, ¿cuál es el mensaje?

Que el presidente electo -Bernardo Arévalo- debe tomar posesión y que haya una transición pacífica en enero 2024. Eso sería un primer paso, pero luego se tendrá que ver cómo se desenvuelve el trabajo del nuevo gobierno y el apoyo que tenga de los organismos Legislativo y Judicial.

Vemos manifestaciones para los cambios, pero no se le están prestando atención al pueblo, y es preocupante esa situación.

Entonces, el mensaje que se está enviando al exterior, no solo a EE. UU., sino a todo el mundo, es que Guatemala es un país si estabilidad política, lo cual genera un futuro de inestabilidad económica.

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A eso se suman los problemas de la infraestructura vial, que no ha sido atendida en los últimos cuatro gobiernos.

¿Cuáles son los pasos a implementarse?

Lo primero, la toma de posesión. Un proceso transparente y tranquilo no se ha dado, ni se está dando, porque la transición no es pacífica ni ordenada y es un ruido que genera incertidumbre y desconfianza.

No tenemos el listado de pasos que EE. UU., quisiera que se dieran, pero por orden es la toma de posesión y la transición.

Con ese ruido, ¿cómo están reaccionando los agremiados de AmCham?

Todas las compañías están muy cautelosas en sus presupuestos de inversión y las empresas multinacionales van a buscar el mercado que mejor se adecúe a sus necesidades; donde se generen ganancias e impacto a largo plazo.  Guatemala se encuentra en un riesgo alto por esa inestabilidad que se está viviendo, así que lo principal es recuperar la confianza.

El indicador es positivo en el sentido de que mejoró en el lapso indicado, pero a partir de la elección de nuevas autoridades se ha entrado en un periodo de tensión e incertidumbre, mensajes que han captado los potenciales inversionistas, y que pueden cambiar la tendencia al finalizar el semestre actual.

El reporte del Banco de Guatemala (Banguat) da cuenta de que hay cinco actividades que reportaron el mayor flujo de capital fresco y que dinamizaron las cifras en el primer semestre: industria manufacturera captó US$200 millones; comercio y reparación de vehículos, US$181 millones; actividades financieras y de seguros, US$128.6 millones; información y comunicaciones, US$103.2 millones; y otras actividades, US$65.3 millones, que en su conjunto suman US$678.1 millones, que equivale el 91.2% del total reportado.

La actividad de transporte y almacenamiento atrajo US$37.6 millones; explotación de minas y canteras, US$21.9 millones; agricultura, US$14 millones; construcción, US$3.2 millones; actividades de alojamiento y de servicios de comidas, US$2.1 millones, y la única actividad que tuvo un desempeño negativo fue suministro de electricidad, agua y saneamiento con US$14.7 millones.

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En el clasificador por país de origen se indica que de Centroamérica y República Dominicana se recibieron US$254 millones; seguidos de Estados Unidos con US$156 millones; México, US$138.6 millones; Países Bajos, US$80.3 millones; y Luxemburgo, US$58.8 millones, que alcanzan los US$687.7 millones. Luego viene Perú con US$31.3 millones; Alemania, US$14.1 millones; España, US$7.2 millones; y Suecia, US$2.6 millones.

Contexto actual

Dada la coyuntura, también hay una lectura sobre el clima de inversión local y extranjera para los siguientes meses, luego de registrarse varios acontecimientos relacionados con el evento electoral y recientemente, los bloqueos en carreteras, calles y avenidas para demandar la salida de funcionarios del sistema judicial.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo que la situación a futuro es sumamente preocupante ya que la IED no va a países con crisis políticas y esta es una de las principales de toda la era democrática del país.

“El daño que esto le está causando a las familias y a la economía es que los paros derivados de la pandemia porque no hay protocolos ni salvoconductos para circular con perecederos, medicinas y alimentos. Las pérdidas diarias se estiman en más de Q800 millones de quetzales según cálculos de los analistas y eso es apenas el principio. Los mercados internacionales ven con suma preocupación que no se ve una salida política a esta crisis que estamos atravesando, con implicaciones económicas preocupantes”, destacó.

Zapata brindó también un perfil de la inversión privada para 2024, y aclaró que a pesar de ser muy temprano para saberlo, la estimación conservadora es hoy de 1.2%-1.5% del PIB en IED, pero va a depender de que se levanten los bloqueos que están ya generando desempleo y falta de ingresos a empresas y hogares.

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A su criterio, los flujos de inversión seguramente están en pausa hasta ver cómo termina la situación y se ve con preocupación el aumento del desempleo, pues podrían perderse unos 5 mil 300 puestos de trabajo, especialmente en sectores como el turismo, comercio, logística y servicios directos que no han podido operar. Ello representará problemas para más de 1 mil 300 hogares que van a ver sus ingresos impactados de forma negativa.

“Los mal portados”

Para Hugo Maúl, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales), uno de los efectos será la imagen que el país refleja para los potenciales inversionistas y si el movimiento de las jornadas de manifestaciones se extiende, el impacto principal estará en la imagen que se ha querido mantener tanto por el Ministerio de Finanzas, como por el Banguat, en términos de riesgo-país.

En ese aspecto, consideró que se verán afectados posibles proyectos grandes que se tenían programados, por lo que “así, menos inversionistas buscarán a Guatemala”.

Además, se tendrá que trabajar en recobrar la credibilidad de país, “ya que en cuanto a estabilidad macroeconómica siempre hemos sido el niño bien portado, pero en términos de estabilidad política, somos los mal portados del grupo y ahora estamos confirmando que somos poco confiables”. Además, el investigador advirtió que habrá que esperar posibles sanciones internacionales.

La Dirección General de Caminos (DGC) adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) debe conocer el EDI   como ente contratante del proyecto, el cual, en las presentaciones de los anteriores estudios, había detectado alguna inconsistencia, por lo que no fue aprobado.

Por lo tanto, el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) fijó como fecha para entregarlo el próximo 6 de octubre.

Eso significa que sin el estudio definitivo de ingeniería y sin el aval de la DGC que lo revalide, la obra no puede iniciar, ya que se trata de un cierre financiero del proyecto.

Esta sería la primera construcción bajo el esquema de alianza público-privada (APP) que fue aprobado por el Congreso en noviembre del 2021.

Contenido del EDI

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala —parte del Convía—, explicó a Prensa Libre parte del contenido del EDI que el consorcio   presentará a las autoridades para su análisis, y adelantó que es un documento muy robusto.

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Este proceso, aclaró, los ha llevado a una coordinación con el CIV durante un período de cuatro meses, coordinándose   en 10 mesas técnicas, de acuerdo con las especialidades que demanda el alcance del proyecto: la troncal, distribuidores viales, pasos de ganado, paradas de buses y construcción de edificios administrativos, entre otros aspectos.

Entre los especialistas que compone el EDI han participado empresas nacionales y extranjeras, y el expediente consta de unos 30 mil folios y cinco mil planos.

Inversión

Testelli comentó que la inversión del proyecto de la AEPQ rondará los US$140 millones, ya con todos los estudios y análisis efectuados en el EDI.

“Todos estos estudios lo que nos han permitido es un proceso mucho más robusto que fortalece una propuesta novedosa, que aplica condiciones técnicas en beneficio tanto del proyecto como el impacto ecológico que se genera en el planteamiento”, dijo el empresario.

Al profundizar sobre el contenido, el ejecutivo remarcó que en estos últimos cuatro meses no hubo cambios de fondo.

“Es una propuesta que hace mucho sentido para lo que demanda el proyecto y que ha tenido sentido para nosotros en la parte técnica y económica. Sin duda, lo que sigue es la autorización para empezarlo a ejecutar antes de que finalice el año”, precisó el directivo de Convía.

También han avanzado las conversaciones en el cierre financiero, para el cual estaría participando un consorcio de dos bancos principales locales.

Además, sería un crédito sindicado a largo plazo y se analiza que en algún momento exista alguna emisión a bolsa, para poderle brindar cierto dinamismo económico al proceso.

Paralelamente ha avanzado la adquisición del derecho de vía de predios para la construcción de los distribuidores, los espacios para la construcción de las garitas de cobro y   del edificio administrativo, entre otras áreas.

Expectativa

Respecto de los resultados que se esperan, Testelli afirmó que a partir del viernes próximo esperan la revisión del expediente y de todo lo que se ha trabajado en los últimos meses, que se atienda lo abordado en las mesas de trabajo y que la revisión sea lo más eficiente y consensuada posible.

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“Estamos en la disposición de trabajar en conjunto con los responsables técnicos del CIV para ir revisando el expediente de entrega y que pueda ser una revisión   lo más ágil y eficiente posible”, apuntó el ejecutivo.

Aunque aún hay tareas pendientes, se espera el acta para el inicio de la construcción, en el sentido de un EDI autorizado y validado, el preinicio de los contratistas, la creación de un fideicomiso, el cierre financiero, las licencias de construcción y   procesos administrativos con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), entre otros aspectos.

La tarifa se aplicará según la establecida en el contrato, pero habrá que analizar algunos aspectos   en el futuro, en el ámbito establecido en el contrato, y en su momento se tendrá que discutir con las autoridades, cuando se abra la operación, que sería a mediados o finales del 2025.

Además, tendrán que trabajar para crear condiciones de confianza y certeza jurídica para el incremento y atracción de inversiones locales y extranjeras, cuyos primeros resultados deberían ser visibles al final del primer semestre del 2024, que es un tiempo razonable para conocer el funcionamiento del aparato público.

Indicadores a observar

En los últimos años, la producción nacional se ha sostenido por el consumo que en gran medida genera el flujo de remesas que despachan los migrantes a sus familiares en Guatemala, por lo que se le considera un “motor de la economía”, dada también su influencia en la medición del producto interno bruto (PIB) anual por el lado del gasto. Para 2023, la estimación de cierre de estas transferencias monetarias es de US$19 mil 393 millones (unos Q151 mil 265 millones) y para 2024, se calculan en US$20 mil 556 millones (Q160 mil 336 millones)

En cuanto al PIB, en 2020 se contrajo por efectos de la pandemia en -1.8%, pero del 2010 al 2022 el crecimiento promedio anual ha sido de 3.5%, según los registros oficiales. Para 2023, las 17 actividades económicas que se consideran para medir el PIB por el lado de la producción mostrarán un desempeño positivo, y la proyección de crecimiento está en el rango de 2.5% a 4.5% con un valor central de 3.5%. Esa misma estimación está prevista para 2024.

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Además, el índice mensual de la actividad económica (Imae) a junio se sitúo en 4.4%, y durante todo el primer semestre mostró una tendencia estable.

Por otro lado, la inflación a julio último se sitúo en 4.53% y la tasa Líder de Interés Líder de Política Monetaria se ubicó en 5%.  Se espera que hacia finales de este año y del próximo, el indicador se mantenga en un valor cercano a la meta establecida por la Junta Monetaria (M) que es 4% más/menos 1%. O sea, entre 3% y 5%.

En cuanto a las exportaciones, para este año se proyecta el ingreso de US$16 mil 595 millones y para 2024, US$17 mil 508 millones;  mientras que para las importaciones, se calcula el egreso de US$34 mil 693 millones y US$37 mil 295 millones, respectivamente.

Sobre el desempeño del crédito bancario al sector privado, tuvo un incremento del 15.8% en 2022, aunque se prevé que mantenga un ritmo de crecimiento menos dinámico en 2023 y 2024, con cierres de 9.5% y 9%, respectivamente.

No obstante, al 27 de julio pasado, la actividad crediticia por tipo de deudor indicaba que el empresarial mayor mantenía un crecimiento de 9.5%; empresariales menores y microcrédito, 9.3%; el hipotecario para la vivienda, 9%; y el consumo, 25%.

Panorama fiscal

El Ministerio de Finanzas estima un déficit fiscal de 2% para el cierre del 2023 y de 1.4% para el siguiente año, derivado de que el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 2024, de ser aprobado por el Congreso, sería de Q124 mil 602 millones, que sería financiado con Q98 mil 533 millones provenientes de ingresos tributarios y un endeudamiento de Q13 mil 426 millones (Q10 mil 91 millones en bonos del Tesoro y Q3 mil 334 millones de préstamos).

Las cinco principales asignaciones institucionales en el referido proyecto indican que el Ministerio de Educación contaría con Q23 mil 50 millones; Salud, Q12 mil 277 millones; Gobernación, Q7 mil 779 millones; Comunicaciones Q6 mil 779 millones; y Defensa, Q3 mil 502 millones.

Pero para Obligaciones a Cargo del Tesoro, la asignación establecida en el anteproyecto es de Q41 mil 207 millones; para el pago del servicio de la deuda, Q20 mil 778 millones; y para secretarías y otras dependencias, Q1 mil 452 millones.

Qué dicen los expertos

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que el nuevo gobierno enfrentará una economía con dos peligros: el primero que es latente, que se habla y no se concreta pero que eventualmente puede darse, es una desaceleración económica más pronunciada, como consecuencia de una recesión en la economía mundial, que no está descartada del todo.

El otro problema es que la inflación, que ya se estaba controlando, comienza a repuntar en países desarrollados, así como en el país y eso significaría encontrar una economía desacelerada y con precios altos, en un contexto en que millones de familias ya están golpeadas.

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“Una de las principales situaciones que han reflejado las encuestas recientemente, es que el principal problema es el alto costo de la vida, por lo que los desafíos que se va a encontrar serán importantes, pues la población no está contenta con su situación económica”, apuntó Boteo.

Por otro lado, si bien la macroeconomía ha demostrado ser resiliente ante el contexto internacional, no se logra un crecimiento productivo suficiente para la generación del empleo formal que se necesita. Entonces, el tema será si se van a tomar acciones para activar y construir una economía mucho más robusta que permita generar fuentes de trabajo, que es lo que está demandando la población, que es una de las altas expectativas de las personas hacia el nuevo gobierno, añadió.

Ajustes al presupuesto

Para Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el principal reto del nuevo gobierno en el tema presupuestario es el ajuste al plan de gastos y establecer un programa de resultados, que nunca se ha tenido.

A su juicio, cambian las administraciones, pero el presupuesto se mantiene rígido por distintas razones, “por lo que en este momento (aprovechando la coyuntura) hay un espacio para hacer mejoras de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos”.

Lo ideal, explicó, es que las nuevas autoridades puedan hacer algunos ajustes en conjunto con el Ministerio de Finanzas y en el Congreso, y que se le puedan brindar espacios al equipo delegado.

El experto recomendó que dentro de los posibles ajustes al proyecto del presupuesto está la parte relacionada con la inversión pública, cuya participación disminuye cada año; y mejorar la eficiencia, en el sentido de que hay programas presupuestarios que no están dando los resultados esperados, por lo que se deberían eliminar algunos o crear otros que funcionen mejor.

“En la transición hay suficiente espacio para realizar ajustes a los programas que brinden resultados para la población en un primer año de gobierno, y que cumplan con las promesas de campaña”.

Clima de negocios

Entre los tomadores de decisiones también hay expectativas. Juan Carlos Paiz Mendoza, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que las inversiones han disminuido por la falta de certeza jurídica y un cambio al respecto depende de cómo será el proceso de transición y lo que suceda tras la toma de posesión del 14 enero. “Guatemala tiene mucho potencial, pero el inversionista tiene temor al desorden”, concluyó.

Guatemala atrajo capital foráneo por US$394.6 millones en enero, febrero y marzo de este año, lo que significa una tasa de crecimiento del 30% respecto al mismo lapso del 2022 cuando el monto ascendió a US$303.9 millones.

Es decir que la variación significa un incremento de US$90.1 millones, y el indicador es congruente con el desempeño de la economía durante el primer trimestre (3.7%), según las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat). El flujo de capitales extranjeros es una de las cifras que ha mantenido un desempeño positivo.

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Por actividad

El informe da cuenta de que hay cinco actividades productivas con mayor captación de capitales extranjeros y son: comercio y reparación de vehículos con US$132 millones y un crecimiento del 32.8%; información y comunicaciones con US$74.8 millones (18%); industrias manufactureras, US$58.3 millones (14.8%); actividades financieras y de seguros, US$50.7 millones (14.8%); y suministro de electricidad, agua y saneamiento, US$48.4 millones (12.3%). Estos sectores en su conjunto suman US$364.2 millones o sea el 92.3% del total, en este primer trimestre.

El movimiento observado en la actividad de información y comunicaciones puede estar explicada por la preparación de la subasta de frecuencias para la implementación de la tecnología 5G que se adjudicó en junio pasado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), se indicó.

Por país de origen

El reporte oficial también hace una clasificación por país de origen: de Centroamérica y República Dominicana se captaron US$38.6 millones y del resto del mundo, US$356 millones.

Los cinco principales inversionistas fueron México con US$79.6 millones; Estados Unidos, US$52.1 millones; Luxemburgo,  US$51.6 millones; Colombia, US$48.6 millones; y Países Bajos, US$36.6 millones.

En cuanto al destino de los capitales de México y EE. UU., destacan las actividades de comercio y reparación de vehículos con US$29.2 millones y US$26.8 millones; Luxemburgo invirtió US$50.5 millones en el sector de información y telecomunicaciones; Colombia, US$36.1 millones en actividades financieras y de seguros; y Países Bajos, US$2.3 millones en suministro de electricidad, agua y saneamiento.

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En el desglose para Centroamérica y República Dominicana, destaca Honduras con US$18 millones y El Salvador con US$17.4 millones, en sectores en comercio y reparación de vehículos e industrias manufactureras, respectivamente. El resto de los países del bloque centroamericano mantienen una posición marginal.

Potencial para atraer más recursos

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, comentó recientemente que la proyección de IED para 2023 es de US$1 mil 600 millones y para 2024, US$1 mil 700 millones.

El funcionario destacó que en los últimos años, el indicador subió por la transacción de una compañía de telefonía en 2021 que elevó el promedio en 234%, para un total de US$3 mil 461 millones.

Recordó que Guatemala tiene un potencial de captar US$3 mil millones de IED anuales en los siguientes años, e iniciativas como Guatemala no se Detiene y la legislación existente, han facilitado una infraestructura legal y certeza jurídica, así como las diferentes misiones que se han realizado a varios países.

Ante el riesgo de que la situación se salga de control con sus consiguientes efectos en los negocios y el clima de inversión. las primeras voces empiezan a manifestarse sobre lo que debió ser un proceso ordenado y basado en ley, así como la garantía de los resultados.

Una de las coincidencias de los consultados es que esta problemática debe resolverse lo antes posible, de manera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficialice los resultados, para brindarle la certeza del evento pasado y respetar el calendario para llevar a cabo la segunda vuelta electoral programada para el próximo 20 de agosto, así como la asunción en enero del 2024 de las nuevas autoridades que resulten electas.

Posiciones coincidentes

A la pregunta ¿esta coyuntura de falta de certeza político-jurídica puede afectar el clima de negocios y posibles inversiones en el país? Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), expresó que se esperaría que esto se resuelva esta misma semana, para que no haya ningún cambio en el cronograma electoral.  Si eso ocurre, no pasará nada negativo.

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“Pero sí existe el riesgo de que se prolongue y se llegue a un limbo legal que pueda afectar la agenda de atracción de inversión al país y la calificación de riesgo para Guatemala, lo que sería un gran retroceso.  Confiamos en que el proceso concluya esta semana, lo que le dará mayor certeza a la voluntad popular”.

Waleska Sterkel de Ortiz, directora de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), enfatizó que definitivamente, la falta de certeza en el proceso electoral y no respetar la decisión de los votantes pone en riesgo la democracia de un país.  “Esto puede generar un entorno poco favorable para los inversionistas, ya que aumenta el riesgo y la incertidumbre al momento de tomar decisiones, lo que puede conllevar a una disminución de la inversión extranjera directa (IED), dificultando aún más el desarrollo económico”.

Para Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), la incertidumbre del proceso político ordenado y basado en ley y las fricciones resultantes generan alertas de riesgos sistémicos que degradan la percepción del país como garantista y apegado a la seguridad jurídica. A su juicio, la seguridad jurídica siempre será un factor de peso para el inversionista nacional y extranjero.

Fernando Orellana, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), coincidió en que la realización de las elecciones generales es la máxima expresión de la voluntad de los guatemaltecos, y para brindar certeza y seguridad jurídica, “el resultado electoral debe ser el que es y el que los ciudadanos decidieron libremente” y se debe velar por la institucionalidad para crear un clima que brinde las garantías jurídicas.

“Esto, para generar confianza y atraer inversiones en un marco seguro para que los inversionistas puedan planificar y ejecutar a largo plazo”, apuntó. Por eso insistió en la realización de la segunda vuelta electoral, así como en el cambio de autoridades para el 14 de enero del 2024. Reiteró que se está viviendo una situación extraordinaria y “ojalá que esto tenga un desenlace positivo para el país, con una resolución apegada a la constitución y a la ley, porque si sería negativo un desenlace que implique una suspensión de elecciones o peor aún, que no haya un cambio de mando en enero por los retrasos en el proceso”.

En todo caso, es de la idea que uno de los riesgos actuales es que los potenciales inversionistas pospongan sus decisiones, lo que impactaría a toda la economía.

David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca-Coreana de Comercio (Camcor), afirmó que el sistema electoral y aparato de justicia están en la necesidad de demostrar la certeza jurídica y legalidad de los procesos electorales. “Las empresas y actores económicos, entre ellos los inversionistas, están a la expectativa para la toma de decisiones y poder considerar a Guatemala como un ambiente propicio para hacer negocios a largo plazo. Es crucial que se respete el Estado de Derecho para mantener el tejido empresarial y atraer inversiones que generen empleos”, recalcó.

Efectos primarios

Otra de las preguntas a los consultados se relacionó con sus expectativas y confirmaron que, en el corto y mediano plazo, pueden verse afectadas.

Zapata respondió que, sin lugar a duda, la falta de certeza jurídica en los procesos institucionales afecta la capacidad que puedan tener los agentes económicos para generar inversiones.  “Guatemala es un país que está en proceso de mejorar sus instituciones y en esa medida debemos apoyar a que se fortalezca el estado de derecho”, aclaró.

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La directora de AmCham destacó que pueden revertirse las intenciones de invertir, pues los inversionistas tomarán más precauciones y tardarán más en el proceso de elegir a un país que les ofrezca certezas de todo tipo. “Uno de los principales factores que un inversionista busca en un país es la estabilidad política y jurídica. La falta de la misma es una alarma roja”.

Lacs Palomo añadió que los agentes tienen expectativas sobre el buen clima económico político y legal para sus negocios, pero si falla uno de estos, causa incertidumbre y los obliga a retomar sus planes y algunos prefieren poner en pausa el desarrollo de los negocios, hasta que se despejen los nubarrones.

“Cuanto más rápido se resuelvan los procesos que causan incertidumbre, más pronto se toman decisiones económicas positivas. Entre menos frecuente sean estas causas legales de riesgo, más confianza hay a mediano y largo plazo”.

El presidente de Camcor señaló que la incertidumbre es de los principales retos a superar para ofrecer un buen clima de negocios y la certeza de un proceso electoral es un evidente ejemplo de la estabilidad jurídica y social, así como del clima de negocios.

“Ante esta incertidumbre, se atrasa la toma de decisiones que frenan la dinámica de negocios, como las decisiones de invertir, incrementar operaciones y contratar más personal. Esto repercute en menos transacciones, reducción de empleos y por ende, un freno económico que es complicado superar porque implica devolver la confianza a los agentes económicos”, concluyó.

Sector turismo, a la espera

La Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) también emitió un comunicado indicando que ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la recepción de esta por el Tribunal Supremo Electoral, y se solicitó el respeto a la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones del 25 de junio, así como al proceso electoral en su totalidad.

Rolando Schweikert Rozotto, presidente de la entidad, indicó que por el momento, los operadores o empresas extranjeras que traen grupos organizados y que tienen grupos programados están a la expectativa de lo que sucede porque con tanta noticia que hay,  prefieren cambiar de fecha, cancelar o seleccionar otro destino. Esto, principalmente lo relacionado con el área de congresos y convenciones.

“Lo que yo sé es que todavía están confirmados los eventos para después de las elecciones, pero han estado pendientes de lo que sucede en el Parque de la Industria y el estricto apego a la ley. Creemos que conforme pasen los días, se estará aclarando el panorama electoral. Los observadores nacionales y extranjeros fueron testigos del respeto al voto en los centros de votación y algunos estuvieron presentes hasta el momento de emisión de las actas”, declaró.

Esther Brol, presidenta del Buró de Convenciones (que agrupa a grandes hoteles) dijo que no se han registrado cancelaciones de reuniones, congresos y convenciones. Lo que han experimentado es una desaceleración para algunos eventos durante el año,  pero indica que es normal en un período electoral.

“Respecto a eventos grandes no tenemos registros de cancelaciones. Pero tenemos fe en que la institucionalidad va a prevalecer y la tenemos que respaldar; también hacemos un llamado a la reflexión a aquellas fuerzas partidistas que están haciendo solicitudes alejadas de la ley y esperamos que se respecte la institucionalidad”.

Consultada acerca de que si tarda más la situación de incertidumbre podría afectar la actividad de turismo, la directiva dijo ante cualquier circunstancia, ya sea desastre natural, inestabilidad política u otra causa, una de las actividades económicas más sensibles es el turismo, por lo que sí podría haber efectos y los viajeros pueden decidir cambiar sus destinos.

Jorge Mario Chajón, consultor en temas de turismo, agregó que por el momento no posee información de cancelaciones de grupos de viajeros extranjeros o de reuniones o convenciones. “Y como el problema no ha pasado de acciones legales (por inconformidades contra resultados) aún no hay impacto en el turismo, lo que sí puede suceder si hay desórdenes en la vía pública o situaciones que afecten la seguridad del turista, lo que se espera que no se dé”.

CIG: Siete aspectos a considerar

Por su parte, Raúl Bouscayrol, vicepresidente de la junta directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), enumeró por lo menos siete puntos a tomar en cuenta sobre esta coyuntura de falta de certeza política y jurídica:

En principio puntualizó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) vigente establece la existencia del proceso de revisión de escrutinios en el artículo 238. El cual, según el directivo, dicta claramente que, de haber alguna impugnación por parte de los fiscales de los partidos políticos, se deberá programar una audiencia de revisión dentro de los cinco días hábiles después de los comicios.

Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar conforme a la ley las acciones que considere necesarias para salvaguardar sus derechos o su integridad, pero siempre debe prevalecer el respeto por la ley a la hora de exigir revisiones y resolver apelaciones.

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Por otro lado, para asegurar la consolidación del Estado de Derecho, se debe respetar la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual es parte del proceso democrático, asegurando que se cumplan los plazos establecidos para resolver dentro del marco de la ley. “Solo resguardando el respeto a nuestras leyes y normativas aseguramos que Guatemala se mantenga como un destino de inversión nacional e internacional, ya que la certeza jurídica es clave para atraer y mantener estas inversiones”.

“Actualmente Guatemala va por una muy buena ruta en cuanto a la atracción de inversión y la mejora de la competitividad del país, por lo que debemos mantener esa certeza para los inversionistas”.

En ese sentido, explicó que “todos los guatemaltecos estamos pendientes de que las acciones y decisiones sean acorde al Estado de Derecho y que se garantice el proceso electoral conforme a las leyes vigentes, respetando la voluntad de la ciudadana en el ejercicio del voto. Manifestamos que la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto de 2023, debe mantenerse. El respeto al orden constitucional, el imperio de la ley y el Estado de Derecho hace imperativo que el 14 de enero del 2024 asuman las nuevas autoridades electas”, reiteró.

A su criterio, es importante contar con certeza jurídica en todas las actividades, ya que es la única forma de consolidar el Estado de Derecho y realmente atraer inversiones.

Al preguntarle sobre las expectativas de los agentes económicos, Bouscayrol respondió que “consideramos que al momento es muy prematuro indicar si habría alguna reacción de los agentes económicos. Recordemos que la macroeconomía guatemalteca es sumamente sólida y estable, por lo que no se esperarían cambios en el corto plazo. Reiteramos la importancia de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto, de manera que los temas económicos sigan su curso normal y no haya ninguna afectación al clima de negocios o la certeza jurídica en el país”.

Más pronunciamientos

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), aseguró que, en cualquier escenario de falta de certeza política o jurídica, se crean factores que dificultan a los empresarios tomar decisiones de inversión, como la adquisición de algún activo, equipo o maquinaria e incluso, para iniciar una empresa, contratar trabajadores o ampliar sus capacidades de operación.

Destacó que ante la coyuntura no se puede hablar de un efecto inmediato, excepto que quienes estaban pensando en invertir en estas semanas, ponen una pausa su decisión y esperan hasta que se aclare el panorama.

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“A mediano y largo plazo es necesario que, sin importar los partidos políticos, quienes resulten oficialmente electos al Congreso, alcaldías y el ejecutivo, tengan claro que la responsabilidad en el ejercicio del cargo es ante toda la ciudadanía. Es decir que, desde el Congreso o desde el Ejecutivo o la alcaldía, se gobierna en beneficio de toda la ciudadanía, no de grupos particulares políticos o de los que votaron de cualquier manera.

Los gobernantes, como lo dice la Constitución Política de la República, están sujetos al imperio de la ley en el ejercicio de sus funciones.  Y por eso es muy importante que en sus discursos y en sus acciones no dejen duda sobre que en sus decisiones respetarán el marco jurídico vigente y el estado de Derecho. Eso permitirá que los inversionistas tengan confianza y puedan mantenerse las inversiones actuales y se continúe en una agenda de atracción y facilitación de la inversión para que los miles de guatemaltecos que buscan un empleo puedan tener la oportunidad de encontrar un trabajo en Guatemala”, concluyó.

Además, por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) se pronunció al respecto y exige el estricto cumplimiento de la normativa jurídica referente al escrutinio del proceso electoral porque es clave para la democracia en el país.

“Dada la preclusión de acciones que debieron plantearse el mismo 25 de junio, no deben resolverse favorablemente recursos cuyo único objetivo es dilatar el derecho de la población a conocer oficialmente el resultado de las elecciones generales”, expone.

Indica que distintos sectores han hecho públicos varios comunicados en los que indican que después de haber realizado ejercicios serios de tabulación de resultados -utilizando las actas de las Juntas Receptoras de Votos-, las variaciones son mínimas y no cambian las posiciones dadas a conocer previamente por el Tribunal Supremo Electoral.

“El proceso electoral guatemalteco ha sido reconocido internacionalmente por la legitimidad que genera la participación voluntaria de más de 100 mil ciudadanos. Todos ellos, en un acto de civismo, participan en las Juntas Electorales y Juntas Receptoras de Votos en todo el país y son quienes garantizan la pureza del escrutinio el día de las elecciones. En consecuencia, no se debe poner en duda la actuación de estos ciudadanos en menoscabo de nuestra democracia electoral”.

Por lo tanto, esa cámara enfatizó que denuncia y se opone a cualquier intención de causar la nulidad del proceso verificado el 25 de junio. “Retardar el anuncio de quienes ganaron la primera vuelta, genera polarización e incertidumbre entre la población; en consecuencia, es imperativo oficializar a los ganadores y que el balotaje se lleve a cabo en la fecha establecida”, que es el 20 de agosto.

Cacif: Somos optimistas

Ignacio Lejárraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), comentó que lo principal es tratar de ser optimistas y consideró que ayer se observó un proceso un poco más tranquilo en cuanto al comportamiento de los partidos políticos, el cotejo de actas y las audiencias para las impugnaciones.

“Yo esperaría que ellos (partidos) en una posición madura, no estén procurando ningún proceso que pueda venir con una judicialización. Creo que los actores sociales han sido muy enfáticos incluyéndonos a nosotros, en que este proceso ya debe caminar al paso que debe ser. Poner recursos únicamente con un fin de atrasar el proceso con no sé qué intenciones, claramente es algo que puede causar demasiado malestar a la ciudadanía guatemalteca”, subrayó.

A su criterio, las expectativas son optimistas y los partidos que están en una posición de querer poner todavía más recursos, deben entender que “luego del proceso con las audiencias de impugnaciones y el cotejo de las actas, deberían quedarse con la tranquilidad de que los votos, son los que son, con las pequeñas diferencias que se pudieron dar, derivado que a la larga somos humanos, pero no vemos que en las mesas hayan sucedido hechos de mala fe”.

Analistas consultados explican los obstáculos del país para lograr incrementar la inversión que puede generar más oportunidades para la ciudadanía económicamente activa.

De acuerdo con las cifras del Banco de Guatemala, en 2022 se tuvo una Inversión Extranjera Directa (IED) de US$1 mil 352.4 millones. La cual corresponde el 83.7 por ciento a reinversión de utilidades, el 12.3 por ciento en títulos a deuda y solamente el 4 por ciento son inversiones nuevas.

El mismo comportamiento reflejaron los años anteriores, siendo la reinversión el mayor rubro, a excepción del 2021 donde las nuevas inversiones representaron más de la mitad del monto de IED.

Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en 2022 del total de asalariados el 65.9 por ciento corresponde a personas sin contrato, es decir reciben ingresos mensuales por algún trabajo, pero no hay un compromiso firmado.

Y en cuanto a los miles de personas de 15 años o más que son económicamente activas, pero se encuentran desempleados en búsqueda de ocupación. La cifra más alta se sitúa en las mujeres del área metropolita

Seguridad y certeza jurídica

Prometer un mayor clima de inversión en Guatemala requiere atacar problemas estructurales de país, eso según la lectura de Paul Boteo, analista económico de Fundación Libertad y Desarrollo.

El analista considera vital mejorar la seguridad y la certeza jurídica, ya que Guatemala a la presente fecha es vista como una nación poco rentable y con procesos lentos y engorrosos.

“Una empresa en Guatemala incurre en altos costos para protegerse de la inseguridad, los permisos y trámites son lentos y sujetos a la arbitrariedad de funcionarios públicos, los costos de transporte de mercancías son altos por la mala calidad de la infraestructura y los puertos y aeropuertos son increíblemente ineficientes”, señaló Boteo.

A esto se le debe de sumar “la inestabilidad política” afirma el experto, ya que debido a la falta de certeza jurídica y al escaso Estado de Derecho, es muy poco probable que una empresa quiera venir a poner sus operaciones al país.

Incluso el tema del salario que tiene que ver directamente con empleos es otro factor que juega en contra, “el salario mínimo es alto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Todo esto afecta la rentabilidad esperada de las empresas y por eso prefieren irse a otras geografías”, indicó.

Según sus datos, en Centroamérica países como Costa Rica y Panamá nos llevan ventaja, porque son mejores que Guatemala en la mayoría de los aspectos antes citados.

Una posible alternativa a corto plazo, asegura, podría ser mejorar significativamente la infraestructura y la logística del país, ya que con esto se permitiría mayor eficiencia en el transporte de productos.

“Pero también debe mejorarse la institucionalidad del país. Se pueden vender muchos logros, pero si la certeza jurídica y el Estado de Derecho no mejoran significativamente, siempre seremos considerados un país de alto riesgo”, agregó que algo vital es tener “instituciones funcionales”.

Infraestructura y capital humano

Junto a los factores entrelazados con la seguridad y la certeza jurídica, para José Luis Moreira, economista del Consejo Nacional Económico (CNE), es necesario agregar en la lista problemas de infraestructura y de recurso humano al momento de hablar de problemas de inversión y empleo.

Moreira considera que existe un problema institucional que impide que Guatemala pueda crecer en el sector económico y de inversión.

“Guatemala tiene muchos rezagos en materia de infraestructura, a Guatemala le cuesta construir infraestructura en general, ya sea puertos, aeropuertos y carreteras”, señaló.

Esto se debe, apunta, a una serie de deficiencias legales, “el marco de gobernanza que permite la construcción de infraestructura en Guatemala es demasiado anticuado, no permite que se pueda construir infraestructura efectivamente”, esto impide que se puedan hacer construcciones desde lo público como en alianza público – privado.

Pero otro gran problema es la calidad de la fuerza de trabajo en Guatemala, ya que por temas de Estado, los guatemaltecos no cuentan con la suficiente preparación académica.

“Hay un bajo nivel de educación secundaria que es lo que piden inversionistas internacionales al momento de contratar a alguien, es difícil ver que un inversionista contrate a alguien con tan solo sexto primaria, pero esto se remite a instituciones porque tiene que ver con un Ministerio de Educación que debe de ampliar su cobertura”, señaló.

Entre las soluciones para esto se requiere “cambiar los políticos”, ya que se requiere de verdadera voluntad y acción el cambiar todas las deficiencias que impiden a Guatemala crecer en materia económica.

“Los actores sociales que ejercen cierta influencia en el poder político de Guatemala no tienen como prioridad ninguno de estos esquemas, por el momento la prioridad de los actores políticos es continuar con los esquemas de corrupción y procurarse impunidad”, concluyó.

Corrupción y certeza jurídica

Sumado a los fatores anteriores, el analista económico David Quan concordó y comentó que se deben realizar estrategias para atraer inversión e incentivar a los sectores productivos.

“Por otro lado, poder mejorar la inversión en infraestructura, en el capital humano y fortalecer la capacidad institucional”, puntualizó.

Indicó que el año pasado Fitch Ratings confirmó la baja calificación en gobernanza, “la cual refleja la debilidad en la capacidad institucional y en los derechos para participación en procesos políticos”, señaló.

Lo cual a su parecer, es el principal obstáculo para la atracción de nuevos inversionistas internacionales es la baja confianza en las instituciones “por temas de corrupción y de certeza jurídica”, especificó.

Un aumento menos dinámico del producto interno bruto (PIB) en relación con lo esperado, así como una reducción del comercio mundial, la apreciación del dólar y el endurecimiento de las condiciones financieras globales afectan negativamente a los países latinoamericanos.

Todo esto se refleja especialmente en la reducción del flujo de capitales (inversiones) con una caída de 13%, mientras disminuye el valor de las exportaciones/importaciones y el envío de remesas, se indica en el informe “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación económica sostenible e inclusiva”.

En el mismo, la CEPAL dio a conocer que, aunque revisó al alza las estimaciones de crecimiento casi un punto en relación con la proyección de 1.8% en abril pasado, el escenario para la región todavía es “muy complejo”.

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De acuerdo con el informe, a las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleo, la caída de las inversiones y las crecientes demandas sociales su suma un escenario global marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado crecientes tensiones geopolíticas.

Asimismo, el mundo asiste a un menor crecimiento económico global, menos disponibilidad de alimentos y aumentos del precio de la energía, detalla el estudio. Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de la CEPAL , expuso que “16 de los 33 países de la región no han recuperado sus niveles de PIB prepandemia”, por lo que se proyecta que el grupo conformado por Centroamérica y México crecerá un 2.5% comparado con 5.7% en 2021.

En esta región, para Panamá se prevé 7%, le sigue Guatemala con 4% y Honduras con 3.8%. Costa Rica podría crecer 3.3%, Nicaragua 3%, El Salvador 2.5 y México, 1.9%.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), dijo a Prensa Libre que tras un crecimiento del 8% en 2021, para 2022 se prevé un rango de 3% a 5%, por lo que la cifra intermedia coincide con las previsiones indicadas.

Menos flujos de recursos

A partir del tercer trimestre de 2021, la región retomó, por primera vez en dos años, una posición receptora neta de flujos financieros (sin incluir la inversión directa neta). Sin embargo, al primer trimestre de 2022, el total acumulado anual muestra una caída del 13% respecto a los cuatro trimestres anteriores.

Otros indicadores que desaceleran su crecimiento son el valor de las exportaciones, las importaciones y las remesas familiares.

Se espera que en 2022 el valor de las exportaciones aumente un 22%, por debajo del 28% registrado en 2021 y el de las importaciones, un 23%, menor al 37% del año pasado.

Y después de un aumento de las remesas del 27% en 2021, una magnitud no observada en los diez años anteriores, para 2022 se espera que continúe el crecimiento, pero de manera más moderada. De acuerdo con el estudio, en los primeros meses del año, la tasa de crecimiento de las remesas es menor que la registrada en 2021, para todos los países observados.

El crecimiento

Según Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico del organismo, el aumento de la previsión obedece solo a “ajustes en el comportamiento del consumo” y la región se encamina “a la senda de bajo crecimiento que exhibía antes del inicio de la pandemia”.

Latinoamérica, con 626 millones de personas y considerada la más desigual del mundo, afrontó la pandemia en un momento de debilidad de su economía, con un crecimiento que apenas alcanzó una tasa de 0.1% en 2019. Tras el desplome de -6.8% registrado en 2020, la región creció como “rebote” en 6.2 % el año pasado.

En el caso de Guatemala, el presidente del Banguat recalcó que, si bien para 2022 se espera una moderación en el crecimiento económico, se prevé que todas las actividades registrarían crecimientos positivos. “El crecimiento económico es respaldado por la demanda interna, los vínculos comerciales con los Estados Unidos y políticas económicas prudentes”, enfatizó.

Los desafíos

Entre sus conclusiones, la CEPAL señala que para afrontar el escenario económico, la política macroeconómica debe aumentar el crecimiento sostenible, procurar la estabilidad de precios, generar empleo de calidad, reducir la pobreza y la desigualdad.

Además, urgió dinamizar la inversión pública y privada para que no quede subordinada a las políticas antiinflacionarias. “Los incentivos fiscales, con diseño y marco de gobernanza adecuados, permiten movilizar inversión privada haca sectores estratégicos. Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) son importantes para promover la coherencia, eficiencia y eficacia de la inversión pública”, agrega.

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“En un contexto de múltiples objetivos y crecientes restricciones, se requiere una coordinación de políticas macroeconómicas que apoyen la aceleración del crecimiento, la inversión, la reducción de la pobreza y la desigualdad, a la vez que enfrentan la dinámica inflacionaria”, declaró Cimoli.
En un comunicado publicado recientemente en su página web, tras atender a un grupo de inversionistas, el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) señala que esa entidad sigue su trabajo para promover al país como destino de inversiones.

“La estrategia de atracción de inversión continúa siendo un eje clave del plan estratégico del Ministerio de Economía, como parte del cumplimiento del eje Economía, Competitividad y Prosperidad de la Política General de Gobierno, la cual a la fecha ha confirmado más de US$900 millones de inversión para el país”, se lee en la publicación.

Y para captar un mayor flujo de capitales anunció que en las siguientes semanas se realizará una exposición con potenciales inversionistas para aprovechar el nearshoring (cercanía a mercados importantes, como el de Estados Unidos), aparte de participar en eventos similares, como parte de las iniciativas estratégicas de país.

La meta de inversión para 2022 es de captar unos US$1 mil 500 millones de inversión extranjera directa (IED), las que aportarán la generación de unos 25 mil empleos formales, afirmó.

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Juan Carlos Paiz, presidente de Fundesa, expresó que hay avances en la creación de condiciones de competitividad en el país y recordó las recientes acciones de la Ventanilla Única para las Inversiones; la instalación de la ensambladora japonesa de partes automotrices Yazaki North America, Inc., así como las leyes aprobadas en el Congreso, que se relacionan con la agenda económica y el clima de negocios.

En materia de infraestructura, remarcó que está pendiente la aprobación de la iniciativa de Ley de Infraestructura Vial, las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privada y otra para modernizar el área marítimo-portuario.

Resultados

El funcionario también dio a conocer que, en abril último, realizó una gira por Estados Unidos, donde sostuvo encuentros con representantes de varias empresas, y pudo detectar interés en las áreas de energía, inversión y negocios, tecnología, educación y trabajo, finanzas, infraestructura, capital humano, comercio, desarrollo social y cooperación.

Al referirse al clima de negocios y competitividad, señaló la simplificación y digitalización para agilizar los procesos; la promoción de iniciativas para el clima de negocios como el reglamento de la zona franca de Champerico, Retalhuleu; el de la Ley de Simplificación; el de la Ley de Insolvencias; así como la vigencia de la Ley de Tasa Preferencial para el acceso a la vivienda social (que cobró vigencia hace algunas semanas); y finalmente, las Ventanillas Únicas.

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En materia de comercio exterior, enfatizó el cierre de las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) con Israel, cuya firma esta planificada para junio o julio; retomar las negociaciones de adhesión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur; y cerrar en agosto la negociación de una ampliación del AAP con Belice.

Mientras que, con India, se negociará en el corto plazo un acuerdo de promoción de inversiones y solo está pendiente la respuesta de ese gobierno para iniciar las conversaciones oficiales.

Finalmente, comentó que se espera la adhesión de El Salvador al proceso de la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras, y que en julio asumirá la presidencia del Consejo de ministros de Economía de Centroamérica.

La realidad es que el panorama económico en Latinoamérica es incierto, igual que en gran parte del mundo, por los efectos de la pandemia de coronavirus.

Si en los próximos meses disminuyen las restricciones a la movilidad, “comenzaremos a ver una recuperación más sostenible en la segunda mitad de este año“, le dice a BBC Mundo Fiona Mackie, directora regional para América Latina del EIU y autora del estudio.

“Somos cautelosamente optimistas”, agrega, advirtiendo que esa recuperación económica dependerá en gran medida del control de la pandemia, la vacunación y las ayudas fiscales.

Este es un gran año electoral para Latinoamérica, donde pueden cambiar los equilibrios de poder, en un momento de altas demandas sociales y poco espacio de maniobra para los gobierno para mantener o aumentar el gasto público.

Estos son los tres grandes riesgos en la región para los inversores según el análisis del EIU:

1. Riesgo político

El calendario de comicios en América Latina para este año incluye un “superdomingo electoral” el 11 de abril: hay elecciones presidenciales en Perú, segunda vuelta para elegir gobierno en Ecuador y además, ese mismo día, Chile elige por voto popular a los representantes que estarán encargados de redactar una nueva Constitución para el país.

Chile también tendrá presidenciales el 21 de noviembre. Y ese mismo mes hay comicios previstos en Honduras y Nicaragua.

Además, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina tendrán tests de popularidad en junio y octubre respectivamente, con elecciones legislativas de mitad de mandato.

Uno de los mayores riesgos que identifica el análisis de EIU es que ganen terreno líderes considerados como outsiders, que se presentan como ajenos al sistema político y ofrecen promesas electorales de corto plazo que pueden afectar el desarrollo de los países a largo plazo.

Otro tema que destaca el análisis es que el malestar social está aumentando en varios países de la región producto de la crisis económica, pero también por problemas estructurales que Latinoamérica no ha resuelto en las últimas décadas como la corrupción, la pobreza o la inseguridad.

2. Riesgo económico

Uno de los grandes desafíos, señala es estudio, es la manera en que los gobiernos latinoamericanos van a gestionar las demandas de un aumento del gasto.

A eso se suman riesgos de solvencia, un aumento de la inflación en algunos países y presiones en las monedas locales en relación al dólar.

“Brasil es uno de los países que nos preocupa porque puede enfrentar un riesgo de solvencia”, dice Mackie.

Y en la medida que se acaben los estímulos fiscales en la región, más crecerá el descontento social, apunta.

En ese sentido los gobiernos tienen decisiones muy difíciles que tomar en relación a cómo financiarse, cómo gastar los recursos, cómo lidiar con sus déficit fiscales y qué políticas tributarias seguir.

3. El riesgo de que cambien las reglas del juego

Este riesgo está asociado a la modificación de políticas fiscales de largo plazo que pueden alterar las reglas del juego para los inversores.

Debido al gran gasto fiscal en el que han tenido que incurrir los gobiernos para hacer frente a la pandemia, se están incubando propuestas de cambio en algunos países en relación a las políticas fiscales, mercado laboral y legislación de la actividad comercial, señala el análisis.

“Creemos que en algunos mercados existe el riesgo, por ejemplo, de políticas de competencia desleal que favorezcan a las empresas nacionales sobre las extranjeras”, explica la experta.

Y en otros, una creciente amenaza sobre la independencia de los organismos reguladores y sobre las normas que rigen a sectores como la minería, la energía y la agricultura.

Las ventajas que ofrece la región

Mackie ve que en América Latina hay mucho potencial desde el punto de vista de la fuerza laboral, ya que en algunos países existen las habilidades para desarrollar productos manufacturados con mayor valor agregado.

Otra ventaja que destaca la analista es que en la región existe un fuerte sentido de emprendimiento y ciertos niveles de conocimiento en áreas tecnológicas.

Desde otra perspectiva, los países que conforman la Alianza del Pacífico -Chile, Colombia, México y Perú- han estado mirando hacia el exterior, promoviendo el desarrollo del sector exportador y potenciando el crecimiento del libre comercio, algo que les ha generado beneficios, según la autora del informe.

Otro elemento positivo, dice, es que Latinoamérica está en proceso de exportar productos con mayor valor agregado y no solo materias primas.

Eso vuelve a la región menos vulnerable a las volatilidad de las alzas y las bajas en los precios de los commodities.

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Esta fue una de las conclusiones del foro “Visión empresarial 2021: perspectivas económicas y de inversión entre Guatemala y Estados Unidos”, que llevó a cabo la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), celebrado este martes en Guatemala.

“En los primeros días de la administración del presidente Joe Biden, estamos con una oportunidad y profundizar la cooperación con nuestros países”, declaró el embajador Willian W. Popp.

El diplomático remarcó que el año pasado fue un período sin precedentes por los efectos de la pandemia, con muchos desafíos, pero a la vez transmitió a los empresarios un mensaje de oportunidad y una visión compartida entre ambos países.

Confirmó que con la administración Biden están comprometidos a trabajar con Guatemala en un futuro más próspero, seguro y transparente, y entre los resultados más importantes, destacó la línea de crédito en la iniciativa América Crece en diciembre pasado, para apoyar y otorgar financiamiento para sectores como infraestructura y energía.

Por otro lado, señaló las tareas para fomentar más comercio e inversión con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés), con US$1 mil millones -Q7 mil 700 millones- para futuros proyectos de capital en Guatemala para los siguientes tres años, y el primer préstamo por US$200 millones que se entregó en junio del año pasado.

También resaltó la lucha contra el contrabando por medio de los puestos de control institucional para aumentar la recaudación tributaria con la SAT, con una inversión que supera los US$2 millones.

Socio estratégico

Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, dijo que Guatemala ha sido un país golpeado por la pandemia y por las tormentas Eta e Iota, sin embargo, hay expectativas positivas para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo, por las diferentes crisis que atraviesa el país.

“Guatemala por diversas razones mantiene una posición muy importante en la agenda de la política exterior de los EE. UU., por temas de seguridad nacional, migración y narcotráfico, pero hay un consenso generalizado de generar prosperidad en la región, seguridad jurídica y una lucha contra la corrupción”, precisó Carrasco.

Anticipó que, con esta nueva administración, se estarían fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, que es el principal socio comercial tanto de importaciones y exportaciones, y establecer una agenda de trabajo, mejorar el clima de negocios y trabajar en conjunto contra la corrupción.

En ese sentido, se acordó trabajar en propuestas con los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para brindar temas de certeza jurídica y encontrar un denominador común para avanzar como país en temas como el empleo, la inversión extranjera, y generar las condiciones adecuadas para que los guatemaltecos no tengan que migrar.

Perspectivas

Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala, confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), revisó al alza este martes 26 de enero las proyecciones de crecimiento de la economía de EE. UU.

De 3.5% que fue la proyección en noviembre, se ajustó a 5.1% para 2021, lo que significa que, al haber una mejora en ese país, también se verá reflejada en Guatemala por la vía de los ingresos de divisas por remesas, comercio exterior e inversión. La economía de EE. UU. estaría cayendo 3.9% en 2020, apuntó Blanco.

“Una buena noticia es que el FMI publicó datos más recientes de la perspectiva economía global sube en dos puntos porcentuales la estimación de crecimiento y el fondo cree que la recuperación será de 5.1% para 2021, que nos ayuda a visualizar lo que tenemos hacia futuro cercano”, enfatizó.

Agenda comercial

Con el panorama económico más optimista, el canciller Pedro Brolo expuso que una de las apuestas para este año será el trabajo con los consejeros comerciales, sobre todo los que están en Estados Unidos, para enfocarse en tres áreas: aumentar las exportaciones, atraer inversión y turismo.

En cada una de estas áreas ya están los lineamientos, ya que en los primeros días de febrero se lanzará una plataforma para medir los indicadores y resultados.

Aunque no reveló nombres y montos, el canciller aseveró que hay interés de varios inversionistas en explorar Guatemala como un lugar para instalarse.

El economista David E. Lewis, vicepresidente de la firma de asesoría económica internacional Manchester Trade, con sede en Washington D.C., dijo que Guatemala se encuentra en una posición favorable para la atracción de inversiones, pero debe acercarse a las nuevas autoridades de gobierno de EE. UU.

Planes a corto plazo

El embajador mencionó que con AmCham están trabajando varias iniciativas que están relacionadas a la producción.

Entre estas, programas de apoyo a la agricultura en la provincia, iniciativas para disminuir la brecha tecnológica y la necesidad de hacer avances en los esfuerzos de procedimientos aduaneros.

También habló sobre la necesidad de promover las modificaciones a la ley para los proyectos de alianzas público-privadas.

El grupo de capital mexicano cerrará una planta de producción en Costa Rica el próximo 11 de diciembre, y las inversiones se consolidarán en Nicaragua y Guatemala para mantener la presencia en el mercado regional.

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Lala cuenta con una planta de producción ubicada en Palín Escuintla, donde produce 200 mil litros por día y exporta a El Salvador y Belice.

Arquímides Celis, director general de la empresa, destacó que el capital liberado con el cierre de la planta en Costa Rica será reasignado a los negocios en Nicaragua y Guatemala donde hay más potencial para lograr crecimiento sostenible y rentable.

El empresario afirmó “el capital liberado con este cierre será reasignado a nuestros negocios en Nicaragua y Guatemala donde hay más potencial para lograr crecimiento sostenible y rentable”.

La empresa mexicana explicó en su página de internet que el cierre en Costa Rica generará un beneficio de US$3 millones de dólares de las operaciones de Centroamérica en 2021.

Posicionamiento

Ana María Orozco, gerente general CAM de Grupo Lala, explicó a Prensa Libre que la decisión de cerrar operaciones en Costa Rica es el resultado de la evaluación de la huella geográfica, el desempeño y la compatibilidad con la estrategia futura de la compañía.

Orozco manifestó que la inversión se redireccionará a la innovación tanto de productos como de tecnología.

Sobre los planes de inversión y expansión al mediano y corto plazo, la ejecutiva mencionó que la línea de producción de la marca Foremost, y en 2020 la producción de Nutrilety desde México hacia Guatemala.

Para 2021 está contemplada la producción de la leche marca Lala en la planta de Palín, que implicará oportunidades de empleo en Guatemala.

Grupo Lala llegó en el 2017 a Costa Rica, país donde competía con la empresa local Dos Pinos, que vende productos en diversos países de Centroamérica y el Caribe.

En 2018, la empresa mexicana construyó una planta con una inversión de US$30 millones –Q220 millones– para abastecer el sur de México, El Salvador, Honduras y Belice.

Estrategia comercial

Ramiro Pérez Zarco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Lácteo de Guatemala (Asodel), manifestó que el retiro de Lala en Costa Rica responde a una estrategia para Centroamérica del conglomerado, que es uno de los más fuertes en la industria.

Explicó que los países del triángulo norte de Centroamérica concentran más del 70% de consumo de lácteos y buscan consolidar.

“Es una estrategia comercial y el interés de Lala seguirá siendo el mercado guatemalteco porque es el segmento prometedor de la región, pensando en que ellos van a seguir con una estrategia de expansión en el país”, afirmó.

En parte, Asodel estima un crecimiento de la demanda de los productos lácteos y cárnicos en los próximos años, por el crecimiento de las poblaciones urbanas.

Añadió que en Nicaragua tendrán que hacer esfuerzos para levantar su producción, porque las condiciones no son las adecuadas para hacerlo rápidamente.

Consumo nacional

Pérez Zarco confirmó que Guatemala sigue teniendo un bajo porcentaje de consumo de leche en comparación con el resto de los países de Centroamérica.

El directivo explicó que el consumo per cápita es de 60 litros al año, cuando el promedio en la región es de 122 litros, mientras que Costa Rica alcanza 201 litros.

Informó que se realizó un censo del hato lechero y se determinó que hay 400 mil cabezas, -ganado especializado y de doble propósito-.

La producción diaria de leche en Guatemala es de un millón 100 mil litros por día.

Orozco declaró que a raíz de los efectos del covid-19, hay cambios en el consumidor, que ahora es más cauteloso en aspectos como calidad, inocuidad y un mayor consumo de leche en empaque de cartón.

Añadió que implicó adaptarse y ofrecer los cambios al consumidor ante la pandemia.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluye los lácteos como productos de consumo básico en los hogares, en los cuales están la leche en polvo, liquida, queso fresco o duro y crema.

Bloqueo con Honduras

El director de Asodel reiteró que Honduras mantiene prohibido el ingreso de productos lácteos de Guatemala por tres años y no descartó que se adopten acciones establecidas en la resolución de conflicto en el proceso de integración económica centroamericana.

Guatemala brinda el acceso a los productos hondureños, y el sector estará solicitando a las autoridades del viceministerio de Comercio Exterior convocar a una mesa de consulta con Honduras para tratar de resolver el conflicto.

“Varias empresas guatemaltecas no pueden comercializar sus productos a Honduras por el bloqueo impuesto y van más 900 días cuando es un proceso que no debe pasar 90 días en el reglamento técnico Centroamericano de Medidas Sanitarias”, añadió Pérez Zarco.

La problemática, dijo es que los productores nacionales han solicitado a las autoridades de Honduras, hacer la inspección de las plantas en Guatemala, en la cual se adujo dificultades internas, escusas, por lo que se llamó a consulta que es un mecanismo de solución, pero puede empezar ser el inició de un proceso de incumplimiento.

Pérez Zarco dijo que esperan que las autoridades hondureñas programen las visitas a las plantas en gestiones que ya se han realizado con el Ministerio de Economía, y si no hay solución que se apliquen las medidas reciprocas.

Con información de EFE

Con cada suscripción de los acuerdos de tratado de libre comercio (TLC), el país asume también responsabilidades, y entre estas son la resolución de controversias, que cuando el litigio se resuelve desfavorablemente, implica un pago a los inversionistas demandantes.

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Autopista a Puerto Quetzal: Indemnización por incumplir contrato es de Q30 millones

El pasado 24 de noviembre el Estado hizo efectivo un pago de US$37 millones -Q285 millones- a la empresa Teco Energy, mientras que, en 2013, pagó US$18 millones por el caso Ferrovías, que son empresas estadunidenses y que invocaron el TLC para gestionar ante los organismos internacionales las demandas

El Estado ha pagado por estos fallos US$55 millones, que al tipo de cambio de hoy representarían unos Q423 millones de sacrificio fiscal, es decir, se han tenido que destinar a ese rubro y no para otras áreas.

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que el pago a Teco Energy esta semana provino de la recaudación tributaria, aunque la erogación no estaba contemplada. Sin embargo, se tuvo que cumplir luego del embargo de una cuenta en Nueva York que no permitió el pago de intereses a los tenedores del eurobono 2016 y que implicaba otros riesgos si no se hacía antes del 3 de diciembre.

A la situación del embargo de las cuentas se suma las advertencias de las agencias de calificación de riesgo, que evidencian una serie de fallas que hay que corregir en el manejo de estos expedientes, según la apreciación de conocedores.

El Minfin informó que los recursos provinieron de la mejora de la recaudación tributaria en octubre, pero a decir del especialista, en el 2020 existe una cobranza negativa y no se debe interpretar que es un superávit fiscal o que el Estado cuenta con más fondos, ya que hay un arrastre negativo y se cerrará con menos ingresos tributarios.

Con ese dinero se hubiera cubierto:

• 6 mil 575 personas el costo de la Canasta Básica de Alimentos por un año
• 7 mil 723 el pago del salario mínimo por un año
• Construcción de 194 escuelas de cuatro aulas

Incumplimiento con inversionistas

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americano (AmCham), confirmó que el caso de Teco Energy es la segunda ejecución de un laudo arbitral contra el Estado.

El primero fue de Ferrovías por US$18 millones en 2013 y tuvo una duración de seis años, mientras el Teco de US$37 millones y el litigio fue de 10 años.

“Guatemala incumplió con las obligaciones del Capitulo 10 del TLC con Estados Unidos que establece las condiciones mínimas del trato que se le tiene que brindar a los inversionistas. Hay una serie de casos adicionales que se están ventilando en los tribunales arbitrales”, explicó Carrascos.

Recordó que los laudos representan dos tipos de gastos: el pago de la indemnización y los costos legales.

Débil defensa

Carrasco dijo que estos procesos tienden a ser largos, tienen una duración promedio de cuatro años, y Guatemala carece de una estrategia legal para mantener una defensa y un presupuesto adecuado.

Consideró que el país carece además de una institucionalidad a largo plazo para saldar este tipo de litigios, no solo en Estados Unidos, sino en otros foros que ven estos mecanismos.

“Lamentablemente no hay una estructura a largo plazo para atender este tipo de procesos”, destacó.

¿Por qué se pierde?

Al consultar a Luis Pedro Cazali, abogado especialista en comercio exterior, del porqué Guatemala ha perdido estos casos, respondió que existe una escasa coordinación interna.

Este tipo de procesos los ha llevado el Ministerio de Economía (Mineco) que es el administrador del TLC, pero luego acordó con la Procuraduría General de la Nación (PGN) manejarlos. “Esa institución no tiene la visión comercial, y el Mineco no se involucra por lo que existe una descoordinación muy grande para la defensa” consideró.

Por otro lado, existe un bajo conocimiento sobre los acuerdos comerciales internacionales y las autoridades -en su momento- toman decisiones a muy corto plazo, sin considerar que hay limitaciones que afectan derechos a terceros.

Cazali reiteró que hay muy poco personal técnico en el Gobierno con el expertise para abordar este tipo de casos, y lo delegan a bufetes internacionales.

“Se lavan mucho las manos, hay una falta de seguimiento, de conocimiento de los temas y por ello estamos siendo condenados caso tras caso”, enfatizó Cazali.

Añadió que los costos son altos por los bufetes especializados que los conocen, así como por el pago de multas que también repercute en las agencias calificadoras.

Golpe fiscal

A nivel interno de las Finanzas Publicas, el pago realizado representó una readecuación de las partidas, ya que el monto no estaba previsto en el presupuesto vigente, y significa dejar de invertir en proyectos o bien algunos ahorros en gasto de funcionamiento, explicó el consultor fiscal Juan Carlos Paredes.

En todo caso, se tuvo que sacar fondos de otras áreas para cumplir con estos compromisos, que es una cantidad importante.

Declaró que en el caso de Teco Energy fue de Q285 millones, que bien se pudieron haber utilizado para atender la emergencia sanitaria, la reconstrucción de la red vial o los estragos causados por las tormentas de Eta e Itoa.

“Es un golpe muy fuerte para el Estado enfrentar este pago, un sacrificio fiscal”, remarcó Paredes.

Lecciones a futuro

Cazali urgió de acciones puntuales para evitar a futuro la pérdida de otros procesos que están en gestión.

La primera es establecer un cuerpo especializado en controversias inversionista-Estado de todo el litigio comercial para crear una estructura estatal con los TLC suscritos y así, brindarle el seguimiento y preparar a estos temas.

También hace falta una capacidad de negociación, ya que mucho de estas demandas se puede resolver de una manera previa, y se deja de llegar a las últimas instancias en la cual hay una condena, que representa el pago de honorarios, inversión de tiempo y recursos.

Conocer las limitaciones internacionales también es clave en los temas de energía y minería que concentran un buen porcentaje de las demandas que se tienen.

Las fases que deben atenderse son el conocimiento por los funcionarios, la creación de una unidad que realice los análisis y sepa cuáles son las posibilidades, las repercusiones y, de acuerdo con esos estudios, se adopten acciones para negociar y defenderse.

Casos

La Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), tiene los siguientes registros en controversias inversionista-Estado:

Nombre                                                                Estatus

1. Railroad Development Corporation:  Finalizado
2. Iberdrola Energía, S.A:  Finalizado
3. TECO Guatemala Holdings, LLC:  Finalizado
4. TECO Guatemala Holdings, LLC (nueva sumisión):  Finalizado
5. Iberdrola Energía, S.A:  Finalizado
6. Daniel W. Kappes (U.S.), Kappes, Cassiday & Associates (U.S.): En proceso

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El proyecto tiene una inversión estimada de US$125 millones, y es un instrumento para reactivar la economía, generación de empleo y demandar más consumo ante los efectos de la pandemia, expresó René Muñoz, director de asuntos corporativos de Convía.

El directivo reconoció que tendrá trabajo de acercamiento con los diputados para exponer los beneficios que representa este tipo de proyectos.

En octubre del 2019, el contrato no fue conocido en el pleno, por lo que accionó la compañía ante la CC.

La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, establece que los proyectos deberán ser aprobados por el Congreso.

¿Cuál es la reacción de Convía por la sentencia que emitió la CC?

Le estamos dando seguimiento en estos meses para que todo se realice con orden y transparencia. El fallo de la CC fue basado en derecho y fueron las causas expuestas en la solicitud de amparo que se tomaron en cuenta, que al igual que nosotros la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y la agencia Anadie estuvieron alineados.

Entonces, es bueno que se falló con todo lo de ley, y ahora lo que nos toca es esperar los tiempos prudenciales para ver si hay procesos de revisión o ampliación.

¿Qué procede ahora?

Lo que corresponde es que regresa a tercera lectura, y se repita lo actuado en la sesión del 29 de octubre del 2019, en una forma correcta, ya que para –el contrato– de una alianza público-privada, existe un proceso para aprobar o improbar el proyecto.

Una de las cosas más importantes es que el Congreso se “empape” de como deber ser esta improbación o aprobación que es lo que nosotros buscamos por el beneficio que tiene para el país, principalmente ahora por la reactivación económica.

La CC dio 15 días y podemos entender que el Legislativo tiene sus tiempos, más que ahora que están en períodos extraordinarios y la próxima semana empiezan el ordinario para agendar los jefes de bloque este proyecto.

¿Por qué la importancia que los diputados se “empapen” de conocer esta APP?

En su momento, la agencia Anadie hizo un esfuerzo para que los diputados conocieran como es una alianza público-privado (APP), y con el cambio en este año de una buena parte de los legisladores, estimamos que más del 50% desconoce qué es una APP, específicamente los beneficios del proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal que es la iniciativa 5506.

Lo importante es hacerle llegar a los diputados todos los detalles del beneficio del proyecto, la ley de APP y cómo debe hacerse esa tercera lectura en lo que se tiene que analizar todos los detalles en función lo que dictaminó la Comisión de Comunicaciones el año pasado.

Luego, conocer cuáles son los pasos para la aprobación de este proyecto, y que deje sentada las bases para que cualquier otro proyecto de APP que venga.

¿Qué ordena la sentencia de la CC?

Que se repita lo actuado en esa tercera sesión y que se cumplan los procesos. Ahora creo importante que hay nuevos diputados que conozcan el detalle y se sientan con plena confianza porque los beneficios de este proyecto para la atracción de inversiones, generación de empleos, la contratación de empresas locales, tengan todos los aspectos para poder hacer una buena votación.

¿Por qué ese perfil de confianza para esta APP?

Cualquier decisión de país hay que tomarla con los elementos que lo integran, las situaciones y verla desde varias aristas. Este proyecto se hizo con transparencia, soportado por agencias internacionales, acompañamiento de Embajadas a la Anadie, todos los aspectos técnicos que en su momento dictó el CIV para hacer el proyecto y cuando se gana la licitación por el consorcio el 27 de junio del 2018, aparte de cumplir los aspectos técnicos se sobrepasa las expectativas que esperaba el Estado, y un proyecto que cumple todos esos aspectos le da más al país.

La inversión de más de US$125 millones -Q962 millones- que estimamos que nosotros vamos a hacer, ayuda a que el Gobierno no se endeude más y es una herramienta muy útil al Estado para atraer inversión extranjera que nos permita tener por ejemplo mejor infraestructura.

¿Cuánto es la proyección de inversión de la obra?

Estimamos en US$125 millones, y hay varios aspectos a tomar en cuenta, ya que no solo es la reconstrucción que hoy conocemos, sino que es una autopista de primer nivel con 41 kilómetros, pero por aparte la construcción de infraestructura, la fabricación de dos puentes, ocho pasos a desnivel, el mercado de frutas, pasarelas, la instalación del sistema integrado de transporte, sistema de básculas, señalización vertical y horizontal, así como la adquisición de terrenos para la realización de los pasos a desnivel.

¿Se cambia la estimación original?

Esto viene del 2012 y 2015 cuando el CIV actualizó estudios de un proyecto que empezó en el 2003, y a través del tiempo hay una variación de las estimaciones, y nosotros como consorcio, hemos dicho que vamos a invertir más para que tenga una vida útil más allá de 25 años.

¿Cuál es la postura de los inversionistas con el proyecto?

Hay satisfacción de que pueda tomar su cauce el proyecto, y es una oportunidad para hacer un cambio de modelo de adquisición de infraestructura que necesita el país.

Con los fondos se continúa con el apoyo de la banca local e internacional y por ese lado hay una disposición de continuar.

Hablando en un plano hipotético, si se conoce el proyecto por el Congreso, ¿cuándo podría iniciar la obra?

Una vez aprobado el contrato por el Congreso, hay varios procesos internos que se tienen que ver con varias instituciones estatales, luego los estudios definitivos de ingeniería, permisos, y si se autoriza, en ocho meses podríamos empezar con el movimiento de tierra, para avanzar y terminar en 2024.

¿Cuál sería el impacto económico?

En los primeros años, tener mil 700 empleos directos e indirectos, contratación de empresas locales, la importación de maquinaria, y los impactos en los primeros años podría ser de US$110 millones.

¿Cómo será el canon?

La tarifa se empezará a conocer cuando este la primera fase en el 2024, y la disponibilidad de la carretera en 100%. El canon una vez terminado la primera fase el Estado va a recibir en los primeros ocho años 4% de ingresos brutos sin IVA y a partir del noveno año será el 41%.

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Los capitales en las actividades financieras y de seguros ascienden a US$54 millones, convirtiéndose en el principal rubro, y Colombia es el  país de origen por US$154 millones que lidera el flujo de inversión extranjera directa (IED) hasta septiembre del 2019.

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Los agentes económicos vieron con buenos ojos esta actividad, que anticipa ser muy dinámica para este ejercicio por la adquisición realizada y un ingreso de divisas de capital fresco.

Por otro lado, Trelec, propiedad del Grupo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que adquirió la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) en el 2010, inauguró el pasado viernes las subestaciones de Guanagazapa-Pasaco en las que se invirtieron Q66.8 millones. La obra  beneficiará a unos 140 mil habitantes en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa.

Durante el período de julio a septiembre del 2019, el monto de IED originaria de Colombia registraba US$137.4 millones, según el Banco de Guatemala, un flujo que se concentra en su mayor porcentaje en la actividad financiera y seguros.

Además, en el 2019 los sectores con mayor dinamismo en los flujos de capitales extranjeros fueron electricidad y comercio.

Voto de confianza

Puntualmente, la operación de Bancolombia para adquirir el 100% de acciones del grupo propietario del BAM, significa que existe confianza en el país por parte de los inversores de ese país, explicó a Prensa Libre Luis Fernando Samayoa Delgado, directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

“Es algo positivo y es una competencia sana, una rivalidad importante que va a hacer que el sistema bancario sea más competitivo. Por otro lado, es un voto de confianza al país por la inversión que un grupo extranjero está realizando y que es favorable”, puntualizó el directivo.

Recordó que Bancolombia, al adquirir el 100% de acciones de BAM, era el compromiso que tenía con Guatemala, aunque ellos ya poseían el 60% de acciones.

“Tenían un acuerdo ya firmado de condiciones para comprar el resto y ambas partes decidieron ejecutarlo”, afirmó Samayoa Delgado.

Por otro lado, se consolidan dos grupos financieros colombianos que son competidores en otras plazas con Grupo Aval, que, según el directivo de la ABG, es una rivalidad importante y natural.

Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala, señaló que un grupo como Bancolombia invierta en Guatemala es una muestra de confianza y que hay expectativas económicas positivas a futuro.

El ministro de Economía, Antonio Malouf, añadió que uno de los objetivos para este año es incrementar los flujos de IED, como parte de la política de Gobierno en el pilar de economía y prosperidad, para que impacte en la generación de empleo.

“Estamos recibiendo delegaciones de varios países que están explorando hacer negocios en Guatemala en varios sectores”, indicó el funcionario.

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es una señal positiva para Guatemala, que ratifica el crecimiento y la estabilidad del sector financiero en el país.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, explicó que no ha ingresado la solicitud de la compra de acciones, pero es algo que le corresponde a la Superintendencia de Bancos (SIB) conocer en su momento.

Por medio de un comunicado, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que se espera que en el tercer trimestre del año se cierre la operación.

Samayoa Delgado aseguró que una institución como Bancolombia representará más oportunidades de inversión en Guatemala y, al contar con acceso a recursos, el único favorecido será el consumidor guatemalteco, aunque dependerá de los proyectos a ejecutarse.

Indicó que Bancolombia y Grupo Aval vienen de mercados más complejos, más avanzados, más profundos, traen ciertos bagajes en conocimientos y experiencias que hace que la plaza sea más competitiva.

Zapata agregó que la inversión colombiana en Guatemala es  resultado de las agencias  Pronacom de Guatemala y ProColombia.

Optimismo por cartera de proyectos

Sobre las expectativas para el sector bancario y financiero para este ejercicio, Fernando Samayoa Delgado, directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), resaltó que se espera más dinámico en comparación con el año pasado, y los tomadores de decisiones perciben un optimismo generalizado.

Sin embargo, aclaró que hay que solventar algunos factores como  el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la contratación de tiempo parcial, más certeza a las inversiones extranjeras como en minería, y agilizar los procesos de otorgamientos de créditos a las pequeñas y medianas empresas a través de nuevos reglamentos crediticios flexibles y eficientes.

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Al evaluar el desempeño del crédito bancario al sector privado, Samayoa indicó que hay una migración de depósitos en dólares a quetzales, pero es algo muy normal, ya que las tasas de interés han venido bajando tanto en moneda nacional como extranjera, por la poca demanda crediticia y el mercado se tiene que ajustar.

“No es deseable contar con tasas de ahorro negativo y no estamos todavía, pero creo que habrá dinamismo con la cartera de proyectos de alianzas público-privadas”.

Aunque la valoración que hace la agencia de riesgo es positiva para la economía nacional, la entidad advierte sobre una debilidad institucional que deberá atender el próximo gobierno.

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Además, hace énfasis sobre el impacto de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en septiembre y la lucha contra la corrupción.

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Luego de oficializarse los resultados de la segunda vuelta electoral y que dieron como ganador a Alejandro Giammattei Falla como presidente electo y a Guillermo Castillo Reyes, como vicepresidente, la calificadora mantiene la nota en Ba1 con perspectiva estable.

“Hay riesgo político”

Sin embargo, la agencia muestra el tema de la debilidad institucional como un “índice de riesgo político” que mide la calidad del desempeño de las instituciones.

“La fortaleza institucional sigue siendo débil en general, particularmente en las áreas de estado de derecho, efectividad de gobierno y control de la corrupción”, indica el documento que fue publicado el pasado miércoles.

Se detalla que, “aunque hasta ahora ha demostrado ser resistente a la agitación política en los últimos años, el país también sigue siendo susceptible al riesgo de eventos políticos dada la alta desigualdad de ingresos y las investigaciones en curso sobre la corrupción gubernamental”.

Moderada fortaleza

Moody´s, resalta que el desarrollo económico sigue siendo un desafío para el país, dado que casi una cuarta parte de su población vive por debajo del umbral internacional de la pobreza.

Además, que el crecimiento está limitado por la gran parte del sector informal en la producción económica.

Consideran, según el documento, que cerca del 70% de la población económicamente activa está empleada en el sector informal, lo que limita las ganancias de productividad que pueda atraer la formalización.

También que la baja inversión continúa limitando las perspectivas brutas a un corto plazo. Concretamente señala como carencias:

•       Ingresos públicos débiles
•       Infraestructura deficiente
•        Indicadores sociales débiles
•        Desafíos de seguridad interna
•       Un estado de derecho débil

Detalla que la inversión bruta ha promediado cerca del 14% en los últimos once años.

Para Karin Slowing Umaña, analista independiente, el informe refleja que hay una “institucionalidad acabada” que no está operando en las líneas de desarrollo, una prosperidad que no es para todos y un estado para reproducir una lógica “perversa” afectada por la corrupción y eso recibirá el gobierno de Giammattei en enero del 2020.

“Es un estado que funciona para la transa, para los negocios, pero no para el desarrollo, una institucionalidad debilitada y una carga fiscal menor al 10%, presupuestos inejecutables, funcionarios que no están calificados en sus cargos y programas que no funcionan, personas que entraron por clientelismo y no por competencia y eso es lo que absorberá a las nuevas autoridades”, afirmó Slowing Umaña.

En pocas palabras, dijo la analista, las autoridades heredarán un deterioro que viene en los últimos ocho años.

Baja fortaleza y Cicig

El informe resalta que la débil fortaleza institucional se refleja por su bajo ranking en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, particularmente para el Estado de Derecho, la efectividad del gobierno y el control de la corrupción.

Recalca que la Cicig junto con el Ministerio Público, han liderado la lucha contra la corrupción en los últimos años, y el retiro por parte del gobierno guatemalteco es “un revés significativo” para la fortaleza institucional.

El informe reconoce que el país tiene un largo historial de políticas monetarias prudentes y efectivas dirigidas por una banca central independiente, transparencia de datos y una relación sólida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros organismos.

Al respecto, Julián Salinas, político y economista de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) con sede en El Salvador, considera que la debilidad institucional no tiene nada que ver con la salida de la Cicig, y ese patrón era así antes de la llegada del organismo de las Naciones Unidas.

“Guatemala necesita fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, y el fortalecimiento de sus instituciones para el combate de la corrupción”, señaló.

Recordó que Guatemala a escala regional es el tercer país con la institucionalidad más débil de Centroamérica del período 2013-2017, en calidad de instituciones con una puntuación de 61.5 puntos.

En primer y segundo lugar están Costa Rica, –con 71.5, puntos– y El Salvador, –64.4 puntos–.

En la medida en que el indicador sea más bajo, es peor, en los fundamentos para prevenir salidas de flujos de capital y de inversión, recalcó Salinas.

Honduras tiene una calificación de 60.1 puntos, Nicaragua, 61.7; Panamá 71; República Dominicana, 67.9 y el promedio de la región es de 65 puntos.

Susceptibilidades

En el contexto de susceptibilidad al riesgo de eventos políticos, la calificación es moderada.

“Nuestra evaluación de la susceptibilidad de Guatemala al riesgo de eventos se debe principalmente a su vulnerabilidad a episodios políticos negativos, derivados de la alta desigualdad de ingresos, niveles elevados de pobreza y las investigaciones en curso sobre corrupción”, subraya el informe.

Resalta la crisis política del 2015, que llevó a prisión al expresidente Otto Pérez Molina.

Pero, aunque las presiones sociales y las políticas hacia la inestabilidad disminuyeron luego de ese episodio, las investigaciones de corrupción llevadas a cabo en el 2017 por la Cicig que implicaron al presidente Jimmy Morales y a algunos miembros de la familia en “violaciones de financiamiento de campaña política”, resultaron en una “crisis política renovada”.

Por otro lado, “se espera que la reciente elección de un presidente (Giammattei) de centro derecha se refleje en la continuidad de políticas ampliamente ortodoxas, incluida la gestión fiscal y monetaria prudente” señala el texto.

Advierte de que los resultados de las elecciones aumentaron la fragmentación política ya significativa en el Congreso, que continuará limitando el paso de la agenda legislativa del ejecutivo, lo que obstaculizará la efectividad general de las políticas.

Slowing Umaña explicó que debe existir un interés del nuevo Gobierno de superar y ordenar la situación de lo que planeta la agencia Moody´s, pero, por ahora no está claro aún si habrá continuidad dentro de la lógica del gobierno actual.

Citó como ejemplo, que las decisiones que adopte el presidente electo, de cómo manejar el problema de la compra de los aviones Pampa III a Argentina o el acuerdo de cooperación con Estados Unidos, son los elementos que impulsó Morales.

“Es un gobierno electo de corte empresarial parecido a la Gana y al PAN y va a haber un giro para hacer funcional la política económica”, señaló.

Indicadores

En el caso del sector bancario, el informe de Moody’s, detalla que el sector bancario tiene una penetración moderada en la economía y el crecimiento del crédito viene con una desaceleración (ritmo de crecimiento menor) desde el 2016, luego de haber experimentado crecimiento.

La desaceleración en el crecimiento económico y crediticio también condujo a un aumento en la morosidad de los préstamos en 2016, pero los niveles se han mantenido estables y manejables desde entonces.

El sistema bancario está concentrado, y los tres bancos principales representan el 65% de los activos del sistema.

La mayoría de los bancos son de propiedad privada, mientras que la mayoría de los bancos extranjeros que operan en Guatemala son subsidiarias de Colombia y el banco centroamericano.

Refieren que el PIB guatemalteco creció 3.1% en 2018, con un promedio de 3.5% en los últimos cinco años, y el país no ha experimentado una recesión en casi tres décadas.

Además, que el consumo privado es el motor clave del crecimiento, apoyado por el aumento de las remesas familiares que representa el 10% del PIB desde el 2015.

“La banca es sólida”

José Porras Garín, presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), declaró que el sistema bancario nacional, se encuentra sólido y se ha demostrado año con año, como en sus índices de capitalización que son sólidos, los índices de rentabilidad y una cartera crediticia con una mora controlada en comparación con otros países.

Los indicadores de la banca están muy saludables y las instituciones bancarias están reforzando sus políticas en administración de riesgo, en activos y financiamiento contra el terrorismo con el objetivo de mantener una banca más sólida y competitiva, manifestó el directivo.

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Recordó que el ránquin del sistema bancario a nivel global de Guatemala está dentro de los primeros 15 puestos y esto se debe a un buen desempeño que las instituciones han tenido, en cuanto a esa adecuada administración de riesgos y cumplimiento de las normativas que exige Basilea (normativas internacionales).

Además de un cumplimiento activo de un regulador bancario (Superintendencia de Bancos). “Como sistema estamos como un calificativo muy bueno”, subrayó el presidente de CFG.

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La compañía de capital guatemalteco es fabricante, proveedor de insecticidas, fungicidas y herbicidas, y recientemente abrió una sucursal en Panamá con una inversión de US$300 mil (Q2.2 millones) para la comercialización de estos productos.

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Hugo Nufio, gerente general de la compañía, explicó que Panamá era el único mercado que estaban pendiente de cubrir en la región, para luego dar el salto hacia otros mercados fuera de esta.

Explicó que ya cuentan con operaciones en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y la idea en este año, era incursionar en el mercado panameño.

El ejecutivo afirmó que a corto plazo es posicionar un portafolio de 50 productos en el mercado panameño y luego ampliar a los más 120 insumos que se distribuyen en la región.

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“Panamá tiene vocación agrícola en la producción de arroz y banano y ese es el mercado que buscamos trabajar. Mucha de la producción agrícola es para atender el mercado interno y otra parte se destina para el sector turismo y el de servicios”, explicó Nufio.

También atenderán a los productores de hortalizas, caña de azúcar, café, maíz y pastizales para el sector ganadero.

Los productos que se comercializarán en Panamá se despacharán desde la planta en Guatemala.

Ampliación estratégica

Nufio explicó que existe un programa de expansión estratégica para otros mercados para los siguientes tres años, así como inversiones en cada uno de los países, aunque no dio a conocer los montos.

Destacó que en las siguientes semanas realizarán una apertura en República Dominicana, que, aunque ya están presentes en la comercialización, realizarán una inversión propia.

Resaltó que el plan es abrir oficinas de comercialización y distribución en Colombia y México, que son mercados que tienen mucho potencial, mientras que en Ecuador ya tienen presencia y la idea es reforzar.

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Los planes es que todos los despachos sean desde Guatemala y por el momento no hay planes de instalar otras plantas.

“Los programas de inversión a futuro nos sugieren atender estos mercados que tienen potencial y vocación agrícola y los queremos cumplir en los plazos establecidos”, subrayó el ejecutivo.

Nufio precisó que los insumos agrícolas están dirigidos para la producción de hortalizas, legumbres y frutas.

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El flujo de inversión extranjera directa (IED) durante el 2018 registró una prolongada caída del 11.7%, explicado en parte por situaciones del ámbito político, judicial y económico, que generó expectativas a los tomadores de decisiones.

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A pesar de esas circunstancias, el monto alcanzado fue de US$1 mil 032 millones, menor a los US$1 mil 169.5 millones del 2017, informó el Banco de Guatemala (Banguat). La diferencia es de US$138 millones menos recibidos, que equivale a contracción del 11.7%, según datos.

Además, el monto es menor alcanzado durante la administración del presidente Jimmy Morales, que está a nueve meses de entregar el cargo y el indicador muestra una tendencia a la baja con respecto a otros ejercicios.

En la política económica para el 2018 se había proyectado que el ingreso de capital extranjero sería por US$1 mil 175 millones, sin embargo, al cierre la cantidad fue menor a lo previsto.

Ambiente complicado

La drástica disminución de los flujos de IED tuvo un origen que influyó en los agentes económicos, así como sus decisiones en un período poselectoral, así como los conflictos Morales-Cicig.

Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que la situación de la Mina San Rafael, por ejemplo, tuvo repercusiones en la falta de certeza jurídica para los inversionistas.

“Se cambiaron las reglas del juego y eso lo miden los potenciales capitalistas que prefieren otros países”, aseguró.

Para el consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, hubo tres aspectos que desplazaron los flujos de capitales foráneos el año pasado: la falta de estabilidad jurídica-política, la certeza jurídica y la falta de inversión en infraestructura como en carreteras y puertos para facilitar el comercio.

“Las señales para la atracción de inversión fueron bajas, así como la situación política que vivió el país agravó la toma de decisiones”, afirmó.

Por otro lado, dijo que Guatemala se está quedando relegada respecto de otros países de la región que captan mayores porcentajes de inversión.

El consultor indicó que otro aspecto que está golpeando a las empresas es la seguridad física y las empresas tienen que invertir más por ese concepto, por el pago de extorsiones o evitar algún tipo de robo y asalto.

Paredes señaló que algunas compañías invierten más del 5% solo para seguridad y es un porcentaje alto.  Mientras que en otros países ese costo es bajo, por la certeza de seguridad de la fuerza pública.

Clasificación

El reporte del IED señala que el comercio fue la principal actividad que atrajo mayores capitales durante el año pasado.

Por esa actividad el país recibió divisas por US$325.2 millones, que equivale a una participación del 31.2%.

Seguido de industria manufacturera por US$174.7 millones (16.9%), bancos y aseguradoras, por US$168.2 (16.3%).

Además, el sector telecomunicaciones por US$123 millones (12%), electricidad, US$95 millones (9.3%) y otras actividades US$146 millones (14.2%).

El 90% del capital que se afincó en Guatemala el año pasado procedió de los países del resto del mundo por US$927.7 millones y solo el 10% fue de Centroamérica y República Dominicana por US$103.8 millones.

Estados Unidos lidera la lista por US$246 millones que representa 23.8% de IED, seguido de México por US$182.3 millones, (17.7%); Colombia, US$133 millones (12.9%); Luxemburgo, US$77 millones, (7.5%) y España, US$52.2 millones (5.1%).

Mientras que, a escala Centroamericana se recibieron US$43.3 millones de Panamá, US$32.1 millones de Honduras, y El Salvador, US$24.1 millones.

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Tanto el Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) como el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) Jorge Mario Chajón coincidieron que el desarrollo de una marca país y su impulso para posicionar a Guatemala debe efectuarse por medio de un ente independiente, que puede ser, indican la figura de una oficina de inversión como ProGuate.

Sin embargo también mencionaron que la iniciativa que se encuentra el Congreso que propone la creación de Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la promoción comercial, competitividad, inversión, marca país e inteligencia de mercados (ProGuate), debe consensuarse ya que una de las modificaciones necesarias es reducir el número de entidades que conformarían el Consejo Directivo.

La iniciativa propone que se conforme con representantes de 60 entidades, pero sería difícil la discusión y el logro de consensos con tantos participantes dijo Tefel.

Al respecto el director del Inguat considera que debe establecerse cinco entes representantes y su respectiva contraparte estatal, por ejemplo, podría estar la Cámara de Turismo y el Inguat, la Cámara de Industria y la Agexport y el Mineco, otras cámaras empresariales, e Invest in, por ejemplo, dijo el funcionario.

Tefel agregó que podrían ser dos representantes del sector privado y dos del Gobierno como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el caso del Inguat tiene previsto presentar observaciones cuando se encuentre en tercer debate la iniciativa de ley en el Congreso.

Expertos han mencionado recientemente que no se incluye en la propuesta de consejo representantes de mipymes y cooperativas y entidades, que, aunque individualmente son pequeños individualmente conforman un sector que genera mucho aporte al país.

En problema que se ha identificado en este caso es que muchos de estos sectores no están bien organizados y les es difícil conformar o nombrar un apersona representativa del sector dijo Chajón.

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El lunes la Junta de Jefes de Bloque del Congreso incluyó en la agenda de la semana la iniciativa para ser conocida en primer debate.

La propuesta original de la iniciativa establece que ProGuate coordinará los esfuerzos de otras instituciones ya existentes dentro del Ministerio de Economía como  el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), el Programa de Agregados Comerciales, de Inversión y Turismo (Pacit) e Invest in Guatemala, la Unidad de Inteligencia de Mercados, así como la reciente estrategia de marca país.

Según el Mineco entre los entes propuestos para integrar la Junta Directiva está conformada por el ministro de Economía, el de Relaciones Exteriores, el de Finanzas Públicas,  el Secretario General de Planificación de la Presidencia, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, un representante del Consejo Económico Social, un representante de la Confederación de Federaciones de Cooperativas, y dos representantes del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (Cacif).

¿Qué pasará con la marca país?

Tefel y Chajón volvieron a coincidir en otro aspecto, en que la marca país debe ser gestionada e impulsada por un ente independiente.

Es necesario que se vea involucrado el Gabinete Económico para que el proyecto tome más fortaleza, mencionó el presidente de la Cámara de Industria. “No le corresponde al Inguat, sino tiene que venir desde la Presidencia (de la República), con el Gabinete Económico y el sectores”, dijo Tefel.

Agregó que en la actualidad hay debilidad en la institucionalidad ya que a su consideración no hay una agencia de atracción de inversión porque Invest in Guatemala no está haciendo esas funciones, refiere que hace falta los Pacit y no se tiene un ente que regule proyectos, a excepción de Anadie.

El desarrollo de una marca país no solo significa una campaña de promoción o una identificación para el turismo como ha sido hasta ahora en Guatemala,  sino que es una estrategia para impulsar al país tanto en turismo, como en inversiones, exportaciones, comunicaciones estatales, comercio, identificación de atletas y representantes de Guatemala en diferentes eventos mencionaron ambos directivos y el empresario Gabriel Biguria, directivo de Agexport.

Tefel y Chajón explicaron que esa labor de impulsar el desarrollo de la marca puede ser por medio de Proguate, sin embargo mientras no se cree ni opere dicha institución el Inguat puede seguir a cargo.

Por su parte e Inguat, en conjunto con el Ministerio de Economía, lanzará la tercera licitación para intentar contratar a una empresa que desarrolle una marca país para Guatemala. Se prevé lanzar la convocatoria entre febrero y marzo para que se pueda adjudicar en junio y el estudio esté completo entre diciembre y enero del 2020.

Para ello se modificarán las bases de licitación para establecer una metodología de investigación, entre estos que se puedan efectuar, por ejemplo ciertas investigaciones por encuestas telefónicas o en forma digital, aspectos que pueden ayudar el precio que establezcan los oferentes, dijo Chajón.

En tanto el presidente de CIG reconoce la labor del Inguat al impulsar la marca país ya que hay un vacío y no existe otro ente encargado.

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Sin embargo cree que por el momento el proyecto también se podría desarrollar por medio de los Pacit donde ya está integrado el sector privado empresarial, el Mineco, el Minex y el Inguat.

Con las posibilidades que tiene en la actualidad el Inguat, Biguria recomienda al Inguat se establezca una visión de Guatemala y hacia dónde vamos, con talleres internos y externos para poder socializarla, un programa de embajadores, “guatemaltecos destacados positivos” que se pueden convertir en embajadores de la marca y se da el derecho de usarla.

Es necesario socializar y hacer trabajo de redes sociales, agregó.

Los tres participantes en el foro mencionaron que aparte de la imagen debe establecerse la estrategia que incluya combate a la violencia, certeza jurídica, atracción de inversiones, y otros elementos.

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