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Autopista Palín-Escuintla sigue sin mecanismo de mantenimiento y empresarios abogan por rápida reparación

La concesión con Marhnos finalizó en el 2023, sin embargo, no se ha finalizado la recepción por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Fátima Najarro

22 de octubre de 2024

|

05:00h

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Los trabajos iniciaron hace una semana en los tres puntos que el CIV contrató. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los 30 kilómetros de la autopista Palín-Escuintla han dejado de recibir un mantenimiento preventivo en los últimos meses debido a que no se ha establecido cuál será el mecanismo por medio del cual se administrará. En mayo del 2023 finalizó la concesión de la ruta con Marhnos, pero no se ha realizado la entrega formal de la vía. Las autoridades sostienen que se lleva a cabo la fase preliminar de la entrega.

En diversas ocasiones actores del sector privado han señalado la importancia del mantenimiento de la infraestructura vial, y dicha autopista ha sido un asunto recurrente desde el fin de la concesión, mientras los trabajos continúan en tres puntos de la carretera. Algunos indican que sería “prudente” analizar la posibilidad de volverla a ceder a una empresa privada.

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, argumentó que en el sector hay “una preocupación real” no solo por las reparaciones que hace el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por el hundimiento ocurrido hace cuatro meses en el kilómetro 44, sino porque no hay claridad en el mecanismo para brindarle mantenimiento.

“Si se sigue el mismo modelo -que la administre el CIV-, los resultados serán los mismos, de que ya nunca tendremos una autopista como la que se tuvo con el peaje. Por eso, con las condiciones actuales, lo mejor es volver a concesionarla”, expresó Zapata.

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Añadió que otra opción viable es que se apruebe la ley de Infraestructura Vial Prioritaria en el Congreso, en la que la autopista de Palín está incluida, y que se maneje bajo ese mecanismo que brindaría herramientas para contratos de pagos por disponibilidad de servicios.

“De momento las opciones de seguir bajo un modelo de obra pública tradicional no se ve que vayan a dar los resultados esperados, y francamente si no se aprueba la ley de Infraestructura Vial Prioritaria, el Gobierno debería pensar sinceramente en volver a concesionar la ruta, ya que vimos que fue un mecanismo eficiente en su momento”, recalcó.

Por su parte, la presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carmen Torrebiarte, resaltó la importancia del mantenimiento de carreteras en general, y apunta que los meses en los que las rutas han dejado de recibir cuidado repercutirá en que se requiera más presupuesto.

“Va a ser más costosa la recuperación -de las carreteras por falta de mantenimiento-, pero se puede recuperar. Lo que pasa es que va a haber que meterle más recursos en los próximos años para volverlas a tener de nuevo con su mantenimiento necesario”, hizo ver.

Además, urgió a las autoridades del CIV a reparar la autopista Palín-Escuintla, y que se espera que debido al fondo que se les asignó en la ampliación presupuestaria, se entregue una ruta con condiciones mejoradas.

“Lo que tenemos que ver es que realmente ejecuten y que nos dejen esa autopista igual o mejor de como la recibieron”, puntualizó Torrebiarte.

El ministro del Comunicaciones, Félix Alvarado, ha explicado que los trabajos en la autopista se podrían finalizar incluso antes de los tres meses que establecen los contratos para los que se utilizaron Q99 millones otorgados en la ampliación presupuestaria y para los que no se requeriría un proceso de cotización o licitación.

Tres modelos

Volverla a concesionar, ser administrada por un banco estatal o quedar a cargo del CIV son tres de las alternativas a las que la cartera se puede inclinar, según explicó la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega. Detalló que esas tres alternativas se analizaban cuando ocupó el despacho de la institución.

“Habría que ir al Congreso nuevamente -para volverla a dar en concesión-, peor ya está el modelo de la asociación público-privada que va -de- Escuintla a Puerto Quetzal y este mismo”, explicó.

Añadió que el segundo esquema al que se podría recurrir es que la ruta pase a ser administrada por un banco del Estado, que podría ser el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) o algún otro. Y la tercera opción es que siga a cargo del CIV, pero recurrentemente se tendrían que adjudicar mantenimientos para los puntos de la autopista.

“En este momento nada -sobre la capacidad que tiene el CIV para administrar la autopista-, pero tendrían que haberlo considerado en el proyecto de presupuesto porque son varios kilómetros, como 28, y se terminan una buena parte de los fondos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) para darle mantenimiento a esta ruta”, agregó.

Advirtió además que no se ha realizado un recibimiento formal a Marhnos de la autopista, lo que causa que incluso se corra el riesgo de recibir una demanda por no finalizar el procedimiento de revertimiento de la concesión.

“Debería haber una consecuencia legal porque todo el proyecto hay que liquidarlo porque hay un tiempo para hacerlo. La Contraloría General de Cuentas (CGC) ya había identificado que ya habían pasado casi 18 meses y se quedó parada. En el contrato creo que decía que debía hacerse el proceso de revertimiento en cinco o seis meses”, precisó la exfuncionaria.

Asimismo, el viceministro de Infraestructura Max Alejandro García amplió que se espera que en las próximas semanas se finalice el proceso de revertimiento que se ejecuta por medio de una comisión específica nombrada, que ahora hace la revisión respectiva.

“Luego de ello el proceso necesariamente implica una fase de liquidación, en la cual tanto la concesionaria como el Ministerio de Comunicaciones revisan los saldos derivados del contrato de concesión y se elabora una liquidación final”, comentó el funcionario.

Iniciativa 5431

La iniciativa de ley de Infraestructura Vial Prioritaria, número 5431, está incluida en la agenda de la plenaria del Congreso de este 22 de octubre como último punto para aprobación por artículos y redacción final. Contempla incluir en un plan de conservación, operación y mejora las rutas centroamericanas por medio de contratos de más de 20 a 30 años que pagará el Ejecutivo a la empresa que contrate solo si se tienen las condiciones óptimas en las carreteras.

Este nuevo modelo lo manejará una nueva institución que se creará, llamada Dirección de Proyectos Viales Prioritarios. La iniciativa fue presentada en el 2018 por varios diputados, y este año ha entrado nuevamente a discusión, por lo que se le realizaron algunos cambios respecto a la propuesta original.

Marhnos se desliga de responsabilidad en socavón en Autopista Palín – Escuintla

La empresa Marhnos, que administró la Autopista Palín – Escuintla por 25 años, dice que su responsabilidad sobre la vía “culminó al entregar el activo físico”, pero el Gobierno asegura que hay una fianza vigente.

César Pérez Marroquín

13 de junio de 2024

|

19:27h

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Un hundimiento en el km 44 de la Autopista Palín – Escuintla afecta el tránsito del sur hacia la capital. (Foto Prensa Libre: Carlos Enrique Paredes)

Tras el hundimiento en el km 44 de la autopista Palín – Escuintla, la empresa Marhnos, que tuvo bajo concesión ese tramo durante 25 años, se desligó de responsabilidades en ese incidente y señaló que para que esa vía funciones en condiciones óptimas “requiere un mantenimiento continuo y constante”, principalmente si se libera el tráfico, como ocurrió en esa arteria.

El Gobierno de Guatemala por su parte señala que se analiza el grado de responsabilidad de Marhnos en el hundimiento, pues de acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el incidente ocurrió en un área que no ha sido entregada al cien por cien.

En un comunicado, Marhnos señaló que “el 30 abril del 2023 el activo fue entregado al Estado de Guatemala” y que en diciembre del mismo año se completó y entregó el mantenimiento mayor del tramo.

“El 30 de abril del 2023 finalizó el contrato de concesión de operación y mantenimiento de la Autopista Palín – Escuintla, firmado con el Gobierno de Guatemala en junio de 1997 que tuvo una duración de 25 años. En cumplimiento de la Ley y disposiciones gubernamentales, a partir del 1 de mayo la autopista quedó bajo el control del Gobierno de Guatemala”, refiere el documento.

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Añade que, debido a la importancia del contrato, los asesores legales de la compañía revisaron los documentos firmados con el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en presencia de notarios.

“Contractualmente, Marhnos cumplió con todas las etapas de mantenimiento y entrega, incluyendo una inversión final en la autopista de más de 100 millones de quetzales, entregada en diciembre de 2023. Todos estos procedimientos están debidamente documentados con actas de entrega”, detalla el documento.

Además, refiere que, al momento de la entrega, directivos de Marhnos informaron a la Dirección General de Caminos y a los medios de comunicación que “la autopista requiere un mantenimiento continuo y constante, especialmente si se libera el tráfico, ya que su construcción y mantenimiento contractual estaban diseñados para un flujo vehicular de 22 mil vehículos sin carga pesada. Por lo que Marhnos contaba con más de 150 colaboradores que realizaban labores diarias de limpieza y mantenimiento”.

Añade que mantienen un diálogo y colaboración con el CIV para la revisión de temas administrativos. “La responsabilidad de Marhnos culminó al momento de entregar tanto el activo físico como concluir con el mantenimiento mayor”, detalla la misiva.

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“Durante los veinticinco años de concesión, la autopista fue administrada y mantenida bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. Los guatemaltecos disfrutaron de un servicio eficiente, seguro e ininterrumpido. Todos los trabajos de mantenimiento se realizaron cumpliendo estrictamente el contrato y adaptándose al flujo vehicular real. Las fianzas disponibles se enfocaron exclusivamente en compromisos adquiridos para el mantenimiento mayor por rodadura, finalizado en diciembre de 2023”, agrega la empresa.

Detalla que la entrega de la autopista se evidenció luego de que el gobierno anterior “tomó el control y demolió las garitas, tomó posesión de las áreas y estableció sus propios programas de mantenimiento y atención, mismo que quedó a cargo de la Dirección General de Caminos”.

Asegura que se hizo de conocimiento a las entidades del gobierno anterior que “la Autopista Palín – Escuintla es una infraestructura vital y estratégica para la economía del país” que requiere de una “operación, administración y mantenimiento eficientes, rápidas y oportunas”.

“La entrega se desarrolló bajo las condiciones contractuales vigentes y contemplando el aforo promedio en modalidad de peaje, lo que resulta de gran importancia, para las decisiones técnicas debido al incremento de tránsito una vez que se convirtiera en vía libre y gratuita”, refiere el documento.

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Agrega que se revisan asuntos administrativos que quedaron en impasse durante el gobierno anterior.

“Marhnos expresa su solidaridad ante los efectos de las intensas lluvias y, en apoyo a la administración actual, se compromete a realizar un diagnóstico exhaustivo para determinar las causas del socavamiento, contribuyendo con su experiencia y conocimientos en el área”, concluye el documento.

Qué dice el CIV

El viceministro de infraestructura del CIV, Max Alejandro García, señaló que técnicos de la Dirección General de Caminos hicieron una evaluación de las dimensiones del hundimiento por medio de drones y que se comunicaron con Marhnos para ver temas relacionados con fianzas.

“Nosotros también nos comunicamos con Marhnos para la asistencia, porque ese es un tramo de la autopista Palín – Escuintla que no está al cien por ciento recepcionado y todavía contamos con una fianza de conservación de obra vigente”, añadió García.

El funcionario agregó: “digamos que es parte de responsabilidad de ellos todavía atender el tema del hundimiento”.

Además, el CIV publicó un comunicado en el que señala que “en respuesta al hundimiento lateral ocurrido en el kilómetro 43.9 de la Ruta CA-9 Sur, en el tramo Palín-Escuintla, Escuintla, la Dirección General de Caminos, en conjunto con la empresa Marhnos, está evaluando la situación para determinar la duración y los métodos de reparación del tramo afectado”.

Agrega que la responsabilidad de la empresa continúa, debido a que el gobierno anterior “no procuró dar por finalizado el revertimiento y recepción final del proyecto del contrato de mantenimiento con cobro de peaje, por lo que las fianzas de conservación de obra continúan vigentes”.

Además, dice que “en el marco del contrato vigente, el CIV actuará con apego a la ley y en defensa de los intereses del Estado de Guatemala. Será hasta la culminación del revertimiento y recepción final que el tramo será responsabilidad del CIV”.

El CIV detalla que el hundimiento afecta aproximadamente un carril y medio, con una profundidad estimada de 12 metros.

“Por precaución hemos deshabilitado los tres carriles hacia el norte. Se están estudiando las rutas para realizar los trabajos en el lugar. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), por medio de sus brigadas, asegura el control del tráfico en el área afectada”, detalla el comunicado.

Agrega que, “para mitigar el impacto en la circulación, se implementará un bypass que permitirá activar un carril reversible. Temporalmente el tráfico de carga se está desviando por la ruta antigua CA-9 Sur. Esto asegurará que la movilidad no se detenga por completo, utilizando un carril para el tráfico en dirección norte y dos carriles para el tráfico en dirección sur, según lo requiera la situación”.

Recientemente, la titular del CIV, Jazmín de la Vega, dijo que la administración de la autopista será devuelta a Marhnos, empresa que la tuvo por concesión por 25 años, porque no fue entregada al Estado como se establecía en los contratos.

Este 30 de enero, De la Vega dijo que se reunirá con representantes de la empresa y se tiene planificado hacer una visita para supervisar los trabajos de mantenimiento necesarios en el tramo.

“Vamos a iniciar una visita a la Autopista Palín – Escuintla y reactivar este contrato y lograr terminar el paso libre por ella”, dijo De la Vega.

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Añadió que para la próxima semana se implementará un control de pesos, pues cuando se habilitó el paso sin peaje se permitió el paso de transportes de carga con ciertos niveles de peso o ejes.

“La idea es platicar con la empresa concesionaria, Marnhos, nos reuniremos hoy y la idea es dejar la ruta bien y ver qué pasó con el tramo que aún no se ha iniciado. Tengo entendido que se pagó el 100% de la reparación, pero no se han terminado los trabajos. Queremos reactivarlos y avanzar antes del invierno en el mantenimiento de las rutas”, recalcó De la Vega.

Respecto a las auditorías que efectuará la Contraloría General de Cuentas en contratos del CIV con empresas constructoras, la funcionaria dijo que se reunieron con el contralor y que se ofreció “todo el apoyo”.

“Hay una delegación de la Contraloría en Covial y Caminos. Solicitamos bitácoras electrónicas, controles de supervisión electrónicos, controles de las estimaciones de trabajo y ya se está trabajando de la mano con ellos para que se ejecuten los trabajos según los contratos”, señaló la titular del CIV.

“Hemos revisado contratos y se han hecho auditorías en las unidades ejecutoras. Hay contratos que se están revisando para poderlos suspender. Se está priorizando lo que queremos ejecutar con el presupuesto asignado y ver los contratos que tienen problema”

| La entrega de la autopista Palín-Escuintla, programada para hoy, se pospone. La Ministra #JazmínDeLaVega aclara que el tramo aún no está finalizado. Mantenemos nuestro compromiso de transparencia en cada fase del proceso. #GuatemalaAvanza pic.twitter.com/RB1eNqjDuC

— Ministerio de Comunicaciones (@CIVguate) January 25, 2024

De la Vega también indicó que se planifica llevar a cabo trabajos de mantenimiento y reparación de rutas próximamente para prevenir la llegada de la temporada de lluvia.

“Se tuvo una reunión la semana pasada con todas las zonas viales para ponerlas a trabajar previo a que venga el invierno”, aseveró De la Vega.

La ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, dio a conocer en conferencia de prensa este miércoles 24 de enero, que se suspendió la entrega de la autopista. Se hará una visita para revisarla la próxima semana y se tendrá una reunión con la empresa para tratar el tema, informó.

“No puede ser que la autopista no tenga el mantenimiento que le debió haber dado -la empresa-“, declaró la titular de la cartera.

Cuando la autopista fue entregada al gobierno, en mayo del 2023, la empresa inició con un mantenimiento que tomaría cerca de cinco meses para que la carretera estuviera en “óptimas condiciones”, como lo establece el contrato. La ministra De la Vega comentó que fueron cerca de ocho meses los que se acordaron para el mantenimiento.

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El presidente de la empresa, Sandro Testelli, confirmó que Marhnos está dispuesta a volver a tomar posesión del activo y revisar los aspectos que indique la cartera.

“Dentro de esta etapa de transición ya tomaría el ministerio, a partir del acto de recepción, ya todo lo que es responsabilidad del activo, por eso es -importante- hacer un proceso ordenado, porque hay una transmisión de responsabilidades en cuanto a la conservación del activo”, señaló Testelli.

Comentó que han estado en contacto con De la Vega durante el proceso de transición de gobierno, y ahí se señalaron algunos aspectos y propuestas adicionales del nuevo gobierno respecto de la recepción de la autopista.

“En la ejecución de los trabajos, creo que se hizo una inversión importante, cercana a los Q96 millones, en donde se puede confirmar que hay todo un cambio en la normativa de señalización vertical y horizontal, se hizo un cambio en los distribuidores, se hizo un trabajo de manera coordinada, es un tema informativo en el cual estamos compartiendo información con los equipos”, agregó.

Seguirá sin peaje

Debido a que los cobros de peaje en las garitas de la autopista ya fueron finiquitados, estos no se retomarán cuando los activos vuelvan a pasar a ser parte de la empresa.

Se recibirá y se evaluarán los temas que indique la cartera, para lo cual la empresa ya tiene listos los expedientes sobre las acciones realizadas en la autopista, dijo el representante de Marhnos.

En mayo del 2023, cuando se conoció sobre el mantenimiento de los activos, Marhnos detalló que se utilizaría un asfalto modificado para una nueva capa. En ese contexto advirtieron que ese mantenimiento se daría mientras la autopista es de vía libre, lo que podría afectar la longevidad de los trabajos.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó el 27 de abril último, en el Diario de Centro América, el Acuerdo 438-2023 que, entre otras disposiciones, restringe la circulación de vehículos de carga y sus combinaciones iguales o mayores a seis ejes a partir del 1 de mayo de 2023, fecha en la que concluyó la concesión que tuvo la empresa mexicana Marhnos durante 25 años, y pasó a manos del Estado.

En el comunicado emitido en su cuenta de Twitter, la CNT señaló que hubo una apertura al diálogo por parte del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, y tras una serie de reuniones, “se pudo demostrar técnicamente la viabilidad para que los vehículos automotores de hasta seis ejes puedan circular en dicho tramo carretero, con la certeza de que la cinta asfáltica no se dañará”.

Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca) y directivo en la CNT, dijo que se acordó con el CIV la modificación en los próximos días del Acuerdo Ministerial 438-2023, ya que para la regulación del tipo de vehículos que pueden transitar en las carreteras centroamericanas, nacionales y departamentales del país, por jerarquía rige el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores de Carga y sus Combinaciones, Acuerdo Gubernativo 379-2010.

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Nuevas disposiciones para circular en la autopista

De acuerdo con el comunicado de la CNT, los acuerdo alcanzados serían:

1. A partir del sábado 6 de mayo, los vehículos automotores de hasta seis ejes podrían circular por la autopista Palín-Escuintla.
2. Es obligatorio respetar la velocidad de los 80 kilómetros autorizados.
3. No excederse del peso y longitud autorizados en el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores de Carga y sus Combinaciones.
4. Se acordó la instalación de básculas a nivel nacional, con el objetivo de apoyar a la Seguridad Vial y coadyuvar a preservar toda la infraestructura y puentes de la red vial en toda la república, así como el uso de radares móviles para el control de la velocidad.
5. Por parte del CIV, se estarán colocando básculas móviles en ambos extremos de la autopista Palín-Escuintla, y se pesarán aleatoriamente las unidades que circularán en el tramo, con la finalidad de establecer que no excedan el Peso Bruto Vehicular (PBV).

De acuerdo con Fajardo, basados en los criterios técnicos establecidos en el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores de Carga y sus Combinaciones, la autopista Palín-Escuintla tiene la capacidad de soportar el paso de automotores de hasta seis ejes, toda vez se cumplan con las especificaciones de peso y longitud.

El CIV habría sido receptivo de las observaciones y se esperaría que el martes de la próxima semana se emita un nuevo Acuerdo Ministerial para modificar el 438-2023, emitido el 27 de abril, a fin de que las disposiciones se adecúen a lo reglamentado en el Acuerdo Gubernativo 379-2010.

Vehículos que circulaban con peaje

De acuerdo con las estimaciones de Marhnos, concesionaria de la autopista por 25 años, en ese tramo transitaban con peaje un promedio de 22 mil vehículos diarios al año, pero al liberarse el cobro de paso se ha proyectado que podrían ser unos 35 mil o incluso duplicarse.

Marhnos estimaba que la relación por tamaño de los vehículos que circulaban en la autopista era de 80% livianos y 20% pesados. Fajardo señala que la mayoría de ese transporte pesado se refiere a automotores de seis o más ejes.

Según estimaciones de Catransca, basados en información que les transmiten las empresas socias, que del total del transporte pesado que circulaban desde y hacia la Costa Sur y otras áreas, el 50% lo hacía por la autopista cuando se cobraba peaje.

Prensa Libre consultó la versión del CIV sobre el posible acuerdo anunciado por la CNT, sin embargo, el director de Comunicación, Carlos Narez, indicó que será en la tarde que brindará información.

COMUNICADO PARA TRANSPORTISTAS Y PILOTOS pic.twitter.com/hF6I0jKyZU

— @C.N.T Guatemala (@CNT24741145) May 5, 2023

La autopista Palín-Escuintla estuvo bajo la administración de Marhnos durante 25 años y esta será la primera vez que la ruta será administrada por el Gobierno Central.

Este domingo, durante una conferencia que brindaron el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, acompañado del titular del ministerio de Gobernación, David Napoleón Barrientos, y Sandro Testelli, representante de Marhnos, se dieron  a conocer los últimos detalles de la nueva administración de la autopista Palín-Escuintla.

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“En el transcurso de una semana, más o menos, daremos otras -disposiciones- porque utilizaremos esta semana para ver cuál es el comportamiento de toda la población, cómo es el comportamiento en el flujo de tránsito, qué complicaciones pueden haber, qué nuevas ideas podemos tener en consenso y conjunto con transportistas y las gremiales”, dijo Maldonado.

En tanto, Testelli informó que el 2 de mayo brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre cómo se dio la entrega de la ruta al Gobierno.

Un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión estuvo presentes este sábado a la medianoche cuando el plazo de la concesión venció y las talanqueras fueron levantadas. 

Cerca de la medianoche, solo dos garitas del peaje estaban funcionando. Así lucía la vía:

(Video: Carlos Paredes)

Celebración

Édgar Rodríguez, vecino de Palín y quien esperaba que quedara libre el paso en las primeros minutos del lunes, dijo a Prensa Libre y Guatevisión que para los pobladores la liberación del paso es una fiesta.

“Yo creo que al final fue un robo de 25 años que se cometió (…) porque no tienen por qué estar privatizadas las carreteras si son construidas con el dinero de nosotros, de los impuestos”, expresó Rodríguez, que fue el primero en pasar sin cobro.

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El vecino narró que era un calvario para los vecinos afrontar largas colas durante el día para poder cruzar por las garitas.

Aunque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó en el Diario de Centro América, el Acuerdo 438-2023 en el que restringe la circulación de vehículos de carga y sus combinaciones, las autoridades dijeron que estas disposiciones podrían cambiar, dependiendo del comportamiento de los usuarios y la viabilidad del plan en los próximos días.

“En el transcurso de una semana, más o menos, daremos otras -disposiciones- porque utilizaremos esta semana para ver cuál es el comportamiento de toda la población, cómo es el comportamiento en el flujo de tránsito, qué complicaciones pueden haber, qué nuevas ideas podemos tener en consenso y conjunto con transportistas y las gremiales”, dijo.

“Si hay necesidad de reformar algún acuerdo ministerial para dar un mejor servicio, lo vamos a hacer”, aseguró Maldonado.

Una de las medidas que anunciaron los funcionarios fue la implementación de reductores de velocidad, pero descartaron la colocación de túmulos en los 23 kilómetros que ocupa la carretera.

Otra de las nuevas normativas fue la que anunció el ministro de Gobernación, Napoleón Rojas, quien aseguró que se colocará una nueva delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) que tendrá aproximadamente 60 agentes que prestarán seguridad en la ruta. 

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Por otro lado, uno de los temas en los que enfatizó Maldonado fue la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, pero solicitó que a este rubro se le agregarán candados, porque según él, estos podrían moverse a otros destinos financieros. La justificación del ministro fue que el dinero se utilizará para mantener la autopista en buenas condiciones.

“De una vez le hago un llamado a los honorables congresistas, pedirles que, como guatemaltecos, aprueben el presupuesto y que le pongamos los candados al tema presupuestario de todo lo que será para el mantenimiento de este tramo”, enfatizó el ministro Maldonado.

El ministro de Comunicaciones  aseguró que los diputados colocan el monto para la reparación, pero no de dónde llegarán los recursos.

“Muchas veces los congresistas dicen: le damos tanto dinero al ministerio, y a lo interno, busquen presupuesto y hagan el mantenimiento. Eso es lo que nos pasa y por eso no nos alcanza el dinero”, aseguró Maldonado.

Ante la situación, varias cámaras, empresarios y analistas han manifestado su preocupación por el inminente deterioro de la ruta. Así lo manifestaron la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y otras entidades.

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La CCG y el Cacif, por ejemplo, indicaron que es imperativo poner en marcha un proceso competitivo riguroso y transparente para una nueva adjudicación de la operación y mantenimiento de la ruta, a una entidad privada con la capacidad técnica y financiera adecuada para ejecutar el proyecto. Y tal gestión debería ponerse en marcha de inmediato, considerando el tiempo que puede durar la adjudicación de una nueva concesión.

Faltan reparaciones

La autopista Palín-Escuintla estuvo bajo la administración de Marhnos durante 25 años y esta será la primera vez que la ruta será administrada por el Gobierno Central.

Durante la conferencia de prensa, Sandro Testelli, representante de Marhnos, fue cuestionado, por una parte, del tramo carretero que no ha sido reparado, llegando a Puerto Quetzal. Él afirmó que esto será concluido en las próximas semanas, para ya finalizar la administración de la empresa sobre la ruta nacional.

Testelli también dijo que el 2 de mayo brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre cómo se dio la entrega de la ruta al Gobierno.

Disposiciones que regirán la ruta

El Ministerio de Comunicaciones publicó el 27 de abril, en el Diario de Centro América, el Acuerdo 438-2023.

En el artículo 1, menciona que con el objeto de preservar la vida y la seguridad de los usuarios de la carretera CA- 9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, a partir del 1 de mayo de 2023, a las 0 horas, “se restringe la circulación de vehículos automotores de carga y sus combinaciones mayores o iguales a seis ejes”.

Se establece que se exceptúan de esta regla el transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, seguridad nacional y grúas por ser un equipo de servicio.

Velocidad máxima

Según el artículo 2, para garantizar la seguridad en la autopista, por medio del control de la velocidad de circulación de la carretera, la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora.

Restricciones a la publicidad y comercio

La normativa también establece que se prohíbe la colocación “de cualquier tipo de rótulos, vallas, mantas, mupis o anuncios publicitarios en la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, sin la previa autorización de la Dirección General de Caminos”, según se lee en el artículo 3.

Además, el artículo 4, prohíbe “todo tipo de comercio de productos, artículos o servicios dentro el derecho de vía de la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, así como cualquier objeto que impida, obstaculice u obstruya la visibilidad de las señales de tránsito, puentes, intersecciones de vías o cruces en el tramo”.

Reductores de velocidad y retornos

El acuerdo establece en el artículo 5, qué derivado de las circunstancias especiales y con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de las personas, “se faculta a la Dirección General de Caminos para la colocación de reductores de velocidad en áreas técnicamente necesarias de la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla”.

Además, se prohíbe la creación de retornos viales o cualquier corte a los arriates en la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, según establece el artículo 6.

Control

El CIV estableció, en el artículo 7, que las dependencias que estarán a cargo del control y aplicación de las disposiciones de este acuerdo serán la Dirección General de Caminos (DGC); Dirección General de Transportes, (DGT) y la Dirección General de Seguridad Vial (Provial).

Plazo

Estas restricciones tendrán vigencia de 1 año y estarán comprendidos entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.

Y José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE) duda de la capacidad de la Dirección General de Caminos (DGC) para manejar esa infraestructura, por lo que hace un llamado a convocar a una nueva inversión de tipo público-privado.

Agexport: “Esa carretera debe mantenerse en buen estado los 365 días del año”.

¿Qué opina de que la administración de la autopista pase a manos del gobierno?

Es una de las carreteras más estratégicas del país para el sector económico y conduce a uno de los puertos más importantes. Como usuarios de la carretera buscamos eficiencia, reducción de tiempo y de costos de traslado, por lo que queremos vías en buenas condiciones los 365 días del año.

Durante 25 años hemos tenido esa autopista con buen funcionamiento, lo que contrasta con el deterioro de las que están a cargo de otras entidades como la de Escuintla a Puerto Quetzal, que ha estado en muy malas condiciones y hasta hace poco le hicieron algunas reparaciones.

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La preocupación que se mantiene es que el Estado no ha sido eficiente para administrar las carreteras y en los estudios que hacemos, la situación de la infraestructura vial es el tema número uno que aparece dentro de los problemas de competitividad del país.

Además, hace más de 7 años que hay una propuesta en el Congreso que reforma totalmente el modelo de contratación para la infraestructura pública porque ya no es posible seguir igual. Lo que se busca es eficiencia y competitividad porque la actividad económica se basa en costos, pero nos suben las tarifas de los fletes porque se arruinan los vehículos o hay más horas de viaje, si no están bien las carreteras.

Luego se ve también que está en manos de Estado atender una necesidad inmediata de acceso a áreas de producción que hoy no existe y que se ha solicitado en los distintos gobiernos. No solo hay que ver quién operando la ruta, sino cómo lo hace.

¿Puede perfilar los riesgos y oportunidades de una futura gestión estatal? 

La apuesta es ver quien pueda comprometerse bajo un contrato con indicadores de medición y castigos correspondientes, para que la carretera se tenga en un buen estado.

El riesgo es la incertidumbre derivada de la experiencia de décadas de mala atención a la red vial y la preocupación real no es solo de los exportadores, sino de los propios conductores y transportistas. La competitividad está muy baja y vive en los límites.

En el caso de las oportunidades no hay que “inventar el agua azucarada” sino solo ver qué hacen los países que mantienen su infraestructura nítida, independientemente de que la pongan en manos de empresas privadas o del Estado, pero con modelos muy eficientes.

¿Cuáles son los retos que debe asumir la DGC?

El primero es mantener esa carretera en buen estado los 365 días del año. Además, el cumplimiento de los indicadores de éxito en esa función; y tercero, las multas que deberían establecerse en caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones.

Para el Estado es muy complejo manejarse bajo esas condiciones porque sería una multa si mismo. Pero si no existen esas condiciones ni castigos, no hay cumplimiento. En la actividad económica hay sanciones por demorar la entrega de un producto y lo mismo debería pasar si se falta a las condiciones de calidad, mantenimiento y resistencia de una carretera.

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José Andrés Ardón es el director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica y considera que la decisión del precio del peaje debe ser técnica, por el bien de la ruta.

¿Qué opina de que la administración de la autopista pase a manos del gobierno?

Esa decisión sorprende, considerando la importancia que tiene esa autopista para el comercio, el turismo y el transporte en general. Dada la transcendencia de dicha infraestructura, esperábamos que hubiese una discusión técnica con tiempo suficiente para tomar una decisión basada en aspectos financieros y priorizando el resguardo de la calidad de la carretera.

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En ese sentido, factores como la eficiencia en las casetas, el precio del peaje y la capacidad de brindar un mantenimiento adecuado deben ser prioritarios en esta discusión.

A nivel mundial hemos buscado casos en los que la administración de un peaje concesionado pase a manos del Estado para ser administrado por el mismo y no los hemos encontrado, por lo que existe mucha incertidumbre respecto al posible desempeño bajo ese nuevo modelo. En cambio, la tendencia que hemos observado es un mayor involucramiento del ámbito privado en la construcción, operación y mantenimiento de autopistas.

¿Puede perfilar los riesgos y oportunidades de una futura gestión estatal? 

El primer riesgo y el más evidente es que la calidad de la autopista se deteriore, incluso en el corto plazo. Esto podría ocurrir por varios motivos. El primero de ellos es que la DGC no mantenga el mismo estándar en términos de la calidad de las reparaciones y el mantenimiento de la autopista. Nosotros identificamos que el problema de la calidad de la infraestructura vial no es necesariamente por una ausencia de recursos sino por una ejecución deficiente.

El segundo es que el volumen de tránsito en la autopista aumente significativamente.

El tercero es que la DGC no cuente con la capacidad técnica para administrar de forma efectiva y eficaz la ruta. La administración de este tipo de proyectos a nivel mundial comúnmente se lleva a cabo por medio de procesos en los que compiten empresas nacionales e internacionales con experiencia en la materia. En ese sentido, la DGC tendrá que pasar por una curva de aprendizaje.

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¿Cuáles son los retos que debe asumir la DGC?

Primero tener claros los costos de mantenimiento actuales. Por ello, el proceso de transición debe ser transparente e idealmente, público. De esa forma, organizaciones como el ICE, podremos tener parámetros objetivos para medir el desempeño de la administración de la DGC.

Segundo, analizar de nuevo la posibilidad de cobro del peaje, habilitando carriles exprés que mejoren la circulación. La demanda por el uso de la autopista continúa aumentando a lo largo de los años, por lo que tiene que existir un plan a largo plazo para mitigar ese fenómeno.

Tercero, evitar que se politice la decisión, para privilegiar la calidad de la infraestructura y que no termine siendo subsidiada. Por último, tener en cuenta que de igual forma se debe evaluar la posibilidad de retomar el modelo de alianza público-privada en caso de que no se estén logrando los objetivos anteriores.

En este caso la decisión no está siendo competitiva, por lo que existen riesgos financieros y operativos que podrían mitigarse por medio de una concesión.

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La DGC fue creada el 28 de mayo de 1920 y es la entidad encargada de realizar, mantener, actualizar y ejecutar planes regionales de construcción, rehabilitación, mejora y mantenimiento de carreteras, por lo que, por ley, le corresponde la administración del tramo mencionado.

Hasta el momento no hay un plan oficial que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) hayan dado a conocer sobre el manejo, administración y mantenimiento de ese tramo en particular, por lo que diversos sectores productivos demandan la garantía de un programa que evite el deterioro de esa infraestructura.

Lo único que se ha dado a conocer, es que se estaría aplicando una reducción a la tarifa del peaje, pero aún no hay valores específicos del nuevo pliego.

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Esto, a pesar de que la futura administración de la autopista por parte de la DGC tiene aristas técnicas y políticas, aparte de que en el imaginario popular está que todo lo que hace el Estado es malo, ineficiente o que se presta para actos para corrupción. No obstante, es la oportunidad de cambiar el modelo, según la coinciden varios consultados por Prensa Libre.

¿Qué se piensa sobre la administración?

La Coordinadora Nacional para el Transporte (CNT), emitió una postura crítica sobre el traspaso anunciado hacia la DGC, así como la responsabilidad del cobro de peaje, sin que hasta ahora se tenga claro el monto a pagar según tipo de vehículo.

“Nos preocupa muchísimo que dicho trayecto se deteriore al momento de estar en manos gubernamentales, ya que está demostrada la incapacidad para atender la red vial nacional por parte del CIV”, indica un comunicado de prensa de la CNT, entidad que agrupa a todas las asociaciones y gremiales formales del sector transporte.

Este sector es de la idea y está de acuerdo con que se debe mantener el peaje y que lo recaudado por transitar sea “exclusivamente” para el mantenimiento del tramo, “sin que se desvíen los fondos, como ha sucedido (por ejemplo) con el pago del impuesto a la distribución de los derivados del petróleo (IDP), que tiene un determinado objetivo que es el mantenimiento de la red vial, pero se emplea en otros temas”.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indicó que legalmente, la recepción del activo por parte de la DGC es lo que corresponde, pues “dado que el sistema actual de infraestructura vial no fomenta la planificación a largo plazo, y en su momento no se hizo una licitación para otra Alianza Público-Privada, ahora el camino que queda es  mantener el peaje, por las condiciones estratégicas de esa carretera para el desarrollo económico y social del país”.

Abraham Rivera Estévez, alcalde de Escuintla, indica que, de acuerdo con el marco normativo vigente, la DGC deberá administrar la ruta y brindarle el mantenimiento respectivo, pero no está de acuerdo con que se continúe cobrando peaje.

Y para el analista Roberto Santiago Servent, la percepción ciudadana sobre los altos índices de corrupción e ineficiencia de las autoridades a cargo de las instituciones genera que sean negativas las opiniones en cuanto a la administración de bienes por parte del Estado.

Perfil de riesgo y oportunidades

Sobre una matriz de riesgos y oportunidades sobre la futura administración de la autopista Palín-Escuintla por parte de la DGC, hay posturas encontradas.

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Zapata indica que uno de los posibles riesgos es que la DGC no logre administrar correctamente los ingresos que perciba del peaje; pero, por otro lado, existe una gran oportunidad para que una empresa estatal o unidad ejecutiva pueda cobrar una tarifa menor a la actual y mantener en perfectas condiciones el tramo, subcontratando a una empresa privada para el mantenimiento y operación.

El exviceministro del CIV, Douglas González, agrega que, en estos momentos, las garitas de peaje ya son altamente ineficientes, pues generan filas que rebasan el tiempo que los automovilistas podrían ahorrarse, si se invirtiera en la tecnología necesaria para hacer más expedito el tránsito, como sistemas inteligentes de lectura de placas y cobro automático.

“Además, está el riesgo de manejar Q100 millones al año, sin garantías concretas en la administración y sin contar con un programa concreto de inversión en mantenimiento”.

Entonces, se percibe que los riesgos en general serían la falta de mantenimiento del tramo carretero, que conduciría al abandono; la complicación del tiempo para transitar; y el incremento de accidentes por el deterioro del asfalto.

“Como oportunidad podríamos ver que desde el Estado también se pueden administrar bienes de forma correcta, solvente, honesta y honrada, lo que podría abrir las puertas a crear más tramos carreteros bajo esa metodología de trabajo”, puntualizó el Santiago Servent.

Tres retos

A la pregunta ¿cuáles deberán ser los retos de la DGC?, también se recibieron consideraciones relevantes, que van enmarcadas en una buena administración del activo, y se insiste en la posibilidad de hacer las mejoras necesarias para dos opciones: que quede libre el paso de vehículos o dejarlo con cuota, destinando los recursos al mantenimiento indicado. También está la posibilidad de abrir un nuevo proceso de concesión.

Entonces, el primer gran reto es mantener el estándar de servicios que tenía Marhnos; el segundo es el control de los pagos, para asegurar que lo ingresa realmente se utilice para la conservación; y el tercero es evitar la influencia política en la institución que lo administre.

“Se puede considerar una futura administración privada, pero reservándose los mayores beneficios para el Estado como activos de bien común, y lo peor que se puede hacer es generar una concesión como la que va a concluir”, expresó el economista Juan Alberto González, experto en temas territoriales, al agregar que cualquier decisión que se adopte, sea en consenso con las poblaciones de influencia.

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La DGC también debería tener un programa emergente de apertura de las garitas, mientras se acelera una eventual nueva concesión, con condiciones más favorables para el Estado. Por ejemplo, la concesión que está por vencer tuvo que hacer la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, con base de concreto.

Una nueva concesión debería contemplar que la empresa ganadora tenga como contraprestación la construcción de un tramo de similares características: 50 kilómetros en dos sentidos y con carriles; con su infraestructura y equipamiento complementario, puentes y bahías, entre otras, que sería lo más beneficioso para los ciudadanos y usuarios, declaró Douglas González quien también fue ex miembro del directorio de la Agencia de Alianzas Público-Privadas (Anadie).

Por otro lado, la DGC deberá realizar la evaluación técnica de la ruta entregada, hacer las verificaciones y crear un equipo de trabajo que sea el encargado general del funcionamiento del tramo carretero, el cobro por su uso, el trabajo en las casetas, la limpieza, señalización y administración.

Zapata dijo que a futuro se debe mantener el peaje, dadas las condiciones estratégicas para los corredores logísticos que se están desarrollando y la actividad industrial, comercial y turística del departamento, ya que “se necesita una autopista de primer nivel que funcione y esto solo se logra si hay un cobro directo para el mantenimiento de la vía”.

Por otro lado, que en el menor tiempo posible se contraten los estudios necesarios para licitar una nueva Alianza Público-Privada, que mejore las condiciones y que con ello se tengan mayores ingresos para las municipalidades aledañas, así como un canon que le dé un mayor beneficio económico al Estado.

Y finalmente, articular un modelo de pago por uso que encuentre el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, las administraciones y los agentes sociales para dar una solución al creciente déficit de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado y, en particular, de las vías de alta capacidad (autopistas y autovías).

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La propuesta fue hecha por la diputada Evelyn Morataya y respaldada por otros parlamentarios, pero al momento de la votación no logró los puntos necesarios para ser aprobada, pues apenas alcanzó 58 votos a favor y 53 en contra; además, 49 diputados estaban ausentes.

La Dirección General de Caminos tomará posesión de la autopista Palín-Escuintla a partir de 1 de mayo, mientras se definen las tarifas regirán en la nueva administración.

El 30 de abril próximo finaliza la concesión por 25 años que se le otorgó a la empresa mexicana Marhnos para la administración, mantenimiento y cobro de peaje de los 22 kilómetros de la autopista Palín-Escuintla, por lo que parlamentarios de oposición consideran prudente que el Ejecutivo tome el control del tramo, pero que no se cobre el peaje.

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Por esa ruta transitan cada día por al menos 22 mil vehículos, lo corresponde al 80% de los automovilistas que viajan entre la capital y la Costa Sur.

De esa cuanta, a partir del 1 de mayo próximo, la Dirección General de Caminos (CGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tomará control de dicho tramo carretero que fue construido entre 1997 y 1998 con una inversión pública de Q334 millones y que durante el tiempo de la concesión el Estado solo recibió Q21.4 millones por regalía.

Sin embargo, del 1 de mayo de 1998 a diciembre de 2022, el concesionario tuvo un ingreso bruto de Q2 mil 442 millones 116 mil 236.76, según el “Informe circunstanciado del tramo concesionado Palín-Escuintla con cobro de peaje” de la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones del CIV.

CIV confirma baja de tarifas

Recientemente, el viceministro de Comunicaciones, Carlos Rafael Figueroa Caballeros, recientemente confirmó que la DGC estará a cargo del cobro de peaje a partir del 1 de mayo, y que las nuevas tarifas están bajo análisis.

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“Creemos que (las tarifas) van para abajo, pero ahora no le puedo brindar la certeza, pero no será el mismo valor que está en este momento. A partir del 1 de mayo, el peaje se tendrá un nuevo costo”, aseguró.

Escenarios actuales

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, señaló que, independientemente de la ruta que tome el Gobierno, lo importante es la continuidad del proyecto de autopista.

Marhnos tiene previsto tres escenarios en torno a su futuro a partir de la entrega del activo el 30 de abril próximo. El primero es que ya no pueda operar la autopista; el segundo sería definir un nuevo contrato de operación, mantenimiento y conservación, que contenga un costo-beneficio alineado para todo el contexto de los indicadores actuales de la autopista y el tercero es que la autopista sea libre del cobro de peaje, lo que, a criterio de Testelli, implicaría riesgos de rápido deterioro de la obra.

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Testelli, brindó una entrevista a Prensa Libre en la cual expuso que, a partir del 1 de mayo próximo, la operación estará a cargo de quien decida el CIV, que hasta ahora no ha comunicado una postura oficial.

El ejecutivo, aseguró que, al concluir los 25 años de operación, ya corresponde a las autoridades competentes el mantenimiento y la conservación para evitar su pronto deterioro.

¿Cuándo concluye el contrato de concesión?

La fecha oficial es el próximo 30 de abril, que es la fecha que contractualmente se halla establecida, y dentro de lo que nos demanda todo el clausulado hay varios indicadores, como un mantenimiento mayor, que se está diseñando y estructurando.

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Estamos dentro del plazo que nos permite realizar actividades y el período que se denomina liquidación es de tres meses, que estaría correlacionando las actividades locales para integrar todos los compromisos que se nos demanda como Marhnos y que están alineados a la entrega del activo.

¿Cómo es el procedimiento?

El activo siempre ha sido del Gobierno de Guatemala y el contrato vence el 30 de abril, el que no se puede reprogramar ni extender.  Para que exista un nuevo contrato de concesión dentro del marco normativo se tendría que transgredir una decisión del Legislativo, y eso no va a ocurrir.

Reiterando el punto, para hacer una nueva licitación, se debería tener un contexto normativo, luego la escritura de un contrato de acuerdo con lo que se establezca, generar un proceso y fijar los plazos que demanda una correlación pública-privada.

Entonces, está en firme la conclusión del contrato de concesión

Exacto. Hemos tenido distintas reuniones con el CIV, precisamente para hacer esta transición en un lapso de 90 días. A partir del 1 de mayo, todo lo que se considere ya será una decisión del CIV.

¿Qué vendrá después?

Entiendo que el CIV está analizando distintos elementos normativos, para que de alguna manera pueda seguir operando y manteniendo la autopista.

Este es el punto medular, porque la autopista no está diseñada para que sea libre, sobre todo porque no es lo mismo contar con un tráfico promedio diario en una ruta de peaje, por la que el usuario toma la decisión circular.

Nosotros calculamos que tomamos entre el 35% de los vehículos que circulan en la zona y la autopista no está diseñada para aglutina el cien por cien del tráfico, sino que se distribuye en las distintas alternativas que puede tomar el usuario. Tampoco para que pase todo el tráfico pesado en automático. Si eso ocurre, el tramo se destruirá en el corto plazo.

En esa transición, ¿qué puede ocurrir?

Eso ya dependerá de las autoridades locales, en el sentido de hacer una nueva licitación de concesión o promover un contrato que abarque distintos elementos de mantenimiento y conservación. Hay un abanico de posibilidades, pero las autoridades deben decidir específicamente cuál es la continuidad y el mejor procedimiento, precisamente para que los activos continúen ofreciendo un servicio de calidad, continuidad y de propuesta vial.

¿Hay algunas iniciativas de parte del CIV?

Hay alternativas que está analizando el CIV dentro del marco normativo que rige a esa cartera o la entidad a su cargo (unidad de Concesiones y Desincorporaciones), y sin duda se están analizando. Nosotros estamos muy pendientes de esa decisión, sobre todo para que el activo se proteja que es lo más importante.

Si se decide abrir la autopista, sería un paso para atrás en cuanto a la conservación y mantenimiento del activo, aparte de las señales equivocadas que el gobierno estaría enviando a los inversionistas internacionales sobre la visión estratégica de Guatemala para este tipo de proyectos (inversión público-privada).

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¿Qué pasará con los trabajadores de la autopista?

También es una decisión de las autoridades, en el sentido de tener lista una operadora para iniciar actividades en mayo. Y si no se logra dar, tendríamos que disponer de los distintos colaboradores, y finiquitar un contexto operativo. El 78% de los trabajadores son de Escuintla y Palín, y en la operación de SIVA son 260 personas.

¿Qué harán ustedes a partir del 1 de mayo?

Estamos preparados para todo; estamos a horas de una decisión Ministerial, y nosotros tenemos la ruta A, B y C dentro de lo que es nuestro escenario y de lo que pueda suceder a partir de esa fecha. Siendo muy profesionales, es una decisión a la cual estaremos ligados: uno, que se proteja el activo porque es una vía estratégica; abrir las garitas, desde mi punto de vista sería una mala decisión, sobre todo porque daría un paso para atrás en el sentido de atraer inversiones privadas al país en temas viales, y dos, que el activo deberá tener una reconfiguración, con todas las consideraciones que implica para los tráficos promedio/diario.

¿Para Marhnos fue satisfactoria la operación?

Hace 25 años fue una apuesta. Obviamente el nivel de riesgo se superó, fue rentable para la banca, para los inversionistas y para el país, por el desarrollo económico que ha generado la autopista.

Ahora estamos realizando el mantenimiento mayor y dejar el proyecto con una serie de indicadores completamente nítidos, según lo que indica el contrato.

En los últimos seis meses ¿cuántas reuniones se han celebrado para preparar la entrega?

Han sido varias, sobre todo para el proceso de liquidación del activo; es un proceso intenso y tenemos claro que es un activo de Guatemala, cuyo futuro corresponde al CIV, a la Dirección General de Caminos, a la unidad de Concesiones y Desincorporaciones y la Contraloría General de Cuentas.

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Operará la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que es una marca relacionada a una firma operadora de autopistas.

La visión de país no incluye nada más de hablar de este corredor logístico, sino de otros que puedan entrar en un esquema público-privado, para que sirva de herramienta, y se suma a la necesidad de construir unos 20 mil kilómetros de carreteras en Guatemala para llegar a un promedio de Centroamérica.

Desde su perspectiva, ¿cuáles son los escenarios A, B y C?

Al final de cuentas la continuidad del proyecto es importante, y dependerá de la visión del Gobierno, y que no sea tan disruptivo para la estructura actual de la autopista. Un esquema es que ya no se pueda operar. El B sería definir un contrato de operación, mantenimiento y conservación, que contenga un costo-beneficio alineado para todo el contexto de los indicadores actuales de la autopista.  Este escenario se puede abrir la competencia y nosotros estamos abiertos competir a nivel nacional e internacional.

Y el C, que la autopista sea libre, con los riesgos de rápido deterioro que eso implica. Si no se le diera el mantenimiento adecuado en pocos meses podría haber problemas, porque al final de cuentas, la ruta está diseñada para una mezcla 80/20 que significa 80% para vehículos livianos y 20% para transporte pesado.

Reiterando, el escenario A, es que ya no se pueda operar; el escenario B significa que exista un mecanismo de oportunidad, ya relacionado con algún proceso de la conservación, que prevalezca una operadora para la conservación del activo y se pueden proponer alternativas interesantes, si es que se permite; y la C es que sea un tramo libre.

¿Qué es el mantenimiento mayor que van a iniciar?

Consiste en hacer un recapeo general de la autopista de los 29 kilómetros, poner una superficie nueva de rodadura; señalamiento vertical y horizontal; entregar la autopista nítida como lo demanda el contrato; y dejar los indicadores de entrega.

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Por ello, para este domingo 16 de abril están convocadas las autoridades municipales para la designación de la comisión que organizará la consulta comunitaria con los vecinos. Esta actividad se llevará a cabo en el parque central de Palín, bajo la conocida ceiba del municipio a las 8 horas.

“La sociedad organizada de Palín se tiene programada una actividad y se invitó a las autoridades locales para conformar la comisión que se hará encargada de hacer todo el proceso, la elaboración del reglamento para la consulta comunitaria”, explicó este sábado Jorge Érick Urías Barrera, integrante de uno de los Consejos Municipal de Desarrollo (Comude) de Escuintla.

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La solicitud de la consulta comunitaria se fundamenta en artículo 63 del Código Municipal. Es decir, más del 10% de los empadronados solicitaron dicho proceso. Las preguntas que se estarían formulando van en el sentido que, si están de acuerdo en que siga el peaje por la autopista, o si no están de acuerdo, adelantó el representante del Comude.

Durante este encuentro podría fijarse una fecha para hacer la votación.

Este mes, el Concejo de la Municipalidad de Escuintla dio tramite a una gestión similar que plantearon grupos de vecinos, y también se está en la fase de lineamientos de los reglamentos y la definición de la fecha para llevarlo a cabo.

El viernes 14 de abril, representantes de varias organizaciones y vecinos de Escuintla también se reunieron con el Gobernador departamental, para conocer el futuro de la carretera, que tiene una zona de influencia en ambos municipios de la Costa Sur.

Luego de 25 de años de un contrato de concesión que aprobó el Congreso a la empresa Marhnos, este finalizará en las siguientes semanas. Ante esto, existen varios escenarios sobre lo que ocurrirá con este tramo carretero.

El principal escenario es que el tramo carretero, su administración y mantenimiento regrese al Estado, y el CIV, por medio de la unidad de Concesiones y Desincorporaciones, deberá realizar el procedimiento de recepción, así como la evaluación de los diferentes parámetros que deberá cumplir el concesionario Marhnos.

Otro escenario es renovar el contrato, pero es un proceso que debe pasar por la Comisión de Comunicaciones, la que está en un impasse por el deceso del legislador Hugo Rodríguez, quien era el presidente.

El próximo 24 de abril la empresa Marhnos deberá devolver al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV). La concesión fue otorgada a finales de la década de 1990 y fue impulsada por la administración de Gobierno de ese momento.

No obstante, vecinos de la región opinan que se debe consultar a todos los sectores involucrados para que no existan desacuerdos en las decisiones que se tomen. Héctor Robledo, comerciante y vecino de Palín, dice que lo más viable es que no exista más cobros y que sea una ruta libre, pero de mantener las garitas, que sea la municipalidad la que se encargue de administrar los fondos.

“Es riesgoso que la municipalidad administre el dinero de lo que se paga, pero también creo que no todos son irresponsables, hay quienes solo vienen a servirse, no vienen a servir al pueblo, no estoy en contra de ellos, deben desempeñar su trabajo”, opina.

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David Gómez, residente en Palín, sostiene que una concesión evita accidentes, mantiene en buenas condiciones los vehículos y al dejar la autopista en manos del gobierno se perderían las condiciones que actualmente tiene ese tramo carretera.

“Por lógica no debería haber cobros, eso tendría un gran impacto positivo en los que a diario transitan por el lugar, eso sería lo mejor, pero si no hay concesión estoy seguro que en uno o dos años va a estar con muchos baches, es bueno que se mantenga concesionada, yo recorro la autopista de Cuilapa a Palín y gasto Q25, pero eso me los ahorro en tiempo y combustible, porque si no existiera esa autopista tendría que cruzarme toda la capital para llegar acá”, afirma.

A criterio de Alfonso Tax, “por el bien de la economía y de los comerciantes” que a diario utilizan la ruta al Pacífico, el paso debería quedar libre de cobros, Sin embargo, lo ve difícil y propone que sea la municipalidad la que administre los fondos, con la esperanza de que los recursos sean utilizados para el mejoramiento del municipio.

“Si en caso se quedara el peaje se debería ampliar el servicio, porque a veces hay colas y se pierden hasta dos horas para pasar, sobre todo en la época de Semana Santa, el costo creo que es considerable no es exagerado”.
Norma Cux, comerciante de ropa, afirma que constantemente viaja a Escuintla, pero prefiere utilizar la carretera antigua, No obstante, el tiempo para llegar se duplica debido al congestionamiento que provoca el transporte pesado.

“Es un caos, no todos tenemos los recursos para pagar los Q15 que cobra el peaje, entonces preferimos ahorrarnos esos costos, aunque represente lidiar con las largas filas de camiones, a veces la fila se queda totalmente parada, ni para atrás, ni para adelante.

Escuintla no quiere más pagos

Para el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera Estévez, ese es uno de los principales problemas, especialmente en la jurisdicción del municipio y considera que no se debe renovar el contrato y la ruta debe quedar libre de peajes.

“El responsable de las carreteras es el ministerio de Comunicaciones a través de Covial, hemos visto que del kilómetro 38 se mantiene dándole mantenimiento a la ruta y podría continuar con los otros 17 kilómetros de la ruta que conecta Palín y Escuintla. No podemos quitarle la responsabilidad al Estado y no es posible que sigamos sufriendo esa cantidad de tráfico pesado por esa incapacidad de funcionarios”, señaló el jefe edil.

El alcalde dice no estar en contra de los peajes. Sin embargo, sostiene que la autopista fracasó debido a las complicaciones para transitar por municipios aledaños por los altos cobros y no deja ningún beneficio para la localidad.

Carola Alvarado, representante de un grupo de vecinos organizados al que denominaron Bloque Autopista Palín-Escuintla libre de Peajes, dice que buscan que se haga una consulta de vecinos para determinar su postura en cuanto al tema y que las autoridades municipales las tomen en cuenta al momento de que se tome una decisión

“Que los representantes del Congreso tomen en cuenta la postura de la población para que influya en lo que van a realizar. No es solo el alcalde el que decide, la municipalidad avala la consulta de vecinos y entonces estamos en ese proceso”, puntualizó.

Para este domingo se tiene planificada una reunión entre vecinos y autoridades municipales en la plaza central de Palín, en donde se buscará integrar una comisión que será la que organice la consulta de vecinos.

“Con esta junta es donde se decide cómo se llevará a cabo el proceso y que se les preguntará, lo que sí hemos escuchado es que la mayoría de vecinos ya no quiere el peaje y que sea una ruta libre, pero para respuestas concretas se tienen que hacer un proceso y determinar una fecha”.

Y de acuerdo con la cláusula Q del Contrato Administrativo No. 642-97-DOC firmado por la empresa y el ministerio indicado, al concluir el plazo de la concesión, todas las construcciones, instalaciones y equipos del tramo concesionado, pasarán a ser propiedad del Estado de Guatemala, sin que este tenga que reembolsar, compensar o pagar suma alguna de dinero.

Por lo tanto, el principal escenario es que el tramo carretero, su administración y mantenimiento regrese al Estado, y el CIV, por medio de la unidad de Concesiones y Desincorporaciones, deberá realizar el procedimiento de recepción, así como la evaluación de los diferentes parámetros que deberá cumplir el concesionario Marhnos.

Ante la ausencia de respuesta a las solicitudes de información dirigidas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como a la empresa concesionaria, Prensa Libre acudió al Congreso de la República, en cuya Comisión de Comunicaciones se confirmó que no existe ningún proyecto o iniciativa de ley sobre una nueva concesión o prórroga relacionada con la autopista.

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El diputado Óscar Chinchilla explicó que ese es un tema que compete al Organismo Ejecutivo, por medio del CIV, el que tendría que haber negociado o concluir el proceso “y entiendo que no se gestionó nada en la Comisión de Comunicaciones, aunque es un tema que debe tratarse en el Congreso, por tratarse de una concesión muy próxima a vencer”.

El legislador Carlos Barreda añadió que con la finalización del contrato con Marhnos “simple y sencillamente se finaliza la concesión, por lo que no se podrá cobrar en el peaje, porque no hay ningún mandato del Congreso ni existe una base legal para que después de esa fecha se pague por transitar”.

Añadió que la dependencia del CIV citada, deberá verificar las condiciones del asfalto, señalización, instalaciones, rampas y en general, toda la infraestructura a recibir, que es el procedimiento establecido, así como su incorporación a los bienes del Estado.

Si hay alguna inconformidad, se deberá determinar y comunicar al concesionario junto con la solicitud de reparación, para entregar el activo en condiciones óptimas de disponibilidad, lo cual significa que todo esté funcionando a la perfección.

“Al terminar el contrato, no pueden administrar ni cobrar, ni el Estado, ni la empresa, porque no hay ningún mandato, es una concesión y solo el Congreso la puede aprobar. Quien haga eso, estaría cometiendo una ilegalidad”, puntualizó Barreda.

Otras opciones

El diputado Cristian Álvarez coincidió en que al vencer el contrato con Marhnos, se tiene que liberar el paso. Pero otro escenario probable, es que se lleve al Congreso una nueva iniciativa para conocer una nueva concesión de la autopista, que pueda ser administrada por el Estado.

Otro escenario es renovar el contrato, pero es un proceso que debe pasar por la Comisión de Comunicaciones, la que está en un impasse por el deceso del legislador Hugo Rodríguez, quien era el presidente, así que “no hay dictamen, no hay presidente, la comisión se tendría que reunir y ese sería un proceso cuesta arriba”.

Añadió que cualquier decisión que se adopte por la concesión, podría ser después de las elecciones generales “ya que si el Gobierno comente el error de prorrogarlo lo va a perder; pero después se pueden buscar los votos del evento, lo que también tiene un alto costo electoral”.

Enrique Godoy, consultor en temas de desarrollo, dijo que otro de los escenarios es que pueda instalarse una nueva concesión con características similares a la original. Otra es que se eliminan las garitas, se colocan contadores de vehículos en el tramo y se le paga a una empresa solo por mantenimiento con un contrato, con recursos provenientes del impuesto sobre distribución de combustibles (IDP) o del impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV).  Pero no sería un peaje.

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Una opción más es una nueva licitación, en la cual se incluya el mantenimiento de la autopista y el de la antigua ruta de Palín, conocida como Quetzal de Piedra. Y finalmente, otra salida sería que el Gobierno opere las garitas de cobro, se cree un fideicomiso y el dinero que ingrese, se utilice para el mantenimiento, “pero a partir del 25 de abril nos enteraremos de que se hizo”.

¿De vuelta al CIV con cobro de peaje?

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), también comentó que el contrato no especifica una forma en la cual pueda ampliarse el plazo de la concesión.

“Lo segundo es sobre qué decisión va a tomar el Gobierno de Guatemala, y esto es algo que solo ellos podrán contestar, respecto a lo que harán en cuanto a mantener el peaje o no, pero en el primer caso, tiene que encontrar el mecanismo legal para hacerlo”.

A su criterio, existen dos mecanismos legales para poder seguir cobrando por el tránsito: uno es que lo cobre el Estado directamente, ya sea a través de una institución del propio gobierno o una empresa estatal; y el otro es sacar una licitación y generar una nueva concesión o alianza público-privada.

“El gran tema con esas dos opciones es que no hay tiempo suficiente para hacerlo en los plazos que la ley estipula, por lo que definitivamente pasará a manos del Gobierno. Creemos que es importante mantener el peaje porque si se quita, en unos meses, esa carretera va a estar destruida. El cobro podría hacerse directamente a través de una empresa estatal y entonces solo tiene que contratar a una empresa que haga el mantenimiento”, precisó.

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Mientras tanto, las autoridades encargadas aún no informan sobre el futuro del activo público a pocos días del vencimiento de la concesión de 25 años que estuvo a cargo la empresa Marhnos.

La solicitud se presentó a finales del año pasado y el Concejo la conoció recientemente, por lo que le dio trámite de gestión y organización, aparte de nombrar a una comisión para el efecto.

Jorge Érick Urías Barrera, integrante de uno de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comude) informó ayer que el Concejo deberá organizar la consulta comunitaria que podría programarse después de las elecciones generales, para preguntar a los vecinos sobre cómo debe manejarse la autopista Palín-Escuintla.

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Explicó que durante las sesiones realizadas hay posturas encontradas, en el sentido de que unos plantean que la autopista sea administrada por las autoridades municipales de Escuintla y Palín con cobro de peaje para brindarle el mantenimiento adecuado. Pero otros opinan que debe ser declarada de libre tránsito por ser una carretera pública.

La solicitud se fundamenta en el artículo 63 del Código Municipal, en la cual se establece este tipo de consultas comunitarias. El representante añadió que la misma solicitud se estaría planteando por grupos de vecinos de Palín a sus autoridades municipales.

En tanto, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no brindan una postura oficial sobre el futuro de la concesión de la autopista Palín-Escuintla, cuyo contrato estaría por concluir el próximo 24 de abril.

En una de sus cláusulas del acuerdo gubernativo 801-97 del CIV, que le dio vida jurídica al contrato, indica que “al concluir el plazo de la concesión todas las construcciones, instalaciones y equipos del tramo concesionado, pasarán a ser propiedad del Estado de Guatemala, sin que este tenga que reembolsar, compensar o pagar suma alguna de dinero”, según la publicación del 25 de noviembre de 1997.

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Este es el segundo caso relacionado con la infraestructura y logística del país, ya que también está sobre la mesa la negociación que presuntamente realiza la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) para comprar la terminal de contenedores APM Terminals, según lo anunciado por el presidente Alejandro Giammattei en septiembre del 2022.

El contexto

De acuerdo con la información recabada, el próximo 24 de abril de 2023, la empresa Marhnos deberá devolver al CIV la concesión que fue otorgada a finales de la década de 1990 y que fue impulsada por la administración de Gobierno de ese momento.

La autopista Palín-Escuintla fue el primer modelo de cobro de peaje en el país; es decir, con un sistema de pago para poder transitar, y a cambio se le brinda un mantenimiento constante por el paso de automotores particulares, comerciales y de transporte de pasajeros y carga.

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Pero también está habilitado la carretera antigua de Palín-Escuintla, conocida como “piedra del Quetzal”, en la cual es de libre acceso y los usuarios no pagan para utilizarla.

Según el sitio de Marhnos, se cuenta con 22.8 kilómetros de autopista concesionada bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, un esquema que permite al sector público contar con la infraestructura necesaria para proveer servicios mediante el uso de recursos de gobierno y del sector privado.

¿A quién se lo entrega?

La unidad de Concesiones y Desincorporaciones del CIV debe recibir la administración, una vez concluya el contrato, según las condiciones establecidas y definidas en la concesión.

“La Ley dice que al finalizar el plazo del contrato de concesión se debe hacer el proceso de revertimiento de bienes; es decir, cuando el concesionario entrega el bien al Estado por medio de un protocolo que se debe diseñar conforme las obligaciones contractuales de las partes —concedente y concesionario—. Este documento debe contar con la aprobación de las autoridades”, fue una respuesta que dio a Prensa Libre la referida unidad en 2021, sobre este mismo tema.

Esa unidad tiene a su cargo ejecutar todas las actividades tendientes a la concesión y desincorporación de las obras y/o servicios públicos, cuya administración, ejecución y mantenimiento estén a cargo del CIV. Entre sus funciones están:

• Planificar, organizar y dirigir las actividades del Ministerio en proyectos y temas de concesiones y participación público-privada.
• Evaluar el área financiera y económica en proyectos y estudios de preinversión que se encuentran dentro del campo de la participación público-privada.
• Supervisar los proyectos a cargo del Ministerio que se encuentran concesionados.

Marhnos también deberá entregar una serie de indicadores, entre otra información, para lo cual hay un periodo de transición.

La referida unidad y el CIV deberán de informar la intención de la administración de la autopista, es decir cuál será el futuro cercano.

Por ejemplo, si habrá un nuevo concesionario y como se realizó su elección; legalmente puede ampliarse el contrato al mismo concesionario o bien, trasladar su administración al CIV; se tendrá que decidir si se cobrará el paso o no; y si se asignará una partida presupuestaria del gasto público para su atención y mantenimiento.

En reiteradas ocasiones se solicitó información a la unidad de Concesiones y Desincorporaciones del CIV, pero no se obtuvo respuesta.

Posturas encontradas

Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) y Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, expusieron a Prensa Libre que desconocen cual será el futuro de la administración de la autopista, y solo saben que será entregado al CIV; pero ya hacen algunos planteamientos que siguen una lógica económica.

Fajardo expresó que esta es una de las rutas más estratégicas e importantes para el sector transporte y es una de las pocas que se mantiene en buen estado porque se le brinda un mantenimiento permanente por parte de la empresa que opera la administración, lo que es posible porque se paga por el paso.

Uno de los problemas observados es la congestión en las garitas de cobro, que provoca la pérdida de tiempo, pero en lo que corresponde a la carpeta de rodadura se mantiene en buen estado, y una de las consideraciones es que no debe decaer el estado de esa ruta, pero para hacerlo, debería cobrarse o buscar otra opción.

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Para el sector transporte una de las ideas es que el CIV le brinde el mantenimiento a la autopista, y que se siga cobrando peaje “pero habría que determinarse si legalmente se puede hacer”.

En todo caso, si no le brinda el mantenimiento adecuado, en un periodo corto se “terminaría la carretera y no se quiere eso. También se puede considerar una tarifa adecuada. Si el mantenimiento lo brinda el CIV, podría darse una rebaja importante para los usuarios. Este tema se tiene que abordar y trabajarlo a la mayor velocidad para no dejar desatendida la autopista”, indicó el directivo de la CNT.

Ayudaría a la descongestión

Por su parte, el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, manifestó que el centro de esa cabecera departamental ha sido afectada por el paso de transporte pesado y no hay inversión de parte del Estado para redirigir y facilitar el tránsito de vehículos con mercancías en el municipio.

“Con la finalización del contrato hay una oportunidad para que se deje de cobrar peaje y el transporte pesado pueda circular por la autopista, lo que mejoraría la calidad de vida en la cabecera”, apuntó.

Rivera contó que, según varios análisis, los pilotos no utilizan la autopista porque para ellos no es rentable pagar por el tránsito, porque los camiones hacen un viaje por día o por dos días, pero luego permanecen en congestión en Palín (por la restricción).

Por lo tanto, prefieren utilizar la antigua carretera, lo que genera un problema en la Avenida Centroamérica en Escuintla, que es muy estrecha. “Tener liberada la autopista resolvería el problema para el municipio”.

Sobre el modelo que se puede seguir en la administración de la autopista, Rivera, considera que el CIV podría brindarle el mantenimiento a la ruta.

Tránsito en la cabecera de Escuintla

Medición                                                                           Promedio en una hora                 En 9 horas

• Trailers:                                                                              155                                        1,394
•  Camiones 5 tm en adelante                                       57                                           512
• Buses                                                                                  28                                           253
•  Vehículos livianos                                                           319                                        2,876
• Motocicletas                                                                    433                                        3,895

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Esto, independientemente de los resultados de una consulta comunitaria llevada a cabo el 19 de febrero pasado, en la cual se obtuvieron 4 mil 864 votos de los cuales, 4 mil 734 respondieron no estar de acuerdo con la obra y 54 indicaron que sí. Los votos nulos fueron 64 y los inválidos, 9.

Así lo informó Alejandro Díaz, vocero de la Municipalidad de San José, Escuintla, indicando que al no lograr que el 20% del padrón electoral del municipio participara en la consulta (7 mil personas), los resultados no son vinculantes. Por lo tanto, se estará informando al Concejo Municipal, que aprobó hacer la consulta comunitaria, a solicitud de los vecinos en diciembre pasado.

La consulta indicada constaba de una sola pregunta: “Está usted de acuerdo con que se dé la reconstrucción, rehabilitación, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, que va del municipio de San José al municipio de Escuintla, en alianza publico privada a través de una concesión que el Estado de Guatemala otorgó a la empresa participante Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y el Consorcio Autopistas de Guatemala o con cualquier otra empresa participante?”.

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Programa de diálogo y estatus del proyecto

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, que es parte del Consorcio Autopistas de Guatemala, (Convía), declaró que la empresa es respetuosa de los resultados de la consulta comunitaria y que está abierta a un proceso de diálogo para informar a los vecinos sobre el proyecto, y la comunicación ya existe.

“Vamos a compartir información fidedigna; el proyecto tiene muchos beneficios que impactarán en las comunidades de manera positiva, ya que es transformacional y se está trabajando de manera activa en los temas”, destacó.

La inversión estimada es de unos US$125 millones (alrededor de Q962 millones), financiamiento que provendrá de la banca local por medio de una operación de crédito sindicado, por parte de Convía.

Nuevas consultas

Érick Urías, representante de la sociedad civil local, explicó que también se solicitó a la comuna de Escuintla realizar una consulta comunitaria por el proyecto y el expediente se encuentra en trámite, por lo que serán los integrantes del Concejo quienes conozcan la petición, de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal.

Y explicó que se conoció la experiencia de Puerto de San José y los resultados, por lo que no descartó que también se realice una consulta en el municipio de Palín, sobre el mismo tema.

Urías dijo que, aunque fue poca la participación de los vecinos, se mostró la percepción del proyecto.

Por medio del acta 088-2022, este lunes 16 de enero, los integrantes del Concejo Municipal de San José, Escuintla, publicaron el Diario de Centro América el acta de solicitud presentada y se estableció que la consulta se realizará el domingo 19 de febrero, con fundamento en los artículos 63 y 64 del Código Municipal.

Según el referido documento edil, la situación “se da por la problemática de los daños económicos, sociales, violación de derechos humanos y abuso de poder que provocaría a la población del municipio de San José, de la reconstrucción, rehabilitación, operación, mantenimiento, y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje”.

Los vecinos que votar por el No o por el Si a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se dé la reconstrucción, rehabilitación, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, que va del municipio de San José al municipio de Escuintla, en alianza publico privada a través de una concesión que el Estado de Guatemala otorgó a la empresa participante Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y el Consorcio Autopistas de Guatemala o con cualquier otra empresa participante?”.

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Alcalde: oposición al peaje

Consultado el alcalde de San José, Marco Vinicio Najarro Cruz, afirmó que ciudadanos del municipio están velando por el bienestar, por lo que se entró a conocer la consulta comunitaria para así establecer si es aceptable o no el cobro de peaje en la autopista.

El jefe edil aseguró que 53 comunidades están organizadas y hay otros grupos de sociedad civil ya listos para hacer la consulta a los vecinos y conocer si están conforme con los posibles cobros. Y aclaró que la población no está en contra del desarrollo o de la autopista, sino que se oponen al cobro por circular, lo que eventualmente puede afectar el turismo.

Navarro reiteró que, como autoridad local, se oponen al cobro del peaje, y espera que los resultados de los vecinos puedan sentar un precedente con el presidente de la Republica.

Consorcio responde

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, que es parte del Consorcio Autopistas de Guatemala, (Convia), declaró que han estado en contacto con las corporaciones municipales directamente relacionadas con el proyecto y respecto a la de San José, se tendrá una comunicación más fluida para la comprensión de la obra.

En todo caso, recordó que se cuenta con una instrucción formal por parte del Organismo Legislativo para la ejecución del proyecto, que consiste en un marco jurídico ya vigente sobre los compromisos como concesionaria, y se tendrá que alinear con lo que demanda el Gobierno (por medio de las entidades competentes) para la ejecución de la construcción, así como la coordinación en las áreas de influencia.

“Cuando se conozcan los resultados de la actividad (la consulta mencionada), se tendrán que analizar con el equipo legal, por lo que estaremos atento sobre la evolución de esa convocatoria”.

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Añadió que la obra se encuentra en los parámetros contractuales y hace unas semanas se envió el proyecto ejecutivo a la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), así como la propuesta del concesionario.

El proceso concluirá en los próximos días y se esperaría la autorización de los trabajos en la autopista, aparte de que se está trabajando el cierre financiero de la obra, o sea la parte económica, para dar inicio a los trabajos físicos entre marzo o abril.

El contrato fue aprobado por el Congreso de la República el 24 de noviembre del 2021, ya que por ley debe ser avalado por ese organismo; la inversión estimada es de unos US$125 millones (alrededor de Q962 millones) y el financiamiento proviene de la banca local por medio de una operación de crédito sindicado.

Por lo pronto, avanza la fase de preinversión y está pendiente la aprobación de los últimos informes de ingeniería y técnicos, pero directivos de la empresa Convía detallaron el estatus del contrato, y todo apunta a que en breve iniciarán las obras de construcción de la autopista, tiempo durante el cual, no se cobrará peaje.

El contrato fue aprobado por el Congreso de la República el 24 de noviembre del 2021, ya que por ley debe ser avalado por ese organismo; la inversión estimada es de unos US$125 millones (alrededor de Q962 millones), financiamiento que provendrá de la banca local por medio de una operación de crédito sindicado.

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Estatus actual

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, que es parte del consorcio Convía, expuso que desde la firma del contrato en marzo de este año, el proyecto ha entrado en dos etapas: la denominada preconstrucción que integra indicadores de los componentes de servicios que están ligados al funcionamiento de la autopista actual, que incluye un recapeo provisional, limpieza de maleza, mediciones vehiculares, servicios de asistencia vial y otros elementos, para medir el flujo de vehículos.

La segunda consiste en validar la primera etapa y consiste en la definición del trabajo de ingeniería que demandaba el contrato, así como validar y actualizar algunos estudios, para que se tenga el visto bueno de las autoridades competentes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ). Con ese lineamiento técnico, se iniciarían las obras “para iniciar formalmente en la primera o segunda semana de diciembre”.

Sobre la validación de los estudios, estaría enfocada en lo que permite el alcance del contrato, ya que fue un proceso que se licitó hace cuatro años “y es una actualización de procesos” para  readecuar algunos contextos de ingeniería.

Qué incluye

En la parte de ingeniería, Testelli resaltó que hay tres aspectos importantes: la primera consiste en la troncal o sea la autopista; estructuras como distribuidores y edificios administrativos; y la parte de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) que incluye la electrónica, controles de peaje,  de ingreso y otros.

Al respecto, Kevyn Rodrigo Valencia, director ejecutivo en funciones de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), añadió que el estudio final de ingeniería ya se presentó y la Dirección General de Caminos (DGC) es la encargada de verificar los documentos. Toda la información se ha evaluado y se han hecho algunos requerimientos para cumplir con los procedimientos contractuales establecido en el contrato.

Al igual que Testelli, el director de Anadie explicó que se trata de una actualización de los estudios, y con la puesta en marcha del proyecto, se deben actualizar aspectos como el diseño final de los pasos a desnivel.

Y confirmaron que todo este proceso está dentro de los plazos que establece el contrato, y a partir de que se aprueben los estudios, empieza la construcción, para la que se prevé un periodo de hasta 24 meses, y ya aprobados los diseños finales aprobados por el CIV, las obras se pueden ir anticipando.

Valencia recordó que ya hay procesos de intervención por parte de Convía en la rehabilitación temporal del tramo de Puerto Quetzal a Escuintla, y puede ser que a partir de ahí, comiencen las actividades de construcción.

La inversión

Una parte importante de los estudios es el costo de la obra, que ronda los US$125 millones, datos que concuerda con los análisis financieros, pero que también se deberá actualizar al momento de presentar el estudio final. En este apartado, se debe hacer un cierre financiero con un cruce de información, para determinar el valor total, confirmando las cifras.

Testelli, adelantó que el costo de la obra no varía y es parte de los compromisos establecidos en el contrato, e insistió en que es una obra privada, por la que Convía asume el riesgo. Por lo tanto, en el financiamiento participarán dos bancos locales por medio de un crédito sindicado expresado en quetzales, por los Q960 millones mencionados.

“Tenemos identificados a los socios estratégicos financieros, aunque también estamos analizando involucrar a la banca internacional (sobre todo la de desarrollo). El sistema financiero guatemalteco es muy líquido y está ansioso de contar con este tipo de proyectos por su seguridad, flujo y rendimientos atractivo”, puntualizó.

Huella económica

Ricardo Rodríguez, de la firma consultora Central American Business Intelligence (Ca-Bi), presentó el estudio “Impactos económicos y sociales de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ)”, dividido en dos partes:

La primera, sobre el gasto que representará para un vehículo liviano transitar por esa autopista (con pago de Q15 por peaje), en comparación con el costo que implica circular por una carretera en mal estado y las erogaciones extras (calculadas en Q24 por viaje) por mantenimiento y reparaciones, precio de los combustibles y mayor tiempo de recorrido a baja velocidad.

Para un vehículo de tres ejes, el peaje sería de Q45 y hoy, el costo promedio supera los Q60. “El mensaje es que no importa el vehículo que se esté considerando, lo que se gasta ahora por circular en esa carretera en mal estado y a una velocidad más baja, es más alto de lo que se puede gastar por peaje en un tramo en perfecto estado”, remarcó Rodríguez.

El análisis de Ca-Bi también hace un recuento sobre la derrama económica del proyecto y en la cual define dos momentos: la primera es en la construcción, con un impacto menor, pues la ruta no está en funcionamiento, y uno de los puntos importantes es que al contar con una carretera en buen estado, aumenta la productividad.

En esta primera parte, el impacto calculado es de Q6 mil millones, que implica la inyección de capital para la edificación y el dinamismo directo que genera la obra.

Lo segundo es que al estar en funcionamiento la autopista, el beneficio se eleva a Q10 mil millones anuales, que puede llegar hasta el año 25 hasta los Q50 mil millones, lo cual significa 1.5% del producto interno bruto (PIB), según el modelo estructurado. “Un proyecto individual que mueva 1.5% del PIB es elevado”, concluyó Rodríguez.

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Así lo informó Kevyn Rodrigo Valencia Hernández, director ejecutivo en funciones de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), al explicar que el proyecto se encuentra en un estatus de preconstrucción; luego vendrá la construcción (programada para comenzar en noviembre) y después, la operación.

La construcción iniciará un año después de que el contrato de Alianza Público-Privada (APP) fuera aprobado por el Congreso, debido a que aún está pendiente una serie de procesos administrativos.

En tanto, el Consorcio Autopistas de Guatemala, (Convia) a quien fue adjudicado el proyecto, debe hacer un proceso de rehabilitación del tramo sur-norte (desde Puerto Quetzal a Escuintla) para mejorar la movilidad y el cumplimiento de algunos indicadores.

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Según Marhnos, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal estará lista para operar dentro de 18 meses

El funcionario detalló que el tramo mencionado es el más dañado y se debe hacer una rehabilitación, que no es la definitiva, sino momentánea, mientras se llega al inicio de la construcción definitiva, a partir de noviembre.

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, que es parte del consorcio Convía, confirmó que se realizará un recapeo provisional, para lograr un recorrido entre 60 a 70 km/hora.

Estudios en proceso

Valencia Hernández agregó que también está en curso el estudio de ingeniería de la obra, así como el cierre financiero final, pero previa a la fase de construcción.

El estudio financiero permitirá al participante privado determinar el monto final de la inversión, independientemente de las obras ya establecidas en las bases de licitación, pue se busca contar con datos reales y concisos para tener el cierre final del costo del proyecto.

En las siguientes semanas se realizará la presentación de los datos del estudio de ingeniería, pero lleva un procedimiento de aprobación y según el funcionario, se estaría conociendo el dato real de la inversión prevista.

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La Anadie deberá darles cumplimiento a los parámetros establecidos cuando inicien los trabajos por parte de Convía, pero también el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) deberá monitorear el contrato, en su calidad de administrador del proyecto.

El período establecido en el contrato para la construcción es de 24 meses, pero Testelli explicó que las obras podrían durar unos 18 meses durante los cuales, no habrá cobro de peaje.

Crédito sindicado

Por otro lado, confirmó que se emitirá un crédito sindicado con la banca local para el financiamiento del proyecto, como apalancamiento.

Un préstamo sindicado es el que adquiere una empresa con varios bancos para financiar un proyecto como este, de manera que la banca local estaría aportando entre 70% y 75% del préstamo para Convía.

“La idea es hacer la obra con componentes locales, tanto la ejecución del proyecto, como la parte de financiamiento”, puntualizó Testelli.

¿Cuál es la posición de la empresa por la aprobación de la APP?

Es una reacción de gran optimismo, por lo que implica la reactivación de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal: es una punta de lanza para detonar proyectos y de infraestructura que, desde el ámbito público, es muy difícil realizar por la capacidad que se requiere para la ejecución, el financiamiento, la operación y el servicio.  Entonces, creemos que con esta herramienta Guatemala cambia radicalmente la forma de hacer infraestructura y modifica la señal para los inversionistas, de que se pueden hacer proyectos de largo plazo.

¿Cuál es el siguiente paso?

Hay un ámbito administrativo por parte del Organismo Legislativo, y se contará con unos tiempos perentorios para poder tener la escribanía y la emisión del contrato, lo que puede llevar algunas semanas.

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Luego de eso -60 días- nosotros somos responsables de lograr distintos indicadores de servicio y operación que tenemos que integrar al proyecto; en esos dos meses, se generará toda la infraestructura empresarial, así como la definición de estudios en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para ir procesando las configuraciones de la obra.

¿Cuándo podría iniciar la construcción?

Eso lo prevemos para el primer trimestre del 2022, lo que dependerá de esas mesas técnicas que se están definiendo con el CIV. En marzo podríamos estar, “picando piedra” como decimos nosotros.

¿Cuáles son los datos de inversión?

Son alrededor de Q960 millones, (que son unos US$125 millones) y ejecutaremos todo el desarrollo de la obra en aproximadamente 18 meses.

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¿Cómo se financiará la obra?

Este tipo de inversiones cuenta con dos componentes importantes: uno es el capital (30% del valor del proyecto) y el otro 70% del valor de la obra provendrá de grupos bancarios locales que están interesados en participar.

¿Cuánto costará el peaje?

Q15 para vehículo liviano, que es hasta el 70% del tráfico en la autopista.

Algunas personas se oponen ¿Qué dice al respecto?

Que -este proyecto- se vea como una herramienta del Gobierno de Guatemala, que ahora se está implementando, y es el primer ejercicio. Habrá muchos beneficios económicos en la zona y además, se revaluarán las propiedades de todos los escuintlecos.

Por otro lado, va a haber una demanda muy importante de servicios adicionales en el área, lo que generará la contratación de mil 700 empleos directos para la obra. Y ya nos buscaron empresas logísticas, hoteleras, firmas de restaurantes y habrá una necesidad de cubrir todas esas opciones.

Por otro lado, no hay que estar ajenos al canon, pues cada cruce por la autopista será un ingreso para las comunidades. Mientras más vehículos pasen, más ingresos van a percibir, como parte de la devolución del canon.

Otro punto importante es que ellos van a tener paso libre, ya que, según la ley aprobada, está condonado el 100% las comunidades, derivado al consenso entre el Ejecutivo y Legislativo. Hay que verlo como un gran incentivo para la recuperación económica de la zona.

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Posiciones de vecinos

Mario García, presidente del Cocode de colonia ferrocarrilera, Escuintla

“Cuando se presentó el proyecto fuimos claros en que no nos oponemos al desarrollo, sino que se deben hacer las cosas correctamente. Se habla de un anillo periférico en Escuintla para que no sea afectada el área y eso no se tomó en cuenta, como tampoco la construcción de dos pasos a desnivel.

Romeo Suárez, gerente de la Cámara de Comercio, filial Escuintla

“Esta carretera es vital para comercio; el transporte empresarial es el que más la va a usar y ellos tienen la posibilidad de pagar el peaje, ya que significa disminución de tiempo recorrido. Ahora hay que mantener la mesa de diálogo abierta y buscar soluciones. No confrontar porque ya se autorizó”.

Leonel Díaz, vecino de Escuintla   

“El Gobierno tiene el dinero para hacer no solo esta carretera, sino muchas. No queremos que vengan empresas extranjeras porque nos van a cobrar el paso”.

El ejecutivo afirmó que se buscan madurar la experiencia que se ha adquirido en las más de dos décadas de operación del peaje Palín-Escuintla, ya que “Guatemala es un mercado importante y el compromiso es reforzarlo”.

“Estamos analizando proyectos urbanos e interurbanos de índole privado porque la dinámica es diferente a los públicos y tenemos una expectativa de inversión de Q3 mil 200 millones en los próximos cinco años, si las coyunturas y propuestas tanto públicas, como privadas, se vayan dando. Por lo tanto, es un plan ambicioso”, expresó.

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El director de Marhnos afirmó que ya se realizaron pláticas con algunas autoridades del gobierno central y municipalidades y aunque los detalles aún son confidenciales, compartió que se trata de dos proyectos interurbanos y uno urbano.

Atracción de inversión

Jorge Toruño, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC) afirmó que la inversión que está proyectando Marhnos para los próximos cinco años es positiva porque genera confianza en otros inversionistas y puede sentar un precedente para atraer a otros interesados en temas de infraestructura.

“Que empresas como Marhnos estén interesadas, denota que hay un mercado latente y hay una confianza en el desarrollo del país para poder invertir”, enfatizó Toruño, al indicar que deberían construirse algunos libramientos urbanos o interurbanos para mejorar la conexión entre localidades como Villa Nueva, Mixco, Boca del Monte y Santa Catarina Pinula, así como su acceso a la ciudad capital y el resto del territorio.

“Además, se podrían hacer más en la provincia, en lugares donde se evidencia un alto crecimiento poblacional y de comercio, como las ciudades intermedias”.

Ayer, durante la inauguración de Construfer, Foro de Negocios 2021, que se lleva a cabo del 26 al 29 de octubre del presente año, en la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), tanto el alcalde de Santa Catarina Pinula como el de Guatemala, expresaron la necesidad y la anuencia a analizar proyectos que interconecten las metrópoli y reduzcan el tiempo que las personas pasan en el tránsito.

“Hay proyectos que dependen de los gobiernos municipales y otros del gobierno central”, explicó  Toruño. Por ejemplo, Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, comentó sobre la interconexión entre la zona 16 y 17 con Carretera a El Salvador y Santa Catarina con Boca del Monte, ya sea con libramientos o puentes, porque son conexiones fundamentales para el desarrollo económico local.

Erwin Deger, presidente de CGC, comentó durante el evento que el sector de la construcción está activo y espera crecer un 7% este año, como lo estimó el Banco de Guatemala. Sumado a que representa un 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el “efecto cascada” que genera, deja una huella de 10% en la economía nacional.

“Por lo anterior, la infraestructura es fundamental porque acerca a las personas, reduce los tiempos y costos, facilita el comercio interno y las exportaciones, que son necesarios para volvernos más competitivos y tanto el gobierno central, como las municipalidades, tienen definidos los proyectos para los próximos años”, refirió Deger.

Al respecto, el viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Lisardo Bolaños, resaltó que el desarrollo de la economía de la mano del sector de la construcción implica apostar por una mayor urbanización y densidad que permiten la provisión de servicios públicos de mayor calidad, para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población guatemalteca. Y en estas ciudades, se generan las oportunidades de desarrollo.

“La construcción representa un 4.2% del PIB y este sector puede crecer de dos a tres veces en los próximos diez años porque hay oportunidades en infraestructura, vivienda y fábricas. Por lo tanto, es vital prestar atención para que ese crecimiento se genere”, puntualizó.

Cumplimiento y calidad

Para Toruño, los contatistas privados deben cumplir los mismos requisitos que se exige a los públicos. Es decir que cuando terrenos privados se deban expropiar o comprar, “lo importante es que se cumplan todos los requisitos, porque nadie dejará su dinero en estudios o construcciones mal hechas”.

En el ámbito público, recientemente se han evidenciado obras con muchas fallas, como el Libramiento de Chimaltenango, por no tener los estudios correctos y exceso de problemas en la construcción, recordó Toruño.

Si es un proyecto de este tipo, “la normativa de la licitación es clara y el problema es cómo se adjudican las obras y luego, cómo se ejecutan. Hay algunos temas técnicos que se están actualizando, pero esa normativa implica la licitación y cumplir varios requisitos. Cuando es un proyecto privado, el dueño del terreno debe poner sus condiciones y lo hace más práctico porque nadie invertirá en algo mal diseñado o construido”, planteó Toruño.

Añadió que cuando es un proyecto público-privado, se necesita de voluntad política y en ese caso, es el Congreso el que debe impulsar a la Anadie para que se puedan desarrollar los proyectos. “Invertir de manera correcta con voluntad política que tenga como prioridad al país, solo traerá beneficios con una mejor infraestructura y reducción en costos de transporte, que generaría en la población un impacto por la baja en la canasta básica y creación de empleos”, concluyó el directivo.

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El director de Marhnos Guatemala informó que han estado en contacto con las autoridades de la Unidad de Concesiones del Ministerio de Comunicaciones por el tema de la transición y el proceso que se vivirá en abril del 2023, cuando tendría que regresar el peaje Palín-Escuintla al Gobierno de Guatemala.

“Comprendemos que el Estado no está en posición accesible y en condiciones de llevar un control de estas características. En la operadora tenemos 120 colaboradores y para un ministerio sería difícil contar con una estructura acorde al contrato”, señaló Testelli.

Por lo tanto, hay intención de evaluar dos opciones: reprogramar la concesión o hacer un contrato de mantenimiento de operaciones. “Hay varias ideas que se están manejando y estamos atentos a que decidan lo mejor y estaremos presentes”, aseguró.

El factor tiempo es importante y es un proceso que está en pláticas con las autoridades, por lo que se analiza el expediente, mientras se esperan las disposiciones sobre la participación del gobierno.

En opinión de Toruño, de la AGCC, lo prudente es extender la concesión al actual concesionario porque valida la calidad y la mantiene. Pero si el ministerio detecta trabajos que son necesarios para mejorar, también debe hacerlo ver para que sean parte de la nueva negociación.

Testelli agregó que la inversión del pase prepago SivaPass, lanzado recientemente, fue difícil, pero el servicio a los usuarios es prioridad, especialmente los fines de semana, cuando crece el flujo vehicular en un 30% (en comparación con un día normal) y eso estaba generando contingencias que fueron detectadas desde hace ocho meses.

“Por lo tanto, fue un proyecto en el que se identificó la problemática y la solución, por lo que trajeron a los proveedores con la tecnología, que es de origen europeo. Por lo tanto, lo importante fue generar ese costo-beneficio”, concluyó.

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Según Siva, se espera que más de 30 mil vehículos circulen diariamente durante la Semana Santa en esa autopista, por lo que implementará su plan junto con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Armando Salas, gerente de concesiones de Marhnos, dijo que plan comenzará el viernes 26 de marzo y finalizará el lunes 5 de abril y que tendrán el apoyo de un equipo de 72 personas especialmente conformado para esta época, cuyo objetivo estará enfocado los viajeros.

Explicó que abrirán 5 garitas de pago auxiliares, 3 en la plaza norte y 2 en plaza sur de cobro)

Tendrán un carril exprés exclusivo para SivaPass en ambas plazas y se tiene contemplado abrir carriles de escape y carril reversible en caso se incrementara la cantidad de vehículos.

También tiene personal temporal para cobro al usuario, servicio de ambulancia, paramédicos, apoyo con grúas al servicio del usuario con costo preferencial y como apoyo a cualquier eventualidad.

Tarifa será de Q15

Salas refirió que del 31 de marzo al 4 de abril la tarifa de peaje tendrá un costo de Q15 para vehículos livianos, con lo que esperan mayor rapidez al momento de cobro.

“La empresa absorberá los Q0.25 de diferencia por cada vehículo que transite por la Autopista Palín-Escuintla en esos dos días, todo con el fin de facilitar el cobro y acelerar la marcha en el peaje en beneficio de los viajeros.  Para aprovechar al máximo este beneficio a favor de la circulación vial, es importante que los usuarios tengan listo su pago al momento de llegar a las garitas y respeten las filas del peaje”, señaló Salas.

El ejecutivo de SiVA confirmo que el redondeo de la tarifa por Semana Santa es únicamente para los vehículos livianos, pues es el 85 o 90% de los automotores que circulan por la autopista en esa fecha.

Salas reconoció que la Semana Santa es la fecha en donde más vehículos circulan por esa autopista y por eso activan este plan operativo, que ahora tendrá más áreas para pago y agilizar el paso.

Tiempo de cobro

En cuanto al tiempo de cobro en las garitas, Salas dijo que este es variable y depende de muchos factores, pero recordó que anteriormente se tardaban 6 segundos desde que el usuario llegaba con dinero a mano, pero ahora con la implementación de factura electrónica el tiempo subió a entre 10 y 15 segundos por vehículo.

Señaló que e problema muchas veces es que en cortos intervalos de tiempo llegan muchos vehículos y por eso se forman largas filas.

Horarios más complicados

Salas puntualizó que es importante el horario en el que las personas transiten por la autopista, pues de eso también depende el tiempo que puedan pasar en la fila.

Aseguró que el viernes y sábado de Semana Santa las personas van hacia el Sur y el horario más complicado es de las 7 horas hasta las  13 horas.

El Domingo de Resurrección la afluencia de vehículos se da entre las 15 horas y las 20 horas, pero incluso eso depende de la cantidad de vehículos en esos períodos de tiempo.

El carril express

Siva detalló que para que el paso por el peaje sea más rápido recomiendan el uso del SivaPass, un sistema que funciona como tarjeta de débito a la que los usuarios le recargan saldo y les permite pasar en cualquier carril de la autopista (a excepción de las garitas auxiliares que se instalan por esta fecha)

Este pase se puede adquirir en el punto de venta ubicado en km 52.5 de dicha autopista con una recarga mínima de Q200.

Si el SivaPass tiene por lo menos Q150 de saldo, los usuarios podrán usar el carril express que ahorra mucho más tiempo al paso por la Autopista Palín-Escuintla.

Las consultas de saldo o recargas de este pase se pueden hacer vía electrónica a través de la aplicación Api Wallet.

Apoyo de Provial

Juan Carlos Aquino, de Provial, dijo que esa institución estará en alerta desde el 26 de marzo a las 5 horas hasta el lunes 5 de abril a las 22 horas.

Refirió que se brindará apoyo y presencia en los campamentos de atención y control implementados por el Sinaprese y que a los usuarios se les dará asistencia en las vías y se les brindará apoyo con primeros auxilios, asistencia de mecánica básica, abastecimiento de agua, información de destinos turísticos.

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En cuanto a las regalías que se han recibido del 1 de mayo del 2000 al 30 de septiembre del 2020, el concesionario —o sea Marhnos— ha retribuido al Gobierno Q17.6 millones —US$2 millones—, que corresponden al 1% contractual sobre los ingresos percibidos sin IVA.

Esta fue la primera autopista con cobro de peaje en el país. Años después se construyó la Vía Alterna del Sur (VAS), con el mismo sistema de pago por circular en ella.

Año de la transición

Por lo menos un año antes de que concluya el contrato —en el 2022—, el CIV debe informar sobre la intención con la administración de esa autopista.

La Unidad de Concesiones y Desincorporaciones del CIV informó que una vez finalizado el contrato —abril de 2023— y bajo las condiciones contractuales, existe un proceso administrativo que establece la normativa vigente.

“La Ley dice que al finalizar el plazo del contrato de concesión se debe hacer el proceso de revertimiento de bienes; es decir cuando el concesionario entrega el bien al Estado por medio de un protocolo que se debe diseñar conforme las obligaciones contractuales de las partes —concedente y concesionario—. Este documento debe contar con la aprobación de las autoridades”, informó el CIV.

Sin dar más detalles, la referida unidad, coordinada por Silvia Rivas Amaya, indicó que actualmente se “esta trabajando en el mismo”.

Indicadores

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, explicó que se está en una etapa de transición que involucra algunos trabajos adicionales que se deben efectuar a partir del último trimestre del 2021, los cuales incluyen algunos presupuestos, precisamente para dejar el proyecto y entregarlo a la autoridad competente.

El empresario confirmó que, como parte de las cláusulas del contrato, la compañía debe dejar algunos indicadores para medir posteriormente, o sea en los siguientes 24 meses, a partir de la recepción.

“Tenemos que hacer inversiones del proyecto, en las condiciones que se van a entregar para 2023, pero que duren hasta 2025”, precisó.

Parte de esas inversiones están relacionadas con la infraestructura de la autopista, entre otros trabajos de ingeniería.

¿Cuál será el futuro?

Testelli dijo que Marhnos entregará las llaves al CIV y las autoridades decidirán que hacer en el futuro con el tramo, ya que el compromiso es entregarlo en los términos que establece el contrato.

Las autoridades empezarán a analizar las posibilidades de sostenibilidad financiera y la factibilidad de la autopista, aunque no han adelantado criterio alguno.

“Para que el CIV tome una decisión sobre el futuro de la autopista procederá en corto plazo, año 2021, a contratar el estudio de preinversión a nivel de factibilidad, para conocer el detalle del comportamiento de la vía, lo cual le permitirá tomar la mejor decisión para el futuro de esta”, expuso la fuente oficial.

Eso significa que se contratará a una empresa —no se sabe si pública o privada— para que evalué diferentes indicadores de la autopista y brinde una recomendación técnica a las autoridades de ese ministerio.

Localizado en la parte nororiental del departamento de Escuintla y a 40 kilómetros de la ciudad de Guatemala, Palín, fue en la época colonial un apéndice de la parroquia de Amatitlán y se le llamaba San Cristóbal Palín.

Hoy pertenece a Escuintla y es un punto de referencia debido a que es la ruta nacional hacia la cabecera y a puerto Quetzal que pasaba a un lado del pueblo, pero por la expansión territorial quedó en el medio.

Unos 20 mil vehículos de todo tipo atraviesan la arteria, afirma Carlos Chinchilla, subdirector de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) del municipio.

De martes a viernes, y durante algunos fines de semana, el tráfico domina la vida en el casco central de Palín. El congestionamiento suele empezar a las 10 horas y se extiende hasta las 3 de la tarde.

A lo largo de 6 kilómetros que se tornan en curvas hacia la salida del municipio, se da el embotellamiento diario que, a paso lento, sigue en dirección a Escuintla y la ciudad capital.

En el municipio no hay semáforos. En su lugar, 6 agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulan el tráfico a lo largo de dos turnos diarios, según indica Carlos Chinchilla.

El alcalde de la comuna, José Ricardo Quezada, no descarta que el tráfico en Palín representa un inconveniente para la población palineca, e incluso, para los vecinos de Escuintla y Amatitlán.

Quezada atribuye a distintos factores al constante congestionamiento. Explica que la carretera CA-9 tiene túmulos que ralentizan el flujo, y que, además, permite ventas en la orilla de la vía central; mismas que a la vez, generan más tráfico.

Personas como Lesbia Porón, Edwing Malchic y su esposa, Verónica Mita han aprovechado el flujo vehicular para mantener sus hogares, mediante la venta de alimentos y fruta.

Los tres concuerdan en que el tráfico es un tema incómodo para la población. Sin embargo, aseguran que gracias a este generan ventas diarias. “El tráfico le da vida a Palín”, expresa Malchic, quien a diario vende un aproximado de 80 a 100 vasos con fruta en el tráfico.

El alcalde Quezada comenta que se están realizando planes de mejora para el flujo vehicular. Entre las propuestas municipales se habla de colocar un puente Bailey en uno de los puntos de la ruta para liberar el flujo de transporte liviano.

Aun así, el constante flujo en Palín sigue generando incomodidad y también accidentes. Según datos de la PMT, entre enero y agosto de este año se contabilizaron 280 accidentes en la comuna. Entre abril y agosto se extendieron 98 multas a vehículos.

Para Lisseth Estrada, vecina de Palín desde hace 49 años, y quien fuera segunda concejal de la Municipalidad durante el gobierno pasado, el problema en la CA-9 no se debe a la contaminación visual o sonora, “sino al riesgo en el que se está poniendo a las personas”.

Si de una causa se habla, muchas personas no dudan en responder que se debe al constante flujo de transporte pesado. El alcalde agrega que, en algunas subidas hacia el final del municipio, hay tramos en donde son frecuentes las fallas mecánicas. Esto produce que se detengan de manera imprevista y agraven el atasco.

De acuerdo con Rony Mendoza, presidente de la Gremial de pilotos de transporte pesado, 4 mil 600 tráileres semanales atraviesan en promedio el casco central de Palín en ambas direcciones.

La ex concejal Estrada cree que el embotellamiento se debe a los camiones, pero no demerita su vital función. “El transporte pesado mantiene al país, y además sus trabajadores se están exponiendo a pesar de la pandemia. No tengo nada en contra de ellos, pero son quienes crean el caos vehicular en la población”.

El director de la Gremial menciona que cerca de un 87 por ciento del Producto Interno Bruto del país es transportado en camiones que atraviesan el país.

Además del congestionamiento, el tráfico de muchas de estas unidades ha ocasionado daño en el municipio, ya que, al parquearse a orillas de la carretera, desgastan los camellones y desagües pluviales.

Estrada reconoce que no hay facultad para limitar la libre locomoción a los transportistas de carga pesada, pero sí para “coordinar acciones que vayan en beneficio de los vecinos”.

Mire el video: 

Un desvío ante lo oneroso

Llegar o regresar a Escuintla y Ciudad de Guatemala, pasando por Palín, se puede lograr a través de la autopista CA9-Sur, más conocida como la ruta de peaje. Con al menos dos carriles por lado, permite llegar de Escuintla a Palín en menos de 20 minutos.

El 11 de septiembre de 1997 se estableció el contrato 642-97-DGC, como una concesión entre el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas (como parte “concedente”) y la Constructora Marhnos S.A., hoy llamada Siva (como “concesionario”).

En el mismo se indicó que Marhnos estaría a cargo de la operación, mantenimiento y conservación del tramo Palín – Escuintla que comprende una longitud aproximada de 29.63 kilómetros. Para dicha operación, el contrato atribuyó al concesionario: cobro de tarifas, chequeo de ingreso, relaciones públicas, seguridad, servicios de emergencia, así como otras responsabilidades, para 25 años.

Además, se estableció que, con el cobro, el concesionario debería construir dos carriles adicionales en el tramo Escuintla – Puerto Quetzal, con una longitud de 37 kilómetros. El valor del contrato se determinaría por una inversión equivalente a 129 millones 387 mil 597 quetzales.

Ante esta situación, el Ministerio de Comunicaciones autorizó a Marhnos el cobro de tarifas de peaje por circulación, dependiendo del tipo de vehículo.

Peaje

Montos actuales que se deben cancelar en las garitas por tipo de vehículo en el peaje administrado por Siva:

• Motocicletas: Q.7.00
• Automóviles: Q.15.25
• Vehículos con carretón o eje extra: Q.29.25 
• Pesados: Q.30.50
• Tres ejes: Q.45.75
• Cinco ejes: Q.76.50
• Seis ejes: Q.91.75

De acuerdo con el director de la Gremial de pilotos de transporte pesado, a lo largo de los últimos años, este peaje ha provocado que muchos transportistas con ruta al sur prefieran tomar la carretera antigua.

La Gremial cuenta con 22 mil 965 agremiados, de los cuales 7 mil 870 son dueños de su propio camión, de los cuales en gran mayoría optan por no pagar peaje. Mendoza está consciente del problema de tráfico en Palín, pero también de los costos de operación.

Ejemplifica que, si un viaje cuesta normalmente Q.1 mil para el transportista, al pagar ida y vuelta mediante el peaje, se elevaría a Q.1, 300.

El director de la Gremial infiere que, si se disminuyeran las tarifas, Siva estaría favorecida, ya que los transportistas de camiones con varios ejes transitarían por el peaje. Agrega que este año, han dirigido 7 cartas a Siva, solicitando una reunión para dialogar sobre una disminución del peaje, pero no han tenido respuesta.

La empresa encargada de la CA-9 Sur respondió que no se ha tenido conocimiento de dichas solicitudes. De acuerdo con información de Celeste Rosales —encargada de Relaciones Públicas—, a la fecha Siva ha tenido acercamientos junto al alcalde de Palín para hablar de la disminución del costo de peaje para transporte pesado; sin embargo, no se ha concretado un acuerdo.

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El cierre de ese retorno, ubicado en el kilómetro 40.5 de dicha autopista, había generado que en dos ocasiones vecinos de Palín bloquearan la ruta al Pacífico, por lo que autoridades integraron una mesa técnica en busca de una solución.

Lotti Ayerdi, subgerente de operaciones de la empresa Siva (Marhnos), dijo que cerraron el retorno debido a lo peligroso que resultaban las maniobras de los pilotos del transporte pesado que lo utilizaban.

“Los usuarios corrían riesgo y por eso se tomaron estas acciones, en ningún momento se quiso perjudicar a los vecinos del sector, ya que hay un puente que ellos podían utilizar para incorporarse al casco urbano del municipio”, comentó Ayerdi.

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Juan Carlos Pellecer, líder comunitario de San Francisco, Palín, dijo que el retorno se tenía desde hace varios años. “Nos facilita el poder incorporarnos a la carretera hacia la ciudad capital sin entrar al casco urbano del municipio, con lo que se evitaba congestionamiento y pérdida de tiempo”, comentó.

Luego de la habilitación de ese paso, Pellecer dijo sentirse satisfecho y resaltó que solo está permitida la circulación de vehículos livianos.

Ricardo Quesada, alcalde de Palín, comentó que la comuna señalizará el área para evitar accidentes y que el transporte pesado utilice el retorno.

“Ahora solo esperamos que Marhnos termine de hacer los estudios en ese sector y haga los trabajos necesarios para dejar este retorno de forma segura”, indicó el jefe edil.

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Ante eso, representantes de la empresa dijeron que los estudios avanzan de forma satisfactoria y que a más tardar en un mes en un mes se hagan los cambios necesarios.

“Pedimos a los usuarios y vecinos tomen las debidas precauciones para evitar accidentes”, se dijo.

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Por la temporalidad del año el Congreso debe dedicar bastante tiempo a discutir y aprobar el presupuesto del Estado para el 2020, el cual consideran muy necesario para la operatividad del próximo Gobierno afirmó David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

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Otro proceso que llegará próximamente a ese Organismo es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones ya que el período para el que fueron electos quienes actualmente ejercen los cargos concluye el 12 de octubre de 2019. Para ello las Comisiones de Postulación trabajan desde junio para emitir los listados de las personas que nominarán.

El Congreso tiene 17 semanas para efectuar sesiones en el período ordinario el cual finaliza el 30 de noviembre. De ahí en adelante de realizarse alguna sería de forma extraordinaria con convocatorias para temas específicos, hasta llegar al 14 de enero del 2020 cuando se retoman actividades ordinarias, en este caso para hacer el cambio de legislatura.

De no lograrse la aprobación en este año, el proyecto podría atrasarse un año más ya que la nueva legislatura deberá instalarse, conocer las iniciativas y dictámenes y decidir si continúan su proceso o si prefieren que sean devueltas que ellos la puedan analizar, expuso Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

¿Hay condiciones para aprobarlo?

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) opinó que se trata de un contrato urgente por lo que el Congreso debe colocarlo dentro de su agenda prioritaria. A su consideración debiera ser aprobado aún en este año.

“El Congreso debe aprobar o improbar, no puede meterse a cambiar nada dentro del contrato, eso hace que sea mucho más fácil su aprobación” dijo Zapata, quien considera que seis meses es tiempo suficiente para poder generar los consensos necesarios y lograr los 80 votos requeridos.

Considera que la emisión del dictamen, dada a conocer por el presidente de la Comisión de Comunicaciones, es un mensaje positivo para aumentar la inversión en infraestructura y mejores condiciones, la otra prioridad del Legislativo debe ser la propuesta de Ley general de infraestructura vial que se encuentra pendiente de la segunda lectura.

Casasola, analista del Cien, opinó que en algún momento es necesario ejecutar este tipo de proyectos. Sin embargo, dijo que se debe analizar el plazo, las condiciones, las garantías para el Estado y basarse en criterios técnicos a dar por valido este contrato que quedan claros los tiempos, obligaciones y salvaguardas si no se llegara a ejecutar al 100%.

“En el Congreso hay diferentes posiciones e intereses, por eso es muy importante que en esta legislatura se termine una discusión transparente y plenamente documentada para que en ningún momento se genere duda y no haya una decisión donde ese busque algún tipo de renta o beneficio” comentó Casasola.

Sin embargo, indicó que también dependerá de la agenda prioritaria del Congreso y qué temas estén sobre la mesa. Por la época del año en que nos encontramos, uno de los temas prioritarios es el presupuesto, explicó. “La discusión del nuevo presupuesto es algo crucial de cara a un nuevo ejecutivo que va a estar en el poder no se puede dejar a un lado.  Ahí el presidente del Congreso tiene que ejercer esa labor de consensuar esta agenda mínima de una transición tan larga que va a existir, ya que se tienen pendientes varios proyectos” expuso Casasola.

Hidalgo dijo que el avance de la iniciativa es parte de las facultades del Congreso y quedará en la sociedad y la ciudadanía la labor de acompañar el ejercicio para auditar con el fin de que una iniciativa como está de inversión público privada genere frutos positivos para el desarrollo del país.

El Congreso podría tratar de rescatar el buen papel que debieron haber jugado durante toda la legislación y lograr consenso para aprobar un proyecto como este, agregó.

A consideración de Hidalgo no se debiera esperar hasta el siguiente el siguiente Legislatura porque significaría atrasar hasta un año la aprobación ya que los nuevos parlamentarios tendrían que instalarse, conocer las iniciativas pendientes y empezar a analizarlas. Lo que se tiene que hacer, insistió, es vigilar el proceso por parte de la sociedad para garantizar la transparencia.

Anuncian emisión de dictamen

A 10 meses de haberse recibido la iniciativa de ley en el Congreso, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas de ese Organismo emitió dictamen favorable para el contrato de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con el modelo de APP.

Se trata del primer proyecto con un contrato de esta modalidad que fue enviado al Congreso por el Organismo Ejecutivo, en octubre del 2018, para su discusión y aprobación luego de haberse adjudicado en la licitación al Consorcio Autopistas de Guatemala conformado por Marhnos y la empresa guatemalteca la empresa Consulta, S. A. para rehabilitar un tramo de 40 kilómetros y otras condiciones.

El diputado Óscar Fernández presidente de esa sala legislativa informó que el jueves 6 de agosto se emitió dictamen favorable y ahora procede trasladar el documento a la Dirección Legislativa, lo cual se prevé hacerlo en el resto de la semana.

Según el documento mostrado por el parlamentario se cuenta con 11 firmas, el número mínimo de votos necesarios en la comisión integrada por 21 diputados. Aunque al ser consultado mencionó que algunos parlamentarios prefirieron no firmar.

El dictamen se ha logrado emitir luego de seis reuniones tanto de discusión como para escuchar a otros sectores como al Ministerio de Finanzas, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), entre otros agregó.

La Anadie es la entidad encargada de promover, impulsar los estudios para los proyectos de inversión público privada basado en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 16-2010.

El contrato adjudicado comprende rehabilitar, operar y administrar 40 kilómetros, en el tramo del 60.9 al 102.1 kilómetros de esa carretera, con la construcción de distribuidores viales y conexiones, el cual se operará con cobro de peaje.

Fernández explicó que uno de los temas que había causado dudas es acerca de qué entidad o empresa se encargaría de darle mantenimiento a la ruta alterna sin peaje, para garantizar la libre locomoción, dijo el diputado. Sin embargo, explicó que les informaron que de esa ruta alterna se encargará en Ministerio de Comunicaciones.

“Lo que nos envían para aprobar es el contrato, este no se puede modificar, se puede aprobar o improbar” explicó el parlamentario.

Luego de llegar a la Dirección Legislativa deberá pasar el pleno del Congreso, cuándo la Junta de Jefes de Bloques así lo programen en la agenda para las sesiones.

En el pleno los diputados deben revisar, discutir, enmendar y aprobar en tres lecturas la iniciativa.

En qué consiste el proyecto

• La obra de 41 kilómetros deberá contar con distribuidores viales y sus conexiones.
• Es el tramo de la ruta Centroamericana CA-9 Sur A, que conecta el municipio de Escuintla con el Puerto Quetzal. Que va del kilómetro 60.9 al 102.1.
• La principal fuente de ingresos del proyecto será el cobro de peaje a los usuarios. Se cobrará la tarifa base de Q15 por vehículo liviano de un eje, valor que ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA).  El valor del peaje se multiplicará por el número de ejes de los vehículos o unidades.
• El Consorcio adjudicado ofreció el canon del 36.13% adicional al 5% exigido en las bases de licitación, a partir del noveno año de la fase de explotación, hasta la finalización del contrato. Por lo que sumaría 41.13% explicó Anadie luego de la adjudicación.
• Ese canon es el porcentaje de los ingresos brutos se tendrá el Estado.
• Los primeros ocho años la empresa deberá entregar el 4% sobre los ingresos brutos de la sociedad de propósito específico que debe crear para ejecutar el proyecto.
• Plazo: El contrato es por 25 años, de estos tres serán para la construcción y rehabilitación de la vía, y 22 para operarla. Se preveía inicialmente que empiece a operar en el 2022, pero depende de la aprobación del Congreso para que empiece a regir el contrato.

Beneficios

Según datos de entidades del Gobierno la autopista beneficiará a los conductores de los 10 mil vehículos livianos, 3 mil 800 vehículos pesados y más de 1 mil 200 autobuses que diariamente circulan por ese tramo.

Se convertiría en un corredor logístico importante para el país debido a que comunica el área metropolitana con el Puerto Quetzal, dicha terminal mueve más del 50% de las importaciones y exportaciones por la vía marítima.

También conectará sitios turísticos en el Pacífico, proyectos industriales e inmobiliarios, aspecto que dinamizará la economía.

El monto de inversión oscila desde Q600 millones hasta Q700 millones, pero podría elevarse por el daño que tiene la infraestructura de la autopista actual donde es necesaria la reconstrucción y el mantenimiento.

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Los diputados deben revisar, discutir, enmendar y aprobar en tres lecturas la iniciativa centrada en la construcción de la autopista que contará con cobro de peaje para los automovilistas. La obra de 41 kilómetros deberá contar con distribuidores viales y sus conexiones.

El monto oscila desde Q600 millones hasta Q700 millones, pero podría elevarse por el daño que tiene la infraestructura de la autopista actual donde es necesaria la reconstrucción y el mantenimiento.

El retraso

Desde el año pasado, la iniciativa está en la Comisión de Comunicaciones donde se debe discutir el dictamen respectivo. En el proceso de licitación participaron tres firmas y el contrato fue asignado a la empresa Consorcio Autopistas de Guatemala por haber presentado la mejor oferta, se informó.

El miércoles último, la Comisión recibió el aval de una prórroga relacionada a entregar el dictamen de la iniciativa con 34 votos a favor.

El diputado Óscar Fernández  (Todos), quien solicitó la prórroga, informó que “es un contrato millonario y debe ser transparente”.

El legislador recordó que cada sala de trabajo tiene 45 días hábiles para elaborar el dictamen según lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Esto significa que la Comisión informará al pleno después del evento electoral el 16 de junio próximo lo relacionado al dictamen de la iniciativa.

Postura

La empresa Convía, a través del ingeniero René Muñoz, director de asuntos corporativos, informó que cuentan con todas las especificaciones técnicas.

“Lo que vamos a hacer nosotros es donde está hoy la carretera, quebramos todo y lo volvemos a hacer de nuevo. Bueno, no tenemos que quebrarlo, porque quebrado ya está”, ironizó Muñoz en relación a las malas condiciones en que está la autopista, que incluso ha provocado accidentes viales. “La autopista la mantendremos durante 25 años en las mejores condiciones”, agregó.

“Nuestra teoría es que los diputados pidieron esos 45 días porque ya se pasaron todo ese tiempo desde octubre del año pasado. Tienen que dictaminar, ya sea positiva, que es lo que nosotros queremos, o pueden hacerlo de forma negativa, pero tienen que tener un sustento legal que les autoriza el Estado para entregar la respuesta un poco después. La buena señal es que ya lo pidieron, y por ende, ya pusieron los ojos para enfocarse sobre este proyecto”, explicó Muñoz.

Empresarios y autoridades avalan contrato

El pasado 6 de marzo empresarios y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) urgieron al Congreso avanzar en un dictamen favorable. Fue la primera vez que los sectores se pronunciaron en conjunto para demandar el seguimiento del proyecto relacionado con la infraestructura vial.

La principal fuente de ingresos del proyecto será el cobro de peaje a los usuarios. Se cobrará la tarifa base de Q15 por vehículo liviano de un eje, valor que ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA).

El valor del peaje se multiplicará por el número de ejes de los vehículos o unidades.

El contrato es por 25 años, de estos tres serán para la construcción y rehabilitación de la vía, y 22 para operarla. Se prevé que empiece a operar en el 2022, en caso de que el proyecto sea aprobado en el Legislativo.

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El valor del peaje se multiplicará por el número de ejes de los vehículos o unidades.

El proyecto requiere una inversión estimada de alrededor de US$80 millones.

El contrato es por 25 años, de estos tres serán para la construcción y rehabilitación de la vía, y 22 para operarla. Se prevé que empiece a operar en el 2022.

Al término de ese plazo se puede ampliar pero deberá ser conocido de nuevo por el Congreso explicó el funcionario.

La Comisión de Evaluación encargada de la licitación del proyecto comisión resolvió adjudicar al Consorcio en  mención el 14 de julio  último al establecer que cumplió con lo establecido en las bases de licitación y presentó la mejor oferta para los intereses del Estado informó la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo (Anadie).

Según las bases de licitación el participante privado deberá compartir un canon del 4% en los primeros ocho años de operación del proyecto, y una base del 5% más la oferta económica o canon adicional a partir del noveno año de operaciones https://t.co/8j4iNTv8Gq

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 3, 2018

Este consorcio ofreció el canon del 36.13% adicional al 5% exigido en las bases de licitación a partir del noveno año de la fase de explotación, hasta la finalización del contrato, lo que suma un 41.13% explicó Roberto Sagastume, director ejecutivo de Anadie.

Según las bases de licitación la oferta económica que incluyera el mayor porcentaje de canon a favor del Estado a partir del noveno año sería la adjudicada, siempre y cuando cumpliera con los requerimientos técnicos exigidos.

Ese canon es el porcentaje de los ingresos brutos se tendrá el Estado.

Los primeros ocho años la empresa deberá entregar el 4% sobre los ingresos brutos de la sociedad de propósito específico que debe crear para ejecutar el proyecto.

Sagastume explicó que se trata del primer contrato de alianzas público privadas conocido como APP, bajo decreto 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Además es un proceso diferente al que se efectuó en 1997 cuando a la empresa Marnhos se le dio la concesión de la autopista de Palín a Escuintla, la cual sigue operando.

El contrato debe ser aprobado por el Congreso y para ello se prevé enviar la iniciativa de Ley a ese organismo a principios de septiembre próximo luego de que se agoten los trámites administrativos agregó el director.

Las empresas oferentes aún pueden impugnar.

De qué se trata el proyecto

• El objetivo es convertir un tramo de 40 kilómetros en autopista con altos estándares de calidad y elevados niveles de servicio, explicó Anadie.
• Es el tramo de la ruta Centroamericana CA-9 Sur A, que conecta el municipio de Escuintla con el Puerto Quetzal.
• Va del kilómetro 60.9 al 102.1.
• La autopista beneficiará a los conductores de los 10 mil vehículos livianos, 3 mil 800 vehículos pesados y más de 1  mil 200 autobuses que diariamente circulan por ese tramo.

“Es un importante corredor logístico para el país debido a que comunica el área metropolitana con el Puerto Quetzal, terminal que mueve más del 50% de las importaciones y exportaciones por la vía marítima” añade la agencia.

Conectará sitios turísticos en el Pacífico, proyectos industriales e inmobiliarios, aspecto que dinamizará la economía de los lugares y agilizará el tránsito hacia otros puntos, explica Anadie dentro de los beneficios del proyecto.

Ese monto debe ser aportado en su totalidad por la empresa adjudicada e incluye el diseño, construcción, operar y mantener la infraestructura.

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Según el Acta numero 004-2018 y la Resolucion numero 001-2018, la Comisión de Evaluación, decidió, de forma unánime adjudicar el proyecto a Consorcios Autopistas de Guatemala, conformado por la mexicana Marhnos y la guatemalteca Grupo Precon.

El consorcio ofreció un porcentaje adicional del 36.13% por concepto de canon, adicional al 5% de los ingresos brutos del proyecto, a partir del día 1 del año 9 de la fase de explotación, hasta el vencimiento del contrato.

Según el departamento de comunicación de la Anadie, la adjudicación de la Comisión de Evaluación, aún debe aprobada o improbada por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), para lo cual tienen 30 días calendario.

A principios de julio, Roberto Sagastume Director Ejecutivo de Anadie, comentó a Prensa Libre que estiman que con la oferta en mención, los primeros ocho años la empresa pagará al estado entre Q8 millones a Q10 millones anuales por ese canon mientras que del año nueve en adelante serían entre Q30 millones y Q40 millones anuales.

¿Cuánto sería el peaje?

Por lo tanto, viajar a las playas de  Puerto  San José, Iztapa, Monterrico y Hawaii vía Puerto Quetzal  tendría un costo de Q30.25 para quienes usan vehículos livianos, desde la capital, ya  que además de los Q15.25 que  actualmente pagan en  el peaje de la autopista    Palín—Escuintla deberán pagar Q15   en la autopista   Escuintla—Puerto Quetzal, del kilómetro 60.9 al 102.1.

La empresa  favorecida tendrá que invertir, como mínimo, US$80 millones  -Q596 millones- en remozar la vía y garantizar que la carretera cumpla con estándares internacionales.

Detalles del evento

De acuerdo a las bases de licitación, publicadas en el portal  www.guatecompras.gt con el NOG 7109547, la oferta económica que incluya el mayor porcentaje de canon al Estado a partir del día 1 del año 9, será a quien se adjudique, siempre y cuando cumpla con las formalidades establecidas. 

El canon porcentaje sobre los ingresos brutos que genere el proyecto sin incluir el IVA.  Los primeros ocho años la empresa ganadora deberá entregar el 4%. Sin embargo, el consorcio Autopistas de Guatemala ofreció el 5%.

Las ofertas económicas de las otras dos empresas que participaron en la licitación fueron: Mota-Engil Latin America B.V. un 3% y ANAS International Enterprise S.p.A. un 2.01%.

Acerca del proyecto

El proyecto está estructurado bajo el modelo de Alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, conocido también como Alianzas Público Privadas (APP) es el primero en licitarse bajo el Decreto 16-2010.

• Es con la modalidad de cobro de peaje, cobro que va desde Q15 por vehículo liviano.
• En la actualidad circulan más de 10 mil vehículos livianos, 3 mil vehículos pesados y más de 1 mil 200 autobuses.
• El tramo es de 41.2 kilómetros de Escuintla a Puerto Quetzal, denominado CA-9 sur “A” (que va desde el kilómetro 60.9 al 102.1).

El proyecto incluye:

• Obras de rehabilitación completa y mejora de la superficie del pavimento pista derecha en sentido Sur-Norte;
• complemento y construcción de siete distribuidores de tránsito a desnivel;
• carriles de aceleración, desaceleración, auxiliares, mejoramiento en la señalización vertical y horizontal;
• y otras mejoras en la seguridad vial. así como medidas de mitigación socio ambiental, obras que buscan mejorar los servicios para el usuario.

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La licitación fue convocada por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica  (Anadie)  para una inversión público privada, que sería la primera adjudicación que se hace bajo esta legislación.

Para ese tramo de carretera se estableció el cobro de peaje de Q15 por vehículo de un eje, como el vehículo liviano y el cual se multiplica según su equivalencia en ejes según lo establecen las bases de licitación.

Según las bases de licitación el participante privado deberá compartir al Estado un canon del 4% en los primeros ocho años de operación del proyecto, además una base del 5% más la oferta económica que haga la empresa como canon adicional a partir del noveno año de operaciones.

Sumadas ambas a partir del noveno año el consorcio ofertó pagar el 41.13% al Estado.

Según Roberto Sagastume Director Ejecutivo de Anadie, con la oferta en mención se estiman que los primeros ocho años la empresa pague al estado entre Q8 millones a Q10 millones anuales por ese canon mientras que del año nueve en adelante serían entre Q30 millones y Q40 millones anuales.

Proceso pendiente

La Junta de licitación tiene una semana para adjudicar el concurso y el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) debe analizarlo y decidiría en alrededor de dos semanas más si aprueba o no esa decisión.

Las empresas tienen posibilidad de impugnación.

Se prevé que el proyecto sea trasladado en agosto al Congreso para su ratificación. “Se tiene la ventana de oportunidad de que pueda ser conocido y aprobado en el Congreso entre septiembre y noviembre” dijo Sagastume quien tiene la idea que se pueda poner en vigencia el contrato en el 2019.

De no aprobarse la adjudicación por el Conadie ésta determinará qué pasos seguir, como ejemplo si se convoca a una nueva licitación, explicó el director. Aunque se tiene establecido que se le reintegrarían los gastos de licitación al adjudicado por la junta.

El proyecto

El proyecto está estructurado bajo el modelo de Alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, conocido también como Alianzas Público Privadas (APP) es el primero en licitarse bajo el Decreto 16-2010.

Es con la modalidad de cobro de peaje, cobro que va desde Q15 por vehículo liviano.

En la actualidad circulan más de 10 mil vehículos livianos, 3 mil vehículos pesados y más de 1 mil 200 autobuses.

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El tramo es de 41.2 kilómetros de Escuintla a Puerto Quetzal, denominado CA-9 sur “A” (que va desde el kilómetro 60.9 al 102.1).

Se deberá rehabilitar, construir, operar y darle mantenimiento y las demás obras complementarias necesarias para elevar la infraestructura vial existente a nivel de autopista.

Según Anadie el proyecto incluye:

• Obras de rehabilitación completa y mejora de la superficie del pavimento pista derecha en sentido Sur-Norte;
• complemento y construcción de siete distribuidores de tránsito a desnivel;
• carriles de aceleración, desaceleración, auxiliares, mejoramiento en la señalización vertical y horizontal;
• y otras mejoras en la seguridad vial. así como medidas de mitigación socio ambiental, obras que buscan mejorar los servicios para el usuario.

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Pamela Motta, relacionista pública de Marhnos, explicó que se tiene previsto que el paso supere los 30 mil vehículos diarios y durante la temporada de fin de año, podrán circular más de 120 mil carros por ese trayecto.

El plan operativo de la empresa empezó desde la semana pasada y alcanzará la primera semana de enero para el retorno de los viajeros.

La relacionista pública informó que funcionarán todas las garitas y se contarán con cinco garitas auxiliares, cuatro en plaza norte y una en plaza sur. “Vamos  a tener carretillas móviles y “gabacheros”, esto para prevenir el congestionamiento vehicular”. Las tarifas que cobrará el peaje son las que están vigentes y no tiene cambios.

Motta agregó que el horario de atención del peaje funcionará las 24 horas del día y para ello contrataron personal temporal, aproximadamente 20 personas más se integran al equipo de 80 personas que operan el peaje.

Servicios Adicionales

Durante el trayecto de los 29.63 kilómetros del Peaje Palín-Escuintla se encontrarán patrullando elementos de la Policía Nacional Civil y personeros de Protección Vial (Provial).

La empresa Marhnos puso  a disposición servicios de grúa que estarán cobrando a los viajeros una tarifa preferencial y un taller móvil para aquellas personas que lo requieran.