El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga

Bolsonaro, de 70 años y con un delicado estado de salud, según sus abogados, fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia

AGENCIA AFP

22 de noviembre de 2025

|

08:44h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El exmandatario al momento de su arresto este 22 de noviembre. Fotografía: AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue preso este sábado de forma preventiva por riesgo de “fuga”, según una decisión de la corte suprema obtenida por la AFP.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

En la decisión de este sábado, el juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, explica que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena.

Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, confirmó a la AFP más temprano que el expresidente fue preso, aunque dijo desconocer los motivos.

LECTURAS RELACIONADAS

Bolsonaro exhibe su tobillera electrónica ante diputados y provoca tumulto en el Congreso brasileño

Tobillera eléctrica y prohibición de redes sociales: las sanciones que Bolsonaro enfrentará por orden de la Corte Suprema

Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente. Moraes impuso las restricciones por considerar que el expresidente estaba intentando obstruir el proceso en su contra.

El magistrado calificó la convocatoria a una vigilia realizada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, para la tarde de este sábado constituía “una estrategia para posibilitar la fuga” del exmandatario.

Además, en la madrugada de este sábado Bolsonaro intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, según el documento.

“Te invito a luchar”

Flavio convocó la tarde del viernes una manifestación para este sábado en las inmediaciones de la residencia de Bolsonaro.

“¿Vas a luchar por tu país o simplemente vas a mirar todo desde tu celular en el sofá de tu casa? Te invito a luchar con nosotros”, arengó el senador en un video divulgado en redes sociales.

Según el juez, esa manifestación abriría la posibilidad de una “fuga hacia alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado”.

El documento judicial señala que el condominio de Bolsonaro está ubicado a unos 15 minutos en auto del sector de Embajadas en Brasilia, donde se encuentra la de Estados Unidos.

LECTURAS RELACIONADAS

Brasil: Policía recupera el control del Congreso, Presidencia y Supremo tras asalto de bolsonaristas

La justicia de Brasil retira el pasaporte a Bolsonaro en una amplia operación policial contra él y militares cercanos por “intento de golpe de Estado”

Bolsonaro, de 70 años y con un delicado estado de salud, según sus abogados, fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia, donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a prisión, señaló una fuente cercana al asunto.

La corte programó una “audiencia de custodia” por videoconferencia para el domingo. La orden de prisión preventiva deberá ser refrendada el lunes por los demás magistrados de la primera sala del tribunal en una votación virtual, precisó el tribunal.

Moraes dispuso además que un médico lo acompañe en todo momento.

“Confío en la justicia de Dios. La justicia humana, como hemos visto, ya no se sostiene. Pero sé que el Señor dará el escape”, escribió la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro en Instagram.

El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sigue siendo el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

“Razones humanitarias”

A mediados de noviembre, la corte suprema rechazó de forma unánime un recurso contra la condena, que debe cumplirse en “régimen cerrado”, es decir, en prisión.

Los abogados pidieron el viernes a la corte que el exmandatario pueda purgar su pena en su casa “por razones humanitarias” debido a sus delicadas condiciones de salud.

“La alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida” para Bolsonaro, dijeron en el documento de la petición.

LECTURAS RELACIONADAS

“Ningún gringo le da órdenes a Brasil”: Lula quiere negociar con Trump por aranceles de EE. UU.

¿Qué países han firmado acuerdos arancelarios con Trump y cuáles han amenazado con represalias?

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.

En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril.

Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo e “hipo incontrolable” que le han provocado falta de aire y desmayos, detalla el documento.

Y recuerdan que existe un antecedente: el expresidente (1990-1992) Fernando Collor de Mello, de 76 años, obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción, también por razones de salud.

La defensa adelantó el viernes que presentará nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel contra Bolsonaro. El período para hacerlo vence el lunes.

José David Sarceño es condenado a 27 años de prisión por la muerte de una adolescente en 2022

José David Sarceño fue condenado a 27 años de prisión por su presunta participación en el asesinato de una adolescente ocurrido en abril de 2022.

Pavel Arellano y Elmer Vargas

1 de abril de 2025

|

12:31h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Jose David Sarceño fue condenado este 1 de abril a 27 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Este 1 de abril José David Sarceño fue condenado a 27 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato

Sarceño fue declarado culpable de participar en el asesinato de una adolescente, ocurrido el 2 de abril de 2022.

El crimen se perpetró en el interior de los campos de fútbol ubicados en la colonia Nimajuyú, zona 21 de la capital.

Según la investigación, la víctima recibió siete disparos.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

José David Sarceño es condenado a 27 años de prisión inconmutables por asesinato.

Fue encontrado culpable de participar en el crimen de una adolescente ocurrido en abril de 2022, en los campos de Nimajuyú, zona 21, la víctima recibió 7 disparos.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/REhZjdYiyo

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) April 1, 2025

Lea también: ¿Hay bloqueos en Guatemala este martes 1 de abril?

Guatemalteco es condenado a dos cadenas perpetuas en EE. UU.  por violar a niña guatemalteca de 12 años

El 24 de mayo de 2024, la menor de edad desapareció de su casa en Gainesville, Georgia, Estados Unidos, y 57 días después las autoridades la hallaron junto al guatemalteco Antonio Agustín Ailón.

Rubén Lacán

18 de marzo de 2025

|

11:55h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El guatemalteco Antonio Agustín Ailón fue condenado a dos cadenas perpetuas por abusar de una niña de 12 años. (Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Tuscarawas, Prensa Libre).

Univisión Atlanta reportó que Antonio Agustín Ailón, un guatemalteco, fue condenado a dos cadenas perpetuas por los cargos de violación y abuso sexual grave.

“También se le impusieron dos penas de cinco años de prisión por los cargos de proxenetismo”, detalló.

La niña, también originaria de Guatemala, fue localizada en Ohio luego de que su padre recibiera un mensaje en el que se pedía que detuvieran su búsqueda.

Las investigaciones de la policía estadounidense indican que la menor de edad salió de su casa, presuntamente por su voluntad. Agregaron que esa vivienda era cuidada por su familia mientras su padre, Andrés Gómez, trabajaba.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemalteco es acusado de violar a una niña de 9 años en Estados Unidos y enfrenta proceso de deportación

El guatemalteco acusado en Nueva York de haber matado a su hija porque “pensaba que no era suya”

“Sigo confundido. Quién sabe si está viva o no, porque hasta el momento la policía no ha dado información”, dijo Gómez el día de su desaparición.

Las autoridades anunciaron una recompensa para ubicar a la niña, y con el paso del tiempo el monto aumentó hasta US$50 mil.

El hombre, de 34 años, conoció a la niña por internet y finalmente se la llevó a Dover, Ohio, donde residía.

La niña contactó a su familia por Facebook Messenger y les dijo que estaba bien y que dejaran de buscarla. Los detectives rastrearon la dirección IP utilizada en esos mensajes hasta un teléfono en Ohio.

Investigadores viajaron a Ohio y vieron a la niña en una piscina de la ciudad el 25 de julio. Los agentes siguieron a Agustín Ailón hasta una tienda, donde lo detuvieron, mientras que la menor fue rescatada.

“Lo hice por mi hijo”: Guatemalteco Byron Berganza es condenado de nuevo en Estados Unidos por tráfico de drogas

“Lo hice por mi hijo” dijo Byron Berganza ante la corte de Estados Unidos antes de ser condenado por narcotráfico una segunda vez. 

Rubén Lacán

25 de febrero de 2025

|

09:14h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Byron Alcides Berganza Espina, de 67 años, fue condenado nuevamente en Estados Unidos por tráfico de drogas. (Foto Prensa Libre)

Esta es la segunda vez que Byron Alcides Berganza Espina, de 67 años, se encuentra en las cárceles de Estados Unidos cumpliendo una sentencia por trasegar droga desde Guatemala hasta el norte del continente.  

Berganza fue encarcelado en el 2003 y luego de cinco años fue condenado a 22 años de prisión por el trasiego de drogas a EE. UU. aunque el 18 de diciembre del 2015 recobró su libertad luego de un acuerdo de colaboración.  

Dos años después de regresar a Guatemala, nuevamente volvió a trasegar cocaína, demostraron las pesquisas.  

La acusación detalló que Berganza formó parte de una organización, desde 2017 hasta septiembre de 2019, dedicada al tráfico de drogas a gran escala, que operaba a través de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. 

LECTURAS RELACIONADAS

Tráfico de drogas y violencia: la sombría trayectoria del hondureño Byron Ruiz y sus conexiones con el narcotráfico en Guatemala

El perfil de José Ubico, el exdiputado guatemalteco que fue condenado a 18 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico

Declaración de Berganza

“Usted tiene derecho a dirigirse al Tribunal antes de la sentencia” le indicó el Tribunal del Distrito Este de Texas de EE. UU. a Berganza.

“Es muy difícil para mí estar en esta situación, pero estoy aquí para pedir perdón por lo que hice después de salir de prisión. Estando 12 años -en la cárcel-, quería que supieras que aprendí mucho de esa primera vez. No salí con esa mentalidad”, relató.  

Berganza dijo que volvió a trasegar cocaína para ayudar a uno de sus hijos, quien tenía una deuda.  

“Dejé a un hijo, un niño de 9 años fuera de mi hogar, y cuando regresé, me pidió ayuda y como padre lo apoyé para que intentara encontrar ese dinero, para que no lo mataran por ello. Lo mataron de todos modos, su señoría, pero no fue porque no intentamos salvarlo”, expuso Berganza.  

Comentó que no quería volver a trasegar drogas, pero por su hijo iba a hacer cualquier cosa. 

“A mi edad, realmente no quería hacer eso porque mi salud era mala. Quiero decir, estoy sufriendo de muchos otros problemas de salud. Le pido perdón, su señoría”, indicó.  

El abogado Michael Anderson dijo que Berganza, su cliente, ha intentado cooperar con el gobierno estadounidense para reducir la condena, además afirmó que el acusado tiene problemas de visión y estuvo cerca de quedarse ciego.  

“Tiene una salud muy grave. El Tribunal ha tenido la amabilidad de ordenar que se  
someta a una cirugía mientras está encarcelado y esa es la razón por la que usa estas gafas”, reconoció Anderson. 

Berganza Espina fue condenado a 240 meses de prisión el 2 de agosto de 2023, mientras su hijo Byron José Berganza se declaró culpable en 2021 por el trasiego de drogas  y decidió colaborar con las autoridades de EE. UU. Para buscar una reducción de su sentencia.  

Su primera condena

Berganza Espina es considerado por antinarcóticos como el segundo narcotraficante guatemalteco con mayor poder a finales de los años 90, capturado y enviado a suelo estadounidense, después del exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada, extraditado en 1992 a EE.UU. y condenado a 30 años de cárcel.

En 2016 el medio Plaza Pública publicó que Berganza fue escolta de Vargas, pero después traficó por cuenta propia. La fiscalía de Nueva York atribuía su poder a que su cuñado era militar. “Según el documento 60 del expediente, su hermana, Wilda Berganza, estaba casada con el general Carlos Pineda Carranza”, escribió.

Los registros de National Security Archives  indican que, entre 1995 y 1996, Pineda Carranza fue jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Agregó que en 2003 Berganza fue detenido por primera vez en El Salvador luego que se reuniera con José Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional en el gobierno de Alfonso Portillo.

Estados Unidos se opone a liberación anticipada del excandidato Mario Estrada

El excandidato presidencial y fundador del desaparecido partido UCN busca no cumplir la pena de 15 años de prisión por medio de una liberación compasiva.

Douglas Cuevas

26 de diciembre de 2024

|

17:23h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Mario Estrada aceptó los cargos y en febrero de 2020 recibió una condena que busca no cumplir. Fotografía: Prensa Libre.

El 30 de julio pasado, la defensa del político Mario Estrada solicitó a una Corte de Estados Unidos su liberación anticipada. Pero el Departamento de Justicia de aquel país se opone por la gravedad de los delitos cometidos por Estrada y las condiciones actuales de su proceso judicial.

La medida que busca Estrada es una “liberación compasiva”, explicando que es una persona vulnerable y que amerita una salida anticipada de la cárcel. A la cual está condenado a pasar 15 años por decisión de un jurado norteamericano.

Mario Estrada fue candidato presidencial en las elecciones del 2019 por el ahora desaparecido Unión del Cambio Nacional (UCN), agrupación política de la que es fundador.

Entre las acciones por las que no es aconsejable una libertad anticipada, detalla el Departamento de Justicia, es que los abogados todavía no han agotado todas las vías administrativas.

LECTURAS RELACIONADAS

Narcos en Guatemala habrían colaborado para capturar a Juan Orlando Hernández, hallado culpable en EE UU

Exalcalde de Ocós, Carlos Preciado Navarijo, condenado a 10 años de prisión en EE. UU. tras declararse culpable por narcotráfico

Además, señalan que la gravedad de los delitos cometidos por Estrada no hace viable otorgarle una medida de este tipo. Las pruebas confirmaron que Estrada intentó aliarse con el cártel de Sinaloa. Incluso buscó asesinar a rivales políticos durante la campaña electoral de Guatemala del 2019.

Asimismo, las condiciones de salud del acusado tampoco lo hacen objeto de una libertad anticipada, pese a que la defensa expone que por su edad es una persona vulnerable al covid-19, junto a otros padecimientos médicos.

Entre los argumentos de la defensa se exponen las condiciones de salud de la madre de Estrada, pero el análisis judicial expone que tampoco hay argumentos concretos que definan que exclusivamente el condenado tenga que dar cuidado a su progenitora.

Buscó la presidencia

En el 2019 Estrada buscó la Presidencia de Guatemala, pero las investigaciones de Estados Unidos ubicaron al político con grupos del narcotráfico. Incluso, buscó asesinar a rivales políticos para que su competencia por la silla presidencial no fuese tan reñida.

En abril de ese mismo año fue detenido y enviado a una Corte del Distrito Sur de Nueva York. Posteriormente, en octubre del mismo año, Estrada reconoció los cargos y se declaró culpable.

En febrero del 2020, recibió una condena de 15 años de prisión, pero por haber aceptado los cargos su equipo legal esperaba una condena más corta por lo que presentaron una apelación que fue desestimada en 2021.

Ahora buscan su libertad anticipada por compasión y temas humanitarios, pero los argumentos del Departamento de Justicia hacen no aconsejable dar con lugar la petición de Mario Estrada.

Sujeto es condenado a dos años de prisión por la muerte de dos personas en la calzada San Juan   

Un hombre fue hallado culpable de la muerte de dos personas cuando se desplazaba en la calzada San Juan en marzo de 2023. 

Óscar García

22 de agosto de 2024

|

11:33h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Lázaro Ricardo Martín Ajucum fue condenado por la muerte de dos personas en la calzada San Juan. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Lázaro Ricardo Martín Ajucum fue condenado a dos años de prisión por homicidio en estado de emoción violenta en agravio de dos personas, informó el Ministerio Público.

El hecho ocurrió el 24 de marzo de 2023, cuando Martín Ajucum conducía un vehículo sobre la calzada San Juan, colonia La Florida, zona 19 de la capital.

Según el MP, en ese lugar el sentenciado disparó en contra de las víctimas, quienes fallecieron.

Además, en concepto de reparación digna, debe entregar Q10 mil a favor de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar).

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas presentó las pruebas para que el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente distara la sentencia.

Otra condena

El MP informó que en otro caso, la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango logró sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Marvin Estuardo González por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Agregó que esta persona el 3 de mayo de 2020 llegó a una casa en la colonia Las Tunas, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y atacó con machete a dos mujeres, cuya vida estuvo en riesgo por la gravedad de las heridas.

Para leer más: Militar acepta cargos y es condenado a tres años por triple crimen luego de concierto en zona 16

#MPfuerteYfirme #SentenciaCondenatoria
Hombre es condenado por homicidio en estado de emoción violenta

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró que el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos… pic.twitter.com/NxBroPa1iZ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 22, 2024

Armas y chalecos blindados hechizos: condenan a seis integrantes de estructura criminal  

Tribunal condena a seis personas halladas culpables de varios delitos en Mixco.   

Óscar García

13 de julio de 2024

|

08:17h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Seis delincuentes fueron condenados en Mixco. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Pexels)

La Fiscalía Municipal de Mixco presentó las pruebas para que el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dictara sentencia condenatoria contra seis integrantes de una estructura criminal.

Los sentenciados son Marlyn Maricruz González Jiménez, condenada a 8 años y 2 meses de prisión por portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento propio en concurso real; Brizna Berenice Aceituno Chile, condenada a tres años de cárcel por traslado de municiones.

Asimismo, Cristopher Yovany Castro Pérez, dos meses de prisión por encubrimiento propio, y Brayan Oswaldo Aguilar López, cinco años de cárcel por tenencia ilegal de municiones.

También fue sentenciado Rigoberto Isaí Chávez Benítez, de nacionalidad hondureña, condenado a cinco años por tenencia ilegal de municiones y expulsión del territorio nacional.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

Finalmente, Juan Carlos García Santos, sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Según el Ministerio Público, el 10 de junio de 2019 en la zona 3 de Mixco, agentes policiales localizaron a los ahora sentenciados con objetos de procedencia ilícita.

Entre los objetos les decomisaron dos armas de fuego, dos motos con reporte de robo, teléfonos celulares y chalecos blindados hechizos.

Para leer más: Habrían lavado Q150 millones: desarticulan banda criminal denominada los Transportistas

Lo anterior, luego de una persecución a un menor de edad que portaba un fusil de asalto, quien posteriormente fue trasladado a un tribunal especializado.

#MPfuerteYfirme #SentenciaCondenatoria

Condenan a seis integrantes de estructura criminal

La Fiscalía Municipal de Mixco logró que el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dictara sentencia condenatoria contra seis integrantes de una estructura criminal.

Los sentenciados son… pic.twitter.com/fKDBqNBM0z

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 13, 2024

Segunda condena para Virginia Laparra: Le dictan 5 años de prisión y multa de Q50 mil

El Tribunal Segundo de Sentencia de Quetzaltenango condenó a la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra, en un segundo caso en su contra. Con esta, suma dos sentencias.

Hedy Quino, Lucero Sapalú y Redacción EFE

8 de julio de 2024

|

10:36h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Este lunes 8 de julio se dictó sentencia en contra de Virginia Laparra, exjefa de la Feci Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Este lunes 8 de julio, el juez Moisés de León, del Tribunal Segundo de Sentencia de Quetzaltenango, dictó condena en contra de la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra, por 5 años de prisión conmutables por el delito de revelación de información reservada, a razón de Q5 diarios.

También le impuso una multa de Q50 mil, la inhabilitó para ejercer su profesión como abogada por cinco años, y para trabajar como funcionaria pública por 10 años.

La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, no regresará a prisión, ya que cuenta con medida sustitutiva.

Luego de la sentencia, en las afueras del Tribunal, un grupo de manifestantes rechazó la decisión del juez.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

“Es una segunda condena injusta”

Al finalizar el juicio, Laparra dijo que considera que la condena en su contra es injusta y no la comparte.

“No me considero, ni soy criminal. Pueden emitir todas las sentencias que quieran, pero Virginia Laparra no es una criminal, soy una persona con principios, con valores y sobre todo con dignidad”, declaró la exfiscal.

Por el delito que se le imputó en la condena, Laparra indicó que no otorgó información de fondo de procesos. Según la sentenciada, en redes sociales circula información del Ministerio Púbico (MP) sobre procesos que están bajo reserva y no entiende por qué en su caso hubo condena.  

“Virginia Laparra sigue, esto no cambia, modifica, mis planes de seguir adelante”, afirmó.

Imágenes: Lucero Sapalú

Antecedentes

El Ministerio Público (MP) llevaba el proceso contra la exjefa de la Feci con base a una única prueba, una publicación de un medio de comunicación y esta se refiere a una audiencia que se llevó a cabo el 4 de junio de 2017 en un caso donde estaba involucrado un exfutbolista.

El exfutbolista en ese entonces había sido capturado por supuesta extorsión; sin embargo, en una audiencia se buscaba llegar acuerdos para que pudiera ser colaborador eficaz en un caso contra la muni de Xela, durante la administración de Rolando Barrientos Pellecer.

Según el ente investigador, Laparra reveló información de las audiencias que estaba bajo reserva a los medios de comunicación.

Este es el segundo caso contra la exjefa de la Feci en Xela; las acciones en el primer caso dieron inicio luego de presentar denuncias administrativas contra el juez Lesther Castellanos, sancionado en la lista Engel.

Primera sentencia

Laparra permaneció detenida desde el 22 de febrero del 2022 y recobró su libertad en enero de 2024. El Tribunal Octavo de Sentencia encontró culpable a Laparra por abuso de autoridad y le impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión conmutable en 2023.

Pronunciamientos

Estados Unidos criticó la condena contra la exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra por presuntamente divulgar información confidencial de un caso en 2017.

“La condena de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra a 5 años de prisión es otro ejemplo de los atroces ataques del Ministerio Público de Guatemala contra el Estado de derecho”, dijo en redes sociales el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

El diplomático estadounidense instó en el mismo mensaje “a las autoridades judiciales de Guatemala a que dejen de utilizar el sistema de justicia penal para perseguir a los defensores de los derechos humanos y la justicia”.

Diversas organizaciones, entre estas la Fundación para el Debido Proceso, CEJIL y ACTuando Juntas Guatemala, lamentaron la condena contra Laparra y ven “con preocupación que la resolución contiene una débil argumentación respecto al dolo en el caso en referencia”.

“La observación del proceso permitió evidenciar la carencia de argumentación respecto del dolo, lo cual implica la intención deliberada de cometer un acto ilícito o dañino. Su prueba requiere evidencias claras y contundentes que demuestren esta intención, lo cual no fue fehacientemente demostrado”, argumentaron.

Según las organizaciones, “la exfiscal ha sufrido una sistemática criminalización que evidencia el uso indebido del Derecho Penal, que ha sido una norma en Guatemala desde 2018 cuando llegó a dirigir el Ministerio Público la actual fiscal general Consuelo Porras, sancionada por corrupción por más de 40 países alrededor del mundo”.

“Este proceso refleja un particular ensañamiento de persecución por parte de estructuras de poder con el fin de obtener un castigo ejemplificador en contra de personas que han luchado contra la corrupción. Durante todo el proceso judicial, hemos observado la integridad y la dedicación de Virginia Laparra, defendemos su inocencia y continuaremos apoyándola en su lucha por demostrar la verdad y restablecer su buen nombre”, afirmaron.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como otras instancias internacionales y multilaterales han manifestado la “preocupación por la persecución infundada contra Virginia Laparra”.

Otorgan libertad condicional a “El Gordo”, quien fue extraditado a EE. UU. en 2023

El guatemalteco Sergio Fernando Cifuentes Sagastume alias el Gordo, quien fue extraditado a principios del 2023 para enfrentar cargos por narcotráfico, recobró su libertad condicional en ese país.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

9 de junio de 2024

|

05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El exconcejal Sergio Fernando Cifuentes Sagastume fue detenido en 2017 y extraditado en 2023. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mediante la figura de medida de libertad condicional, el guatemalteco Sergio Fernando Cifuentes, de 43 años, alias el Gordo, y quien fuera concejal de Zacapa, extraditado el 30 de marzo del 2023 a Estados Unidos, salió de prisión en mayo último, pero permanece bajo estricta vigilancia en ese país por las autoridades competentes. 

Karen Xiomara Ovalle Madrid, esposa de Cifuentes Sagastume, en la actualidad es la alcaldesa de Zacapa.

LECTURAS RELACIONADAS

“Beto” es capturado en Tecún Umán por señalamientos de narcotráfico en EE. UU.

“Tartajo” es capturado por solicitud de EE.UU. y señalado de narcotráfico

Desde su extradición y su respectiva liberación condicional, Cifuentes Sagastume estuvo cumpliendo su condena en una prisión estadounidense por un período de 14 meses, aunque en Guatemala ya estaba recluido desde el 2017, luego de girarse una orden de captura, ya que lo requería la Corte Distrital para el Distrito Sur de California, por los cargos de “conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a bordo de un barco a la jurisdicción de los Estados Unidos”.

Como uno de los antecedentes, es que el 17 de noviembre del 2017, el sindicado fue presentado ante un juez guatemalteco, pero en esa ocasión se negó a ser extraditado a Estados Unidos, siendo hasta marzo del 2023, cuando fue enviado a la Corte Distrital que lo juzgaría. 

Cifuentes Sagastume había sido arrestado el 3 de noviembre del 2017 por elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y agentes fiscales del Ministerio Público, en el kilómetro 139.3 ruta al Atlántico.

Sus conexiones

Las autoridades le daban seguimiento a el Gordo, ya que el 21 de agosto del 2017 evadió su captura al no presentarse a una sesión como miembro del concejo de la Municipalidad de Zacapa.

LECTURAS RELACIONADAS

“Pancho” el narco guatemalteco que según la fiscalía de Texas trabajaba con el cártel de Sinaloa

Armas, municiones y dinero del narco “Loco Turcios” pasarían al Estado

En las elecciones generales del 2015 fue electo como concejal primero por medio del Comité Cívico “El Cambio”, con el alcalde Julio Alberto Enríquez Sánchez, quien murió por heridas de arma de fuego al ser emboscado el 17 de marzo del 2018 en una de las calles céntricas de la aldea La Majada y a escasos metros de su vivienda.  

Entre sus activos públicos en Guatemala, Cifuentes figuraba como propietario de la firma constructora Guayacán, y tenía como domicilio en la colonia Pocara, Zacapa. 

Parte de su sindicación era la relación que mantenía con compradores mexicanos, ya que también fueron aprehendidos Érick Alexander Granados García y Beatriz Cristina Barreiro Quiñónez, quienes también eran requeridos por la misma Corte Distrital de EE. UU., con acusaciones de que los tres eran miembros de una organización que se dedicaba al tráfico de drogas en la región centroamericana.

Entre los señalamientos era que los tres “en asociación ilícita con compradores en México son responsables de entregarles cocaína para su posterior transporte hacia territorio estadounidense”.

Parte de la carpeta investigativa muestra que en diciembre del 2016 y en marzo del 2017 fueron interceptadas embarcaciones en aguas internacionales con alrededor de 866 y 855 kilos de cocaína.

Un juez de Texas recomendó que se anule la sentencia a muerte contra la latina Melissa Lucio, tras concluir que la Fiscalía no compartió pruebas clave que contribuían a su defensa por la muerte su hija de dos años en 2007, informaron medios este martes.

Arturo Nelson, el juez que presidió el juicio contra la madre latina en 2008, emitió la recomendación el viernes pasado después de que la Fiscalía del condado de Cameron aceptara que retuvo pruebas a favor de Lucio, sentenciada por golpear y torturar hasta la muerte a su hija Mariah Elizabeth Álvarez, la menor de sus 14 hijos.

La policía encontró a la niña inconsciente, con moretones y un brazo roto cuando respondió a un llamado de emergencia el 17 de febrero de 2007. La menor fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

La madre hispana le dijo a la policía que su hija se cayó por las escaleras y que eso le causó la muerte. Sin embargo, la fiscalía no creyó la versión, la acusó y buscó la condena a muerte.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

Ahora se conoce que los testimonios de cinco de los hijos de Lucio, que aseguraron que su madre no abusó de ellos ni de Mariah, no fueron compartidos con la defensa.

Uno de los hijos le dijo a un investigador de los Servicios de Protección Infantil que vio a la niña caer por las escaleras de su apartamento y corroboró el relato de Lucio sobre las lesiones y el deterioro de la salud de la niña en los días posteriores al incidente.

La Fiscalía y los abogados de Lucio llegaron a un acuerdo, que fue aprobado por el juez Nelson, que indica que “ella no habría sido condenada a la luz de la evidencia suprimida”, según documentos judiciales citados por la CNN.

La ejecución de Lucio, la primera latina que enfrentaba la condena capital en Texas, fue suspendida dos días antes de la fecha prevista en abril de 2022, después que varios miembros del jurado que la sentenciaron afirmaron públicamente que, de haber conocido todas las pruebas, hubieran dado otro veredicto.

LECTURAS RELACIONADAS

Fofo Márquez: la narcomanta con la que amenazaron de muerte al polémico influencer

Detienen al influencer mexicano Fofo Márquez por golpear a una mujer

Por su parte, los hijos de Lucio encabezaron la campaña “Free Melissa Lucio”, con la que han apoyado de manera incansable a su madre durante años y han llamado la atención sobre la dura sentencia.

El caso ahora queda en manos de la Corte de Apelación Criminal de Texas, que determinará si Lucio tendrá que enfrentar un nuevo juicio.

Condenan a integrantes de la Banda de Los Sierra por ser culpables de ocho asesinatos

Uno de los sentenciados fue hallado culpable de cinco crímenes y el otro de tres asesinatos.

Oscar García

17 de febrero de 2024

|

11:50h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Integrantes de la Banda de Los Sierra fueron hallados culpables de asesinatos. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Pexels)

El Ministerio Público (MP) informó este sábado 17 de febrero que a 125 y 75 años de prisión fueron condenados dos integrantes de la Banda de Los Sierra.

Añadió que a petición de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “B” dictó sentencia condenatoria en el caso “Banda de los Sierra”.

Jorge Aníbal Hernández Catalán fue sentenciado a 75 años de prisión por el asesinato de tres personas.

El juez le impuso 25 años de cárcel por cada víctima.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

Mientas que Héctor Reginaldo Morente Ajualip fue sentenciado a 125 años de prisión por el delito de asesinato.

Las autoridades lo hallaron culpable de la muerte de cinco personas.

Le fue impuesta una pena de 25 años por cada una de las víctimas.

A 125 y 75 años de prisión condenados integrantes de Banda de Los Sierra.

A petición de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo "B" dictó sentencia condenatoria en el caso "Banda de los Sierra". pic.twitter.com/6OC2LID0Vn

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2024

El Tribunal de Mayor Riesgo “A” sentenció a Rigoberto Danilo Morales por su participación en la muerte de los extranjeros, por cuya masacre fue condenado en 2016 a una pena similar el supuesto capo Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”.

Según la resolución del ente judicial, Morales fue condenado a 800 años por el asesinato de los extranjeros (50 años por cada víctima) y a ocho años más por asociación ilícita.

Morales, de 37 años, fue capturado en abril 2022, tras permanecer 13 años prófugo. El juicio inició en septiembre de 2023.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la masacre ocurrió el 8 de noviembre de 2008, cuando un grupo de presuntos narcotraficantes interceptaron en el sureño departamento de Santa Rosa un autobús proveniente de Nicaragua “en el que presumían se transportaba droga” y donde se trasladaban los extranjeros.

El vehículo fue desviado al departamento de Zacapa (este), donde los delincuentes, al no encontrar drogas dentro, “decidieron dar muerte a los 16 pasajeros, cuyos cuerpos fueron calcinados en una finca (…) propiedad de Montiel“, detalló el ente acusador.

Otras ocho personas, incluido Montiel y su esposa Sara Cruz (condenada también en 2016 a seis años de cárcel por asociación ilícita), ya fueron condenadas a distintas penas por este crimen.

Mientras que en la ruta que conduce de San Benito hacia San Andrés, Petén, PNC detuvo a Rigoberto Danilo Morales, de 36 años, es requerido por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociación ilícita y asesinato.#PolicíaNacionalCivil25añosdeProtegerYServir pic.twitter.com/95LB8P7o00

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 19, 2022

#MPfuerteYfirme
La Fiscalía Especial contra la Impunidad obtuvo sentencia condenatoria de 808 años de prisión contra Rigoberto Danilo Morales por los delitos de asociación ilícita y asesinato. pic.twitter.com/G6FbqkMxLC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 23, 2024

Mientras que Disan Gerardo López Caal deberá cumplir dos años de prisión por el delito de estafa.

Ambos tendrán que cubrir el pago de costas procesales y la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación de mayor circulación.

De acuerdo con la investigación del personal fiscal, ellos fueron capturados el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2022, en cumplimiento a órdenes de aprehensión giradas, luego del arresto de una persona en el Aeropuerto Internacional La Aurora, quien pretendía viajar a Estados Unidos con un pasaporte cuya visa presentaba características de ser falsa.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

En coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), se verificó la autenticidad de la visa, confirmando que la misma no le correspondía al sindicado.

En el seguimiento del caso se determinó la participación de Sánchez Escobar y López Caal, quienes se identificaron como tramitadores y trabajadores de la embajada de dicho país, por lo que para gestionar la supuesta visa cobrarían un total de Q70 mil, habiendo recibido dos pagos, uno de Q8 mil y otro de Q30 mil.

Dentro del presente proceso un tercer sindicado fue declarado rebelde, según el ente investigador.

Lea también: La denuncia de una madre de familia permitió descubrir cómo operaba un maestro al que señalan de cometer delitos sexuales contra ocho niñas

Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logra condenas por visa falsa https://t.co/widDEZDJaa pic.twitter.com/QxdinxA4fP

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 7, 2023

Se trata de Jorge Eduardo Godoy, a quien le fue impuesta una sentencia de 30 años de prisión inconmutables.

El ente investigador añadió que con base al trabajo investigativo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dictó la sentencia.

El secuestro ocurrió el 22 de octubre de 2009 y el personal fiscal logró demostrar ante el Tribunal la participación de Godoy.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

Según la investigación, el sentenciado en compañía de sus cómplices, ya sentenciados, exigieron Q1 millón a los familiares de la víctima.

Parte del dinero fue depositado a una cuenta bancaria a nombre de Godoy.

Lea también: “Me lo pudieron haber asesinado”: El reclamo de justicia de la madre del instructor desaparecido en Zacapa a las autoridades

Otra condena

El MP informó que en otro caso, la Fiscalía Municipal de Puerto San José logró que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla dictara sentencia condenatoria contra Mario Odberto Morales Monterroso, German Santiago Santos Boror y José Alfredo Rodríguez González.

A ellos se les impuso pena de 30 años de prisión por el delito de asesinato y de 20 años por asesinato en grado de tentativa, para totalizar 50 años de cárcel inconmutables cada uno.

La Fiscalía demostró al Tribunal, por medio de los órganos de prueba presentados y argumentos vertidos, que el 7 de septiembre de 2022 los sentenciados ingresaron a una casa en el parcelamiento Arizona, Puerto San José, Escuintla, y atacaron a balazos  a tres hombres, uno de los cuales murió posteriormente en la sala de operaciones de un hospital.

La fiscalía había solicitado 15 años de cárcel para el actor pero, teniendo en cuenta los atenuantes del caso, la jueza lo sentenció a 5 años de cárcel, 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. La condena se puede apelar.

El caso se remonta a marzo de 2019, cuando el actor le propinó un puñetazo durante un altercado de tráfico a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien murió días después en un hospital a causa de un traumatismo en la cabeza.

Durante el juicio celebrado en 2022, la defensa del actor dijo que este actuó en defensa propia, al temer por su propio bienestar y el de su familia.

Disculpa a la familia

Antes de ser condenado este viernes y cuando tomó la palabra ante la jueza, el actor mexicano se disculpó con la familia de Juan Hernández.

Lyle dijo a la familia de la víctima que podía imaginar el dolor que viven por la pérdida de su ser querido.

“Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo; es algo que me acecha cuando voy a dormir en la noche, y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas”, aseguró.

“Nunca en sueños más alocados me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y que muchas otras personas fueran afectadas drásticamente, en una cuestión de segundos, con un solo golpe”.

La esposa de Lyle, Ana Araujo, también tomó la palabra en la audiencia, asegurando que su marido no es violento y que lo que le hizo a Juan Hernández no lo define como persona.

“Estoy muy orgullosa de ti Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo”, expresó Araujo en español junto a una traductora.

¿Qué pasó el día del altercado?

El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle terminaba unas vacaciones de 10 días en Miami y se dirigía al aeropuerto con su familia en un auto conducido por su cuñado, Lucas Delfino.

De manera paralela, Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años, conducía su vehículo por la misma avenida del norte de Miami cuando al parecer Delfino tomó una salida equivocada y le cerró el paso, metiéndose en su carril y quedando su auto delante.

Aprovechando un semáforo en rojo, Hernándéz se bajó de su vehículo y fue a increpar a Delfino. Este salió del auto para discutir con Hernández, pero su vehículo empezó a rodar hacia la intersección de la calle, así que corrió a subirse de nuevo para detenerlo.

Hernández caminó entónces de regreso a su auto, pero Pablo Lyle, quien iba como copiloto con Delfino, se bajó del auto y corrió hacia donde estaba el hombre.

Le propinó un puñetazo en la cara y regresó a su auto, en el que también viajaba su mujer y sus dos hijos. Hernández cayó al piso y el auto conducido por Delfino siguió su camino.

Cuatro días después del incidente, Hernandez falleció en un hospital a causa de un traumatismo craneoencefálico.

¿Qué pruebas había?

La prueba más relevante fue un video del altercado, capturado por una cámara de seguridad de una gasolinera ubicada en frente del semáforo en el que ocurrieron los hechos.

En el video se ve lo que ocurrió y por eso es posible describir en detalle la cronología del incidente.

La fiscalía citó a una testigo que se encontraba dentro de su auto en la misma intersección.

Declaró que vio a Pablo Lyle “correr con agresión y los puños cerrados”.

La testigo afirmó que Lyle le dio el golpe a Hernandez después de que este “levantara sus manos para protegerse y gritara en español ‘No, no, por favor no me pegues'”.

La defensa, por su parte, ha alegado ciertas inconsistencias en ese relato de la testigo.

La defensa del actor

Según el acta del arresto, Lyle afirmó que Hernández alzó las manos cuando se acercó a él, por lo que su reacción se debió a que “creyó que la víctima lo iba a atacar primero” y actuó en defensa propia.

Durante la primera intervención del actor en el juicio, este afirmó que cuando estaba en el auto escuchó un golpe fuerte en la ventana del vehículo y a Hernández gritando insultos: “¿Está loco, es idiota, estúpido?”, por lo que todos en el auto saltaron de sorpresa, “fue algo inesperado” y estaba “realmente asustado”.

Relató cómo la situación empeoró cuando Delfino salió del auto. Por eso él intentó salir también para “evitar o hacer algo, porque estaba mi família ahí”, pero el auto empezó a rodar hacia la intersección.

Contó, con la voz entrecortada, cómo intentó detener el auto sin éxito en medio del pánico y pensando que “iba a perder a mi familia”.

El principal argumento de la defensa fue que el actor se defendió instintivamente y protegió a su familia de lo que consideró un ataque violento.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

Otros tres implicados en el asesinato de los tres basijis -milicianos islámicos- en la ciudad de Isfahan a mediados de noviembre han sido condenados a muerte y otro más a dos años de prisión, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

El caso de Azadani se volvió viral y provocó críticas en todo el mundo cuando asociaciones de futbolistas y medios internacionales anunciaron en diciembre que había sido condenado a muerte.

Ahora, el futbolista ha sido sentenciado a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato de los tres basijis, a cinco por el cargo de reunión y colusión para cometer delitos y a cinco más por ser miembro de grupos ilegales con la intención de perturbar la seguridad pública.

LE RECOMENDAMOS

El régimen de Irán condenó a muerte al futbolista Amir Nasr-Azadani y así reaccionó la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales

Qué se sabe sobre la posible ejecución de Amir Nasr-Azadani, el futbolista iraní protagonista de una ola de solidaridad en redes

Las condenas las cumplirá simultáneamente, por lo que en principio pasará en prisión 16 años.

Azadani ha militado en diversos clubes de Irán y durante las temporadas 16-17 y 18-19 lo hizo en el Tractor Sazi, equipo por el que acaba de fichar el técnico español Paco Jémez.

Tres nuevas condenas de muerte

En el mismo juicio, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi Sheikh Shabani y Saeed Yaqoubi han sido sentenciados a muerte por “moharebe” o “enemistad contra dios” por el asesinato de los basijis en Isfahan y se suman a las al menos 11 personas sentenciadas hasta ahora a la pena máxima.

Los tres han sido además condenados a 10 años de prisión

Un quinto acusado, Soheil Jahangiri, ha sido condenado a dos años de prisión por su participación en los mismos hechos, y un sexto, Jaber Mirhashemi, ha sido absuelto.

Mizan aclaró que cuatro de los encausados contaron con abogados propios, mientras que los dos restantes contaron con letrados de oficio.

Protestas

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

El Gobierno iraní ha reprimido fuertemente las movilizaciones, protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres que piden más libertades al grito de “mujer, vida, libertad”.

Al menos 2,000 personas han sido acusadas por la Justicia iraní de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, 14 condenadas a muerte y cuatro han sido ejecutadas.

Las sentencias de hoy llegan después de que el sábado las autoridades iraníes llevaron a cabo las ejecuciones de Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini por el supuesto asesinato de un basiji.

Sus ahorcamientos provocaron de nuevo fuertes críticas internacionales. La Unión Europea (UE) se declaró consternada por las ejecuciones y pidió a Teherán que “anule sin demora” las condenas a muerte ya pronunciadas en el contexto de las manifestaciones.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado los juicios como “farsas” e “injustos” y una “venganza”.

Casi 500 personas han muerto en las protestas y cerca de 20,000 han sido detenidas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

La sentenciada es Iris Odilia Castañeda Arana, quien fue hallada culpable de atentado en contra del patrimonio natural y cultural de la Nación.

Aparte de la condena deberá para Q10 mil, según la sentencia.

Según el MP, durante una diligencia de allanamiento en un inmueble propiedad de la sentenciada, en Puerto Barrios, Izabal, fueron decomisados animales de diferentes especies.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

Las autoridades decomisaron ocho pijijes, dos loros reales cabeza amarilla, dos tortugas y ocho serpientes.

Castañeda Arana no contaba con la licencia correspondiente para la tenencia de los referidos animales.

Vea también: Golpes, heridas y descuidos: el polémico video que muestra maltrato contra perros y que permitió su rescate

Las autoridades ya han efectuado diligencias en casos de personas que tienen o venden distintas especies de animales sin tener licencia.

En julio del 2019, en el Mercado Central, zona 1 capitalina, hubo oposición de comerciantes de mascotas por el operativo que implementó la Policía Nacional Civil en el que se les decomisó animales que estaban a la venta, pese a prohibición o que los vendedores carecían de licencias para ese tipo de comercialización.

La investigación del Ministerio Público derivó de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que consignó que Herrara Villatoro recibió en su cuenta de ahorro varios depósitos por la cantidad de Q436 mil 710 durante el período del 12 de marzo de 2012 al 10 de julio de 2013.

Asimismo, como parte de las investigaciones, también se determinó que recibió en otras cuentas bancarias la cantidad de Q934 mil 170 y US$ 32 mil 770.

El ente investigador indicó que Herrera Villatoro es sobrino de Eduardo Villatoro Cano, alias “Guayo Cano”.

EN ESTE MOMENTO

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

El 4 de diciembre del 2018, Eduardo Francisco Villatoro Cano fue sentenciado a 372 años y ocho meses de prisión al ser hallado culpable de la muerte de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Salcajá, Quetzaltenango, así como de otros crímenes.

El 13 de junio del 2013, un grupo de sicarios irrumpió en la subestación de la PNC de Salcajá, Quetzaltenango y ultimaron a los agentes.

La banda también se llevó secuestrado al subinspector César Augusto García, quien apareció desmembrado seis días después.

Lea también: Hijo de Guayo Cano es trasladado a la Fuerza Aérea Guatemalteca para ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico

Guayo Cano fue capturado en Tuxtla Gutiérrez, México y deportado a Guatemala después de 83 días de iniciado un operativo denominado Dignidad, con el que se buscaba encontrar a los responsables de la masacre.

Once testigos, nueve mujeres y dos hombres, subieron al estrado durante juicio de seis semanas, describiendo las humillaciones sexuales y la violencia que sufrieron a manos de él.

Después de dos días de deliberaciones, el jurado declaró a Kelly culpable de todos los cargos que enfrentaba.

La condena se conocerá el 4 de mayo. Podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable de usar su fama y fortuna para atraer a las víctimas con promesas de ayudarles en sus carreras musicales. Varias declararon que eran menores de edad cuando abusó sexualmente de ellas.

El músico había rechazado categóricamente las acusaciones en su contra.

El artista saltó a la fama en la década del 90 con canciones como “Bump and Grind” e “Ignition“. Uno de sus singles más conocidos es “I believe I can fly“.

En su autobiografía, R Kelly señala que él mismo fue víctima de abuso sexual cuando era niño.

Kelly también fue declarado culpable de violar la Ley Mann, una ley federal que prohíbe el tráfico sexual a través de las fronteras estatales, y de crimen organizado. Durante el juicio, los fiscales detallaron cómo sus gerentes, guardias de seguridad y otros miembros del séquito trabajaron para ayudarlo en su empresa criminal.

El jurado también escuchó cómo Kelly había obtenido ilegalmente documentos para casarse con la cantante Aaliyah, quien murió en un accidente de avión en agosto de 2001 después de contraer matrimonio con Kelly a los 15 años.

Control de sus víctimas

Durante el juicio los testigos explicaron como el músico controlaba la vida de sus víctimas, monitoreando cada uno de sus movimientos en sus propiedades en Chicago y Atlanta e impidiéndoles tener contacto con el mundo exterior.

En general eran jóvenes con aspiraciones a tener una carrera musical.

En un reportaje de 2017 el medio digital Buzzfeed relataba que una mujer entrenaba a las recién llegadas en las prácticas sexuales preferidas de R Kelly.

“Las mujeres que vivían con Kelly estaban obligadas a llamarlo Daddy o Papito. Él las llamaba sus babies y debían pedir permiso si quieren salir a la calle”, señalaba Buzzfeed.

Kelly controlaba además la ropa vestían las jóvenes y confiscaba sus celulares. Si desobedecían, eran castigadas física y verbalmente.

Casos previos

No era la primera vez que R Kelly se ve involucrado en un escándalo de abuso sexual.

Numerosas acusaciones en el pasado se relacionaron con adolescentes.

En 1994, cuando R Kelly tenía 27 años, se casó con Aaliyah, entonces una gran promesa del R&B.

Poco después el matrimonio fue anulado cuando se demostró que Aaliyah no tenía 18 años como señalaban sus documentos falsos. La cantante tenía sólo 15 años.

R Kelly llegó además a acuerdos extrajudiciales con numerosas demandantes.

Una de ellas fue Tiffany Kawkins, que alegó haber sufrido “abuso emocional y físico” durante una relación de tres años con el músico que comenzó cuando él tenía 24 años y ella 15.

Otra joven, Tracy Sampson, demandó al artista por “inducirla en una relación sexual indecente cuando tenía 17 años”.

Acusado por la policía

En 2002, Kelly fue acusado formalmente por la policía de Chicago de crear y poseer pornografía infantil.

Se presentaron más de 10 cargos en relación con las grabaciones, que incluían imágenes de penetración, sexo oral y otros actos.

La policía acusó al músico de filmar cada uno de esos actos con una adolescente.

El caso llegó a la justicia luego de seis años, pero el jurado concluyó que no podía probarse en forma categórica que la joven en el video era menor.

Todos los cargos fueron retirados y R Kelly fue declarado no culpable.

*Este artículo se publicó originalmente en 2017 y fue actualizado con la noticia del veredicto del juicio contra R Kelly.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

• Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

Un tribunal federal sentenció el sábado a Juan Carlos Moreno, alias “el Larry”, a 50 años de prisión tras considerar que fue el coautor material del homicidio ocurrido el 23 de marzo de 2017.

Ese día, la periodista de 54 años se encontraba en su auto preparándose para llevar a uno de sus hijos a la escuela cuando le dispararon 8 veces en norteño estado de Chihuahua. Su hijo, que estaba en el vehículo, resultó ileso.

• Miroslava Breach, la periodista “incómoda” asesinada en México cuando llevaba a su hijo a la escuela

Breach, que cubría temas de narcotráfico, era corresponsal del diario capitalino La Jornada, colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez.

Durante la sentencia, el juez federal Néstor Pedraza Sotelo consideró que Breach fue asesinada por sus trabajos en los que denunció actividades del grupo criminal Los Salazar, que ha sido vinculado al Cartel de Sinaloa.

Medios mexicanos y organizaciones de derechos humanos calificaron de “histórica” y “emblemática” la sentencia por tratarse el primer juicio por homicidio de una mujer periodista litigado en instancias federales con una sentencia condenatoria”.

“Constituye un referente para los cientos de casos de periodistas asesinados que aún siguen en impunidad. La resolución judicial ha sido emblemática”, indicó la ONG Propuesta Cívica.

El diario La Jornada, para el que trabajaba Breach, aunque celebró la sentencia, señaló que Moreno no era el único responsable de la muerte de la reportera.

“El sicario pagará con 50 años, pero los verdaderos criminales aún andan sueltos“, consideró el periódico.

La sentencia

De acuerdo con Propuesta Cívica, uno de los elementos más importantes de la sentencia fue el hecho de que el juez reconociera la vinculación del asesinato con la labor periodística de Breach y que se logró identificar a un autor intelectual del crimen, un líder de un grupo criminal con nexos políticos.

“Testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual gobierno local en el crimen – un eslabón pendiente en esta investigación”, consideró la organización.

Según informes de organizaciones civiles, alrededor del 90% de los ataques contra periodistas en el país quedan sin resolver.

Cuatro periodistas han sido asesinados este año, según cifras de Reporteros sin Fronteras, que describe a México como “uno de los países más mortíferos del mundo para los medios”.

“La confabulación entre funcionarios y el crimen organizado representa una grave amenaza para la seguridad de los periodistas y paraliza el sistema judicial en todos los niveles”, indica la organización.

Quién era Misrolava Breach

Miroslava Breach era una de las comunicadoras más incisivas de Chihuahua.

Muchas de sus publicaciones se referían a casos de corrupción política, abusos de derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y violencia de carteles de narcotráfico.

Por su desempeño había recibido amenazas, e incluso el gobierno local reveló que poco antes de su muerte “había sido molestada”, aunque no informó de ello a las autoridades.

Breach tenía más de 30 años de carrera, realizada casi toda en Chihuahua, aunque empezó su trabajo en un diario de Baja California Sur, en el noroeste del país.

Tras un problema personal decidió regresar al estado, donde colaboró con varios medios locales.

A partir de 1997 fue contratada como corresponsal del periódico La Jornada, donde solía publicar los frecuentes abusos contra las comunidades de la etnia Rarámuri, conocida como Tarahumara.

Uno de los temas frecuentes de sus despachos era la tala ilegal de los bosques de las comunidades indígenas, así como los asesinatos de sus líderes y defensores.

Durante la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), la periodista documentó la creciente violencia en la región.

Lee también:

Los dos hombres serían los responsables del crimen contra Cindy Pérez, quien además fue carbonizada

Pese a que varios testigos no quisieron declarar por temor, el juez presidente del tribunal, Werner Sac, dijo que la principal prueba fue la declaración de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que encontraron a Quijivix junto al cadáver de su madre quien tenía varias heridas hechas por un arma blanca.

El hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2018 en una vivienda de Pacajá, en la zona 10 de Quetzaltenango.

Según lo informado por los agentes de la PNC, ellos respondieron al llamado de uno de los vecinos quien denunció haber escuchado gritos de auxilio de una mujer.

Al momento de llegar, encontraron a Quijivix con una navaja en la mano y al lado del cuerpo de su madre, que estaba parcialmente quemada.

El juez estableció que el acusado trataba de evadir la justicia al querer deshacerse del cuerpo de Velásquez Sum.

#JusticiaXela l Melvin Quijivix Velásquez, de 27 años, fue condenado por la muerte de su madre, el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango le impuso 30 años de prisión por Femicidio. Atacó a su víctima con arma blanca. pic.twitter.com/saiPuKn9gN

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) March 9, 2020

En los exámenes forenses que se realizaron después se encontraron marcas de sangre en varios ambientes de la vivienda y ropa de Quijivix con la sangre de su víctima.

La defensa quiso justificar el actuar del hombre de 28 años aduciendo que es un drogadicto “consuetudinario” con un posible “trastorno mental transitorio”.

Pero esto fue rechazado por el Tribunal, dándole valor probatorio a la declaración de algunos testigos que dijeron que la madre de Quijivix era víctima constante de las agresiones de su hijo y que, en varias ocasiones, vieron cómo éste armaba escándalos dentro de la casa.

Velásquez trabajó como monitora en la Secretaria de Bienestar Social (SBS) desde el 2008 y antes de su muerte había recibido recibido un aproximado de Q40 mil por 10 meses de jubilación.

LE PUEDE INTERESAR:

Marco Pappa es condenado a 5 años conmutables por el delito de violencia contra la mujer

Después de la condena de Pappa Ponce, el Ministerio Público (MP) informó que apelaría la conmuta impuesta al jugador, acción que tomarían basándose en el artículo 51 del Código Penal, el cual establece los casos en que no se puede otorgar este beneficio.

La condena resuelta por el juez Yubini Mérida, del Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, se llevó a cabo por medio de un procedimiento abreviado, solicitado por ambas partes, ya que la victima perdonó al jugador.

En la audiencia, el fiscal Braulio Rodríguez, quien en mayo del 2019 fue absuelto por los delitos de simulación de delito y obstaculización a la acción penal, solicitó al juez una condena para el deportista de 5 años conmutables por Q5 diarios, en ese momento el fiscal no informó al juzgador que esta sería la segunda condena de Pappa.

Aunque la sentencia fue de acuerdo a lo solicitado por el fiscal, Julia Barrera, vocera del MP, indicó que no hay impedimento legal para que se apele la resolución. “El MP presentará la apelación, ya corresponderá al órgano jurisdiccional la resolución”, afirmó.

De acuerdo con la fiscalía la agresión se registró en una vivienda de la zona 3 de Xela el 21 de enero de 2019, cuando la víctima intentó impedir que el jugador saliera a la calle en estado de ebriedad.

Pappa golpeo a su conviviente, hecho que quedó probado por la declaración que la agraviada rindió en el MP, así como por fotografías y dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de la condena obtenida recientemente, en el 2018 Pappa también fue condenado en Guatemala por otro hecho de violencia contra la mujer, esto lo convierte en un delincuente reincidente.

Lea además: Pappa se declara culpable de haber agredido a su exnovia Francesca Kennedy

El artículo 51 del Código Penal establece que la conmuta no se otorgará: a los reincidentes y delincuentes habituales, a los condenados por hurto y robo, además de cuando lo prescriban otras leyes.

La norma también resalta que no se dará la conmuta cuando apreciadas las condiciones personales del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca, a juicio del juez, su peligrosidad social.

Advertencia

El día que se realizó la condena en contra de Pappa, el juez Mérida le advirtió, que de ser identificada una condena anterior no podría pagar para evadir la prisión y tendría que ir a la cárcel.

“Yo no sé si usted fue condenado en ese proceso y si la condena fue ejecutoriada, pero como tengo una constancia de que no tiene antecedentes penales le voy a dar el beneficio de conmutar la pena, salvo que en el juzgado de Ejecución tenga información pertinente y resuelvan que no le asiste. Si revocan esto, por otra sentencia y es reincidente, será cuestión aparte”, dijo Mérida.

#JusticiaXela l Juez condena a 5 años conmutables por Q5 diarios al futbolista Marco Pappa, culpable de violencia contra la mujer, el caso se resolvió por medio de un procedimiento abreviado. pic.twitter.com/wxcQ54VqAU

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 7, 2020

Contenido relacionado

Futbolista Marco Pappa queda ligado a proceso por violencia contra la mujer

Juez ordena a futbolista acudir a terapia y pagar Q5 mil para no estar en prisión

¿Verdadero o falso? Marco Pappa tirado en una banqueta de Antigua Guatemala

No deje de leer:

Director del SP designado anuncia cambios en todas las cárceles del país a partir de enero

El Ministerio Público (MP) acusa a Meda por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Además, aducen que el joven se encontraba “consciente” cuando atropelló a los estudiantes.

El juez del tribunal concedió la última palabra a Meda, quien en tres minutos pidió “perdón” y “misericordia”. Aunque Meda insistió en que el MP no logró demostrar al tribunal que quiso “hacer daño a alguien”.

Con nerviosismo, Meda dijo: “Quiero decirle honorable juzgador que jamás existió intención en mi corazón de querer causarle el daño a nadie. Yo sé que lo que sucedió es algo irreparable, pero puedo entender y comprender que jamás fue mi intención de que salieran lesionados -los estudiantes-, mucho menos la hoy fallecida Brenda. Aprovecho este medio; pido perdón público por los daños que causé, aun así, no siendo mi intención”.

Meda en su última declaración previo a que se dicte sentencia, apeló a la espiritualidad y mencionó: “doy gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente dirigirme hacia ustedes. En este momento llamo a Dios por testigo quien me ha dado la vida de 28 años y le digo de corazón, de lo cual hoy se me está acusando; jamás existió en mi corazón la intención de querer causar daño y mucho menos lesiones a las personas que fueron afectadas”.

El joven acusado imploró: “Le suplico que usted pueda tener misericordia y conceder mi libertad, para estar nuevamente con mi familia, porque lo que hoy estoy viviendo no se lo deseo a nadie”.

Además, Meda remarcó ante las críticas que ha recibido que “desde afuera es muy fácil juzgar y decir qué fue lo que sucedió y todos conducimos un vehículo” e insistió en que no planificó atropellar a los estudiantes.

La fiscalía pidió 30 años de cárcel por la muerte de la estudiante Brenda Domínguez, 20 años por las lesiones a otra adolescente y 40 años más por lesiones a otros cuatro estudiantes -10 años por cada uno-.

Meda dijo con anterioridad que ese día, cuando los estudiantes bloqueaban el paso en la Calzada San Juan, iba a su trabajo en un centro de llamadas, al que llegaría tarde si no pasaba pronto ese tramo.

Sin embargo, luego de atropellar a las estudiantes, Meda se dio a la fuga. Después de los hechos, también se involucró a la Interpol para intentar ubicarlo.

Contenido relacionado:

Por estos posibles delitos la Feci presenta solicitud de retiro de antejuicio contra dos jueces y un diputado

“No mandaba, no podía meterme al Triángulo Ixil”: Mendoza García, jefe de Operaciones del Ejército en el gobierno de Ríos Montt

CC ordena a Cámara Civil un nuevo fallo por demanda de Guatemala contra APM Terminales Quetzal

LEA ADEMÁS:

Hombre fue sentenciado a 40 años por matar a guatemalteca en Estados Unidos

Las penas impuestas van desde 12 hasta 93 años, la condena mayor fue para Morales, líder de la banda, quien escuchó la resolución de los jueces por medio de una videoconferencia, ya que se encuentra recluido en Fraijanes II y es un reo de “alta peligrosidad”, incluso se ha fugado en dos ocasiones.

Los integrantes del tribunal indicaron que la sentencia fue por unanimidad, la lectura de la resolución la realizó la jueza Andrea Citalán, quien detalló a los delincuentes las sanciones impuestas.

Los Hechos

En febrero de 2017 el empresario Víctor Danilo Aragón Solórzano fue víctima de un secuestro, a sus familiares se les exigió Q700 mil para no matarlo, la familia de la víctima y los secuestradores acordaron un pago de Q16 mil, el cual se realizó.

Después de entregar el dinero, la familia esperaba ver de nuevo con vida al empresario, lo que no ocurrió, su cuerpo fue localizado en Olintepeque, Quetzaltenango.

La víctima se comunicó por última vez el 4 de febrero del 2017, cuando se dirigía a la casa de una de las mujeres implicadas en el crimen, Alicia Pérez, alias “Yulisa”.

De acuerdo con la fiscalía, el crimen habría sido planificado desde la cárcel por el líder de la estructura criminal y Gómez, quienes se encontraban recluidos en la Granja Penal Cantel.

Le puede interesar: Estudio revelará qué microbios se han hecho resistentes a los antibióticos en el occidente

Además de este hecho, la fiscalía también los acusó del intentó de un secuestro en Izabal, la planificación de un robo en La Esperanza, Quetzaltenango y un ataque armado en Escuintla, este hecho estaba relacionado con una extorsión.

La jueza Citalán explicó que los abogados defensores cuestionaron el método utilizado por los investigadores y peritos para la individualización e identificación de los acusados, principalmente en las escuchas telefónicas, la inconformidad fue por la ausencia de una corroboración de voces a través de la prueba científica.

“Circunstancia que al tribunal le parece que pudo haber sido presentada de mejor manera, o más técnica, sin embargo la forma utilizada fue suficiente y convincente para determinar tal identificación de acusados y acusadas”, indicó.

Ocho de los condenados se encuentran en prisión, excepto Christian Antonio Peña, quien goza de medida sustitutiva, de acuerdo con el tribunal la situación de los sindicados continuará de la misma forma hasta que la sentencia quede firme.

Las penas y los delitos

Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alías Rigorrico : plagio o secuestro, asesinato, extorsión en grado de tentativa, conspiración para el secuestro, conspiración para cometer robo agravado y asociación ilícita, 93 años.

Brian Eduardo Sacan Contreras : plagio o secuestro, asesinato, extorsión en grado de tentativa, conspiración para el secuestro, conspiración para cometer robo agravado y asociación ilícita, 91 años.

Alberto Gómez de León: secuestro, asesinato, conspiración para el secuestro y asociación ilícita, 81 años.

Sergio Geovanny Suchité: secuestro, asesinato, conspiración para el secuestro y asociación ilícita, 37 años.

Alicia Abigail Pérez Castillo: secuestro y asociación ilícita, 31 años.

Christian Antonio Peña: conspiración para el secuestro, 25 años.

Sandra Leiva Morales: conspiración para el secuestro, 20 años.

Herber Estrada Molina: conspiración para cometer robo agravado y asociación ilícita, 12 años

Peter Cristian Ixpertay: conspiración para cometer robo agravado y asociación ilícita, 12 años.

Quién es Rigorrico

En 1997 Rigoberto Antonio Morales Barrientos tenía una orden de captura por integrar la banda de asaltantes “los Nicas”, cuyos integrantes fueron condenados a 12 años de prisión, entre ellos estaba su hermano Víctor Manuel Morales Barrientos.

En agosto de 1997 Rigorrico creó la banda Agosto Negro, conformada por asaltabancos y secuestradores, la estructura causó zozobra en el suroccidente del país.

Agosto Negro se hizo popular por el robo de Q1 millón a una agencia bancaria en Quetzaltenango, así como por el secuestro y asesinato de Danita González Plank, hija del médico Daniel González, quien buscó la vicepresidencia de la República con el desaparecido Partido Libertador Progresista.

En enero de 1998 se logró la captura de Morales Barrientos junto a seis cómplices, señalados por el caso de González Plank.

Cuatro meses después de su captura, el jefe de Agosto Negro y 16 reos más se fugaron de la cárcel preventiva de Quetzaltenango, Morales Barrientos fue recapturado en octubre de 1998, en Izabal, lugar donde había secuestrado a un empresario.

En 1999 Rigorrico fue condenado a 30 años, en el 2001 de nuevo se fugó, esta vez junto con 77 reos de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, Escuintla. Fue recapturado en septiembre de ese mismo año en Mixco.

En noviembre del 2001, Morales Barrientos fue condenado a 50 años de prisión por secuestro.

En el 2006, logró su traslado a la Granja Penal Cantel donde guardaban prisión sus primeros cómplices de Agosto Negro y dos de sus hermanos. En esa prisión creó una red de extorsionistas que incluso operó en otros países.

Rigorrico ha sido vinculado a otras bandas delictivas como Los Delfines y El Niño.

Contenido relacionado

Condenado a 54 años por violar tres veces a una niña

Implicados en extorsiones a transportistas reciben penas de uno a cincuenta y seis años

Condenado a 75 años por agredir sexualmente a tres niñas

LEA ADEMÁS:

Condenado a 54 años por violar tres veces a una niña

De acuerdo con la fiscalía la estructura criminal exigió dinero a transportistas a cambio de no matar a los pilotos, las victimas de San Marcos y Quetzaltenango pagaron más de Q500 mil a los delincuentes.

En la mayoría de ocasiones el dinero se entregó por medio de depósitos y algunas veces en efectivo, la investigación señaló que algunas acciones criminales de los condenados fueron dirigidas desde la Granja Penal Cantel, lugar donde se encontraban recluidos integrantes de la estructura criminal.

Por unanimidad los jueces resolvieron condenar a 32 de los implicados, la pena más alta fue impuesta a Donald Castro Coronado, Giovanni Pérez y Luis Fernando Arrollo, quienes fueron sancionados a 56 años de prisión.

Los jueces ordenaron la libertad de Karla Roldan y Floridalma Gómez, las dos mujeres declaradas inocentes, la resolución del tribunal también estableció que los condenados a un año de cárcel debían recobrar su libertad, ya que con la prisión preventiva cumplieron su condena, pero advirtieron que si tenían otro proceso debían seguir detenidos.

Los trece transportistas, víctimas de la estructura criminal, habrían sufrido amenazas para hacer pagos entre el 2017 y 2018.

Le puede interesar: Conozca la ubicación de diez biciparqueos que hay en Xela

Melvin Cabrera Molina, uno de los condenados, delinquió desde la Granja Penal Cantel, lugar donde se encontraba porque en el 2014 fue condenado a ocho años de prisión por la portación ilegal de un arma.

Castro Coronado, condenado a 56 años, también ayudó al grupo desde la Granja Penal Cantel, donde cumplía otra sentencia de 25 años por un asesinato en la zona 7 de Xela.

Las víctimas, de San Marcos y Quetzaltenango,  hicieron pagos de Q600 a Q15 mil a cambio de que sus unidades circularan sin sufrir ataques armados.

La sentencia

Contenido relacionado

Colaborador eficaz del caso por corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango hizo varias aseveraciones

La venta de drogas es uno de los delitos que más preocupa a los vecinos de Xela

Capturan en iglesia a falso monje cuando se disponía a recoger dinero de extorsión

Guzmán, de 62 años, fue declarado culpable en febrero de los 10 cargos que enfrentaba en su juicio, considerado el mayor de la historia de EE.UU. por narcotráfico.

• Declaran culpable a “El Chapo” Guzman en el mayor juicio por narcotráfico en la historia de EE.UU.
• 3 pruebas y testimonios cruciales para que “El Chapo” Guzmán fuera declarado culpable en su colosal juicio en Nueva York

Antes de conocerse la sentencia, “El Chapo” habló ante la corte y describió el confinamiento en Estados Unidos al que ha estado sometido durante el proceso como una “tortura, mental, emocional y psicológica 24 horas al día”, informó la agencia Reuters.

Para Guzmán, que libró sangrientas guerras con enemigos y ganó notoriedad tras dos escapes de prisiones de máxima seguridad en México, la sentencia confirma su caída definitiva de la cima del narcotráfico.

“El Chapo” ahora aguardará su probable traslado a una prisión federal de máxima seguridad en EE.UU. donde pasaría el resto de sus días.

Más información en breve

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

https://www.youtube.com/watch?v=HgJYOwiWtec

https://www.youtube.com/watch?v=8CSZJ19jYrc

LEA ADEMÁS:

Casa tres horas una niña se convierte en madre producto de una violación

El Ministerio Público (MP) comprobó que el padre abusó de las niñas a quien en un principio les habría tapado el rostro mientras las agredía.

Además de la condena de prisión, la jueza le impuso una reparación digna para las víctimas de Q63 mil.

En el proceso cambien intervino la Procuraduría General de la Nación (PGN), además se contaba con pruebas psicológicas realizadas a las víctimas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), estas ayudaron a determinar quién había violado a las niñas.

El MP también aportó otras pruebas como exámenes médicos realizados a las agraviadas. El violador fue capturado en San Miguel Siguilá, Quetzaltenango, municipio donde el condenado trabajó como bombero.

Le puede interesar: Cada 107 minutos, una menor sufre agresión sexual o física en Guatemala

La fiscalía estableció que el condenado aprovechaba cuando no estaba presente la madre de las menores para cometer el delito.

Que los agresores sientan temor

Juana García, coordinadora del programa Rise Up Levantemos, aseguró que estas condenas son importantes para que los agresores de menores de edad conozcan que hay justicia y pueden ser condenados, que sepan que el sector justicia “les cree” a los niños y niñas, además de investigar los casos.

Agregó que es importante que las agresiones en contra de niños se denuncien. “Lamentamos que se den estos casos y que sucedan en el entorno donde tendría que ser de cuidado, que el hogar de niños y niñas se convierta en un peligro y desprotección, todas las acciones de violencia en contra de los menores de edad son indignantes pero la peor es la sexual”.

García recomendó a las madres de familia y personas que conviven con niños, estar “alertas” y no “omitir” cualquier indicio. “A veces los niños hablan, pero no les hacemos caso, no estamos pendiente de lo que dicen y no investigamos, debemos observar cuando tienen golpes o lesiones. También debemos ser desconfiadas y no dejar a las niñas y a los niños solos con tíos, padrastros, primos, padres, abuelos, vecinos”, afirmó.

Otras condenas de este mes por violación

Erick Giovanni Morales Díaz fue condenado a 85 años y cuatro meses por los delitos de plagio o secuestro, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación y violación a la intimidad sexual, las víctimas eran dos niñas de 9 y 12 años. Morales fue capturado en el 2017.

Otra de las condenas emitidas en mayo de este año por casos de agresión sexual fue en contra de Cristian Jonatan Méndez Ralón, quien cometió los delitos de agresión sexual con agravación de la pena y violación con agravación de la pena, por los cuales purgará una condena de 51 años.

En el caso de Max Catarino Joaquín  Monroy su sentencia fue de 21 años y una reparación víctima de Q10 mil para la víctima, en este caso la niña agredida era de 5 años. Estas tres sentencias fueron en el departamento de Guatemala.

Contenido relacionado

Condenado abusó de su hija y procreó una niña a la que también violó

Sueño truncado por una violación

El caso es uno de los más bochornosos, el conocido como Lago de Amatitlán, en el cual la exvicepresidenta Baldetti promocionó una solución mágica para acabar con la contaminación en pocas semanas. Obviamente resultó ser un fiasco, pues los análisis determinaron que era una mezcla de diversos componentes, que incluso pudieron ser nocivos si tal pócima se hubiera aplicado.

Son muchos los casos por los que están encausados numerosos exfuncionarios del gobierno de los patriotistas, aglutinados en un remedo de organización política que quedó muy lejos de cualquier principio ideológico y de aplicación metódica o de fundamentos económicos para la conducción del Estado.

La sentencia contra varios implicados en este fraude constituye un mensaje esperanzador en el combate de la corrupción y abre la puerta a otras condenas contra quienes llegaron al gobierno con el objetivo de participar en el pillaje más grotesco y muchas veces criminal por el empleo irresponsable de dineros del Estado, aunque ello significara la muerte de muchos guatemaltecos.

Ahora queda más claro que con el gobierno del Partido Patriota la corrupción llegó a insospechados niveles de descaro, lo que permitió conocer el profundo alcance de lo que significa la cooptación del Estado y que además explica por qué tantos funcionarios de ese régimen están involucrados en más de una investigación por corrupción.

Por los recursos a su alcance, Baldetti seguramente recurrirá al fallo y transcurrirá un tiempo más para que se convierta en el primer castigo firme contra la corrupción. Los cargos describen el generalizado abuso de poder: asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude por casi 138 millones de quetzales, cuyos recursos pagados a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Limited terminaron en cuentas de exfuncionarios y de particulares, según investigaciones del MP y de la Cicig.

Desde cuando Baldetti recorrió el Lago de Amatitlán en marzo del 2015, solo ella y sus adláteres creyeron la farsa que habían montado para estafar a los guatemaltecos, pues de inmediato surgieron numerosas voces para refutar tal posibilidad e incluso un grupo de científicos se pronunció de manera enfática en rechazo de que se continuara adelante con un acto a todas luces fraudulento.

Ese espectáculo consolidó la percepción popular sobre el descaro y los beneficios perversos de Baldetti y un grupo de cómplices, entre ellos su hermano Mario. A la exvicemandataria le espera un largo tiempo bajo la sombra, pues enfrenta también cargos por defraudación fiscal en el caso La Línea; lavado de dinero en Cooptación del Estado y al final de estos procesos la espera una solicitud de extradición pedida por Estados Unidos para procesarla por asociación delictuosa y tráfico de drogas.

Ahora, luego de muchos meses de toda clase de artilugios legales para atrasar el proceso, la sentencia puede ser calificada de muy poca o exagerada, según quien la comente y considere. El caso resulta importante porque, por primera vez en Guatemala, una persona ocupante de un cargo tan alto como la vicepresidencia de la República ha sido condenada por casos de corrupción y de abuso de poder. En el caso personal de Baldetti, la fuerte posibilidad de ser hallada culpable de las demás acusaciones, así como la extradición solicitada por Estados Unidos al final de las sentencias en Guatemala, de hecho la colocan en una cadena perpetua. Triste final para quien se hundió en la codicia a consecuencia de haberse convencido de la permanencia de la impunidad.

Quienes fueron funcionarios o participantes en acciones en directivas de entidades estatales tienen razón de estar asustados. Las nuevas bases del accionar de la justicia señalan los efectos de la responsabilidad, no solo de la culpabilidad de las acciones ilícitas. Lo ocurrido a la exvicepresidenta no sería motivo de sorpresa en cualquier democracia occidental europea, por ejemplo, pero en un país como Guatemala resulta un parteaguas, una diferencia entre un antes y un después. Indudablemente, la aplicación de la ley debe ser pareja, para de esa manera retirar la crítica basada en la selectividad. Para evitar esta percepción, los casos relacionados con diversos grupos sociales, políticos o económicos deben ser juzgados de manera general y sin excepciones.

La condena en cierta manera hace recuperar siquiera en algo la confianza popular en el sistema de justicia guatemalteco. Resistió el empleo de todas las trabas escondidas en los artículos legales, pero solo pudo atrasar una sentencia imposible de detener. Los conocedores del Derecho señalan a estos atrasos como un mal aceptable porque al final la justicia se tarda y llega. Pero los ciudadanos comunes y corrientes tienen la tendencia a considerarlos maniobras tendenciosas y malintencionadas a causa de su efecto de alargar el tiempo de los procesos. Por esa causa, me parece conveniente una explicación simple a los ciudadanos, a fin de hacerlos conocer el sistema legal del país.

A los jueces es conveniente aconsejarlos de acelerar en lo posible el tiempo de los procesos, buscando erradicar la natural impaciencia de todos: acusados, acusadores y público. El sistema debe castigar al retardo malicioso, causante de tantos casos abandonados por las víctimas, imposibilitadas de mantener el costo de las acciones legales, y hacer cambios a fin de impedir cualquier elemento legal causante de atrasos. Finalmente, la condena a Baldetti era lo esperado y lo merecido. Lo importante es el mensaje básico: la época del ejercicio del gobierno como fuente de pillaje ya terminó. Con algo se debe empezar y por ello señalar justicia selectiva porque no se realizan todos los juicios al mismo tiempo constituye en realidad una prueba de desconocimiento de la realidad nacional.

Lea también

Las frases más recordadas de Roxana Baldetti

Caso La Línea

El caso Lago de Amatitlán fue el segundo proceso en el que fue señalada la exvicemandataria y en el que ya fue condenada. El primer proceso en su contra fue el caso de defraudación tributaria La Línea, en donde era conocida como la 2 o la mera mera y por el cual tuvo que renunciar al cargo en mayo del 2015 y luego capturada en agosto de ese mismo año.

En el proceso La Línea, Baldetti está acusada por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. El 27 de octubre del 2017 fue enviada a juicio. Sin embargo, la audiencia de ofrecimiento de prueba está suspendido por las recusaciones que la exvicepresidenta ha hecho en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

Lea también: Congresistas de EE. UU. piden suspender entrega de equipo militar a Guatemala

Aunque, Baldetti ya fue condenada por asociación ilícita, este delito tiene una pena de prisión de 6 a 8 años; la defraudación aduanera, de 7 a 10 años y por cohecho pasivo prisión de 1 a 5 años.

Cooptación del Estado

Las investigaciones y documentos hallados en otros procesos develaron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti.

En este proceso la exvicemandataria está señalada de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Este proceso penal empezó luego de revelarse una serie de soborno para adjudicar el usufructo oneroso denominado Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Los delitos de enriquecimiento ilícito tienen una sanción de cinco a 10 años de prisión y una multa de Q50 mil a Q500 mil e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos. Mientras que lavado de dinero tiene una sanción de seis a 20 años de prisión.

RIC: una caja de pagos

Siguiendo las investigaciones que se han despendido de otros procesos penales, se estableció la cooptación del Registro de Información Catastral (RIC) por parte de funcionarios directivos de la institución, vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti durante los años 2012-2015, mediante la creación de un conjunto de plazas fantasmas que eran usadas como “moneda de pago” para cumplir con favores políticos o bien sufragar gastos varios.

Lea también

Congreso cambia horarios de sesiones ordinarias

Extradición a EE. UU.

Luego que finalicen los procesos penales en contra de Baldetti, la exvicepresidenta podrá ser extraditada a Estados Unidos, país que la requiere por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.

Estados Unidos solicitó a Guatemala la extradición de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la cual fue autorizada luego que Baldetti se allanara y aceptara ser enviada a ese país. La exvicepresidenta es requerida por el Distrito de Columbia de EE. UU.

Recursos posibles

El abogado penalista, Mario Castañeda y quien defiende a varios procesados en casos de alto riesgo indicó que la exvicepresidenta puede apelar la resolución y si la misma es ratificada, se puede ir a casación, este procedimiento lo conoce la Corte Suprema de Justicia y de ser negativa, podría presentar un amparo en la Corte de Constitucionalidad.

Lea también: Informe pesquisidor de Jimmy Morales podría llegar antes de tiempo al Pleno

El abogado defensor de Baldetti, Ludwin Alamilla Rivera indicó que van a apelar la sentencia emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo C integrado por Pablo Xitumul, Eva Recinos y Elvis Hernández.

Castañeda considera que el cómputo del tiempo de condena se tomará desde el momento que fue Baldetti ligada a proceso penal por el caso Agua Mágica, que fue el 11 de marzo del 2016 en un juzgado de Villa Nueva. Pero lo que lleva Baldetti de estar en prisión serán descontados en el proceso de La Línea.

Contenido relacionado

> Esto es lo que se sabe del Jeep J8 captado en la Usac
> Cancillería solo ha renovado 11 de 42 visas de la Cicig
> EE. UU. cancela visa a Martha Lucía Zamora, investigada por salida de exjefes de FARC

LE PUEDE INTERESAR:

Esto pagó de fianza un coronel vinculado con la Mara Salvatrucha para obtener su libertad

En un comunicado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo que analizaban apelar la absolución de Alvarado López, de quien la jueza indicó que “su conducta aunque fue antiética no constituía un delito, pese a tener comunicaciones con Imeri Díaz”. 

En el texto, la Cicig también informó que la juzgadora “dio valor probatorio a algunos medios de prueba (base de la sentencia), entre los que se incluyen: interceptaciones telefónicas, prueba documental y testimonial”.

El próximo 11 de julio, las partes procesales escucharán la lectura íntegra de la sentencia.

El caso

Según las pesquisas, el 9 de octubre del 2014, el Ministerio Público (MP) y la Cicig determinaron que Santiago de León se alió con Díaz y Alvarado para ofrecerle a una empresa, condenada al pago de Q93 millones, la reducción de la sanción si pagaba una comisión de hasta Q10 millones.

En febrero de 2015, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que existían suficientes pruebas de la participación del magistrado en el hecho y le retiró la inmunidad para que puediera ser investigado. 

Cuando ocurrieron los hechos, Santiago de León era vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Civil y fue detenido el 22 de septiembre del 2015, cuando presidía la Sala Regional Mixta de Apelaciones Civil de Quiché. 

De acuerdo con las investigaciones, una disputa legal por el uso de una frase –slogan–, habría provocado que una empresa fuera demandada por otra compañía, y De León ofrecía a cambio de una comisión fallar a favor de una de las partes.

El caso fue denunciado por la firma afectada el 25 de septiembre de 2014.

Contenido relacionado

> Con estos motivos Baldetti y Stalling consiguieron postergar sus audiencias

> Líquido para limpiar Lago de Amatitlán no tenía ningún registro

> Cicig pide continuar ante el “descomunal” reto que afronta

Lea además

Cinco muertos y un sospechoso detenido deja balacera en periódico de EE. UU.

Prohibido el aborto en todas las circunstancias

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.

Lea además, El papa Francisco consideró el aborto como un “homicidio de niños”

En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal.
No obstante, entidades que promueven la despenalización del aborto han señalado que esta iniciativa tiene pocas probabilidades de avanzar, dado que la derecha (en contra de esta propuesta) obtuvo la mayoría de los escaños del Congreso en las elecciones del marzo pasado.

Por si se lo perdió: “Mi madre pensó que me había abortado pero sobreviví”

El 5 de febrero último, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una “moratoria” para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado. 

Contenido relacionado:

>¿Cuál fue el primer país del mundo en legalizar el aborto y por qué lo hizo?
>Los 5 países en los que el aborto está completamente prohibido

LE PUEDE INTERESAR:

Esto es lo que reveló uno de los fundadores del Barrio 18

El Tribunal “C”, es el que recientemente acaba de condenar a cuatro militares en situación de retiro por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y la violación de su hermana Emma Guadalupe.

Las diligencias se desarrollan por medio de videoconferencia, por seguridad de los jueces, debido a que el 28 de julio del 2015 cuando fue trasladado Ochoa Mejía por última vez a Torre de Tribunales se registró una balacera que dejó a tres reos heridos.

En esta ocasión el Tribunal no lo preside Pablo Xitumul, por inhibitoria debido a que el Lobo ya fue condenado por otras muertes y en esa sentencia participó Xitumul.

Lea también: Pandilleros capturados usaban a menores para efectuar ataques armados

El extenso expediente contiene mil 163 documentos que detallan cada asesinato y conspiración.

Las víctimas son pilotos de autobuses urbanos y extraurbanos, dueños de negocios y propietarios de viviendas que fueron apropiadas para hacer reuniones y planificar extorsiones.

En este proceso son acusados del intento de asesinato del director del Sistema Penitenciario de 2011, Eddy Morales, hecho que ocurrió el 9 de febrero de ese año.

Durante el juicio declararon, 78 peritos, 243 testigos y además existen 231 pruebas materiales como prendas, armas y municiones, escuchas telefónicas y videos que sustentan la investigación del Ministerio Público.

Delata a pandilleros

Érick Contreras, alias el Abuelo, se convirtió en colaborador eficaz, por lo que declaró en contra de 23 pandilleros de la Rueda del Barrio, una especie de consejo que dirige al Barrio 18 en Guatemala.

Contreras llegó a la Torre de Tribunales, y su vida corre peligro luego de haber decidido que apoyaría al Ministerio Público en la acusación, por lo que el Sistema Penitenciario desplegó un amplio cordón de seguridad, tanto en el traslado como en la misma sala donde se desarrolló la audiencia.

El Abuelo, durante la declaración, aportó detalles del financiamiento de la pandilla, a través de las extorsiones, así como en qué invierten esos recursos.

“Tanto aquí adentro como allá afuera se recibía ese dinero –extorsiones-. Se invierte en armas, carros, casas, para lavar el dinero, incluso se paga a gente para que mate a otras personas, porque a veces ellos no quieren”, dijo. 

Los acusados

1. Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo
2. Carlos Agustín Reyes Popol, alias Jocker, Bufón y Charly
3. Rudy Francisco Alfaro Orozco, Smurf
4. Edwin René Ramírez Iboy y/o Edwin René Iboy Ramírez, Crosty
5. Luis Humberto García Díaz y/o Fredy Antoni, Viejo Strong
6. Rudy Augusto Ortiz Morales, Smoking
7. José Luis Reanda Ramírez, Travieso
8.  Manuel de Jesús Rivas Granados, Drimer
9. Gerson Alexander Osorio Herrera, Ketchup
10. Emilio Chay Ramírez, Speedy
11. Eulogio Onelio Orozco Escobar, Spawn
12. Andy Vásquez García y/o Andy Santana García Vásquez y/o Andy Santana Díaz Florián, Satanás
13. Kilder Andany Ramos Aguilar y/o Kilder Ardani Ramos Aguilar y/o José Angel Aroldo Ramos Aguilar, Travieso
14. Robinson Raúl Díaz Hernández, Sleepyn
15. Edwin Roberto González Ortega, Syco
16. Byron Isaí Hernández Molina, Spayder
17. Daniel de Jesús Rodríguez Hernández, Happy
18. José Daniel Galindo Meda, Criminal
19. Byron Eduardo Fajardo Revolorio, Black Demon
20. Herbert Gregorio Churumía Marroquín, Smai
21. Wilder Rodríguez, Pato
22. Jorge Luis Ríos Rodríguez y/o José Francisco Grijalva Olivares y/o Rosendo González Mazariegos
23. Henry Estuardo Oliva

Contenido relacionado 

> Pandilleros capturados usaban a menores para efectuar ataques armados
> El Barrio 18 asesinó a Bernardo Licardi, asesor de Gobernación

Los delitos por los cuales fueron sentenciados los generales Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas, el coronel Francisco Gordillo y uno de los oficiales de más alto rango de la inteligencia militar, Ramiro Zaldaña, se inscriben en una oscura y larga época marcada por el generalizado abuso y excesos en los que incurrieron los dos bandos en conflicto, aunque los casos de mayor gravedad documentados recaen en integrantes del Ejército, porque actuaban en nombre del Estado, lo cual profundizó el irrespeto a los derechos humanos.

La trascendencia del caso hizo que incluso demorara más de 12 horas dar a conocer el fallo, unánime, y fue hasta ayer, pasadas las cuatro de la mañana, cuando el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, comunicara su resolución, advirtiendo de que se le daba cumplimiento a convenios nacionales e internacionales sobre la responsabilidad y las obligaciones del Estado y de los servidores públicos de actuar con estricto apego al respeto de los derechos humanos.

El caso es tan delicado que no solo la resolución de los juzgadores tuvo un atraso significativo, sino debieron transcurrir más de 36 años para que la familia Molina Theissen recibiera justicia, aunque todavía le acompañará la congoja de no saber dónde se encuentran los restos del joven, desaparecido en 1981.

Para el sistema de justicia es un buen paso, porque son hechos de enorme trascendencia, perpetrados en una de las épocas de mayor confrontación interna, y aunque no todos los sectores quedarán satisfechos, es un avance en el combate de la impunidad, y más cuando se trata de integrantes de una de las instituciones más importantes del Estado, como es el Ejército, algunos de cuyos integrantes jugaron entonces y juegan hoy, aunque por razones distintas, un vergonzoso papel en detrimento de la entidad.

Este fallo también debe ser visto como un avance en la independencia judicial, porque la trascendencia de condenas de esta naturaleza acrecientan la percepción de que el brazo de la justicia puede llegar a los más altos niveles del poder, sobre todo cuando se trata de delitos que no fenecen, como los de lesa humanidad.

Los militares hoy condenados son parte de una generación formada en circunstancias muy complejas. El adiestramiento contrainsurgente que recibieron algunos de ellos, principalmente de Estados Unidos y algunos países de Europa, ocurrió en medio de una confrontación mucho mayor entre las grandes potencias, lo cual aportó un ingrediente determinante en el generalizado cuadro de abusos que se dieron en varios países de Latinoamérica.

A criterio del Tribunal, los militares “se extralimitaron” en la doctrina de la lucha contrainsurgente y por eso es que la sentencia debe ser vista como un poderoso mensaje para que no se repitan abusos injustificables en el nombre del Estado.

LE PUEDE INTERESAR:

¿Una sangrienta guerra entre chimpancés documentada?

• Fiscalía de Brasil abre investigación contra Lula por tráfico de influencias

Lula, que dejó su cargo el 1 de enero de 2011 como uno de los políticos más populares del planeta, sigue teniendo grandes apoyos entre las clases más pobres por el éxito de los programas sociales de sus Gobiernos.
Las clases medias y altas, sin embargo, rechazan al ex líder obrero por los numerosos cargos de corrupción que se le imputan.
Lula es el acusado más conocido por el caso “Lava Jato“, un megaescándalo de corrupción que salpica a casi toda la clase política brasileña.
Lula está acusado en siete casos de “Lava Jato“. Moro, a cargo de los principales procesos del caso en su tribunal de Curitiba, lo condenó el año pasado por cargos de que aceptó de OAS la reforma de un apartamento a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con Petrobras.
La petrolera estatal está en el centro de los escándalos de “Lava Jato”.

Contenidos relacionados:

>Arrestan a presidentes de grandes constructoras en Brasil por fraude en Petrobras

>Justicia brasileña investiga a ministros de Rousseff por desvíos en Petrobras 

LEA TAMBIÉN:

Condenado exentrenador de Xela por violación a niña

De acuerdo con el proceso, el ahora condenado se hacía pasar como curandero y para aprovecharse de su víctima, la menor de edad, en ocasiones argumentó a la familia que debía prepararla, ya que tenía vocación de comadrona, pero que era necesario llevarla para desarrollar el proceso para garantizar su futuro, y con ese engaño se aprovechó de ella.

La condena se logró por las pruebas testimoniales, la declaración de la afectada se logró con el apoyo de un psicólogo, y otras evidencias presentadas den audiencias.

• LEA TAMBIÉN: Préstamos de pago diario agobian a comerciantes de mercados

Los fiscales del MP también presentaron informes de inspecciones oculares, declaraciones de testigos, pruebas periciales y dictámenes psicológicos que dieron a conocer en el proceso.

El condenado fue enviado a prisión en la Granja Penal de Cantel, en ese municipio de Quetzaltenango.

Líderes comunitarios y lideresas, quienes también apoyaron el proceso, indicaron que de esa forma se logra encarcelar a las personas que hacen daño a las niñas, pues se debe tomar en cuenta que el daño es irreparable.

Añadieron que al asegurarse de que el victimario que éste tras las rejas, primero se hace justicia, pero lo más importante es que se evita que continúe haciendo daño a otras menores de edad.

POR SI NO LO VIO:

Video: Trump aplasta "literalmente" a latinos en la frontera

“A todos los que actuaron criminalmente en la violencia racista de este fin de semana, rendirán cuentas completamente. Se hará justicia”, sostuvo en otro pasaje.

Tras su declaración no hubo preguntas, a pesar de que el viernes había anunciado que el lunes daría una “gran conferencia de prensa” en la Casa Blanca, sin especificar el tema a tratar.

Trump dijo este lunes que el “odio, la intolerancia y la violencia no tienen lugar en Estados Unidos”, y condenó el “horrible ataque y la violencia que todo el mundo vio” el sábado.

“Independientemente del color de nuestra piel, vivimos bajo las mismas leyes y saludamos a la misma gran bandera y estamos hechos por el mismo dios todopoderoso”, afirmó el mandatario.

Además, recordó que como candidato prometió “restaurar la ley y el orden”  en el país, algo que están “cumpliendo”  las agencias federales, de manera que el Gobierno no escatimará recursos para “que todos los niños crezcan seguros”.

Sessions afirmó este lunes en la cadena televisiva ABC, antes de la comparecencia de Trump, que el “malvado ataque”  del sábado en Charlottesville (Virginia) cumple los preceptos legales para ser considerado “terrorismo doméstico”, algo a lo que Trump no se refirió en su declaración.

• Por si no lo vio: Lluvia de críticas a Trump por tibieza en hechos violentos

Hernández, padre de una niña, fue condenado a cadena perpetua en 2015 por el asesinato de Odin Lloyd en 2013. Cinco días antes de su muerte, había sido absuelto de la acusación de doble asesinato por otros homicidios en Boston en 2012.

La jueza de Massachusetts Susan Garsch acordó este martes anular su condena de 2015 porque Hernández falleció antes de que su apelación llegara a la corte.

Garsch dijo que se veía obligada a seguir una doctrina legal que indica que se debe anular la sentencia cuando un acusado muere antes de que haya una apelación.

La muerte de Hernández puso fin a la caída en desgracia espectacular de un hombre que había firmado un contrato de siete años por US$40 millones en 2012 con los actuales campeones del Super Bowl, los New England Patriots, luego de una juventud turbulenta en Connecticut  (este).

Hernández estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua dictada en 2015 por la muerte a tiros del jugador de futbol americano semiprofesional Odin Lloyd, quien era el novio de la hermana de su esposa. El cuerpo ensangrentado de Lloyd fue hallado a menos de 1.5 km de la casa de Hernández. El arma nunca fue encontrada pero expertos dijeron que la evidencia contra Hernández era abrumadora.

La apelación fue presentada en julio pasado, y aunque la legislación preveía un corto tiempo de resolución, el fallo recién fue notificado este jueves, un día después de que la esposa de López, Lilian Tintori, fuera recibida por Trump en la Casa Blanca.

En su primera acción directa sobre Venezuela, el mandatario estadounidense pidió la noche del miércoles, en su cuenta de Twitter, la liberación de López, y publicó una foto en la que aparece junto a Tintori, el vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio.

“El Twitter sirve para el chisme, para uno enterarse de cosas que dan verg enza como la foto esa. Dan pena ajena (…) La Malinche (traidora)” , afirmó el presidente Nicolás Maduro este jueves, en un acto público.

Tintori convocó a la prensa al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, para hablar sobre su encuentro con Trump, que a su juicio demuestra que la crisis política y económica de Venezuela es la prioridad en política exterior del nuevo gobernante estadounidense.

La confirmación de la sentencia llegó dos días antes de que López cumpla tres años preso, lo que será conmemorado con una marcha en Caracas.

Maduro había advertido el miércoles que respondería con firmeza a “cualquier agresión”  del gobierno de Trump, con el que sin embargo dijo no querer “problemas” .

Consecuencia inmediata

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó la audiencia concedida por Trump a Tintori como una “intromisión y agresión” , y la atribuyó a “lobbies”  de la oposición venezolana “con la mafia de Miami” .

López, un economista de 45 años, es el más radical y emblemático de los opositores venezolanos presos -que la disidencia cifra en un centenar-, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

En la cárcel militar de Ramo Verde -en las afueras de Caracas- López purga una pena de casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en las protestas para exigir la renuncia de Maduro, que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo deL 2014.

“Mientras el presidente Maduro proponía iniciar una nueva era de relaciones de respeto, Donald Trump se solidariza con el jefe de acciones violentas” , cuestionó la canciller.

Para el analista Eugenio Martínez la decisión sobre el caso de López es una consecuencia de la reunión entre Tintori y el mandatario estadounidense. “Inclinó la balanza” , aseveró a la  AFP .

“No sólo se está ratificando la condena a un hombre inocente, que de por sí es grave, sino que destruye lo poco que queda de estado de derecho en Venezuela. No es un acto jurídico sino político” , aseveró el abogado defensor.

“Ya agotamos todos los recursos que la legislación venezolana contempla. Vamos a acudir a (instancias de derechos humanos de) Naciones Unidas. En un par de semanas estaremos presentando el documento” , agregó Gutiérez.

CNN, “instrumento de guerra”

Maduro denunció que el Departamento de Estado y CNN en Español buscan azuzar al gobierno de Trump contra Venezuela, por lo que el miércoles sacó del aire a la cadena de televisión.

Tras esa media, el gobierno está tramitando el bloqueo de la señal de CNN en español en internet, anunció este jueves la autoridad reguladora de las telecomunicaciones.

Medio centenar de periodistas y trabajadores de la prensa exigieron este jueves restituir las transmisiones de la cadena norteamericana, durante una protesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones  (Conatel) en Caracas.

La medida contra CNN ocurrió días después de que el canal denunciara una supuesta venta de pasaportes y visas en la embajada venezolana en Bagdad, que pudieron haber terminado en manos de personas ligadas al terrorismo, lo que fue negado por el gobierno de Maduro que descalificó las fuentes del reportaje.

“CNN es un instrumento de guerra” , justificó el presidente venezolano, quien sostiene que ese medio forma parte de una trama de la oposición venezolana y el Departamento de Estado estadounidense para derrocarlo.

Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía el Tribunal condenó a Morales a cumplir una pena de 50 años por el asesinato de Mario Alfonso Can Quiej, Edgar Fernando Can Quiej, y Brandon Alejandro Quiej Trinidad.

También fue declarado culpable por el delito de asesinato en grado de tentativa en agravio de cinco personas.

Los hechos

El ataque ocurrió el 25 de julio del año 2015 en las canchas polideportivas conocidas como “El Trebolito”, ubicadas en  la 9ª.  avenida y 3ª. calle, zona 12.colonia La Reformita. Ese día, Morales condujo un vehículo en el cual se transportaban dos adolescentes quienes dispararon en contra de las víctimas, los victimarios integran el Barrio 18.

Según investigación de la Policía Nacional Civil, estos realizaron el ataque armado contra de pandilleros  de la mara Salvatrucha, por pelea de territorio.

Luego de perpetrado el hecho, Morales y los adolescentes intentaron escapar, sin embargo fueron capturados.

Por este hecho los dos adolescentes fueron sancionados con seis años de privación de libertad en régimen cerrado en mayo del 2016.

De acuerdo a la fiscalía, De León Hernández, alias el Diabólico y Boche, alias Sleepy, habrían ordenado el asesinato y decapitación de las cuatro víctimas, escogidas al azar, para luego arrojar las cabezas en distintos puntos de la capital.

El objeto de los macabros crímenes habría sido presionar al Ministerio de Gobernación para deponer los controles que en ese momento se estrechaban en las cárceles.

Las víctimas fueron elegidas al azar en  áreas donde opera la referida organización criminal: la capital, Villa Nueva y Chimaltenango.

Según fiscales del Ministerio Público (MP), entre las pruebas presentadas se encuentra un cuchillo que fue utilizado para cortar en partes el cuerpo de Monterroso.

El cadáver del actor, de 33 años, fue hallado desmembrado el 11 de agosto de 2014 en varios puntos del basurero de la zona 3 capitalina.

La investigación concluyó que el cuerpo del actor fue descuartizado para dejar sus restos en la entrada de una vivienda con el fin de intimidar a una persona que era víctima de extorsión.

En julio pasado, un juzgado de menores condenó a seis años de reclusión a dos adolescentes de 16 años vinculados al asesinato.

Truncado futuro

Víctor Hugo Monterroso Girón era conocido en el mundo artístico como Chiquilín, tenía 33 años y una prometedora carrera actoral.

Monterroso Girón fue protagonista en el 2010 de la película Marimbas del Infierno, dirigida por Julio Hernández.

La película en la que participó Chiquilín, ganó el premio principal de la edición 23 del Festival Los Encuentros de Cine de América Latina de Toulouse, Francia.

El filme relata la historia de tres personajes que sobreviven en medio de la violencia que corroe la capital de Guatemala.

El padre de la víctima dijo el día del crimen que su hijo salió de su casa una noche antes para conversar con unos amigos sobre nuevos proyectos cinematográficos.

El juez del condado Fulton en Atlanta, Georgia, tomó la decisión en ausencia de Gordon, quien no se presentó a las audiencias y fue declarado en “incumplimiento” de órdenes.

Los apoderados de la hija de Whitney Houston exigen a Gordon el pago de una indemnización de US$50 millones por daños y perjuicios, así como la devolución de objetos que eran propiedad de la fallecida.

Bobbi Kristina Brown, de 22 años, fue hallada inconsciente en la bañera de su casa en Roswell, Georgia, el 31 de enero de 2015 por Nick Gordon.

La joven falleció el 26 de julio del año pasado en un centro de cuidados paliativos en Atlanta después de pasar seis meses en coma.

De acuerdo con documentos presentados al tribunal por Bedelia C. Hargrove, quien figura como tutora y amiga de la fallecida, Gordon dio a la joven un “coctel tóxico” y la puso boca abajo en una bañera con agua helada.

La pareja, que formalizó su relación tras la muerte de Whitney Houston, había tenido varios incidentes de violencia doméstica en el pasado.

Bobbi Kristina era la única hija del matrimonio entre los cantantes Bobby Brown y Whitney Houston, fallecida en febrero de 2012 a los 48 años ahogada en la bañera de un hotel en Beverly Hills.

Después las partes procesales concluyeran la presentación de pruebas y alegatos, los jueces del Tribunal emitieron la sentencia condenatorio contra Elfido Antonio Pérez Barrera, Carlos David Méndez Chávez, Paula Teresa Méndez y Ronald Heriberto Cámbara Barrera.

Los jueces coincidieron que los condenados son responsables de la muerte de Verónica González Valdez, de 30 años, y sus hijas Enma Nohemí de 6; Josselin Andrea, 9; y Jackeline Rocío, 12; de apellidos Chávez González.

“Los responsables fueron condenados a 100 años de privación de libertad, a razón de 25 años por el asesinato de cada una de las víctimas y además resolvió imponerles un año más por el delito de encubrimiento”, explicó el Ministerio Público.

El MP agregó que los jueces absolvieron del delito de asociación ilícita, conspiración para el asesinato y tenencia ilegal de armas de fuego a Pérez Barrera, Méndez Chávez y Méndez.

“A Ronald Cámbara le cambió la calificación jurídica por el delito de encubrimiento”, detalló el ente investigador.

El Tribunal programó la audiencia de lectura íntegra de la sentencia para el viernes 2 de septiembre de 2016.

https://twitter.com/MPguatemala/status/769323458463346689

Escena sangrienta 

Durante el debate el  MP reconstruyó la muerte de Verónica González Valdez y sus hijas, luego que acudieron al lugar del crimen, el 13 de febrero del 2015 por la noche, y lo describieron como una de las escenas más horrendas que han presenciado.

La cerradura de la puerta de la vivienda no estaba forzada y los perros pitbull no alertaron de la presencia de ningún extraño porque los responsables de las muertes eran conocidos de las víctimas.

Los informes de necropsia presentados durante el debate confirmaron que González Valdez y sus hijas murieron baleadas y que la mayoría de impactos los recibieron en el cráneo. Algunos de los balazos fueron disparados a corta distancia.

La menor de la niñas dormía en el sofá cuando la ultimaron y la hermana del medio habría intentado huir al presenciar el ataque contra su madre y hermanas, pues su cuerpo fue hallado cerca de la puerta, informó el MP.

La Fiscalía sostiene la hipótesis de que el objetivo de los atacantes era eliminar a Élmer Chávez, esposo de González Valdez y padre de las tres niñas. Esa noche, este llegó tarde a su casa porque la reparación de uno de los cuatro buses de su padre lo había demorado.

Élmer Chávez es hermano de Carlos David Chávez Méndez —de parte de su padre—, uno de los condenados.

De acuerdo con las pesquisas, lo que los victimarios pretendían era apropiarse de los buses.

Tres meses antes, en noviembre del 2014, Teresa Méndez y su esposo, ex guardaespaldas de un exdiputado, invitaron a la familia Chávez González a visitarlos en la aldea El Chiltepe, Jutiapa. Al volver sufrieron un atentado del cual salieron ilesos.

Durante los tres meses siguientes, cuando Teresa Méndez y su esposo venían de Jutiapa, acompañados de Carlos David visitaban,a los Chávez González por las noches, en la zona 21, aunque nunca estacionaron su vehículo frente al inmueble, según la Fiscalía.

Los fotogramas establecieron que la noche de los crímenes el taxista, Cámbara Barrera, dejó a Teresa Méndez y su esposo cerca de la casa, y a otros dos ocupantes. Carlos David y el menor de edad descendieron de una camioneta corinta.

Las investigaciones determinaron la relación entre la temporalidad en que los sindicados fueron captados a inmediaciones de la casa de los Chávez y la hora de la muerte de las víctimas. Además, la camioneta es propiedad del padre de los hermanos Méndez, que solían usar.

Las pruebas

• Los cotejos de voz confirmaron que las voces de los acusados son las mismas de las escuchas.

• Mientras cometían  los crímenes, uno de los cómplices quemó  cohetillos para disimular el ruido de los balazos.

• La noche del crimen,  los fiscales encontraron quesadillas recién servidas y las huellas dactilares de Pérez Barrera en una taza.

• Testigos indicaron  que las víctimas no compraban quesadillas porque sus familiares les proveían.

• Los casquillos hallados en la vivienda coinciden con indicios encontrados en otros crímenes perpetrados en El Chiltepe, Jutiapa.

La condena fue emitida ayer   por el  Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio y otras Formas de Violencia del grupo B. 

“El delito por el que fue enviado a la cárcel es trata de personas  en su modalidad de trabajo forzado”, informó Marvin Orellana, fiscal contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP).

Las pruebas presentadas por la Fiscalía  establecieron que la joven era obligada a despachar en una tienda, en una jornada de 5 a 22 horas. Sus asignaciones  continuaban con lavar la ropa de todos los miembros de la familia de Pantuj Pu, lo cual terminaba a las 24 horas.

Otro de los indicios entregados a los jueces del Tribunal fueron las evaluaciones médicas que  revelaron que la   joven sufría de dermatitis severa, golpes internos y desnutrición aguda.

Orellana informó que el tribunal sustentó la condena  con dictámenes médicos y psicológicos forenses,  declaraciones de la agraviada en anticipo de prueba y los testimonios de los familiares de la víctima.

Hechos

La quinceañera llegó a la capital en busca de mejores condiciones de vida y ofreció hacer trabajos domésticos; sin embargo, la necesidad la llevó a la tienda y a ser víctima de maltrato cuando no cumplía con los requerimientos de su empleador.

Con la ilusión de ayudar con los gastos del hogar la muchacha, quien radicaba en Quiché, decidió viajar a la capital en el 2014 para conseguir empleo, pero por falta de preparación académica no pudo trabajar sino como empleada doméstica.

El fiscal narró que los padres le dieron el visto bueno, llegó a la Ciudad de Guatemala y comenzó a laborar. Entre sus tareas estaba  la tienda y después debía lavar la ropa de sus patronos. “Su jornada terminaba a las 24 horas, y se repetía de lunes a domingo”, detalló el fiscal contra la Trata.

Conforme pasaban los días las ilusiones de la jovencita se desvanecieron, pues a su corta edad el cansancio provocado por las largas jornadas fue su peor enemigo y la excusa para que su jefe la golpeara.

“Algo que sorprendió fue observar que la niña, de piel morena, tenía sus manos blancas; al preguntarle qué le había pasado, aseveró que todos los días era obligada a lavar la ropa con cloro. Médicos la examinaron y concluyeron que padecía dermatitis severa”, explicó.

El fiscal aseguró que los padres fueron los que rescataron a su hija, luego de que no lograron comunicarse por varias semanas con ella, y además  fueron quienes presentaron la denuncia. “Durante el tiempo que laboró no recibió ningún pago”, dijo.

Explotación Laboral

Ayer también fue sentenciada a ocho años de prisión inconmutables Ana Albertina Cordón  de Rivera por  explotación laboral. También deberá de pagar una multa de Q300 mil.

Según la Fiscalía, la condenada contrataba a mujeres para atender una cafetería en la zona 10 durante jornadas largas y  las obligaba a firmar recibos  para simular que recibían sus salarios.

Modalidades de trata 

El delito de trata de personas abarca varios tipos de prácticas ilegales que afectan a hombres, mujeres, jóvenes  y niños.

• Explotación sexual: la explotación de una persona a través de la promoción, facilitación o  prostitución.    

• Trabajo forzado: castigo en forma de trabajo obligado a   prisioneros; sin embargo, a través de los años se aplica a niños, jóvenes y mujeres.    

• Explotación laboral  es recibir un pago inferior al trabajo que se realiza, y en ocasiones  incluye abusos. 

• Pornografía infantil: utilizan a niños en actividades sexuales con el objetivo de obtener  compensación.

El Tribunal de Mayor Riesgo del Grupo “C” decretó una pena de 40 años y ocho meses de cárcel para Martín de Jesús A. por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, robo agravado, exacciones intimidatorias y homicidio en grado de tentativa.

Por su parte, Pedro Luis E. H. fue sentenciado a 18 años de prisión, y Abraham D. T., Irwin Lawrence T. C., Edson Douglas M. L., Manuel Eduardo P. A., y Ricardo Antonio G. G. a 12 años de cárcel.

Por este mismo caso, el juzgado decretó una pena de seis años por el delito de asociación ilícita a Erick Giovanni H., Dania Guadalupe H. V., Edgar Estuardo C. G., Manolo Enrique R. S., Sara G. Z. y María Alejandra F. B.
Otras cuatro personas fueron absueltas de los cargos que se les imputaban.

En este mes de julio, más de un centenar de personas fueron detenidas en el país centroamericano en una operación contra las extorsiones.

Guatemala integra, junto a Honduras y El Salvador, el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, considerada una de las zonas más violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico, las pandillas y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales, según Naciones Unidas.

Según la fiscalía, fueron esparcidos los restos del artista con la finalidad de intimidar a una persona que era víctima de extorsión.

Albert Itzol Santander e Isabel Magdalena Chivalán López, guardan prisión preventiva desde el 20 de agosto de 2015, sindicados de asesinato por el mismo caso.

• Lea también: Capturan a sospechoso de asesinar a actor

Truncado futuro

Víctor Hugo Monterroso Girón era conocido en el mundo artístico como Chiquilín, tenía 33 años y una prometedora carrera actoral.

Monterroso Girón fue protagonista en el 2010 de la película Marimbas del Infierno, dirigida por Julio Hernández. La película en la que participó Chiquilín, ganó el premio principal de la edición 23 del Festival Los Encuentros de Cine de América Latina de Toulouse, Francia.

El filme relata la historia de tres personajes que sobreviven en medio de la violencia que corroe la capital de Guatemala.

El padre de la víctima dijo el día del crimen que su hijo salió de su casa una noche antes para conversar con unos amigos sobre nuevos proyectos cinematográficos.

Los hechos por los cuales fueron sentenciados ocurrieron el 28 de febrero del 2015, en Sagrada Familia  “Pavas” , cuando los imputados llegaron a bordo de un automóvil y se estacionaron en la calle donde se encontraban las tres víctimas.

Salieron del carro y dispararon en múltiples ocasiones contra los ofendidos, provocando la muerte de dos de ellos y lesiones graves en uno.

Hernández, Solano y Cordero recibieron 25 años de pena por cada homicidio y 20 años por la tentativa de homicidio.

Un adolescente también fue sancionado por este caso el 24 de marzo de 2015. El Juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley le dictó seis años de privación de libertad en régimen cerrado.

Los fiscales del MP demostraron que el 13 de marzo de 2014 los ahora sentenciados dejaron abandonado el cadáver de Jarlin Rebeca García Valenzuela, de 13 años.

La víctima fue atacada con arma blanca dentro de un autobús que transporta usuarios hacia la colonia La Chácara.  El crimen fue cometido en la 44 avenida y 33 calle de la zona 5.

Pruebas

Las pesquisas comprobaron la manera en que ocurrió el asesinato por medio de pruebas científicas, documentales y testimoniales.

“En el expediente consta que los asesinos le causaron 55 heridas con arma blanca a la víctima”, detalla el MP en su página web.

Afirma que los agresores, para evitar ser descubiertos, lanzaron el cadáver de García Valenzuela desde la unidad.

“Se estableció que los sentenciados pertenecían a la clica Crazy Brothers de la pandilla Barrio 18”, añade.

Por investigaciones de MP se logra condena de 32 años de prisión por Femicidio – https://t.co/hbXwXf3fk1 pic.twitter.com/JuYY883QrW

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 22, 2016

    “El Grupo Odebrecht y la empresa, por él controlada, Constructora Norberto Odebrecht, juntamente con otras grandes contratistas brasileñas, habrían formado un cartel a través del cual, en arreglos previos, habrían frustrado sistemáticamente las licitaciones de Petrobras para la contratación de grande obras a partir del año 2006” , señaló la sentencia del juez Sergio Moro, que tramita la causa, y que fue distribuida a la prensa.

La trama revelada por la “Operación Lava Jato”   (lavadero de autos) echó luz sobre un esquema en el que grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las subastas y cobrar sobreprecios por las obras.

En la misma sentencia también fueron condenados otros ejecutivos de Odebrecht: Marcio Faría da Silva  (19 años y 4 meses) , Rogerio Santos de Araújo  (19 años y 4 meses) , Cesar Ramos Rocha  (9 años y 10 meses) y Alexandrino de Salles Ramos de Alencar  (15 años y 7 meses) .

Igualmente, la Justicia consideró culpables a los exdirectores de la petrolera estatal Renato Duque  (20 años) , Pedro Barusco y Paulo Roberto Costa y el dueño de casas de cambio Alberto Youssef.

En el caso de Barusco, Costa y Youssef, las penas se verán reducidas por tener un acuerdo de delación premiada con la Justicia.

La constructora Odebrecht y otras de las mayores constructoras de ese país están siendo investigadas por la supuesta sobrevaloración de contratos con Petrobras y por los sobornos que, de acuerdo con el Ministerio Público  (fiscalía) , eran repartidos entre empresarios, altos cargos de la petrolera y políticos próximos al Gobierno.

Por esta causa fueron detenidos directivos de grandes constructoras como Camargo Correa o Andrade Gutierrez, el exjefe de gabinete del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva  (2003-2010) Jose Dirceu, el extesorero del PT Joao Vaccari, y hay decenas de legisladores con cargos vigentes en la mira de la justicia.

La semana pasada, la policía llevó a declarar forzadamente a Lula, en una operación que recalentó el clima político en Brasil, país hundido en una recesión y cuya presidenta Dilma Rousseff cuenta con apenas 11% de popularidad.

Rousseff enfrenta dos procesos que podrían poner fin anticipadamente a su mandato, previsto hasta el 1 de enero de 2018, y que son impulsados por una oposición en guerra abierta contra su gobierno.

Pero, a falta de pruebas, los absolvió del cargo de “negligencia deliberada”  que conllevó a la muerte de personas, indicó Dogan. Por ese crimen habrían sido condenados a una pena de hasta 35 años de cárcel.

Los hechos remontan al 2 de septiembre del 2015, cuando un barco de migrantes naufragó frente a las costas turcas intentando llegar a la isla griega de Kos, 12 personas murieron en el naufragio, entre ellas Aylan, un niño sirio de apenas 3 años.

Las imágenes del cuerpo sin vida de Aylan, yaciendo boca abajo en una playa turca, dieron la vuelta al mundo y desataron una ola de indignación que obligó a la Unión Europea  a entreabrir sus puertas a los migrantes, la mayoría refugiados provenientes de Siria e Irak.

• En video/archivo -07/09/2015- vea: “Gaza recuerda al niño Aylan en sus costas”.

https://www.youtube.com/embed/uoEE6HiQ3no

En el naufragio murieron también su madre y su hermano, de 5 años.

Todos fueron enterrados días después de la tragedia en la ciudad siria de Kobane, una de las más castigadas por casi cinco años de guerra civil en Siria.

Padre acusado

El padre de Aylan, Abdullah Kurdi, que sobrevivió al naufragio, también estaba siendo juzgado por el mismo tribunal por haber “tomado”  la embarcación accidentada. Pero los jueces decidieron abandonar los cargos en su contra.

Poco después de la tragedia, se acusó al padre de Aylan de haber organizado este viaje clandestino por el mar Egeo, algo que siempre desmintió.

Tributo a Aylan Kurdi, el pequeño migrante sirio que murió en el mar http://t.co/9DKrA74SIr pic.twitter.com/cXepBv8TIQ

— EjeCentral (@EjeCentral) September 4, 2015

Kemal Ertugrul, uno de los abogados de los traficantes, criticó la decisión del tribunal y afirmó que “todos los testigos y sobrevivientes dicen que Abdullah Kurdi fue quien organizó” el viaje.

Este caso despertó indignación en el mundo pero no impidió que miles de personas siguieran intentando llegar a Europa cruzando el mar Egeo, poniendo su vida en peligro.

En el 2015 más de 850 mil migrantes consiguieron cruzar el mar Egeo y entrar en Grecia.

Desde principios del 2016, más de 130 mil lo han logrado y 321 han perdido la vida, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Turquía, que acoge oficialmente a unos 2.7 millones de sirios y a 300 mil iraquíes, es uno de los principales puntos de salida de los migrantes que quieren instalarse en Europa.

Las autoridades turcas firmaron en noviembre un plan de acción contra la migración clandestina pero no han logrado frenar el flujo de migrantes a Europa que el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, dijo el jueves “sigue siendo demasiado alto”.

Ambos eran integrantes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la PNC y deberán pagar una multa de Q50 mil.

En tanto, los exagentes Osmar Abel Sandoval Mazariegos, Edin Rolando Gómez Pérez y Abner José Pérez Ralda fueron condenados a tres años y nueve meses de prisión inconmutables por el delito de incumplimiento de deberes.

Los tres estaban asignados a la comisaría 12. Sin embargo, este jueves fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.

Para lograr la sentencia, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó ocho pruebas testimoniales y 14 documentales.

Los  hechos

El 4 de junio de 2015 una cámara de video alertó a los agentes de seguridad privada de un centro comercial, ubicado en la zona 17, ya que en el lugar tres hombres que portaban armas de fuego introdujeron a una víctima en su propio vehículo e intentaron salir del lugar.

La acción de los agentes privados no permitió la salida del vehículo y denunciaron lo ocurrido a la PNC. Minutos después llegaron los agentes de la comisaria 12, quienes no realizaron ningún procedimiento ni consignación.

Investigación

El MP armó el rompecabezas del caso y estableció que el secuestrado llegó a una agencia bancaria a cambiar dinero en efectivo por un total de Q90 mil.

Al llegar al sótano los entonces agentes de la DEIC, asignados al municipio de Villa Nueva, lo interceptaron y a la fuerza lo introdujeron a su propio vehículo, con la finalidad de escapar junto con la víctima.

Los agentes de seguridad alertaron sobre lo sucedido y les bloquearon el paso. Posteriormente hicieron la denuncia creyendo que existía la posibilidad de un acto criminal.

Los tres agentes de la comisaría 12 llegaron al lugar pero no realizaron el trabajo de forma competente, pues obviaron los distintos indicios y personas involucradas en el ilícito.

El abogado de los adolescentes dijo a la  AFP  que en realidad querían parodiar una decapitación como las que llevan a cabo los yihadistas del Estado Islámico.

Los cuatro jóvenes todavía no habían sido detenidos este jueves según su abogado, que quiere apelar la sentencia, lo que pondría en suspenso la pena.

En el vídeo, filmado en enero de 2015 por un profesor de los adolescentes que fue condenado a tres años de prisión en un juicio separado, uno de ellos aparece de rodillas y finge estar rezando mientras los otros dos se ríen a su lado.

Luego uno de ellos hace con el dedo un gesto pidiendo la decapitación del que estaba rezando.

Hace unos días la justicia egipcia también fue criticada debido a la condena a prisión perpetua de un niño de 4 años por, supuestamente, haber participado en una manifestación que derivó en cuatro muertos.

El menor, que habría cometido los delitos cuando tenía 2 años, fue sentenciado por cuádruple homicidio y por alterar el orden social.

Hace un año, en otra sentencia polémica, los tribunales egipcios condenaron a 15 años de cárcel a un ciego por la muerte de un agente de la Policía.

El Ministerio Público (MP)  presentó pruebas que demostraron que Eduardo Chegüén Sagastume y su estructura cometieron  asociación ilícita, asesinato y conspiración para cometer el asesinato.

Los fiscales documentaron el proceso y probaron que los sentenciados son responsables de los mencionados ilícitos.
En las pesquisas se acreditó que la banda operó en  2011 y 2014 en la cabecera de Chiquimula, en donde cometió sicariato, usura y tuvo nexos con el narcotráfico. En esos años  se evidenció que perpetraron dos asesinatos.

Los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gerbi Sical condenaron a   68 años de cárcel a  Chegüén Sagastume —líder de la organización—, por  asociación ilícita, asesinato y conspiración para el asesinato.

Otras condenas

Por los mismos delitos  fueron condenados  a 38 años de prisión  Marvin Reginaldo Aguilar Chacón, Wilson Geovany López Rodas y Reginaldo Aguilar Chacón,  mientras que Manuel de Jesús Ortega y Ortega purgará  30 años de cárcel por asesinato.

William Ottoniel Barrios González irá a prisión   24 años  y  Alexander Randolfo Linares Ramos, 16 años, ambos por asociación ilícita.

La banda de presuntos narcotraficantes, que operó para el cartel mexicano  los Zetas, fue desarticulada el 21 de noviembre del 2014, con la captura de su cabecilla,  en Chiquimula, junto al resto del grupo.

En ese momento, la fiscal general, Thelma Aldana, en conferencia de prensa,  indicó que los delincuentes se dedicaban al  sicariato y  extorsión.

Informantes

La fiscal informó que la banda era propietaria de microbuses  y que los pilotos le servían de informantes para cometer sus fechorías.

Se estableció que los miembros de la red también eran dueños de inmuebles y otorgaban préstamos  en efectivo en  su área operativa. En los 18 allanamientos efectuados para su captura se les decomisaron armas.

Las autoridades seguían a la banda  desde el 2011.  En octubre del 2014 fue detenido el lugarteniente de la narcobanda, Marvin Reginaldo Aguilar Chacón, con  droga, y así se pudo identificar al resto de miembros.

En la investigación, el MP determinó que la red   se organizaba principalmente   para matar a sus adversarios, a su competencia y a personas que se negaban a pagar las deudas o a colaborar con los criminales.

Capturas

Las órdenes de aprehensión fueron autorizadas por el Juzgado   de Mayor Riesgo A, en ese entonces  a cargo de  Carol Patricia Flores. 

El 2 de diciembre del 2014 fue cuando la jueza    ligó y envió a prisión preventiva a los ahora condenados. En esa ocasión se les puso a los fiscales del caso un plazo de seis meses para que efectuarán la  investigación.

El 20 de octubre de ese año, cerca del kilómetro 16.5 de la ruta al Atlántico, las autoridades detuvieron  a  Marvin Reginaldo Aguilar Chacón, Samuel Aroldo Sosa, Wilfredo Díaz y Marvin Augusto Martínez,   también integrantes de la estructura. En ese lugar fueron decomisados 22 paquetes con cocaína.

Fechas y capturas

• 21 de  noviembre de 2014: es capturado el líder de la estructura criminal, Eduardo Chegüén, y   algunos miembros.
• 2 de  diciembre de 2014: en audiencias de primera declaración, los miembros  de la organización son ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por el Tribunal de Mayor Riesgo A.   
• 11 de mayo de 2015: se celebran audiencias de apertura a juicio  contra los integrantes de la banda, y con los argumentos presentados por el MP se decide enviarlos a debate oral y público.

Otro condenado es William Ottoniel Barrios González quien estará 24 años en prisión, y Alexander Randolfo Linares Ramos quien pasará 16 años en la cárcel, por asociación ilícita.

El Ministerio Público (MP), mediante las investigaciones que documentó el personal de la Fiscalía de Sección de Delitos de Narcoactividad, presentó ante el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo del Grupo “A” las pruebas que facilitaron para emitir la sentencia contra siete integrantes de la estructura criminal denominada “Los Chegüen”, a quienes se les comprobó que cometieron dos asesinatos y dos delitos más.

Los Fiscales documentaron el proceso en la causa C-1076-2014-00052 del expediente MP0006-2011-440, en donde probaron que los sentenciados cometieron los delitos de asociación ilícita, asesinato y conspiración para cometer el asesinato.

Pesquisas

En la investigación se acreditó que esta banda operó en los años 2011 y 2014 en el municipio de Chiquimula, en donde se dedicó al sicariato, usura y tuvo nexos con el narcotráfico; en esos años  se evidenció que perpetraron dos asesinatos.

La estructura fue aprehendida en el 2014 y en diciembre de ese mismo año, fueron ligados a proceso penal por el Juzgado de Primera Instancia Penal del Grupo de Mayor Riesgo “A”, a solicitud del Ministerio Público.

El juez del décimo octavo distrito del condado de Sedgwick, Kansas, Timothy Henderson propinó la máxima pena posible al acusado, despedido del Departamento de Policía de Oklahoma City en enero del 2015.

El caso del expolicía ha alimentado en Oklahoma el debate racial, ya que el exagente, de padre blanco y madre japonesa, sólo abusó de mujeres afrodescendientes, de entre 17 y 50 años y todas ellas con historiales criminales por consumo de drogas o prostitución.

Durante el juicio, la Fiscalía acusó a Holtzclaw de haberse servido de su placa y uniforme para abusar de mujeres afrodescendientes en uno de los barrios más pobres del estado, a las que paraba en controles de tráfico, las forzaba sexualmente y en algunos casos llegaba a violar.

Después, el exagente de 29 años les prometía no presentar cargos contra ellas por consumo de estupefacientes a cambio de que no le denunciaran.

• Video: Twitter/@NYDNVideo

263 in prison for EX-Cop Daniel Holtzclaw that targeted and raped black women with his badge https://t.co/OG7lXUauaM https://t.co/dJvnu1eOLb

— NY Daily News Video (@NYDNVideo) enero 21, 2016

Durante el juicio, las 13 víctimas del expolicía describieron el devastador impacto que ha tenido en sus vidas los abusos sexuales, insultos y violenta intimidación del exagente.

“He estado traumatizada, fui a terapia. Tuve un derrame cerebral tras esto. Todavía tengo que tratar con este problema día tras día. Todo lo que sé es que no hice nada malo. Era inocente y solo puedo decir que él eligió abusar de la mujer incorrecta”, destacó en diciembre Jannie Ligons, de 57 años.

En diciembre, un jurado popular declaró culpable a Holtzclaw de 18 de los 36 cargos que se le imputaban y, entonces, la cadena de televisión CNN difundió un video en el que se veía al acusado llorando mientras se le leía el dictamen.

El veredicto contra Holtzclaw llega después de que el Gobierno de EE. UU. haya examinado el uso excesivo de la fuerza dentro de varios departamentos de Policía del país, así como la existencia de posibles patrones racistas que podrían influir en el comportamiento de algunos agentes.

En primera instancia, Pistorius fue declarado culpable de “homicidio involuntario”  y condenado a cinco años de prisión. Pero, el Tribunal Supremo de apelación de Sudáfrica modificó el cargo a “asesinato”, por lo que puede ser condenado a una pena de al menos 15 años de cárcel. Su pena no ha sido aún decidida.

“La petición de consulta fue entregada a la fiscalía, que debe indicar si se opone y si es así bajo qué base, y luego esperamos saber si el Tribunal Constitucional considera admisible nuestro recurso”, precisó.

Pistorius mató a su novia, Reeva Steenkamp, de cuatro disparos en la casa donde vivían en Pretoria, la noche de San Valentín del 2013.

Siempre afirmó haber disparado creyendo que al otro lado de la puerta del baño, a través de la cual disparó, había un ladrón.

• Video/archivo: El caso Pistoriushttps://www.youtube.com/embed/Yjhh0bi3t8U

En tanto, su antecesor en el cargo Ricardo Jaime recibió seis años de prisión por el primer cargo.

El tribunal también condenó a Sergio Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA) , la empresa concesionaria del servicio de ferrocarril al momento del siniestro, a nueve años de prisión.

El maquinista Marcos Córdoba, recibió una pena de tres años y seis meses de prisión por estrago culposo.

Tragedia

En la mañana del 22 de febrero del 2012 el tren que conducía Córdoba, atestado de pasajeros que viajaban desde los suburbios del oeste de Buenos Aires rumbo a sus trabajos en la capital, ingresó a la estación de Once y chocó contra el paragolpes del andén.

El accidente, uno de los más graves en la historia de Argentina, puso en el tapete las deficiencias del servicio de ferrocarriles privatizado en la década de 1990 y la falta de controles por parte del Estado, pese al desembolso de millones de dólares al año en calidad de subsidios para mantener las tarifas baratas.

Los comicios abrieron la puerta del parlamento a dos nuevas fuerzas políticas -la izquierdista Podemos y la centrista Ciudadanos-, acabando con décadas de hegemonía bipartidista de conservadores y socialistas.

El resultado fue una cámara muy fragmentada donde nadie dispone de una mayoría que le permita gobernar. Los partidos ya empredieron negociaciones que se anuncian largas y arduas.

“La pluralidad política, expresada en las urnas, aporta sin duda sensibilidades, visiones y perspectivas diferentes; y conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso”, subrayó el rey.

“Ahora, lo que nos debe importar a todos, ante todo, es España y el interés general de los españoles”, agregó el monarca, a quien la Constitución otorga un rol de mediador imparcial.

En enero, Felipe VI deberá emprender una ronda de conversaciones con los representantes de las distintas formaciones políticas para designar al candidato con más posibilidades de formar gobierno.

El monarca aludió también, sin mencionarlo, al proyecto independentista en Cataluña, llamando a fortalecer “la cohesión nacional”  y asegurando que en España “caben las distintas formas de sentirse español”  pero sin vulnerar “el orden constitucional” .

El parlamento regional catalán aprobó en noviembre una resolución declarando el inicio de un proceso independentista que debe llevar a esa región a separarse de España en 18 meses contra la voluntad de Madrid.

En el capítulo económico, apostó por “un crecimiento que permita seguir creando empleo -y empleo digno-, que fortalezca los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, y que permita reducir las desigualdades, acentuadas por la dureza de la crisis económica”.

Esta es la primera vez que el discurso navideño del rey se realiza en la sala del trono. Su padre, Juan Carlos I, que abdicó en junio del 2014 muy debilitado por los escándalos, solía hacerlos desde su despacho.

El año pasado, Felipe VI buscó para su primer mensaje de Nochebuena dar una imagen de sencillez y proximidad, hablando desde un pequeño salón de su residencia, sentado junto a dos fotos de su familia.

“Reivindicamos a la pollera, reivindicamos a la mujer que usa pollera”, proclamó, rodeado de cuatro mujeres indígenas que usan estas faldas anchas y de varios pliegues, típicos de los aymara.

Un alcalde de una región aymara fue vestido el domingo de polleras, manta y sombrero en castigo por haberse descubierto irregularidades en su gestión, según un video que se transformó en viral de inmediato.

En algunas regiones de Bolivia se suele vestir a un hombre de mujer para avergonzarlo en público o también echarlo del pueblo en un borrico, montado al revés. Estas prácticas son, sin embargo, cada vez menos frecuentes.

El presidente boliviano Evo Morales, de origen aymara, protestó: “que se castigue, pero no con la pollera”. El episodio levantó múltiples condenas desde diversas organizaciones.

Las mujeres andinas de pollera, que en su país son popularmente conocidas como cholas, se hicieron protagonistas y ocuparon espacios de poder con la llegada de Morales al gobierno en el 2006.

El ex deportista está actualmente bajo arresto domiciliario en la mansión de su tío en Pretoria.      

“El acusado debería haber sido hallado culpable de asesinato sobre la base de que efectuó disparos letales con intención delictiva” , dijo Leach a la corte, donde estaba la madre de Steenkamp.       

En Sudáfrica, la pena mínima por el cargo de asesinato es de 15 años en prisión. Sin embargo, la ley contempla una sentencia más suave en casos excepcionales.       

Pistorius, a quien le faltan las dos piernas, está en arresto domiciliario desde octubre tras pasar un año en la cárcel.

Fue condenado a cinco años por homicidio y quedó en libertad antes de acuerdo con las normas del departamento.

La sala podría mostrar clemencia con el deportista por su discapacidad y por no tener antecedentes penales.       

Pistorius, de 29 años, asesinó a su novia Reeva Steenkamp en la madrugada del Día de San Valentín. El deportista insiste en que pensó que su pareja era un intruso que se había escondido tras una puerta en su casa.      

La fiscalía sostiene que Pistorius disparó a Steenkamp durante una discusión.       Leach dijo que independientemente de quien estuviese tras la puerta, Pistorius debería haber sabido que alguien podría fallecer si disparaba.       

“La identidad de su víctima es irrelevante para su culpabilidad” , explicó el juez.       

En virtud del concepto “dolus eventualis” , la ley sudafricana contempla que una persona pueda ser condenada por asesinato cuando, a pesar de contemplar la posibilidad de muerte por sus acciones, se sigue adelante con ellas.       

La madre de Reeva Steenkamp, June, permaneció sentada en silencio durante el anuncio, que fue retransmitido por televisión. Pistorius no estuvo presente en la sala.       

La familia de Pistorius dijo en un comunicado estaban al tanto de la sentencia.       

“El equipo legal estudiará el fallo y nos guiará en cuanto a las opciones para seguir adelante” , explicó el comunicado. 

La fecha para la nueva sentencia a Pistorius se anunciará en la ciudad de Pretoria, donde fue juzgado y cumplió parte de su condena.       

El martes, periodistas pudieron ver su antigua celda durante una visita a la cárcel de máxima seguridad.

Está ubicada en la enfermería de la prisión Kgosi Mampuru II y está amueblada con un sencillo colchón en un somier de metal, una pileta colocada ante un fondo de azulejos blancos y un pequeño armario. Además de las barras, en la ventana hay una tela metálica que impide las vistas del exterior.       

La austera celda está alejada del resto de la prisión en una zona con espacio para un único preso.       

Pistorius, un laureado campeón paralímpico, se convirtió en uno de los deportistas más famosos del mundo y en el primer amputado en competir en Juegos Olímpicos y mundiales para atletas sin discapacidad.

Era conocido como “Blade Runner” por sus prótesis de fibra de carbono.       

Leach describió la historia de Pistorius y Steenkamp como una “tragedia humana de proporciones shakesperianas” cuyas consecuencias legales atrajeron la atención de todo el mundo.       

“Un hombre joven supera una gran discapacidad física para alcanzar metas olímpicas como atleta” , dijo Leach.

“Al conseguirlo se convierte en una estrella internacional. Conoce a una mujer joven de gran belleza natural y una modelo de éxito.

El romance florece y entonces, irónicamente en el día de San Valentín, todo se destruye cuando él le arrebata la vida” .     

“Lo sucedido no es un episodio aislado, sino que se da conjuntamente con otros ataques realizados contra otros dirigentes políticos de la oposición en una estrategia que procura amedrentar a la oposición”, señaló Almagro en un comunicado en el que pidió al Gobierno de Venezuela actuar para que las elecciones no sean “un ejercicio de fuerza, violencia y miedo”.

“En realidad el temor llega a la sociedad entera y estremece a toda la comunidad internacional”, añadió el antes canciller uruguayo sobre la muerte de Luis Manuel Díaz, del partido Acción Democrática (AD), a causa de un disparo que recibió al finalizar un acto de campaña electoral en Altagracia de Orituco, centro del país.

Lilian Tintori, esposa del también opositor y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, se encontraba en el mismo mitin y denunció que querían matarla a ella.

Fuentes del chavismo dijeron que el fallecido formaba parte de una banda criminal y era investigado por homicidio, al tiempo que anunciaron que se busca a los miembros de otra banda como los principales responsables del hecho.

El Ministerio Público venezolano informó este jueves de la apertura de una investigación por la muerte por Díaz.

“El asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia y una sucesión de hechos de violencia política en un proceso electoral es la muerte de mucha democracia”, consideró este jueves Almagro en su comunicado.

EE. UU. y España

El Gobierno de Estados Unidos condenó el asesinato de Diaz y señaló que se enmarca en una serie “de ataques y actos de intimidación recientes”  contra los candidatos de la oposición a pocos días de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Pedimos al Gobierno de Venezuela que proteja a todos los candidatos políticos y llamamos al Consejo Nacional Electoral a que garantice que esta campaña se lleva a cabo de una manera que se fomente la participación completa del pueblo de Venezuela ” , dijo hoy el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby.

Condeno el asesinato en #Venezuela de Luis Manuel Díaz de @ADemocratica tras un acto electoral. Mi apoyo a los demócratas venezolanos. MR

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) November 26, 2015

“Las campañas de miedo, violencia e intimidación no tienen cabida en democracia”, añadió el portavoz en una breve nota.

“Condeno el asesinato en Venezuela de Luis Manuel Díaz, de Acción Democrática, tras un acto electoral. Mi apoyo a los demócratas venezolanos”, escribió el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en su cuenta de la red social Twitter.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, rechazó “la violencia como arma política”  e instó al gobierno venezolano a “investigar a fondo y llevar ante la justicia a los asesinos”, además de “garantizar a todos los venezolanos el derecho a votar en paz”.

Chile

Al lamentar y condenar el asesinato de Díaz, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, expresó su deseo de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre se celebren en un “clima de paz”.

Por su parte, el presidente del Senado chileno, el democristiano Patricio Walker, dijo que la muerte del opositor venezolano es un “hecho gravísimo que tiene que ser investigado acuciosamente por el Poder Judicial en Venezuela, que desgraciadamente carece de independencia”.

Miembros de la oposición uruguaya también condenaron este jueves la muerte del opositor venezolano Luis Manuel Díaz por un disparo.

Para el diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional , la muerte de Díaz es “un grito”  a los Gobiernos de América Latina, “especialmente”  a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercosur. “¿Qué esperan?”, se preguntó en la red social Twitter.

La muerte de Luis Manuel Díaz opositor Venezolano, es un grito a los Gobiernos de A Latina especialmente UNASUR Y MERCOSUR. Que esperan?

— Jaime Mario Trobo (@JAIMETROBO) November 26, 2015

“En Venezuela no se están dando las garantías democráticas. Lo pensamos nosotros y el secretario general de la Organización de Estados Americanos”, Luis Almagro, dijo el senador por el Partido Colorado , Pedro Bordaberry.

El senador por el Partido Independiente de Uruguay Pablo Mieres,  señaló en Twitter que “hace rato que se debió haber activado (la) cláusula democrática” del Mercosur.

El senador oficialista uruguayo Rafael Michelini no ocultó su preocupación por que “la violencia se instale en Venezuela”.

“Si bien no conocemos los hechos todavía en detalle queremos que las elecciones no solo sean claras y transparentes sino también pacíficas”, señaló.

Amnistía Internacional pidió este jueves a Venezuela que “investigue de manera urgente”  el asesinato del político Luis Manuel Díaz, ya que lo contrario sería dejar “la puerta abierta a más violencia” de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“El asesinato de Luis Manuel Díaz brinda una visión aterradora sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela”, dijo en una nota el director de Amnistía Internacional de Venezuela, Marcos Gómez, quien pidió investigar la “tragedia”  y “llevar a los responsables a la justicia”.

Chavismo

En tanto, el jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que el opositor muerto de un disparo, el miércoles último en Venezuela, formaba parte de una banda criminal y era investigado por homicidio, al tiempo que anunció que se busca a los miembros de otra banda como los principales responsables del hecho.

Luis Manuel Díaz, secretario general municipal del partido Acción Democrática, era “ampliamente conocido por el prontuario delictual del que fungía en el estado Guarico”, aseguró Rodríguez a los periodistas ante la sede del Consejo Nacional Electoral.

El también alcalde del capitalino municipio Libertador anunció además que presentarán una denuncia por difamación ante la Fiscalía contra el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, quien este miércoles atribuyó el crimen a bandas armadas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

“En las próximas horas se va a confirmar lo que lo que pasó”, dijo y señaló que ya los presuntos asesinos fueron identificados y están siendo buscados por las fuerzas del orden público.

“Era el último integrante de una banda criminal dedicada a la extorsión, dedicada al sicariato, dedicada al abigeato (robo de ganado), dedicada al secuestro en el estado Guarico, una banda denominada Los Plateados”, afirmó Rodríguez al referirse a Díaz.

Acaban de asesinar a un dirigente opositor en Venezuela y nuestro gobierno nada. Hace rato que se debió haber activado cláusula democrática

— Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) November 26, 2015

Señaló, además, que era “público, notorio y comunicacional”  que Díaz tenía “nexos con bandas sindicales de la construcción”  y que supuestamente se peleaba “por el control sindical de la zona”  con un militante del partido opositor Primero Justicia.

“Este señor Luis Díaz tiene una averiguación desde el año 2010 por homicidio intencional, pertenecía a las bandas sindicales del partido AD”, indicó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró antes desde el estado occidental de Portuguesa que hay elementos que señalan que la muerte del dirigente opositor fue consecuencia de un enfrentamiento de bandas.

“El ministro de Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajustes de cuentas de bandas rivales, dedicadas a las situaciones criminales irregulares”, afirmó el mandatario.
https://youtube.com/watch?v=ZbuMjJK

La Fiscalía anunció en un comunicado la designación de dos fiscales encargados de dirigir la investigación, así como de coordinar las actuaciones de la Policía científica “orientadas a determinar las responsabilidades derivadas de este hecho” .

De acuerdo con el MP, la víctima “recibió un disparo, luego de haber estado presente en un acto proselitista en la mencionada localidad del estado Guárico”. 

El pasado 19 de octubre, tras permanecer un año en prisión, Pistorius fue puesto en libertad condicional por buena conducta y cumple lo que le resta de pena bajo el régimen de arresto domiciliario.

Según defendió el fiscal, el atleta “debió haber previsto que alguien moriría”  al disparar a través de la puerta cerrada del cuarto de baño de su vivienda en la madrugada del 14 de febrero del pasado año.

Detrás de esa puerta se encontraba su novia, la modelo Reeva Steenkamp, pero el atleta alegó que creía que se trataba de un intruso, versión que aceptó la jueza.

A preguntas de los magistrados, el fiscal insistió en que no tiene importancia que Pistorius confundiera a su novia con un ladrón, ya que sabía que acabaría con la vida de la persona que había tras la puerta, fuera su pareja o el intruso.

Para la Fiscalía, Masipa no tuvo en cuenta las pruebas circunstanciales y el testimonio de alguno de los testigos clave, y además debió haber descartado la versión de Pistorius por presentar diferentes líneas de defensa.

El fiscal remarcó que no pone en cuestión la interpretación de los hechos de Masipa sino su aplicación de la ley y aclaró que no pide otro juicio para Pistorius sino que se cambie el veredicto de homicidio por el de asesinato.

Por el secuestro de sus nueve víctimas, Alburez Manzo purgará 180 años de prisión inconmutables y deberá pagar Q50 mil de multa por cada secuestro. El monto asciende a Q450 mil.

El violador también fue condenado a 93 años con cuatro meses de prisión por el delito de violación y 16 años con ocho meses por agresión sexual.

También purgará ocho años de cárcel por el delito de robo agravado.  En total la sentencia es de 298 años de prisión inconmutables y una multa de Q450 mil.

Antecedentes

Según el Ministerio Público (MP), Alburez Manzo era taxista y se provechaba de las mujeres al momento de brindarles el servicio de transporte.

Las víctimas narraron que ellas solicitaban el servicio de taxi por seguridad, luego de abordar el vehículo Alburez Manzo las amenazaba con un  inmovilizador eléctrico, las trasladaba a otro lugar por la fuerza donde las violaba y luego les robaba sus pertenencias.

La Fiscalía señala que el condenado debe enfrentar otro juicio por 13 violaciones más y los hechos están documentados, sin embargo no fueron incorporadas al juicio debido a que las víctimas presentaron su denuncia luego de trascender la captura y reconocer a Alburez Manzo como su victimario.

“Resulta entonces preocupante que ni siquiera llamara la atención de la sucursal bancaria el aumento drástico del monto, considerando que se trataba de la misma unidad, con los mismos niveles de gestión”, expresó Granma.       

Incluso una directiva municipal de Finanzas y Precios les transfirió más presupuesto del aprobado para cubrir el efectivo faltante.

La cadena de funcionarios sobrevivió 16 auditorías en esos dos años sin que se descubriera el fraude.       

Los desvíos se suman a otros que salieron a la luz pública y que se produjeron en un periodo similar en los servicios comunales del municipio de La Habana Vieja, el casco histórico de la capital.       

#Cuba: condenan a seis funcionarios por desviar fondos – Yahoo Noticias https://t.co/wFcRiC2ldp vía @YahooNoticias

— Andrea Rodríguez (@ARodriguezAP) October 16, 2015

Una de los involucrados, explicó el rotativo, fue Alina Torrecilla Ferrer, quien fungía como subdirectora económica de comunales de Boyeros y debió ser acusada en ausencia pues salió del país antes del operativo anticorrupción.       

El juicio se llevó a cabo en enero, dijo Granma.       

En los últimos años ha habido una mayor tendencia en Cuba a dar a conocer noticias de desvíos o robos al Estado, en el marco de una campaña contra la corrupción incluso en pequeña escala.    

Las balas alcanzaron a James en dos ocasiones y lo derribaron.

Escamilla caminó hasta donde estaba el oficial herido y le disparó otros tres tiros en la nuca.       

Ya era buscado en Dallas por la muerte a balazos de un vecino semanas antes.       

Se convirtió en el 24 asesino convicto ejecutado en Estados Unidos este año.

Texas ha llevado a cabo 12 de dichas aplicaciones de la pena de muerte.  

Con el fallo, la Corte Suprema desestima un recurso presentado en el 2011 por la diócesis de Líbano-Honda, cuando fue condenada a indemnizar a las víctimas del clérigo Luis Enrique Padua, condenado un año antes a 18 años de cárcel por el abuso.

Los hechos se remontan al 2007, cuando Duque, párroco de la iglesia San Antonio de Padua, “sometió y accedió carnalmente en las instalaciones de la misma Parroquia”  a dos niños de siete y ocho años pertenecientes a una familia humilde, informó la Corte Suprema en el fallo.

El sacerdote fue entonces condenado por un juzgado del municipio de Líbano, en el departamento del Tolima, a 18 años de prisión por el delito de “acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y en concurso”, sentencia que se encuentra “debidamente ejecutoriada”, de acuerdo con la Corte Suprema.

En aquella primera sentencia contra Duque, el juzgado del Líbano absolvió a la diócesis al desconocer una vinculación laboral o contractual de la misma con el sacerdote demandado.

Los padres de los menores violados apelaron entonces la decisión y, en el 2011, el Tribunal Superior de Ibagué declaró “civilmente responsable, además del autor del delito, a la Diócesis de Líbano-Honda y condenarla en forma solidaria al pago de las cantidades señaladas en el fallo”.

En su reciente visita a Estados Unidos, el papa Francisco se comprometió a sacar a la luz los casos de pederastia dentro de la iglesia católica y aseguró que “todos los responsables rendirán cuentas”.

El periodista uruguayo, quien habló de la situación de la libertad de Prensa y la violencia contra los periodistas en cada país del continente, indicó que ese es precisamente el caso de gobiernos como el de Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, que se dedican a acallar a los medios críticos.

Sobre el caso argentino, señaló que el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner “ha batido récords en gasto de propaganda oficial y que, a pesar de dos claras sentencias de la Corte Suprema de Justicia, continúa utilizando la publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes”.   

Además, denunció que la mandataria ha abusado de las cadenas nacionales de televisión para hacer propaganda partidaria.    

Para el comunicador, es preocupante el caso cubano, ya que después del anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, aún existe un gran “cerrojo” a la libertad de expresión.    

“Hay mucha foto del presidente Obama y del dictador Raúl Castro estrechando sus manos, hay mucha foto del Papa conversando con el dictador Fidel Castro, pero el gigantesco aparato de seguridad que sojuzga a la ciudadanía en la Isla se encarga de encarcelar a todo aquél que disienta del régimen”, aseguró.    

También fue enfático en denunciar la “ley Mordaza” que el presidente ecuatoriano Rafael Correa aplica contra los periodistas y la Prensa que quieren hacer uso de su libertad.    

Agregó que esta ley, vigente desde hace dos años, se ha convertido en una presión intolerable que ha llevado a periódicos y organizaciones no gubernamentales a declararse en “resistencia”.

En lo que va del año, agregó, en Ecuador se han contabilizado 279 agresiones contra la libertad de expresión, es decir, 24 más que las registradas en todo el el 2014.   

Sobre la libertad de Prensa en Venezuela, Paolillo dijo que durante el último semestre el régimen del presidente Nicolás Maduro “provocó casi 300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones del acceso a la información”.    

También se refirió al caso de Estados Unidos, “que no escapa a este panorama”.

Habló sobre el reciente informe del Departamento de Justicia según el cual durante el 2014 expidió dos citaciones, una orden de registro y autorizó en dos ocasiones interrogatorios a medios de comunicación y periodistas.

“Además, dos periodistas que cubrieron los disturbios del año pasado en la ciudad de Ferguson fueron acusados por presunta interferencia y violación a la propiedad”, indicó.   

La cifra de asesinatos durante el 2015 asciende a 16.    

“La batalla por la libertad de expresión viene desde el fondo de los tiempos y jamás terminará. Por eso, en la SIP estaremos siempre atentos, redoblaremos nuestros esfuerzos y no nos rendiremos nunca. Que lo sepan bien todos: no nos rendiremos nunca, nunca, nunca”, concluyó el comunicador.    

La 71 Asamblea general de la SIP, en la que participan más de 300 asistentes, concluirá el martes.  

A menos que el gobernador Terry McAuliffe o la Corte Suprema de Estados Unidos intervengan esta semana, Alfredo Prieto será el jueves el primer preso de Virginia en ser ejecutado en casi tres años.

El salvadoreño estaba por ser ejecutado en California por la violación y asesinato de una chica de 15 años cuando un jurado de Virginia lo sentenció a muerte en el 2010 por el asesinato de Rachael Raver y su novio Warren Fulton III, ocurridos en 1988.

Las autoridades de California accedieron a llevarlo a Virginia pensando que sería más fácil que este Estado realizara la ejecución.    

Según las autoridades había ADN y evidencias de balística que ligaban a Prieto con otros asesinatos en California y Virginia pero nunca fue enjuiciado por ellos ya que había sido sentenciado a muerte.

Matthew Raver dijo que planea asistir a la ejecución en la cárcel de Greensville.    

“Ansío que se cumpla, como un alivio para que este individuo y todos sus juegos, sus complots y su violencia terminen”, dijo Matthew Raver.

Los abogados de Prieto han tratado de demostrar que el hombre de 49 años tiene problemas mentales y que no puede ser ejecutado.  
  
El contacto de Prieto con la violencia durante la guerra en El Salvador y la falta de una nutrición adecuada por la pobreza de su familia “contribuyeron a una gran disfunción cerebral”, que afectó su capacidad para el pensamiento abstracto y para controlar sus impulsos, dijo en el 2007 durante su juicio Ricardo Weinstein, un psicólogo que evaluó al preso bajo solicitud de la defensa.    

Virginia es el tercer Estado del país en realizar más ejecuciones desde que la Corte Suprema las reinstauró en 1976. Desde entonces ha realizado 110. 

Robin Hollyson, de 31 años, recibió la pena más alta, 24 años de cárcel más ocho en libertad vigilada, por violar a un bebé al que se había ofrecido a cuidar.

Hollyson, que se hizo amigo de los padres para tener acceso a su hijo, grabó la violación y la difundió entre el resto de pederastas.

A John Denham, de 50 años, se le impusieron ocho años de prisión más cuatro en libertad vigilada, mientras que Matthew Lisk, de 32 años, recibió cuatro años de cárcel más tres en libertad vigilada y David Harsley, de 51 años, fue condenado a dos años.

Todos están acusados de cargos como violación, abusos o agresión sexual y posesión de imágenes indecentes de menores o pornografía extrema.

(Video: dailymail.co.uk).

Los siete condenados serán incluidos, además, en el registro de delincuentes sexuales.

La Agencia Nacional del Crimen llevó a cabo la investigación, que se puso en marcha después de que en el 2014 Adam Toms contactara con la policía para confesar que había abusado de un menor.

A partir de ahí se destaparon las relaciones con otros pederastas a través de la información proporcionada por proveedores de internet, pues, por su corta edad, los niños no podían ejercer de testigos.

Los acusados trataron a los menores “como mercancía, para pasárselos entre ellos, para filmarlos, para someterles a abusos y que esos abusos fueran mostrados a otros pederastas como moneda de cambio, para recibir después otro material”, indico.

Glover señaló que, además de las tres víctimas identificadas, otros 21 niños han sido puestos bajo protección al considerarse que están en riesgo y se esperan más detenciones en el Reino Unido y otros países.

El hombre que dirigió la violación en grupo recibió la sentencia más larga, mientras que los tres que aceptaron haber violado a la joven recibieron la más corta.

Fueron obligados a pagar un total de US$12 mil 500 en daños a la estudiante de bachillerato. El juez ordenó que los hombres fueran arrestados y de inmediato seis fueron detenidos.

No quedó claro en el momento cuándo sería arrestado el séptimo sospechoso. El fallo podrá apelarse.   

La mujer de 18 años fue violada, golpeada y sexualmente agredida repetidamente en noviembre después de aceptar ser llevada a su casa.   

El caso ha dividido a la pequeña comunidad en Valeni, en el noreste de Rumania, en donde viven la víctima y los violadores.

Algunos han expresado apoyo a la mujer, mientras que muchos la culpan a ella y han criticado el escrutinio de la Prensa por el caso, que obtuvo atención nacional después de que la Corte fallara en junio que los sospechosos podrían permanecer en libertad mientras esperaban juicio.
   
Aproximadamente 40 mil personas firmaron una petición solicitando que fueran detenidos, pero los hombres permanecieron libres.

El hombre, de 48 años, fue condenado por seis mensajes y fotografías publicados en septiembre del 2013 y noviembre del 2014. Por cada una de las publicaciones le correspondían 10 años de prisión, pero se le redujo la pena a la mitad por haberse declarado culpable.

La condena no puede ser recurrida, al haber sido dictada por un tribunal militar y puesto que su detención se produjo en un momento en que en Tailandia aún estaba vigente la ley marcial.

La familia real tailandesa está protegida por una de las leyes más restrictivas del mundo. El artículo 112 del código penal establece que cualquier persona que ofenda al rey, a la reina a su heredero o al regente se enfrenta a 15 años de cárcel por cada delito.

En este contexto, la autocensura sobre este tema es muy fuerte en el país, incluso entre los medios de comunicación extranjeros.

Las nueve mujeres y tres hombres del jurado dijeron que no pudieron llegar a un veredicto unánime en cada uno de los 24 cargos de homicidio.

Eso elimina automáticamente la pena capital para el neurocientífico fallido, cuya defensa argumentó que mató a 12 personas debido a que está enfermo de la mente.    

Los fiscales argumentaron que Holmes merecía morir porque planeó metódicamente el ataque del 2012 en una presentación a medianoche de una película de Batman, e incluso tenía música tecno en audífonos para no escuchar a sus víctimas gritar.    

El mismo jurado había rechazado el argumento de la defensa sobre su enfermedad mental, ya que consideró que Holmes era capaz de distinguir el bien y el mal cuando mató a 12 personas e intentó asesinar a otras 70.

La madre de James Holmes, los policías que respondieron a la tragedia y familiares de las víctimas lloraron cuando quedó claro que Holmes sería sentenciado a cadena perpetua en lugar de a la pena capital porque los jurados no pudieron llegar a un consenso sobre la sentencia.       

Arlene Holmes, que rogó por la vida de su hijo, se desplomó sobre el hombro de su esposo y sollozó en silencio, mientras que Sandy Phillips, cuya hija Jessica Ghawi fue baleada en la cabeza por Holmes, sacudió la cabeza y se cubrió el rostro, llorando.       

Por su parte, Ashley Moser, que perdió en el ataque a su hija de 6 años, permaneció sentada en su silla de ruedas en la que está confinada luego de que una bala de Holmes la dejó así. Comenzó a sacudir su cabeza y la apoyó en la silla de ruedas de otra víctima paralizada, Caleb Medley.       

Algunos familiares de las víctimas comenzaron a salir de la corte antes de que el juez concluyera la lectura de los veredictos en todos los cargos y los gritos de horror y desconsuelo podían escucharse a través de la puerta.  

¿Estás de acuerdo con la condena de cadena perpetua para #JamesHolmes? Participa en la encuesta: http://t.co/2GHmq9UI4a

— CNN en Español (@CNNEE) August 7, 2015

James Holmes, Aurora theater gunman, sentenced to life in prison with no chance of parole http://t.co/Kbn8NtRZWo pic.twitter.com/X9zTSi9VLD

— The New York Times (@nytimes) August 7, 2015

Miguel García Ajanel fue sentenciado al ser hallado culpable de cometer el delito de violación con agravación de la pena en circunstancias especiales de agravación en contra de la menor, a la que agredió el 2 de agosto del 2014 en Chiché.

García Ajanel es conocido en el ámbito judicial quichelense como “el violador en serie” porque este martes recibió, en un lapso de dos meses, la cuarta sentencia condenatoria por cometer delitos de abuso sexual en perjuicio de niñas comprendidas entre los nueve y 13 años.

Otros casos, el 2 de junio recién pasado fue condenado a 49 años con seis meses de cárcel inconmutables por haber violado entre el 12 y el 20 de septiembre del 2014 a tres niñas de 9, 11 y 13 años en San Pedro Jocopilas, Chichicastenango, y Chiché, respectivamente. En esa ocasión, el Juez Cano Afre lo encontró culpable por los delios individualizados de violación con circunstancias especiales de agravación.

“En todos los casos, Miguel García operaba de la manera siguiente. Actuaba solo y no atacaba a sus víctimas previamente seleccionadas, sino las escogía al azar en los días de plaza (mercado) que él visitaba se alejaban de su mamá y, mediante engaños, las llevaba a un lugar apartado en donde las violaba y golpeaba”, informó el juez Cano.

Trabajadores del Organismo Judicial de Quiché consideran a García Ajanel como “el violador en serie”, porque a la fecha ha recibido cuatro condenas por ataques sexuales a distintas víctimas, y extraoficialmente se sabe que al menos existen otros dos procesos iniciados en el MP en su contra por las mismas causas.

Según investigaciones del Ministerio Público, en enero del 2014, Peralta se llevó por la fuerza a la menor tras agredir con machete a su compañera de hogar y madre de la niña, Lesbia Paustino, por oponerse a que él abusara sexualmente de la infanta.

El hombre mantuvo secuestrada a la menor durante 15 días y durante ese tiempo, según testimonio de la víctima, Peralta la violaba hasta tres veces al día y producto de ello dio a luz a una bebé, en fecha no precisada.

Peralta fue detenido en febrero pasado acusado de violación especial con base en denuncias de la madre de la menor ante la Fiscalía hondureña, añadió el Ministerio Público.

El imputado cumplirá su condena en una celda del centro penal de El Porvenir, departamento de Atlántida, en el Caribe hondureño.

Condenan a más de 400 años de prisión a hondureño por violar y embarazar niña – http://t.co/COv3eYXZrv pic.twitter.com/ngwBKIMqRp

— CCI News (@CCINewsHN) August 4, 2015

La sentencia se llevó acabo en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, donde la juez Miriam Castillo, dictó la condena.
 
Las prueba contundente fue un video en el cual se observa cuando el condenado recibía un paquete de manos del alcalde que simulaba ser el dinero. Además, fue fundamental la declaración del afectado.
 
El 11 de febrero último, la jueza Silvia Ruiz Cajas decidió no enviar a juicio al funcionario aduciendo que existía duda de la participación del sindicado en los hechos que se le imputaron de que el Ministerio Público, pero fue apelado y los Magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones ordeno iniciar el juicio. 

Ajanel, fue capturado el 9 de septiembre de 2014 cuando pretendía recoger el dinero.

Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, con ayuda de la Otán, puso fin al régimen gadafista en el 2011.

Seif al Islam no asistió al juicio en la capital libia porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli.

El juicio, iniciado en abril, ha sido criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.

También se ha visto marcado en el caso de Seif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso.

Los 37 acusados en total estaban imputados por delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación, durante la revuelta del 2011.

También estaban procesados por secuestro, pillaje, saboteo y malversación de fondos públicos.

La milicia que mantiene preso a Seif al Islam es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este) cuando una coalición de milicias tomó el poder en Trípoli.

La mayoría de los demás acusados estaban en la capital, y otros en la tercera ciudad del país, Misrata, leal a las autoridades de Trípoli.

El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la CPI en febrero del 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.

Los fiscales de la Corte consideran que Seif al Islam formaba parte del “círculo más estrecho” de su padre, y que “concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi.”

La Corte con sede en La Haya acusa a Seif al Islam de crímenes de guerra y contra la humanidad.

Desde su captura en noviembre del 2011, un mes después de la muerte de su padre, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.

Los sentenciados son Nelson David Vásquez, Jorge Manuel Mazariegos Ruiz y José Alejandro Díaz, acusados de ultrajar y asesinar a Mishel Yanet Escobar Pérez, de 13 años, el 29 de agosto de 2012.

El MP logró comprobar que los condenados, estaban la tarde del 29 de agosto de 2012 junto a la víctima y su novio ingeriendo bebidas alcohólicas en la colonia El Pinito, zona 17, sin embargo horas después por la fuerza se llevaron a la menor a un lugar separado, abajo de un puente.

Vecinos habrían escuchado los gritos de auxilio de la menor y alertaron a la Policía Nacional Civil, sin embargo al llegar las fuerzas de seguridad encontraron a la menor sin vida pero lograron la detención de los tres sentenciados, el cuarto y supuesto novio de la víctima logro huir.

Pruebas genéticas y testimoniales fueron admitidas por el Tribunal para la sentencia, a la que no se presentaron los testigos por existir amenazas de desconocidos y presiones para desestimar el caso.

A González y Gómez se les impuso cinco años más por el delito de transporte y traslado ilegal de armas y municiones lo que suman 55 años de prisión.

En tanto, a Ascenso y Guzmán también recibieron una pena de cinco años más por el delito de lesiones graves, al haber herido a un transeúnte. Por ello, purgarán una condena de 55 años.

El juez Miguel Canastuj señaló que los condenados son miembros de la clica Crazy gangsters, una élite de la mara 18, y se demostró con pruebas que son autores intelectuales y materiales de la muerte de un guardia del Sistema Penitenciario, una mujer y haber herido a un transeúnte, la mañana del 22 julio, hace un año, en la puerta principal de ingreso a la Granja Penal Cantel, en el municipio con el mismo nombre, en Quetzaltenango.

Los hechos

Los sindicados, según el MP, le dieron muerte al guardia del Sistema Penitenciario, Hugo René Juárez, de 25 años; a Virginia Del Rosario Soto, 22, e hirieron de bala a Antonio Xec Chojolán, 50, quien caminaba cerca de la puerta de ingreso a la Granja Penal Cantel, en Cantel, Quetzaltenango.

De acuerdo con la resolución del juzgado, a Cortés Cuc se le impuso una pena de 16 años y ocho meses por el delito de violación con agravación de la pena y 10 años 10 meses por el delito de agresión sexual.

El hecho se registró el 4 octubre del 2011 en la vivienda de las víctimas en la zona 11 de Quetzaltenango; sin embargo, tres años después es que es la madre de las menores acusó al ahora condenado por parte de su exconviviente.

“Las niñas no se han logrado reponer emocional y sicológicamente, y a consecuencia de ello el tribunal recomienda que la sicóloga a cargo continúe con el tratamiento para ayudarlas”, dijo Díaz.

Los condenados son Luis Alberto Yumán Garrido, Francisco Concoguá Martínez, Juan Carlos Policarpio Chinchilla, Maynor Aroldo Gutiérrez, Héctor Estuardo González Morales, Cristian Joel Rojas, Roberto Rivera Chacón y Luis Urzúa Salguero por asesinato y asociación ilícita.

El exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) Rivera Chacón, quien integró la banda se convirtió en colaborador eficaz. Su testimonio sirvió para que el Ministerio Público lograra incriminar a Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, en el proceso en su contra por la muerte de 14 personas vinculadas con el narcotráfico.

El caso del Taquero se encuentra pendiente de que México autorice si puede ser investigado por los hechos ilícitos relacionados con la muerte de otras 14 personas. Ese trámite debe efectuarse porque cuando Montiel Marín fue extraditado de México solo podía ser procesado por el caso de la quema del bus, en el cual ya fue enviado a juicio.

Los hechos

Las pesquisas determinaron que las muertes están relacionadas con problemas de drogas entre el Taquero y grupos opositores al control de territorio y a la venta de drogas en Zacapa.

Sin embargo, algunas de las 14 muertes también se dieron contra sus propios colaboradores, quienes le robaban dinero producto de la droga.

Entre las víctimas se cuentan dos colombianas, quienes aparecieron baleadas en un tonel, y atadas de pies y manos.

Según la investigación, la muerte de las extranjeras se debió a que ellas no entregaron dinero que pertenecía al Taquero.

En otro caso, en Santa Elena Barillas, Villa Canales, fueron encontrados seis cadáveres en un vehículo, el 25 de febrero del 2010.

Los 14 crímenes se cometieron entre el 2008 y el 2010, y el Ministerio Público le imputó a la banda seis hechos, que incluyen las 14 muertes.

Por ese proceso penal nueve señalados ya murieron.

Algunos de los sindicados, entre ellos el Taquero, están vinculados con la quema de un bus en Zacapa, donde murieron 15 nicaragüenses y un holandés, en el 2008.

Policarpio Chinchilla ya fue condenado a 820 años, por la muerte de los extranjeros.

La mujer, de 51 años, confesó después que había escondido más cuerpos de bebés asesinados justo después de su nacimiento, sin poder precisar cuántos, y los investigadores acabaron encontrando otros seis.

El juicio permitió saber que Cottrez, en cada embarazo, aprovechaba las vacaciones o viajes de trabajo de su marido para dar a luz en el cuarto de baño, estrangular a los recién nacidos y meterlos en una bolsa de plástico.

El jurado, tras deliberar durante unas cinco horas, reconoció la existencia de una “alteración en el discernimiento” y negó premeditación en el primer infanticidio, pero subrayó la existencia de una “pauta” en los siguientes.

Dos de sus abogados mostraron su satisfacción por el fallo judicial, agradecieron que se haya juzgado a su clienta con “inteligencia, compasión y humanidad” y aseguraron que no van a recurrir la sentencia, que no tuvo en cuenta la petición de 18 años de cárcel solicitada por la Fiscalía.

“Jamás ha sido una criminal como el resto”, dijo el letrado Frank Berton en la cadena de televisión BFMTV, donde destacó que su defendida se siente aliviada y agradece haber sido “escuchada y comprendida por primera vez” en este juicio.

Las dos hijas de la mujer manifestaron también su alegría a la salida de los juzgados por que se haya considerado que su madre “no es un monstruo”, afirmaron que entienden su sufrimiento y subrayaron que, en cuanto esta salga de la cárcel, harán “todo” por ayudarla y ocuparse de ella.

Además, se informó que Tsarnaev tenga un nuevo traslado, del cual se desconoce la fecha, para esperar en el corredor de la muerte, la ejecución de la sentencia dictada en su contra, en la prisión de Terre Huate, en Indiana.

Dzhokhar, de 21 años de edad, fue condenado a muerte por un jurado el 8 de abril reciente pero fue el miércoles último cuando el juez George O'Toole ratificó el fallo, haciendo oficial la pena el menos de los hermanos Tsarnaev.

Dzhokhar Tsarnaev será trasladado al corredor de la muerte de la prisión de Terre Haute http://t.co/eEMDOpjDDB pic.twitter.com/PnGlWgAO3f

— Sumarium (@sumariumcom) June 24, 2015

“Siento el sufrimiento que he causado, y el daño que he hecho, el irreparable daño”, añadió Tsarnaev, según informó el diario The Boston Globe.

La sentencia del juez, que oficializa la decisión unánime adoptada por un jurado el 15 de mayo, no pone fin al proceso, porque ahora la defensa puede apelar, como ya ha dicho que hará.

Así, Tsarnaev, que tiene 21 años, podría permanecer en el corredor de la muerte durante décadas.

El magistrado George A. OToole Jr, encargado del caso y quien dictó “pena de muerte por ejecución”, anunció hoy que, como se había especulado, Tsarnaev será trasladado al corredor de la muerte de la prisión de Terre Haute, en el estado de Indiana.

La pena capital contra Tsarnaev fue solicitada a nivel federal, ya que el estado de Massachusetts abolió esta práctica en la década de 1980.

En sus palabras finales al acusado, el juez respondió a sus alusiones a Alá diciéndole: “Si crees que Dios quiere que mates a gente, crees en un Dios cruel. Ese no puede ser el Dios del Islam”.

“(Los yihadistas islámicos) te indujeron no a un sendero de gloria sino a un juicio y a una condena” , añadió.

En su discurso previo, Tsarnaev, había hecho varias referencias a Alá, a quien pidió que “tenga piedad”  de él, de su hermano y de su familia.

La audiencia comenzó a las 9 hora local, y más de una veintena de víctimas de los atentados o familiares suyos se expresaron allí antes de que el juez federal George OToole pronuncie formalmente la sentencia, decidida el 15 de mayo por un jurado popular.

La primera en hablar fue la madre de una joven muerta en los atentados, Krystle Campbell. La mujer se dirigió al condenado, vestido con traje negro, quien escuchaba con la cabeza baja, sentado entre sus dos abogados.

“La vida es dura. Pero las elecciones que has hecho son innobles. Lo que hiciste a mi hija fue repugnante”, dijo Campbell con la voz quebrada por la emoción, y agregó que no sabía qué decirle.

“Al menos ya no le harás ningún mal a nadie”, dijo el padre de Krystle, Bill Campbell. La sala de audiencias estaba totalmente abarrotada.

“Pudo detener a su hermano, pudo cambiar de opinión”, dijo a continuación el padre de la víctima más joven, Martin Richard, de 8 años. “Pudo denunciarlo a la Policía. Pero no hizo nada para evitar aquello.

Eligió el odio, la destrucción, la muerte. Es totalmente responsable”, agregó Richard, quien explicó que hubiera preferido la cadena perpetua para que Tsarnaev tuviera tiempo para “reconciliarse” con lo que hizo.

Tsarnaev, impasible

El joven musulmán de origen checheno, que llegó de niño a Estados Unidos, escuchó los testimonios sin reaccionar cuando otra víctima le decía que era el momento de que mostrara remordimientos y otros contaban que sus vidas ya no volverían a ser las mismas de antes de los atentados.

Dzhokhar Tsarnaev no habló en ningún momento durante todo el proceso, que duró dos meses y medio, del 4 de marzo al 15 de mayo.

A pesar de los testimonios conmovedores, el exestudiante, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en el 2012, jamás mostró la menor emoción, salvo brevemente frente a las lágrimas de una vieja tía que vino de Rusia a declarar. Tampoco expresó públicamente el menor remordimiento.

Follow @hollybdc and our live blog for updates on the #Tsarnaev death sentencing http://t.co/4XzwMfduyK pic.twitter.com/BBqxGXkj5Y

— Yahoo News (@YahooNews) June 24, 2015

Sin embargo, una religiosa católica, célebre opositora a la pena de muerte, la hermana Helen Prejean, quien lo visitó en la cárcel, había afirmado durante el proceso que Tsarnaev sí lo tenía. Dijo que a propósito de las víctimas el condenado le comentó que: “Nadie debería sufrir como ellas han sufrido”.

Horror

Los atentados de la maratón de Boston, fueron los más graves realizados en un espacio público en Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001. Dejaron tres muertos y 264 heridos cuando el 15 de abril explotaron dos bombas artesanales cerca de la meta y convirtieron un evento muy popular, al que asistían decenas de miles de personas, en una carnicería.

Diecisiete heridos sufrieron amputaciones de miembros, a veces de ambas piernas. Varios dieron su testimonio durante el proceso.

Dzhokhar Tsarnaev cometió esos atentados con su hermano  mayor, Tamerlan, de 26 años, quien murió durante un enfrentamiento con la Policía cuatro días después de los ataques. También fue acusado de la muerte de un policía tres días después de los atentados.

Los miembros del jurado deliberaron durante 14 horas antes de condenarlo a muerte. Es el primer caso de una condena a la pena capital por un tribunal federal en el estado de Massachusetts desde el 2004. La pena de muerte no existe más en los tribunales del estado desde 1984.

La defensa había pedido la cadena perpetua con el argumento de que Dzhokhar Tsarnaev era un “muchacho perdido”  bajo la influencia de su radicalizado hermano mayor. Por tratarse de la pena capital, la condena es automáticamente apelable.

Nowel añadió que la acusada presentó alteración síquica, y que bien podía haber hecho algo más con su hijo en lugar de tomar acciones que lo llevaron a la muerte.

Luego de las investigaciones y pruebas científicas, que el Ministerio Público (MP) realizó, logró comprobar que el 20 de agosto del 2014, en la zona 3 de San Mateo, Quetzaltenango, la sindicada dio a luz a un bebe, quien luego del parto lo metió a una bolsa plástica y lo tiró en una calle cercana a su vivienda.

La prueba genética dio la certeza que Aguilar era la madre del niño, además de las versiones de testigos, bomberos de la localidad y personal médico del centro de salud, quienes atendieron a Aguilar luego del incidente. Así mismo la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, demostró que el pequeño falleció por asfixia.

Según se concluyó, con este caso que finalizo con la sentencia condenatoria del ahora condenado, la mañana del 7 de julio del año pasado iba como pasajero en un microbús que conducía López Isidro quien era víctima de extorsión, y al negarse a pagar la misma fue ultimado a balazos en la ruta hacia la colonia Los Laureles.

Por este hecho también fueron aprehendidos, ocho horas después de haber cometido el crimen, dos menores de edad, entre estos una adolescente, quienes se escondían en una casa abandonada ubicada a cuadra y media de donde ocurrió el crimen contra la víctima.

El fallecido en este caso era un reconocido maestro de formación musical, quien prestó sus servicios en diferentes centros educativos del departamento y se dedicaba a conformar bandas rítmicas en los institutos del ciclo básico.

Se determinó durante el juicio que fue un móvil político, por haber presentado y elaborado el informe para la Recuperación de la Memoria Histórica REHMI, Guatemala “Nunca Más”.

Esto acaparó la atención no solo de diarios de Guatemala sino de muchos medios de comunicación escritos de distintos países. La información fue difundida también en las medios electrónicos por medio de internet. La noticia fue de tal impacto que dio la vuelta al mundo.

Las Agencias internacionales de noticias como Notimex, Agencia Francesa de Prensa, Agencia Centroamericana de Noticias de España, ACAN-EFE Reuters y Associated Press también informaron del fallo y de todo el proceso del juicio.

Titulares de algunos diarios Internacionales

• Diario Costarricense la Nación “Histórica condena”
• Prensa Gráfica de El Salvador “Cuatro condenados por el crimen de Obispo Gerardi en Guatemala”.
• En Managua, Nicaragua, La Prensa tituló “30 años para asesinos de Obispo”.
• En Honduras, La Prensa abrió con el titular “Condenan a 30 años de prisión a asesinos de obispo Gerardi”.
• New York Times titula “3 soldiers for 1998 Murder of Bishop (Corte de Guatemala sentencia a 3 soldados por muerte de Obispo).

En parte de la información periodística se menciona que el principal motivo fue un móvil político, por el informe que Monseñor había presentado, el cual mencionaba atrocidades, violaciones, masacres y genocidios de campesinos durante el conflicto armado interno que Guatemala libró durante 36 años.

Muchas de estas muertes fueron cometidas por el Ejército de Guatemala y la menor parte por la guerrilla, según resaltaba el REHMI.

Frase de Gerardi

“Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar”, expresó Juan José Gerardi Conedera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, el 24 de abril de 1998, cuando presentó el informe Guatemala “Nunca Más”, Recuperación de la Memoria Histórica, REHMI .

La sentencia permitió la puesta en libertad de los acusados, que se enfrentaban a una pena de tres meses y que han superado la condena impuesta con el tiempo pasado bajo custodia policial, según el portal Malaysiakini.

El juez también impuso el pago de una multa de 5 mil ringit (1 mil 331 dólares o 1 mil 190 euros) a los cuatro turistas, que comparecieron ante la corte esposados por parejas, en medio de un fuerte despliegue policial.

Los cuatro formaban parte de un grupo de 27 turistas que realizaba el descenso tras haber alcanzado la cima y se fotografiaron desnudos junto a otros seis viajeros que las autoridades malasias aun buscan.

Según la acusación, los turistas se retaron a fotografiarse desnudos pese al frío en la cima de este monte de más de 4 mil metros de altitud y a las peticiones de los guías para que no lo hicieran.

El abogado de la defensa, Ronnie Chiam, presentó como atenuantes la ignorancia y el arrepentimiento de los acusados, de quienes aseguró que “como gesto remordimiento quieren extender su disculpa pública al pueblo de Sabah y de Malasia.”

El incidente ocurrió en la madrugada del 30 de mayo recién pasado, seis días antes del terremoto de 6 grados en la escala de Richter que causó la muerte de 18 excursionistas y guías en el Kinabalu, un popular destino turístico de esta zona en la isla de Borneo.

Tras la circulación de las imágenes por las redes sociales, líderes de comunidades indígenas culparon a los turistas por haber enojado con su actitud a los espíritus del lugar que consideran sagrado y desencadenado el temblor.

Los turistas también podrían enfrentarse a una demanda en un tribunal de nativos, que podría condenarles a pagar los gastos de la ceremonia para calmar a los espíritus, incluidos los búfalos de agua que serían sacrificados.

En el momento del terremoto, alrededor de 200 personas escalaban o descendían la montaña de 4 mil 95 metros de altura, la más alta de la isla de Borneo y situada en un parque protegido.

El temblor se prolongó durante un minuto y provocó avalanchas, desprendimientos de rocas y el derrumbe de dos montículos donde se practica la escalada, así como daños en varios edificios del parque nacional.

El antiguo dirigente admitió su culpabilidad y no recurrirá el veredicto, según Xinhua.

Exministro de la todopoderosa cartera de Seguridad Pública, Zhou Yongkang, de 75 años, estuvo al frente de la Comisión de Asuntos Políticos y Judiciales del PCC hasta noviembre del 2012, cuando se retiró junto a otros dirigentes.

Detenido en secreto, no se le había vuelto a ver desde otoño del 2013.

Su condena es la más emblemática de la campaña lanzada por el presidente Xi Jinping contra la corrupción, que trata de golpear tanto dirigentes como a cargos menores del régimen.

Zhou es el único exmiembro del Comité Permanente del Partido Comunista de China (el limitado grupo de entre cinco y nueve personas, actualmente siete, que concentra el poder en el régimen comunista) que ha sido objeto de una investigación judicial desde la fundación de la República Popular.

Poseedor de uno de los currículos más extensos e impresionantes de la actual jerarquía comunista china, Zhou fue ministro de Tierra y Recursos (1998-99) , principal responsable del PCCh en la provincia interior de Sichuan (1999-2002) y, entre 2002 y 2007, titular de la cartera de Seguridad Pública.

En este cargo, Zhou controló la policía, los servicios paramilitares, las redes de inteligencia y espionaje y consiguió gran influencia en los tribunales chinos.

Antes del hecho, Prudhomme, de 56 años, había tenido una celebración con su hija y amigos en el bar. El hombre teminó en un hospital y murió al día siguiente.

Lo condenan

El barman, de 47 años de edad, recibió este jueves una sentencia de cárcel suspendida de cuatro meses y se le prohibió trabajar en un bar por un año, publicó el diario peruano El Comercio en su sitio elcomercio.pe.

En una audiencia anterior, había admitido que cometió “un error” al mostrar el registro de tragos en un aviso de su local y poner un anuncio que incitaba al público a participar en una competencia de bebedores.

Renaud Portejoie, abogado defensor del barman, afirmó que Prudhomme ya tenía problemas de abuso de alcohol y males respiratorios.

“Mi cliente se alivia con el fallo de la justicia”, dijo el abogado defensor de la familia del occiso.

“Se trató de un caso de incitación al consumo. Eso es un error muy grave para el propietario de un bar. Queremos recordar a algunos profesionales que es ilegal servir alcohol a los clientes en un avanzado estado de embriaguez”, remarcó el abogado.

Sus abogados han mostrado su descontento con la sentencia, que consideran excesivamente severa, y anunciado que apelarán ante el Tribunal Supremo.

“No ignoro mi condena o la tomo a la ligera. Sin embargo, creo que el tribunal debe considerar mi contribución al Estado de Israel, a su seguridad y su situación social y económica. Espero que los errores identificados en mi conducta se equilibren con mi devoción al bienestar del estado y su gente”, manifestó Olmert durante el juicio.

El que fuera jefe del gobierno israelí entre el 2003 y el 2006, y previamente alcalde de Jerusalén, fue en el 2012 exculpado en este caso al no lograrse demostrar que utilizó miles de dólares entregados en sobres de dinero por el empresario estadounidense Moshé Talansky para su propio beneficio.

Sin embargo, hace dos meses la Corte decidió reabrir el caso ante la presentación de nuevas pruebas, entre ellas la declaración de la antigua asesora de Olmert y exjefa de su oficina, Shula Zaken, que confirmó la recepción de los sobres de dinero y su ocultación a las autoridades.

El fiscal había pedido al menos un año de prisión.

Esta nueva condena se suma a los seis años de cárcel a los que fue condenado el pasado año en otro caso de corrupción urbanística.

Mursi ya había sido condenado a 20 años de cárcel en abril en un primer proceso, por incitar a reprimir a manifestantes opositores el tiempo que estuvo en el poder, entre el 2012 y el 2013.

El tribunal que lo juzgó en El Cairo debía pronunciar su veredicto en dos casos.

En el primero, tanto a Mursi como a otros 128 acusados —incluyendo miembros de los Hermanos Musulmanes, el Hamás palestino y el grupo libanés Hizbulá— se les juzgaba por evasiones masivas de la cárcel y actos violentos ocurridos durante la revuelta popular del 2011 que expulsó al entonces presidente Hosni Mubarak del poder.

En el segundo, Mursi estaba acusado de espionaje, entre 2005 y 2013, principalmente en beneficio de Hamás, de Hezbulá y de Irán. En este proceso, el ex presidente, que comparecía sonriente desde un cubículo insonorizado, escapó a la pena capital, con la que fueron castigados otros 16 acusados.

El predicador islamista catarí Yusuf al Qaradaui, uno de los condenados a muerte en el proceso por la evasión, fue condenado en ausencia.

Asimismo, el Tribunal ordenó que al momento de cumplir la condena deberá ser expulsado del país.

El caso se descubrió luego que dos mujeres que se opusieron a los abusos en esa nación presentaran la denuncia.

Según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, el condenado era el jefe una organización y la persona que enviaba a las mujeres a Jordania, donde las vendía como mercancía para que trabajaran como empleadas domésticas o niñeras.

A pesar del sueldo que les ofrecían al momento de la contratación, el cual era de US$400 –Q3 mil 200-, nunca los recibieron. Lo que al final les otorgaban era US$200 –Q1 mil 600- y un tiempo de comida al día. La jornada laboral de las domésticas era más de trece horas laborales.

En el debate también se juzgó a Mohammad Ali Ayed Al Tobasi Fares y Magda Raquel López Rodríguez, quienes fueron absueltos por el Tribunal.

La red que integraban los ya mencionados fue desmantelada en diciembre de 2011. Según los datos de las investigaciones realizada por el Ministerio Público (MP). habían enviado a 21 mujeres y un hombre a Jordania durante el tiempo que operó la estructura.

Las pruebas

Las 11 mujeres relataron que el 10 de mayo de 2011 en un clasificado se ofrecía trabajo en Jordania, como secretaria, niñera o en trabajos domésticos. El sueldo que se ofrecía era de US$400, unos Q3 mil 200.

Una vez contactadas las mujeres interesadas, eran reclutadas en un inmueble de la zona 1, en un comercio que vendía ropa usada, propiedad del jordano condenado.

Las mujeres eran sacadas del país con visa de turismo, bajo la responsabilidad de una iglesia evangélica, agrupación religiosa que durante el juicio se confirmó que no existe.

En Jordania, las víctimas eran refugiadas en un inmueble sin energía eléctrica y agua potable y luego eran vendidas y esclavizadas, obligandolas a trabajar de 5 de la mañana a 11 de la noche y con derecho a un tiempo de comida.

En el juicio se constató que el 12 de junio del 2014, la sentenciada visitó el Preventivo de Varones de Xela y le entregó dos jugos a la víctima, los cuales estaban envenenados con pesticida.

Nowel dijo que ese mismo día la víctima presentó malestar estomacal y fue trasladado al Hospital Regional de Occidente, donde falleció cuatro días después a causa de fallo orgánico múltiple.

Pena mínima

Manifestó que se decidió imponer la pena mínima por la edad de la sindicada y la responsabilidad que tiene de un hijo menor que procreó con la víctima.

Durante el debate, la defensa de la sindicada trató de culpar a los hijos del fallecido y a su familia como los responsables de envenenarlo, pero se comprobó que el día en que enfermó el reo, solo fue visitado por Oxlaj.

La sentenciada nunca aceptó culpa durante el juicio, a pesar de comprobar científicamente que los jugos fueron contaminados con el pesticida.

Los jueces determinaron que Oxlaj también tendrá que hacerse cargo del costo del debate y cancelar al Estado la suma de Q150 mil, ya que demostró tener solvencia económica al contratar una defensa privada.

El 9 de junio del 2014, Oroxom celebró el cumpleaños de su esposa Juana Pérez, pero bebió más de la cuenta y la golpeó cuando estaban dentro de un carro estacionado en la zona 8, donde fue capturado y consignado por violencia contra la mujer y cohecho.

“Nuestra decisión es unánime. Se desestima el recurso contra los cinco acusados. Condena y sentencia confirmadas”, anunció el juez Zulkefli Ahmad Makinudink en la Corte Federal de Malasia en Putrajaya, la capital administrativa del país.

Los hechos

Los González Villarreal fueron arrestados en marzo de 2008 en una fábrica del sur de Malasia donde la policía incautó 66 libras de metanfetaminas y de material para fabricar droga.

Los acusados siempre han sostenido que eran simples trabajadores de la limpieza y que ignoraban que en esa fábrica se producían drogas.

El embajador de México en Malasia, Carlos Félix Corona, dijo por teléfono a la AFP que los González Villarreal “de salud, están muy bien”, y precisó haberlos visitado personalmente en una cárcel que tiene buenas condiciones.

Los hermanos han recibido asistencia espiritual en la prisión e incluso muestras de apoyo del Papa.

“A través del nuncio apostólico, el papa Francisco les envió imágenes de él, les envió rosarios, lo que ha contribuido mucho al ánimo espiritual de ellos”, explica el embajador.

Los tres mexicanos fueron sentenciados en marzo de 2012, y su condena fue ratificada al día siguiente por un tribunal de apelación. El tráfico de drogas se castiga en Malasia con la muerte en la horca.

Los mexicanos ya agotaron normalmente sus vías legales en los tribunales aunque su defensa adelantó que pedirá una revisión del fallo.

México lamenta decisión

El gobierno mexicano deploró el fallo del jueves y reiteró su rechazo a la pena de muerte.

“El gobierno de México lamenta la decisión de aplicar la pena de muerte, respetando siempre la legislación interna” de los países, indicó la cancillería a la AFP en la capital mexicana.

“Reiteramos el compromiso del gobierno federal en la protección de los mexicanos en el exterior que enfrenten un proceso penal, sin prejuzgar su culpabilidad o inocencia”, agregó la cancillería de México, un país que enfrenta desde hace años un feroz combate contra los cárteles de la droga en el que han muerto miles de personas.

Apoyo

En la actualidad hay 82 mexicanos detenidos en cárceles de Asia, 78 de ellos por delitos contra la salud (narcotráfico), según datos de la cancillería.

El gobierno ha contratado a dos expertos para asistir a la defensa de los Villareal y, en un comunicado de la cancillería, afirmó esperar “que la sentencia no se ejecute de inmediato”.

Los hermanos dijeron haber viajado a Malasia buscando oportunidades de empleo. Antes habían colaborado con su familia en la fabricación de ladrillos cuando vivían en un inseguro barrio de la capital de Sinaloa, la región más emblemática del narcotráfico mexicano.

Conozca más de los dos mexicanos condenados a muerte en Malasya en esta nota que hizo la cadena televisiva CN3 Noticias. (Youtube).

Crueldad

La fiscalía dijo que la madre suministró a su hijo una alta concentración de sal  (cloruro de sodio), a través de un tubo en el estómago porque deseaba la atracción que la enfermedad del niño provocaba hacia ella, especialmente gracias a sus mensajes en redes sociales.

Spears no mostró emoción alguna al pronunciársela sentencia.

El juez de la corte suprema del estado Robert Neary dijo que el crimen de Spears fue “inimaginable por su crueldad” y causó a su hijo “cinco años de tormento y dolor”.

Trastorno mental

El juez también expresó: “No hay que ser un siquiatra para ver que usted padece de Mnchhausen por poder”.

Dicho trastorno ocurre cuando alguien causa daños intencionalmente a una persona bajo su cuidado y entonces disfruta la atención y simpatía que recibe.

El abogado de Spears se había negado a mencionar el padecimiento como parte de la defensa y ambas partes acordaron no mencionarlo en el juicio.

Tras la sentencia, el abogado defensor Stephen Riebling dijo que es algo extraño que el juez lo mencionase porque a Spears “no se le ha diagnosticado ninguna enfermedad mental”. Ella no declaró en el juicio.

https://www.youtube.com/watch?v=Eap_CxL4ieU

Vea el video en donde Spears comparece ante el juez luego de haber matado a su hijo de 5 años. (Youtube).