¿A qué clínica del IGSS debe asistir? Tres formas de consultarlo según su dirección

El Igss ofrece varias opciones para que los afiliados identifiquen la periférica o unidad médica que les corresponde según su lugar de residencia.

Glenda Burrión

13 de enero de 2026

|

18:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Afiliados del Igss pueden verificar en línea, por teléfono o en oficinas centrales la periférica o unidad médica que les corresponde según su dirección registrada. (Foto, Prensa Libre: cortesía Igss)

Los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS) que no presentan una emergencia médica, pero requieren agendar una cita en consulta externa, deben acudir inicialmente a la periférica, clínica u hospital asignado según la dirección registrada en el sistema.

Sin embargo, cuando el afiliado ha cambiado de domicilio o lleva tiempo sin utilizar los servicios del IGSS, es frecuente que no recuerde a qué periférica del IGSS le corresponde asistir.

Ante estos casos, el instituto pone a disposición tres vías oficiales para verificar. A continuación se dará una guía referencial, pero se recomienda realizar una doble verificación para evitar acudir a una unidad médica que no corresponda.

LECTURAS RELACIONADAS

Pago del IGSS por suspensión: Monto máximo y duración en casos de enfermedad, accidente o maternidad

1. Portafolio de Servicios del IGSS en línea

El Portafolio de Servicios del IGSS permite a los afiliados identificar con precisión el hospital, policlínica, periférica o consultorio que les corresponde, según la dirección de residencia registrada en el sistema. 

De acuerdo con información confirmada por el IGSS, al 13 de enero de 2026, la cobertura en el área metropolitana y municipios cercanos se distribuye así:

• Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo (zona 6, Ciudad de Guatemala): atiende a residentes de las zonas 2, 6, 17 y 18 de la capital, así como de los municipios de Chinautla, San Pedro Ayampuc, Chuarrancho y San José del Golfo.

• Policlínica IGSS zona 1 (Ciudad de Guatemala): brinda atención por enfermedad común a residentes de las zonas 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13 y 14. Además, ofrece especialidades a afiliados de sectores de Villa Nueva, incluidos Bárcena, Ciudad Peronia, Villa Lobos, El Búcaro, Ciudad Real, Mario Alioto, Eterna Primavera y Castañas.

• Periférica IGSS zona 11 (Ciudad de Guatemala): atiende enfermedad común de las zonas 7, 11, 12, 19 y 21 de la capital, así como del municipio de Mixco y la zona 0 de Chinautla.

• Unidad de Asistencia de San Juan Sacatepéquez (zona 2): cubre a residentes de San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y San Pedro Sacatepéquez, incluyendo Ciudad Quetzal y zonas aledañas.

• Consultorio IGSS Villa Nueva (zona 4): atiende consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades a residentes de áreas aledañas.

• Consultorio IGSS Villa Canales (zona 2): brinda consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades en sectores cercanos.

• Consultorio finca Santa Leonarda (Villa Canales): ofrece consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades a comunidades aledañas.

• Consultorio IGSS Fraijanes (zona 1): atiende consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades en el municipio y áreas cercanas.

• Consultorio IGSS San José Pinula (zona 2): brinda consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades a residentes del municipio y alrededores.

• Consultorio IGSS Palencia (Cantón Pueblo Nuevo): atiende consulta externa de adultos por riesgo de enfermedades en Palencia y zonas aledañas

El portafolio puede consultarse en el sitio oficial del instituto: https://www.igssgt.org/portafolio-de-servicios/

LECTURAS RELACIONADAS

Cómo completar cuotas en el IGSS para pensionarse por vejez si su último salario fue el mínimo

2. Call Center del IGSS

Aunque el portafolio es una guía útil, el IGSS recomienda realizar una doble verificación llamando al Call Center de la institución, para evitar contratiempos al momento de acudir a la unidad médica. 

• Teléfonos: 1522, 2412-1224 y 2297-1224 

• Horario: 
  • Lunes a viernes: 7:00 a 19:00 horas 
  • Sábado y domingo: 8:00 a 16:00 horas 

3. Oficinas Centrales del IGSS

Otra opción es acudir personalmente a las oficinas centrales del IGSS. Presentando el DPI, el personal puede indicar al afiliado cuál es la unidad médica asignada, según la dirección registrada en el sistema.

Actualizar datos: un proceso clave

El IGSS recalca la importancia de mantener actualizados los datos personales y de beneficiarios, ya sea en oficinas centrales o a través del portal del afiliado.

La actualización permite un mejor control de la información y activa el envío de mensajes de texto con recordatorios de citas médicas, lo que ayuda a evitar inasistencias.

LECTURAS RELACIONADAS

Historial laboral: La clave para solicitar pensión por vejez ante el IGSS 

Requisitos básicos para recibir atención médica en el IGSS

Para visitar una unidad médica del IGSS por enfermedad común, el afiliado debe cumplir con algunos requisitos básicos.

Es indispensable solicitar al patrono una constancia laboral, trámite que desde hace varios años se realiza de forma electrónica.

Además, debe presentar su Documento Personal de Identificación (DPI), el cual permite al personal del instituto emitir el carné de consultas y dar ingreso formal al seguimiento médico del caso dentro del sistema del Instituto de Seguridad Social.

¿Quiere saber más sobre cómo funciona el IGSS y sus beneficios? Manténgase informado y acuda directamente a las oficinas del IGSS para recibir orientación. Además, en Prensa Libre se publican notas elaboradas en base a inquietudes de los lectores, las cuales puede encontrar bajo la etiqueta Afiliados Igss.

Pensión por vejez del IGSS: cónyuges pueden beneficiarse entre sí con la asignación familiar del 10%

El IGSS permite que ambos cónyuges reciban su pensión por vejez y se incluyan como beneficiarios. Conozca requisitos, porcentajes, cálculo y cuotas necesarias.

Glenda Burrión

12 de diciembre de 2025

|

09:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El IGSS permite que ambos cónyuges reciban su pensión por vejez y se incluyan mutuamente como beneficiarios, siempre que exista convivencia y dependencia económica. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

La pensión por vejez del IGSS puede solicitarse de forma individual por cada cónyuge, aun cuando ambos estén pensionados.

Según explica Claudia Sentes, jefa del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) cada persona tiene derecho a obtener su pensión propia y, además, incluir a su pareja como beneficiaria.

Para beneficiarse mutuamente, explica Sentes, se deben cumplir dos requisitos: convivencia y dependencia económica.

LECTURAS RELACIONADAS

Historial laboral: La clave para solicitar pensión por vejez ante el IGSS 

Esto significa que un afiliado puede recibir su pensión por vejez y registrar a su cónyuge como carga familiar, aunque este ya cuente con una pensión. Del mismo modo, el otro cónyuge puede hacer lo mismo en su solicitud de pensión por vejez.

¿Qué porcentaje reciben los beneficiarios?

El beneficio para los dependientes se otorga mediante la asignación familiar, equivalente al 10% del monto base de la pensión por cada beneficiario registrado, incluyendo al cónyuge.

Un afiliado del Igss que se pensione en 2025 con el salario mínimo no agrícola de Q3 mil 723.05, que haya aportado 240 cuotas y registre a su cónyuge como beneficiario, podría recibir una pensión mensual aproximada de Q2 mil 606.13.

Este monto resulta de aplicar al hacer el siguiente cálculo:

LECTURAS RELACIONADAS

¿Cuántos pagos recibe un pensionado del IGSS al año y qué pasa si fallece?

¿Cómo se calcula la pensión por vejez del IGSS?

El artículo 16 del Acuerdo de Junta Directiva del IGSS detalla que el monto final depende de varios factores:

• 50% de la remuneración base, calculada a partir del promedio salarial de los últimos 60 meses.

• 0.5% adicional por cada seis meses de aportes que superen los primeros 120 meses.

• Asignación familiar del 10% por cada beneficiario dependiente.

La remuneración base no puede superar los Q9,000, y el límite máximo para el cálculo es el 80% de ese monto, es decir, Q7,200.

¿Cuántas cuotas exige el IGSS para pensionarse por vejez?

De acuerdo con el Acuerdo 1492, que modifica el Artículo 15 del Acuerdo 1124, los afiliados pueden acceder a la pensión si cumplen dos condiciones:

• Tener 60 años o más (hombres y mujeres).

• Haber aportado al menos 240 cuotas al Igss.

¿Quiere saber más sobre cómo funciona el Igss y sus beneficios? Manténgase informado y acuda directamente a las oficinas del IGSS para recibir orientación. Además, en Prensa Libre se publican notas elaboradas en base a inquietudes de los lectores, las cuales puede encontrar bajo la etiqueta Cómo tramitar la jubilación del IGSS.

¿Cuánto de su sueldo va realmente a su pensión por vejez del Igss?

Muchos afiliados desconocen que el IGSS recibe 15.5% de su salario y cómo se distribuye ese aporte en programas que financian la pensión por vejez.

Glenda Burrión

29 de noviembre de 2025

|

10:35h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El Igss recibe cada mes el 15.5% del salario del trabajador, porcentaje que se distribuye entre los programas de salud y el fondo para la pensión por vejez. (Foto, Prensa Libre: cortesía Igss)

En Guatemala, miles de afiliados al seguro social desconocen cuánto aportan al Igss y cómo ese pago mensual aporta en la pensión por vejez que recibirán al solicitar este beneficio.

Esta falta de información provoca que muchos afiliados, según testimonios recopilados por Prensa Libre, se sorprendan o se sientan inconformes al conocer el monto de su pensión después de años de descuentos.

No obstante, según explica Claudia Sentes, jefa del Departamento de IVS, el aporte destinado específicamente a la pensión vejez es, en realidad, una proporción reducida del total que se paga al seguro social.

LECTURAS RELACIONADAS

Cómo completar cuotas en el IGSS para pensionarse por vejez si su último salario fue el mínimo

Para entender por qué ocurre esto, es fundamental conocer cómo se distribuye el 15.5% del salario que cada mes se reporta al IGSS y qué parte se destina específicamente al programa que financia las pensiones.

Aporte total: cuánto paga el trabajador y cuánto el patrono

El aporte que el Igss recibe por cada empleado se conforma de esta manera:

• Trabajador: aporta 4.83%, descontado de su salario.

• Patrono: aporta 10.67%, sin afectar el ingreso del empleado.

En total, ambos suman un 15.50%, destinado a financiar todos los programas del seguro social.

Cuánto representa el aporte en cifras reales

Cuando los porcentajes se convierten en montos reales, se evidencia cómo el aporte al Igss aumenta proporcionalmente al ingreso del trabajador.

Un empleado que recibe el salario mínimo no agrícola 2025 en la circunscripción 1, es decir Q3 mil 723.05, genera un aporte total de Q577.07 mensuales al seguro social.

Por otro lado, si el salario asciende a Q4 mil500, el aporte también incrementa y pasa a Q697.50.

Es importante que los afiliados conozcan que la bonificación incentivo de Q250 mensuales no forma parte del salario base y, por lo tanto, no afecta el cálculo de la cuota al Igss.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchos afiliados cuestionan el monto de su pensión después de más de 18 años de contribuciones, al comparar lo descontado cada mes durante su vida laboral con el beneficio final recibido.

Ejemplos:

• Salario mínimo 2025 (Q3,723.05), aporte total al Igss: Q577.07
• Salario de Q4,500, aporte total al IGSS: Q697.50

A medida que el salario base aumenta, el monto reportado en planilla sube en la misma proporción, ya que el cálculo se realiza sobre el salario ordinario declarado.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Qué salario toma el Igss para calcular la pensión por vejez si trabajó en sector público y privado?

Programa EMA: 10% del salario destinado a salud, maternidad y emergencias

El programa Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) cubre atenciones fundamentales del seguro social, como:

• Consultas médicas y odontológicas

• Emergencias

• Hospitalización y cirugías

• Rehabilitación

• Atención por maternidad

Para un trabajador con salario mínimo 2025, el Igss asigna Q372.31 de los Q577.07 aportados al programa EMA, equivalente al 10% del salario mensual.

Programa IVS: 5.5% para financiar pensiones y prestaciones económicas

El programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) cubre la protección económica del afiliado y sus beneficiarios. Incluye:

• Pensión por vejez o invalidez

• Viudez y orfandad

• Aguinaldo y Bono 14

• Asignación familiar

• Gastos de entierro

Del aporte del trabajador con salario mínimo 2025, Q204.77 de los Q577.07 aportados al programa IVS equivalente al 5.5% del salario.

Por qué es importante conocer este desglose

El detalle de cómo se distribuyen los aportes permite a los trabajadores comprender mejor los beneficios reales, los servicios médicos incluidos y el fundamento de los montos de pensión.

La información ayuda a ajustar expectativas y a entender que los fondos no solo sostienen las pensiones, sino también toda la red de atención del seguro social.

¿Quiere saber más sobre cómo funciona el IGSS y sus beneficios? Manténgase informado y acuda directamente a las oficinas del IGSS para recibir orientación. Además, en Prensa Libre se publican notas elaboradas en base a inquietudes de los lectores, las cuales puede encontrar bajo la etiqueta Cómo tramitar la jubilación del IGSS.

Cómo completar cuotas en el IGSS para pensionarse por vejez si su último salario fue el mínimo

Los guatemaltecos pueden completar cuotas en el IGSS como contribuyentes voluntarios y obtener cobertura para la pensión por invalidez, vejez y supervivencia. ¿Cuánto debe pagar si su último salario fue el mínimo?

Glenda Burrión

21 de noviembre de 2025

|

18:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El programa de contribuyente voluntario del IGSS permite completar cuotas para obtener una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia. (Foto, Prensa Libre: cortesía Igss)

Miles de guatemaltecos que han trabajado en el sector formal y luego se incorporan al sector informal buscan alternativas para completar las cuotas del IGSS y así acceder a una pensión por vejez.

Esta posibilidad existe a través de la figura de Contribuyente Voluntario, que permite continuar aportando al programa de pensiones sin tener relación laboral activa.

La opción de mantener la cobertura del programa de pensiones despierta el interés de los guatemaltecos que desean asegurar algún tipo de ingresos para su futuro.

LECTURAS RELACIONADAS

Historial laboral: La clave para solicitar pensión por vejez ante el IGSS 

¿Qué es un contribuyente voluntario del IGSS?

La figura de Contribuyente Voluntario permite que un afiliado que dejó de laborar en el sector formal continúe aportando al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Esto garantiza protección económica en caso de invalidez, vejez o fallecimiento, siempre que cumpla con el mínimo de cuotas necesarias.

Es importante aclarar que esta modalidad no incluye servicios médicos; únicamente da acceso al derecho a pensión cuando se cumpla con los requisitos establecidos.

¿Cuánto debe pagar el contribuyente voluntario? 

El monto mensual se calcula con base en el último salario completo reportado como trabajador formal. Sobre ese salario se aplican los porcentajes establecidos: 

• Cuota patronal: 3.67% 

• Cuota laboral: 1.83% 

• Total, a pagar: 5.5% 

Este pago permite acumular las cuotas faltantes para alcanzar las 240 cuotas mínimas requeridas para optar a la pensión por vejez.

Cómo calcular su aporte con base al salario mínimo 2025

Si una persona desea convertirse en contribuyente voluntario del IGSS y su último salario reportado corresponde al salario mínimo no agrícola de 2025 en la circunscripción 1, equivalente a Q3,723.05, el monto que deberá pagar cada mes se calcula aplicando el 5.5% sobre ese ingreso.

Al aplicar el 5.5% al salario base, el aporte mensual asciende a Q204.77. Ese sería el pago que tendría que realizar cada mes para seguir acumulando las cuotas necesarias y mantener su derecho a optar a una pensión por invalidez, vejez o sobrevivencia, sin acceso a servicios médicos.

LECTURAS RELACIONADAS

Pago del IGSS por suspensión: Monto máximo y duración en casos de enfermedad, accidente o maternidad

• Salario base: Q 3 mil 723.05

• Porcentaje total: 5.5% 

• 3,723.05 × 0.055 = Q 204.77 (total a pagar mensualmente al Igss como contribuyente voluntario)

Requisitos para optar al programa

Para solicitar la incorporación como contribuyente voluntario, el interesado debe cumplir con los siguientes criterios:

• Haber cotizado al menos 12 cuotas en los últimos tres años anteriores a la fecha de solicitud.

• Presentar la solicitud dentro del año calendario siguiente al último mes cotizado o al último día de subsidio diario recibido.

• Entregar formulario de solicitud, historial laboral y la documentación establecida en la hoja de requisitos.

En caso de atraso en los pagos, el afiliado debe saber que se pierde el derecho a la contribución voluntaria si deja de pagar durante tres meses consecutivos.

LECTURAS RELACIONADAS

¿En qué caso conviene esperar para pensionarse del IGSS después de los 60 años? 

Aunque el Igss permite ponerse al día con hasta dos cuotas vencidas, no autoriza pagos adelantados.

Procedimiento para inscribirse

Una vez el interesado reúna los documentos solicitados, debe seguir estos pasos:

1. Completar el formulario de solicitud y la hoja de historial laboral, junto con la documentación indicada.

2. Comunicarse al PBX 1522, opción 3, para informar que ya cuenta con los documentos completos.

3. Si reside en el interior del país, puede llamar a la delegación o caja departamental más cercana.

4. Un agente de atención al usuario se pondrá en contacto para indicar el proceso a seguir.

Esta modalidad representa una herramienta clave para quienes desean asegurar su derecho a una pensión del IGSS y mantener protección ante eventualidades en la etapa de vejez o ante situaciones de invalidez.

¿Cuántas cuotas se necesitan en el IGSS para solicitar una pensión por invalidez, vejez o sobrevivencia?

Conocer cuántas cuotas exige el IGSS para acceder a pensiones por invalidez, vejez o sobrevivencia (IVS) es clave para asegurar el derecho a una pensión y la protección social.

Glenda Burrión

13 de agosto de 2025

|

09:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Afiliados al IGSS reciben beneficios de pensión por invalidez, vejez o sobrevivencia tras cumplir con las cuotas y requisitos establecidos por el programa IVS. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a través de su Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), ofrece a los afiliados una cobertura específica frente a riesgos sociales como la discapacidad, la vejez y el fallecimiento. 

Este programa otorga pensiones mensuales, dos bonos anuales, aguinaldo y acceso a atención médica general y especializada, medicamentos y tratamientos sin límite. 

Los afiliados aportan 1.83% de su salario al IVS, mientras que los patronos contribuyen con 3.67%.

LECTURAS RELACIONADAS

Pensión por vejez del IGSS: guía práctica con fórmula, requisitos y ejemplo para calcularla

IGSS explica por qué puede rechazarle la pensión por invalidez aunque haya aportado durante años

Para obtener los beneficios, es necesario cumplir con un número mínimo de cuotas y ciertos requisitos según el tipo de pensión solicitada. 

Pensión por invalidez 

De acuerdo con el artículo 4, capítulo II, del reglamento del IGSS, un afiliado puede solicitar la pensión por invalidez si cumple con las siguientes condiciones: 

• Invalidez causada por enfermedad durante la afiliación activa: haber cotizado un mínimo de 36 meses consecutivos antes de la fecha en que se declara la invalidez. 

• Tener el grado de invalidez determinado por el IGSS, tras exámenes médicos oficiales que confirmen una incapacidad total o temporal. 

Pensión por sobrevivencia 

Según el artículo 22 del reglamento del IGSS, los beneficiarios de un afiliado fallecido pueden solicitar una pensión por sobrevivencia si este había aportado: 

• Un mínimo de 36 meses consecutivos de contribución en los 6 años anteriores a su fallecimiento. 

Este beneficio se otorga a esposos(as), hijos menores de edad, hijos con discapacidad o padres económicamente dependientes del afiliado. 

¿Qué significa “contribuciones dentro de los años anteriores”? 

Claudia Sentes, jefa del Programa IVS del IGSS, explica que esto implica que las cuotas deben haberse pagado de forma continua, sin interrupciones, en el periodo establecido. 

“Aunque un afiliado tenga más cuotas acumuladas, si no las aportó de forma continua dentro del tiempo estipulado, no califica para la pensión”, subraya Sentes.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Una persona pensionada por vejez puede seguir trabajando en Guatemala sin pagar IGSS? Qué dice el reglamento de la institución

¿Se puede recibir pensión del IGSS y del Estado al mismo tiempo? Así lo establece la ley

Pensión por vejez 

El Acuerdo 1492 del IGSS, que modifica el artículo 15 del Acuerdo 1124, establece que para obtener la pensión por vejez se deben cumplir dos requisitos: 

1. Alcanzar la edad mínima de 60 años para hombres y mujeres. 

2. Haber realizado un número mínimo de contribuciones mensuales, según el año en que el afiliado cumpla los requisitos: 

Resumen de requisitos por tipo de pensión 

• Invalidez: 36 cuotas consecutivas antes dentro de los 6 años anteriores al diagnóstico. 

• Sobrevivencia: 36 cuotas consecutivas dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento. 

• Vejez: 60 años de edad y entre 180 y 240 cuotas acumuladas, según el año que le corresponden pensionarse por vejez.

¿En qué caso conviene esperar para pensionarse del IGSS después de los 60 años? 

Solicitar la pensión por vejez del IGSS requiere tener 60 años y 240 cuotas. Conozca cuándo conviene esperar para jubilarse y cómo calcular su pensión mensual.

Glenda Burrión

5 de agosto de 2025

|

07:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Afiliados al IGSS pueden optar por retrasar su jubilación para completar cuotas y aumentar el monto de su pensión por vejez, indican autoridades del seguro social. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Solicitar la pensión por vejez del IGSS es un derecho que tienen los trabajadores afiliados al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), siempre que cumplan con los requisitos establecidos y presenten la documentación correspondiente.

Sin embargo, no todos los afiliados llegan a los 60 años con las condiciones necesarias para solicitar su pensión por vejez en el IGSS.

Muchos guatemaltecos que hoy gestionan su trámite de pensión al cumplir los 60 años se enfrentan a obstáculos que podrían hacerles reconsiderar la decisión de jubilarse de inmediato.

LECTURAS RELACIONADAS

Si nació en 1965, ya puede jubilarse con el IGSS, pero su historial laboral es indispensable

¿Cuándo puede un afiliado solicitar el reembolso de sus cuotas al IGSS?

Existen distintos escenarios que podrían retrasar el acceso a la pensión: 

• Patronos que no pagaron el aporte correspondiente al IGSS. 

• Afiliados que comenzaron a cotizar recientemente y no cumplen con las 240 cuotas mínimas requeridas, es decir, 20 años de aportes.

Qué hacer en caso cumpla con la edad pero no con las cuotas mínimas para solicitar la pensión por vejez en el IGSS.

¿Qué hacer si ya se tiene 60 años pero no las 240 cuotas? 

Según explicó Claudia Sentes, jefa del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del IGSS, existen dos alternativas para los afiliados que no alcanzan las cuotas mínimas: 

1. Cotizar como contribuyente voluntario, si se cumplen los requisitos. 

2. Buscar un empleo en relación de dependencia que permita seguir aportando al IGSS hasta cumplir los 240 meses necesarios. 

Por ejemplo, si un trabajador cumple 60 años en junio del 2025 pero solo tiene 222 cuotas (18 meses menos), puede continuar trabajando, si la empresa lo permite, hasta alcanzar las cuotas faltantes. En ese caso, su pensión podrá gestionarse en enero del 2027, cuando haya completado los aportes. 

Es importante destacar que la pensión se reconoce a partir del cumplimiento de todos los requisitos, y no de forma retroactiva desde el momento en que se alcanzan los 60 años. 

¿Cómo saber cuántas cuotas se han aportado al IGSS? 

Para conocer el historial de aportes, el afiliado debe acudir a las oficinas del IGSS: 

• En el área metropolitana, el trámite se realiza en el Centro de Atención al Afiliado (Catafi), ubicado en 7ª avenida 22-72, zona 1, Ciudad de Guatemala. 

• En el interior del país, puede hacerse en las cajas y delegaciones del IGSS. 

¿Cómo se calcula la pensión por vejez del IGSS? 

El cálculo de la pensión se rige por el Artículo 16 del Acuerdo de Junta Directiva del IGSS, y toma en cuenta los siguientes componentes: 

• 50% de la remuneración base, entendida como el promedio de los salarios reportados durante los últimos 60 meses antes de la solicitud. 

• 0.5% adicional por cada seis meses de cotización que excedan los primeros 120 meses de aportes. 

• Asignación familiar del 10% por cada beneficiario dependiente (cónyuge, hijos menores o con discapacidad). 

Límite de la remuneración base para calcular la pensión de vejez

La remuneración base no puede exceder los Q9 mil, y solo se toma en cuenta hasta un 80% de ese monto para el cálculo. Es decir, el tope máximo que se puede utilizar para determinar la pensión es de Q7,200.00. 

Ejemplo práctico de cálculo de pensión del IGSS 

Un trabajador con: 

• Salario promedio de Q4 mil durante los últimos cinco años, 

• 240 cuotas aportadas, y 

• Dos cargas familiares (esposa e hijo), 

podría recibir una pensión mensual aproximada de Q2 mil 880, desglosada así: 

Cuáles son los cambios en el Seguro Social de EE. UU. y cómo podrían afectarles a los migrantes

La incertidumbre se apodera de los beneficiarios del Seguro Social de EE. UU. tras los cambios anunciados, que acorralan a los migrantes.

William Oliva

16 de abril de 2025

|

13:52h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Donald Trump y Elon Musk implementan planes para promover la "autodeportación" de los migrantes. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Seguro Social de EE. UU. está haciendo una serie de cambios que, de acuerdo con medios de ese país, causan confusión y pueden afectar a los usuarios, principalmente a adultos mayores y migrantes.

La Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) anunció modificaciones que cobraron vigencia recientemente. Estos cambios tienen lugar en la “iniciativa antifraude” que el gobierno de Donald Trump está implementando.

De acuerdo con la cadena de noticias Telemundo, las medidas cobrarían vigencia la segunda semana de abril, pero el cambio de fecha y la marcha atrás de algunas modificaciones están causando confusión en los usuarios.

LECTURAS RELACIONADAS

Trump dice haber tenido con Sheinbaum una llamada “muy productiva” sobre los aranceles

Donald Trump pide despedir Jerome Powell de la FED porque sus informes son un “desastre”

Por ejemplo, la entidad aclaró que los programas Medicare, petición por Discapacidad y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) quedan exentas de la verificación de identidad de personas, lo cual no estaba establecido al principio.

¿Cuáles son los cambios?

Las nuevas solicitudes de seguro social que se hagan por vía telefónica tendrán un proceso de verificación más estricta.

Específicamente, esto significa que de los 4.5 millones de solicitudes que se hacen al año, unas 70 mil solicitudes podrían se sometidas a verificación, lo que obligará al usuario a presentarse en persona a una agencia del Seguro Social.

Además, se deberá habilitar, o mantener activa una cuenta en My Social Security. Y quienes no cuenten con ella también deben presentarse a las sedes del seguro.

Los documentos que se necesitan para acudir personalmente a comprobar la identidad pueden ser la licencia de conducir de EE. UU., el pasaporte estadounidense o tarjeta de identificación estatal para no conductores, de acuerdo con el reporte de Telemundo.

¿Cómo afectarían los cambios?

Una abogada contactada por esa cadena dijo que la principal consecuencia de estos cambios será que los procesos serán más lentos.

De hecho, los centros de ayuda social han recibido gran cantidad de llamadas de personas que están preocupadas por demostrar su identidad.

¿Cómo afecta a los migrantes?

De acuerdo con Telemundo, las medidas están siendo implementadas por el magnate y asesor de Donald Trump, Elon Musk, quien por medio de su departamento de eficiencia (DOGE) busca reducir los costos de administración, así como supuestos programas fraudulentos en el Gobierno.

Pero, según activistas, estas medidas también buscan tener todos los datos de los migrantes que buscan un seguro, así como sus cuentas bancarias y otros datos sensibles.

“Asesinato digital”

Hace unos días, medios como The New York Times informaron que el Gobierno había pasado a al menos seis mil inmigrantes vivos a una lista de usuarios muertos.

The Associated Press dijo que estas medidas de Trump “representan una intensificación de la arremetida del presidente contra personas que tenían permiso legal para vivir en Estados Unidos bajo programas instituidos por la administración anterior.

De hecho, la Casa Blanca ha admitido que estas modificaciones forman parte de del programa que “alienta a los migrantes a autodeportarse”. Pero pasar a una lista de muertos los seguros sociales de los vivos representa un “asesinato digital”, dijeron activistas, citados por Telemundo.

Médicos del IGSS señalan que están en crisis a causa de carencias

Trabajadores del IGSS de Accidentes aseguran que atraviesan por una situación “caótica” ante carencias de insumos y personal.

Andrea Domínguez y César Pérez Marroquín

1 de abril de 2024

|

19:36h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Médicos del IGSS de Accidentes señalan que se encuentran en crisis debido al desabastecimiento de medicamentos y falta de personal. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

Personal del Hospital El Ceibal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) revelaron este lunes 1 de abril que desde hace varios años atraviesan una situación de crisis, debido al hacinamiento de pacientes, falta de insumos, personal y espacio físico.

Ante esa situación los médicos de dicho centro asistencial dijeron que están “en crisis y estado caótico”, por lo que le exigen a las autoridades correspondientes que le pongan atención al problema, que impacta en la salud de los pacientes.

Durante una conferencia de prensa, médicos, paramédicos, personal administrativo, de mantenimiento y técnicos dijeron que se encuentran en crisis, porque llevan más de 6 años de luchar porque esa unidad médica se mantenga a flote, a pesar de no tener el número adecuado de trabajadores en cada área ni equipo necesario.

Dicho centro asistencial recibe en consulta externa a entre mil 300 y mil 600 pacientes, mientras que las emergencias están saturadas con entre 160 y 200 pacientes.

LECTURAS RELACIONADAS

Nueve hospitales de la red pública cambian de director

Hospitales pagan 66% de la deuda de arrastre con proveedores de medicamentos e insumos

El Hospital de Accidentes del IGSS, ubicado en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, es el único de la red del Seguro Social que atiende cirugía ocular, cirugía maxilofacial de adultos y niños, lesiones severas; además el único en practicar operación de columnas y rodillas.

Tiene una capacidad de 350 camas para la atención de pacientes, pero, según dijeron, hay momentos en que se ha tenido hasta 500, por lo que se ha tenido que utilizar camillas para pacientes intensivos.

Algunos pacientes señalan que, ante la carencia han tenido que comprar medicamentos; además, solo funciona un elevador, lo que complica el traslado de muchos de los pacientes.

IGSS en zona 6

Personal del IGSS de la zona 6 también ha denunciado que tienen carencias, pero les preocupa que este edificio no cuenta con rampas y únicamente hay tres elevadores, de los cuales solo uno está en funcionamiento.

LECTURAS RELACIONADAS

Salud activa protocolos en hospitales por ataque contra reo en zona 1

“Hay facturas del 2021 que no se han pagado”: Salud explica vías para solventar crisis en hospital

Aseguren que hay pacientes que deben esperar hasta 10 horas para ser trasladados después de una operación a las áreas de recuperación, debido a que el elevador siempre está saturado.

Respecto a este caso, el Departamento de Comunicación del IGSS aseguró que ya se adjudicó la reparación de los elevadores; sin embargo, se espera que los repuestos lleguen de China.

Gustavo Mazariegos, del Departamento de Traumatología, leyó un comunicado de prensa “respecto a nuestras inconformidades y los problemas que aquejan diariamente a nuestro personal y a nuestro edificio con respecto a la atención de los afiliados”.

“A pesar de que nosotros hemos estado diciendo anteriormente y quejándonos de los problemas que lo aquejan, no hemos tenido mucha respuesta de nuestras autoridades”, detalló.

El comunicado señala que “el Hospital General de Accidentes es la unidad más grande en atención de pacientes de casos de urgencia y de referencia familiar, por casos de accidente a nivel nacional, contando con personal altamente calificado en cada especialidad para tratar adecuadamente a los afiliados del Seguro Social”.

Agrega que debido a las carencias “los casos clínicos, ya sea de urgencia o de consecuencia a patologías secundarias o incluso por casos que no se pueden resolver en ninguna otra unidad, por la alta especialidad de nuestro personal para beneficio de nuestros afiliados, actualmente no se puede cumplir”.

En el documento el personal destaca que muchos de ellos trabajan largas jornadas y los salarios no son competitivos con el sistema de Salud Pública nacional.

Algunos pacientes señalan que las instalaciones están en malas condiciones; además, uno de ellos dijo que debió esperar más de 20 días para que fuera operado de una rodilla.

“La situación es complicada y lastimosamente el IGSS se ha ido por la mala administración”, dijo el paciente, quien recuerda que estando interno debía comer frente a los sanitarios, lo que califica de insalubre.

Lucero Fajardo, otra paciente del IGSS de Accidentes, agregó que hay poco personal para atender la demanda que hay en el lugar, por lo que hace un llamado para que se mejore ese aspecto, pues eso impacta en el tiempo de recuperación.

Hasta la mañana de este miércoles 27 de diciembre, 53 pacientes que necesitaban una cama tuvieron que permanecer en camillas debido a la falta de espacio para los afiliados.

Según médicos de ese centro asistencial, el colapso persiste desde hace varios años, agravándose después de la pandemia y alcanzando niveles críticos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, e incluso se ha tenido que suspender el ingreso de pacientes a la Consulta Externa para asegurar espacios disponibles en la sala de emergencias.

Desde la semana pasada, los médicos han denunciado el colapso del centro y la respuesta de las autoridades fue ampliar el horario para practicar cirugías por la tarde; sin embargo, este programa aún no estaba plenamente operativo, ya que se requería de coordinar con el personal médico, de enfermería y administrativo dispuesto a trabajar horas extras.

EN ESTE MOMENTO

Hackeo a Digecam ocurre en medio de creación del comando estratégico del Ejército

Subsidios y otras medidas: Banco Mundial señala que cada país debe decidir cuánto puede aportar por alzas del petróleo

Siete ataques armados dejan varios muertos; Jalapa registra doble homicidio de adolescentes

Gustavo Mazariegos, traumatólogo del centro asistencial, explicó: “Lamentablemente no podemos esperar más, ya que estamos sufriendo las consecuencias de muchos años de falta de planificación adecuada en nuestros hospitales. No solo es este hospital, sino también el de la zona 9, el de la zona 6 (en al capital) y los departamentales”.

“Nuestro personal está agotado. En área de observación, que debería ser de 10 pacientes, amanecemos hasta con 40”, describió.

Aunque se han hecho procesos para nuevas contrataciones, estos toman más tiempo y la falta de personal tiene mayor impacto por la época. El papeleo puede tomar como mínimo tres meses o más, se informó.

Lea también: Cómo verificar cuántas cuotas del IGSS faltan para jubilarse

Operaciones programadas hasta 2025

Durante la visita al hospital de este miércoles 27 de diciembre se observó a decenas de pacientes que necesitaban atención de seguimiento, como curaciones por operaciones o consultas externas, esperando sus turnos sentados en el suelo.

El cirujano José Luis Do Santos, especialista en padecimientos de la columna vertebral, indicó que ha tenido que programar cirugías de seguimiento hasta dentro de 15 meses debido al desbordamiento de pacientes accidentados.

LE RECOMENDAMOS

IGSS para migrantes ya está vigente: Cómo inscribir beneficiarios y cuál es la forma de pagar las cuotas

Cuotas del IGSS: ¿Cómo ser contribuyente voluntario del IVS y asegurar una pensión del Seguro Social por cuenta propia?

Aproximadamente el 90 por ciento o más de la capacidad del hospital se ve afectado y ralentizando el sistema para ingresar a pacientes que no han sufrido traumas, pero que necesitan cirugías programadas.

“Las citas para pacientes que solicitan atención en nuestra unidad de referencia para cirugías están programadas para febrero de 2025, al menos en nuestro servicio”, mencionó el médico.

Según Do Santos, para exponer la magnitud de la problemática, el 2023 arrancó con un tiempo de espera de ocho meses y en la actualidad es de 13 meses.

“Somos el único hospital que da ese servicio para los derechohabientes del IGSS. Todos los pacientes que necesitan una intervención quirúrgica por traumatología deben venir hasta este centro”, afirmó.

María Cabrera, de 68 años, requiere de una operación en la columna vertebral por un desgaste en su cadera que se le diagnosticó desde 2021.

“Yo entiendo que mucha población está siendo atendida en el Seguro Social, que ya no se dan a basto, entonces para nosotros como pacientes es demasiado tardado”, explicó la afiliada.

La mujer, que está en silla de ruedas, contó que la atención que le brindan los médicos es buena, pero tardía. También explicó que cada vez que acude al centro asistencial debe gastar unos Q400 en pasaje, pues vive en Amatitlán y paga el servicio de taxi debido a su condición.

Respuesta del IGSS

Este miércoles 27 de diciembre se aprobó el acuerdo 41-2023 por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para abordar la saturación en el Hospital El Ceibal. Este acuerdo autoriza la reducción del tiempo de espera para cirugías electivas, buscando aliviar la carga sobre el sistema de atención médica.

La nueva orden no solo amplía el horario de operación, sino también la disposición de insumos en el quirófano, permitiendo que el personal médico inicie el proceso de reducción de la brecha de pacientes que se encuentran en espera de cirugías programadas.

LE RECOMENDAMOS

Autoridades recomiendan responsabilidad al conducir para evitar accidentes de tránsito en Navidad

Ley Seca Guatemala 2023: qué dicen las autoridades sobre las restricciones de consumo de licor en Navidad y Año Nuevo

Con esta medida del IGSS se espera hacer frente a la situación crítica que enfrenta el hospital.

Según la postura oficial del IGSS, se destaca que el Hospital El Ceibal no ha colapsado y la saturación registrada se atribuye, principalmente, a la máxima demanda generada por la atención de emergencias durante la temporada actual.

Con la implementación de este nuevo acuerdo se espera que la atención a los pacientes mejore ante el pico temporal de demanda.

De acuerdo con el Reglamento del Precapi, Acuerdo Número 1235 de Junta Directiva del IGSS, aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo 236-2009, esta protección abarca, en calidad de afiliada, a las trabajadoras domésticas que se dediquen en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importe lucro o negocio para el empleador.

El Reglamento agrega que el Precapi tiene carácter de obligatorio para los empleadores que ocupen a una o más trabajadoras domésticas, que laboren por lo menos tres días semanales. Se exceptúa la incorporación a este régimen especial de protección para las trabajadoras domésticas, las siguientes personas:

1. El cónyuge o conviviente del empleador;
2. Las parientes del empleador, dentro de los grados de ley;
3. Las hijas adoptivas del empleador;
4. d) Las menores de 14 años; y
5. Las que prestan servicios menos de tres días a la semana, para el mismo empleador.

LE RECOMENDAMOS

IGSS para migrantes: Guatemaltecos radicados en 5 estados de EE. UU. podrán aportar al seguro social para pensión por vejez y proteger a su familia

IGSS para migrantes: Estos son los requisitos para afiliarse voluntariamente y así será el proceso de inscripción al entrar en vigor

¿Qué beneficios ofrece el Precapi?

De acuerdo con información del IGSS, el Precapi brinda a las beneficiarias protección relativa a los riesgos siguientes:

1. Maternidad

En este programa especial para el riesgo de maternidad, se otorgan prestaciones como:

• Atención médica, prenatal y posnatal.
• Atención del parto.
• Control y exámenes de laboratorio.
• Monitoreo con ultrasonido y exámenes especiales.
• Servicio de ambulancia en caso de emergencia.
• Hospitalización por parto.
• Salud reproductiva.
• Prestaciones en dinero (se otorgará un subsidio económico durante el período de suspensión por maternidad, con base en el salario mínimo fijado por la actividad “no agrícola” vigente).

Requisitos para solicitar el beneficio:

• Presentar en la unidad del IGSS correspondiente Documento Personal de Identificación (DPI) y constancia de pago de dos trimestres anteriores a la solicitud.
• Requerir la atención dentro de los primeros tres meses de embarazo.

2. Control de Niño Sano

La protección relativa al Control de Niño Sano, la otorga el Seguro Social a los hijos de las trabajadoras domésticas afiliadas hasta los cinco años, y para gozar ese beneficio, es necesario que los inscriba en el registro del IGSS. Esta cobertura comprende:

• Consulta médica de crecimiento y desarrollo.
• Control de vacunas.
• Ayuda nutricional.
• Atención hasta los 5 años.

Requisitos para obtener este beneficio:

• Inscribir a los hijos menores de 5 años en la unidad del IGSS correspondiente.
• Presentar DPI, constancia de pago y fotocopia del certificado de nacimiento del hijo, extendido por el Registro Nacional de las Personas (Renap).

3. Accidentes

Según el Reglamento de Precapi, se entiende por accidente, toda lesión orgánica o trastorno funcional que sufra una persona, producida por la acción repentina y violenta de una causa externa. En estos casos, el IGSS otorga la siguiente cobertura:

• Consulta médica.
• Asistencia odontológica.
• Exámenes especiales y de laboratorio.
• Servicio de ambulancia en caso de emergencia.
• Hospitalización, cuidados especiales y rehabilitación.
• Prestaciones en dinero (dicho subsidio es igual a dos tercios del salario mínimo diario fijado por la actividad no agrícola vigente).

LE RECOMENDAMOS

Cuotas del IGSS: ¿Cómo ser contribuyente voluntario del IVS y asegurar una pensión del Seguro Social por cuenta propia?

Pensiones en el IGSS: Cómo comprobar la supervivencia y persistencia de derechos de IVS cada año

Prestación ulterior por accidentes

La trabajadora debidamente acreditada recibirá una asignación única en caso de accidente, sufriera daño físico irreparable o trastorno funcional por mutilación, según lo determine el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, como lo establece el Artículo 37 del Acuerdo 1235 de Junta Directiva.

¿Cómo puede inscribirse una trabajadora al Precapi?

Antes de solicitar inscripción, es importante tomar en cuenta que el programa Precapi tiene cobertura únicamente en la capital y municipios del departamento de Guatemala.

• Empleador y/o trabajadora, llenan y firman formulario DRPT-63 (Solicitud de inscripción y de datos del programa especial de protección para trabajadoras de casa particular) y adjuntar requisitos.
• La trabajadora se presenta a la Unidad de Registro de Afiliados ubicada en Oficinas Centrales del IGSS (7a. avenida 22-72, Centro Cívico, zona 1, 1er. Nivel CATAFI, Ciudad de Guatemala).
• El operador del IGSS recibe y revisa la papelería presentada.
• El operador del IGSS ingresa los datos del formulario DRPT-63, y entrega la constancia de inscripción DRPT-54.

Requisitos para solicitar inscripción al Precapi:

• Formulario de registro DRPT-63 debidamente lleno y firmado por el empleador y trabajadora.
• Fotocopia del DPI, del empleador y trabajadora.
• Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono del lugar de trabajo.
• Si es menor de edad, carta de autorización de sus padres o del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

¿Cuánto es la cuota de afiliación al Precapi?

A la trabajadora doméstica afiliada le corresponde pagar trimestralmente el equivalente al 1.2645% de su salario. Al empleador debe aportar el 2.5290%, y el Estado aportará el 2.5290%.

De acuerdo con el salario mínimo vigente para 2023 de las Actividades no Agrícolas en la Circunscripción Económica 1 (Departamento de Guatemala), la cuota trimestral sería:

• Trabajadora: Q120.12
• Empleador: Q240.23
• Total: Q360.35

El pago de sus cuotas debe realizarlas directamente en las ventanillas del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), siguiendo estos pasos:

• La afiliada se presenta con su DPI, número de afiliación, constancia de afiliación DRPT-54 o bien recibo de pago anterior a la ventanilla del banco, e indica cuantos meses va a cancelar.
• El cajero del banco ingresa la información del pago: número de afiliación y cantidad de meses a cancelar. Verifica que los datos estén correctos y confirma el pago.
• Finalmente, el cajero entrega a la afiliada el recibo como constancia de haber efectuado el pago.
• Los pagos se deben realizar de forma anticipada y por trimestre.
• En la ventanilla del Banco se aceptarán pagos exclusivamente en efectivo o con cheques del propio banco.

Mediante el Acuerdo Gubernativo 9-2023, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), publicó el Acuerdo número 1529 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que consiste en un reglamento para la emisión de un Registro Único de Seguridad Social de patronos y trabajadores.

Según el acuerdo, para ello se utilizarán sistemas registrales eminentemente electrónicos, sin perjuicio de requerir documentos e información para anexarlos al expediente físico. También un Folio Electrónico Personal que implica un registro por cada patrono inscrito, así como por cada trabajador afiliado.

El reglamento establece que todo patrono está obligado a inscribirse ellos y sus colaboradores, aparte de que desde que se inicia la relación laboral, debe descontar de los salarios la cuota laboral, y reportar al IGSS la cuota patronal.

LE RECOMENDAMOS

El Estado ha destinado más de Q5,575 millones para mantener el subsidio a la tarifa social de la energía eléctrica

Evaluación económica del gobierno en 2022: Aprobado en estabilidad, pero reprobado en inflación

“Todo trabajador inscrito debe disponer de un número de Registro Único de Seguridad Social, cuando este se institucionalice, el cual corresponde al Código Único de Identificación (CUI), y la inscripción debe realizarla el patrono vía electrónica o presencial en el Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores, Cajas o Delegaciones Departamentales del Instituto. En caso de no realizarla, el Instituto lo hará de oficio”, se lee en el reglamento.

La documentación requerida para la inscripción para personas individuales es copia digital o fotocopia simple del Documento Personal de Identificación (DPI) del propietario o copropietarios; en el caso de ser extranjero, el pasaporte; constancia ratificada del Registro Tributario Unificado (RTU); patente de comercio de empresa (para el caso de comerciantes); y mandato o carta poder (copropiedad de empresas).

Para personas jurídicas, entidades del Estado y embajadas, copia digital o fotocopia simple de documentación que acredite la representación legal; DPI del representante legal o pasaporte si es extranjero. Patente de comercio de sociedad y de empresa, cuando corresponda; documento con el que acredite la personalidad jurídica; constancia ratificada del RTU de la entidad; pasaporte del embajador; constancia ratificada del RTU de la Embajada; documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que conste que una embajada se encuentra acreditada ante el Gobierno de Guatemala.

Todas las inscripciones de patronos y trabajadores que a partir del martes 18 de enero de 2023 (inicio de la vigencia) estén formalmente incorporadas al Régimen de Seguridad Social, mantienen su condición legal. Este acuerdo sustituye al número 1,123 emitido por la Junta Directiva del IGSS.

Por medio de un comunicado, la entidad informó que planteó la acción legal “por considerar que la normativa emitida violenta el principio de legalidad, el de jerarquía constitucional y las obligaciones internacionales asumidas por Guatemala, por imponer contribuciones mínimas a la seguridad social, que desincentiva la formalidad laboral”.

“Los artículos impugnados crean contribuciones e imposiciones económicas que obstaculizan en forma desproporcionada y en vulneración de varias garantías constitucionales, la formalidad laboral”, se lee en el comunicado.

El artículo 1 indicado establece que: “El patrono es responsable del pago de las cuotas que le correspondan y de la entrega de las descontadas a sus trabajadores. El patrono deducirá a cada trabajador, en el momento de pagar su salario, el importe de la cuota que le corresponde, debiendo dejar constancia de las sumas descontadas a cada trabajador, en su contabilidad, así como en el registro de trabajadores y salarios.

Se entiende por salario o sueldo, la retribución o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, en virtud de un contrato o relación laboral vigente entre ambos, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.

Las cuotas se calcularán con base en el salario mínimo total del trabajador, que comprende el devengado durante las jornadas ordinarias, extraordinarias y bonificaciones, excepto aquellas cuyas leyes de creación las excluyan, siempre que el salario total no sea menor al monto base para el cálculo de la contribución mensual mínima a la Seguridad Social; caso contrario, se deberá utilizar este último para realizar el cálculo de las contribuciones a la Seguridad Social.

Se exceptúan los pagos que se hagan a la terminación del contrato o relación de trabajo que el patrono pague a sus trabajadores en concepto de indemnización y compensación de vacaciones en dinero, así como el aguinaldo y aquellas bonificaciones cuya ley de creación así lo regulen.

No está afecto a las contribuciones del Régimen de Seguridad Social, el salario que el patrono pague a sus trabajadores en concepto de complemento al subsidio por incapacidad temporal reconocido por el Instituto, por accidente o por enfermedad”.

Por aparte, el artículo 2 del acuerdo 1520, que reforma el artículo 5 del acuerdo 1421, señala:

Para fines de cálculo de las contribuciones a la Seguridad Social el término “salario mínimo”, deberá entenderse como el monto base para el cálculo de las contribuciones mensual mínima a la Seguridad Social.

El monto base se calcula de la contribución mensual mínima a la Seguridad Social y se define como el monto resultante de multiplicar el salario mínimo fijado por el Organismo Ejecutivo, en jornada diurna de trabajo según actividad económica que corresponda, calculado sobre un mínimo de ocho horas diarias, por el factor de expansión dado.

El monto base para el cálculo de la contribución mensual mínima a la Seguridad Social es independiente del tipo de contrato o relación laboral, días laborados dentro del período de contribución, circunscripciones económicas o geográficas y jornada de trabajo efectivo.

Ese reglamento, aprobado el 11 de agosto por la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), bajo el Acuerdo 1522, tiene como objeto establecer los mecanismos para la protección de los trabajadores a tiempo parcial, para el goce de la protección ante diversos riesgos laborales.

El artículo 4 establece que los trabajadores a tiempo parcial gozarán de la adaptación de la protección equivalente a los trabajadores en tiempo completo en situación comparable, acorde a la duración del tiempo de trabajo, riesgos laborales que se cubren por los programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) e Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Como trabajador a tiempo completo en situación comparable se entiende que son los empleados que laboran en la misma empresa y centro de trabajo, que tengan el mismo tipo de relación laboral y realicen actividades idénticas o similares al trabajador a tiempo parcial.

LE RECOMENDAMOS

Recesión económica mundial: Qué tienen que ver los altos y bajos de las tasas de interés con el tipo de cambio

Recesión económica: Qué es el efecto imitación y cómo influyen las tasas de interés en una contracción

Según el artículo 5, para el financiamiento de la Seguridad Social a cargo de los trabajadores que laboran a tiempo parcial, sus patronos y el Estado, se aplicarán los porcentajes de contribución de la normativa vigente de los programas EMA e IVS, siempre y cuando su remuneración real mensual sea igual o superior a una vez la Remuneración Mensual Vigente. De lo contrario, la normativa contempla una nueva fórmula que aumentaría el porcentaje de aportación.

Adicionalmente, ese mismo apartado indica que la contribución del Estado como tal para el programa EMA será igual al 3.5% sobre la base mínima de la contribución, y para el IVS del 1.83%, sobre la misma base.

Y en el artículo 6 se establece que los trabajadores que hayan sido trasladados de tiempo completo a tiempo parcial conservarán las prestaciones en salud, ya establecidas en el reglamento vigente, que hayan sido iniciadas con antelación a la migración. De igual manera, tendrán las mismas prestaciones en salud ya establecidas los trabajadores a tiempo parcial que se encuentren en relaciones laborales simultáneas.

Los empleados que inicien relación de trabajo a tiempo parcial sin relación de trabajo a tiempo completo inmediata anterior y que únicamente tienen una relación laboral a tiempo parcial, tendrán también cobertura de atención médica sobre enfermedades profesionales, accidentes y maternidad.

Requisitos y cálculos

Para la acreditación de estos derechos, los trabajadores deben presentar vigencia de contrato laboral y acreditar, como mínimo, cuatro contribuciones consecutivas dentro de los últimos seis meses. Asimismo, para gozar de atención médica de forma general, los trabajadores que inician una relación laboral a tiempo parcial deberán acreditar 12 contribuciones consecutivas de trabajo.

En cuanto a las contribuciones para la protección de los trabajadores a tiempo parcial en el programa IVS, se determinará por la suma de las horas laborada en un mes calendario con un mismo patrono, dividido entre 22. El resultado de esa operación deber ser multiplicado por el factor 0.125 y al resultado de esta se le sumará 0.25.

“Lo anterior con el objeto de ser asimilados solidariamente a las condiciones de los trabajadores a tiempo completo comparables”, indica el reglamento que agrega: “Únicamente se computará como una contribución mensual al programa IVS cuando el resultado sea igual o mayor a uno”. Si el resultado es menor a uno, se computará como media contribución mensual, acumulable con la media contribución de otro mes, o con otra media contribución mensual con otro patrono en el mismo mes.

Para el cómputo de los requisitos para otorgar una pensión, se tomarán en cuenta todas las contribuciones que el trabajador haya aportado al IGSS como empleado a tiempo completo y las que haya hecho como trabajador a tiempo parcial. Mientras que el cálculo de los subsidios y pensiones de los trabajadores a tiempo parcial que tengan un salario menor a la remuneración mensual vigente, se realizará sobre la base mínima de contribución.

LE RECOMENDAMOS

¿Cómo enfrentar una posible recesión económica mundial en 2023 desde Centroamérica?

Qué es una recesión económica, qué la causa y cómo le puede afectar a Guatemala en 2022

Opiniones encontradas

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), publicó un comunicado en el que informaba a sus gremiales la publicación de este reglamento, “el cual se emite respetando los principios de voluntariedad, proporcionalidad, realidad, equidad y certeza”.

Y afirma que el reglamento es claro al señalar que los trabajadores a tiempo parcial gozarán de la adaptación de la protección equivalente a los trabajadores a tiempo completo en situación comparable, acorde a la duración del tiempo de trabajo, y riesgos laborales que se cubren por los programas de EMA e IVS.

“Además, se establece una fórmula para determinar la contribución de patronos, trabajadores y el Estado, cuando la suma de ellas sea menor a la Remuneración Mensual Vigente, establecida en el Acuerdo 1522 de la Junta Directiva del IGSS. También se establecen reglas para gozar de la protección y prestaciones en salud, indicando que los trabajadores que se trasladen de tiempo completo a tiempo parcial conservarán las prestaciones en salud de las que ya gozan”, se lee en el comunicado.

Pero Adolfo Lacs, representante del sector sindical en la Junta Directiva del IGSS, señaló que desde un principio se han opuesto a este reglamento, ya que permite a los empleadores trasladar a trabajadores que hoy se desempeñan a tiempo completo, a parcial. “Eso no solo afecta a las familias, sino que también al Seguro Social”, indicó.

Y eso abriría la puerta para que losempleadores trasladen grandes segmentos de trabajadores al nuevo régimen, precarizando aún más las condiciones laborales y de ingreso de las familias. Según Lacs, “si el salario mínimo aún no logra cubrir las necesidades de una familia, qué se puede esperar de menos ingresos al tener menos tiempo de trabajo”. Agregó que es engañoso pensar que las personas pueden sostener más de dos trabajos.

Por otro, indicó que la precarización de los ingresos también repercutirá en menos recursos para el Seguro Social, que se verá agravado porque prácticamente quienes trabajen a tiempo completo deberán subsidiar a quienes anteriormente estaban bajo ese régimen y sean trasladados a tiempo parcial, ya que mantendrán las mismas coberturas, pero aportando menos.

Por lo tanto, aseguró que el sector sindical no está en contra del Convenio 175 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sino del reglamento, porque desvirtúa la figura indicada, aparte de descartar que esta disposición atraiga más inversión, cuando lo que menos ofrece es certeza jurídica para los trabajadores.

“No es verdad que las personas prefieran trabajar menos horas a cambio de menos ingresos, pues es la precarización del trabajo y de los ingresos, lo que obliga a la migración”.

Y para Édgar Balsells, economista investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), este reglamento prácticamente elimina prestaciones médicas a los trabajadores que empiezan a tiempo parcial y evita la posibilidad de construir un seguro para su vejez y sobrevivencia. “Los jóvenes no lo entienden, pero cuando uno envejece, se da cuenta de la valía del Seguro Social”, indicó.

En tanto que Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), señaló que la aplicación del Convenio 175 sobre trabajo a tiempo parcial permite la flexibilidad en la contratación y la decisión de las personas que quieran emplearse solo por determinadas horas, con el goce de las prestaciones laborales de ley y los beneficios del IGSS.

Sin embargo, dijo que difieren con esta entidad, ya que el reglamento publicado abarca a todo tipo de trabajadores, cuando lo que se buscaba era lo aplicable solo en el marco del Convenio 175, con el objetivo de abonar a la formalización. De esa cuenta, “las empresas deben respetar la permanencia de los trabajadores en tiempo completo y solo trasladarlas a tiempo parcial, si es su voluntad”.

De acuerdo con registros del Mintrab, 2 mil 49 empresas han presentado solicitudes de revisión de contratos a tiempo parcial y de los más de 30 mil 300 trabajadores contratados bajo esa modalidad, 28 mil 891 laboran en el sector no agrícola; es decir, empresas de comercio, servicios e industrias, entre otros. Mientras tanto, 675 son del sector agrícola y 739 de la maquila y actividad exportadora.

Según Alejandro Ceballos, vicepresidente de Vestuario y Textiles de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la industria de maquila ha comenzado a contratar personal a tiempo parcial ya que, al momento de empezar nuevas producciones, algunos empleados permanecían mucho tiempo sin poder laborar.

“La maquila es una industria donde hace mucho sentido (el trabajo a tiempo parcial). Hemos tenido un reporte del Ministerio de Trabajo que nuestros contratos están bastante bien, porque nos hicieron una auditoría y estamos cumpliendo los requerimientos”, indicó Ceballos.

LE RECOMENDAMOS

Qué es una recesión económica, qué la causa y cómo le puede afectar a Guatemala en 2022

Recesión económica: Qué es el efecto imitación y cómo influyen las tasas de interés en una contracción

“Creería que todos los empleados que se contraten en la industria ahora van a ser a tiempo parcial, porque somos nosotros, quienes más lo hemos pedido para poder competir. Todavía hay algunos aspectos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y falta que el Mintrab aclare las coberturas que va a tener la gente, pero creo que el mecanismo ya está funcionando”, agregó el directivo de Vestex.

Actualmente, esa industria cuenta con 130 plantas de maquila, en las que operan aproximadamente 60 mil máquinas, y generan alrededor de 180 mil empleos. La proyección es que en los siguientes dos años, se sumen otras 40 mil máquinas y otros 120 mil empleos directos e indirectos.

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la implementación de los contratos a tiempo parcial es “una de las innovaciones más importantes en cuanto a acceso al trabajo formal, que estaba pendiente desde hace mucho tiempo, en el marco de las propuestas para mejorar la competitividad del país”.

El agro, con dificultad

Sin embargo, en opinión de Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), esta modalidad laboral no ha representado una puerta para facilitar la contratación en su sector, debido al largo tiempo transcurrido entre la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el reglamento del Mintrab y la normativa del IGSS.

“La forma en que finalmente fue regulado por el IGSS es poco viable para el sector agro y no genera un incentivo para contrataciones bajo esa modalidad como tal. Por otro lado, es necesario que IGSS aplique de manera correcta la prestación plena de servicios bajo la modalidad de trabajadores temporales del sector agrícola”, señaló.

Y explicó que el sector agrícola es diverso en cuanto a modelos de negocio, ya que así como existen empresas formales de todos los tamaños, también hay cooperativas, pequeños productores, unidades productivas familiares y mucho autoempleo. “Para lograr el objetivo de incrementar la formalidad y la cobertura social, la normativa debe ser de fácil aplicación y acceso a las distintas modalidades de trabajo en el agro”.

LE RECOMENDAMOS

5 incuestionables hallazgos de presidentes de empresas que marcarán negocios sostenibles en 2023

Liderazgo inspirador: 5 frases contundentes de Stephen MR Covey en su última visita a Guatemala

Menos protección social

Para Édgar Balsells, economista investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), uno de los puntos críticos relacionados con el trabajo a tiempo parcial tiene que ver con el reglamento para la protección social de los trabajadores, ya que los nuevos cotizantes al Seguro Social, contratados bajo esa modalidad tendrán menos protección médica.

“Hay una serie de coberturas que el IGSS mantiene en materia de prestación médica, pero se restringen los derechos de quienes entran por primera vez al mercado laboral con tiempo parcial y contribuyen con las 240 cuotas. Solo se les va a cubrir en salud por accidentes de trabajo, entre otros, pero no por enfermedades crónicas. Además, los patronos van a tener una contribución mayor”.

Según Luis Linares, analista de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los poco más de 30 mil trabajadores a tiempo parcial representan aproximadamente el 2.3% de los 1.3 millones cotizantes actuales del IGSS, lo cual, si bien parece una cifra baja, refleja el avance de esa modalidad de contratación.

No obstante, consideró que debería ser una última opción de contratación, considerando que en el país ya se vive una situación laboral precaria, donde los ingresos mínimos apenas logran cubrir el costo de la vida.

“Lo que tenemos es un incremento de la precariedad laboral y eso es lo que se tendría que tomar en consideración y no solo la necesidad de las empresas”, opinó.

De acuerdo con él, en países europeos donde se ha implementado la contratación a tiempo parcial se ha empezado a reducir ese tipo de contratos, ya que han generado problemas en materia de estabilidad de ingresos, la protección social y la capacidad de cubrir el costo de la vida.

Recorrido

• El 27 de junio del 2019: fue publicado el reglamento del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo a tiempo parcial, elaborado por el Mintrab.
• El 5 de julio de 2019: entró en vigor, según refería el mismo documento.
• El 9 de septiembre de 2019: centrales sindicales interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra el reglamento, bajo argumentos de violación a derechos laborales.
• El 3 de octubre de 2019: la CC divulgó su resolución del 26 de septiembre, con la cual suspendió de forma provisional los artículos 2 y 4, y varias frases y palabras contenidas en los artículos 3, 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo 89-2019 que contiene el reglamento.
• El 15 de julio del 2021: la CC resolvió que no son inconstitucionales los artículos impugnados, y revoca la suspensión provisional emitida en el 2019.
• El 11 de agosto de 2022: el IGSS aprobó el reglamento que le da validez a la cotización de cuotas de seguridad social para los trabajadores a tiempo parcial.
• El 28 de septiembre de 2022: se publica en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo don el reglamento emitido por el IGSS.

Datos de interés

• En Guatemala, 11 millones 600 mil personas que están en edad de trabajar.
• 1.3 millones de trabajadores cotizan al Seguro Social.
• 30,305 contratos corresponden al trabajo a tiempo parcial.
• 2,049 empresas han presentado revisión de contratos.
• Sectores que han inscrito trabajadores a tiempo parcial:
  • Agrícola: 675.
  • No agrícola: 28,891.
  • Exportadora o de maquila: 739.

¡Estamos en emergencia económica global! Suscríbase aquí sin costo a Ecocardiograma y reciba alertas sobre los giros económicos que afectan a Guatemala.

Aunque el beneficio expira el próximo 26 de junio con el 100% de condonación, los patronos que tienen saldos pendientes históricos ya están utilizando la exoneración que busca beneficiar a unos 17 mil 855 empleadores que tienen atrasos en sus cuotas.

Pero principalmente, dijo, restablecer el servicio a unos 157 mil 800 afiliados por medio de los programas de Maternidad, Enfermedad y Accidentes (EMA), servicios médicos generales y de especialidades, suministro de medicamentos, tratamientos y pagos de subsidios en sustitución del sueldo en casos de incapacidad. Por otro lado, permite a los trabajadores correspondientes su reincorporación al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

lea además:

Aunque a usted le descuenten IGSS, corre el riesgo de que un día no le atiendan, pues se le deben Q62 mil millones a la institución

Ramírez detalló que en este primer corte se han beneficiado a 63 mil 169 afiliados en los diferentes programas y en términos de recaudación, se percibieron Q43 millones 122 mil, de los cuales, el 97% fue al contado y el 3% por medio de la suscripción de cuotas, tras el reconocimiento de la deuda. La meta programada es Q728 millones.

Por sector

Ramírez precisó que el 88% de los morosos son patronos del sector privado, 9% de público y 3% del ámbito municipal. Sobre las principales actividades que se actualizaron está el sector servicios, seguido del comercio y la industria.

El técnico afirmó que puede existir una lógica en el sentido de que el sector servicios fue el más afectado por los efectos de la pandemia en 2020 o sea en actividades como hoteles, restaurantes y otros relacionados con el turismo.

El reporte compara los datos de cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de mayo del 2020, cuando se acentuaron los efectos de la pandemia en Guatemala por las restricciones de actividades frente a mayo del 2021, ya con una apertura de la economía.

Al comparar las cifras, existe un alza del 11%, según el Ministerio de Economía proporcionadas por la Dirección de Políticas y Análisis Económico del IGSS.

lea además:

Regresa el tiempo parcial: CC revoca suspensión del reglamento para contrataciones por horas

A mayo de este año se reportaron un millón 391 mil 178 afiliados, mientras que, en mayo del 2020, el indicador se sitúo en un millón 253 mil 19 usuarios.

El aumento representó 124 mil 483 cotizantes al Instituto, y que gozan de la cobertura.

En una entrevista reciente con Prensa Libre, José Adolfo Flamenco Jau, presidente del IGSS, confirmó que hay un incremento en el número de afiliaciones por parte de los cotizantes, y esto que se traducía en una señal de recuperación económica del empleo.

Por sector

A mayo se registraron 335 mil 604 trabajadores del sector público, y un millón 55 mil 574 del sector privado y en ambos hay crecimiento interanual.

El aumento fue de 13 mil 676 para los trabajadores públicos que equivale 4.2%, mientras que 124 mil 483 fueron privados, con un crecimiento del 13%.

Lea también: “No es negocio importar desde Asia”: Las descomunales tarifas para traer un contenedor de China

Las variables del mercado laboral coinciden con el reporte del índice mensual de la actividad económica (Imae) que en mayo fue de 15.7% que es el más alto en los últimos meses, pero que en mayo del 2020 fue -10.1.

El Imae tiene como función medir el desempeño real de la economía a corto plazo, y las actividades que tuvieron mayor dinamismo fueron comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades de alojamiento y servicios de comidas, actividades de atención a la salud humana, suministro de electricidad y otras actividades como servicios como deportivas, esparcimiento y recreativas, y servicios personales como lavanderías, peluquerías, salones de belleza entre otros.

Además del Imae, el ingreso de remesas familiares creció 42% en el primer semestre del año por un monto acumulado de US$6 mil 966.1 millones que equivale a unos Q53 mil 638 millones, dinero que en su mayoría se destina para el consumo en los hogares y que dinamiza la producción.

LE PUEDE INTERESAR:

Consecuencias de aglomeraciones en Semana Santa se verán en los próximos días, dicen expertos

Después de la publicación de un video que se hizo viral, y tras la denuncia de una joven, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que había sido un error y aseguró que la enfermera, que era una voluntaria y al parecer sobrina del paciente, fue retirada del programa.

De acuerdo con una publicación de El Universal, el IMSS ofreció disculpas y aseguró que ya la vacuna había sido administrada en forma correcta a la persona de la tercera edad.

En el video publicado en redes sociales se ve cómo la enfermera prepara la jeringa y se la inserta al paciente, pero se observa claramente que no le inyecta nada y de inmediato le retira la aguja.

El Seguro Social también aseguró que reforzarán la vigilancia y el control tras el suceso, y que observarán más de cerca al personal.

Lea también: Sigue descontrol e incertidumbre por vacunación a adultos mayores

Sin embargo, los internautas lanzan una incógnita: ¿a cuántas personas les habrá hecho lo mismo y para qué?

En Perú, un juez determinó este domingo la detención preventiva de dos enfermeras que estaban a cargo de la custodia de 500 vacunas contra el covid-19 que desaparecieron de un centro de salud y que luego fueron devueltas.

Está circulando este vídeo, supuestamente sucedió en Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM. Si esto es real, es un verdadero crimen y debe castigarse. Es importante que @SSalud_mx @GobiernoMX investiguen. pic.twitter.com/ct1CAC1Nwl

— Jorge Gaviño (@jorgegavino) April 3, 2021

Lea además:

Combustibles y el gas aumentan en Guatemala a causa de estos factores

Con la publicación del Acuerdo Gubernativo 245-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) en el Diario de Centro América, los afiliados gozarán de ese ajuste del subsidio, que aprobaron en 2020 los miembros de la Junta Directiva del IGSS en 2020.

Fundamento técnico

Josué Espino Velásquez, asistente de la Dirección de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias, informó que el acuerdo establece un incremento al subsidio por el riesgo de enfermedad y accidentes.

Explicó que el IGSS asegura riesgos, y en este caso es el riesgo de enfermedad, accidente y maternidad, que se les pagará el subsidio que es el sustituto del salario para las personas que fueron suspendidas temporalmente por la ocurrencia de algún siniestro.

Recordó que antes de la vigencia de este acuerdo, se pagaba Q120 como máximo diario, pero ahora Q150. Añadió que el subsidio puede variar dependiendo el salario de un cotizante, y son dos terceras partes que el IGSS pagará.

“Para cualquier aumento que se realice en el IGSS se requiere de un criterio actuarial para hacer las proyecciones en el tiempo y saber si los programas están en las condiciones de brindar algún aumento y conservar los equilibrios entre los ingresos y los gastos”, puntualizó y mencionó que este incremento tiene un sustento técnico y se determinó que se puede dar hasta Q150 como subsidio diario.

Espino Velásquez, dijo que potencialmente los beneficiarios serán todos los afiliados al Seguro Social, que además de la atención médica, recibirán el subsidio para no quedar desprotegidos al momento de dejar de trabajar al ocurrir estos riesgos.

“Se les paga para que ellos puedan contar con disponibilidad económica y lograr un ingreso para poder subsistir”, remarcó.

El origen de los fondos será del programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), y los cotizantes que pagan este programa que es de 3% y 1.83% para el programa IVS, -Invalidez, Vejez y Sobrevivencia-.

Citó como ejemplo, que, si un trabajador antes era suspendido por 15 días, ahora la operación será por Q150 y ya no por Q120.

Suspensión promedio

De enero a noviembre del 2020, el IGSS suspendió a 302 mil 382 cotizantes por riesgos de enfermedad, maternidad y accidente.

En promedio mensual, es de 27 mil 489 cotizantes de suspensión.

Una suspensión por enfermedad es hasta 39 semanas, y por accidentes puede ser hasta su rehabilitación o mejora.

LEA TAMBIÉN

Mides: Empleados del Estado que recibieron el Bono Familia incurrieron en falta y podría haber persecución penal

Los parlamentarios cuestionaron a Donado por las acciones que emprendió en contra de Carlos Contreras, actual presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, para que fuera destituido, luego de que recibiera denuncias por parte de la Secretaria General de la Presidencia y el diputado Cándido Fernando Leal, del bloque oficialista.

Los diputados increparon a Donado y le preguntaron ¿si ellos u otra bancada presenta hallazgos por mal manejo de fondos también hará lo mismo? incluso el diputado Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, dijo que descubrieron que se le pagó el Bono Familia a fallecidos, contratistas y empleados del Estado y que si va a actuar de esa forma.

“El procurador general de la Nación rectificó y dio marcha atrás en ciertas declaraciones indicando que él en ningún momento solicitó la remoción del cargo del presidente del IGSS. Claramente se estaría extralimitando en sus funciones y estaría violando el debido proceso”, dijo Barreda, quien señaló que hay intenciones de cooptar al Seguro Social.

En tanto, Donado dijo que está consciente de que los directivos del Seguro Social gozan de inamovilidad y que la única forma para su destitución es que hayan cometido abusos en la Seguridad Social.

Explicó que lo único que hizo fue trasladar los hallazgos emitidos por la Contraloría General de Cuentas que le remitieron Leal y la Secretaría General de la Presidencia, para que fuera la junta directiva la que defina si es factible o no la remoción de Contreras.

“Cuando leo el contenido del documento y veo que son denuncias se ven dos situaciones, primero una denuncia penal en la que no tengo nada que ver porque como PGN nosotros no ejercemos la acción penal y segundo, en el tema de hallazgos tampoco somos jueces para determinar la inocencia o culpabilidad de una persona”, explicó el funcionario.

Además, agregó: “No hacemos ninguna recomendación con relación a la remoción, lo que nosotros solicitamos a la junta directiva fue analizar una serie de documentación que es remitida por el presidente de una comisión del Congreso, pero no es nuestra facultada ni nosotros podemos tener injerencia ante una autoridad autónoma”.

Los parlamentarios consideran que Donado se extralimitó de sus funciones y va más allá al tratar de imponer como punto de agenda en la próxima sesión ordinaria que integren la junta directiva la separación del presidente del IGSS.

Carlos Contreras, presidente de la junta directiva del IGSS, comentó: “realmente lo que nosotros vemos es que la gestión hecha por la Procuraduría General de la Nación (PGN) no tiene en cuenta que IGSS goza de una autonomía orgánica, institucional, pero además histórica. Sin autonomía el IGSS no puede encarrilarse a sus verdaderos objetivos”.

Añadió que cualquier director si incurre en alguna falta puede ser separado del cargo, pero con base a un procedimiento que establece la ley, que en este caso no se siguió el procedimiento.

Lea además:

Los 5 puntos que incluye la política preventiva de seguridad social del IGSS

“Este proyecto se encuentra más avanzado, están pendientes los últimos detalles administrativos y se lanzará al proceso en Guatecompras para que los oferentes interesados presenten documentos para evaluar y participar”, comentó Santiago Alfredo Urbizo Guzmán, subgerente de Planificación y Desarrollo del IGSS.

Como el proceso de licitación está por lanzarse, no se detalló el monto de inversión prevista.

Lea además: Coronavirus: en qué se podrían utilizar los Q230 millones que autorizó el Congreso de la República

La obra civil fue aprobada por la Junta Directiva de esa institución en el 2019 y culminará con la adjudicación en las siguientes semanas.

Esta será la primera edificación de ocho hospitales establecidos en el plan maestro de inversión y el IGSS cuenta con los recursos para poder financiarlos, se confirmó.

El sector construcción tiene una participación en la economía del 4.4% y se proyecta que para 2020 registre un crecimiento de 4.2%.

El nuevo hospital en Zacapa

El sanatorio estará ubicado en el ingreso a la cabecera departamental de Zacapa y el diseño arquitectónico será bajo un concepto de amigable

La edificación de la obra gris tendrá una duración de 36 meses y un año para la instalación de equipos, suministros y acabados, precisó Leslie García, jefa del departamento de Infraestructura.

La obra contará con instalaciones médicas y clínicas, área de hemodiálisis, sótano, planta de tratamiento de aguas, calderas, aire acondicionado, planta eléctrica, paneles solares, para ser considerado como un modelo de hospital inteligente.

“Queremos darle otra identidad en la construcción de los nuevos hospitales del IGSS”, subrayó García.

Una vez concluido el centro hospitalario, los otros centros de atención de afiliados se concentrarán en Petén, Izabal y Chiquimula con médicos especialistas, explicó Urbizo Guzmán.

“Los pacientes ya no tendrán que venir hasta la capital para ser atendidos en las áreas especializadas”, consideró el subgerente.

En planificación

En la etapa de planificación también se encuentran otros hospitales del Seguro Social que están en lista.

En esta fase se encuentra el hospital de Jutiapa, Cobán (Alta Verapaz), San Benito (Petén) y Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla).

“No se puede lanzar un evento de licitación sin contar con la preinverisión y en eso se está trabajando”, expresó el subgerente.

Para la construcción de estos nuevos modelos de hospitales, se llevan a cabo los análisis de planificación. En el proceso, vendrán las especificaciones técnicas generales y las disposiciones para cada proyecto.

También se contempla la construcción de dos hospitales en la capital.

Los eventos de preinversión serán por medio de una licitación, de la cual ya se encuentran los términos de referencia.  Para este caso, se contratará a una empresa para realizar los respectivos estudios, recalcó García.

Uno de los centros es de alta especialización en la zona 11, precisamente en los campos de futbol del Roosevelt y otro hospital general en la zona 5. El hospital de alta especialidad será para atender casos como trasplantes.

En ese mismo predio se tiene previsto la construcción de otros dos hospitales que serían uno de pediatría y otro de gineco-obstetricia, añadió García.

Estimula la economía

Fernando Estrada Domínguez, coordinador de la comisión de estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, destacó que es positivo el aumento de la inversión pública, sobre todo en áreas de salud, como el plan del seguro social.

“Este tipo de construcción de hospitales incentivará la economía nacional y la local en las áreas de influencia”, detalló el directivo.

Aclaró que todo proceso de inversión estatal debe ser transparente y es el tipo de capital que el país necesita para atender a la población.

Atención

La mayor atención de afiliados del Seguro Social está en Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango.

Urbizo Guzmán explicó que en 2019 el número de afiliados al Seguro Social fue de un millón 350 mil 821.

Mientras que el número de patronos inscritos fue de 94 mil 480.

El 74% de los afiliados es del sector privado y el 26% del sector público.

Le puede interesar: Estudian viabilidad para construir un aeropuerto de carga en Puerto San José

El salario promedio mensual que los afiliados declararon fue de Q4 mil 757.

La población atendida el año pasado fue de tres millones 31 mil, que incluye al afiliado, a la esposa e hijos.

Por cada ocho afiliados se atiende a uno y el número de personas tiene que incrementarse al seguro social.

LE PUEDE INTERESAR

Cardenal Ramazzini: “Si la mayoría de habitantes en Guatemala son cristianos ¿por qué hay tanta corrupción?”

Esa reforma permitirá que más afiliados que se queden sin empleo tengan más tiempo para solicitar la continuidad de su aporte, de forma voluntaria, no pierdan el dinero que se les descontó cuando estaban en relación de dependencia y sigan con la posibilidad de recibir una pensión al jubilarse, informó Claudia Sentes, jefa del departamento de IVS.

El programa permite que los trabajadores reciban un aporte económico en caso de un accidente que los deje imposibilitados para seguir trabajando, que los familiares reciban una pensión en caso de muerte del afiliado o que al completar las 240 cuotas mínimas y cumplir los 60 años puedan jubilarse y recibir un aporte mensual.

“Este programa nos cubre durante toda la vida laboral y nos cubre cuando llegamos a los 60 años de edad -por jubilación-“.

Las condiciones para que el asegurado pueda ser parte del programa de contribución voluntaria es que tenga acreditadas, como mínimo, 12 contribuciones efectivas pagadas al IGSS, dentro de los últimos 36 meses calendario, es decir tres años.

De acuerdo con los registros del IGSS, hasta el momento hay dos mil 807 personas que aportan de forma voluntaria al IVS.

Lea también: IGSS hace reducción millonaria a su presupuesto porque el Estado no le paga las cuotas y aportes

Además, se debe realizar la solicitud por escrito al Seguro Social en el transcurso del año calendario siguiente al último mes de contribución por el patrono.

Quienes sean contribuyentes voluntarios deben pagar cada mes el aporte del trabajador (1.83%) y la cuota patronal (3.67%), es decir 5.5% en total, que serán calculados sobre la base de su último salario.

¿Cómo funciona el programa?

• Afiliado se queda sin trabajo, por cualquier motivo.
• Tiene un año para solicitar al IGSS continuar con los pagos, de forma voluntaria, para dar continuidad a su registro de aportaciones.
• El afiliado puede ser contratado de nuevo y dejar de dar los aportes voluntarios cuando el nuevo patrono lo reporte al Seguro Social.
• Si el afiliado no vuelve a trabajar bajo una relación de dependencia podrá continuar con los aportes voluntarios hasta completar el mínimo de 240 cuotas pagadas y 60 años cumplidos para solicitar el beneficio de la pensión.
• Con los aportes, el contribuyente también está cubierto en caso de sufrir un accidente que le imposibilite seguir trabajando y sus familiares podrán recibir una pensión si este llega a morir.
• Los contribuyentes voluntarios están asegurados con los beneficios del programa IVS, pero no los del EMA (enfermedad, maternidad y accidentes).

Los documentos que se deben presentar son:

• Original y dos fotocopias simples legibles y completas del documento personal de identificación (DPI) del asegurado, que esté vigente y que sea extendido por el Registro Nacional de las Personas (Renap), actualizado con el último estado civil.
• Original y fotocopia simple, legible y completa del certificado de nacimiento del asegurado, que sea reciente o con un máximo de seis meses desde que fue extendido por el Renap.
• Original y dos fotocopias simples y legibles del documento de afiliación al IGSS, o una constancia temporal del número de afiliación que sea extendida por el Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores del Seguro Social.
• Original y dos fotocopias simples, legibles y completas del recibo de servicio público de agua, luz o teléfono de línea fija, sea propietario o inquilino.
• Formulario del historial de trabajo que le entregó el IGSS donde se detalla el patrono y fechas laboradas.
• Constancias de labores originales de los patronos con los que laboró el asegurado en los últimos 36 meses previos a la solicitud, que indiquen el periodo laborado, último día laborado y número patronal. Dichas constancias no deben consignar salarios.

El trámite para el aporte voluntario es personal y gratuito y los interesados se pueden presentar a las oficinas centrales del IGSS, en el Centro Cívico de la capital o a las ventanillas de atención en las sedes departamentales.

Oportunidad de retomar

Además de ampliar el plazo para solicitar ser contribuyente voluntario, el IGSS puso en marcha otro beneficio para quienes tienen 55 años o más y que, hasta el 2010, hayan aportado por lo menos 180 cuotas.

Este programa se lanzó en noviembre de este año y está pensado en beneficiar a quienes tienen muchos años de no aportar y ahora quieren ser contribuyentes voluntarios.

Este es el caso de David Dávila Martínez, quien dejó de trabajar en 1996 y ahora, a sus 62 años, busca recuperar las cuotas y años trabajados.

“Lo que les digo -a otros posibles interesados en participar- es que no dejen pasar el tiempo y que si lo pueden hacer -la aportación voluntaria- que lo hagan porque después se arrepiente uno”, dijo Dávila Martínez.

El trámite para ser aceptado como contribuyente voluntario en el programa de IVS tarda unos dos meses, luego de una investigación efectuada por el Seguro Social. Gracias a la ampliación que se hizo de parte de la Junta Directiva, algunos casos que fueron rechazados por sobrepasar los tres meses serán revisados.

Contenido relacionado

IGSS de Jalapa deja de atender a afiliados por falta de medicamentos

Siete de cada 10 motoristas sufren un accidente de tránsito, según el IGSS

Mural de Carlos Mérida, La seguridad social, fue restaurado

LE PUEDE INTERESAR

Motoristas no utilizan casco e incumplen ley

El impacto económico que esto causa incluye Q1 mil 500 diarios por servicio hospitalario de cada paciente atendido, Q12 mil 500 diarios por cada paciente que esté en intensivo y Q20 mil por paciente en rehabilitación.

Además, los accidentes en motocicleta son la segunda causa de muerte, solo superado por las heridas de bala, indicó Mynor Mejía, jefe de la Sección de Higiene, Salud y Prevención de Accidentes del Seguro Social.

El médico indicó que en el 2018 el IGSS atendió a 49 mil 14 pacientes involucrados en accidentes de motocicleta.

“Esto representa un costo humano y costo social para la persona afectada”, dijo el médico.

Lea también: Irresponsabilidad de motoristas propicia accidentes viales

De las cifras que maneja el IGSS resalta que el 70 por ciento de los pacientes en rehabilitación sufrieron un accidente en motocicleta.

Otro de los impactos en lo económico es la erogación que el IGSS ha hecho en el pago a los trabajadores que están suspendidos debido al accidente, la suma, según sus registros ya llegó a los Q180.3 millones.

Al costo económico se suma la gravedad de los accidentes y el tiempo que puede tardar un paciente hospitalizado.

Según el promedio del IGSS, esto puede tardar de tres meses a cuatro años, incluso hay casos de personas que debido a que quedan en estado vegetativo permanecen en el hospital hasta que mueren, pues sus familiares no los pueden atender.

Lea también: Cambio de reglas y voluntad del motorista son vitales para cambiar cultura vial

Las heridas

Los daños más recurrentes que sufren los motoristas y son atendidos en el IGSS son trauma craneoencefálico, amputación hasta de tres extremidades, exposición severa y fractura medular, incluso combinados, por no usar casco de seguridad o porque este es de mala calidad, indicó Arturo García Aquino, subgerente de Prestaciones en Salud del IGSS.

En cuanto a la gravedad de las heridas que se atienden por accidentes, las cifras del Seguro Social reflejan que en el 2018 se desembolsó Q172.5 millones en atención médica y hospitalaria para atender a 145 mil 823 personas, pero de enero a octubre de este año el costo es de Q180.3 millones para 125 mil 461 pacientes que sufrieron politraumatismo, lo que indica que los accidentes son más graves este año.

Los registros oficiales del Hospital de Rehabilitación del IGSS señalan que el 90 por ciento de las víctimas de accidentes de motocicleta son hombres que tienen entre 18 y 40 años.

El impacto del accidente aumenta cuando se trata de personas proveedoras del hogar.

“Estos accidentes no solo afectan al paciente sino también al núcleo familiar, hay casos en los que la víctima ingresa hasta con tres amputaciones y trauma de cráneo”, afirmó Karina Rodríguez, directora del Hospital de Rehabilitación del IGSS.

Lea también: De un millón de motoristas menos de 12 mil tienen seguro

“La prevención es mejor y se tiene que hacer poca inversión”, refirió Mejía, quien recordó que algunos implementos para seguridad de los motoristas son: casco, guantes y lentes de protección.

También tiene que ver con el comportamiento, los hábitos de cortesía y respetar las señales de tránsito, además del consumo de alcohol y el uso del celular.

Otro factor, señala Mejía es que en ocasiones los patronos exigen y presionan a los trabajadores que se transportan en motocicleta para que cumplan con un plazo de tiempo para llegar a un punto o deben conducir con lluvia o mala visibilidad.

Para hacer conciencia de este riesgo, el IGSS realizó este 5 de diciembre un congreso sobre el impacto económico y social que provocan los accidente en motocicleta, a donde acudieron 250 motoristas y jefes de departamento de distintas empresas.

Además de las heridas que se pueden atender con cirugía o encamamiento, las víctimas de accidentes en motocicleta pueden sufrir otro tipo de secuelas como incapacidad para trabajar.

Para atender a estos pacientes el IGSS puso en marcha los programas de reinserción laboral y reubicación laboral.

Con esto se busca que el trabajador pueda permanecer en la empresa, pero desarrollando otro tipo de actividades, explicó Mejía.

Prensa Libre intentó comunicarse con Pedro Rivera, de la Asociación de Motoristas Voluntarios Unidos por Guatemala , para conocer una postura acerca de los datos del IGSS y sus recomendaciones, pero no respondió las llamadas ni mensajes textos a su celular.

Contenido relacionado

Reglamento para motoristas no se cumple

Fracturas, las lesiones más frecuentes que sufren los motoristas

Piden a pilotos prevenir

Lea más

Conozca a los ganadores del Premio Artista del Año

El reconocido artista Mérida que ha sido uno de los grandes destacados del artes guatemalteco creó esta propuesta en un mosaico veneciano. Frente a este mural se construyó una pileta para proteger la obra de arte y convertirla en un espejo de agua, la cual también ha sido modificada para que siga cumpliendo esta función.

La finalidad del estanque es que el agua proteja el mural para evitar que desprendan piezas y que sea un espejo de agua, para ser reflejado y esté en movimiento por  el viento que corre usualmente de norte a sur.

El mural #SeguridadSocial de #CarlosMérida ubicado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene en la restauración algunos sistemas de seguridad para evitar el deterioro e iluminación. Además un espejo de agua para admirar la obra. pic.twitter.com/mVMotnDIsm

— Ingrid Reyes (@ireyes_pl) October 30, 2019

Detalles

La base donde está colocado el mural es una estructura de concreto reforzada de 33.75 metros de longitud por 3.65 metros de alto por un espesor de 28 centímetros.

El mosaico del mural es tipo veneciano.  El artista aplicó un esmalte sobre láminas de cobre con piezas traídas de México e Italia.

Cada persona podría dar su interpretación a las líneas y formas que plasman una cruz, manos y siluetas de diferentes edades.  Aparecen dos grandes manos, que podrían ser las que están dando la protección a la mujer y a los niños.  En la escena también se observan rostros y un conglomerado humano que podría ser una ciudad prehispánica o una ciudad moderna, no sabemos con certeza, describió Rodrigo Álvarez, uno de los arquitectos involucrados en la remodelación.

Por su parte, Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, dijo que este mural “constituye el alma de la seguridad social maltrecha y nos señala las necesidades que todavía tiene actualmente y por la que se trabaja”.

Los labores de restauración comenzaron en diciembre de 2018 y se desarrollaron en tres fases.  Los arquitectos Roberto Barillas y  Álvarez fueron los responsables de los trabajos.

Barillas expresó la alegría por la culminación del trabajo del mural que es parte del complejo del IGSS, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2014.  “Esto resalta la importancia de conservar los componentes patrimoniales que lo conforman como este mural de Mérida por ser parte de la identidad guatemalteca”, agregó.

El siguiente video muestra el deterioro y las distintas fases de trabajo para la restauración.

Barillas comentó que el grupo que comenzó el trabajo incluyó a diferentes profesionales desde fotógrafos hasta profesionales en dibujo técnico y artístico para realizar el diagnóstico minucioso y dar propuestas para renovar la pieza artística.

Álvarez expresó que desde el año 2000 empezó a visitar el mural más seguido y a reconocer su valor dentro del Centro Cívico, reconociendo la influencia de la Revolución de Octubre de 1944 que inspiraron ideas del ámbito político, así como en lo cultural y artístico. También comentó que la obra se encontraba con fisuras, abombamientos, desprendimientos y grietas a punto de colapsar, así como mosaicos que caían en la pileta frontal.  Realizó estudios, investigaciones para buscar apoyo  para la restauración, además de dar charlas inspiradas en la importancia del mural para motivar a su restauración.

En el 2017 se consiguió el apoyo para este proceso liderado por el IGSS, en el que participan el Instituto de Antropología e Historia, IDAEH del  Ministerio de Cultura y Deportes, la Municipalidad de Guatemala, entre otros involucrados.

El Ministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite invitó durante la actividad a admirar la obra de Mérida pero también a caminar por el Centro Cívico y además observar el trabajo de Efraín Recinos, Dagoberto Vásquez y Roberto González Goyri.

El legado de Mérida

Maria Cristina Navas y Mérida, nieta de Carlos Mérida, asistió al evento y comentó que este trabajo comenzó después de un artículo publicado en Prensa Libre, en 2016 en el cual era notorio el deterioro del mural en el que se hablaba de lo descuidada que estaba la obra.  Después de ello, el arquitecto Álvarez se acercó para hablar sobre la restauración, y ahí comenzó el trabajo.

Navas y Mérida expresó que en otras ocasiones tocó algunas puertas para realizar este trabajo, pero el mismo no se logró.  “Me llamaron por teléfono para contarme que ya estaban comenzando los trabajos, pero al principio no lo creí y solo me ofrecí para ayudar porque es importante ser amable con todos los que se interesen en ello, no pensé que lo llegaran a hacer”, dice.

Durante la inauguración, visiblemente emocionada, Navas y Mérida expresó su agradecimiento a los involucrados en este proyecto, sobre todo porque su abuelo no vio lo deteriorado de esta obra, que “seguro representaría un gran dolor para él como fue ver su obra en el Crédito Hipotecario Nacional”.  “Quisiera que también su gente sintiera la emoción de este momento, de ver algo tan bien hecho y sabemos que las manos guatemaltecas tienen profesionalismo y lo hacen bien y ojalá que sigamos conservando todo esto como parte de nuestra vida y que Dios me dé vida para seguir trabajando para que mi abuelo siga siendo reconocido”, agregó.

También comentó que van a seguir procesos para lograr que también la restauración de otras piezas.

Una de las misiones de la vida de María Cristina es seguir fomentando el trabajo de su abuelo, especialmente para que Guatemala conozca más del gran trabajo y talento que representa para su historia.  “Mi abuelo tuvo el privilegio de ser un pintor universal y seguiré haciendo cosas para que la gente lo conozca e invito a los jóvenes a entrar a Internet y vean qué hizo como pintor y diferentes modalidades en viñetas, vestuarios, escenografía e involucrado en los acontecimientos más importantes del siglo XX”, dijo.

Cristina Navas Mérida, nieta de Carlos Mérida asegura de forma emotiva que su abuelo fue parte también de esta restauración, el mural de mosaico veneciano #SeguridadSocial, ubicado en el IGSS. pic.twitter.com/tg1sCf5dhv

— Ingrid Reyes (@ireyes_pl) October 30, 2019

Al acto también asistió Aiira Mérida, bisnieto del artista, quien comentó que ver el mural restaurado es un gran orgullo y satisfacción por los esfuerzos que lleva los procesos.   “Mi tata (como le llamaba la familia) no se nacionalizó mexicano porque amaba Guatemala y era un visionario que hablaba a sus 80 años (hace casi 40 años) de la pintura electrónica y las nuevas técnicas”, expresó el joven, también artista.

El artista Rudy Cottón, actual director del Museo de Arte Moderno, Carlos Mérida comentó que este es un rescate del patrimonio guatemalteco donde una entidad privada se ha percatado, después de 60 años, del valor patrimonial de esta obra y es un punto importante cuando se ve la cultura como un proceso de desarrollo.  También hizo énfasis en el valor de Mérida en la historia del arte universal y en su propuesta de integración arquitectónica en la que por medio del mural lleva el arte al pueblo.

Contenido relacionado:

>Sistema de Información Cultural recopilará datos de artistas, colectivos y museos en occidente
>La lengua italiana se celebra con actividades gratuitas en Guatemala
>El arte guatemalteco a la distancia de un clic

Lea también:

Guatemala se promocionará en España con realidad virtual y realidad aumentada

Las obras tienen como objetivo ampliar la cobertura social ante el incremento de la demanda, expuso a Prensa Libre Carlos Contreras, presidente de la junta directiva del IGSS.

Los fondos para ejecutar el plan maestro 2018-2023 vendrán serán propios, dice el directivo.

¿En qué consiste el plan maestro de infraestructura?

Aprobamos el plan maestro de infraestructura y nos llevó cierto tiempo preparar los procesos de construcción. El plan para los próximos cinco años, prevé una red hospitalaria a nivel nacional, como hospitales generales en por lo menos seis departamentos.

¿En qué áreas?

Estamos en Zacapa, Jutiapa, San Benito Petén, Santa Lucía Cotzumalguapa y Coatepeque. Además de dos centros hospitalarios en la ciudad de Guatemala: uno en la zona 11 —que debería ser un hospital de alta cirugía y especialidades— y un hospital en la zona 5 que apoye la parte nororiental del departamento de Guatemala. Eso es lo mínimo que deberíamos de hacer.

¿Cuándo empiezan?

La expectativa es que empecemos con la construcción del hospital de Zacapa en el segundo semestre con una inversión de Q150 millones. Además de contar con todas las planificaciones del resto de los otros hospitales.

¿A qué responden estas inversiones?

Van a ser complementarias. Por ejemplo, en Zacapa se va a complementar el esfuerzo del hospital de Puerto Barrios y tendríamos el de Jutiapa para atender toda la franja nororiente y suroriente del país. Después, el hospital de Cobán y San Benito Petén. Todo esto está aprobado hoy y no descartamos otras obras.

En el sur estaremos fortaleciendo Santa Lucía Cotzumalguapa y Coatepeque y así dejar que el hospital general regional de Quetzaltenango cubra el occidente. Sin embargo, por mandato de la junta directiva, se ha fortalecido infraestructura en San Marcos, Huehuetenango y Sololá.

¿Cuál será el prototipo?

Ya contamos con los prototipos y el diseño, que es de 100 camas para todos los hospitales a excepción de Zacapa que ese diseño ya lo teníamos, y es solo que trabajemos la planificación en el transcurso de este año.

Esperamos iniciar con los procesos de adjudicación a más tardar a finales del 2019.

Sólo en esta infraestructura hospitalaria, ¿cuánto representará la inversión?

Estamos hablando entre Q2 mil 500 a Q3 mil millones.

¿De dónde provendrán los fondos?

El IGSS por mandato de ley cuenta con un fondo de ahorro de inversiones para infraestructura y tenemos los recursos suficientes para poder orientarlos a ese esfuerzo. Es decir, los recursos saldrían de los fondos de ahorro del instituto.

No vamos a recurrir a buscar préstamos, a no ser que se presentará una propuesta mucho más ambiciosa —financieramente— que  implicaría una acción del Estado hacia la seguridad social, pero no es este el caso. Esto implica  construir estos hospitales en los siguientes cinco años con recursos propios.

¿Llegó a su límite la infraestructura hospitalaria ?

Hemos incluido e introducido al IGSS equipos multidisciplinarios para mejorar la calidad.

Por ejemplo, hemos afrontado en los temas de calidad en los servicios de Camips (Centro de Atención Médica Integral para Pensionados), que ha mejorado sustancialmente, mejorado los consultorios para la ciudad de Guatemala y para eso hemos incluido a administradores de empresas e ingenieros industriales y por supuesto los expertos en los temas de la salud.

De ahí los estudios que hemos realizado nos muestran que tenemos una capacidad ociosa del 25% en la ciudad de Guatemala en materia de infraestructura y en materia de atención es alrededor del 30%, entonces eso nos lleva a realizar el esfuerzo de la junta directiva en la optimización de los recursos de la institución.

¿Qué implicará esto?

Eso nos permite revisar una serie de temas operativos, como los espacios en consulta externa, utilización y manejo de agendas para la atención de los pacientes hasta pensar en jornadas de 24 horas en algunos de los consultorios y de 12 horas, lo cual permitirá una prolongación de jornadas y una mayor utilización de los espacios y serían tres turnos.

Son esquemas de administración que estamos poniendo en práctica y que van a permitir atender mejor a los pacientes.

¿Qué otras inversiones tienen planteadas?

Ampliar el hospital General de Enfermedades de la zona 9, que es muy desbordado.

Ahí tenemos un plan de corto plazo para poder hacer añadir cien camas en ese hospital, mejorando quirófanos y otros temas como una remodelación de los quirófanos.

Contenido relacionado

> Incorporación de nuevos sectores y cotizantes al IGSS sería en el 2020

> Qué implica que el IGSS suba el cálculo base de pensión a Q9 mil

> Enei 2017 revela que no hay oportunidad de empleo para todos los jóvenes

El IGSS cuenta con una organización directiva y administrativa. Al hacer el análisis del IGSS he podido darme cuenta de que quienes lo dirigen están muy comprometidos en sacar adelante a la institución y poco a poco he conocido a algunos de ellos, quienes realizan un trabajo profesional y sorprendentemente con un programa anticorrupción en marcha.

La junta directiva del IGSS aprobó el 19 de diciembre de 2017 el Plan Estratégico Institucional del IGSS para el quinquenio 2018-2022, el cual fue estructurado y elaborado internamente con la asesoría del Dr. Jorge Enrique Vargas como consultor, quien además es secretario de la Universidad Internaciones.

En la presentación se dan las instrucciones de la Junta Directiva a la Gerencia para que el Plan Estratégico Institucional guarde correlación con el Plan Operativo Anual, el Plan Anual de Compras y la Planificación por Resultados.

En la Introducción se dan datos demográficos que indican que los niños de 0 a 9 años disminuyen a partir de 2010, lo que implica que este grupo disminuye a un promedio anual del 2% y que en el futuro se tendrá menos población cotizante. Este dato es muy distinto a un criterio generalizado de que los niños crecen y crecen. En cambio, en la población entre 55 y 79 años la tendencia es al incremento, ya que presentarán tasas de crecimiento entre un 23 y un 25% en el decenio 2035-2045. Las políticas de población son de larga duración y por eso pueden sorprender las estimaciones para el decenio mencionado.

Por ejemplo, hace 30 años no se tenía idea de la magnitud de la migración de guatemaltecos a los Estados Unidos de América. Ante estas estimaciones sobre población, se plantea que el IGSS debe buscar mecanismos financieros para alcanzar la sostenibilidad operacional y de desarrollo.

El arsenal de medidas que plantea el Plan Estratégico consiste en cinco pilares: salud y economía preventiva; protección social para todos; ampliación de cobertura y calidad de los servicios; solidez financiera y comunicación estratégica.

A lo anterior plantea desarrollar un modelo de gobernanza de la seguridad social y generar un gobierno corporativo. Para esto último se requiere entrar a una fase más profesional de la Junta Directiva.

El Plan Estratégico en el Capítulo I, denominado Antecedentes, plantea las tendencias mundiales de la seguridad social. Seguidamente, el análisis de la situación actual en Guatemala, señalando la población protegida, la situación financiera, los servicios médicos otorgados, la gestión administrativa y el talento humano e infraestructura.

El Capítulo II, titulado PEI 2018-2022 Plan Estratégico Institucional, contiene lo siguiente: Antecedentes Metodológicos, Marco Contextual, Ejes Temáticos, Marcos Filosóficos, y Objetivos Estratégicos.

En Objetivos Estratégicos se plantean esquemas de cobertura a patronos, profesionales independientes, emprendedores y diversos miembros de los sectores productivos formales y no formales. Como novedad se plantea la apertura de la seguridad social a los trabajadores del sector informal de la economía.

josemolina@live.com

Aun cuando no se logró el objetivo inicial, finalmente se cubrieron todos los departamentos. Setenta años después, el número de afiliados es trece veces el que estimaron para aquel año 1948, primer año de funcionamiento del IGSS.

El Informe Anual de Labores 2017 proporciona los siguientes datos: los 3,174,777 de derechohabientes se distribuyen así: afiliados 1,313,017 (41.4%); hijos menores de 7 años 991,079 (31.2%); esposas y compañeras 534,778 (16.8%); pensionados IVS 180,732 (5.7%); jubilados del Estado 101,825 (3.2%); población no afiliada 49,478 (1.6%).

El 68% de la población cotizante son personas jóvenes de 20 a 39 años de edad. Hombres 67%; mujeres 33%.

Se procede al análisis de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aprobada por medio del decreto No. 295-1946, del 28 de octubre de 1946.

Los recursos para el sistema financiero del IGSS consisten en el método de triple contribución a base de las cuotas obligatorias de los trabajadores, de los patronos y del Estado (artículo 38,a).

Las tres partes deben contribuir a sufragar el costo total de los beneficios, así: trabajadores 25%; patronos 50%; y Estado 25% (artículo 39, a).

La cuota del Estado como tal se debe financiar con los impuestos que al efecto se cree en o determinen, los cuales han de ser disponibilidades privativas del IGSS. El producto de dichos impuestos debe incluirse en la masa común de ingresos del Estado, pero la Tesorería Nacional queda obligada a apartarlo a la orden del Instituto, quien es el único autorizado para disponer del fondo respectivo (artículo 40). Esto nunca se cumplió. Como patrono el Estado no ha cumplido.

Los autores de la ley habían señalado que en el financiamiento tripartito cabía la posibilidad de que los trabajadores se desligaran del aporte, como ocurrió en otros países. Sin embargo, en Guatemala quien se salió del sistema fue el Estado. Actualmente solo contribuyen los trabajadores y patronos del sistema formal, que dependen de 88,732 patronos inscritos. Funciona como una especie de mutual, término este que se utiliza para denominar a una aseguradora sin fines de lucro, con el número de patronos mencionados y 1.3 millones de afiliados que cotizan al IGSS.

El IGSS quedó facultado para aplicar el sistema financiero de reparto o el de capitalización preventiva, u otro que estime conveniente a cualquiera de las diversas clases de beneficios (artículo 43).

El sistema de reparto establece el equilibrio entre las entradas y los gastos por medio de un ajuste de las contribuciones y de las prestaciones, que suele hacerse por períodos de uno a cinco años. Este sistema exige una reserva de previsión relativamente pequeña.

El sistema de capitalización lleva implícito un mecanismo de ahorro y de grandes reservas creadas con este. Por lo general se emplea —como en el caso de las pensiones— cuando se prevén prestaciones cuyo costo debe aumentarse año con año.

La ley indica que el IGSS debe orientarse al llamado presupuesto social (social budgeting), palabra que curiosamente en la ley está en inglés (artículo 43, segundo párrafo). Con esto se respalda el plan de reparto.

josemolina@live.com

Uno de los expertos que elaboraron el proyecto de ley, Óscar Barahona Streber, consideró que se necesitaba un estudio de los antecedentes legislativos que existieran y que abarcara, entre otros extremos, el análisis de las etnias —así las denominó—, analfabetismo, recursos médicos y hospitalarios, vías de comunicación y la situación económica nacional.

El libro de Óscar Barahona Streber (abogado) y J. Walter Dittel (actuario), titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, impreso en el Centro Editorial de la Ciudad de Guatemala el 21 de septiembre de 1946, 215 pp., contiene la presentación y el proyecto de ley de lo que sería más adelante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

A continuación, un extracto de lo que exponen los autores. ¿Por qué no han funcionado debidamente en Guatemala el conjunto de antecedentes de los seguros sociales? Lo resumen así: Las tiranías políticas no constituyen un medio propicio para el desarrollo de las instituciones de orden social; carencia de organizaciones administrativas y técnicas; falta de desarrollo sindical entre la clase trabajadora; y falta de criterio para resolver estos problemas.

El libro titula la parte primera así: Síntesis de la Realidad Guatemalteca. Y el capítulo primero lo denomina Antecedentes en cuanto a Seguros Sociales.

El capítulo segundo se titula: Otros aspectos relacionados directa o indirectamente con la implantación de los seguros sociales. Se divide ese capítulo en los siguientes apartados respecto de la situación de Guatemala en 1946: Fuentes estadísticas y estructura demográfica; Aspectos etnográficos y sociológicos: El Problema Indígena; Situación fiscal; Capacidad tributaria y otros recursos financieros y económicos del país; Finanzas públicas y privadas; Actividades agrícolas, ganaderas, industriales y comerciales. Las profesiones liberales.

El capítulo continúa con las secciones Standard de Vida, Nivel de salarios y Política de salarios mínimos; Política social del actual gobierno; Situación asistencial y sanitaria. Recursos médicos y hospitalarios; Situación cultural; y Observaciones finales.

En las Observaciones finales señalan una frase pintoresca: En Guatemala todo estaba por hacerse, y eso podía constituir una ventaja o una desventaja. Añaden que hay muchos aspectos favorables para la correcta implantación de los seguros sociales en Guatemala, de la forma que plantean en el libro.

La parte segunda se titula: Teoría y práctica de los seguros sociales. Cómo deben aplicarse a la realidad guatemalteca.

El capítulo primero se denomina Teoría y práctica de los seguros sociales, con dos apartados: Breve exposición histórica; y Recursos financieros.

El capítulo segundo se titula: Defectos corrientes en otros sistemas de seguros sociales, conveniencia de evitarlos en Guatemala y sugestiones para tratar de darles solución. Este capítulo se divide en Primer plan, Segundo plan y Tercer plan.

El capítulo tercero lleva por título Política de aplicación de los seguros sociales a la realidad de Guatemala. Se divide este capítulo así: En cuanto al sistema; En cuanto a las clases de población; En cuanto al territorio; En cuanto a las ramas de seguros sociales; En cuanto al tiempo y al orden de aplicación.

La tercera parte se denomina Observaciones finales. Cuenta con un capítulo único con el mismo título. Seguidamente se reproduce el dictamen de la Comisión de Seguridad Social para finalmente presentar el proyecto de ley.

El libro de Óscar Barahona Streber (abogado) y J. Walter Dittel (actuario), titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, impreso en el Centro Editorial de la Ciudad de Guatemala el 21 de septiembre de 1946, 215 pp., contiene la presentación y el proyecto de ley de lo que sería más adelante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Los autores citan y numeran doce disposiciones legales por orden cronológico, hacen algún comentario breve y señalan que el resultado de aplicabilidad de dichas normas legales es muy bajo.

1) Acuerdo Ejecutivo de 25 de julio de 1907. Eroga un auxilio para establecer una consulta postnatal.

2) Acuerdo Ejecutivo de 2 de noviembre de 1907. Eroga sumas para establecer la Gota de Leche o entidad encargada de suministrar leche a los recién nacidos y otros.

3) Decreto legislativo No. 1385-1925 del 20 de mayo de 1925. Aprueba la “Convención celebrada en Washington, D.C., de los Estados Unidos de Norteamérica, el día 7 de febrero de 1923, entre los Delegados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para Unificar las Leyes Protectoras de Obreros y Trabajadores”. Se obliga a los países a establecer el seguro obligatorio para maternidad, enfermedad, o inhabilidad permanente o accidental. Ninguno de los países mencionados cumplió en su totalidad.

4) Decreto Legislativo No. 1434-1926 de 30 de abril de 1926 (Ley de Trabajo). Hace referencia a la Ley Protectora de Obreros, decreto 669-1926 de 21 de noviembre de 1926, sobre la cual los autores indicaron que dicha ley no establece con claridad la presunción de responsabilidad patronal. El decreto mencionado, No. 1434-1926, subsana en parte esa deficiencia. Dicha Ley de Trabajo concede una serie de derechos a las madres trabajadoras: descanso prenatal de cuatro semanas y descanso posnatal de cinco semanas, con goce de la mitad de salario, y otras prestaciones.

5) Acuerdo ejecutivo del 18 de enero de 1928. Aprueba el reglamento emitido por la Dirección General de Salubridad Pública “Para garantizar la salud de los braceros en las fincas”.

6) Acuerdo ejecutivo del 20 de febrero de 1929. Aprueba los estatutos de la Sociedad Protectora del Niño.

7) Acuerdo ejecutivo de 22 de julio de 1931. Crea la Dirección General de Beneficencia Pública y Previsión Social, con los fines de proteger a incapacitados para el trabajo, proteger a las madres indigentes y ejercer la acción de previsión social en las prisiones.

8) Acuerdo ejecutivo de 21 de abril de 1932. Autoriza a los hospitales de la República para cobrar diez centavos de quetzal diarios a los respectivos patronos o “dueños de fincas, jefes de talleres y jefes de oficinas” (sic) por cada trabajador que ingrese a ellos para su curación.

9) Acuerdo ejecutivo de 20 de abril de 1938. Dispone que los contratistas de trabajos agrícolas deben tener un botiquín para casos de emergencia.

10) Acuerdo ejecutivo de 9 de mayo de 1938. Dicta la lista de medicinas que deberán contener los botiquines de emergencia antes mencionados.

11) Decreto No. 47 de 27 de diciembre de 1944. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, emitido por la Junta Revolucionaria de Gobierno.

12)Constitución Política de 11 de marzo de 1945. Artículos 58, 60 y 63.

Lea también:

Por esta razón exdiputado Barquín fue inducido al coma

Las solicitudes son trámites separados, pero se gestionan a través de cartas dirigidas al Departamento de Servicios de Auditoría de Servicios de Salud del IGSS. Así lo indica la hoja que una secretaria entrega cuando se requiere información sobre el procedimiento.

El usuario tiene la opción de escribir una carta para remitir su queja por la atención recibida en los servicios de salud del Seguro Social, en la cual se relata lo vivido en las unidades de atención. Además, si quiere pedir un reembolso, debe hacer otra carta y adjuntarle documentos que servirán para la investigación del caso, como un certificado médico y fotocopia de los exámenes médicos efectuados al paciente fuera del IGSS.

Lea también: Álvaro Colom recupera su libertad luego de pagar fianza de Q1 millón

La existencia de esta oficina es poco conocida, por lo que las quejas son eventuales. Según el Departamento de Comunicación del instituto, en el 2017 se investigaron seis casos de solicitud de reembolso y este año van 10.

Denegado

Uno de los casos analizados este año, y cuyo reembolso fue denegado, es el de Miriam Lorena López, quien presentó una queja en nombre de su padre, Julio López, de 64 años, a quien un médico del IGSS diagnosticó gastritis, cuando padecía cálculos biliares.

Según la denuncia, el afiliado fue atendido en la emergencia del Hospital General del Seguro Social de la zona 9, el 9 de febrero de este año, donde se le dio tratamiento ambulatorio, pero días después debió someterse a una cirugía en el Hospital Roosevelt.

“No le dieron un diagnóstico real, por lo que el 14 de febrero fue operado en el Hospital Roosevelt por cálculos en la vesícula biliar. Estuvo hospitalizado desde esa fecha hasta el 28 de febrero. Realizamos los trámites de suspensión laboral, pero aún no le pagan sus prestaciones”, escribió Miriam López el 5 de julio último.

El reclamo era para que se le pagaran Q832 que gastaron por unos estudios que solicitaron médicos del Roosevelt y que debieron hacerse en laboratorios privados, pero la decisión fue que el pago no procedía.

Según las políticas del IGSS, los jubilados y pensionados no califican para ese tipo de reembolsos, y quienes residen en otros municipios y departamentos del país deben hacer su gestión en su unidad periférica. El tiempo en que se resuelve la solicitud depende de la investigación.

Le puede interesar: Roxana Baldetti rechaza ser atendida en el Hospital San Juan de Dios

En busca de mejoras

Sobre los casos en que se hacen diagnósticos erróneos, el Departamento de Comunicación del Seguro Social indicó: “Hay esfuerzos institucionales para mejorar el servicio. Se hacen a nivel nacional a través de decisiones de Junta Directiva y ejecutada por la Gerencia y las siete subgerencias, tomando en cuenta que nuestros derechohabientes son más de un millón 300 mil”.

Bombero fue dado de alta 

Carlos Mohr, mayor de los Bomberos Municipales, resultó herido el 22 de julio durante una emergencia en una planta de  propano que se incendió.

Médicos del Hospital 7-19 del IGSS lo atendieron y le dieron de alta con analgésicos y antibióticos, pero el 25 de julio fue ingresado en el Hospital General San Juan de Dios debido a su estado.

El socorrista tenía fracturas en dos costillas y en el esternón, así como un hemoneumotorax. El jefe del Servicio de Emergencia del hospital del IGSS indicó que al ser egresado el paciente se encontraba estable y con buen manejo del dolor.

Para pedir reembolsos

Estos son los requisitos que solicita el IGSS:

• Carta de solicitud de reembolso, dirigida al jefe del Departamento de Auditoría de Servicios de Salud.
• Certificado de Trabajo, original y fotocopia.
• Certificado médico, con timbre médico.
• Si se trata de un hospital nacional, en vez de un timbre médico se debe presentar el certificado médico en  hoja membretada.
• Facturas originales a nombre del afiliado con el sello de cancelado.
• Fotocopias de informes de diagnóstico, rayos X, ultrasonido y exámenes de laboratorio.
• Original y fotocopia de estos documentos: DPI, carné de afiliación y certificado de nacimiento, si se trata de un hijo del afiliado.
• Si se quiere solicitar reembolso, debe hacerse en los primeros seis meses después de que ocurrió el hecho.

Contenido relacionado:

> Guatemala analiza declarar estado de Calamidad por la sequía
> Casi 1,000 comunidades rechazan suministro de electricidad en el país, dice Energuate
> Las 10 objeciones de la Contraloría al proyecto La Dignidad

El libro de Óscar Barahona Streber —abogado— y J. Walter Dittel —actuario—, titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, impreso en el Centro Editorial de la Ciudad de Guatemala, el 21 de septiembre de 1946, 215 pp., contiene la presentación y el proyecto de ley de lo que sería más adelante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.

A continuación un extracto de lo que exponen los autores. Se hizo un examen de los distintos regímenes de previsión social empezando por los militares, quienes tenían leyes propias, que protegía a todos los militares desde los soldados hasta los generales. Este régimen es parcialmente contributivo, y desde los subtenientes hasta los rangos superiores son los únicos que contribuían en ese entonces con un descuento igual al dos por ciento sobre los sueldos, asignaciones y jubilaciones que percibían. Los individuos de tropa —soldados y galonistas— no contribuían y sí percibían beneficios, aunque les era muy difícil obtener ciertas prestaciones. Al igual que en el montepío, el Estado cubría el déficit del sistema militar.

La Constitución de 1879, anterior a la de 1945, dio al Poder Legislativo, en su artículo 54, inciso 10, la facultad de decretar pensiones a favor de las personas que hubieren prestado servicios a la Nación. La última Constitución del 11 de marzo de 1945, que también regía en ese entonces, no parecía contener una disposición expresa semejante, pero sí de un modo implícito, ya que nada prohibía a los Poderes Ejecutivo y Legislativo dictar una ley especial concediendo una pensión a una familia o a un ciudadano.

Los autores señalan que es una lástima que dicha Constitución en su artículo 137, inciso 20), estableció que es facultad del presidente de la República “conceder jubilaciones, pensiones y montepíos, de conformidad con la Ley”. Su preocupación radica que mañana podría esgrimirse como un argumento “jurídico” en contra de la unidad del régimen previsionista nacional o contra la bien entendida autonomía que debe tener la institución encargada de aplicar los seguros sociales.

Objetan el Decreto Legislativo No. 192-1945 del 19 de noviembre de 1945 (pensiones vitalicias a militares), por la enorme carga fiscal que con el tiempo su aplicación significará. Analizan rápidamente sus características: 1) protege a toda clase de personas, civiles o militares, que hayan cooperado en la defensa de las instituciones políticas y sociales de la República, o de la integridad de su territorio; 2) es un régimen NO contributivo; el Erario Nacional soporta toda la carga; 3) establece beneficios de dos clases: las “pensiones” vitalicias, y “montepíos” cuando fallece una de las personas que comprende esta ley; y, 4) la cuantía de los beneficios se regula entre quince y cien quetzales, tomando en cuenta hechos demasiado circunstanciales.

También examinaron regímenes de previsión social establecidos voluntariamente por empresas particulares: Empresa Guatemalteca de Electricidad, INC; West India Oil Company, S. A., con 34 trabajadores; Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica; United Fruit Company y La Pedrera, C.F. Novella & Co.

Los autores concluyeron en 1946 que debe tenderse hacia la unidad del sistema de previsión social, y no deben coexistir regímenes aislados como los antes mencionados, con el que nacerá cuando se emita lo que ellos llamaron Ley de Seguros Sociales. Fue finalmente la Ley Orgánica del IGSS.

El libro de Óscar Barahona Streber (abogado) y J. Walter Dittel (actuario), titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, impreso en el Centro Editorial de la Ciudad de Guatemala, el 21 de septiembre de 1946, 215 pp., contiene la presentación y el proyecto de ley de lo que sería más adelante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

A continuación un extracto de lo que exponen los autores. En la primera parte, después de analizar el seguro social del presidente Manuel Estrada Cabrera, se comentan las leyes de pensiones y jubilaciones vigentes durante el gobierno de Jorge Ubico, a través del decreto legislativo No. 1811-1932 del 30 de abril de 1932, que recoge normas y costumbres establecidas en el país, en el que implantó un sistema de previsión social para la mayor parte de los trabajadores del Estado.

Incluía dicho decreto a los trabajadores de los tres poderes del Estado; funcionarios públicos (v.g. Miembros de la Corte Suprema de Justicia); y diputados miembros del Congreso. Se exceptuaron: soldados y clases del ejército —por disponer de ley propia—; los maestros de educación primaria aun cuando se les otorgan los beneficios de dicha ley; los obreros que trabajan en obras públicas; los agentes de la policía —también protegidos por la Ley Constitutiva del Ejército—; y personal cuyos salarios sean pagados por planilla.

La contribución de los beneficiarios es igual al dos por ciento de los sueldos o salarios que devenguen, pero no alcanza ni para cubrir la cuarta parte de las prestaciones que se pagan.

También incluían jubilaciones y “pensiones”, estas últimas como fondo de pensión vitalicia por invalidez. Por otra parte, existían los montepíos que constituyen en el fondo, pensiones para supérstites o sobrevivientes.

Otras disposiciones de esa época, en que Guatemala estaba viviendo la crisis económica derivada de la Gran Depresión de 1929, consistió en que el mencionado decreto revalidó el decreto gubernativo No. 1257-1932, del uno de abril de 1932. Este último establecía que mientras el Poder Ejecutivo considerase que había crisis económica y fiscal en el país, las prestaciones se rebajarían entre un diez y un treinta por ciento. Recuérdese que el gobierno de Ubico redujo los salarios de los trabajadores públicos hasta un treinta por ciento. Y esa medida indujo también a que los salarios de las empresas privadas rebajaran salarios.

El 18 de mayo de 1934 se emitió el decreto legislativo No. 2002-1934, según el cual se impuso una nueva rebaja que osciló entre el veinte y el cincuenta por ciento, y se dispuso, además, que ninguna prestación excedería de setenta y cinco quetzales al mes.

El 29 de mayo de 1934 se dictó un nuevo Acuerdo Gubernativo, según el cual la rebaja establecida por el mencionado decreto 2002-1934 no se aplicaría a quienes con anterioridad a la vigencia de este texto legal se les hubiera concedido una “pensión”, “jubilación” o “montepío”, con una rebaja aceptada voluntariamente,

El decreto 2002-1934, a pesar de su carácter transitorio, hasta 1946 tuvo vigencia indefinida en virtud de haber sido prorrogado en sus efectos por los Decretos Nos. 1825 y 2058-1935.

El 17 de abril de 1936 se emitió el decreto No. 2147-1936 autorizando al Poder Ejecutivo a conceder beneficios mayores de Q300, pero sin exceder los Q350.

El libro de Óscar Barahona Streber (abogado) y J. Walter Dittel (actuario), titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, impreso en el Centro Editorial de la Ciudad de Guatemala, el 21 de septiembre de 1946, 215 pp., contiene la presentación y el proyecto de ley de lo que sería más adelante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Como subtítulo, un tanto largo, indica el libro lo siguiente: “Informe Preliminar sobre las Posibilidades del Establecimiento de un Régimen de Seguridad Social en Guatemala, presentado por el Lic. Óscar Barahona Streber y el Actuario J. Walter Dittel, ante la Comisión de Seguros Sociales nombrada por el Gobierno de la República, e integrada por el Lic. José Rölz Bennett (Presidente), Dr. César Meza, Ing. Jorge Arias, Lic. Salvador Saravia, y Lic. J. Antonio Reyes Cardona; dictamen de dicha Comisión apoyando las conclusiones del expresado Informe, y texto del respectivo Proyecto de Ley, elaborado de común acuerdo por la referida Comisión, y los Señores Dittel y Barahona”.

La parte primera del libro contiene una descripción poco conocida sobre la Ley Protectora de Obreros, decreto No. 669-1906, de la época de Estrada Cabrera. Los autores señalan que esa ley tenía como fin proteger a los trabajadores contra los riesgos profesionales que les acaecieren, y en los considerandos indica que es “principalmente” cuando “accidentes desgraciados en el servicio les imposibilitan de llenar sus más perentorias necesidades”.

La Ley contaba con tres considerandos y 20 artículos, algunos de ellos ambiguos y mal redactados como indican los autores.

Algunas de las observaciones que hacen es que el campo de aplicación es vastísimo, abarcando toda la clase trabajadora de Guatemala, incluso a los que laboran en la agricultura; no se previó una entidad central con los poderes necesarios para hacer efectiva la Ley; y tampoco se ofreció un procedimiento rápido y barato para el cobro de las respectivas indemnizaciones.

Entre las observaciones se encuentra el que la Ley responsabiliza al “jefe del establecimiento” y no al patrono, de todo accidente que ocurra a los trabajadores durante el trabajo.

Pero lo peor, agregan los autores, es que se equipara el caso de “accidente” al caso de “enfermedad”, sin delimitar al mismo tiempo el concepto de “enfermedad profesional”, con lo cual podría darse la circunstancia de que a un trabajador se le desarrolle una enfermedad “durante el trabajo”, aunque originada fuera de éste, y tenga derecho a las indemnizaciones previstas por la Ley. Se trata pues de un decreto que casi establece en Guatemala el seguro de enfermedad. Lo propio ocurre con el seguro de maternidad, que los autores señalan que es confusa su redacción.

La Ley ordenó la creación de Cajas Cooperativas de Socorros en cada fábrica, taller o explotación donde laboraran más de 10 trabajadores, con el objeto de crear fondos suficientes para el pago de las indemnizaciones que procedan. Pocas entidades de este tipo se establecieron, y el 14 de febrero de 1907 se reglamentó este aspecto de la Ley.

La contribución de los beneficiarios es igual al seis por ciento de los sueldos o salarios que devenguen, otorgando una indemnización vitalicia equivalente al sesenta por ciento de su salario, en casos de incapacidad permanente total o parcial.

Los autores recomendaron la derogación expresa y total del decreto No. 669-1906 y su reglamento.

josemolina@live.com

Le puede interesar

Exportación de servicios de Guatemala mantiene crecimiento

Tener una participación en el exterior es una exploración que surgió de la unidad de inteligencia de mercado que fue creada en septiembre del 2017, para darle un soporte financiero al Seguro Social. La referida unidad también hace estudios sobre el comportamiento de precios de medicamentos en el mercado local e internacional, para lograr mejores precios, que signifiquen ahorros a la institución

Cada año el IGSS asigna unos Q2 mil 600 millones para la compra de medicamentos y a junio último la ejecución era del 43% .

¿Cuál es el estatus financiero del IGSS?

Hay  un cambio de metodologías y adquisiciones. Los ahorros que se realicen por las compras  de medicamentos son recursos que van a caer al portafolio. Por otro lado, se está fortaleciendo la unidad de fiscalización.

Lea también: ¿Cómo la crisis en Nicaragua afecta a Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá de una forma “sin precedentes”?

¿Cuál es el estado de las reservas?

Las reservas institucionales al 13 de julio de este año son de Q32 mil 654 millones. Desde el punto de vista financiero, se deben  optimizar de tal manera que se puedan lograr mejores rentas —ganancias—.

¿Dónde se concentran las reservas?

Se componen en tres sectores donde están las inversiones, que son los bancos del sistema —depósitos a largo plazo—  con Q11 mil 519 millones; el Banco de Guatemala —compra de instrumentos financieros como certificados de depósito a plazo (CDP)—,  por Q7 mil 278 millones, y el Ministerio de Finanzas, con Q13 mil 856 millones en  bonos del Tesoro.

¿Cuál es el nuevo eje de  la política de inversiones?

Estamos explorando ampliar el portafolio en este momento, pero poder salir al mercado internacional por medio de la Bolsa de Valores no  está dentro de  la  política —de inversiones— de la institución.

¿Cuál sería el objeto?

Es ir a colocar parte de las inversiones, —que para el caso de Guatemala sería la Bolsa de Nueva York— siempre y cuando se obtengan mejores tasas de interés y que costean los costos por la intermediación.

El rector de la @SoyUSAC Murphy Paiz de reunió con el presidente del @Noticias_IGSS Carlos Contreras para abordar planes en conjunto. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/Rkmhid2I8X

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 16, 2018

¿Qué avances tienen para concretar?

Que es una alternativa viable y la idea es obtener mejores rentas. Por supuesto los fondos de inversiones son atractivos en el mercado financiero.

Existe una gran gama  de inversiones que el Seguro Social podría obtener, pero queremos hacer bien los análisis de riesgos para salir.

Le puede interesar: Guatemaltecos mueven la economía local con el bono 14

¿Cuando saldrán al mercado?

Depende no solo del comité de riesgo, sino de opiniones de la Contraloría General de Cuentas  y de la Superintendencia de Bancos.

Compras en bloque

A finales de junio, el IGSS suscribió un primer contrato de compra de medicamentos por medio del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca) y  en las siguientes semanas se llevará a cabo otro evento con el mismo sistema de compra.

El ahorro por la compra en volumen de estos medicamentos es de Q19 millones. También se preparan compras por medio de subasta inversa.

Contenido relacionado:

> IGSS amplió a 20 años plazo para invertir sus fondos y aumentó el porcentaje límite en bancos privados
> IGSS no mejorará situación financiera  pese a exoneración
>  IGSS presentará 8 mil demandas por impago e inhabilitará a miles de proveedores del Estado

He buscado la bibliografía relacionada con la creación de los seguros que cubre el IGSS, tanto en lo que se refiere a la atención médica como invalidez, vejez y sobrevivencia. Muchas personas tienen en mente que la idea de esto fue del presidente Juan José Arévalo; sin embargo, no fue así, hubo una cuestión previa que se remonta a 1944, en el cruce de los gobiernos de Jorge Ubico y la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta última derivada de la Revolución del 20 de octubre de 1944, que gobernó hasta el 15 de marzo de 1945, día en que tomó posesión el presidente Arévalo.

César Meza presentó su tesis de graduación como médico con el título Guatemala y el Seguro Social Obligatorio. Fue presentada en la Facultad de Ciencias Médicas de la entonces llamada Universidad Nacional, en la Ciudad de Guatemala, e impresa por la Tipografía Nacional, con 115 páginas. En la introducción anota como fecha el 14 de octubre de 1944.

En el prólogo, el doctor Carlos Federico Mora, en ese entonces rector, señala que el autor de esta tesis la concibió y, en gran parte, la elaboró mientras imperaba en Guatemala una dictadura que fue rotundamente hostil al simple intento de preocuparse por los problemas sociales de nuestro país. El acto de graduación aparentemente fue después de la renuncia al cargo del presidente Jorge Ubico, el 1 de julio de 1944. Agrega que el autor capta la noticia de la obra social que en otros países se está realizando.

En la primera parte de la tesis indica que inicialmente en su investigación trata del estudio del caótico estado social obrero en nuestro país, y que en términos generales el obrero es el eje central del asunto.

La segunda parte incluye los siguientes apartados: Seguro Social Obligatorio; Concepto del Seguro Social; y del Seguro Social y el Estado. La tercera parte contiene el epílogo, conclusiones, sugestiones, bibliografía y proposiciones.

En la síntesis histórica se señala que en Inglaterra surgió la llamada Ley del Pobre, para proteger a los sin fortuna. Bismarck, en Alemania, en 1891, pidió a su gobierno una legislación con reformas sociales, la cual se aprobó en 1883, bajo el nombre de Ley del Seguro Social. Se llevaron a cabo conferencias internacionales de seguros sociales en 1889, en París, y hasta la séptima conferencia, en 1925, se aprobaron convenios y recomendaciones al respecto. Después de la Primera Guerra Mundial y derivado del Tratado de Versalles, nació la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) con el Departamento del Seguro Social Adjunto. Siguió una nueva conferencia en Chile, en 1942, la cual reconoció que la Ley del Seguro Social de México era en ese entonces la más perfecta de América. En Inglaterra, el Seguro Social, concebido en 1942 por Sir William Beveridge, y por establecerse en 1944, era la síntesis más completa hasta ese momento.

El autor concluye que se impone la creación de un organismo en Guatemala que haga nacer e imparta la asistencia social, sustituyendo la beneficencia pública, y armonice esa nueva función con la beneficencia privada y la sanidad pública. Y en las sugestiones pide que la sanidad pública se eleve a la categoría de Ministerio de Salubridad Pública y Asistencia Social. Desde luego que esta última debe crearse.

josemolina@live.com

El clamor por las reformas democráticas es impulsado por amplios sectores sociales, que en las últimas dos semanas salieron a manifestarse a las calles para rechazar lo que denominan “opresión” y para defender su derecho a vivir en “libertad”.

“Queremos que haya libertad porque este gobierno que tenemos nos oprime”, dijo Emelinda Blandón, de 66 años, en una multitudinaria peregrinación que impulsó el sábado la Iglesia Católica para abogar por la paz y rezar por los caídos en las protestas.
Las manifestaciones violentas habían cesado este domingo, pero los nicaragüenses continuaron exigiendo castigo para los responsables de las muertes en las protestas.
Asimismo reclaman el respeto a la libertad de expresión y manifestación, la independencia de los poderes del Estado y la renuncia de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Que se vaya Daniel Ortega, ya suficiente tiempo que estuvo en el poder”, exclamó la ciudadana Vida Zeledón, de 45 años, en una manifestación.

• Ortega y Murillo: un poder casi absoluto en Nicaragua
   

“Es imperativo restituir el Estado de derecho iniciando con elecciones libres y transparentes de manera anticipada” a las previstas en 2021, señaló por su parte el grupo opositor “Hagamos Democracia”.

Un diálogo muy esperado

El Gobierno anunció un diálogo para poner fin a la crisis, pero hasta este domingo no había definido una agenda ni fecha para iniciar las pláticas.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, reiteró el sábado la disposición de los obispos de mediar en un diálogo, pero dieron un plazo de un mes al Gobierno para que se lleguen a acuerdos.
“Si en un mes no vemos que hay avances en el diálogo, que está estancado, que no hay buena voluntad (..) los obispos nos retiramos”, advirtió Brenes.
“El Gobierno pretende dar por terminada la protesta en base a que, al verse contra la pared, llamó a un diálogo”, el cual “no pasa de ser un espejismo”, reprochó la afamada escritora Gioconda Belli en un artículo de opinión.

• ¿Cómo se gestó la rebelión que amenaza a Nicaragua?

“Respaldamos un diálogo que tenga como su primer y más importante objetivo la democratización de Nicaragua“, demandó por su lado el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Por una Nicaragua libre

Ortega, quien gobernó por primera vez de 1979 a 1990 tras el derrocamiento de la dictadura somocista, retornó al poder en el 2007 y fue reelegido en el 2011 y el 2016 en medio de procesos electorales muy cuestionados por la oposición.
Sin embargo, la violencia que ejerció contra los manifestantes que salieron el 18 de abril a protestar contra la reforma al seguro social, irritó a los nicaragüenses pese a que el Gobierno dio marcha atrás con su medida.
Eso fue “la gota que derramó el vaso”, dijo el ciudadano Javier Hernández.

“Nicaragua necesita ser libre, después de tanto tiempo volvimos a caer en la represión”, lamentó la universitaria Susana Castellón.

• Daniel Ortega, un exguerrillero se enfrenta a una rebelión

Ortega y Murillo “no muestran ninguna compasión, ni siquiera un poco de empatía con los familiares de los muertos a quienes llaman delincuentes, pandilleros y narcotraficantes”, acusó por su lado el exmiembro de la dirección del Frente Sandinista, el disidente Luis Carrión.

Apoyo para Ortega

Pese a las protestas y reclamos de la oposición, Ortega aún cuenta con grupos de excombatientes que este domingo expresaron un fuerte respaldo hacia el presidente.

“Estamos con Daniel, estamos con el Frente, hay sandinistas para rato”, aseguró el excombatiente sandinista, Francisco Cuendis, en un encuentro partidario en Rivas (sur).
“Daniel no está solo, aquí estamos hombro a hombro con nuestro pueblo”, afirmó el legendario excomandante guerrillero, Edén Pastora.
La movilización popular que hubo en Nicaragua fue un “intento de golpe de Estado”, denunció por su lado el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, en el canal legislativo tras dar su apoyo al Gobierno de Ortega.

Marcha de apoyo al presidente

El Gobierno de Nicaragua convocó para mañana lunes una marcha en apoyo del presidente, Daniel Ortega, luego de la multitudinaria manifestación opositora del sábado, después de 11 días de protestas contra una reforma del sistema de seguridad social que derivaron en hechos de violencia con decenas de muertos.
Bajo el lema “Por la paz y el diálogo, todos con Daniel” y a través de la televisión oficial Canal 6, el Gobierno sandinista convocó la marcha en la Plaza de las Victorias, un sector en la Carretera a Masaya, una zona céntrica de Managua cercana del escenario donde ocurrieron los enfrentamientos entre estudiantes y policía la semana pasada.

• Nicaragua: Rosario Murillo, la poderosa y extravagante mujer de Daniel Ortega que se convirtió en su compañera de lista para la reelección
   

La marcha sandinista pretende ser una demostración de fuerza política del partido en el gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder hace 11 años ininterrumpidos, dos días después de la multitudinaria manifestación el sábado convocada por la Iglesia Católica en las afueras de la Catedral de Managua.

Contenidos relacionados:

>Nicaragua evalúa diálogo luego de 8 días de violentas protestas que dejaron 34 muertos

>La doble moral de Ortega

Asimismo, centenares de campesinos opuestos a la construcción de un canal interoceánico en la zona sureste de ese país centroamericano se sumaron a la marcha, la segunda realizada en Managua en el marco de las protestas que estallaron hace 10 días por una reforma al seguro social.

• Ortega y Murillo: un poder casi absoluto en Nicaragua
   

Las protestas y se extendieron tras la violenta reacción de la Policía, que dejó 63 muertos según la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El Gobierno sólo reportó 43 decesos.

Aunque Daniel Ortega revocó la reforma del seguro social y accedió a instalar un diálogo con distintos sectores, bajo mediación de la Conferencia Episcopal, hay expectativas de la población porque hasta ahora no se ha informado cuándo iniciarán las conversaciones ni quiénes participarán.

La reforma establecía un aumento en las cuotas de trabajadores y empresas al Seguro Social. Según la norma, los trabajadores aumentarían su aporte mensual al INSS de 6.25 a 7 por ciento, mientras la contribución del sector empresarial subiría 2 puntos porcentuales este año y 1.5 puntos en los próximos dos años, para completar un incremento del 19 al 22.5 por ciento al cierre del ajuste.

Nicaragua atraviesa una crisis que este sábado cumple 11 días, debido a multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Ortega, que iniciaron por reclamos a una reforma del seguro social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión, debido a las múltiples muertes causadas por la represión.
La población exige la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Nicaragua vive pendiente del comienzo del diálogo que en próximas fechas, todavía sin especificar, protagonizarán el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora.

• Daniel Ortega, un exguerrillero se enfrenta a una rebelión

Desde que comenzaron las protestas hace una semana, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 42 muertos y un total de 48 desaparecidos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias incrementan esta cifra hasta las 63 víctimas.

 Los estudiantes nicaragüenses exigieron este sábado la conformación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de los 42 muertos que dejaron las protestas contra el gobierno la última semana, como condición para iniciar un diálogo, informaron sus representantes.

“Esta comisión deberá investigar, condenar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión”, demandaron los estudiantes universitarios en una declaración pública.
Los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Corte Internacional de Justica (CIJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas (ONU).

Los universitarios rechazaron que los crímenes sean investigados por “la mal llamada Comisión de la Verdad” que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció el viernes que formaría con personas notables.
“No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos”, repudiaron los estudiantes, tras pedir la disolución de dicha comisión.

Dimite la jefa de la Policía de Nicaragua

 La noche de ayer viernes se anunció la sorpresiva dimisión de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera.
La jefa policial había sido asediada por las críticas en el manejo de la crisis y la represión ordenada contra miles de manifestantes que exigen el fin del régimen de Daniel Ortega Ortega.
Granera se mantenía en su cargo desde el 2006. En sus 12 años al mando de la Policía Nacional de Nicaragua se le ha señalado por corrupción, uso excesivo de la fuerza y complicidad en la entrega del control total de la institución al presidente Ortega, a quien ella llamó “líder supremo de la Policía”.
Investigaciones de medios independientes revelan que durante su mandato creció el patrimonio personal de la ahora exjefa policial, que pasó de vivir en una casa de clase media en la capital, a contar con varias propiedades de lujo en el país.
Ella forma parte de lo que en Nicaragua se conoce como la “burguesía orteguista”.

Obispos darán un mes para que se cumplan acuerdos de un diálogo

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció  que dará un mes de plazo al Gobierno de Daniel Ortega para que cumpla los acuerdos de un eventual diálogo nacional, al que fue invitada como mediadora, y en el que participarían la empresa privada y otros sectores no anunciados, con el fin de superar la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

“Al mes de instaurado este diálogo, haríamos un alto para valorar la voluntad, la implementación, y el cumplimiento serio y real, de los acuerdos a los que hayan llegado las partes, (…) si no se están dando esos pasos, informaríamos al pueblo, y les diríamos que así no podemos seguir, que no se pudo”, dijo el presidente de la CEN, el cardenal Leopoldo Brenes.
El religioso hizo el anuncio durante una peregrinación convocada por el clero, tan grande o más numerosa que la del lunes pasado en Managua, cuando cientos de miles de nicaragüenses aprovecharon la ausencia de la Policía Nacional y de grupos de choque del Gobierno para manifestarse pacíficamente contra Ortega.
El diálogo, que no tiene fecha prevista, es la apuesta que tienen los grandes grupos de poder de Nicaragua para solucionar una crisis que en 11 días ya cobró 63 muertos, en su mayoría jóvenes universitarios, y una cantidad de desaparecidos que fluctúa alrededor de los 48, según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Estamos invitando a nuestras empresas, a los empresarios, a nuestros trabajadores, a que marchemos por la paz, por el diálogo”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, en conferencia de prensa.

El llamado del sector empresarial de Nicaragua se dio luego de tres días de violencia generalizada en todo el país, en el que los nicaragüenses han demostrado su inconformidad con el Gobierno de Daniel Ortega, y que tuvo como detonante las nuevas medidas de seguridad social, que aumentan la cuota patronal y laboral, y además establece una cotización de 5 por ciento para los jubilados de por vida.

RT #QueSeSepa lo que está pasando en #Nicaragua tras las reformas al #INSS. #ResistenciaCiudadana pic.twitter.com/HetCAPjlEX

— La Prensa Nicaragua (@laprensa) April 20, 2018

Los representantes de las patronales nicaragüenses también solicitaron al Gobierno que no saque del aire a los canales de televisión que informan sobre los brotes de violencia, y que los estudiantes universitarios arrestados por manifestarse “puedan salir libres de manera inmediata”.

“Instamos al Gobierno de Nicaragua escuchar los planteamientos, las propuestas, muy de nación, que está haciendo el sector privado, para entrar en una mesa de diálogo amplia, inclusiva, de estos temas que agobian al país”, señaló el presidente del Concejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres.

Por su lado, la dignataria sostuvo que ninguna de las partes ha dado por concluido ese modelo de alianza y consenso, “que a Nicaragua ha dado tantos frutos y resultados”.

Murillo aseguró que las reformas a la seguridad social aprobadas por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) son una “propuesta”, pese a que ya fueron publicadas en el Diario Oficial, La Gaceta.

“No hay nada concluido, Se puede seguir trabajando en esa mesa de encuentro, dialogo y búsqueda de consenso”, según dijo.

Otros temas a discutir en esa mesa serán sobre “inversiones y proyectos que procuren trabajo y afiance la paz”, indicó.
Asimismo, anunció que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que no ha comparecido públicamente hasta ahora, se presentará este sábado junto a la jefatura del Ejército y la Policía Nacional para dar detalles sobre la situación de violencia vivida en los últimos días.

• Le puede interesar | Estudio advierte del deterioro de la democracia en Latinoamérica

Las protestas continuaban en varias ciudades del país la noche de este viernes, una jornada en la que se registraron tiroteos en las manifestaciones.

Aunque las reformas de la seguridad social sirvieron como desencadenante de las manifestaciones, un ambiente de rebeldía contra el Gobierno de Ortega ya se notaba desde los últimos meses del año pasado, con la escasa participación en los comicios presidenciales de 2016 que dieron la reelección al mandatario con su esposa como vicepresidenta.

También el alza en el costo de la vida, los actos de corrupción y acciones contra la libertad de expresión en Nicaragua, entre otros.

Contenido relacionado

> Resurgen manifestaciones pacíficas en Guatemala

> Paro Nacional: Quetzaltenango se une a movilizaciones

Justicia

"la decisión -de suscribir el contrato con Pisa- fue de una distinguida dama".

Se limitó a decir que el segundo sería entregado cuando concluyera el debate oral que se desarrolla en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, y del primero no dio fecha.

La testigo le aseguró  al Tribunal que  para el convenio firmó un documento durante una reunión en la que participaron los abogados de la Droguería Pisa y  de la Fundación Sobrevivientes, quien  los representaba.

• A prisión los 17 sindicados implicados en el contrato PISA-IGSS

Al terminar su declaración, Sirín dijo a Prensa Libre que, por seguridad, no revelaba la cantidad que le entregaron, pero podría superar los Q500 mil.

El 6 de diciembre del 2017, siete querellantes del caso desistieron de continuar. Ayer, otras tres personas brindaron testimonio. El juicio continuará el 20 de febrero.

No siguen en el proceso

En el diciembre pasado cuando se reanudó el debate contra la Droguería Pisa, se supo que los familiares de los pacientes fallecidos que se habían adherido al caso se retiraron como querellantes.

Esa vez, el abogado Rodolfo Díaz, que representó a los pacientes, no confirmó la indemnización a las víctimas, pero tampoco negó tal extremo. Sí advirtió que cualquier declaración podría poner en peligro a las personas.

Murió sin saber si habrá justicia

Sorayda Macz Ortiz, la paciente renal del IGSS, fue la primera en denunciar el riesgo en que se encontraban los afectados por Pisa y organizó a los pacientes para querellarse en el proceso penal. Macz Ortiz murió el 5 de octubre del 2016, cinco días antes de que comenzara el juicio contra la droguería.

En detalle:

• El IGSS contrató a Droguería Pisa después de seis años de haber trabajado con la empresa Baxter.
• El contrato otorgado a Droguería Pisa fue de Q116 millones 227 mil 35, para tratamiento de diálisis peritoneal.
• Se presentaron 85 quejas por mal servicio de esta firma.
• Al menos 22 de 104 pacientes remitidos para ser atendidos por la empresa Pisa fueron infectados al cambiarles catéter.
• El contrato a Droguería Pisa fue adjudicado el 6 de octubre del 2014, pero Baxter siguió prestando el servicio hasta enero recién pasado, pues la ganadora no tenía los insumos para hacerlo.
•  El IGSS asegura que Baxter ofreció un servicio Q10 millones más caro.
• Se estima que en el país se suman cada año mil 500 casos de insuficiencia renal.

Desarticulan red de corrupción que operaba en IGSS

En mayo del 2015, la cúpula del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue capturada bajo señalamientos de corrupción por la adjudicación anómala de un contrato por Q116 millones a favor de Droguería Pisa, para atender a pacientes con insuficiencia renal.

Las investigaciones revelaron que el contrato estaría plagado de irregularidades y que incluso hubo un pago por la aprobación.

Contenido relacionado:

• Exdirectiva del IGSS encabezada por Juan de Dios Rodríguez suma delito
• Juan de Dios Rodríguez: “El abogado defensor es Jesucristo”
• Los 10 argumentos de descargo de Juan de Dios Rodríguez

LE PUEDE INTERESAR:

Entérese por qué la fuerza laboral juvenil no es bien aprovechada

“Negar este derecho humano a cuatro mil millones de personas en el mundo constituye un gran obstáculo para el desarrollo social y económico”, señaló en rueda de prensa el director general de la OIT, Guy Ryder.

El nuevo estudio también muestra que solo el 29% de la población mundial dispone del acceso a una seguridad social integral, lo que representa no obstante un “pequeño” aumento frente al 27% de 2014-2015, en tanto que el 71% o 5 mil 200 millones de personas no están protegidas o lo están únicamente parcialmente.

El estudio muestra asimismo que solo el 35% de los niños del mundo se beneficia de un acceso efectivo a la protección social, por lo que más de mil 300 millones de menores no están cubiertos, la mayoría en África y Asia.

Por su parte, la cobertura de la protección social para las personas en edad de trabajar sigue siendo limitada.

Solo 21.8% de los trabajadores desempleados se beneficia de prestaciones de desempleo, mientras que 152 millones de trabajadores desempleados no tienen cobertura, destacó Ryder.

Con respecto a las mujeres, solo el 41.1% de las madres de recién nacidos perciben una prestación por maternidad y 83 millones de las nuevas madres no tienen cobertura.

Los nuevos datos de la OIT muestra también que en el mundo solo 27.8% de las personas con discapacidades severas reciben una prestación por discapacidad.

Sin embargo, la investigación indica que, a escala mundial, el 68% de las personas que superan la edad que da derecho a la jubilación reciben una pensión por tal motivo, lo que la OIT atribuye a la expansión de las pensiones contributivas y no contributivas en numerosos países de ingresos medios y bajos.

En promedio, y con grandes variaciones regionales, el gasto en pensiones y otras prestaciones para los adultos mayores representa el 6.9% del PIB, pero el informe pone de manifiesto que “el nivel de las prestaciones es con frecuencia demasiado bajo e inadecuado para permitir que los adultos mayores salgan de la pobreza”.

Esta tendencia suele estar incentivada por las medidas de austeridad”, destaca la OIT.

El estudio igualmente muestra que el derecho a la salud todavía no es una realidad en muchas regiones del mundo, en especial en las zonas rurales, donde 56% de la población carece de cobertura de salud, frente al 22% en las zonas urbanas.

Los cuidados de larga duración – necesarios sobre todo para los adultos mayores – siguen excluyendo a más del 48% de la población mundial y las mujeres resultan desproporcionadamente afectadas.

Sólo el 5.6% de la población mundial vive en países que ofrecen una cobertura de cuidados de larga duración para toda la población, de acuerdo con su legislación nacional, según la OIT.

Como consecuencia, se estima que unos 57 millones de trabajadores “voluntarios” no remunerados dispensan la gran parte de los cuidados de larga duración, principalmente mujeres que llevan la mayor parte del peso del cuidado informal de los familiares.

“En el año 2017 esta carencia global en la protección social es y debería ser vista como algo completamente inaceptable”, dijo Ryder.

Para remediar esta situación, el informe recomienda aumentar el gasto público destinado a la protección social, a fin de extender la cobertura social, sobre todo en África, Asia y los estados árabes, para garantizar al menos un suelo de protección social básico para todos, señaló el director general de la OIT.

Ryder también dijo que es importante la “idoneidad” del nivel de las prestaciones sociales, ya que a menudo son insuficientes para sacar a personas de la pobreza y la inseguridad.

También destacó la necesidad de extender la protección social a los trabajadores de la economía informal como una manera de formalizar su actividad y mejorar sus condiciones de trabajo.

Ahorros

Igss logra comprar medicamentos

Fabrizio Feliciani director de la Región de América Latina y el Caribe de Unops indicó que los 228 medicamentos que se adquirieron se erogaron US$27 millones (Q197.1 millones) y que si se hubiesen comprado a través del IGSS el costo llegaba a los US$54 millones (unos Q400 millones).

Las autoridades informaron que en ese marco se espera hacer una cuarta licitación, con más volumen de productos, ya que algunas unidades médicas hicieron un requerimiento menor. Por lo que a partir de ahora es obligatorio que las unidades hagan un pedido real.

Contreras indicó que a partir de ahora las unidades médicas que adquieran medicamentos por medio de compra directa tendrán los precios de referencia que Unops obtuvo con los insumos adquiridos y que solo con ese precio se podrá adquirir.

Los directivos de Unops indicaron que la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia hará un estudio técnico científico de los 731 códigos que tiene el Seguro Social para determinar cuáles son necesarios y si los compuestos llenan los requisitos para aliviar a los pacientes.

Denunciarán a proveedores

Contreras manifestó que si hay proveedores que en el pasado reciente nos estuvieron vendiendo en compra directa en un incremento del 50, 200 300 y 500 por ciento, sobre los precios que se han logrado en las licitaciones competitivas, no se autorizará la compra sino que se van a abrir las investigaciones para establecer si hay irregularidades que deban se perseguidos por el Ministerio Público.

Entrevista

Se busca un mejor precio

El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín  manifestó que una de las fallas  del Seguro Social era la adquisición de medicamentos apostamos que este modelo iba a tener los resultados que hoy se están dando a conocer.

“Sin esta plataforma que está en proceso de construcción de un sistema de adquisiciones más transparente era dificil que el IGSS pudiera entrar a reformar otras unidades, porque muchos de los recursos se drenaban  en adquisiciones totalmente opaca en beneficio de los proveedores y no de la institución”, indicó Marroquín.

Desde el 2008 los campesinos de la tercera edad comenzaron los trámites de jubilación, pero en el IGSS les indicaron que los patronos nunca cancelaron las cuotas, por lo que no tenían derecho al IVS. Han tocado muchas puertas sin resultado positivo. Es más, pareciera que las autoridades del Estado responden a los intereses de los finqueros. Desde el año pasado la PNC ha lanzado una persecución contra cinco activistas humanitarios que acompañan a los campesinos afectados. Ese es el caso de Dalila Mérida, quien fue capturada luego de que su casa fuera allanada. Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad ha actuado contra los hacendados que han incurrido en apropiación y retención indebida de las cuotas laborales desde 1998. El IGSS informa que a los finqueros les han ofrecido que paguen el adeudo exento de multas, pero la respuesta ha sido negativa.

¿Quiénes son los finqueros que le han robado a sus trabajadores? La hacienda era propiedad de la familia Campollo, que luego la vendió a la familia Quintanal. Ambos clanes son responsables de la estafa contra los campesinos. ¿Tienen limitaciones económicas estos grupos empresariales? No, todo lo contrario. Los Campollo forman parte del G-8, el grupo integrado por los empresarios más adinerados del país y tienen grandes plantaciones de hule, caña de azúcar, palma africana, además de inversiones en bienes raíces y financieras. Los Campollo también tienen intereses en la Compañía Petrolera del Atlántico, gracias a las concesiones que hizo el gobierno de Álvaro Arzú en Izabal. Este grupo empresarial también fue mencionado en el escándalo del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas de cartón para operar en paraísos fiscales, lejos del control tributario de sus países de origen.

Esta es la cruda realidad de un país con una enorme desigualdad social. Don Eugenio dejó su vida en la plantación de hule durante 25 años. Sus curtidas manos contribuyeron a generar la riqueza de sus patronos, de sol a sol, aunque a él solo le significó la pobreza eterna. Cuando le correspondía gozar de su jubilación se enteró de que lo habían estafado. Sí, esos mismos a los que su trabajo ayudó a enriquecerse. Y cuando un grupo de campesinos decidió hacer un plantón frente a la finca, fueron atacados a balazos. ¿Merecía morir así un trabajador que reclama sus derechos? ¿Es esta una forma humana de resolución de conflictos? ¿Qué dicen ante este asesinato los que pregonan la Responsabilidad Social Empresarial? Las autoridades deben investigar a fondo para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este asesinato, además de lograr que los campesinos estafados reciban la jubilación a la que tienen derecho.

@hshetemul

Resulta ser que cuando don Eugenio y otros trabajadores de esta finca fueron a tramitar su jubilación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), les dijeron que su patrono no había trasladado las cuotas correspondientes. A cerca de 200 extrabajadores de esta finca, localizada en Coatepeque, Quetzaltenango, les descontaron de sus magros sueldos, durante 25 años, la cuota laboral para aportar al IGSS, pero esta nunca llegó a pagarse.

En octubre de 2015 se publicó en este diario una nota que reportaba que —de acuerdo con datos del IGSS— 271 patronos del sector municipal, 9,845 del sector privado y 89 entidades descentralizadas han dejado de pagar las cuotas patronal y laboral. Cualquier trabajador puede denunciar a su patrono cuando este no traslada las cuotas. Lo puede hacer ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) o en el propio IGSS. En el artículo 272 del Código Penal se tipifica el delito de apropiación y retención indebidas. Cualquier patrón que se quede con las cuotas laborales comete este delito, que tiene una sanción de seis meses hasta cuatro años de prisión y una multa de cien a tres mil quetzales.

En el acta número 14-2016 de las sesiones de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, del 12 de julio de 2016, se recoge una reunión sostenida por los diputados de dicha comisión para tratar sobre los extrabajadores de la finca San Gregorio. En la misma participaron representantes de la PDH, del Mintrab, del IGSS, de los extrabajadores y de los dueños de la finca. En síntesis, el Mintrab señaló que el IGSS no había actuado como es debido, pues tuvo que presentar las denuncias penales. El presidente de la Comisión, diputado Ronald Arango, cerró el acta recomendando al IGSS trabajar conforme a derecho y con conciencia hacia los trabajadores, a quienes en su momento les fue descontada la cuota correspondiente. ¿Qué hicieron las instituciones encargadas de dar seguimiento a la denuncia de los extrabajadores de esta finca? ¿Y qué están haciendo ahora mismo?

Veo una foto en la noticia sobre la muerte de don Eugenio: sus botas de hule enlodadas, su pantalón negruzco gastado de tanta injusticia, pobreza y discriminación. Noto en su mano, huesuda y agrietada por el tiempo y el azadón, manchas de una sangre roja que se sumará a tanta sangre derramada en este país. Don Eugenio, con sus 75 años a cuestas, quizá sin saber leer ni escribir, con el estómago cotidianamente vacío, murió pensando que en este país se puede hacer justicia.

Sin embargo, cada vez es más difícil imaginar que Guatemala llegue a ser una sociedad en paz: acá un muerto, allá en Petén militares desalojando comunidades pobres; en Santa Rosa, la policía abusando de su fuerza con la población que manifiesta contra la minería. Las niñas calcinadas. Mientras tanto, los que ganan con esta miseria colectiva le pagan a lobbistas en Estados Unidos, y otros presionan por pagar menos impuestos y salarios más bajos. ¡Cuántas infamias están permitidas en el país de la impunidad!

jmenkos@gmail.com

Propongo que los objetivos más fundamentales serían ampliar la cobertura, aumentar la inversión, disminuir los costos y bajar los precios de servicios de salud. Dados estos objetivos, pensaría deseable promover la competencia y la innovación en servicios de salud, así como reducir la reglamentación y obstáculos. Es axiomático que si se quiere menos de algo en una sociedad, se prohíbe y encarece su producción y oferta, y se facilita y abarata si se quiere más. Es necesario pensar “afuera de la caja” y salirse del paradigma que todo se resuelve dándole más dinero al mismo modelo.

Aunque para muchos es una idea radical, hay que desmonopolizar el IGSS. No me refiero a privatizarlo ni eliminarlo, sino abrirlo a la competencia. Esto significaría que los trabajadores cotizantes puedan elegir su seguro médico y que haya libertad para que empresas privadas puedan competir en igualdad de condiciones. El IGSS no se va a componer con un cambio de autoridades; es necesario someterlo a la disciplina de la competencia y la preferencia del consumidor. Con más de 60 años de monopolio, es imperativo que las cuotas de trabajadores y patronos dejen de ser una piñata para la rapacidad de la clase política y monedero del Gobierno. Agrego que también habría que desmonopolizar el sistema de pensiones.

La desmonopolización del IGSS solo puede funcionar si se desregula y libera el mercado de seguros, bajando la barrera de entrada para que surja la competencia e innovación disruptiva. No soy capaz de imaginar toda la clase y variedad de seguros médicos que surgirían, si se eliminaran los obstáculos y se abriera el espacio competitivo. Pero sì sé que habría mucha inversión, en cantidad, variedad y amplitud. Sería imprescindible abrir el espacio y desregular para promover la competencia en servicios médicos. A quienes objeten que la salud no debe ser objeto de lucro, respondo que es todo lo contrario; si se quiere más, mejor y más barato, es indispensable el lucro y la competencia.

Para quienes caen fuera de la red del seguro médico obligatorio sugiero que se subsidie al paciente o usuario con un algún tipo de vale de servicios médicos. Esto significaría que las personas necesitadas recibirían vales que podrían canjear con médicos, clínicas y hospitales que estuvieran dispuestos a recibirlos. De esta manera, el paciente tiene el control y la capacidad de elegir y surgirían muchas diferentes modalidades de servicios médicos compitiendo en el mercado. Otro tema sería concesionar la gestión privada de instituciones de salud pública, así como desregular y fomentar los patronatos de salud. Las grandes compras de equipamiento y medicinas por parte de instituciones públicas, podrían ser subastas públicas con sobre cerrado, televisadas. En lugar de alquilar médicos cubanos, diseñar campañas de prevención, abriendo oportunidades para programas de “turismo estudiantil y médico”, atrayendo talento voluntario de todo el mundo.

Estas son tan solo algunas ideas, que estoy seguro tendrían muchos problemas, aunque serían menos de los actuales. El principio de fondo es aumentar la oferta, cobertura e inversión. Esto se logra diseñando políticas y estructuras institucionales que promueven la empresarialidad, competencia, innovación y la elección del consumidor.

fritzmthomas@gmail.com

Del techo se dejarían de percibir Q780 millones;  es decir, 55% menos.

La exoneración vigente en el acuerdo 10-2017, que permitió la exoneración del 100 por ciento de multas y moras por cuotas atrasadas de empresas privadas, instituciones descentralizadas y municipalidades, concluye el 31 de julio próximo.

No son ingresos

“El problema no es de  ingresos. Hace unos dos años había un fuerte superávit que se evaporó durante la presidencia de  Juan de Dios Rodríguez, y eso es lo que está pagando el IGSS”, afirmó Linares.

Agregó que ese superávit bien empleado hubiera servido  para ampliar y mejorar las instalaciones, y por eso se vieron en la necesidad de captar ingresos por este método, pero en el mediano plazo los ajustes deberán ser otros.

Un  ejemplo es  hacer ajustes paramétricos  como aumentar las cuotas patronales, número de años de contribución y edad de jubilación para aplazar el punto de desequilibrio financiero proyectado por la institución.

En el 2010, el IGSS aprobó un ajuste en las cuotas patronales y, de 180, los afiliados deben aportar en la actualidad 240.
Javier Rivera, subgerente financiero del IGSS, coincide con Linares y dijo que para salvar a la institución se deben hacer cambios estructurales.

Recordó que es el Estado el mayor deudor y que  para este año  no se cumplió con el presupuesto solicitado.
Rivera dijo que para el 2017 se solicitaron Q5 mil millones, pero se aprobaron solo Q710 millones, lo que significa  el  14.2% de lo que necesitan para funcionar.

Jaime Matus, presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios,  duda de que la exoneración sea  productiva porque el mayor deudor del IGSS es el propio Estado y los empleados públicos son los que más gozan de la seguridad social.

Matus manifestó que es un tema amoral, porque si el Estado, las municipalidades y entidades descentralizadas pagaran la deuda, esto se podría traducir en mejores servicios y atención.

Rivera aseguró que  la tabla de distribución a donde irá lo recaudado incluye, en porcentajes equitativos, mejoras de infraestructura, capacitación de personal, abastecimiento de medicamentos y para los programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) y el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (Precapi).

Según datos del IGSS, el IVS  podría tener  un quiebre financiero en 2024, mientras que el  desbalance de  EMA comenzó en 2015.  

Hasta finales de mayo, cinco mil 344 empresas  han  solventado su situación,  84 comunas de 340, y 36 entidades descentralizadas.

Rivera refirió que  el pago de las más de cinco mil empresas permitió que se les pueda brindar  servicio a  67 mil 811 afiliados.

Alcaldes Dudan

Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, afirmó que los alcaldes dudan en acercarse porque hasta hace un mes recibieron la notificación del  estado de cuenta enviado por el IGSS. Dijo que otra razón  es que  algunos jefes ediles solicitan exoneración por costas judiciales de casos sentenciados.  Javier Rivera, subgerente financiero del IGSS, recordó que la ley orgánica de esa institución estipula que la exoneración no se aplica a los casos en que ya hay sentencia.

Alfredo Del Cid Pinillos exgerente del IGSS y exministro de Finanzas, aseguró que la medida tendrá un impacto en la recuperación del capital, en términos contables.

“Aunque pierda intereses y recargos el IGSS podrá recuperar cartera y era la única vía para sanear deudas”, afirmó Del Cid.

• Lea más: Usuarios pagan más por tarifa social

Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dijo que habían casos —inclusive por la vía judicial— en los cuales se triplicaban los montos por las multas y recargos, que era insostenible desde el punto de vista financiero.

“El problema era para las personas que están gestionando su jubilización, porque el IGSS no estaba agilizando los trámites por los adeudos de las comunas”, afirmó.

El Acuerdo Gubernativo, que legalizará las exoneraciones será publicado esta semana, y las municipalidades tendrán un plazo de 60 meses (cinco años) para liquidar.

El vocero del Presidente, Heinz Hiemann, dijo ayer que la exoneración incluirá a otras entidades descentralizadas que tengan adeudos en sus cuotas.

Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo, dijo ayer que los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social, realizaron el requerimiento de exoneración de las multas y recargos a las comunas, luego de haber realizado los estudios técnicos.

“La decisión del IGSS fue con fundamento en su autonomía y no hubo injerencia del Ejecutivo”, afirmó la ministra.

Por salvoconducto legal, es el ministerio de Trabajo que gestionará la exoneración.

Hilda Morales, procuradora adjunta, señaló que por esa situación desde junio la PDH interpuso una acción constitucional de amparo, la cual fue declarada con lugar el 23 de septiembre pasado por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y les fue notificado el pasado 6 de diciembre.

En dicha sentencia la sala ordenó al IGSS abastecer de forma inmediata con medicamentos e insumos, efectivo y transparente que permita mantener un abastecimiento continuo para que desparezca del desabastecimiento, mecanismo que deberá estar concluido en un plazo no mayor de 30 días.

Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social otorga amparo a PDH para que @IGSSGT abastezca a todas las unidades pic.twitter.com/KexRU6l4K5

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) December 14, 2016

La Junta Directiva del IGSS citó a la PDH y a la Contralor General de la Nación derivado de la notificación de la resolución de la sala para coordinar los procedimientos administrativos encaminados a suministrar y garantizar la existencia de los medicamentos.

Durante la reunión, la representación de IGSS planteó un proyecto para realizar los procedimientos administrativos sin que estos impliquen violentar normas legales, pero que permitan agilizar el abastecimiento, para lo cual se espera que esta misma semana se tenga la opinión de ambas entidades y con lo que se iniciará el plan de compras en cumplimiento a sentencia de la Corte de Constitucionalidad, informó Comunicación Social del Seguro Social.

Según su criterio, la directiva actuó mal al dar marcha atrás a la prórroga de un contrato por un software para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el mismo día que el Ministerio Público realizó capturas relacionadas con el tema.

La congresista afirmó que en julio envió una carta a la directiva para que no se prorrogara el negocio que ese mismo mes fue aceptado. Lo mismo hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC), por medio de un oficio, donde indicaban que no era conveniente renovarlo.

Los directivos del IGSS en ese momento decidieron continuar el proceso con la empresa Intellego, S. C. y abandonarlo el 23 de noviembre pasado.

A criterio de la diputada “La Junta Directiva tiene la responsabilidad penal de haberlo hecho”. La denuncia es por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude de ley.

Mientras que el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Contreras indicó que a su criterio no hay ninguna ilegalidad, debido a que no había documentos que sustentarán que el sistema tenía irregularidades.

Contreras señaló que la institución no canceló nada de la renovación del contrato, y que se tenía pendiente una deuda del 15 por ciento, y que la empresa esperaba que con la renovación acuerdo se les iba a cancelar lo que faltaba y un adelanto, pero debido a la carta enviada por la contraloría el pago estaba suspendido.

El presidente del IGSS agregó que debido a las capturas que hizo el Ministerio Público la Junta Directiva decidió rescindir el contrato antes mencionado, por lo que a su parecer no hay delitos que perseguir.

Divididos

En la aprobación de la continuidad del contrato, hubo un voto en contra. Fue el representante de la Universidad de San Carlos, Edgar Balsells.

Pero en la aprobación final de dicho convenio, hubo dos votos disidentes, el de Balsells, y Alan Ruano, representante titular del Colegio de Médicos.

Ruano no estuvo presente en la votación donde aprobaron la prórroga y fue su suplente, Conrado Rivera.

Negociantes de la salud

Por un caso de corrupción fue detenido José Javier Donis Álvarez, gerente del IGSS, quien fue nombrado hace cinco meses.

También fueron detenidos, Carlos Ramiro Moino Cárdenas, sindicado de fraude y defraudación tributaria; Dominga Estela Cuellar Hernández, por incumplimiento de deberes; Rebeca Cordón, fraude, y Luis Alfredo Morales Palma, fraude.

Cuellar Hernández, fue subgerente del departamento de  Integridad y Trasparencia del IGSS, Morales Palma, representante legal de la entidad Intellego, S.C. -la compañía que obtuvo un contrato del sistema SAP-, Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Bussines Group, S.A. -obtuvo contrato de arrendamiento-.

Miono Cárdenas, es representante  de la empresa  Supplies Trading, S.A., a la que se le adjudicó el contrato de ambulancias en el Seguro Social.

Las cinco personas capturadas este miércoles estarían vinculadas a un caso de corrupción junto a otras siete que están detenidas. Los actos corruptos se habrían cometido en la adjudicación de contratos de arrendamiento de un edificio por US$30 mil mensuales por cinco años, la adquisición de ambulancias por Q880 mil y un sistema informático de Q243 millones.

De acuerdo con la judicatura, los detenidos deben ser investigados por asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción, entre otros cargos.

Entre los procesados está José Javier Donis Álvarez, quien había sido nombrado gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hace cinco meses, además de representantes de empresas proveedoras del Estado.

Entre los ligados a proceso está Carlos Ramiro Moino Cádernas, Dominga Estela Cuellar Hernández, Rebeca Cordón y Luis Alfredo Morales Palma.

Asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción, son algunos de los cargos de los procesados. @prensa_libre pic.twitter.com/GsK0cpUfWt

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) December 2, 2016

Cuellar Hernández, es subgerente de la empresa Integridad y Trasparencia, Morales Palma, representante legal de Intellego, S.C., Cordón, representante legal de Coral Gables Bussines Group, S.A..

Además Miono Cárdenas, es representante  de la empresa  Supplies Trading, S.A..

De acuerdo a las investigaciones previas del Ministerio Público, las personas ligadas a proceso están vinculadas a casos de corrupción junto a otros siete detenidos anteriormente.

El caso es por la adjudicación de contratos a las empresas mencionadas por el arrendamiento de un edificio por US$30 mil mensuales durante cinco años, la adquisición de ambulancias por Q880 mil y un sistema informático con valor de Q243 millones.

Personas que han estado toda una vida en una Isapre tienen que cambiarse al Fondo Nacional de Salud —Fonasa— después de los 60 años, porque no pueden pagar muchas veces los cobros de los planes. En el caso de las personas con enfermedades preexistentes, vemos que se les disminuye la cobertura de sus prestaciones, y si se quiere cambiar de una Isapre a otra, tendrá una cobertura más baja para la enfermedad anterior que para las enfermedades que no ha sufrido. Se podría decir que las personas son capturadas por una Isapre, sin posibilidad de negociar las condiciones de su contrato. Estas prácticas nos parece que son francamente abusivas, y en opinión del Tribunal Constitucional, algunas de ellas son, además, inconstitucionales.

El acceso a las prestaciones de salud es un derecho, y como tal, no es posible que su provisión quede enteramente librada a las leyes del mercado, comprometiendo así el bienestar de miles de personas. Chile necesita y demanda introducir más equidad y solidaridad en el sistema sanitario, y ello implica garantizar en todos los casos, sin excepción, el derecho efectivo a la salud. Y no cualquier salud, sino a una salud digna, de calidad y oportuna”.

Estos párrafos forman parte del discurso con el cual la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, conformó en marzo del 2014 la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema de Salud Privado. El financiamiento de la salud es uno de los principales desafíos que tienen los hogares chilenos que, aún con un nivel de ingreso muy por arriba del de Guatemala, no todos pueden costearse un seguro que cubra todas sus necesidades de salud.

Los seguros médicos privados pueden ser un magnífico complemento para un sistema público de salud, pero primero hay que garantizar a todos los ciudadanos que no serán abandonados a su suerte en plena enfermedad o en la vejez solo porque no tienen capacidad de pago o se les acabó la cobertura de aseguramiento. Cuando la salud se mercantiliza, la principal moneda de canje son vidas humanas: se paga con enfermedad, discapacidad y muerte prematura.

Chile tuvo la hidalguía de hacer su autoexamen. Esperemos que pronto introduzca ajustes al sistema para hacerlo más adecuado a las necesidades de sus ciudadanos. Acá, en cambio, como que no se quita el gusto por hacer copy/paste de modelos ya cuestionados en otros lados; y por procurar la ganancia fácil, aun a costas de la salud de todos.

“Ha transcurrido poco más de un mes desde ese histórico momento, sin que se inicien estas importantes conversaciones, cuestiona.

Galindo considera que la crisis, “cuyas proporciones aún desconocemos, tendrá remedio únicamente si es atendida de manera oportuna. Sin embargo, si no tenemos actuarios que presenten un diagnóstico de la entidad, mal podemos presentar propuestas concretas para cumplir el compromiso con los trabajadores: la certeza de una pensión luego de décadas de esfuerzo” .

“Es alarmante que los contribuyentes y asegurados no tenemos conocimiento de la gravedad del tema, producto de la falta de estudios actuariales y estados financieros” , recalcó.

El dirigente advierte que “por consiguiente, podríamos asegurar que estamos lejos de comprender las consecuencias que tiene el retraso en la toma de decisiones”  para la subsistencia del programa de Invalidez, Vejez y Muerte  (IVM) .

• Lea también: Rechazan intento de privatizar el IGSS

Por otra parte, recuerda el dirigente, el reciente aumento salarial a los profesores, al igual que a otros servidores públicos, incrementa la presión sobre las reservas del Programa, por lo que su revisión es urgente.

“Las soluciones reales a esta situación podrían ocasionar resistencia entre la población, un costo político que más de un gobierno ha pospuesto y que aspiramos que la actual administración atienda genuinamente. La falta de acciones, soluciones basadas en subsidios o reformas superficiales, serían mucho más peligrosas que la resistencia al cambio” , considera Galindo.

• Cuatro posibles alternativas que podría utilizar el IGGS para fondos privados

Reitera que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá está dispuesta “a aportar soluciones”  y “tal cual lo hicimos para promover la ampliación”  del Canal de Panamá “pensando en el beneficio de las próximas generaciones, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas del país a sumarse a un movimiento por el rescate del futuro de nuestros conciudadanos” .

Aunque no existen cifras actualizadas, el gobierno panameño ha admitido que las finanzas del programa IVM están debilitándose cada día por el aumento del número de jubilados y pensionados y la disminución de los aportes, al quedar separado del nuevo método de contribuciones individuales que rige desde hace una década para los más jóvenes, que eliminó el régimen solidario. 

Álvarez es acompañado por los jefes de los bloques Frente de Convergencia Nacional, Javier Hernández; de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, y del Partido de Avanzada Nacional, Manuel Conde. También se unió María Eugenia Tabush, de Visión con Valores, dos representantes de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y del fondo de pensiones de las municipalidades.

Al efectuar una búsqueda en internet, no aparece ningún registro de la asociación que habría pagado el viaje.

Lo reconoce

El diputado Álvarez reconoció que viajaron para conocer el sistema de pensiones en Chile y que piensan proponer una iniciativa al respecto en el Parlamento.

Según el congresista, quien preside la comisión legislativa de Previsión y Seguridad Social, durante las audiencias públicas que realizó la semana última “la mayoría de participantes se manifestaron a favor de la libertad de escoger” entre Seguro Social estatal o uno privado. “Acá no hay nada disfrazado, quiero ser transparente”, manifestó.
Mario Taracena, presidente del Congreso,  indicó que ese organismo no pagó nada.

• Lea también: Rechazan intento de privatización del IGSS

La posibilidad de reformas a la Ley del Seguro Social ha generado discusión en diversos sectores y grupos que han señalado que puede ser un intento de privatización o desmonopolización del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Todos coinciden en que es necesario que se analice la funcionalidad de la institución y se busque un mecanismo para mejorar la atención  a los afiliados.

Las discusiones comenzaron por el llamado que hizo la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso a unas 70 organizaciones y personas jurídicas para proponer cambios a la Ley.

La propuesta más fuerte es la posibilidad de permitir al contribuyente elegir atención médica en un hospital que no sea  del Seguro Social, pero que su contribución laboral no incremente. El argumento es que el IGSS no tiene condiciones para atender a los afiliados.

Los diálogos son dirigidos por el diputado de Encuentro por Guatemala Luis Pedro Álvarez, quien dijo haber recibido unas tres mil denuncias de personas afectadas por los “malos servicios” del Seguro Social.

Todos coinciden en que es necesario que se analice la funcionalidad de la institución y se busque un mecanismo para mejorar la atención  a los afiliados.

Las discusiones comenzaron por el llamado que hizo la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso a unas 70 organizaciones y personas jurídicas para proponer cambios a la Ley.

La propuesta más fuerte es la posibilidad de permitir al contribuyente elegir atención médica en un hospital que no sea  del Seguro Social, pero que su contribución laboral no incremente. El argumento es que el IGSS no tiene condiciones para atender a los afiliados.

Los diálogos son dirigidos por el diputado de Encuentro por Guatemala Luis Pedro Álvarez, quien dijo haber recibido unas tres mil denuncias de personas afectadas por los “malos servicios” del Seguro Social.

El legislador aseguró que el objetivo de los cambios es que el trabajador, al que le descuentan 4.83 por ciento de su sueldo mensual, sea empoderado.

“Por qué esperar que el IGSS construya un edificio o ponga una policlínica. Queremos que el usuario pueda ir donde quiera, con un tarifario establecido”, indicó el diputado, quien aclaró que no hablan de privatizar al Instituto. Aunque otra de las propuestas es la posibilidad de usar asociaciones privadas para el manejo de las pensiones.

Consenso

El Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) coincide con Álvarez. La postura de este gremio es que se debe devolver el poder al afiliado, pues el Seguro Social solo “devora los recursos”.

El congresista reconoció que con los cambios la institución podría ver una disminución de afiliados. “Hay personas con salario bajo. Estamos haciendo un estudio financiero para asegurar que vaya a mantener su servicio”, refirió.
Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif, opina que les parece correcto que el contribuyente pueda elegir el servicio. “La premisa general es cómo devolver el poder al cotizante para que la contribución sea efectiva”, afirmó.

El Cacif, como sector privado, forma parte de la directiva del IGSS. Según Ardón, la manera como está diseñada la institución no permite brindar buena atención. El empresario estima que lo ideal es conocer modelos de otros países.

Reconoce fallas

El presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras, planteó su postura a  la Comisión y defendió que no hay comparación con los servicios privados. “En el privado puede cotizar hasta el costo que pueda pagar, pero si tiene sueldo de Q2 mil no va a tener una prima que le garantice toda la cobertura y además las pensiones, como lo hace el IGSS”, señaló.

Contreras reconoció que hay necesidad de infraestructura y médicos especialistas, y la excusa son las deudas que le tienen los patronos a la institución.

Los últimos registros del IGSS revelan una deuda de Q33 mil 419 millones, de los cuales, Q29 mil 935 son del Estado y Q2 mil 956 de este, como patrono de los trabajadores públicos. Además ,el sector privado debe Q771 millones; las municipalidades, Q547 millones, y entidades descentralizadas, Q208 millones. “Si vamos a servicios contratados, que son más caros, hay que conseguir la prima. No existe infraestructura hospitalaria y de salud para que se traslade a lo  privado”, remarcó.

Contradicciones

El IGSS es del Estado, según la ley; sin embargo, el financiamiento para prestar la atención proviene de inversiones y el sector privado, pues solo un 25 por ciento de afiliados son trabajadores estatales. Además, la institución ya contrata servicios privados para los beneficiarios. “No hay necesidad de cambiar”, dijo Contreras.

El diputado considera que el IGSS es arbitrario al decidir los contratos privados.“De monopolio estatal se convierte en privado, y eso no está bien. Queremos que sea monopolio, pero que el trabajador elija”, reiteró.

Para el directivo del Cacif, la seguridad social es un concepto público que no puede caer en la privatización. “No significa que a partir de eso el ente rector de la seguridad social del país pueda buscar modelos para ser más eficiente. Eso involucra decisiones privadas, pero no se puede hablar de un intento de privatización”, insistió.

Conflicto ideológico

Édgar Balsells Conde, segundo vicepresidente del IGSS, opina que las  propuestas son ideológicas y no de fondo a necesidades de la entidad. “El tema preocupante es que el sistema financiero en general está débil para regular, y eso se muestra cuando se ve lo que hizo Jonathan Chévez —implicado en casos de corrupción  como   TCQ— y Édgar Morales, alias Chico Dólar —caso Lavado y Política—, que no ha sido aclarado”, expresó.
Balsells Conde indicó que primero se requiere un estudio fiscal, para determinar hacia dónde deben ir, pues los costos de reformar son altos. En cuanto a las pensiones, lo que se podría hacer es  complementar, no desmantelar el sistema social, añadió.

Piden cambios

La Cámara de Industria planteó sus preocupaciones y propuestas a la Comisión. Javier Zepeda, director ejecutivo, expuso que están conscientes de la necesidad urgente de reformas, pues la cobertura es poca y la calidad, baja.
“Lo que pensamos es ampliar la cobertura y generar competencia para que mejore la calidad que ofrecen”, indicó el directivo. Añadió que el Seguro Social ha sido deficiente a lo largo de muchos años, “sobre todo en los últimos”.
Zepeda criticó la mala calidad del IGSS, que es la razón por la que muchos eligen seguros privados.

Subir ingresos

Los representantes de los 28 sindicatos aglutinados en la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala (Festeg) expusieron que se necesita crear un ente que regule el régimen de los afiliados, similar a una intendencia o instituto de verificación.
David Soto Oliva explicó que si no se logran recursos suficientes para el Seguro Social, una alternativa debería ser crear un impuesto único que se dirija a las bebidas alcohólicas o cigarrillos. Además piden la supervisión y administración de las pensiones y modificar los mínimos.

• Enmienda no es ideal

Es usual que cuando hay crisis, en lugar de soluciones, lo que hay es interés privado, indicó Luis Linares, especialista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). El analista afirmó que es posible que haya justificación porque los afiliados no son atendidos por el Estado y se abre la competencia a lo privado.

Aseguró que no se puede hacer una reforma a la Ley y que el afiliado decida qué servicio privado quiere. En todo caso es necesaria una reforma a la Constitución, afirmó. El experto cree que el sector privado tiene limitaciones, mientras que el IGSS es ilimitado, pues dispone de los recursos de los afiliados.

“Hay grandes impedimentos y no es comparable. El desmonopolizar trae como consecuencia que los trabajadores de más altos ingresos salgan del IGSS y se quedarían con los que aportan menos. En mediano plazo colapsaría ante trabajadores con contribuciones insuficientes”, estima Linares.

Asíes ya presentó sus  propuestas a la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, en las que argumenta que los problemas son de gestión y corrupción que ha existido en las adquisiciones. Linares considera que la actual norma es visionaria y permite al IGSS implementar programas.

Una sugerencia es facilitar la integración de microempresarios y trabajadores por cuenta propia. “La ley tiene aspectos que mejorar. Tenemos buena norma, pero lo que se necesita es auditoría o control para que mejore”, puntualizó.

• No pueden hacerlo

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, considera que es el momento de discutir cuál es el modelo de seguridad social que se necesita. Además, propone como prioridades sacar la corrupción que ha rodeado al Seguro Social  y que ha contaminado la compra de medicamentos y las administraciones.

Además,  comenzar con un análisis y propuesta seria de a dónde debe ir el IGSS, así como negociar la deuda que mantiene el Estado.

“Hay que ser cuidadoso y coincido que no se puede privatizar, porque es un derecho y obligación que tiene el Estado. Con lo que se paga de Seguro Social los afiliados podrían pagar un seguro privado, y no quiero que se malinterprete que quiero que se privatice. Quizá tenemos mejor certeza que van a ser atendidos en un centro privado que el IGSS”, reveló el magistrado de conciencia.

De León enfatizó que es urgente encontrar un modelo eficiente. “No podemos decir sigamos con el Seguro, pero mientras tanto la gente se está muriendo, literalmente. Es nuestra responsabilidad y aplaudo los esfuerzos del diputado y sector privado”, remarcó.

El procurador recordó que el IGSS y el Ministerio de Salud delegan a  privados atenciones especializadas que no pueden dar. 
“Hay que distinguir claramente una cosa de la otra, y si encontramos el modelo con la cooperación de entes privados, y eso significa mejor atención y salvar vidas, debemos encontrarlo”, comentó.

• Servicio es privado

Para Karin Slowing, investigadora social, la salud de Guatemala está privatizada desde hace 20 años, pues el gasto fundamental lo pagan las familias cada vez que compran medicina en las farmacias o pagan a un médico.

Además, no ha habido un aumento de presupuesto acorde a las necesidades y crecimiento de la población y las enfermedades.

“Lo que viene ahorita es una etapa de profundización de la privatización que no funcionó porque la gente es muy pobre para pagar servicios privados. Lo que van a hacer es quedarse con el financiamiento completo, que paguen su pensión a un lugar privado y que paguen sus servicios en hospitales privados. Vamos a una situación de más precariedad y desigualdad al acceso, sin garantizar calidad”, explicó la experta.

La investigadora cree que la intención es privatizar el IGSS, pero lo hacen con el nombre de reformas. “Ya se vio qué pasó con las privatizaciones de Álvaro Arzú. Lo que se ve hoy en salud es un desastre. El IGSS ha estado subcontratando servicios médicos curativos y terapias. Ya tienen al sector privado con ellos”, indicó.

Las reformas al sector salud que trabaja el Ejecutivo son otras que no convencen, según Slowing. Se trata de una redistribución de funciones entre el Ministerio de Salud y el IGSS. “Lo que se debe ver es qué clase de Estado se quiere. Además, el derecho a la salud es obligatorio y no pueden eludir”, enfatizó la investigadora.

“Este es uno de los hitos más importantes y de los clamores que ha tenido la sociedad costarricense en el sentido de que la institución vuelva a contar con los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades que tiene”, dijo Rocío Saénz, presidenta ejecutiva de la CCSS.

El plan apuesta por la renovación del modelo de atención de salud existente mediante la modernización de las redes de atención primaria con sistemas digitales que permitan la toma oportuna de decisiones a nivel local y nacional.
Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica, explicó que para este proyecto se ha utilizado un nuevo mecanismo.

“El instrumento del préstamo se llama Programa por Resultados y organiza el desembolso de recursos financieros en función del logro de hitos y resultados identificados, por las autoridades de la Caja, como claves para la implementación de la Agenda Estratégica”, señaló López.

Entre los objetivos marcados, figuran aumentar en un 22 % la lista prioritaria de cirugías mayores que se realizan en forma ambulatoria; y en un 40 % en la evaluación en los cinco cantones con la más alta incidencia de cáncer de colón.
Además, se ampliará el Expediente Digital Único de Salud para dar un salto cualitativo en cobertura real y en el uso de herramientas digitales.

Para facilitar el inicio rápido de actividades clave, el Programa por Resultados, que comprende un período de seis años, incluye un desembolso inicial del 25 % del monto total del préstamo, más otro 25 % que cubriría los resultados que se hayan alcanzado al momento de su efectividad.

Las cuatro fueron aprehendidas el 8 de julio de 2015 de forma flagrante en las afueras de la Unidad Nacional del Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), informó el Ministerio Público (MP).

Según la fiscalía, el juzgado les impuso una pena de tres años de prisión conmutables a razón de Q10 por día y una multa de Q500.

Por este caso también fueron arrestados José Mario Pérez Velásquez, Leonel Rosales Estrada, Mayro Leonel González Pineda, Mirian Guevara Rodríguez y Moisés Humberto Colindres Luna.

También Edwin Rolando Alvarado Gómez, Gilmar Rivas Molina, Denis Ángel Acajabón Salazar y Vilma Judith Burrión de Acajabon, quienes están a la espera de la audiencia de etapa intermedia.

Desmantelan estructura

Una red que vendía medicamentos propiedad de Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) fue desmantelada el 8 de julio de 2015 por las autoridades.

El MP comenzó las pesquisas a partir de una denuncia efectuada el 17 de marzo de 2015 por personal del IGSS, quienes indicaron que un grupo de personas vendían fármacos propiedad del Seguro Social.

Según las pesquisa, los detenidos contactaban a los enfermos que llegaban al IGSS a recoger medicamentos, los convencían para que les vendieran las medicinas y luego de recibir el producto lo revendía afuera de la sede del Seguro Social autonomía, ubicado en la zona 9.

La fiscalía estableció que el producto estaba a la venta en el mercado La Florida, zona 19, y también era comercializada en la Unaerc, situada en la zona 1.

El motorista Carlos Manuel González Martínez, de unos 30 años, también fue alcanzado por las balas y tuvo que ser trasladado al hospital del Seguro Social ubicado en la zona 4 de Mixco.

“El atentado se produjo en el bulevar La Esperanza, frente a la vivienda con el numeral 32-17, ingreso a la colonia El Milagro”, explicó Oriel Reyes, portavoz de los Bomberos Municipales de Mixco.

Los disparos causaron pánico entre los pasajeros y vecinos del lugar. El socorrista afirmó que el bus donde fue perpetrado el ataque se dirigía a dicha colonia. “Las placas del automotor son C-526BPJ”, manifestó.

La investigación preliminar de las autoridades refiere que el blanco del ataque era Guzman Cano, quien se presume tenía sellos de un centro carcelario en el brazo.

López fue víctima de daño colateral, al igual que González Martínez, quien iba pasando por el lugar cuando ocurrió el atentado.

Mujer perece

Andrea Adelina García Chales, de 64 años, fue ultimada este viernes en la 13 avenida y 2ª. calle de la colonia La Arada, zona 4 de Villa Nueva, indicaron los Bomberos Voluntarios.

La Policía Nacional Civil (PNC) tiene dos versiones de lo ocurrido. La primera señala que la mujer habría sido asaltada, mientras la segunda indica que fue víctima de un ataque directo.

Mujer muere baleada en la 13 ave y 2 calle de la colonia Harada 1 zona 4 de Villa Nueva Bvoluntarios cubren pic.twitter.com/UYjkWQu9Uv

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 27, 2016

Después de varias críticas en las redes sociales. Lucia Dubón, vocera del IGSS, informó, que 54 mil carnés de afiliación están emitidos pero el afiliado no ha llegado a traerlos, y el proceso de revisión de otros 48 mil ya finalizó, hoy el área de recaudación recibió 21 mil 24 nuevos plásticos. Además expresó que la entidad  tiene la capacidad de personalizar mil 200 carnés diarios.

Ana Sánchez, hace ocho años que no está afiliada al Seguro Social, pero el año pasado cambió de patrono y en septiembre solicitó su carné y recibió la sorpresa.

Cuando realizó las gestiones para tener su identificación de adhesión, el personal de la sección de afiliación al finalizar el trámite le entregaron una “constancia del número de afiliación (DRPT-54) provisional” en papel bond, que después de un año y medio o dos, puede cambiar por el carné oficial de identificación.

“Pregunté porque me daban esa hojita en lugar de mi carné y me respondieron que no sabían si yo duraría un año en la empresa”, explicó la entrevistada.

La respuesta del trabajador del IGSS fue: “Muchos solicitan su afiliación y no duran en las empresas, pero le va a servir como si fuera su carné, guárdelo bien” fueron las últimas palabras del empleado antes de decir, “siguiente”.

Lucía Dubón, vocera del  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que se entregan esas constancias porque el proceso de personalización —ingreso de fotografía y datos personales en el código de barras y  banda magnética— lleva varios días.

Al respecto, una agente de servicio del IGSS, al consultarle sobre el procedimiento a seguir cuando se vence la “constancia del número de afiliación (DRPT-54) provisional”, dijo que por un problema con el proveedor de materiales, en las oficinas centrales se emite una nueva boleta, debido a que se tardan un año y medio a dos en dar el carné.

El documento que acredita oficialmente la identidad del titular no cuenta con fotografía del afiliado ni su firma, pero, según la agente, tiene la misma función que el plástico.

Para verificar el estado de la emisión de su nuevo carné, es necesario llamar un año después de la emisión de la hoja bond. La reposición de plásticos ya emitidos se tarda  20 minutos con un valor de Q40.

La vocera del IGSS manifestó que desde el 2006 se firmó un convenio con un banco local, que subcontrata a la empresa encargada de realizar la personalización de los carnés de manera gratuita para el IGSS, pero en el 2014 se detuvo la producción de estos por falta de insumos de la empresa y no fue sino hasta el  2015 cuando se reinició la impresión.

Este año, el IGSS solicitará que la División de Registros de Patronos y Trabajadores sea la encargada de personalizar los carnés y  agilizar la entrega. Según autoridades de la Institución, ya hay  equipo e infraestructura para poder hacerlo.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, expresó que los carnés temporales son un riesgo para el IGSS, porque son más propensos a falsificación e incurre en un gasto extra para gestionar el documento.

Procedimiento para solicitar el carné

El patrono  llena, firma y sella el Formulario Único de Registro de Afiliados DRPT-59 y lo entrega al trabajador para que inicie el trámite.

El trabajador debe presentar el formulario y una fotocopia de su documento personal de identificación, certificación de nacimiento para menores de edad y los extranjeros deben mostrar su pasaporte.

Personal del IGSS revisa los documentos presentados por el trabajador y confirma el tipo de servicio que se le otorgará (inscripción, actualización de datos o reposición de carné. En caso de reposición de carné deberá realizar el pago respectivo de Q40).

Después verifica y actualiza datos para luego imprimir la constancia de validación de información, que será revisada y firmada por el trabajador, cualquier corrección o enmienda debe hacerse de inmediato, de lo contrario deberá efectuar el procedimiento de actualización de datos desde el principio.

Se capturan datos biométricos (métodos automáticos para el reconocimiento único). Se recopila en la base de datos la huella digital, firma y fotografía del afiliado para la emisión del carné.

Se proporciona una constancia para que el afiliado solicite posteriormente (año y medio o dos) su carné de afiliación.

Presupusto asignado

En el 2016, al Seguro Social se le asignó un presupuesto de Q16 mil 320 millones 115 mil 674, que se prevé gastar en actividades centrales, Q7 mil 723 millones 601 mil 589, donde se incluye el pago a personal, dietas, gastos de representación, energía eléctrica, agua, telefonía, correos y telégrafos, extracción de basura y servicios de lavandería.

En el 2015, el presupuesto fue de Q15 mil 323 millones 300 mil 193. Para servicios de atención médica se destinaron Q5 mil 355 millones, 409 mil 715, que incluyen el pago al personal, servicio de energía eléctrica, pago de agua, fletes, arrendamiento de edificios y locales, alimentos para personas, productos agroforestales, útiles escolares y productos de vidrio, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud  (OMS),  asegura que este virus se “expande de manera explosiva” en Latinoamérica, que ya afecta a 23 de los 55 países y territorios de las Américas.
 
En Guatemala el primer caso confirmado de zika fue el 24 de noviembre del 2015, en un joven de 21 años originario de Zacapa.  Hasta el 22 de enero de este año,  el Ministerio de Salud Pública reportó 68 personas contagiadas con ese virus, entre ellas una mujer en estado de gestación.
 
Entre los peligros para el feto figura la microcefalia; esto quiere decir que el recién nacido podría nacer con un cráneo anormalmente pequeño.

La sospecha de un posible vínculo entre el zika y la microcefalia surgió tras observarse en Brasil un aumento dramático de los casos de esta enfermedad congénita.  Científicos brasileños confirmaron que el zika se contagia de madre a hijo a través de la placenta, pero aún no han podido comprobar ese extremo.  La OMS emitió una alerta epidemiológica contra el virus del zika por su posible relación con la microcefalia en recién nacidos y otras enfermedades congénitas. 
 
Mientras tanto, países como Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Brasil han aconsejado a las mujeres que eviten quedarse embarazadas, aunque la advertencia oficial es protegerse del mosquito. 

“No sé qué es”  el zika

“Mi preocupación es más que todo por el bebé, uno se aguanta las fiebres y todo, pero la malformación y las consecuencias son para el bebé”, lamentó Tobar mientras se corre a otro sillón más cercano a la ventanilla, señal de que avanzó un paso para ser atendida.
“Es preocupante saber que el bebé pueda salir afectado”, comentó a la  AFP  Cindy Contreras de 30 años, sentada al lado de Tobar y quien también espera a su primer hijo con siete meses de gestación.
A pesar de una alerta de vigilancia en mujeres embarazadas en los departamentos de maternidad de los 22 hospitales del IGSS a nivel nacional, en el área de maternidad de este hospital no aparece ningún cartel con información sobre el zika o formas de prevenir el mal.
Mientras esperan su turno, algunas mujeres hablan, revisan o envían mensajes por celular, sin ninguna preocupación.
“Yo no he escuchado nada de eso. No sé qué es”  el zika, afirmó a la  AFP  en tono tajante una mujer que no quiso identificarse.
El IGSS es un ente que complementa el sistema de sanidad estatal en Guatemala junto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que el año pasado reportó 68 casos de zika en el país y desde entonces mantiene una alerta para evitar nuevos brotes.

Preparados ante el zika

Aunque los médicos consideran a Guatemala un país altamente vulnerable para la proliferación del zika, las autoridades consideran que están preparados ante una emergencia.
 “Si se acatan las estrategias y las medidas preventivas, el virus va a estar controlado”, aseguró a la  AFP  el jefe de consulta externa del hospital de gineco-obstetricia del IGSS, René Marroquín, un médico con 26 años de experiencia.
En tanto, la epidemióloga Karen Girón precisó que si un paciente da positivo de zika será aislado durante cinco días para evitar que sea picada por el mosquito transmisor que lleve la enfermedad a otras personas.
Entre las estrategias de vigilancia figuran definir como caso sospechoso a una mujer embarazada que presenta fiebre, vigilar la ocurrencia de malformaciones en recién nacidos, síndromes neurológicos y autoinmunes y fortalecer las medidas de prevención y control del mosquito transmisor.
La epidemióloga indicó también que entre 2010 y 2015 en el IGSS nacieron 748 niños con microcefalia, pero que no se ha comprobado si tienen relación con el zika.
Además de despertar preocupaciones de malformaciones en los fetos, el zika, que según la Organización Mundial de la Salud  (OMS) ya está presente en 21 de los 55 países y territorios de las Américas, despierta el temor de complicaciones neurológicas en las personas infectadas.
Este virus fue detectado por primera vez en Uganda en 1947 en un simio. Lleva el nombre de un bosque situado al sur de Kampala, la capital de esa nación africana.

Umaña Velásquez fue detenido en la zona 10 el pasado miércoles 18 de noviembre. El Ministerio Público (MP) lo señala de integrar dicha estructura, por la cual hay otras 11 personas ligadas a proceso.

Después de ser apresado, el médico, quien fue director del Hospital de Ginecoobstetricia del IGSS, fue puesto a disposición del Juzgado Séptimo de Instancia Penal.

Por este caso la Policía Nacional Civil también busca a Gustavo Alejos Cámbara y Gustavo Adolfo Castillo Rojas, supuestos integrantes de la estructura.

Negocio en el IGSS

Según la investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), empleados del IGSS y particulares eran parte de cuatro sectores relacionados para concretar la venta de determinado producto o servicio y beneficiar a la estructura.

Las pesquisas indican que algunos proveedores acudían a los operadores para procurar la venta de sus productos o servicios al Seguro Social.

Los operadores, después de recibir el requerimiento, acudían a los funcionarios periféricos que eran técnicos o profesionales del IGSS, trabajadores de algunas de las unidades de atención a los pacientes y que podían modificar el listado básico de medicamentos.

Los funcionarios periféricos entonces hacían lo que se denominó “mover códigos”, es decir, cambiar en el listado básico los productos para incentivar o promover el consumo de ese producto o servicio en las unidades del IGSS.

Funcionarios centrales

Los operadores también acudían a los funcionarios centrales, trabajadores del IGSS que se desempeñaban en las unidades administrativas, desde donde podían intervenir en la generación, desarrollo, supervisión y decisión de los procesos de adquisición. Con estas visitas, lograban manipular las compras.

Otros proveedores recurrían directamente a los funcionarios centrales para poder manipular los procesos de adquisición y favorecer sus productos o servicios.

Por efectuar esa actividad, lo operadores cobraban una comisión a los proveedores y luego compartían el dinero con los funcionarios periféricos y centrales.

Procedimiento

El Código Procesal Penal establece como procedimiento abreviado cuando un juzgado de instancia emite sentencia en los casos que comprenden penas de prisión menores a cinco años, y en los que los acusados se hayan declarado culpables.

A pesar de que fue emitida una sentencia, los condenados no irán a prisión ni pagarán la multa. El juez Cojulum explicó que el procedimiento abreviado conlleva otro beneficio, que es el perdón provisional de la ejecución de la pena. 

Agregó que solo si afrontan un nuevo proceso penal, y resultan condenados, deberán cumplir la pena que se les imponga, además de la pena que quedó sin ejecución. 

Los condenados

1. Leonel Rosales Estada
2. Víctor Alberto Quej Quej
3. María Elizabeth García Santiago
4. José Mario Pérez Velásquez
5. Mayro Leonel González Pineda
6. Mirian Guevara Rodríguez de Espina
7. Edwin Rolando Alvarado Gómez
8. Gilmar Rivas Molina
9. Vilma Judith Burrión Marroquín
10. Denis Ángel David Acajabón Salazar
11. Iris Alexander Vásquez Contreras

Antecedente 

En julio último, las fuerzas de seguridad capturaron a 24 personas señaladas por el MP de vender medicamentos propiedad Seguro Social.
 
Según las pesquisas, los detenidos contactaban a los afiliados del IGSS  que llegaban a recoger medicamentos, y los convencían para que se les vendieran las medicinas, luego de recibir el producto los comercializaban afuera de la sede del Seguro Social, ubicada en la zona 9.
 
También descubrieron que los medicamentos eran expendidos en el mercado de La Florida, zona 19, y en la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, situado en la zona 1.

El ex director del Seguro Social es acusado por los supuestos delitos de almacenamiento de armas de guerra, municiones de guerra y de armas de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, según la Fiscalía hondureña.

Autoridades hondureñas hallaron en agosto pasado armas y municiones de guerra en la bodega de una vivienda en Tegucigalpa propiedad de Zelaya.

Entre las armas halladas figuran un fusil Remington con mira telescópica, un rifle Mauser y otro semiautomático, según la información oficial.

El exdirector del Seguro Social de Honduras podría purgar una pena de hasta 26 años de prisión en caso de ser hallado culpable, según el Ministerio Público.

Zelaya es el principal acusado de un millonario saqueo en el Seguro Social y está en prisión en Tegucigalpa junto con dos exviceministros y otras cinco personas, entre ellas el exgerente financiero de la institución José Ramón Bertetty, quien fue condenado la semana pasada a siete años de prisión por cohecho.

El caso del Seguro Social es uno de los doce que investigan las autoridades de Honduras y que salpican a los últimos tres Gobiernos, a empresarios, políticos, periodistas y modelos, entre otros.

La Procuraduría de Derechos Humanos investigó 135 expedientes de afiliados de la tercera edad, en los cuales documentó lentitud inexplicable en el trámite de solicitudes para formar parte del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Esta noche se trabaja para implementar el nuevo sistema de despacho de medicamentos en la farmacia CAMIP-Pamplona pic.twitter.com/za4Smg36Ke

— Noticias IGSS (@Noticias_IGSS) August 22, 2015

“Existen solicitudes planteadas desde hace más de ocho años, sin que al día de hoy hayan sido resueltas, excediendo el plazo que establece la normativa vigente del Instituto para la resolución”, señala el informe de la PDH que fue entregado a la Junta Directiva del IGSS, en julio pasado. El plazo no debería durar más de seis meses.

En su resolución, la PDH determinó que hay violación de los derechos humanos a la salud y a la seguridad social de los adultos mayores que solicitan cobertura de pensión por IVS.

El documento revela el mal funcionamiento del Seguro Social por el retraso injustificado en la gestión de expedientes.

La PDH exige a las autoridades del IGSS que resuelvan esa situación de manera urgente, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Dificultades

A sus 71 años, Pedro Pu pasó de posible beneficiado a víctima del IGSS. Afirma que el trámite de su pensión duró seis años, y solo la obtuvo porque contrató a un abogado para dar seguimiento al proceso. Explica que en el IGSS le retardaban el trámite porque le decían que le faltaban cuotas por cubrir. En realidad, Pu había cotizado 205 cuotas y el requisito eran 190, lo cual demostró el abogado, que le cobró Q10 mil por los trámites.

Denuncias

Jessica Ramírez, asistente de la PDH, explica que han presentado 243 denuncias contra el Seguro Social, y de oficio registraron 27.

“Durante ese tiempo, las personas que están gestionando el acceso a la cobertura del IVS no tienen derecho a atención médica, por lo que no pueden llegar por una cirugía o un padecimiento”, señala.

Pero en lugar de facilitar el trámite, las autoridades agregaron más años para optar a la pensión. El 30 de diciembre del 2010, la Junta Directiva del IGSS, y los entonces presidente Álvaro Colom y ministro de Trabajo Mario Illescas acordaron aumentar en dos años la edad para optar a la cobertura del IVS, por lo que ahora es de 62 años.

También aumentaron el número de cuotas, porque de 180 en el 2010 pasaron a 192 en el 2011, en el 2013 las subieron a 204 y en el 2014 las elevaron a 216 cuotas.

Aunque subió el número de cuotas, las pensiones se mantienen bajas, porque se ubican desde Q340 —hasta Q4 mil 800 mensuales—.

Engorroso

Adrián Chávez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), señala que las quejas por bloqueo de pensiones aumentan, pero el IGSS se hace de oídos sordos.

Subraya que pese al sistema informatizado con que cuenta el Seguro Social, no se facilita la solicitud de pensiones.

“El IGSS tiene un sistema de información amplio en el que los datos de los afiliados se encuentran al detalle y uno lo que esperaría es que al momento de gestionar la pensión no sea engorroso ni prolongado el proceso”, indicó.

Chávez añadió que persisten los trámites burocráticos que provocan que los afiliados se “desanimen” o “frustren” por el mal

En cuanto a la cantidad que reciben los pensionados, Chávez señala que hay un desfase en el cálculo por el incremento de la canasta básica, porque pensiones de Q350 no cubren ni lo mínimo.

En agosto pasado, los 26 productos que integran la canasta básica alimenticia costaron Q3 mil 420.90, lo cual implica que el IGSS no proporciona ni lo mínimo a los pensionados.

“El techo de pensión es insuficiente por la inflación, lo cual deja desprotegidos a los pensionados”, dice Chávez.

Verónica Spross, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirma que es muy elevado el tiempo y que se debe mejorar el sistema.

“Para un afiliado que solicita pensión estar sin ingresos más de un año le significa fuertes dificultades económicas”, apunta.

Autoridades del #IGSS informaron razón de falta de insumos para laboratorio. Solucionarán problemática en 24 horas pic.twitter.com/BeR8JUz1Et

— PDH Guatemala (@PDHgt) September 16, 2015

Para conocer la opinión del IGSS, Prensa Libre solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva, pero nunca hubo respuesta. En el Departamento de Prensa se indicó que el funcionario siempre se encontraba de visita en hospitales y que otro funcionario atendería al reportero. Sin embargo, nadie dio información.

Según datos oficiales, hasta julio pasado, el IGSS tenía registrados 172 mil 424 pensionados. De estos, 11 mil 918 son por invalidez, 78 mil 534 por vejez y 81 mil 972 por sobrevivencia.

El departamento con más pensionados es Guatemala, con 77 mil 156, y el que menor casos registra es Jutiapa, con 474.

Ya cobraron

Tránsito César Maldonado Matías, de 87 años, expresa que la atención en el Seguro Social debería ser de mejor calidad, porque ya cobraron las cuotas que él pagó.

Se queja de la carencia de medicamentos en el Camip, zona 12, porque a veces tiene que comprarla por su cuenta, a Q300.
Señala que padece de la presión, y toma otros medicamentos a raíz de cinco derrames que tuvo. El adulto mayor afirma que vive en el Proyecto 4/3, zona 6, desde donde viaja para poder recibir su medicina.

Medicinas

María del Rosario Lima se mostró molesta por el mal servicio que presta el IGSS, pues hay escasez de medicamentos.
“Viene uno y no hay medicina; cuando está el medicamento y se revalida la receta, entonces le reducen la cantidad”, señala.

Agrega que padece de presión alta y dolor en los huesos, pero el IGSS le da poco consuelo. Al momento de la entrevista, tenía más de 15 días de solicitar la medicina, y aún no se la entregaban. Agrega que para llegar al Camip tiene que salir de madrugada de su casa.

Los sindicalistas también señalan que “carece de finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas. Además denuncian una “desmedida” contratación de personal, “sin que el instituto lo necesite, y que solo por obediencia a la autoridad que lo nombró y para quedar bien con los familiares, amigos y correligionarios partidarios”.

Piden renuncia general

Por aparte por medio de un campo pagado en medios de comunicación la agrupación denominada Fundación Denuncia Guatemala (en formación) ante el involucramiento de altos funcionarios de Gobierno exigió “la destitución inmediata de los funcionarios del Gobierno allegados a la exvicepresidenta” Baldetti y publica una lista en la cual también incluye a Contreras como presidente del IGSS.

También mencionan a Germán González jefe de la Secrtaría  de Seguridad Alimentario y Nutricional (Sesan); Jorge Mario Hurtarte de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia; Leonel Rodríguez, ministro de Desarrollo; Óscar Ernesto Medinilla, ministro de Ambiente y Recursos Naturales; Víctor Corado actual Ministro de Comunicaciones y Dorval Carías, ministro de Finanzas Públicas.

Corado y Carías renunciaron el martes 24 de agosto según información oficial.

“Justicia para los 3.000 muertos”, decía en varias de las cruces que llevaron los participantes a la vigilia para acompañar con el acto a 29 personas que permanecen en huelga de hambre en ese lugar.

“Las muertes no pueden quedar impunes”, advirtió el director del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos  (Ciprodeh) , Wilfredo Méndez, quien se sumó el lunes a la huelga de hambre.

La huelga la comenzaron el 22 de julio dos jóvenes dirigentes de los autodenominados “Indignados”  que se retiraron seis días después. Otras personas que se sumaron luego se han retirado por problemas de salud y fueron relevadas por otras.

Los “Indignados”  que marchan con antorchas todos los viernes en la capital, y en otros días en otras ciudades del país, exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández luego que éste confesara que unos 94.000 dólares de 330 millones saqueados del Seguro fueron a dar a la campaña que lo llevó a la presidencia.

El mandatario sostiene que se enteró del financiamiento a través de una investigación que él ordenó y proclama una ofensiva sin precedentes para combatir la corrupción.

Los “Indignados”, sin embargo, exigen una comisión de Naciones Unidas que investigue la pérdida del dinero, incluyendo al mandatario, porque estiman que murieron cerca de 3.000 personas por la deficiente atención que recibieron a causa del robo del dinero en esa institución.

Villatoro Herrera, 38, fue paciente renal durante 6 años, según su esposo Arnulfo Argueta. Durante ese tiempo su salud fue estable pues recibía su tratamiento de diálisis peritoneal en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.

Argueta relata que por cuestiones económicas, la familia decidió trasladar a la paciente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde el primer tratamiento que recibió fue el de Pisa.

Desde entonces, relata el esposo, Villatoro Herrera empezó a tener problemas de salud, hasta que fue necesario llevarla a la emergencia del Hospital General de Enfermedades del IGSS donde les anunciaron que tenía “un virus incurable”.

Después de 39 días, la joven madre falleció y hoy su familia espera llevarla de regreso a su hogar en la aldea El Paraíso, La Libertad, Huehuetenango.

Balbina del Carmen Escobar de 65 años murió ocho días después de haber sido ingresada a la emergencia del IGSS de la zona 9.

Escobar fue ingresada el 30 de abril al IGSS y el 8 de mayo falleció debido a las complicaciones que originó el nuevo servicio con la Droguería Pisa.

Por anomalías en el contrato hay 17 personas ligadas a proceso, entre integrantes de la Junta de Licitación, representantes de la droguería Pisa y los seis integrantes de la Junta Directiva del IGSS, según lo decidió la jueza.

Un oscuro contrato que ha dejado muerte y desolación

Un contrato suscrito por las máximas autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y Droguería Pisa —que no tenía instalaciones adecuadas y de hecho subcontrató a otra empresa— ha costado, hasta el momento, la vida de 23 pacientes y mantiene en precarias condiciones a decenas de infectados que padecen peritonitis.

De las investigaciones que ha hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) se desprende que el trasfondo del contrato criminal es que la empresa ofreció un soborno del 16% de los Q116 millones del contrato, a los ejecutivos del IGSS para que lo autorizaran.

Según las pesquisas, Otto Fernando Molina Stalling, asesor del IGSS, junto a Herbert Rodolfo García-Granados, representante de la referida droguería, se comprometió a lograr la adjudicación del contrato.

Molina Stalling es hijo de Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema Justicia y cuyo nombre fue mencionado en escuchas telefónicas ligadas con otro caso: el de defraudación tributaria en la Superintendencia de Administración Tributaria.

La Cicig indica que los seis miembros de la Junta Directiva del IGSS habrían incurrido en fraude, porque por unanimidad avalaron ese convenio a sabiendas de que la empresa carecía de infraestructura y que iba a subcontratar a otra compañía. Cuando se reportaron casos de infecciones estos fueron desestimados y por ende, atendidos tardíamente.

Implicados siguen presos

Entre los argumentos que dio la juzgadora están que la empresa contratada no tenía capacidad de cumplir con lo pactado en el contrato de diálisis peritoneal ambulatoria, por lo que violaba las bases de licitación; que era obligación de la Junta Directiva del Igss revisar toda la documentación que conformaba ese expediente de licitación, por lo tanto la función pública no es delegable y por ello la Junta no puede argumentar que únicamente se daba el visto bueno al proceso.

Los delitos

1. Juan de Dios de La Cruz Rodríguez López | Representante del poder Ejecutivo |  (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión) 
2. Max Erwin Quirin Schoder | Representante del Cacif | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
3. Julio Roberto Suárez Guerra | Representante de la Junta Monteria | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
4. Erwin Raúl Castañeda Pineda | Representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
5. Julia Amparo Lotan Garzona | Representante de los trabajadores | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
6. Jesús Arnulfo Oliva Leal | Representante de la Usac (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
7. Álvaro Dubón González | Sub gerente del Seguro Social (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
8. Otto Fernando Molina Stalling | Asesor financiero en la subgerencia del Seguro Social. (ligado a proceso por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones y enviado a prisión)
9. Herbeth Rodolfo García- Granados Reyes | Labora en Droguería Pisa | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
10. Edgar René de la Pena Archila | directivo de Droguería Pisa | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
11. Ramiro Armando Lorenzana Ortiz | Directivo de Droguería Pisa | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
12. Arturo Adolfo Castellanos Poou | Médico del Igss | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
13. Doris Eluvia González Salazar | Técnico en hemodiálisis | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
14. Mayra Lisbeth Gómez Suárez | Secretaria del Igss | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
15. Alba Maritza Maldonado Gamboa | Enfermera del Igss |  (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
16. Delia Ahidee Castañón Guerra | Enfermera del Igss | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
17. Carmen Yadira Gil Quiñónez | Integró la Junta de Licitación | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)

El primero consiste en hacer un inventario de las existencias de medicinas.

“Si no existe inventario de medicamentos en el país ellos (el ejército) se han comprometido a traerlo del lugar más cercano en el que se pueda encontrar”, tras el inventario, el ejército “identificará cuales son los centros privados que puedan garantizar calidad precio y logística para la entrega de medicamentos y el país acabará por tener un sistema de almacenaje y distribución de medicamentos”, explicó el presidente.
Se intervendrá en total 10 hospitales en todo el país.

El sistema sanitario de Honduras se encuentra bajo un fuerte cuestionamiento después de que se hicieran públicas una serie de graves irregularidades que descapitalizaron por un valor aproximado de 120 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y a los almacenes de medicamentos del país a través de una trama de corrupción liderada por el ex director del IHSS, Mario Zelaya.

El esquema de desfalco implicaba, además de otras irregularidades, la compra de medicamentos sobrevalorados e incluso defectuosos hasta niveles que una comisión multipartidaria del congreso nacional que lo investigó calificó de criminales. La comisión llegó a registrar el caso de 11 mujeres que presuntamente fallecieron tras consumir medicamentos defectuosos.

Según el diagnóstico presentado por Batres, se ha detectado una situación de desabastecimiento de medicamentos a hospitales y centros de salud, entre los que se señaló lo que tratan hipertensión o diabetes, asma y deficiencia renal y se han encontrado medicamentos que eran retenidos sin motivo y no seguían su cadena de distribución a los pacientes. Señaló el ejemplo de 10 millones de pastillas de acetaminofén retenidas en un almacén.

Desde hace semanas, decenas de miles de hondureños protestan por diferentes ciudades del país en un movimiento que se conoce como “Marchas de las antorchas” convocado a través de redes sociales por jóvenes que se autodenominan “Indignados” y comenzaron a protestar a raíz de que se conoció que morían pacientes en los hospitales por falta de medicamentos en un contexto de corrupción generalizada en el sistema de salud.

También reclaman el fin de la impunidad en el país, que asciende según datos oficiales a más del 90% de los crímenes cometidos, y piden que se instale una Comisión Internacional contra la Impunidad a través de las Naciones Unidas.

Orden de captura internacional

Un juzgado emitió este miércoles una orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia de Honduras (2006-2009), Enrique Flores Lanza, acusado de corrupción durante el gobierno del derrocado expresidente Manuel Zelaya, informó un tribunal local.

La portavoz del juzgado penal de Tegucigalpa, Kelyn Ortega, indicó que Flores Lanza “está acusado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por 40 millones” de lempiras, cerca de US$2 millones.

Precisó que se emitió una orden de captura a la Interpol (policía internacional) y una alerta migratoria.

El abogado defensor del exministro, Raúl Suazo, dijo tener entendido que Flores Lanza salió del país.

Los fondos fueron retirados por el gobierno de Zelaya para gastos aprobados por el Poder Ejecutivo para realizar una consulta popular en la cual se preguntaría si la población estaba de acuerdo en instalar una “cuarta urna” en las elecciones de noviembre de ese año para consultar si se convocaba a una asamblea constituyente.

El día en que se iba a celebrar la consulta, Zelaya fue derrocado por una alianza político militar que lo acusó de usar el mecanismo para intentar perpetuarse en el poder.

El mandatario se había enfrentado a sectores influyentes de Honduras por aliarse al “socialismo del Siglo XXI” promovido por el entonces presidente de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez.

Al acto acudieron autoridades del IGSS, del Ministerio de Salud Pública, de la Asociación General de Agricultores, AGA y de la Confederación General de Trabajadores de Guatemala, CGTG. Las instalaciones, modernas y equipadas para su época fueron presentadas por el doctor Ricardo Asturias Valenzuela, gerente general del IGSS. 

El recorrido inició por la cocina del hospital equipada y pulcra de acuerdo al testimonio de los presentes, pasaron a la bodega y la lavandería; las instalaciones tenían una capilla particular. Seguidamente se pasó a las salas, con capacidad de 60 camas cada una, divididas en dos, haciendo un total de 180 camas entre las seis secciones, para uso de pacientes varones. Para las mujeres se destinaron otras salas con capacidad de 10 camas por sección. Otras secciones que se mencionaron en la nota eran: Esterilización, sala de yesos, 2 salas de operaciones, equipadas; vestuario de doctores, anestesia, limpieza de instrumentos, vestuario de enfermeras, rayos X, Emergencia, laboratorio, entre otras.

El edificio se diseñó siguiendo los mejores planos que se han trazado para esta clase de construcciones y aprovechando las experiencias en otros países. Destacaba la luminosidad, limpieza, abundante aire y un ambiente sano. Algunas cifras del edificio son de 3.50 metros de altura, con un promedio de 7.40 metros cuadrados de superficie por cama; 22 médicos y cirujanos, 44 enfermeras y 23 camareros. La construcción duró un año con un costo de Q.335,854.00. 

En el discurso inaugural se hacía observación de que el Seguro Social era uno de los logros de la Revolución de Octubre y los esfuerzos de los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, quienes habían trabajado para que fuera una realidad.

Carlos Contreras infomró que iniciará reuniones con todos los sindicatos de trabajadores que integran el seguro social, para conocer las peticiones y propuestas. “La transformación del Seguro Social no es solo de una persona, es de la nación”, afirmó.

Contreras dijo que asume la responsabilidad con humildad y claridad en que se debe reordenar la institución para optimizar los recursos. “Que sea mejor el servicio de medicinas, atención técnica comercial, el servicio al cliente y por supuesto proyectos ambiciosos para garantizar más cobertura” manifestó.

Conteras asume el cargo con una institución rodeada de señalamientos de corrupción, sin embargo aseguró que “No vamos a escatimar nada para tener resultados que la sociedad espera”.

Auditorías

El presidente del IGSS acotó que lo primero que llevará a cabo será una revisión de todos los procesos que están en ejecución y solicitará una auditoría a la Contraloría General de Cuentas, y verificaciones del Ministerio Público, para esclarecer los señalamientos que existen contra la institución.

Contreras dijo que planea solicitar a expertos internacionales que auditen el Seguro Social y apoyen en “Desentrañar todos los rincones, para conocer los procesos y cómo funcionan y evitar gastos de recursos que perjudican a los guatemaltecos”.

Análisis profundo

El titular del Instituto solicitó el listado de asesores del IGSS, que suman 970 en todas las gerencias, direcciones y departamentos, listado que revisará para tomar decisiones técnicas.

El IGSS tiene 15 mil trabajadores, y 1 millón 300 mil afiliados, aunque mantiene la obligación de atender dos millones y medio de guatemaltecos.

“De ahora en adelante la institución no tendrá nada que ocultar, pero se necesita grandes inversiones, que se atienda bien a la gente” refirió.

En orden

Contreras aseguró que su nombramiento al frente del IGSS no es ilegal ya que renunció al comité ejecutivo del Partido Patriota desde el 12 de mayo, cuando integró la terna de aspirantes a la vicepresidencia, renuncia que ratifico recientemente, aclaró.

El presidente anunció que lo acompañara en el trabajo, Luis González, un experto en temas de acceso a la información, que le ayudará a diseñar las propuestas de cambio.

En una entrevista con tres periodistas de medios locales, el mandatario explicó que fue informado del desvío del equivalente a 136.000 dólares después de que ordenó investigar la contabilidad del PN.

“No sé si llega a tres millones de lempiras (unos 136.000 dólares)”  el dinero que recibió su partido del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) , afirmó el mandatario al minimizar la cantidad desviada.

La oposición acusa al mandatario de haber recibido unos 90 millones de dólares de más de 300 millones que se desviaron del IHSS para su campaña electoral de 2013.

La semana pasada más de 5.000 personas marcharon con antorchas en la capital exigiendo la renuncia del mandatario y desde entonces se replicaron movilizaciones similares en una decena de ciudades. Para el próximo viernes está convocada otra movilización en Tegucigalpa.

“La gente tiene derecho a salir a las calles a manifestarse y pedir que se condene a quienes cometieron actos de corrupción” , añadió el mandatario en la entrevista.

El Congreso nombró una comisión de diputados para verificar los avances de las investigaciones que tiene que presentar el informe este jueves.

El caso se originó el viernes cuando un médico de seguridad social aplicó en el centro comunitario de la humilde localidad La Pimienta, del municipio de Simojovel, vacunas contra Tuberculosis y Hepatitis B a 52 bebés.

Pero muchos bebés comenzaron a tener problemas, y el sábado el IMSS reportó que dos bebés habían fallecido y otros 29 hospitalizados.

El martes recién pasado permanecían hospitalizados 24, de los cuales diez fueron dados de alta.

En cuanto a los bebés que se encontraban graves, la cifra bajó de seis a cuatro, indicó el funcionario.

Tras analizar el lote de vacunas aplicadas en esa comunidad de Chiapas, se encontró “contaminación externa local ajena a la vacuna.”

“La contaminación viene de fuera y se han encontrado ciertas bacterias. Falta determinar el tipo de bacteria y el origen de la contaminación externa”, añadió el funcionario.

El gobierno está tan seguro de que esa contaminación está focalizada sólo en el lote llevado a esa localidad de Chiapas, que “se va a continuar todas las acciones de vacunación (en el resto del país) debido a que no hay un riesgo”, añadió el funcionario.

El único lote que ya no se usará es el que fue enviado a Simojovel.

Muchas comunidades indígenas de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, se encuentran alejadas de las ciudades y carecen de servicios de salud.

Médicos de la seguridad pública realizan brigadas para llevar las vacunas básicas a estas poblaciones.

El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, destacado defensor de derechos humanos en la zona y uno de los interlocutores entre las familias y las autoridades, indicó que este caso es una muestra de las carencias que tienen las comunidades indígenas de ese municipio, una población que desde hace años viene reclamando un hospital, dotado del equipo y el personal necesario.