Según Andrés Ardón, de la organizacion Cívitas, hay que ver cómo se desarrolla el caso, para establecer cómo va a afectar al alcalde Álvaro Arzú, aunque pareciera que es positivo para él, debido a que no es un tema muy relevante. “No es que se haya descubierto una estructura de saqueo en la Municipalidad, es pequeño, no es lo que se esperaba. Me atrevo a pensar que el caso va a avanzar, pero no como para que Arzú vaya a tener que renunciar”, indicó.

Política

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El jueves el MP y la Cicig descubrieron un nuevo caso que podría convertirse en la última trama que evidencia en manos de quien estaba el sistema penitenciario. Byron Lima Oliva, fue identificado como un administrador del traslado de reos, cobros de sobornos y hasta negocios con partidos políticos, que ahora alcalzan al alcalde capitalino Álvaro Arzú, y una alianza con otros cuatro partidos, que le pagaron al exmilitar con recursos del Estado para financiar una propaganda política.

Mientras que Andrés Ardón, de la organización Cívitas, consideró que la investigación que se reveló el jueves tomó por sorpresa a Arzú, pero, “si el alcalde no tiene nada que temer, no debería de haber ningún problema con que le quiten el antejuicio y lo investiguen”.

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Al mismo tiempo, Gálvez Borrel consideró que el alcalde no puede negar, la relación que tuvo con Byron Lima Oliva, quien fue parte de su equipo de seguridad cuando  fue presidente. “Hay incluso fotografías de ambos, es por eso que él no pudo negar el apoyo, y además indicó que continuaría haciéndolo a través de las viudas”, por lo tanto, el caso si merece una investigación más profunda, para ir aclarando, aunque reconoce que podría complicarse para el jefe edil.

Para Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, lo más importante del caso contra el alcalde Álvaro Arzú, es que se está “viendo que este sistema político ya no da para más y que está basado en un sistema de corrupción que no es compatible con las metas del MP y de la Cicig y por eso causa polémica”.

“Lo que se tiene que considerar es que un delito es un delito, y acá ya se había tomado como normal la corrupción, era parte de la cultura, por lo que al tocar personas que pareciera que son intocables ha generado molestia de un gran grupo de personas de cuello blanco. Además, todos los que se unieron en el pacto de corruptos están unidos y están temerosos”, aseguró Mack.

Papa caliente

En la investigación del MP y de la Cicig se detalló que las negociaciones del alcalde Arzú con la cooperativa Torre Fuerte se efectuaron entre el 2013 y 2015 para la coalición política entre el Partido Unionista (PU); Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Todos, Victoria y Gran Alianza Nacional.

Carlos Fión, de Creo, aseguró que esa agrupación política no tuvo ninguna responsabilidad en el tema que le imputan a Arzú, aunque aceptó que hubo una coalición. Según el congresista cada partido efectuó sus registros contables propios e hizo su propia propaganda. “Que yo recuerde, no utilizamos la cooperativa Torre Fuerte, aunque todos los partidos la usaban”, detalló.

Mientras que Roberto Alejos, de Todos, indicó que fue Arzú quien lo convocó a la coalición, y el Partido Unionista (PU) donó las playeras que utilizaron.

Mariano Rayo, del Comité Ejecutivo del PU, indicó que el martes sostendrán una reunión y luego de ello darán una posición oficial.

El Ejecutivo presentó un proyecto de gasto para el próximo año de Q87 mil 922.9 millones, recursos que se pretende  financiar con Q18 mil 311.9 millones de préstamos y bonos del tesoro; es decir, que el  13.8 por ciento del Presupuesto  será cubierto con endeudamiento.

Esa parte no les gusta a los diputados. Por ejemplo, Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, aseguró que no están de acuerdo con el techo presupuestario y que consideran que debería  quedarse en no más de Q82 mil millones, lo que representa una disminución de Q5 mil millones a las proyecciones del Ejecutivo.

Pero lo que más se critica es la ejecución presupuestaria. Diputados ven incoherente que pidan más recursos si  han evidenciado que no pueden cumplir con las obras programadas.

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De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas Públicas, a dos meses y medio de terminar el año el Gobierno solamente ha ejecutado el 62.4 por ciento de los Q77 mil   622 millones que tiene asignados en este período.

Incapaces de ejecutar

“Es ilógico que pidan más dinero, cuando no han podido ejecutar lo que tienen asignado en este momento”, afirmó Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala.

Básicamente, el Ejecutivo está solicitando un incremento de su presupuesto por Q10 mil 300 millones, pero hasta ayer habían gastado Q48 mil 413.3 millones.

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Montenegro aseguró que hay dependencias como el Ministerio de Comunicaciones que, de los Q4 mil 98.1 millones que tiene asignados, únicamente ha podido ejecutar Q1 mil 469.5 millones; es decir, solo ha gastado el 35.5 por ciento
de los recursos aprobados para este año. “No sé para qué quieren más dinero”, criticó la legisladora.

Otras asignaciones

Para Carrillo es necesario que se revisen también algunas asignaciones, ya que en el proyecto del Ejecutivo no se contemplaron aspectos como el incremento a la refacción para los estudiantes, la cual pasó de Q1.11 por niño, al día, a Q3, luego de que fue aprobada la Ley de Alimentación Escolar.

Olvidan a comadronas

Otro rubro al que se le debe  buscar un espacio presupuestario es el estipendio para las comadronas, ya que este año no se pudo ratificar la normativa que las apoya con un beneficio anual de Q3 mil, pues  los recursos no están plasmados en el proyecto de gastos.

La jefa de Encuentro por Guatemala indicó que han podido identificar que la mayoría de los recursos que ha ejecutado el Gobierno han sido para funcionamiento; en especial   pago de sueldos a trabajadores contratados en el renglón 189, lo cual significa que son empleados que únicamente  presentan un informe mensual y no tienen ni siquiera que presentarse a trabajar. Esta modalidad   se usa para consultorías.

Si no es aprobado el proyecto de Presupuesto a más tardar el 30 de noviembre, como lo estipula la ley respectiva, el Gobierno tendrá que funcionar con los gastos e ingresos autorizados para este año.

Se analizará el gasto contemplado

Adim Maldonado, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, aseguró que ya se contempló la preocupación de los diputados de las otras bancadas. “Yo no he querido decir que vamos a bajar el Presupuesto, porque tenemos que escuchar el planteamiento del Ejecutivo”, indicó.
Según Maldonado, hoy se escuchará a autoridades de varias dependencias para que expliquen con qué base  se estableció el monto requerido.

Presupuesto desfinanciado

Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, considera que no apoyarán el proyecto de presupuesto en la forma como está presentado. “No vamos a votar por este porque está totalmente desfinanciado y fuera de la realidad económica del país”, adelantó.
Agregó: “Se tiene que tener un presupuesto lógico y coherente. No se trata de rubros específicos, se trata de toda la proyección de ingresos y de gastos”.

No apoyaremos ninguna propuesta

Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que no apoyarán ningún presupuesto, aunque se modifique.
Según el congresista, la propuesta tampoco trae ningún candado de transparencia, por lo que la intención del Ejecutivo “es gastar a sus anchas”. Blanco afirmó que el presupuesto está desfinanciado y que no es posible que se plantee una deuda de Q20 mil millones.

Estos son algunos aspectos destacados de la reforma al código, bajo el decreto 18-2017:

• Se podrá constituir una sociedad anónima con Q200. 
• Cada accionista deberá pagar, por lo menos, el 25 por ciento del valor nomimnal de cada acción que suscriba.
• El depósito bancario será obligatorio cuando el total de aportaciones en efectivo excedan la cantidad de Q10 mil. 
• El efectivo de una sociedad mercantil bajo el resguardo de sus administradores deberá obligatoriamente ser depositada en la cuenta bancaria de la empresa.
• Inscripción:  En el caso de sociedades colectivas o de responsabilidad limitada, están obligadas a publicar todos los nombres de los socios en el medio electrónico proporcionado por el Registro Mercantil.
• La sociedad inscrita podría ser cancelada por el Registro Mercantil si no presenta la documentación que demuestra el efectivo traspaso de dominio de bienes, en un plazo de tres meses.
• El Registro Mercantil deberá implementar un medio de comunicacón electrónico una vez entre en vigor las reformas al Código de Comercio.

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Las reformas entrarán en vigor 90 días después de la publicación en el Diario de Centro América.

El diputado independiente Oliverio García Rodas resaltó que con los cambios en el Código se reducirá el costo de la inscripción de sociedades anónimas, que por ahora rondan los Q15 mil.

“Esta es la reforma más importante que se le ha hecho al Código, lo cual ubicará a Guatemala 10 escaños arriba en el Índice de Competitividad Global del que actualmente ocupamos (84). Nos posicionará por encima de países como Brasil”, aseguró Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso.

Según el Parlamento, estas reformas beneficiarán a emprendedores guatemaltecos y extranjeros porque dota a los pequeños empresarios que pertenecen al comercio informal de las herramientas electrónicas para que formalicen sus actividades.

Además, las modificaciones contenidas en las iniciativas 4904 y 5194 están encaminadas a mejorar el acceso de los emprendedores guatemaltecos a la economía formal, reduciendo el tiempo, costo y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil General de Guatemala.

Con información de Acan EFE

“Como que es un diálogo entre sordos o entre mudos, no se quiere oír nada, y esto es lo que no está bien. Tenemos que propiciar un ambiente tal que se pueda escuchar, que podamos sentarnos, que haya esa actitud de saber escuchar al otro, y de saber expresar lo que nosotros sentimos”, enfatizó Vian.

Las declaraciones del líder eclesiástico despertaron reacciones en algunos diputados del Congreso de la República.

“Considero que todos debemos de hablar con la verdad, cosa que él tiene razón y eso incluye a todos los sectores. El sistema debe de ser reformado y el diálogo es importante. Debemos de propiciar la actitud de escuchar al otro”, manifestó el diputado Adim Maldonado, diputado de FCN-Nación.

Vian también fue cuestionado sobre las acciones de la clase política en el Ejecutivo y Congreso, a lo que respondió: “Sobre todo, ahí. Vean cómo engañan, cómo nos engañan con esos discursos. ‘No soy ni corrupto ni ladrón’, pero claro que uno no ha robado, pero uno puede ser ladrón de otra forma, uno puede ser corrupto de otras formas, entonces también en eso seamos cautos. Digamos sí cuando es sí, no cuando es no”.

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Vian también manifestó que es “urgente” la renuncia de los diputados que votaron a favor de reformar las leyes para beneficiar la impunidad, con el objetivo de “purificar el Congreso”.

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“El hecho mismo que renuncien no va a necesariamente a cambiar inmediatamente las circunstancias porque suben los suplentes, y de todos modos nada cambiaría”, dijo Montenegro.

La legisladora consideró que se necesita hacer una propuesta más elaborada, pero más complicada. “Muchos han planteado hacer una Asamblea Nacional Constituyente, adelantar la contienda electoral o vías reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lograr los cambios al sistema”, puntualizó Montenegro.

Para no perder su puesto de asistente en el Legislativo, Valenzuela busca congelar su plaza. De esta forma la nueva parlamentaria quiere garantizarse que al terminar la legislatura pueda regresar a su antiguo trabajo donde devenga unos Q23 mil.

 No es la primera vez que un trabajador del Congreso inhabilita su plaza para ocupar una curul.

En enero pasado, el exdiputado Carlos Mejía reclamó la plaza que dejó en el 2007, cuando fue elegido diputado por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

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Otra empleada del Congreso que también recurrió a la medida de inhabilitar su plaza en ese organismo fue la diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Karina Paz, que intentó conservar una plaza, que finalmente perdió.

Paz sustituyó al exdiputado César Fajardo, procesado un caso de plazas fanstama en el Congreso.

La petición fue apoyada por mil 349 estudiantes sancarlistas, quienes con su firma y número de identificación apoyaron la petitoria. A cada diputado le llevaron una carta personal en la que le detallan las características que deben tener como funcionarios públicos y su investidura y les hacen ver que carecen de esas capacidades.

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Los representantes de la AEU también adelantaron que están trabajando en la creación de meses interuniversitarias para promover las reformas pertinentes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

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El ministro fue cuestionado por los legisladores sobre cómo definió el monto que el bono de responsabilidad podía ser mayor al salario base, cuando solo es un complemento, a lo que el Mansilla respondió: “Los derechos adquiridos son irrenunciables, yo lo que hice fue transparentar. Yo sé que hay molestia, pero hemos dado pasos importantes en la transparencia”.

¿Usted le preguntó al comandante general del Ejército si le podía dar un bono, si autorizaba y si estaba de acuerdo? Preguntó un diputado al ministro Mansilla, quien puntializó: “Yo le presenté el sustento legal, que estaba en forma transparente y él lo aceptó”.

El jefe de la Defensa Nacional también dejó claro que ningún otro presidente había recibido el bono de responsabilidad con el que Jimmy Morales fue beneficiado desde diciembre del año pasado y que supuestamente devolvió después de conocerse el tema. 

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El ministro de la Defensa reconoce que presentó un sustento legal a @jimmymoralesgt y él estuvo de acuerdo con el bono de responsabilidad pic.twitter.com/S30zWXxFqL

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 26 de septiembre de 2017

El ministro fue cuestiona sobre el por qué no fue enviado a la Comisión de Probidad de Finanzas el dictamen de los Q50 mil que le darían al presidente. “No tengo explicación para decir por qué no lo mandé, fue un error administrativo, pero no hubo dolo ni mala intención. Mi actuación fue de buena fe”, dijo Mansilla. 

El ministro de la Defensa Nacional Williams Mansilla, entregó a los diputados de Encuentro por Guatemala, los comprobantes de depósitos salariales. Mansilla gana Q42 mil 120 por estar a cargo de la Defensa Nacional.

Mansilla explicó que su salario base es de Q21 mil, pero recibe otras primas por ser militar, por lo que su salario total se duplica.

"Los derechos adquiridos son irrenunciables" manifiesta el ministro de la Defensa pic.twitter.com/CTmutnfz9D

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 26 de septiembre de 2017

“En cuanto al bono de responsabilidad que yo tengo, no soy el primer ministro que lo tiene. No se ha aumentado, ni se ha modificado”, dijo Mansilla.

El ministro Mansilla, confirmó el 12 de septiembre que el presidente Jimmy Morales había recibido nueve pagos de Q50 mil por concepto del bono de responsabilidad, que suman Q450 mil.

Los demás miembros de la cúpula militar, que lo incluye a él, han recibido la misma cantidad de pagos según el cargo, por estos montos:

• Comandante General del Ejército: Q50 mil
• Ministro de la Defensa: Q45 mil
• Jefe del Estado Mayor de la Defensa: Q40 mil
• Viceministro de la Defensa: Q35 mil
• Viceministro de Política de Defensa y Planificación: Q35 mil
• Viceministro de Marina: Q35 mil

Los diputados lo niegan, incluso Javier Hernández, jefe del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aseguró a algunos medios que “dada la coyuntura, no se harán mociones privilegiadas”, ni van a alterar las agendas que se definan en la reunión de  jefes de bloques.

“En ningún momento estamos pasándola, de lo contrario se hubiera pedido en —la reunión de— jefes de bloques”, aseguró.

Sin embargo, en declaraciones a La Red, el jefe del bloque de FCN-Nación indicó: “Para ser honestos, primero tenemos que encontrar los consensos necesarios dentro de los jefes de bloques para poder pedirla; por eso no se solicitó hoy”.

“Estuvimos atentos del discurso del señor presidente —en Izabal—; sin embargo, no hubo  momento para esperar los consensos con los otros diputados. En su momento y con los acuerdos necesarios se va a solicitar, y se hará en jefes de bloques, evitando las mociones privilegiadas”, afirmó.

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Sobre el rechazo a  Francisco Solórzano expresado por ganaderos ayer en Izabal, superintendente de Administración Tributaria,   Hernández indicó:  “Se hacen muchos comentarios irresponsables. Yo quiero ver el reporte que envió para ver la parte legal, y nosotros pasar esa ley”.

Apoyo dividido

Aunque las fuerzas están divididas, sí existe  discusión. El diputado Jaime Regalado, del Movimiento Reformador, uno de los mayores impulsores de la propuesta, señaló que “no es el mejor momento para hacerlo, pero es necesario, para que entren en la formalidad y se normalicen”.

El congresista afirmó que la ley de simplificación tributaria “deberá ser abordada en su momento”.

“Fue aprobada por Solórzano Foppa. Si hay consensos la próxima semana se va a retomar; de lo contrario, se hará cuando cuente con el apoyo”, señaló.

Juan Ramón Lau, jefe de la bancada Todos, comentó que ellos no apoyarán la propuesta si se presenta a través de una moción privilegiada, pues antes tienen que conocer la iniciativa.

Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, recordó que la propuesta contiene la intención de una amnistía tributaria, por lo que en este momento no es aconsejable y se tiene que pedir una opinión a la SAT al respecto.

Durante un discurso que ofreció Morales en una reunión con ganaderos y agroindustriales en Izabal, aseguró: “Corremos el riesgo de que en noviembre volvamos a tener un poco de problema -con el abastecimiento en hospitales- porque la anterior autoridad del ministerio -de Salud- no hizo las compras correctas”.

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La anterior autoridad es Lucrecia Hernández Mack, quien renunció junto con su equipo de trabajo a la titularidad de esa institución, luego de que Morales declarara non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez, dos días después de que se presentara junto con el Ministerio Público una denuncia contra el mandatario por financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015.

Pocos minutos habían pasado desde la declaración de Morales, cuando Hernández Mack se pronunció en redes sociales, y de manera sarcástica escribió: “Traducción: ‘Queremos declarar estado de calamidad en red de servicios para comprar por excepción. Ya tenemos diputados y proveedores”.

Más tarde agregó: “De paso que él -Morales- pide 'dar la cara', cuando se ha estado escondiendo en las últimas semanas, sin dar explicaciones ni declaración alguna. Pfff”.

Contra la SAT

Otro de los que fueron aludidos en Izabal, fue el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Francisco Solórzano Foppa, pero no por el Presidente, sino por el ex diputado del partido Líder (2008-2012) Édgar Leonel Castañeda, de la asociación de ganaderos de Izabal, uno de los invitados a estar junto al mandatario en la tarima principal.

“Nosotros los guatemaltecos no queremos izquierdistas en el gobierno, no estamos acostumbrados.. Fuera Foppa, también. No necesitamos también a esta señora que nos está tropezando todos nuestros procesos de invasiones de tierras aquí en Izabal”, dijo Castañeda en su discurso.

Desde que Solórzano Foppa asumió la SAT, ha impulsado una lucha contra los evasores de impuestos. Esto ha sido tomado por los agroindustriales, quienes en su mayoría trabajan en la informalidad, como un ataque.

Incluso, para evitar las sanciones establecidas en ley, han buscado, a través de algunos diputados en el Congreso, que se declare una amnistía fiscal y judicial, que además les condonaría el pago de multas y sanciones por todos los años que no han pagado impuestos.

Luego del rechazo manifestado durante el discurso del mandatario, el titular de la SAT también se pronunció en redes sociales, afirmó: “Que un sector informal y evasor como el ganadero, pida mi salida, es un elogio a mi gestión. Pagarán mas pronto que tarde, denlo por hecho”.

Durante su discurso, el mandatario indicó que está impulsando una ley que de regularización que permita a los ganaderos, a los agricultores y a los vendedores de informalidad pagar impuestos, para “contribuir legalmente en la construcción de la Guatemala que nosotros queremos”.

Vea las polémicas declaraciones:

Así lo indicó durante un discurso que ofreció a diversos sectores, luego de una reunión que sostuvo con ganaderos de Izabal.

Durante su disertación el mandatario culpó a la exministra de un posible desabastecimiento de medicamentos en los hospitales, pues “no hizo las compras cuando se debía”, “ojalá de la cara como lo ha hecho para otras cosas”, indicó Morales.

La exministra Lucrecia Hernández renunció luego de que el Presidente declaró non grato al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y desde ese momento ha sido bastante crítica de la gestión.

Promesas

El mandatario también ofreció a los ganaderos impulsar la ley que regulariza a ese sector, el cual ha trabajado desde la informalidad.

La única propuesta relacionada con el tema que se discute en el Congreso, es para otorgar beneficios fiscales a través de una amnistía.

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Cuando Morales habló del tema, muchos de los asistentes gritaron críticas contra el superintendente de Administración Tributaria, Francisco Solórzano Foppa.

Otra de las ofertas del Presidente fue regularizar a los maestros, según sus palabras, se tratará de contratar de manera permanente a quienes prestan sus servicios profesionales bajo contratos temporales.

Contra la corrupción

El presidente aseguró que desde que era candidato se comprometió a luchar contra la corrupción, pero “con pruebas reales” y no de una manera selectiva, este mensaje ha sido utilizado también por diputados que han apoyado el denominado pacto de corruptos, quienes alegan que no se ha denunciado a agrupaciones políticas como la Unidad Nacional de la Esperanza, pese a varios procesos abiertos.

Morales también indicó que desde que buscaba la presidencia ha sido atacado, y para comprobarlo ejemplificó con las críticas que recibió por aceptar medicamentos vencidos, luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos lo denunciara.

“He tratado de ser valiente diciendo lo que tengo que decir, cuando lo tengo que decir”, aseguró el Presidente Jimmy Morales.

Además indicó que: “Guatemala está en un momento de cambios, pero tiene que ser en paz”.

Minimizan protestas de rechazo

Tanto el gobernador departamental de Izabal, César Augusto Fajardo, como el alcalde de Los Amates, Milton Pantaleón Portillo, minimizaron las protestas contra el Gobierno de Morales.

El más efusivo fue el gobernador, quien es nombrado por el mandatario según establece la Ley. “No es posible que el año antepasado en el mes de noviembre más de dos millones de guatemaltecos nos constituimos en las urnas electorales y allí dijimos que Jimmy Morales es el presidente de Guatemala, por lo tanto, no vamos a aceptar que pequeños grupos minoritarios que no tienen ninguna representación estén pidiendo su renuncia”, manifestó.

Agregó: “Creo que por respeto y por lealtad el pueblo de Guatemala tiene que decirle no a esa gente que se han manifestado, pues no son la gran cosa”.

Según Fajardo: “En el último censo éramos 16 o 17 millones, después de ese censo ya somos más de 20 millones, y para que en la plaza se reúna cinco o diez mil personas, esa gente tiene un chorizo de ceros abajo del uno, y por lo tanto no pueden decir que están hablando en nombre de los guatemaltecos honrados y trabajadores”.

Mientras que el alcalde municipal de Los Amates indicó: “Pueblo, no es fácil administrar un municipio, mucho menos administrar un país, lamentablemente siempre hay grupos que tratan de desestabilizar, el municipio de Los Amates no se salva de esta situación, lo ideal sería que todos nos uniéramos”.

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Vea los encendidos discursos:

Su primera acción fue la distribución y elección de la actual junta directiva del Congreso, que encabeza   Óscar Chinchilla.

Esta decisión estaba unificada a la aprobación y distribución del Presupuesto General de este año, así como al reparto de las comisiones de trabajo del Legislativo, y al nombramiento de representantes del Congreso ante instancias como el Registro Nacional de Personas, la Junta Monetaria y el Consejo Nacional del Migrante. Estas últimas dos no lograron finiquitarlas por acciones legales de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual había guardado distancia.

Sin embargo, ahora se han convertido en los protectores del mandatario Morales, y fueron los impulsores de leyes que buscan la impunidad para los funcionarios y dignatarios que han sido señalados de actos corruptos.

Las cabezas

Aunque el primer año de la octava legislatura no fue el mejor para el partido de Gobierno, debido a que quedaron fuera de todos los espacios de dirección, en este lograron unir fuerzas con quienes hasta octubre del año pasado habían respaldado a la UNE.

Con sus 37 legisladores —70 por ciento tránsfugas—, el Frente de Convergencia Nacional (FNC-Nación) logró sumar 50 votos más, provenientes de su pacto con las bancadas Movimiento Reformador (MR), Todos, Alianza Ciudadana (AC) y Unión del Cambio Nacinal (UCN). Las primeras dos fueron aliadas de la UNE, pero la dejaron, debido a que ésta se negó a quitar a Mario Taracena de la presidencia del Congreso para este año.

Aunque el fraccionamiento de las bancadas ha sido evidente y ha impedido que avance la agenda legislativa, no fue así para defender al presidente Morales y  buscar leyes que garanticen la impunidad a funcionarios y diputados señalados de varios delitos.

Además, después de la aprobación de las reformas al Código Penal, con las que se dividió el delito de enriquecimiento electoral ilícito y se permitía la conmuta de las penas menores a 10 años, se evidenció que la mayoría de los diputados de las bancadas aliadas solo reciben órdenes de las iniciativas por las que votar, y a esto les han denomina “voto disciplinado”.

Pero ¿quiénes son los que negocian? Según diputados, el Congreso está siendo dirigido por Felipe Alejos, de Todos; Alejandra Carrillo y Jaime Regalado, del MR; Armando Escribá, de AC; y Javier Hernández, de FCN-Nación.

Sus reuniones las hacen afuera del Congreso y suelen llegar con acuerdos previos. En éstas también participa Julio Lainfiesta, de UCN.

A veces los acuerdos son acompañados por las bancadas Visión con Valores, Unionista y Compromiso, Renovación y Orden.

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Alianza fallida

A esta alianza se había resistido la UNE y FCN-Nación no quería ningún acuerdo con ellos. Sin embargo, encontraron un  punto en común, luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala los señalara de financiamiento irregular durante la campaña del 2015.

Ricardo Barreno, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, recordó que estas bancadas se caracterizan por estar integradas por diputados que han sido señalados en actos de corrupción.

A criterio del experto, estos bloques buscan sentar un precedente que reduzca espacios al MP y a la Cicig y donde se evidencie que hay un grupo parlamentario que se resiste y choca con la institucionalidad judicial. “Es como un pulso técnico político donde se quiere cerrar filas a posibles investigaciones en su contra”, dijo Barreno.

Los allanamientos e inspecciones, realizados por la Policía Nacional Civil  (PNC) y el MP, fueron en los embarcaderos ubicados en el área del canal de Chiquimulilla.

Mayra Veliz, secretaria general del ente investigador informó que se inspeccionaron 22 embarcaderos y se efectuaron dos allanamientos en dicho lugar.

En los embarcaderos se revisaron 85 lanchas, de esa cantidad fiscales determinaron que 33 mostraban alteraciones. Además, sospechan que los vehículos fueron utilizados para transportar algún tipo de droga.

“Se determinó que las insignias de algunas lanchas son falsificadas y varias los tenían pegados con silicón, para aparentar que, si estaban registradas en el ministerio de la Defensa”, dijo la secretaria general del MP.

Lista de irregularidades

• Números de matrícula alterados.
• Nombre de las embarcaciones borrados.
• Distintivos e identificativos propios.
• Calcomanías pegadas con silicón.
• Números de serie borrados.
• Alteraciones en los motores.

El ente investigador detalló que la manera de operar de la estructura era dirigirse a mar abierto a traer la droga para trasladarla a tierra para comercializarla.

Veliz informó que la investigación empezó luego de un operativo efectuado el 13 de junio último. En dicha operación se realizó el decomiso de 950 kilos de cocaína, que eran transportados en lanchas tiburoneras identificadas como Victoria I y Victoria III.

En ese operativo fueron capturadas siete personas: tres guatemaltecos, dos ecuatorianos, un colombiano y un salvadoreño.

Autoridades esperan que con el operativo se evite que las embarcaciones sean usadas para el trasiego de droga, tráfico de armas, entre otros ilícitos.

El operativo efectuado es en marco de la Política de Persecución Penal Estratégica del MP ejecutado por esa institución.

Un día después de las manifestaciones contra la corrupción y la impunidad en las que, según la Procuraduría de Derechos Humanos, participaron más de 200 mil personas en todo el país, los diputados fueron convocados para sesionar a las 10:00 horas.

La sesión plenaria duró una hora, aunque la votación para desaforar al Presidente se llevó a cabo en 10 minutos. El retraso se debió a que los congresistas no se ponían de acuerdo en si debían detener la interpelación del ministro de Gobernación para entrar a conocer el antejuicio.

Finalmente, se reunieron los 80 votos para cambiar el orden del día, por medio de una moción privilegiada, y se votó para retirarle la inmunidad al Presidente. En total, 70 de los 112 diputados presentes en la sesión, votaron a favor, 42 en contra y hubo 46 ausentes.

Las bancadas FCN-Nación, Movimiento Reformador, UCN y TODOS votaron en contra de retirarle la inmunidad a Jimmy Morales. Por otro lado, la UNE, Encuentro por Guatemala y Convergencia votaron en contra del mandatario.   

Debido a que no se alcanzaron los 105 votos necesarios para que pasara en antejuicio, el expediente fue nuevamente archivado.

Respeta decisión

El Ejecutivo se pronunció al respecto y señaló que el fallo debe entenderse “dentro del contexto de la independencia de poderes y respeto al estado de Derecho”.

#Comunicado | Ante la decisión del Honorable Congreso de la República de mantener la inmunidad al presidente @jimmymoralesgt pic.twitter.com/tsPaGqCpYj

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 21, 2017

El martes, durante la reunión de jefes de bloque, nueve diputados pidieron que se retomara para la sesión de hoy el tema del antejuicio del presidente Jimmy Morales. La reunión del Pleno está convocada para las 10 horas. 

Pese a la presión ciudadana, es muy probable que el presidente Jimmy Morales mantenga su inmunidad, ya que no habría votos suficientes para retirársela. Ni siquiera se lograrían los 80 para que el expediente regrese al pleno.

Hasta ahora solo han manifestado su intención de discutir de nuevo el antejuicio del mandatario las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Encuentro por Guatemala (EG), Convergencia y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), que aunque lleguen todos sus diputados y elijan en una misma línea,  solo sumarían 46 votos.

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Para solicitar que el expediente del antejuicio llegue al pleno se requieren 80 votos, y para retirarle la inmunidad a Morales hace falta el apoyo de 105 congresistas.

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El diputado Boris España, de la bancada Movimiento Reformador, dijo que en su bancada aún no han analizado si respaldarán al presidente o votarán a favor de quitarle la inmunidad, además de una tercera posibilidad que dejen en libertad a los diputados para votar.

“Este tema se va a conocer, si no es esta semana la próxima. Se tendrá que tomar una decisión, o se archiva o se solicita la quitada de la inmunidad al presidente”, dijo España.

Por su lado, Carlos Barreda, de la bancada UNE, dijo que el bloque buscará que se le quite la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

“En la última votación la UNE se dividió. Yo fui de los que voté a favor de levantar el antejuicio, sin embargo, hubo otros diputados que votaron en contra. La definición que se tomó en el Comité Ejecutivo y bancada fue levantar el antejuicio al presidente”, dijo Barreda.

Reprueban legislatura

El actuar de los diputados ha generado reacciones sociales en las últimas semanas. El 11 de septiembre, 104 diputados decidieron blindar la inmunidad del presidente Jimmy Morales, para que no fuera investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lo sindica del delito de financiamiento electoral ilícito.

Dos días después, los 107 diputados, próceres de la impunidad, aprobaron de urgencia nacional las reformas al Código Penal, bajo el decreto 14-2017, en el cual modificaban el delito de financiamiento electoral ilícito, para librar al presidente Morales y a los diputados Orlando Blanco de la UNE y Roberto Villate, contra quienes el MP y la Cicig han solicitado que se les retire el derecho de antejuicio.

Además, los diputados aprobaron el decreto 15-2017, para favorecer la cantidad de delitos conmutables, beneficiando las penas contra más de 400 delitos, entre ellos, los que enfrentan exfuncionarios acusados de corrupción, pero también a otro tipo de crímenes relacionados a la violencia e inseguridad. 

Desde el jueves de la semana pasada, los periodistas que están en la fuente han tenido dificultades para desempeñar su labor periodística en las instalaciones del Congreso de la República.

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El jueves, aunque la reunión de jefes de bloque se realizó a puerta cerrada en la oficina de le presidencia del Congreso, los periodistas permanecieron más de dos horas en la calle, porque la seguridad les impedía el ingreso al Palacio Legislativo, aduciendo que era una orden de la presidencia de ese organismo.

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“Voy a hablar con la gente de seguridad, yo soy el presidente del Congreso, no soy el jefe de seguridad, hay un directivo al que se le delegó esta atribución”, argumentó Óscar Chinchilla, presidente del Congreso.

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Chinchilla comentó que no ha girado instrucciones al respecto y que hablaría con el diputado Eduardo Ramiro de Matta, quien es el delegado y encargado de temas de seguridad en la junta directiva, supuestamente para corregir la situación.

“Yo no le he dado ninguna instrucción a ningún guardia, voy a hablar con el jefe de seguridad y les pido respeto para los trabajadores de seguridad”, dijo Chinchilla.

Una semana después de que 104 diputados apoyaron al presidente Jimmy Morales para que conservara su inmunidad y no fuera investigado por señalamientos de financiamiento electoral ilícito, las bancadas han cambiado de opinión y nueve jefes de bloque lograron que se retomara la discusión en el Pleno sobre el antejuicio del presidente Morales.

En la reunión de jefes de bloque, diputados de las bancadas UNE, Winaq, Convergencia y URNG-Maíz pidieron que se retome en el Pleno la discusión sobre el retiro de inmunidad al presidente Morales, antejuicio que se encuentra archivado en la Dirección Legislativa.

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Antejuicio

El diputado de la UNE, Carlos Barreda, quien al igual que la mayoría de su bancada apoyaron el Pacto de Corruptos, para reformar el Código Penal y proteger la inmunidad al presidente, ahora pide que se retome la discusión sobre su antejuicio.

Barreda argumentó que los diputados tienen el derecho legítimo de llevar de nuevo al pleno el antejuicio contra Morales, además solicitó fijar una agenda prioritaria y que se desistiera de la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Rivas. 

La bancada Winaq, representada por el diputado Amílcar Pop, quien secundó las modificaciones del Código Penal, también requirió que se incluya en la agenda el antejuicio contra el presidente. Pop aseguró que ya existen acuerdos entre varias bancadas para quitarle la inmunidad a Morales.

“Ojalá el Congreso esté arrepentido de lo que ha estado haciendo”, comentó la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, quien reiteró que están debilitando el sistema de partidos políticos.

“Evidenciar que no sabían qué estaban votando, es decir que no están haciendo su trabajo”, dijo Morán.

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Lo defienden

Javier Hernández, jefe de la bancada oficial FCN-Nación, dijo que llevar al Pleno nuevamente el antejuicio contra el gobernante es para lavarse la cara. “Sería injusto que para lavarnos la cara estemos entregando al presidente”, expresó Hernández.

“No caigamos en presiones, no por 20 tuiteros que tienen 200 cuentas vamos a dañar una institución”, dijo Hernández.
Hernández dijo que el Ministerio Público puede seguir investigando a su partido, para confirmar si tuvieron financiamiento electoral ilícito.

"Sería injusto que para lavarnos la cara estemos entregando al Presidente" indica @Jhfranco9, @fcnnacion pic.twitter.com/SzW3u7j7qK

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 19 de septiembre de 2017

Hernández expuso que el Ministerio Público puede seguir investigando a su partido, para confirmar si tuvieron financiamiento electoral ilícito.

Fernando Linares Beltranena fue otro de los diputados que se opuso a retomar la discusión para retirarle la inmunidad a Morales. “El antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, es un antejuicio contra la institucionalidad”, afirmó Linares.

El contralor general, Carlos Mencos,  explicó en una citación con la bancada Encuentro por Guatemala (EG) que el documento legal que dio vida al bono debió publicarse en el Diario de Centro América, ya que   debía hacerse mediante un acuerdo ministerial.

“Según el criterio primario de los auditores, el Ministerio de la Defensa emitió una disposición, no una ley. Ellos deben emitir acuerdos ministeriales, por lo que podría haber abuso de autoridad”, afirmó Mencos.

Según el Ministerio de Defensa, el mandatario recibió  un bono de responsabilidad por Q50 mil  durante nueve meses, lo que hizo un total de Q450.

Para Mencos, además del bono,  aunque el presidente sea el comandante del Ejército,  el puesto no es  administrativo, sino que la función es inherente a su cargo.

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El contralor dijo que la decisión  aún está en análisis,  ya que la CGC solicitó la información pertinente al Ministerio de la Defensa acerca del bono, la cual incluye nombres y detalles de quiénes habrían recibido el beneficio; sin embargo,  agregó que esa cartera solicitó una prórroga, por lo que se espera que   dentro de  cinco días   entreguen los datos.

Lesividad

Durante la citación, Mencos indicó que parte del análisis será  establecer si existe  lesividad en el beneficio otorgado, pues además del gobernante lo recibían secretarias, pilotos, oficiales, especialistas, viceministros y el ministro.
“Hay que evaluar si existe lesividad, caso administrativo o acción de tipo penal. De cualquier forma se va a actuar”, aseguró el contralor.

Según el acuerdo del Ministerio de la Defensa que presentó Mencos a los diputados, además de a Morales  el bono estaba dirigido a más de 90 cargos, muchos de los cuales recibían más de lo que ganaban como sueldo.

“Se hará una auditoría completa. El alcance del acuerdo no es suficiente para hacer esos pagos”, manifestó el encargado de la fiscalización del gasto del Estado.

 De acuerdo con Nineth Montenegro, de EG, recibieron información de que, aunque el bono está autorizado para otras personas, algunas no lo recibieron y otras solo por un mes.

El congresista Leonel Lira, también de EG,  recordó que la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en el que estableció que los sueldos del Ejército no están protegidos por el secreto de Estado.

A la citación debió haber acudido el ministro de la Defensa, Williams Mancilla, pero envió una carta de excusa  en la que argumentaba que tenía compromisos asumidos con anterioridad.

La nueva maniobra de los diputados se dio en una plenaria realizada después de la sesión solemne para conmemorar el 196 aniversario de la indepedencia de Guatemala, a la que asistió el presidente Jimmy Morales.

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Investigan financiamiento electoral ilícito en partido oficial

Aún no finalizaba la sesión solemne cuando empezó a circular en el pleno las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito.

Los puntos del orden del día empezaban a ser discutidos cuando, de manera sopresiva, varios diputados presentaron una moción para alterar la agenda. Otros parlamentarios desconocían el contenido de la propuesta.

Se trataba del proyecto para suavizar el delito de financiamiento electoral ilícito de los partidos políticos. Los firmantes de la iniciativa fueron los diputados Javier Hernández, de FCN-Nación; Orlando Blanco, de la UNE; Alejandro Carrillo, de Movimiento Reformador; y Delia Bac, de Alianza Ciudadana.

La iniciativa fue aprobada en un único debate al ser admitida como de urgencia nacional. La aprobación por artículos y redacción final tuvo 107 votos a favor y 16 en contra, lo cual dio vida al Decreto 14-2017.

 Las reformas

El artículo 1 del nuevo decreto reforma el artículo 407 “N” del Código Penal, que queda así:

El artículo 2, que reforma el artículo 407 “O” del Código Penal, beneficia a Orlando Blanco, el presidente Jimmy Morales y Roberto Villate, secretarios general de los partidos UNE, FCN-Nación y Líder, respectivamente, señalados por el MP y la Cicig de financiamiento electoral no registrado o anónimo.

El mandatario Morales ya fue salvado por el Congreso de la investigación al no retirarle la inmunidad, mientras que Blanco y Villate enfrentan un proceso de antejuicio, al que ya le dio tramite la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y designó jueces pesquisidores.

Los diputados quitaron la responsabilidad de este delito a los secretarios generales de los partidos políticos, y ahora el responsable legal será el contador de las organizaciones.

La reforma también limita a que únicamente el TSE podrá denunciar penalmente el financiamiento electoral no reportado.

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El artículo reformado queda de la siguiente manera:

El artículo 3, que reforma el artículo 407 “P” del Código Penal, favorece a los partidos políticos UNE y FCN-Nación. 

Esta modificación queda así:

Con estas reformas no se investigarían los recursos obtenidos mediante lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, como se establecía en el artículo 407 “N” antes de ser modificado.

#DiputadosGT que apoyaron la propuesta con la que se benefician los partidos políticos, en especial Líder, @partidoune y @fcnnacion pic.twitter.com/Ycb5kUnuy4

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 13, 2017

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Conmutación de penas

Luego de aprobadas las reformas relativas al financiamiento electoral ilícito, ingresó al pleno una nueva moción sin que se dieran mayores detalles.

Se trataba de la ley de conmutación de penas y aceptación de cargos, que incrementó de 5 a 10 las penas de cárcel conmutables. Los diputados también avalaron conocerla de urgencia nacional y fue aprobada en un único debate, con 106 votos a favor y 13 en contra. Los mismos votos se registraron en la aprobación por artículos y redacción final.

El proyecto de ley aprobado es completamente diferente al presentado en 2016 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al cual se opusieron organizaciones sociales.

El artículo 1 del Decreto 15-2017 reforma el artículo 50 del Código Penal, el cual queda así:

Hurto y robo

El artículo 2 modificó el artículo 51 del Código Penal, que establece en que casos las penas serán inconmutables.

Con estas reformas, los condenados por hurto y robo sí podrían ser beneficiados con pena conmutable, ya que el numeral que lo impedía fue eliminado del artículo.

El nuevo artículo queda de la siguiente manera:

Varios de los procesados en el caso conocido como La Línea enfrentan delitos relacionados con la defraudación aduanera, ilícito que según las reformas no podrá tener pena conmutable. Entre los sindicados en ese caso están el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

Alianza UNE-FCN

La nueva maniobra de los diputados evidencia una alianza entre los bloques mayoritarios: UNE y FCN-Nación.

La dos bancadas han unido fuerzas en cuatro ocasiones para aprobar iniciativas que les favorecen personalmente o al partido al que pertenecen: Ley de Amnistía Judicial, Bono 14, antejuicio contra Jimmy Morales y financiamiento ilícito.

Solo el diputado Oliverio García Rodas habló o se opuso a la ley aprobada por la alianza UNE-FCN sobre financiamiento electoral ilícito. 

Las bancadas Movimiento Reformador, Todos y Alianza Ciudadana se sumaron a la alianza para aprobar la ley de conmutación de penas.

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“Sumamente contenta”

La diputada Delia Bac, de Alianza Ciudadana, se mostró satisfecha por el acuerdo poco común que quedó en evidencia con las leyes aprobadas este miércoles.

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“Si nos ponemos de acuerdo los 105 votos podemos logran grandes cosas dentro del Hemiciclo, no lo habíamos logrado, pero ahora tenemos el apoyo de todas las bancadas y hemos logrado lo que se logró hoy”, dijo Bac.

La parlamentaria negó que las iniciativas aprobadas estén dirigidas a proteger intereses particulares y, según ella, la ley de conmutación de penas busca reducir el hacinamiento en las cárceles.

Escuche sus declaraciones:

Imagen negativa

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, explicó que su voto fue en contra porque ni siquiera le proporcionaron la iniciativa para analizarla y suplicó a los diputados que se respete la agenda acordada por los jefes de bloques.

“Las mociones privilegiadas son sorpresivas, generan confusión, generan dudas, y sobre todo generan una imagen negativa del Congreso”, expresó Montenegro.

Las mociones generan una imagen negativa, dice @NineMontenegro pic.twitter.com/CIRr5cYPMx

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 13 de septiembre de 2017

Con 105 votos a favor, la mayoría de diputados aprobaron las reformas al Código Penal, con una iniciativa. La propuesta le quita la responsabilidad financiera a los secretarios generales y se las otorga al contador de las agrupaciones políticas, para que la persecución caiga sobre mandos medios. 

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Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política que no haya registrado el financiamiento electoral”.

Con esto cambios, los secretarios generales de los partidos políticos quedaron eximidos de responsabilidades y de persecución penal cuando las agrupaciones han incurrido en este ilícito. 

La moción para alterar el orden del día y conocer de urgencia nacional las reformas al artículo, fue presentada y firmada por los diputados Javier Hernández de la bancada FCN-Nación, Orlando Blanco de la bancada UNE, Alejandra Carrillo del Movimiento Reformador y Delia Bac de Acción Ciudadana. 

Opositores de reformas 

Aunque fue minoría, varios diputados se opusieron a que se cambiara el orden del día y votaron en contra de las reformas que fueron apoyadas por las bancadas mayores. 19 diputados se opusieron. 

Persecución

El 24 de agosto, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentaron una investigación contra algunos partidos políticos que habrían incurrido en financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015.

Sumado a eso hubo Q3 millones 518 mil 65.04 que terceras entidades pagaron a su favor por concepto de publicidad en medios de comunicación. Dentro de ellas hay vinculaciones de Alejandro Sinibaldi, prófugo, y Jonathan Chevez, preso.

Aparte, la entidad Transacciones Monetarias Unidas pagó Q1 millón 566 mil 600 cuando la empresa estaba bajo control de Jonathan Chevez, que hacía operaciones de lavado de dinero en el caso La Línea y TCQ. La Auditoría Electoral del TSE hizo cinco notas de solicitud de aclaración al partido sobre ese dinero, sin ninguna respuesta.

En términos generales Líder gastó Q71 millones 633 mil 650 en propaganda durante el periodo electoral de 2015 y gastó en campaña anticipada Q12 millones 206 mil 546.61, para un total de Q83 millones 840 mil 196.76.
El diputado Roberto Villate fungía como secretario general del partido Lider, por lo cual el MP y la Cicig iniciaron una solicitud de antejuicio contra el parlamentario para que pueda ser investigado.

La UNE supuestamente usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas que realizarían el pago en calidad de donación para el partido, no lo hicieron, como lo aseguró la UNE, la empresa Maariv, S.A. debía cancelar Q583 mil 730.01 y Bienno, S.A. 1 millón 332 mil 875.05.

Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.

La Superintendencia de Administración Tributaria determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Núñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas, sino que recayó en el rubro de aportes anónimos.

Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros.

Velásquez dijo que la UNE hizo pagos por Q1 millón 130 mil 725 en su mayoría en efectivo, que incurre en ilegalidad porque el dinero usado en campaña debe tener trazabilidad por el sistema bancario.

Por esas anomalías también solicitaron antejuicio contra el diputado Orlando Blanco quien era secretario general de la agrupación política cuando sucedieron esas anomalías.

Antejuicio contra presidente

El 25 de agosto el MP y la Cicig presentaron otra investigación por financiamiento electoral ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó al poder al presidente Jimmy Morales, quien también fungió como secretario general.

FCN Nación incumplió con la rendición de cuentas ante el TSE durante el periodo del 1 de enero del 2015 al 9 de enero de 2016. El TSE solicitó revisión de soportes contables y documentación de ingresos y gastos, pero no fueron atendidas.

La Intendencia de Verificación Especial alertó sobre transacciones anómalas en dos cuentas bancarias en las que se estableció que Q1 millón 862 mil 206 y otra de gastos permanentes Q473 mil 45, no fueron reportados.

Para la segunda vuelta de FCN-Nación, en octubre de 2015, los gastos de campaña alcanzaban los Q4 millones 386 mil, de los cuales se desconoce el origen de los recursos de ese incremento constante. A esos Q4 millones se suman como mínimo Q2 millones 335 mil 20.52 que correspondieron a los depósitos dinerarios, que suman Q6 millones 721 mil 252.

Por este caso el MP y la Cicig solicitaron antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, el cual conoció la Corte Suprema de Justicia y le dio trámite, pero el Congreso voto hace dos días en contra de retirarle la inmunidad al mandatario.  

Al confirmarse la asistencia del presidente Jimmy Morales al Congreso de la República, los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala colocaron carteles en sus curules con mensajes que rechazaban la acción del presidente de recibir el pago de Bonos del Ministerio de la Defensa, que calificaron de “ilegal”.

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Hernández y Giordano bajaron de sus curules y arrancaron los carteles de protesta que tenía la bancada Encuentro por Guatemala, lo que generó el intercambio de palabras entre los diputados.

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La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, fue designada para darle ingreso a la actividad solemne al presidente Jimmy Morales, quien apareció en una fotografía junto al mandatario en la actividad de bienvenida.

Minutos después la legisladora hizo una publicación en Twitter para aclarar que la foto donde aparecía con el presidente: “obedece a que fui nombrada por obligación a darle ingreso”, publicó Montenegro.

Ingresa al hemiciclo parlamentario el presidente @jimmymoralesgt. Es recibido con aplausos por algunos #DiputadosGT pic.twitter.com/W57VEbVUKO

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 13 de septiembre de 2017

Ausencias

A diferencia de otros años, esta vez no asistieron a la invitación del Congreso Francisco de Matta, presidente de la Corte de Constitucionalidad, y Nery Barrios Medina, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el contralor General de la Nación tampoco atendieron a la invitación de los diputados.

Cuando ingresó al hemiciclo el mandatario fue aplaudido por la bancada oficial y varios legisladores de otros bloques como Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador.

Morales saludó a varios diputados oficialistas y a otros diputados de otras bancadas pero fue notorio que no quiso saludar a los diputados den Encuentro por Guatemala.

Cuando comenzó su discurso y habló de soberanía Morales hizo una pausa que fue aprovechada por los diputados oficialistas quienes volvieron a aplaudir al presidente.

A su salida del hemiciclo Morales volvió a ser aplaudido por diputados oficialistas. La seguridad presidencial puso una valla dentro del Congreso para evitar que los periodistas pudieran acercarse a Pasos Perdidos y abordar al presidente, quien se retiró sin dar alguna declaración.

La intención del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) era archivar el antejuicio en su totalidad; sin embargo, le faltaron seis votos para conseguirlo. El expediente solo  será enviado a la Dirección Legislativa  para que esté a disposición de cualquier congresista que lo solicite y consiga 105 votos para llevarlo al pleno.

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“El problema es que tenemos un Congreso sin agenda estratégica; más bien es coyuntural. De tal cuenta que si los intereses cambian o la alianza se rompe, se tendría un escenario nada descartable en el que el antejuicio se pueda usar como mecanismo de chantaje”, afirmó el politólogo Ricardo Barreno.

Agregó: “En este momento viene un proceso de pago de favores. Pero si este pago se ve afectado, llegará a tal punto de indignación que podría generar que en poco tiempo se esté discutiendo de nuevo el antejuicio”.

Para Ángel Ramírez, de Congreso Transparente, “el proceso aún no está cerrado, por lo que se convierte en una moneda de cambio importante” dentro del Organismo Legislativo, “porque en cualquier momento,  modificación de intereses o posición de otras bancadas, se puede llevar a discusión el antejuicio contra el presidente”.

“Se convertirá en un estira y encoge que será utilizado por las bancadas como forma de presión al bloque oficialista, que es la única forma en que ha podido negociar. El antejuicio se convertirá en un mecanismo de extorsión, en donde las bancadas van a poder sacarle la mayor ventaja, como el Presupuesto, presidencias de comisiones y la Junta Directiva”, indicó Ramírez.

Negociaciones

El lunes, luego de la votación, los diputados Amílcar Pop, de Winaq, y Sandra Morán, de Convergencia, aseguraron que hubo “negociaciones espurias” en torno al apoyo que recibió Morales. Según los legisladores, se habrían negociado las posiciones en la Junta Directiva para el próximo año, así como obras para el 2018 y pago  de deuda flotante.

Mario Taracena, diputado del partido Unidad Nacional de la Esperanza, desestimó las apreciaciones de los politólogos porque se requiere el apoyo de 105 diputados para lograr que el proceso de antejuicio llegue de nuevo al pleno.

Indicó que la votación que favoreció a Morales fue motivada por “miedo, angustia, inseguridad y confrontación, porque algunos están hartos, aburridos, se sienten perseguidos y ya no quieren saber nada”.

Los politólogos coinciden en que los sectores interesados en mantener el statu quo y  frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad unieron fuerzas el lunes para mandar un mensaje a quienes están tratando de evidenciar los abusos y delitos que se han cometido y la forma como las estructuras han operado.

Con ese resultado se impide al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que continúen la investigación sobre el financiamiento irregular que habría recibido el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general y candidato a la Presidencia.

Contexto

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¿Voto negociado?

La semana pasada, Javier Hernández, jefe de FCN y uno de los mencionados en la investigación, se habría reunido con legisladores para convencerlos de votar a favor de Morales, al extremo que la Unidad Nacional de la Esperanza y el bloque Todos se vieron forzados a dejar en libertad el voto.

Esas negociaciones continuaron incluso dentro del pleno minutos antes de que se desarrollara la votación.

Amílcar Pop, de Winaq, y Sandra Morán, de Convergencia, denunciaron en el pleno que había habido negociaciones espurias. Al consultarlos coincidieron en que se negoció la junta directiva y obras en el Presupuesto de Gastos para el próximo año, así como pagos de deuda flotante.

Adim Maldonado, de FCN, negó cualquier señalamiento y aseguró que las votaciones “las decidieron” los legisladores.
Incluso, algunos congresistas indicaron que  grupos privados efectuaron ofertas, porque temen que se continúe la investigación y puedan salir implicados.

Finalmente, solo 25 diputados votaron a favor de retirarle la inmunidad a Morales. Algunos aseguraron no haber tenido tiempo para marcar, debido a que el secretario Marco Pineda, de FCN, no dio ni un minuto para el efecto. Mientras, 99 acuerparon la decisión de dejar a Morales con inmunidad.

Como no hubo 105 votos en ninguna de las decisiones, el informe es archivado pero podría volverse a discutir a pedido de algún congresista.

Protestas opuestas

Desde las 11.30 horas, un grupo de integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) llegó al Congreso para exigir que se votara en favor de retirarle la inmunidad a Morales. A ellos se les sumó el grupo  Batucada del Pueblo.
Una hora después, varias personas que apoyaban al presidente llegaron al mismo lugar, con carteles.  La situación se tornó tensa por algunos minutos, pues hubo  cruce de palabras.

Mientras los diputados discutían el informe que presentó la Pesquisidora,  los manifestantes seguían gritando consignas para que los diputados votaran para retirar la inmunidad a Morales.

Al saberse el resultado, el grupo que apoyaba a Morales quemó cohetillos como muestra del júbilo.  Entretanto, el otro grupo lamentó la decisión de los congresistas y calificó la acción de pacto de impunidad en contra del país. Los diputados oficialistas celebraban.

Asunto sin cerrar   

Debido a que ninguna de las votaciones a favor de quitar inmunidad o mantenerla  logró los 105 votos que establece la ley, el antejuicio contra Jimmy Morales queda a resguardo de la Dirección Legislativa.

El informe y la solicitud de retirar la inmunidad a Morales  podrán ser solicitados en cualquier momento por los diputados para someterse de nuevo a votación, hasta que una de las decisiones logre obtener el apoyo de 105 congresistas.

Votaron para quitarle la inmunidad al presidente:

1. Álvarez Enrique, Convergencia.
2. Baldizón Méndez Salvador Franciscco, Independientes.
3. Barreda Taracena Carlos Alberto, UNE.
4. Briere Samayoa Jean Paul, Todos.
5. Camey Curup Leonardo, Independientes.
6. Cordova Molina Édgar Tomás, Independientes.
7. Felix López Walter Rolando, URNG-Maíz.
8. Flores Divas Jairo Joaquín, UNE.
9. Gómez Raymundo Eduardo Cruz, UNE.
10. González Alvarado Eugenio Moisés, Todos.
11. Guzmán Mérida Mauro, UNE.
12. Ixcamey Velásquez Julio, UNE.
13. Juracán Salomé Leocadio, Convergencia.
14. Lainfiesta Cáceres Érick René, EG.
15. Lira Montenegro Héctor Leonel. EG.
16. Lux Edwin, UNE.
17. Mérida Reyes Mike Ottoniel, Bloque Legislativo Reformador.
18. Montenegro Cottom Nineth Varenca, EG.
19. Montufar Fernández Emanuel Ranfery, EG.
20. Monzón Pedroza Felix Ovidio, Todos.
21. Morán Reyes Sandra Nineth, Convergencia.
22. Pop Ac Amílcar de Jesús, Winaq.
23. Romero Segura Raúl, Fuerza.
24. Taracena Diaz-Sol Mario, UNE.
25. Taracena Godínez Dorian Delfino, EG

El diputado Julio Ixcamey (UNE), presidente de la comisión, dijo que se recomendó que Jimmy Morales debe ser investigado por el caso de financiamiento electoral ilícito, cuya petición de retiro de inmunidad fue realizada por el MP.

Entérese

El procedimiento de antejuicio luego de la recomendación de la pesquisidora

Los diputados se reunieron la mañana de este domingo e informaron a los medios que se modificaba el cronograma para entregar el informe a las 13 horas del lunes, sin embargo, de último momento decidieron cumplir con el plazo de cinco días que el pleno aprobó.

El documento se entregó anoche a las 22.27 horas en un sobre sellado, y aunque no es secreto de Estado, se negaron a revelar el contenido.

El presidente de la pesquisidora aseguró que fue una decisión consensuada de los cinco integrantes de la comisión.

Ixcamey explicó que cuando les informaron que se trataban de más de tres mil folios de expediente, pensaron en una prórroga para entregar el informe, sin embargo, al revisar los documentos determinaron que eran los mismos que el expediente de la denuncia.

Según los miembros de la comisión, este lunes se realizará una conferencia para explicar sus conclusiones.

El procurador de los derechos humanos se pronunció en su cuenta de Twitter.
https://twitter.com/JordanRodas/status/907112664740048896

Proceso

Lo resuelto pasará al pleno del Congreso para discusión y aprobación, con ello se decidiría si al gobernante se le retira la inmunidad para ser investigado.

Mientras tanto, organizaciones sociales que exigen la renuncia de Jimmy Morales han comenzado movimientos para exigir a los diputados que permitan que Morales sea investigado.

La mayoría de diputados ha optado por no emitir opinión sobre retirarle la inmunidad a Morales, pues señalan que si lo hacen podrían perder la imparcialidad.

La diputada Eva Nicole Monte, integrante de la comisión pesquisidora, habló sobre la reunión en la que decidieron recomendar retirarle la inmunidad al Presidente.

El fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, dijo a los diputados pesquisidores que “tienen en sus manos un obstáculo a la persecución penal, un obstáculo para que la fiscalía pueda determinar de dónde se lavó este dinero” que llegó a las arcas del partido FCN-Nación y no entregó cuentas al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Entérese

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Además, el fiscal indicó que en los libros contables no se refleja la campaña de FCN-Nación en el interior de la República.

Schaad defendió que la solicitud de antejuicio contra Morales no es un invento de la Fiscalía ni del TSE. “Hasta el día de hoy es financiamiento anónimo”, dijo.

“Ojo, persiste la ocultación, porque no está el financiamiento del helicóptero”, manifestó Schaad al referirse al financiamiento de los viajes que hizo el entonces secretario general de FCN-Nación, Jimmy Morales, a bordo de la aeronave.

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Al finalizar su exposición ante la comisión, el representante del MP dijo que no puede hacer un peritaje de los cheques porque la firma es la del ahora presidente Jimmy Morales, quien goza del derecho de antejuicio.

Según el MP, la Superintendencia de Bancos (SIB) ratificó su denuncia estableciendo que hubo movimientos sospechosos en las cuentas del partido durante la gestión de Morales como secretario.

#AntejuicioJMorales | "Ustedes tienen en sus manos un obstáculo para determinar cómo se lavó este dinero" dice Shaad, del @MPguatemala pic.twitter.com/ywFCUjmhBS

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 9 de septiembre de 2017

Por su parte, Luis Orozco, representante de la Cicig, señaló que hubo movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de FCN-Nación. “Con el fin de ocultar el origen del dinero, se hicieron varios movimientos”, dijo.

 “No estamos juzgando a nadie, se están presentando pruebas de indicios”, aclaró Orozco al diputado Gabriel Heredia, vocal I de la comisión.

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Heredia señaló que por el día y hora en se informó de la solicitud de antejuicio contra el mandatario Morales, las acciones del MP y la Cicig podrían tener un tinte político.

La diputada Dolores Beltrán, vocal II, cuestionó la participación de la Cicig en la investigación contra el Presidente. 

#AntejuicioJMorales | Diputada @doloresbeltranl cuestiona la participación de la @CICIGgt en la investigación contra @jimmymoralesgt pic.twitter.com/D9iilXrD9D

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 8 de septiembre de 2017

Morales inauguró la primera fase de un tramo carretero de 12 kilómetros que comunicará a Santa Cruz del Quiché con San Andrés Sajcabajá.

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¿Por qué el presidente ha decidido no hablar de asuntos de interés nacional?

“Gracias a Dios y a un trabajo transparente, a una administración que, talvez hemos cometido errores, pero que nadie puede decir que estamos haciendo lo que se dice que se hacía antes”, dijo Morales.

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Previo a la actividad, uno de los transportistas que participó en el evento dijo que su presencia en el lugar era motivada únicamente por recibir la carretera que les será de mucho beneficio, pero dejó claro que no iban a apoyar a ninguna persona en especial.

El presidente habló en su discurso sobre los trabajos de ampliación de la ruta Interamericana en Chimaltenango y dijo que se preparan proyectos para que otros departamentos “no se pongan celosos”.

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“Me voy contento, me voy alegre, todavía no satisfecho, hasta el último día que Dios me permita y Dios mediante será el 14 de enero de 2020, estaré diciendo, quizás pude esforzarme más”, dijo Morales en Quiché. “Es necesario que Guatemala fortalezca sus instituciones, y es necesario que todos creamos en Guatemala”, añadió.

El 27 de agosto a primera hora, Morales declaró non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y ordenó su expulsión, decisión que frenó la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, el gobierno ha evitado pronunciarse explícitamente acerca de si volverá a ordenar una expulsión, sino que los pronunciamientos se han limitado a que se cumplirá dicha resolución.

Al finalizar la inauguración, el presidente fue escoltado por agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (Saas) hasta la camioneta de tipo agrícola donde era transportado.

“Que Dios lo bendiga”, respondió Morales, ante los cuestionamientos de los periodistas sobre cuando estaría dispuesto a recibir a Cicig e Iván Velásquez y a responder sobre temas importantes.

Pesquisidora

En el segundo día de labores de la comisión pesquisidora para Jimmy Morales, los diputados aprobaron el cronograma de actividades.

Para el viernes se espera la ratificación del MP y la Cicig, además de la comparecencia de Morales, autoridades del Tribunal Supremo Electoral y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Las notificaciones de citación fueron enviadas por la comisión a cada una de las partes para que acudan en los horarios definidos para rendir sus informes.

La comisión espera recibir el sábado la información solicitada y en base a ello realizar los análisis pertinentes para elaborar el informe circunstanciado, que tienen previsto discutir y aprobar el domingo, para remitirlo al Pleno del Congreso.

El presidente de la Comisión, diputado Julio Ixcamey, de UNE, adelantó que si la Pesquisidora no recibe los informes en los tiempos solicitados, se podría atrasar la entrega del informe circunstanciado.

Sin embargo, a pesar de haber hecho esa promesa, ayer las cosas cambiaron e incluso el diputado Gabriel Heredia,  miembro de la Comisión, pidió que se reunieran en privado.

En una cita que dejó más dudas que respuestas, Ixcamey informó que no solo  consideraba “ilegal” la decisión del pleno de estipular cinco días, sino que  “podrán” pedir prórroga si no culminan en ese plazo el informe que deberá conocer el pleno.

Política

A dos años de haber ganado la primera vuelta, inmunidad de Jimmy Morales está en juego

El diputado no supo explicar por qué y solo argumentó: “Tenemos un gran expediente que leer y analizar, no sabemos cuánto tiempo nos tomaremos ni qué tiempo necesitaremos para definir a quiénes citar”.

De acuerdo con la información proporcionada en la Dirección Legislativa del Congreso, el expediente  consta de tres tomos y 963 folios, en los que la Fiscalía contra Delitos Electorales detalló en su investigación preliminar los hechos por los cuales considera que el mandatario podría estar implicado en la procedencia de recursos   no reportados durante la campaña electoral del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Asesores de la Unidad Nacional de la Esperanza, bancada a la que pertenece Ixcamey, explicaron que el problema es que no se cuenta con la presencia del secretario de la Comisión, Juan José Porras, quien  fue electo mientras se encontraba en Chile, en un foro organizado por la Organización de los Estados Americanos.

Incluso  no quedó claro si se reunirían hoy o cuándo se volverá a convocar  para continuar con la discusión sobre el antejuicio.

De acuerdo con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicios, la pesquisidora deberá escuchar a las partes que solicitaron el antejuicio y al acusado; es decir que en los próximos días las autoridades del Ministerio Público y   la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tendrían que acudir al Congreso para ratificar su denuncia, aunque no se tiene fecha para ello.

Pese a que la Ley indica que se debe “escuchar” a las partes, en los antejuicios promovidos contra el expresidente Otto Pérez Molina  y la exvicepresidenta Roxana Baldetti ninguno de los dos se presentó al Congreso, sino que enviaron informes. Aunque   no está confirmado, los  diputados  buscan que Morales haga lo mismo.

En  días anteriores, el vocero presidencial, Heinz Heimman, explicó que la ley permite que el mandatario envíe a sus representantes.

¿Prórroga?

Según el presidente de la comisión pesquisidora,  es ilegal establecer un plazo, por lo que podrían pedir una prórroga.
 
“Con todo el respeto que me merecen los diputados, pero hay muchos que solo levantan la mano. Lo que hicieron —dar un plazo de cinco días—, para mí es ilegal… La ley, para mí, no establece plazo”, afirmó Ixcamey.

De cumplirse los cinco días establecidos por el pleno  y solicitados por el partido del Gobierno, el informe debería   estar terminado y entregado el domingo próximo.

Aunque pareció extraño que FCN-Nación apresurara la discusión de la pesquisidora, algunos congresistas dijeron que tiene lógica la estrategia, ya que en este momento se podrían tener los votos para librar a Morales de perder la inmunidad, pero con el pasar de los días los acuerdos podrían cambiar, según los ofrecimientos y circunstancias que se den.

A puerta cerrada

Aprovechando la reunión de la pesquisidora, los jefes de bloques se reunieron a puerta cerrada en la oficina de sesiones de la presidencia del Congreso.

Aunque evitó dar detalles sobre la reunión, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, aseguró que solo se trató de definir una agenda para la próxima semana pero no se alcanzaron acuerdos ni para los días que deberán reunirse, sobre todo cuando se tiene  contemplada una sesión solemne para conmemorar el aniversario de la Independencia.

Financiamiento ilícito

• “No es una sentencia la que dará el Congreso”

La fiscal general, Thelma Aldana, al referirse  al antejuicio contra Morales, afirmó  que espera que se cumpla con la Ley en Materia de Antejuicio y que haya comprensión, ya que es necesario transparentar el financiamiento electoral.

“El comisionado ha señalado que el financiamiento es el pecado original de la democracia guatemalteca. Yo he agregado que con estos casos de financiamiento electoral ilícito estamos atacando el corazón de la corrupción en Guatemala”, expuso.

“Retirar la inmunidad al señor presidente de la República  nos va permitir profundizar en la investigación; no es una sentencia la que va a dictar el Congreso, ya que se debe respetar  el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo Aldana.

La fiscal se refirió al tema durante su participación en la firma de un convenio con la Contraloría General de Cuentas.

Luego de un debate, el pleno del Congreso procedió a hacer el sorteo para conformar la Comisión Pesquisidora en contra del mandatario, Jimmy Morales.

Congreso señalado decidirá antejuicio

Por el orden el Vocal I de la Pesquisidora es el congresista Gabriel Heredia Castro, de la UNE; Vocal II, la diputada Alicia Dolores Beltrán López, electa por Libertad Democrática Renovada (Líder) y ahora miembro del bloque Movimiento Reformador, y Vocal III, la congresista Eva Nicole Monte Bac, también electa por Líder, pero miembro del bloque Alianza Ciudadana (AC).

El pleno fijó un plazo de cinco días a la comisión para que rinda el informe con el cual se sugerirá retirar o no el antejuicio al presidente Morales.

Quienes son

El presidente de la Comisión es Julio Ixcamey Velásquez, tiene 61 años y fue electo diputado por el distrito de Sacatepéquez por el partido opositor UNE.

No es un diputado reelecto, ni tampoco ha sido tránsfuga, en los registros del Congreso muestran que participa en cuatro comisiones de Trabajo, Paz y Desminado, Transparencia, Defensa al Consumidor y Probidad.

También indica que el diputado Ixcamey Velásquez, ha propuesto una iniciativa de ley llamada: reformas al decreto número 40-2010 del Congreso de la República, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El presidente de la Comisión Pesquisidora en contra del presidente @jimmymoralesgt es el diputado Julio Ixcamey Velásquez, de la UNE. pic.twitter.com/LsaQznhhie

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) September 5, 2017

El secretario de la Pesquisidora es el diputado Juan José Porras Castillo, de 51 años y electo por el listado nacional por el partido Viva, agrupación que ha sido considerada como bisagra en el Congreso.

Porras Castillo es reelecto, en su primera legislatura fue electo por el extinto Partido Patriota, en 2015 se declaró independiente y ganó su reelección con Viva, partido con el cual sigue.

Actualmente es integrante de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Energía y Minas y Economía, ha presentado 16 iniciativas de Ley.

El secretario de la Comisión Pesquisidora en contra del presidente @jimmymoralesgt es el diputado Juan José Porras Castillo, de Viva. pic.twitter.com/bAV7zsYxxS

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) September 5, 2017

El vocal I es Gabriel Heredia Castro, tiene 60 años y fue electo por el distrito de Chiquimula, por el partido que quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales, UNE.

Heredia Castro también es reelecto, aunque en su primera magistratura fue electo por la UNE, en el 2012 integró la bancada del PP, pero en 2014 regresó con UNE, partido con el que consiguió la reelección.

El legislador integra cuatro comisiones de trabajo Ambiente y Recursos Naturales,  Agricultura, Cooperativismo y Catastro. Los registros indican que ha presentado 15 iniciativas de Ley.

El vocal I de la Comisión Pesquisidora en contra del presidente @jimmymoralesgt es el diputado Gabriel Heredia Castro, de la UNE. pic.twitter.com/Pby99EBZ3e

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) September 5, 2017

Alicia Dolores Beltrán López en la Vocal II, tiene 59 años, representa al Distrito de Retalhulue y actualmente es integrante del bloque Movimiento Reformador.

Beltrán López ha sido reelecta en dos ocasiones y se ha caracterizado por ser una diputada tránsfuga, en 2011 formada parte de la bancada UNE, cuando esta era la oficialista, en 2012 formó parte de Todos  y de 2013 a 2016 fue parte de Líder, con quién ganó su última reelección, se desligó de ese partido y pasó al MR.

La diputada forma parte de tres salas de trabajo Cooperación Internacional, Agricultura y Educación, los registros muestran que la diputada ha sido ponente de 52 iniciativas de Ley.

El vocal II de la Comisión Pesquisidora en contra del presidente @jimmymoralesgt es el diputada Alicia Dolores Beltrán López, de MR. pic.twitter.com/H790y2NOn5

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) September 5, 2017

Eva Nicole Monte Bac, es la vocal III y la más joven integrante de la Comisión Pesquisidora, tiene 35 años y fue electa por el Distrito de Chimaltenango.

Monte Bac, no es diputada reelecta, pero ya cuenta con un historial tránsfuga, pues llegó al Congreso por el partido Líder, al que renunció a los días de haber sido juramentada y se integró a la bancada PRO,  luego se declaró independiente y por último se unió a la bancada Alianza Ciudadana.

La legisladora es hija de la también diputada Delia Bac, quien fue miembro de las bancadas UNE y Líder y que actualmente está en AC.

Forma parte de las comisiones de Juventud y Relaciones Exteriores, según los registros del Congreso ha presentado 16 iniciativas de Ley.

El vocal III de la Comisión Pesquisidora en contra del presidente @jimmymoralesgt es el diputada Eva Nicole Monte Bac, de AC. pic.twitter.com/33f4FGHdEG

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) September 5, 2017

Misión

Por Ley la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren y oirá a los promotores del antejuicio así como al presidente Morales.

La Comisión deberá practicar las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

Algo importante es que la comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado.

El propósito de la Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.

Igualmente corresponde a la Comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario.

¿Qué sigue?

A continuación el paso a paso de lo que sigue ahora que el Congreso conformó la comisión pesquisidora:

• La comisión tiene 5 días para entregar su informe
• En ese periodo citará al MP, Cicig y al presidente Jimmy Morales para que expongan sus argumentos
• Luego de analizar los señalamientos y las pruebas de descargo, la pesquisidora emitirá su informe haciendo la recomendación de retirarle o no la inmunidad al mandatario.
• Su recomendación será sometida a votación en el pleno del Congreso, donde para retirarle la imunidad al presidente Morales, si fuera el caso, serán necesarios 105 votos.
• Si los diputados declaran con lugar el antejuicio, el expediente será devuelto al Organismo Judicial (OJ) para que continúe el proceso legal.
• Pero si el Congreso no le retira la inmunidad, allí finaliza la solicitud de antejuicio presentada por el MP y la Cicig.

La comisión tendrá cinco días para analizar el pedido de levantar el antejuicio a Morales planteado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

Para levantar la inmunidad al presidente son necesarios 105 votos de los 158 diputados que integran el Congreso, número que para algunos analistas será difícil de alcanzar debido a las alianzas que tiene el partido gobernante en el parlamento.

A través de una moción privilegiada presentada por el diputado Orlando Blanco, el Congreso entró a conocer el antejuicio contra el presidente Morales.

Pesquisidora

Los cinco diputados que conocerán el antejuicio de Jimmy Morales

La comisión quedó integrada así:

• Julio Ixcamey Velásquez, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presidente.
• Juan José Porras Castillo, Visión con Valores (VIVA), secretario.
• Gabriel Heredia Castro Gabriel, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), vocal 1.
• Alicia Dolores Beltrán López, Movimiento Reformador (MR), vocal 2.
• Eva Nicolle Monte Bac,  Alianza Ciudadana (AC), vocal 3.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Antejuicios, el Congreso integró por sorteo una comisión de cinco diputados para que analicen el expediente y realicen una investigación sobre los señalamientos que se le hacen a Morales.

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Si la comisión recomienda levantar la inmunidad al mandatario el pleno tendrá que votar y conseguir los 105 votos necesarios para quitarle el derecho de antejuicio a Morales

En el marco de esta investigación se le debe dar audiencia al presidente Morales y al Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quienes solicitaron el antejuicio.

La Corte Suprema de Justicia  (CSJ) le dio luz verde ayer a esta petición y hoy envió su decisión a la sede del Congreso, que deberá informar en la sesión plenaria de la llegada del expediente.

Al comienzo de la sesión el presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, dijo que, según la Ley, la referida la comisión tendría que conformarse en una próxima sesión, pero en la interveción del diputado Orlando Blanco de la UNE urgió al Congreso para integrar hoy la Comisión Pesquisidora y despejar las dudas contra el presidente Morales.

Contrario a la petición de Blanco, el congresista Fernando Linares del PAN, explicó que no era de urgencia conocer el antejuicio contra el mandatario porque el Legislativo tiene pendiente de conocer cinco antejuicio y en este caso el expediente contra Morales debia esperar su turno.

El Pdte.del @CongresoGuate @chinchilla_g asegura que no se integrará hoy la Pesquisidora, porque la Ley dice que es en la siguiente sesión pic.twitter.com/9vWvHJZCsn

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 5, 2017

¿Qué sigue?

A continuación el paso a paso de lo que sigue ahora que el Congreso conformó la comisión pesquisidora:

• La comisión tiene 5 días para entregar su informe
• En ese periodo citará al MP, Cicig y al presidente Jimmy Morales para que expongan sus argumentos
• Luego de analizar los señalamientos y las pruebas de descargo, la pesquisidora emitirá su informe haciendo la recomendación de retirarle o no la inmunidad al mandatario.
• Su recomendación será sometida a votación en el pleno del Congreso, donde para retirarle la imunidad al presidente Morales, si fuera el caso, serán necesarios 105 votos.
• Si los diputados declaran con lugar el antejuicio, el expediente será devuelto al Organismo Judicial (OJ) para que continúe el proceso legal.
• Pero si el Congreso no le retira la inmunidad, allí finaliza la solicitud de antejuicio presentada por el MP y la Cicig.

Hasta ayer a las 18 horas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no había notificado al Legislativo sobre la decisión de darle trámite al documento.

Sin embargo, de hacerlo hoy antes que se inicie la sesión plenaria, convocada para las 14 horas, dicha comisión tendría que ser integrada.

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La tómbola será la herramienta que determine el nombre de  los cinco congresistas que estudiarán la investigación preliminar del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La elección llega a un Congreso dividido, no solo por ideologías políticas, sino   también por posiciones encontradas sobre el papel de la Cicig,  específicamente por el trabajo del comisionado Iván Velásquez y de la Fiscal General, Thelma Aldana,  debido a que muchos legisladores enfrentan  investigaciones, las cuales, argumentan, han sido un medio para presionar a los opositores.

A favor de Morales

Todo indica que la balanza se inclina a favor de Morales, pues, aunque la comisión pesquisidora que se integre esté compuesta por bancadas de oposición y  recomienden quitarle el antejuicio, podría dificultarse lograr  los 105 votos para ello.

La mayoría de diputados ha optado por no emitir opinión sobre retirarle   la inmunidad al mandatario, pues señalan que si lo hacen podrían perder la imparcialidad y cualquiera podría impugnar su participación en la comisión pesquisidora, si resultaran electos para integrarla.

No obstante, en el Congreso ya se suman y restan votos a favor y en contra de retirarle el antejuicio a Morales para que sea investigado sin protección alguna respecto de un posible financiamiento electoral ilícito.

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Entre las bancadas que buscarían favorecer al presidente estaría la oficialista, FCN-Nación, que buscaría el apoyo de  sus bloques aliados,  Movimiento Reformador (MR), con 20 diputados, y Alianza Ciudadana, 13; para sumar 70 parlamentarios.

Entre quienes podrían apoyar que se le  retirare la inmunidad al gobernante se encuentran  la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que cuenta con 32 votos; Encuentro por Guatemala (EG), con siete; Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),  con un diputado cada una, lo que totalizaría 41 de los 105 votos que se requieren.

Existen  bloques que  están divididos; por ejemplo, la Unión del Cambio Nacional. Algunos diputados han participado en varias reuniones en las que han ofrecido el apoyo a Morales; sin embargo, el secretario general de esa agrupación política, Mario Estrada, aseguró que apoyan la labor de la Cicig y de Iván Velásquez.

También habría divisiones en los bloques Todos, que tiene 16 congresistas, y   Compromiso, Renovación y Orden, que representa cinco votos.

Pero esa incertidumbre podría reducirse porque muchos de los legisladores independientes habrían acordado apoyar al gobernante, entre ellos Stella Alonzo, nuera del expresidente Otto Pérez Molina,  igual que  Germán Velásquez, otro diputado del Partido Patriota. También Conrado García y Gustavo Medrano, quienes enfrentan procesos judiciales y provienen de Libertad Democrática Renovada.

Para el politólogo Ricardo Barreno, la decisión de los legisladores podría inclinarse de acuerdo con la presión ciudadana.

“Hay un esmero por blindar al presidente, pero también entre sí, ya que muchos diputados se han visto limitados por sus malas decisiones y sus casos de corrupción que ha evidenciado la Cicig y el MP. Todo dependerá de cómo actúe la ciudadanía”, manifestó.

Agregó: “Los votos van a ser en función de los intereses de los congresistas” Su futuro electoral podría depender de esta decisión.

La propuesta fue entregada por el ministro de la cartera del Tesoro al presidente del Organismo Legislativo, Óscar Chinchilla, un día antes de vencerse el plazo. El proyecto contempla un incremento de Q10 mil 591 millones, en comparación del monto de Presupuesto fijado para este año que ascendió a Q77 mil 309 millones.

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El proyecto incluye un aumento del gasto nominal para pago de salarios de trabajadores del Gobierno por 14.2 por ciento, es decir, en ese rubro planean gastar Q26 mil 662 millones.

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De lo planteado en la propuesta, solo el 20 por ciento (Q17 mil 805 millones) estaría destinado para la inversión, los gastos de funcionamiento representarían el 64 por ciento (Q56 mil 256 millones) y el pago de deuda el 16 por ciento (Q14 mil 64 millones).

Para financiar el proyecto de Presupuesto, se tendría que recurrir a la adquisición de más deuda por Q13 mil 800 millones.

No presentan plan

En años anteriores, antes de entregar la propuesta al Congreso de la República, el Ejecutivo realizó una presentación del proyecto de presupuesto y el plan de gasto a los distintos sectores, pero este año no lo hizo.

El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2018, será analizado en la Comisión de Finanzas donde podría ser modificado, previo a ser conocido por el Pleno.

Un nuevo presupuesto debe ser aprobado por los diputados antes del 30 de noviembre, de lo contrario, quedaría vigente para el 2018, el mismo de este año.

La iniciativa, promovida en secreto, unifica el salario de los diputados; sin embargo, establece que el pleno será el responsable, a través de un acuerdo, de establecer la cantidad que los deberían devengar.

Contexto

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A su conveniencia

En la actualidad, los legisladores tienen un sueldo base de Q9 mil 500, pero con dietas y bonos llegan a recibir Q29 mil 150. La idea de la propuesta es que ya no exista esa división, y a la vez sugieren, según detallaron algunos diputados que han visto la iniciativa, redondear en Q30 mil el salario unificado.

Además, en la propuesta de ley se prevé que se paguen dietas por asistencia a las reuniones de las comisiones. Aunque no se establece un monto y se deja al pleno para que emita un acuerdo, el cual, ayer, según algunos congresistas, ya se tenía elaborado y la idea era que se establecieran Q3 mil más para ese rubro. Lo que significa que entre el salario unificado y las dietas los parlamentarios recibirían Q33 mil al mes.

Según el presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, Manuel Conde, lo que se plantea es unificar el salario, para evitar “problemas” como el hallazgo de la Contraloría General de Cuentas, que señaló que el bono 14 y el aguinaldo deben pagarse sobre el salario base, y que las dietas tendrán que ser establecidas por el pleno y solo podrán pagarse si se garantiza una asistencia del 50 por ciento a las sesiones.

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Van de nuevo

La intención de algunos miembros de la Comisión de Apoyo Técnico era aprobar de urgencia nacional la iniciativa; no obstante, Conde reconoció que algunos congresistas se opusieron.

En la iniciativa también se establece un mecanismo para la aprobación de las reformas constitucionales, aunque se desconoce el detalle, pues se negaron a compartir una copia de la propuesta.

Conde indicó que hubo divergencia en algunos pasos de esa iniciativa, por lo que se revisará, para corregirlos.

“Nos vamos a reunir el lunes para hacer las modificaciones, por ello no puedo dar la iniciativa, pues aún no es la copia final”, justificó el diputado.

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Sin embargo, otros legisladores explicaron que la intención era establecer que todas las enmiendas a una reforma constitucional estuvieran respaldadas por 30 firmas, lo cual buscaría evitar que las bancadas minoritarias hagan cambios.

La propuesta fue impulsada ayer en el pleno por Conde y por el diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien no habría obtenido apoyo ni de su propia bancada, por lo que, molesto, abandonó el pleno, según comentaron miembros de ese bloque.

Prensa Libre trató de comunicarse con Taracena para que explicara la razón de su salida y la propuesta, pero no respondió las llamadas.

“Ya se fijó pleno extraordinario para el lunes. Allí conocerán de los antejuicios del presidente”, confirmó el vocero de ese organismo, Ángel Pineda.

La ruta legal

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Según un informe de la Sección de Antejuicios de la Cámara de Amparos y Antejuicios, la Corte ya recibió tres de los cuatro antejuicios que enfrenta el mandatario.

En el documento se detalla que el pasado lunes ingresaron a la CSJ dos solicitudes de antejuicio contra Morales, el del MP y la Cicig por supuesto financiamiento electoral ilícito y el de Acción Ciudadana por haber declarado non grato a Iván Velásquez.

La tercer solicitud de antejuicio, presentada por cuatro abogados también a raíz de la declaración contra el jefe de la Cicig, fue remitida a la CSJ el pasado martes 29.

El cuarto antejuicio contra el presidente Morales es el que presentó Hellen Mack y esté aún no ha ingresado a la Corte. Mack señala a Morales de desobediencia, según ella, por no actar la orden de la CC que suspendió la expulsión de Velásquez.

Citación

La expulsión del comisionado Velásquez fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC) al otorgar un amparo al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Este jueves se conoció que Rodas fue citado al Congreso por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la oficialista Patricia Sandoval, “para tratar temas sobre derechos humanos”.

El titular de la PDH dijo que le parece extraña la citación de la diputada porque lleva únicamente 10 días en el cargo. “Espero que no sea por el amparo, si es así, aún asistiré (…) Aunque soy comisionado, mas no subordinado del Congreso”, señaló Rodas.

Sandoval le dio opciones de fecha para que el procurador asista, pero por agenda él llegará el miércoles 6.

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Medida cautelar

Rodas acudió este jueves a la CC a notificar a la magistrada Gloria Porras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medida cautelar para su protección.

Según la PDH, Porras ha recibido intimidaciones derivado de resoluciones de la CC “en casos de alto impacto”, sin precisar si las amenazas han sido por su voto favorable al amparo que favoreció a Iván Velásquez, aunque entre los argumentos que presentó ante la CIDH está la “crisis institucional de los últimos días”.

La propuesta, que está siendo impulsada por el Frente Parlamentario contra el Hambre, pretende elevar los recursos que se destinan para la refacción escolar. En este momento el Gobierno invierte por niño Q1.11 al día, la intención es subirlo a Q4.

La aprobación de la iniciativa se avanzó el martes, pero este hoy podría terminarse de discutirse y aprobarse.

Educación

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A pesar de ello, el viceministro de Finanzas confirmó que no se contemplaron los recursos en el proyecto de presupuesto que se presentará el próximo viernes y que regirá durante 2018.

“En el presupuesto se asignaron Q843 millones”, detalló Martínez.

Según el cálculo de la cartera del Tesoro, para cubrir el incremento a la alimentación escolar de los estudiantes de Q1.11 a Q4 por día, se requerirá de unos Q1 mil 900 millones al año, eso significa Q1 mil 57 millones más de lo que se presupuestó para el próximo año.

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De aprobarse la propuesta, el Congreso deberá efectuar las modificaciones y acomodamientos en el proyecto de presupuesto.

Fuentes de financiamiento

En la propuesta inicial se contemplaba obtener  los recursos del impuesto al turismo, sin embargo, significaba que la iniciativa debía aprobarse con 105 votos, lo que se retrasó durante varias semanas, debido a que la bancada de Gobierno Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) la ha estado bloqueando.

Para que avanzara, se efectuó una enmienda, que está por aprobarse, la cual establece que el programa se financiará con el Impuesto al Valor Agregado (IVA-Paz).

Otros beneficios

Además de mejorar la alimentación escolar y contribuir a la reducción de la desnutrición, la propuesta plantea que el 35 por ciento de los recursos que se destinen para los alimentos de cada niño, debe de comprarse a los productores locales.

“Se estaría dejando en las comunidades cerca de Q35 millones al año”, detalló el congresista.

Silencio total es lo que ha prevalecido entre los diputados, en cuyas manos podría estar la decisión de retirarle o no el derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales.

Contexto

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El MP y la Cicig hicieron la solicitud de antejuicio con el argumento de que Jimmy Morales, del partido FCN-Nación, del cual secretario general, no reportó los gastos de campaña del 2015 y calificaron que algunos pudieron ser ilícitos y provenientes de financistas anónimos.

Así como ante esa petición, los diputados  han guardado silencio respecto de la decisión   del mandatario de calificar   non grato al jefe de la Cicig, Iván Velásquez,  

Se esperaba que el lunes último, en la reunión de jefes de bloques,  se plantearía la posición de las bancadas, pero el  tema pasó inadvertido.

Ayer, durante en la sesión plenaria, sucedió lo mismo. Los congresistas han evitado hablar sobre lo que ocurre en el país y se han olvidado de discursos incendiarios; más bien   lograron avanzar en la aprobación de la ley que incrementará de Q1.11 a Q4  el dinero que se destina  para la alimentación escolar, por cada niño.

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Algunos diputados hablaron  de prudencia, como Amílcar Pop, quien indicó que es preferible no opinar porque si lo hace y resulta electo  para integrar la comisión pesquisidora podría ganarse una denuncia y se le pediría inhibirse, debido a que emitió criterio por adelantado.

Otros han optado por reunirse fuera del Congreso, en especial las bancadas y diputados aliados al bloque oficial, quienes  también han evitado hablar.

En tanto, la bancada del Gobierno intenta mandar un mensaje de unión y de apoyo al mandatario Morales. Al buen estilo del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder), se toman fotografías de grupo para reflejar cohesión.

Los pocos que  han hablado, como Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, y Javier Hernández, de FCN-Nación, comparten discurso con el presidente y aseguran que las investigaciones del MP y de la Cicig, bajo el mando de Velásquez, han sido selectivas y que como legisladores han sido presionados con investigaciones judiciales.

Si hoy la CSJ falla a favor,  la solicitud debe ser enviada al Congreso para que integre una comisión pesquisidora que  analice si la investigación es espuria, política o ilegítima.

Para ello, esa instancia debe  escuchar a las partes; es decir, el MP y la Cicig tendrán que justificar la denuncia y explicar por qué piden que se le reitre el antejuicio al mandatario.  

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La comisión emitiría un informe circunstanciado del que debería dar cuenta al pleno en sesión ordinaria, en la cual se deberá decidir con 105 votos si se le retira  la inmunidad a Morales para que sea investigado. De no lograrse esa cantidad, algún congresista podría pedir que se vuelva a repetir la votación.

A casi dos años del próximo proceso electoral, esta votación podría tener un impacto político en diputados y partidos.

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemalteca (Cicig), la UNE usó horas de vuelo valoradas con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv -Q583 mil 730.01- y Bienno -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.

“Nosotros tenemos las declaraciones juradas, cheques y recibos. Ellos –las empresas–, ya no quisieron aparecer como financistas. El tema de lo financiero no me preocupa. Nosotros lo declaramos como financistas. Nosotros tenemos la documentación y una declaración jurada.”, dijo Blanco vía telefónica.  

Investigación

MP y Cicig revela financiamiento electoral ilícito de UNE y Líder

El caso no es complicado de aclarar, expone el diputado: “Existe la documentación correspondiente, el partido sí se cuidó de pedir declaraciones juradas y extender recibos”.

“Yo nunca he manejado fondos del partido”, insistió Blanco al pedirle su opinión sobre la solicitud de antejuicio en su contra que presentó el MP y Cicig en los tribunales.  “El problema es que  me involucran a mí por haber sido el secretario del partido en funciones –en el 2015–. Yo no era el responsable de las decisiones. Ahora toca dar la cara”, abundó el parlamentario.  

A Blanco se le preguntó, si usted no manejó fondos ¿Quién es el responsable?  Y respondió: “Es una estructura;  hay un comité de finanzas del órgano de fiscalización del partido. Ese caso son 64 mil dólares  el partido tiene certificaciones de qué recibió y cómo lo reportó. El partido lo reportó”, insistió.

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¿Por qué no reportaron al TSE la diferencia de dinero?  “Nosotros no lo reportamos porque cuando nosotros entregamos el informe financiero del 2015 era lo que nosotros teníamos, como reporte eran esos 80 mil quetzales. Los gastos en transporte aéreo fueron casi dos millones. No sabíamos que existiera esa deuda”.  

“Vamos a colaborar con la investigación, presentaré la papelería de que nunca he sido cuentadante. Yo asumí la presentación política porque Sandra –Torres– era la candidata a la presidencia, pero no tenía el control financiero”, concluyó Blanco.

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Animadora se quita la ropa interior en actividad de la UNE

El diputado César Sandino Reyes es acusado de haber sido sorprendido por un guardia de seguridad, cuando tenía relaciones sexuales con una mujer dentro de un vehículo, en uno de los parqueos del Organismo Legislativo.

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https://twitter.com/partidoune/status/900667372771708933

El reporte detalla que los hechos ocurrieron el 6 de julio, y que, además, el diputado se encontraba en estado de ebriedad, por lo que guardias le solicitaron que se retirara pero reaccionó de manera violenta.

“Empezó a insultarnos con palabras que por respeto no pongo en este reporte, pero nos trató de lo peor…”, se indica en el reporte presentado por los guardias de seguridad.

Al final, el congresista retiró el vehículo de su acompañante con una tarjeta de acceso y  pasó el suyo sobre la banqueta, “ya que dicho diputado casi no podía caminar de lo borracho que andaba”, detalla el reporte.

No acude a citación

Luego de conocerse las acusaciones, la Junta Directiva del Congreso de la República citó al diputado Sandino Reyes este jueves, pero el parlamentario no asistió. 

Según el presidente del @CongresoGuate, el #DiputadoGT Sandino Reyes no acudió a la citación por los hechos que se le señalan pic.twitter.com/IF2vT5C0rj

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 24 de agosto de 2017

Sandino Reyes se excusó por no asistir a la citación y argumentó “asuntos estrictamente personales”. Sin embargo, aseguró que presentará un informe circunstanciado en los próximos diez días.

Niega acusación

Al ser consultado, Reyes reaccionó sorprendido y negó todo. “Primero, no tomo cerveza; segundo, la gente que llega a mi oficina no son mujeres. A veces he llegado que me como un ceviche y me tomo una michelada, pero de ahí no paso. Eso es falso, me gustaría que le dieran las pruebas. Mucho menos teniendo relaciones sexuales con alguna mujer ¿Y en el vehículo? mucho menos”.

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Negó también tener información del reporte de los guardias. Pero recordó que tuvo un “incidente” luego de que se le mencionó que este ya había sido enviado a la Dirección General del Congreso.

“Una vez tuve un problema porque no dejaban salir a mi chofer. Yo llamé, pero yo no estaba allí, yo me había ido en otro carro y estaba en la zona 10. Que den las grabaciones”, insistió el diputado señalado.

El presidente del Congreso dijo que no es de conocimiento público que haya una solicitud formal para la sustitución de Velásquez, además que antes de salir del país, el presidente debe notificar al Congreso, para que asuma las funciones el vicepresidente Jafeth Cabrera, pero hasta la mañana de hoy no habían recibido ninguna notificación.

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¿Cómo calificó al vocero presidencial la advertencia de renuncia de Thelma Aldana?

Otros legisladores como Juan Manuel Giordano, de la bancada FCN-Nación, dijo que le preocupa la reacción de la población por un rumor y calificó de “extremista” la decisión de la fiscal general Thelma Aldana, quien a su criterio muestra una codependencia, no con la Cicig, sino del Ministerio Público con el Comisionado.

“Como diputado oficialista respaldo las decisiones que tome el presidente, apoyaré al presidente”, puntualizó Giordano.

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El diputado dijo que apoyaba la gestión de la Cicig, pero que es cuestionable la cantidad de casos que hay abiertos con la cantidad de casos que hay cerrados o ganados. “En dinero, ¿Cuánto se ha invertido para mantener a la Cicig en Guatemala? Creo que supera lo que el gobierno Patriota se robó. Si vemos si es eficiente o no, creo que las cuentas lo esclarecerán”, dijo Giordano.

El diputado Fernando Linares de la bancada PAN, expresó que el origen de las declaraciones las tiene que comprobar Thelma Aldana. “Si ella está diciendo que va a renunciar porque depende de otra persona, pone en duda su calificación para seguir como jefa del Ministerio Público. Cuando ella fue electa por el Congreso, nunca se dijo que iba a depender de otra persona”, puntualizó Linares.

El legislador dijo que Iván Velásquez ha hecho buena labor pero con una persecución selectiva, con objetivos centrales de debilitar el Congreso y no perseguir los grandes crímenes y corrupción como el caso del Transurbano o los sobornos de Obredech. “Pone importancia en meter a la cárcel al hijo del presidente por un asunto menor, dejando por un lado la persecución de la corrupción de otros casos tan importantes”, dijo Linares.

Walter Félix de la bancada URNG dijo que pedir la salida de Iván Velásquez sería algo negativo. “Sería un muy mal mensaje en virtud de la lucha que se ha llevado en apoyo al Ministerio Público para combatir la impunidad y la corrupción”, dijo Félix.

El diputado Boris España dijo que es un tema que no le compete al Congreso. “En algún momento la Cicig tendrá que irse de Guatemala y lo que debemos de procurar los guatemaltecos es tener instituciones fortalecidas”, dijo España.

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Boris también dijo que el calificativo de chantaje que hizo el portavoz presidencial, fue una palabra mal utilizada, al referirse a la advertencia de renuncia que hizo la fiscal general Thelma Aldana, de concretarse la petición de la salida de Iván Velásquez.

La diputada Alejandra Carrillo de la Bancada Movimiento reformador dijo que es importante fortalecer las instituciones y que la lucha contra la corrupción ha sido clara y contundente, pero el reto son instituciones fortalecidas y no personas.

“No estoy de acuerdo, ni en desacuerdo, no es una función del Congreso. Creo que el comisionado ha hecho un gran trabajo y que pueden venir personas que lo pueden hacer mejor”, dijo Carrillo.

Reacción de fiscal

Consultada la fiscal general sobre los comentarios de algunos diputados, expresó que el derecho a la renuncia le asiste a cualquier persona, tal como lo han hecho algunos diputados y otros funcionarios, que cualquier persona puede hacerlo por motivos personales sin dar ninguna explicación.

“Es el único mecanismo que podría encontrar ante la eventual salida del comisionado Velásquez, de renunciar a mi puesto, no encuentro otro mecanismo de protesta”, dijo Aldana.

En relación a la percepción de codependencia que ven algunos diputados por parte de Aldana y el Ministerio Público al comisionado de la Cicig, Aldana dijo: “Lo que hay es una colaboración estrecha, un trabajo en equipo conjunto, dependemos de la Cicig, como la Cicig depende del Ministerio Público, estamos paliados en la investigación de los casos que conforme al mandato corresponden a la Cicig”.

El hecho quedó registrado en un reporte del 6 de julio de la guardia de seguridad del parqueo, documento al que tuvo acceso Prensa Libre. En el mismo se indica cómo el diputado Reyes Rosales fue pillado en estado de ebriedad “teniendo relaciones sexuales con una muchacha en el piso de su vehículo”.

Organismo manchado

Más 40 diputados y exdiputados integran la lista de la vergüenza

Cuando trataba de dejar el lugar intentó utilizar la misma tarjeta electrónica para retirar su vehículo y el de su acompañante, hecho al que se opusieron los encargados de la garita, debido a que el Congreso cubre solo un automóvil por documento.

En el reporte se lee: “Empezó a insultarnos con palabras que por respeto no pongo en este reporte, pero nos trató de lo peor…”. Al final, el congresista retiró el vehículo de su acompañante con la tarjeta y  pasó el suyo sobre la banqueta, “ya que dicho diputado casi no podía caminar de lo borracho que andaba”.

Cuando al fin logró salir, Reyes tiró sobre los agentes un vaso de vidrio con cerveza, el cual se quebró en la pared de la garita del edificio, detalla el informe.

El hecho ocurrió en el parqueo del Edificio 7 y 10, el pasado 6 de julio a las 20.30 horas. Sin embargo, el incidente se mantuvo en reserva.

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Al ser consultado, Reyes reaccionó sorprendido y negó todo. Titubeando respondió: “Primero, no tomo cerveza; segundo, la gente que llega a mi oficina no son mujeres. A veces he llegado que me como un ceviche y me tomo una michelada, pero de ahí no paso. Eso es falso, me gustaría que le dieran las pruebas. Mucho menos teniendo relaciones sexuales con alguna mujer ¿Y en el vehículo? mucho menos”.

Negó también tener información del reporte de los guardias. Pero recordó que tuvo un “incidente” luego de que se le mencionó que este ya había sido enviado a la Dirección General del Congreso.

“Una vez tuve un problema porque no dejaban salir a mi chofer. Yo llamé, pero yo no estaba allí, yo me había ido en otro carro y estaba en la zona 10. Que den las grabaciones”, insistió el diputado señalado.

La llamada

Aunque el incidente quedó registrado por escrito en el informe y una misiva que la gerencia del Edificio 7 y 10 envió a la Dirección General del Congreso, el presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla, dijo desconocer el hecho. No obstante, reconoció que recibió una llamada del diputado Reyes para informarle que no lo dejaban salir, hecho que también se registra en el reporte.

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“Él me llamó para decirme que no lo dejaban salir del edificio y le delegué el caso al director general”, manifestó Chinchilla, quien aseguró que no existe ningún mecanismo en la ley para sancionar a Reyes.

Orlando Blanco, jefe de la bancada UNE, a la que pertenece Reyes, aseguró que el presidente del Congreso debe citar al diputado para que aclare lo sucedido y como bancada se le llamará la atención y se pondrá en conocimiento del partido para que tomen cartas en el asunto.

Destrozó plumilla

El caso de Reyes no es el único. En otro documento enviado a la Dirección General del Congreso, el gerente de Operaciones del Edificio, Ricardo Alfaro, detalló que el diputado del partido de Gobierno Marcos Yax adeuda la barrera de salida del parqueo.

“Vienen ebrios a armar estos grandes escándalos y dañando las instalaciones”, aseguró.

Yax reconoció haber quebrado la plumilla, pero  “no estaba ebrio, pasé la tarjeta y la plumilla se bajó y se dañó. Les dije que pagaría”.

Luego, Mario Sosa, trabajador del Congreso, dijo que ya se pagó el daño y que la factura salió a su nombre porque él acompañaba al congresista.

Según los diputados, la creación de la iniciativa de ley que reformaría la existente, se sustenta en el clamor de algunos alcaldes que han solicitado que el Ejército colabore plenamente en la seguridad ciudadana.

Conozca el caso

¿Cómo pudo un pandillero infiltrarse en las filas del Ejército?

La iniciativa presentada por el diputado Juan Ramón Lau, contempla que el Ejército tenga la potestad de aprehensión de personas, siempre y cuando sean encontradas delinquiendo en flagrante, quienes después de capturadas deben ponerse a disposición de la Policía Nacional Civil.

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Reformas

Dentro de la reforma al artículo 2 de la ley, se incluye las nuevas potestades al Ejército. Citamos un fragmento textual del artículo. 

• “Aprehender a las personas en los casos de flagrante delito y ponerlas a disposición inmediatamente de las autoridades competentes por medio de la Policía Nacional Civil”.

Además la ley también obligaría que se capacite a los elementos del Ejército en temas de seguridad ciudadana, derechos humanos, derechos constitucionales, procedimientos legales y leyes aplicables.

El nuevo procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, asumió ayer luego de ser electo por el Congreso. Su primera propuesta es que todos los sectores hagan un pacto de gobernabilidad para mejorar las condiciones del país.

Nuevo PDH

Congreso elige a Jordán Rodas

Cuestionado sobre su postura por los hechos de violencia de la semana anterior en el Hospital Roosevelt y  la exigencia de parte de la población por retomar la pena de muerte, Rodas dijo que son expresiones que muestran “la crisis a la que está llegando el Estado”, por lo que a su criterio es imprescindible que todos los sectores reconozcan que ha habido equivocaciones.

“La administración pública, la academia, los políticos, sector privado, todos, debemos reconocer que nos hemos equivocado, por lo que  cada uno debe de hacer la apuesta para un gran pacto mínimo de gobernabilidad”, manifestó Rodas Andrade en su primera conferencia de prensa.

El nuevo procurador reconoce que llega a la PDH en un momento muy complicado, con una institucionalidad “muy dividida” que requiere hacer un esfuerzo para encontrar los puntos comunes. Por ejemplo, aseguró, que no será un agente reactivo, sino que propositivo, y que promoverá el diálogo.

Integralidad

El procurador también fue cuestionado sobre la postura de la PDH ante la orden girada esta semana por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, a los agentes de la Policía Nacional Civil, a quienes autorizó a desenfundar sus armas para proteger la vida de los ciudadanos.

Un día antes a la toma de posesión del nuevo PDH, el presidente Jimmy Morales, también publicó en la red social Facebook un comentario en el que cuestiona las teorías humanistas y convenios internacionales que las respaldan. Al respecto Rodas Andrade indicó que respeta la libre expresión del mandatario, pero “no hay que olvidar que la dignidad del ser humano está por encima de cualquier circunstancia”. 

Como parte del pacto de gobernabilidad que propone, el nuevo procurador indicó que está de acuerdo en las reformas a la Constitución para el sector justicia, pero consideró que la estrategia que se ha utilizado para impulsarlas no ha sido la correcta, pues requiere de más discusión.

Dirigente

Líder estudiantil en Cunoc

Nuevo equipo

Rodas Andrade anunció una renovación de cuadros en la PDH. “Iremos por etapas, pero todas las direcciones serán renovadas. Es sana la oxigenación”, indicó, aunque aseguró que en las unidades con resultados positivos se mantendrá el personal.

Afirmó que saldrá de la “zona de confort de la capital” para evaluar el trabajo que  desarrolla la PDH en los departamentos, y para efectuar una evaluación de desempeño.

Ausentes

Pese al acercamiento y trabajo en conjunto que se evidenció entre la PDH,  el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) los titulares de estas entidades no fueron invitados al acto de ayer.

Rodas Andrade dijo que  hoy se reunirá con la fiscal general, Thelma Aldana, con el presidente Morales, y recibirá a líderes campesinos de la Costa Sur. Ayer por la tarde visitó a pacientes del Hospital Roosevelt. 

Miriam Roquel Chávez,  Procuradora adjunta I

• Especialista en pluralismo jurídico
• Fue candidata para magistrados de la Corte de Apelaciones en 2014, obtuvo una calificación de 46 puntos.
• Hasta hace unos días era defensora pública del IDPP en  Quetzaltenango y Sololá.
• Es miembro de la Asociación de abogados mayas.

Claudia Maselli Loaiza,  procuradora Adjunta II

• Experta en resolver conflictos
• Hasta ayer era directora del Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar, de donde es egresada.
• Ha sido docente universitaria.
• Aspiró a integrar el Consejo de la Carrera Judicial en la elección de enero pasado.

Con la premisa de que  colaboraron con las autoridades del Banco del Comercio para estafar a más de 12 mil personas, el Ministerio Público (MP) coordinó ayer la captura de seis funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Cesan operaciones

Suspenden al Banco de Comercio

Según el MP, el Banco de Comercio inició   operaciones irregulares casi desde su fundación, en 1993, cuando creó en Panamá la entidad fuera de plaza (offshore) Organizadora de Comercio, con la cual terminaría haciendo la intermediación financiera por Q2 mil 208.2 millones.

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No fue la única entidad que utilizó. En el 2002 formó en Guatemala la sociedad anónima Organizadora del Comercio, con la que habría engañado a sus clientes, que creían tener sus recursos a salvo.

En su investigación, el MP evidenció que dicho banco ofrecía inversiones a través de pagarés que  el cliente desconocía que se acreditaban a la Organizadora del Comercio, mientras que la offshore panameña ofrecía fondos de inversión con la promesa de que llegarían al banco, pero no era así.

Buscan justicia

A juicio 17 implicados por Banco de Comercio

En 2006, al Banco de Comercio se le consideraba como uno de los más sólidos del país, incluso con el cierre de Bancafé su cartera de crédito pasó de Q40 millones a Q160 millones.

Debido a sus  actividades ilícitas, el banco no soportó la crisis financiera mundial que comenzó en 2006, ya que no contaba con reservas suficientes para asegurar los ahorros de sus clientes.

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Por este caso  hay varias condenas; sin embargo, ayer el MP reveló que para cometer la estafa las autoridades del Banco de Comercio habrían contado con el apoyo de funcionarios de la SIB y la IVE.

Véliz explicó que en una auditoría efectuada en 2008 se determinó que desde 1999 la entidad bancaria reportó estados financieros positivos, cuando en verdad operaba con pérdidas. Además prometió que harían lo posible para recuperar las inversiones de los clientes.

En un comunicado, la SIB aseguró que ha colaborado con el MP y que lo seguirá haciendo.

Los detenidos: 

• Ricardo Vélez, exintendente de la IVE

El MP afirma que habría tenido conocimiento de que, a través de la Organizadora de Comercio, el Banco hizo operaciones de lavado de dinero. La Fiscalía dice que no denunció ni sancionó a la entidad financiera.

• Efraín Gómez, exsubdirector de la IVE

La Fiscalía lo acusa de que conocía los expedientes que revelaban transacciones por Q159 millones y Q107 millones  captados en la Organizadora de Comercio, S.A., y que confirmaban lavado de dinero.

• Óscar Ortiz, supervisor bancario

Su papel era investigar a la Organizadora de Comercio, por indicios de intermediación financiera. El MP asegura que tuvo expedientes que lo confirmaban pero no denunció. Habría ocultado las operaciones ilícitas. 

• Juan Carlos García, exinspector

Se le nombró para investigar a la sociedad anónima panameña Organizadora de Comercio, y el MP afirma que habría desviado la atención de la investigación para ocultar el movimiento de operaciones ilícitas.

• Mario Ochoa, inspector de la IVE

Debía investigar a la Organizadora de Comercio. Según el MP recibió lista y copias de cheques superiores a Q1 millón pero no informó a sus superiores ni recomendó sanciones, pese a que había indicios de lavado de dinero.

• Samuel Alcántara, exinspector de la IVE

Según el MP habría enviado al archivo de la IVE el expediente de la Organizadora de Comercio, S. A.,  para ocultar o impedir que se conocieran los indicios de posibles hechos ilícitos de intermediación financiera y lavado de dinero.

La protesta de los médicos y estudiantes es porque esta semana un comando armado mató a siete personas en el ingreso al Hospital Roosvelt donde liberaron al jefe de una celula de la mara Salvatrucha (MS)

Hospital Roosevelt

Médicos piden seguridad para reanudar servicios

El presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, Arturo Quevedo indicó que están presentes en la concentración  debido a la inseguridad que vive el país. Argumentó que es necesario que los tres poderes del Estado tomen decisiones en favor de la ciudadanía.

“Estamos en respuesta a la convocatoria que estudiantes de medicina, es una situación caótica en el tema de seguridad, lo que paso en el Roosevelt es una situación que enluta al pueblo de Guatemala pero la seguridad en general en el país es deplorable. Creemos que es tiempo que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se reúnan y encuentren soluciones congruentes para darle respuesta a lo que Guatemala necesita”, expone.

El decano de la facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, Mario Herrera coincide con lo señalado por Quevedo al manifestar que es necesario que los tres poderes del Estado busquen una solución integral.

“Exigimos al ejecutivo a que tome medidas integrales para resolver esta problemática que como todos sabemos no es la primera vez que pasa. Implementar los cordones de seguridad son buenos pero no suficientes, yo le diría al presidente a que convoque una mesa de diálogo con los otros poderes del Estado y que planteen una solución integral. El problema está en el sistema penitenciario”, explicó.

Salud

Instalan clinicas

“Siempre que viene un reo viene con dos custodios y da una mala sensación, uno quisiera atender a personas que en verdad lo necesitan, pero no se les puede vedar el derecho a la Salud”, refirió.

Este sábado el recién nombrado director del Sistema Penitenciario, Juvell de León, anunció la instalación de una clínica médica en la cárcel de Fraijanes y el Preventivo para Varones de la zona 18, para atender la salud de los reos y en casos extremos un recluso enfermo podría ser trasladado a un centro asistencial.

Desenlace trágico

El pasado miércoles pandilleros rescataron a un reo de la mara salvatrucha en el Hospital Roosevelt, dejando a siete personas muertas y 12 más heridas durante la incursión armada que ha provocado convulsión y demanda de justicia en la sociedad guatemalteca.

Las víctimas mortales fueron dos guardias del Sistema Penitenciario, dos trabajadores del hospital, dos niños y un particular, según el balance oficial.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, dijo que el reo que motivó la acción de rescate logró escapar. Se trata de Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, de 29 años y miembro de la “mara” salvatrucha preso en Fraijanes 2, a quien se atribuyen al menos 20 homicidios. Había sido trasladado al hospital para una cita médica autorizada por juez.

El delincuente ingresó al hospital a las 08:19 horas y la balacera comenzó de inmediato, informó Soto.

“Normalmente son 120 o 130 pacientes que se reciben mensualemente, de esos el 20 por ciento requieren tratamiento quirúrgico o de fracturas”, aseguró Soto.

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¿Por qué el juez autorizó el traslado del reo al Hospital Roosevelt?

El reo Anderson Cabrera, por quien pandilleros perpetraron un ataque armado para rescatarlo, es parte de ese 80 por ciento, ya que llegó al Hospital Roosevelt para que le realizaran una hematología, lo que a consideración de expertos podía practicársele en la prisión.

Además, Soto reafirmó su decisión de no atender a privados en libertad. “El 80 por ciento de privados de libertad que no requieren atención no los vamos a atender en el Hospital Roosevelt”.

Sin embargo, Soto dijo que si el reo lleva una orden judicial y los doctores no los quieren atender, lo hará él mismo para no exponer a los médicos ni al demás personal.

En julio, en el Hospital Roosevelt fueron atendidos 201 reos, cifra que superó el promedio mensual debido a los motines ocurridos en el centro correccional Las Gaviotas, donde resultaron heridos decenas de internos.

Soto también pidió la mediación de los diputados para que ya no lleven reos a ese centro asistencial, para evitar futuros incidentes como el ocurrido el miércoles pasado que dejó 7 muertos.

Luego de la tragedia ocurrida el miércoles en el Hospital Roosevelt, en donde murieron siete personas, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza citaron a autoridades de Gobernación, entre ellos el ministro, Francisco Rivas ,y el director del hospital.

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Clínicas como bartolinas

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que solo este año han recibido 3 mil 668 órdenes judiciales para el traslado de reos a centros asistenciales. “Eso rebasa las capacidades logísticas y humanas del Sistema Penitenciario, por eso tenemos que coordinar el apoyo con los pocos recursos”, dijo Rivas.

El funcionario reiteró que hay un 500 por ciento de hacinamiento en las cárceles y que los traslados se hacen porque las clínicas que funcionaban en las prisiones fueron abandonadas hace años y ahora son utilizadas como bartolinas.

Rivas reveló que únicamente hay 15 médicos contratados bajo el renglón 022, quienes están distrubuidos a nivel nacional, y que no plazas para médicos. 

“Ellos tuvieron el valor de asumir porque ustedes han sido testigos de las amenazas e intimidaciones de las que son víctimas el personal médico y paramédico cuando privados de libertad exigen servicios”, afirmó.

Rivas añadió que las clínicas móviles que están a cargo del ministerio de Salud van a ser instaladas en Fraijanes y en el Preventivo de la zona 18. “Esperamos que cuenten con los recursos básicos para atender de manera primaria hasta para elaborar laboratorios, y con esto se reduce un alto porcentaje de los traslados”.

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Aprobar crédito

Los diputados del bloque UNE aseguraron que desde febrero había una alerta por indicios de un posible ataque en el centro asistencial.

Los legisladores anunciaron que apoyaran la aprobación del crédito para construir una cárcel, pero también criticaron el descontrol con algunos privados de libertad. Orlando Blanco dijo que “hay personas que salen de la cárcel para hacerse liposucciones”.

Mientras el defensor de los privados de libertad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que la clínica del Sistema Penitenciario está desabastecida. “Solo se mira crucecita roja”, dijo.

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Sin el grupo élite

En la citación también estuvo Vilma Xicará, directora interina de Presidios el día del ataque en el Hospital Roosevelt. Xicará dijo que el reo Anderson Cabrera iba escoltado por tres custodios y el grupo élite del Sistema Penitenciario, pero este grupo no se encontraba con él al momento del ataque porque se movilizó al Cuartel de Matamoros para el traslado de otro recluso.

“El reo va esposado de pies y manos, con todas las medidas que establece la ley, sale al parqueo porque ya viene la patrulla y en ese momento sucede la situación”, contó.

Xicará señaló que fue la dirección operativa quien ordenó la movilización del grupo élite para cumplir con la otra orden judicial.

La propuesta fue presentada en mayo pasado por el diputado Felipe Alejos, de la bancada Todos, pero el dictamen favorable fue presentado en la Dirección Legislativa el 8 de agosto por la Comisión de la Defensa, sala dirigida por José Ubico, quien  pertenece al mismo bloque legislativo.

Testimonio

El bombero que quedó en medio de los disparos de los mareros

La propuesta modifica el delito de terrorismo y señala que este se comete cuando se altere el orden público o constitucional, y a la pena de 10 a 30 años agrega una multa de cien a dos mil salarios mínimos.

De igual forma establece multa de 10 a 20 salarios mínimos al delito de instigación a delinquir y duplica las penas establecidas cuando se obligue a menores a cometer actos criminales.

Otra característica que contiene la iniciativa es que cataloga como agrupaciones ilegales a las maras, clicas o pandillas juveniles o criminales, siempre que esas agrupaciones se organicen para “transgredir la paz social” a través de ejercer la violencia, agredir a terceras personas, atentar contra la vida, la integridad, la seguridad o bienes de las personas, como “dañar la propiedad privada o pública” o para “hostigar o coaccionar a cualquier persona para obtener un beneficio económico o de cualquier otro tipo”.

Ley peligrosa

Para Orlando Blanco, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, la propuesta debe analizarse con detenimiento, debido a que tiene varios conceptos que podrían ser peligrosos para la sociedad.

Para el diputado independiente Oliverio García Rodas, el problema de la ley es la redacción, debido a que cuando se tipifica un delito se deben  establecer ciertos elementos, pero en el caso de este proyecto el tipo penal que se describe es demasiado amplio. “Casi cualquier actividad que se realice podría aplicarse bajo ese delito”, afirmó.

Por ejemplo, la resistencia civil está tipificada en la Constitución, pero si se ejecuta la resistencia civil, según el texto de esa ley, puede considerarse terrorismo,

• ¿Qué dijo el juez que autorizó el traslado del reo?

“Una manifestación que en algún momento se desborde un poco y altere la paz social, que por cierto no sé cuál es el concepto de paz social al que se refiere, pero que lo haga según un juez, puede entrar a calificarse como un acto de terrorismo. El tipo está tan extenso que queda a criterio de un juez si quiere o no aplicarlo”, detalló García Rodas.

Carlos Fion, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden,  aseguró que más que leyes el Estado debe  impulsar medidas de prevención y mitigación; es decir, “se tiene que fortalecer la educación secundaria, la práctica del deporte y áreas recreativas, para que la juventud tenga ocupación y, por supuesto, fuentes de trabajo”.

• Pandillero recibió Q200 por el ataque

Lau aseguró que las maras tienen características especiales diferentes a otros grupos delictivos, por lo que deben tener un tratamiento especial.

Coyuntural

Édgar Celada, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), y Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Ciudadana, coinciden en que la propuesta es coyuntural y no resuelve los problemas de las pandillas.

Para Godoy, en lugar de impulsar legislación, es mejor una coordinación entre los tres poderes del Estado, porque “de nada sirve que se reconozca a las maras o pandillas en el Código Penal, si sabemos que las cárceles están saturadas y no hay control. Pueden salir 10  leyes, pero si no se aborda el tema de una manera estructural, seguiremos igual o peor”.

• La violencia de las pandillas recrudece cada agosto

Para el experto en seguridad del Ipnusac, la situación de las maras no se resuelve con una ley que, contrario a visualizar una  solución integral como Estado, impulsa una visión con enfoque represivo.

“La iniciativa tiene una lógica de mano dura, pero carece del carácter preventivo y de mejoramiento de las condiciones en la sociedad”, lamentó Celada.

El académico Sonja Wolf escribió en El Faro, de El Salvador, que la ley antimaras fue innecesaria en su país, e incluso consideró que se impulsó como parte de una estrategia política de mano dura impulsada por el partido Arena.

Para Wolf, la evolución de las pandillas en El Salvador se debió en gran parte a los planes represivos implementados en ese país, debido a que solo se trató de “una estrategia populista punitiva”, cuando la solución debe  ser integral, con prevención y rehabilitación.

En el 2015 los diputados habían establecido la mayoría de edad para poder casarse, pero dejaron algunas excepciones que con estas nuevas reformas al Código Civil quedan eliminadas.

Un caso preocupante

Pretendían casar a niña de 13 años con un hombre de 24 en Uspantán

Los cambios anteriores contemplaban en el artículo 82 que “de manera excepcional y por razones fundadas podrá autorizarse el matrimonio de menores de edad, con edad cumplida de dieciséis (16) años, de acuerdo a las regulaciones de este Código”.

Con el Decreto 13-2017, aprobado con 93 votos a favor, se elimina dicho artículo y se reforma el 83, el cual queda así: “Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de dieciocho (18) años de edad”.

La nueva norma también deroga el artículo 84, los numerales 1o. y 2o. del artículo 89, y los artículos 94 y 134 del Código Civil.

Estos cambios a la ley pretenden evitar las alarmantes cifras de embarazos en menores de edad y otros factores de riesgo para las niñas.

Varios sectores y algunos usuarios de redes sociales ven con buenos ojos la disposición del Congreso; sin embargo, hay quienes consideran que la edad mínima para casarse debería ser 21. Otros dicen que no es suficiente regular la edad, sino que los jóvenes deben recibir mejor educación.

Enmiendas que no se pudieron concretar en la inicitiva aprobada en 2015 le quitaron fuerza a la ley, ya que se buscaba elevar a los 16 años la prohibición de sostener relaciones sexuales y tipificaba las mismas como violación y agresión sexual, con penas desde ocho hasta 12 años de cárcel, pero eso solo se quedó en el intento.

El desacuerdo entre legisladores mantuvo sin cambios el artículo 173 y 173 Bis del Código Penal, el cual prohíbe las relaciones sexuales con personas menores de 14 años.

Trata de personas

La diputada Alejandra Carrillo dijo que en la mayoría de los casos la menor de edad es la mujer, como el caso de una menor de 16 años en Petén, que fue obligada a casarse con un hombre de 55.

“Con los matrimonios de adolescentes lo que se evidencia es círculos de violencia y desnutrición, incluso casos donde se excusa en un matrimonio una especie de trata de personas”, señaló la parlamentaria.

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Los diputados presentaron una moción durante la sesión plenaria de este jueves para aprobar de urgencia nacional una iniciativa que autoriza el retiro voluntario de los trabajadores del Organismo Legislativo.

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La iniciativa refiere que quienes opten por el retiro voluntario recibirán cinco salarios extras en relación a lo devengado en los últimos seis meses, adicionales a las prestaciones de ley a las que constitucionalmente tienen derecho.

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El beneficio estará vigente un día después de su publicación en el Diario de Centroamérica  y perderá vigencia el 30 de noviembre de este año.

La Constitución fue pEn 24 años el Congreso ha rechazado 14 propuestas para reformar la Constitución Política de la República. En la actualidad, la iniciativa para reformar lo relativo al sector Justicia, elaborada por la Mesa Técnica del Diálogo Nacional se encuentra varada  desde mayo, por desacuerdos y bloqueo de varias bancadas, incluyendo la oficialista.romulgada en 1985, y solo ha sido reformada en 1993,  cuando el mayor cambio consistió en quitarle la potestad al Banco de Guatemala de financiar al Estado en un momento de crisis.

Más tarde, en 1999, se intentó hacer una reforma, producto de los acuerdos asumidos después de la firma de la paz, pero tras una fuerte campaña publicitaria por el “No”, la población se volcó en las urnas en rechazo a esas reformas.

Según registros de la Dirección Legislativa del Congreso, después de la reforma de 1993 se han presentado 14 nuevas propuestas del Ejecutivo, sectores sociales, la Universidad de San Carlos y los mismos diputados, pero hasta ahora todas han corrido la misma suerte:  han quedado en el olvido.

En octubre  pasado, la Mesa Técnica del Diálogo Nacional, integrada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y organismos internacionales, presentó una nueva propuesta  que busca reformar el sector Justicia, para frenar las intromisiones políticas, pero luego de 11 meses, los sectores afectados han movido sus influencias y ahora se encuentra en un pantano legal.

La propuesta de la Mesa fue respaldada por más de 20 diputados, quienes, el día que se presentó en el Congreso, hacían cola para firmar el documento. Días después se empezó a escuchar que la iniciativa no avanzaría, con el argumento de que no se había discutido lo suficiente, pero posteriormente se supo que había rechazo a lo relativo con el reconocimiento de la justicia indígena, propuesta que se retiró para evitar polémica; no obstante, la creación de una carrera judicial y la eliminación de las comisiones de postulación fueron temas que golpearon intereses sectarios, que han hecho llegar su influencia a través de diputados y bancadas.

Nueva mesa

Desde el 10 de mayo último, el Congreso no se ha reunido para discutir las reformas de Justicia. Se aseguró que había acuerdos en base a varios cambios a la propuesta original que habrían diseñado jefes de bloques. Sin embargo,  ya no se retomó.

Desde que el Legislativo retornó del receso, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, ha insistido en retomar la discusión, pero  sin eco. El presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla, prometió que se instauraría una nueva mesa de discusión, pero aún no se ha convocado.

Según Chinchilla no hay acuerdos y por ello se tratará que la nueva mesa esté integrada por un representante de cada bloque, para que definan las enmiendas en consenso.

Hasta ahora, de la iniciativa de 25 artículos solo se han discutido siete y uno de ellos se pospuso para conocerlo al final. Otro, que contenía cambios al derecho de antejuicio, fue rechazado, y cuatro han sido aprobados. El séptimo, que crea el Consejo de Administración Judicial, detuvo la discusión.

Pretextos

El diputado y exconstitucionalista Oliverio García Rodas aseguró que el problema ha sido la falta de voluntad.  “Existe una corriente que dice que la Constitución está bien y que en lugar de cambiarla hay que mejorar las leyes ordinarias”, detalló.

Para la diputada Montenegro el problema radica en los  sectores interesados en mantener el control y el poder del Estado, por  lo que “cada vez que se intenta modernizar se ideologiza la discusión, cuando en verdad la reforma actual no tiene nada ideológico, sino que pretende mejorar el sector Justicia”.

En el cajón del olvido

Las iniciativas para cambiar la Constitución han sido engavetadas.

El Gobierno  colocó anuncios  en los que culpa al Congreso de bloquear sus estrategias para mejorar la infraestructura vial, como cuando se declaró el estado de Calamidad y no tuvo aval.

La Gobernación Departamental de San Marcos colocó  mantas en las que se señala a los diputados de impedir la recuperación de las carreteras.

Esa estrategia fue considerada por los legisladores de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como un ataque a la fiscalización.

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“Ya pusimos una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos”, aseguró  Carlos Barreda, de ese bloque.

Rechazan discurso

Por otro lado, diputados de Encuentro por Guatemala, Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y de Compromiso, Renovación y Orden criticaron al sector privado por impulsar el Encuentro Nacional de Empresarios  enfocado en el mejoramiento de las carreteras. Consideran que no tienen solvencia moral, luego de que ese sector —según afirman— “ha estado implicado en casos de corrupción y evasión de impuestos”.

Mientras,  Nils Leporowski, presidente de la Cámara del Agro, recordó que hace un mes solicitaron la renuncia del ministro de Comunicaciones, Aldo García, “por el pésimo estado y deterioro de las carreteras”.

“Lo que más nos duele a los guatemaltecos es que la reconstrucción de esas carreteras nos va a costar cinco veces más”, afirmó.

Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de  Industria, señaló: García “prácticamente dijo que no tiene capacidad, y en cualquier empresa una persona sin capacidad no debería estar en su puesto”.

Empresarios

Agroindustrias piden renuncia de ministro

La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) pidió al presidente Jimmy Morales  que destituya al ministro de Comunicaciones, Aldo García Morales.

Los empresarios indicaron, mediante un campo pagado,  que desde hace dos meses pidieron de manera pública la renuncia del funcionario, derivado del grave deterioro de las carreteras, la baja ejecución presupuestaria y la ineficaz e ineficiente gestión del ministro.

La Camagro aseguró que actualmente la situación es aún más grave que hace 60 días, y las carreteras siguen deteriorándose.

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Con esos argumentos, los empresarios aseguran que “por el incumplimiento de los principios de la administración pública”, el presidente debe destituir al ministro de Comunicaciones.

El vicepresidente Jafeth Cabrera fue consultado sobre la petición empresarial, y respondió: “Todo guatemalteco tiene el derecho —de pedir—. Hacemos un esfuerzo ante una situación caótica en la que está la red vial, que corresponde a una situación de años, no de un año y medio que hemos estado en el poder”.

“Es una angustia que todas las personas tenemos; cambiar personajes en los ministerios no va a ser la solución”, dijo Cabrera.

Congreso

Bancadas critican propuesta

Diputados calificaron de “incoherente” la  temática presentada en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), pues indican que el sector privado ha sido uno de los responsables de que la red vial se encuentre así, “por no pagar impuestos y participar en corrupción”.

“Me molesta que den el diagnóstico de la infraestructura, cuando por décadas se han opuesto a una reforma tributaria. Guatemala tiene un Estado débil porque así lo concibieron ellos”, dijo  Carlos Chavarría, de Creo.

Amílcar Pop, de Winaq, indicó que hay  corresponsabilidad histórica de ellos en las deficiencias: “En especial cuando se beneficiaron de contratos millonarios con resultados deficientes. No olvidemos que financiaron los partidos  que hicieron las cosas mal”.

Juan Carlos Paiz, presidente de la  Fundación para el Desarrollo de Guatemala, pidió no polarizar. “No tenemos una propuesta, es un diagnóstico para que todos busquemos  solución. No hemos dejado de ser transparentes en qué se ha hecho, qué se ha presentado y qué se quiere hacer y tampoco está limitado al Enade, lo que más nos interesa es unión para resolver problemas”, afirmó.

Oposición

Los diputados de UNE acusan al Ejecutivo

El partido de oposición UNE citó a autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, a quienes les reclamó por varios espacios publicitarios desde los que el Gobierno acusa al Congreso, en especial a esa bancada, de impedir el mejoramiento de las carreteras.

En los espacios de publicidad se escucha cuando el presidente Jimmy Morales habla del mal estado de la cinta asfáltica, mientras se observan imágenes de los diputados de la UNE en citaciones públicas con varios funcionarios del Ejecutivo.

Según el secretario de comunicación Alfredo Brito, “no existe una campaña de desprestigio”, solo se han utilizado las imágenes de los congresistas como  referencia.

De acuerdo con Carlos Barreda, legislador de la UNE, se presentarán denuncias penales contra las autoridades del Ejecutivo.

“Lo único que hemos efectuado es nuestra labor de fiscalización. Hemos evidenciado la incapacidad del ministro de Comunicaciones —Aldo García— y de otros más para ejecutar los recursos del Estado”, aseguró Barreda.
Agregó: “No nos vamos a detener, porque esta es nuestra función. El Gobierno se tiene que retractar”.

En la misiva también se solicita que se detalle el nombre del bloque y comisión de trabajo al que pertenecen los congresistas aludidos, Fernando Linares, Óscar Armando Quintanilla, Jaime Regalado y Julio Lainfiesta.

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En junio último se hizo público que que Linares, Regalado, Quintanilla y Lainfiesta contrataron los servicios de la firma Barnes & Thornburg para efectuar un trabajo de cabildeo con senadores, congresistas y funcionarios estadounidenses con quienes buscaban quejarse del embajador Todd Robinson, así como de una supuesta persecución judicial a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Por este cabildeo se pagarían US$80 mil mensuales —unos Q600 mil—.

Los legisladores negaron que las intenciones fueran directamente en contra del embajador de EE. UU. en Guatemala, y aseguraron que se trataba de mejorar las condiciones de los migrantes guatemaltecos en el país norteamericano, así como las relaciones comerciales.

Indagatoria

La fiscal general, Thelma Aldana, reconoció que se hace una investigación que solo será para verificaciones que permitan establecer si se plantea o no un retiro del antejuicio.

La jefa del MP explicó que no se puede establecer si los congresistas cometieron algún delito debido a que gozan del derecho de antejuicio. La investigación de la Fiscalía comenzó luego de una denuncia ciudadana que ingresó a través de la Oficina de Atención Permanente.

Al respecto, Linares indicó que el MP le solicitó información, no detallaba el objeto de la investigación, así que les solicitó ampliarla.

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Mientras que Regalado aseguró: “Que investiguen lo que quieran investigar, nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo en dar la información necesaria y que creamos conveniente”.

Lainfiesta por aparte dijo desconocer la pesquisa, así que no emitió cometario.

En tanto, Quintanilla señaló que “están en su derecho, me preocupa la persecución, más por los financistas, pese a que no es un tema de Estado, sino que privado y no hay como obtener acceso… es un documento fuera del país”.

Según el diputado Linares, el cabildeo no se ha detenido y se negó, de nuevo, a revelar los nombres de los financistas.

El monitoreo se efectuó del 11 de febrero al 1 de marzo últimos, en los 299 puestos de Salud, en 81 municipios priorizados de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula.

 Luego de la presentación del informe se  desarrolló un panel para analizar la importancia del recurso humano en el primer nivel de atención en salud.

Adonay Cajas, coordinador técnico de la Alianza por la Nutrición, señaló que persiste el desafío de la prestación de los servicios  en forma continua, ya que solo el 88.9 por ciento de los puestos de Salud estaban abiertos el día de la visita.
En cuanto al abastecimiento, Cajas señaló que a los insumos que se les  debe poner mayor atención son  los micronutrientes o chispitas, albendazol o desparasitante  y vitamina A, porque se detectó un déficit.

Otra realidad

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“En estas dos personas descansa la responsabilidad de la atención primaria en salud, y hay que darle énfasis y dedicarle mayor atención”, indicó.

El monitoreo reveló que a este personal le falta  conocimiento, lo cual podría deberse a la rotación y contratación temporal, aunque la mayoría dijo que tiene de dos a cuatro años de laborar en el Ministerio de Salud.

En decadencia

“El conocimiento en las normas para la consejería de la Ventana de los Mil Días ha venido decayendo. El Ministerio debe fortalecer sus procesos de capacitación, monitoreo y  evaluación”, dijo Cajas.

Respecto del registro y control de las mujeres embarazadas, el experto señaló que el personal de Salud en el primer nivel de atención no le da importancia ni prioridad a la información y atención, porque el 7.8  y 8.3 por ciento  proporcionó una dosis de las tabletas de hierro y ácido fólico distintas a las que recomiendan las normas  establecidas.

 Además, al  16.8 por ciento de las mujeres que sufrieron complicaciones durante el embarazo no se les dio  seguimiento.

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De acuerdo con la Alianza, en el esquema de vacunación, existe descontrol en la información de los carnés de los niños y  de los puestos de salud.

Cajas explicó que en el esquema completo de vacunación encontraron que el anterior monitoreo pasó de 18.5 a 35 por ciento en marzo de este año, lo cual implica que se ha mejorado pero se debe acelerar el paso.

Édgar González, viceministro de Salud, reconoció que una debilidad de la dependencia es  que el 60 por ciento de las personas contratadas lo  están en forma temporal, lo cual complica la relación laboral, ya que no se les puede asignar ciertas responsabilidades o existe   temor  en el personal de aceptarlas.

Carmen Salguero, coordinadora del eje de solidaridad de Mejoremos Guate, enfatizó que esa cartera debe regirse en base a meritocracia.  “Debemos exigir que se cumpla la Ley de Servicio Civil, debemos promover los puestos para que el funcionario pueda hacer carrera con base a esa ley, deben existir y debemos exigir que cumplan políticas claras en materia de recursos  humanos. El Ministerio de Salud debe dejar de ser la bolsa de empleo de los políticos de turno”, enfatizó.

Salud

 No reciben  vitamina A

La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, aseguró que el suministro de  vitamina A a niños se ha complicado porque   dependen de las donaciones de una agencia internacional.

Al finalizar una citación con la Comisión de Salud en el Congreso, la funcionaria indicó que toman medidas para que el Ministerio compre las vitaminas,  debido a que hay desabastecimiento en algunas presentaciones, lo cual ha dificultado la entrega.

La vitamina A  es necesaria para   evitar enfermedades de  la piel, la visión y el cabello en los menores. La ministra afirmó que    esperan solucionar el problema pronto.

Esos acuerdos se alcanzaron en la junta mixta  integrada por dos representantes del sindicato mayoritario del Congreso  y por los diputados de la Junta Directiva  Marvin Orellana, tercer vicepresidente; y Aracely Chavarría, quinta secretaria, quienes acordaron un borrador que deben  avalar los directivos y ratificar el Ministerio de Trabajo.

 Hasta ayer el documento del pacto colectivo era un secreto, ya que ni los diputados ni los trabajadores revelaban los acuerdos reales. Sin embargo, Prensa Libre obtuvo una copia en la que se detalla que el incremento del 30 por ciento se dará cada tres años, a partir del 2020, sobre el salario total que el trabajador percibe mensualmente. Esto, a cambio del beneficio actual que se otorga cada año.

Además, se establece que el incremento se aplicará solo a los trabajadores que devenguen menos de Q25 mil mensuales.

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También se obliga a mejorar las condiciones de la clínica médica, la cual deberá contar, no con uno —como  en la actualidad—, sino con tres médicos, un odontólogo, un psicólogo y una enfermera.

Difícil aprobación

Luego de conocer el detalle del borrador del pacto, el primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, rechazó los acuerdos de la Junta Mixta y aseguró que hay varios puntos lesivos para el Legislativo e inconstitucionalidades.

En la instancia de jefes de bloques, el diputado Orellana, quien integró la mesa que analizó el Pacto, recomendó a sus compañeros no apoyar los acuerdos, pese a que días antes consideró que hubo logros importantes en las negociaciones.

Mientras, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, indicó que hoy se conocería a fondo el documento en la Directiva, aunque adelantó que existe rechazo de la mayoría de  sus integrantes.

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Sin embargo, se indicó que la propuesta es que el pleno apruebe los acuerdos y otra opción sería que la Procuraduría General de la Nación indique si existen ilegalidades.

En la actualidad, más de 10 diputados enfrentan procesos por la creación de plazas fantasma. Se ha revelado que usaban varias modalidades de cobro por una plaza en el Congreso. Una era obtener un porcentaje indefinido del salario a los empleados.

Bonificaciones laborales

El Congreso ya cuenta con un pacto que es objeto de críticas.

Acuerdo en discusión

• Un incremento salarial del 30% cada tres años.
•  Un bono vacacional correspondiente a un salario total cada 31 de enero, por haber perdido el incremento anual.
• Diputados y trabajadores deben   desistir de  procesos legales abiertos en los tribunales.
• El Congreso tendría que devolver a los trabajadores todos los descuentos que les hicieron  debido a los reparos por los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).  
• Luego de la entrada en vigencia el Pacto, los trabajadores podrán acogerse a un retiro voluntario, por el que recibirán su indemnización total, más cinco sueldos adicionales.

Beneficios actuales

• ncremento anual del 10% sobre el salario. Tradicionalmente se hizo sobre el sueldo total, pero por un hallazgo de la CGC se estableció que era sobre la  base.
• Bono de antigüedad que va desde Q75 anuales por cinco años de servicio hasta Q600 por 20 años. Este continuaría.
• Bono vacacional de Q600, que también seguiría.
• En diciembre, los trabajadores reciben un bono de Q800, más una canasta por Q500 y Q15 mil para el convivio.
• El Congreso paga los uniformes para los deportistas.
• De no aprobarse el nuevo pacto colectivo, continuaría en vigor el actual.

Desde hace algunas semanas, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso ha trabajado en varios cambios a la Ley Electoral, los cuales van desde la creación de subdistritos electorales  hasta el establecimiento de la votación nominal para diputados y una segunda vuelta para la elección de alcaldes.

Aunque los congresistas han considerado estas modificaciones como un gran avance, ayer el pleno de magistrados del TSE ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que varios de los artículos contenidos en el borrador son inconstitucionales y que otros podrían violar  la independencia de ese máximo tribunal.

Según la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, se están estableciendo varios aspectos  muy delicados, pues se “matiza” la independencia  y se hacen varios agregados que son lesivos para la independencia del TSE.

“Nosotros vemos claramente que la intencionalidad del Congreso es que en cualquier momento  nos pueda citar y obligar a presentarnos ante ellos, y desafortunadamente es algo muy delicado, puesto que se dan muestras de que la clase política no tiene la madurez necesaria”, manifestó la magistrada.

Debe ganar el Sí

Congreso aprueba consulta popular sobre diferendo con Belice

Consideran también que las reformas para la postulación y elección de magistrados del TSE quedan destinadas exclusivamente al Congreso, lo que “mutila la independencia” de ese órgano y lo transforma “en un vasallo de los diputados”.

“Agradecemos su opinión”

Mario Taracena, legislador por la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la comisión que analiza los cambios a la mencionada ley, aseguró que ya habían solicitado una opinión a los magistrados del TSE sobre las reformas, pero estos no  habían respondido. “Hoy  —ayer— nos dieron la sorpresa con el campo pagado y agradecemos su opinión”, expuso.

“En la próxima reunión de la Comisión se tendrá que estudiar las observaciones que hace el TSE, porque hay cosas que son buenas. Por ejemplo, que el Congreso no tiene que fiscalizar, sino que debe  ser la Contraloría —General de Cuentas—, ni lo vamos a poder hacer bien”, manifestó Taracena.

En cuanto a los subdistritos y  la elección uninominal, “se va a revisar porque no se puede. Seguramente lo vamos a quitar. Luego de esto —opinión del TSE— se va a enterrar”, sostuvo el diputado.

Nineth Montenegro, también integrante de la Comisión, indicó que muchos artículos fueron propuestos por los tanques de pensamiento.

Algunos fueron retirados, pero al final toda la iniciativa debe   ser analizada con anterioridad por la Corte de Constitucionalidad, antes de que la apruebe el Congreso. “Hay cosas fuera de lugar, que deben quitarse, pero aún están en borrador”, dijo.

Artículos polémicos

Estos son algunos artículos que los magistrados del TSE rechazan.

• •Reformar el artículo 21 bis.  Busca elevar la deuda política de US$2 a US$3 por cada voto. No están en favor de elevar la deuda.
• Reformar el artículo 121. Pretenden  que  el TSE esté supeditado al Congreso, al incluirle procesos de control.   Los magistrados dicen que eso viola la independencia del Tribunal.
• Reformar el artículo 136. Se quiere que un delegado de cada partido elija a los magistrados por medio de una comisión de postulación. El TSE afirma que hacerlo así sería tener a ese organismo bajo control del Congreso  y los partidos políticos.

Belice

No hay fondos para consulta popular

 La presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, informó que para efectuar la consulta popular sobre el diferendo territorial con  Belice necesitan unos Q300 millones y actualmente no cuentan con ello, aunque el ministro de Finanzas se comprometió a trasladar esos fondos.

 Por ahora se revisa de nuevo el plan operativo para llevar a cabo la consulta. Se evalúa si se hará en período de clases, debido a que se tienen que remozar los edificios educativos, a fin de que estén aptos para ser sedes del proceso electoral.

La propuesta presentada hoy al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, no está respaldada con ninguna firma del presidente Jimmy Morales, por lo que para algunos congresistas no puede considerarse ni siquiera como anteproyecto de ley.

Juez los sanciona

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Rabanales aseguró que tienen Q58 millones para ejecutar y necesitan desde alquilar espacios para trasladar a los menores, hasta contratar transporte y hacer varias remodelaciones y remociones en los centros.

La titular de la SBSP asegura que han tenido problemas de ejecución debido a la burocracia y plazos tan largos plasmados en la Ley.

Por ahora el Congreso aprobó el acuerdo 22-2017, a través del cual se faculta al Ejecutivo para que, “en forma inmediata”, presente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud para celebrar una consulta popular sobre el diferendo.

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En el acuerdo se determinó que tanto Belice como Guatemala deben hacer una consulta popular en la cual los ciudadanos se manifiesten acerca de la diferencia territorial.

Esta es la pregunta que contendrá la boleta en la consulta popular que debe ser respondida por ciudadanos:

¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?

La propuesta en el Congreso fue aprobada por 102 diputados y 14 votaron en contra, incluido el independiente Luis Pedro Álvarez, quien explicó que no apoyó la propuesta porque aún no se tiene claro cuánto costará la consulta y de dónde se obtendrá el dinero.

Según la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, la consulta popular  costaría aproximadamente Q300 millones, los cuales serán otorgados por el Ejecutivo, que también se encargará de promover la campaña para dar a conocer la pregunta que se hará a los ciudadanos.

Los fondos estaban contemplados para la consulta sobre las reformas constitucionales, pero de acuerdo con Estrada  se podrían utilizar para lo de Belice.

Como la ley establece que las consultas deben efectuarse con un mes de diferencia, si lo relacionado con los cambios a la Carta Magna se aprueba, ya no daría tiempo para   este año, así que debería   presupuestarse para el 2018.

Sería en diciembre

El canciller Carlos Raúl Morales expuso en conferencia de prensa que diciembre sería  apropiado para  la consulta, aunque el TSE será el que defina el día.

Sin precisar fecha, la presidenta del TSE aseguró que los preparativos llevarían “unos cinco o seis meses”, aunque aclaró que la convocatoria debe hacerse 90 días antes de la consulta.

Por su parte, el canciller explicó que a partir de que en las consultas gane el “sí” se tiene un año para presentar en la CIJ la demanda y la memoria en la cual se plantean los derechos que Guatemala pretende sobre Belice.

Una vez el TSE convoque al referendo, habrá un plazo de 90 días para impulsar una campaña de información, para la cual no hay recursos, pero  se ha hablado con las cámaras de radiodifusión y televisión para que colaboren.

Además, la Unión Europea ha ofrecido gestionar fondos para ese tema, y el ministro de Finanzas indicó que podrían buscar apoyo.

“Es una campaña de información pública, no política, en la que todos los sectores y partidos políticos puedan apoyar. Es una por nuestro país, por los habitantes de la zona de adyacencia, por la certeza jurídica entre ambos países”, expresó el canciller.

Indicó que existe mucho desconocimiento en relación con el diferendo territorial, marítimo e insular con Belice. “Hay guatemaltecos que piensan que es recuperable la totalidad del territorio, hay otros que creen que lo perdimos todo, y otros que piensan que queremos una salida al mar”, refirió.

El ministro de Relaciones Exteriores comentó que existe la posibilidad de que los recursos para la consulta se obtengan de los espacios presupuestarios que no se ejecutarán este año.

“Ese espacio fiscal no se puede correr al otro año. Entonces hay que pedirle al Congreso que lo reprograme”, enfatizó,   sin precisar montos, porque indicó que eso será tarea del TSE.

¿Si gana el no?

En caso de que en un país gane el No, habría que repetir el referendo hasta conseguir el Sí de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales, explicó el canciller el lunes último.

Ese acuerdo contempla que se requiere  una consulta popular en cada país para llegar a la CIJ, pero que, en todo caso, tanto Guatemala como Belice se comprometieron a llegar a esa instancia.

El Legislativo volvió ayer de su receso de medio año y se efectuó la primera reunión de jefes de bloques del segundo período de sesiones ordinarias, en la cual las reformas constitucionales fueron las notorias ausentes en   la agenda de prioridades.

La única que preguntó por este punto fue la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, cuestión ante la cual hubo un silencio elocuente.

 “¿Solo quiero saber qué va a pasar con las reformas? ¿Van a quedar como letra muerta?”, cuestionó la congresista, pero la reunión terminó y no obtuvo respuesta.

Sector justicia

Se plantean 60 enmiendas a reformas

Nueva “mesa técnica”

Carlos Fion, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, dijo que no hay consensos para continuar la discusión.

No obstante, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, indicó que se convocará a nuevas mesas técnicas, que serán integradas por delegados de las diferentes bancadas, en las cuales se discutirían las reformas, con el fin de buscar y lograr consensos.

Sin embargo, estas nuevas discusiones no tendrán plazo para entregar resultados. A decir de Chinchilla,  podrían durar unos 15 días, o es posible que se “tomen un mes o más”.

Para  Montenegro esta es una justificación para alargar la discusión, cuyo propósito es dejar las reformas a la Constitución  en el olvido. La congresista recordó que la mesa técnica de discusión ya estaba formada por los jefes de bloques; incluso, explicó, ya había acuerdos sobre enmiendas.

Juan José Porras, de Visión con Valores, aseguró: “He entendido que está la propuesta de la mesa para revisarlas y revitalizarlas. Habrá que ver que en este nuevo período el presidente retome el tema. No vi reflejado en jefes de bloques que haya consensos, no se ha retomado para definir el rumbo a seguir”.

Según algunos diputados, la intención real es crear una nueva propuesta para “quitarle el sabor colombiano” —en referencia a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—, con la finalidad de que los cambios se reduzcan y el resto se haga, supuestamente,  a través de cambios a leyes ordinarias.

La fiscal general, Thelma Aldana, indicó: “No estaba enterada, pero me parece adecuada la discusión”.

A la fecha, el Congreso ha conocido hasta el artículo 6 de la propuesta. Dos artículos se perdieron, entre ellos lo relacionado con el antejuicio, tres fueron aprobados y el que se refiere a la justicia indígena se prorrogó para el final.

El diputado Marvin Orellana, presidente de la Junta Mixta, explicó que uno de los beneficios más discutidos fue el incremento salarial del 10 por ciento que, hasta el 2015 era cada año y sobre el salario total.

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Contraloría lo denunció

En 2015 la Contraloría General de Cuentas (CGC) efectuó un hallazgo del ejercicio fiscal del 2014, evidenció que el Congreso pagó más en el incremento salarial del 10 por ciento, debido a que se pagaba sobre el salario total y no sobre la base.

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Según el documento, se determinó que el incremento anual del 10 por ciento a los trabajadores permanentes del Legislativo se calculó sobre el salario total y no sobre la base, como lo establece el Pacto Colectivo.

En el artículo 23 del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo del Congreso se establece un incremento salarial anual de 10 por ciento, “calculado con relación al salario base de cada trabajador”. Según la CGC, eso habría costado Q7 millones 20 mil, pero se pagaron Q23 millones 400 mil, es decir, una diferencia de Q16 millones 379 mil 819.

Beneficios del Pacto

• En el 2005 se firmó una negociación que ha sido criticada por supuestos abusos.
• Los trabajadores que son estudiantes universitarios tienen derecho a retirarse una hora antes del horario ordinario.
• Cada año el Congreso debe  dotar de uniformes a los empleados.
• Todos los trabajadores tienen derecho a un incremento del 10 por ciento sobre el salario base.
• Los empleados reciben un bono de antigüedad que va desde Q75 al año hasta los Q600, dependiendo de la cantidad de años de servicio.
• Cada año los trabajadores del Congreso también reciben un bono vacacional de Q600, otro navideño de Q800, una canasta navideña de Q500 y convivio.

Diputados de varias bancadas confirmaron que la coalición con el partido del gobierno, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no les funcionó “mucho”. La mayoría se queja de que no les cumplieron las promesas. En su momento se habló de que habían negociado plazas, obras y elección de gobernadores, y para agravar las cosas “no ha habido resultados positivos”.

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El rompimiento ha sido evidente. Incluso a la última reunión convocada por el presidente Jimmy Morales a la Casa Presidencial no acudieron los diputados de Todos, con el argumento de que se les avisó fuera de tiempo y que Morales ha culpado a los congresistas “de sus errores”, según el jefe de ese bloque, Juan Ramón Lau.

El MR analiza regresar a la alianza con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque este camino aún no está claro porque, según Orlando Blanco, jefe de esta última agrupación, no están interesados en ocupar un espacio en la Directiva.

Además, el MR aún se está sanando de las heridas que le dejó la elección del Comité Ejecutivo Nacional, en la cual quedaron fuera figuras que en el último año han sido importantes, como Jaime Regalado y Alejandra Carrillo, quienes han insistido en mantenerse unidos al partido oficialista. “Estamos en un proceso electoral cada vez más cerca.

El 2018 será el año de la precampaña. Creo que vamos a estar cohesionados en las decisiones que tomemos. No creo que ningún diputado esté pensando en aislarse en este momento”, manifestó el congresista Boris España, quien aseguró que aún no han tomado decisiones sobre la Junta Directiva, pero no negó que ya se esté hablando del tema en el Congreso.

Aún no se tienen candidatos definidos, pero entre los congresistas se habla de que Óscar Chinchilla buscará la reelección, aunque él rechazó tal extremo. “No lo creo”, dijo en una entrevista a Prensa Libre.

También se menciona a Felipe Alejos, aunque otros legisladores aseguran que debido al alejamiento que Todos ha tenido de la alianza con el partido de gobierno, el congresista no podría aspirar a más de una vicepresidencia o secretaría. De ser así, cumpliría tres años consecutivos de la Directiva.

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El único que hasta ahora ha hablado abiertamente de sus intenciones de dirigir el Congreso es Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), partido al que pertenece Chinchilla.

Según Chavarría, su intención es impulsar una agenda en favor de las mayorías, pues a su criterio se ha mantenido una agenda inclinada a sectores específicos.

En en 2016, Linares Beltranena entregó incluso un plan de trabajo en el que, entre otras propuestas, ofrecía un incremento salarial para los diputados, pese a lo cual no fue tomado en cuenta para el cargo.

Aunque varios diputados coinciden en que ha sido FCN-Nación la bancada que ha impulsado la forma como se integrará la directiva el próximo año, aseguran que ese partido no está interesado en ocupar la presidencia y que, en cambio, peleará por una vicepresidencia y una secretaría.

Pese a ello sus aspiraciones podrían quedar en el aire, debido a que se corre el riesgo de la desintegración de la alianza, ya que MR está dividido en dos y Todos no quiere más relación con el partido oficial. Solo les quedaría Alianza Ciudadana y la UCN, pero entre los tres suman 53 votos.

Intereses

Geidy de Matta, coordinadora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Pedro Cruz, de Primero Guatemala, coinciden en que las alianzas han funcionado para perpetuar intereses particulares, tanto la de UNE como la de FCN-Nación, por lo que exigen a los diputados que establezcan una agenda de nación.

“El Congreso tiene un desgaste y falta de credibilidad, debido a las prácticas oscurantistas del pasado. Aunque la población está exigiendo cambios, los diputados siguen privilegiando sus intereses personales. Al parecer no han efectuado la lectura de que ya no se puede continuar con los niveles de soborno, opacidad y abuso de autoridad”, manifestó De Matta.

La politóloga opina que no sería difícil crear consensos si la prioridad fuera el país y afirmó que el problema es que “son agendas personales y particulares que conllevan componendas y falta de transparencia”. Según De Matta, es oportuno que la UNE y Todos entren en un momento de reflexión, “porque podrían perder todo, porque como van las cosas es probable que FCN-Nación no logre superar la crisis”.

Cruz, por su parte, considera oportuno evaluar cuál es el interés real de los diputados, ya que “el 12 por ciento no tienen inmunidad, y eso es preocupante; más cuando esas alianzas han demostrado que son para protegerse entre ellos mismos y a otros que puedan salir señalados”.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, reconoció en una citación con la UNE que la ejecución en inversión ha sido baja. Una muestra de ello son los préstamos. Este año el Presupuesto se financia con poco más de  Q2 mil millones, y de estos se ha ejecutado un 7.6 por ciento.

Además, el ministro de Comunicaciones, Aldo García, indicó que 19 departamentos llevan  ejecutados menos del 30 por ciento de los proyectos que tienen como inversión física. Los más bajos son Totonicapán, con 3.78 por ciento, y Quiché, con 5.99 por ciento.

“La baja ejecución, principalmente en inversión, es por varias razones, una de ellas es la complejidad en las leyes, dudas y temor por parte de las unidades ejecutoras y de los funcionarios;  como también ha habido desorden administrativo, por ejemplo”, justificó el jefe de la cartera del tesoro.

Durante la citación, los diputados cuestionaron a García por las declaraciones que ha vertido el presidente Jimmy Morales en contra del Congreso. “¿Con el Estado de calamidad habrían compuesto la carretera de Huehuetenango o de Alta Verapaz?”, preguntó el legislador Carlos Barreda. “No”, respondió el ministro”.

“Entonces aclárele al presidente que no tiene candados para ejecutar. Que deje de hablar locuras, tonterías”, criticó Barreda.

El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, que estaba presente en la reunión, coincidió en que el Ejecutivo no ha tenido candados para ejecutar.

Siente “vergüenza”

El presidente Jimmy Morales dijo ayer sentirse avergonzado por solicitar materiales para el bacheo de carreteras.
Durante una gira por tres departamentos pidió a la municipalidad material que se pudiera utilizar para esa labor.

“Me da vergüenza decirlo porque estoy como patojo pidón, porque no me dejan usar el dinero que tenemos”, insistió Morales en San José Comapa, Jutiapa, al nuevamente criticar la Ley de Contrataciones del Estado.

“Se plantea estado de emergencia para comprar precisamente materiales, —pero— que no se le puede contratar a aquella empresa porque tiene problemas judiciales. ¿A qué empresa se puede contratar?”, se quejó el presidente.

En Santa Rosa, Morales   volvió a criticar al Congreso y a varios jefes de bloques por no haber asistido a una reunión con él, el lunes, en la cual expuso   una iniciativa de ley para acelerar las liquidaciones de los contratos y para poder comprar material rápidamente.

“Al partido de color verde que se ponga la mano en la conciencia porque son los que entrampan que el gobierno cumpla con sus obligaciones”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

Según una lista  entregada por el Ministerio de Comunicaciones a diputados al Congreso, las sociedades anónimas Constructora Nacional (Conasa) y Asfaltos de Guatemala (Asfalgua) fueron subcontratadas por Odebrecht; la primera para “servicios de construcción”, por US$42 millones —Q327.6 millones—, y la segunda habría alquilado camiones de volteo por Q486 mil 566.55 y otorgado base y asfalto por US$3.2 millones —unos Q25 millones—.

Las investigaciones del MP y  la Cicig revelaron que Conasa y Asfalgua se habrían acercado a las empresas de cartón vinculadas con el exministro de Comunicaciones Alejando Sinibaldi para dar sobornos que les permitieran cobrar deuda de arrastre y optar a nuevos contratos.

En ambos casos —Odebrecht, y Construcción y Corrupción— figuran Sinibaldi, como cabecilla de supuestos actos ilícitos, y su concuño Juan Jegerlehner, quien habría apoyado acciones irregulares. Este último guarda prisión provisional, en tanto que Sinibaldi está prófugo.

José González Campo, presidente de la Cámara de la Construcción, calificó de irresponsable  hacer tal relación. “Conasa y Asfalgua son empresas muy grandes en Guatemala, no era de extrañar que si una extranjera requiriera servicios como los que ellos prestan les hablaran a ellos. Además era un contrato entre privados”, recalcó.

“No es sorpresa”

Manfredo Marroquín,  de Acción Ciudadana, aseguró que no es  sorpresa que  empresas  aparezcan en ambos casos, debido a que el sector de la construcción estuvo funcionando con el Estado, basados en actos de corrupción. Es decir, las empresas se acostumbraron a dar sobornos por  contratos, señaló.

Proyectos detenidos

Las carreteras no han colapsado, según Aldo García, ministro de Comunicaciones, quien considera que el deterioro se debe a la corrupción y el abuso de gobiernos que  se aprovecharon.

A esa situación se suma que  las obras en las carreteras CA-2 oriente, occidente y la CA-1 occidente están suspendidas por acciones legales.

Además, el más reciente caso de corrupción en Comunicaciones  ha paralizado 23 proyectos, de los cuales cuatro ya fueron resueltos, entre ellos  la reparación de la pista del aeropuerto La Aurora.

García afirmó que ya integraron un equipo jurídico que analiza cada contrato. “No me arriesgo a pagar”, reconoció.
Añadió que han visitado  las empresas señaladas, pero “están más preocupadas por las personas que fueron acusadas que por darle solución a las obras”.

Contexto

No hay certeza jurídica en Guatemala, reclaman empresarios

El Cacif menciona en su carta que los organismos que tienen a cargo aspectos relacionados con el convenio son  el  Ejecutivo, el Judicial y, en el caso del Legislativo, para la reglamentación, y la solicitud surge por la suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricas.

Según expone esa agrupación en la carta, se viola el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, porque al no existir un reglamento, hay falta de certeza de cómo aplicarse, con resoluciones desfavorables al derecho de libertad de empresa y de trabajo, y generan conflictividad social.

Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), firmó la carta enviada al director de la OIT  en Ginebra, Suiza.

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En esta se explica, además, que luego de años de  operar proyectos autorizados, grupos como organizaciones no gubernamentales, de las cuales incluso tienen conocimiento de que no son representativas de pueblos indígenas, promueven acciones legales para dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas.

Así, continúa, han logrado resoluciones desfavorables a la inversión  y generan más conflicto. Sin embargo, eso es lo que el Convenio 169 quiere evitar, refiere la cúpula empresarial en otra parte de la carta.

Denuncia Internacional

El dirigente empresarial indicó que esta primera acción es solo una comunicación para enterar a ese organismo de lo que pasa en Guatemala, pero que no requiere que el Estado responda a la OIT.

Malouf advirtió de que de no obtener resultados con la primera medida y de continuar la suspensión de proyectos por  las cortes de justicia, preparan dos acciones más en el lapso de un mes.

En la segunda acción, el Estado estaría obligado a enviar informe a la OIT sobre consultas y proyectos. La tercera  se usaría si no cesa la suspensión de proyectos, y consiste en una denuncia o proceso de reclamación bajo el artículo  24 de esa organización.

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La OIT se forma de manera tripartita con el Estado, empleadores y sector sindical. Las acciones del Cacif se hacen como empleadores y “estamos usando  el derecho de petición”, refirió.

El problema, según dicho dirigente, es que de parte del Estado respondería  el Ejecutivo, pero que ese organismo  trata  de impulsar acciones, entre estas un reglamento. Sin embargo,  argumentó que el Organismo que  no lo está aplicando bien es el  Judicial porque suspende proyectos aplicando otras leyes sobre el convenio y lo hace vinculante.

En la actualidad hay tres proyectos hidroeléctricos suspendidos y dos mineras, como Proyecto Derivada IV y recientemente, El Escobal, propiedad de la  empresa San Rafael. Además, hay denuncias o amparos contra otros, y aunque los procesos judiciales siguen no han sido suspendidos.

Sindicatos accionan

Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina e integrante de la Asamblea Social y Popular, dijo que la primera queja por parte del sector sindical  se presentó en Ginebra por el caso de Hidroeléctricas Oxec, a las que la CC  permitió seguir operando.

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En dos meses más  trasladarán “una serie de quejas” a  la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas por  violación a los procesos de los pueblos indígenas que se da por la mencionada resolución de la CC, la guía operativa para consultas lanzada por el Gobierno y otras actuaciones de empresas y autoridades que  violan los derechos de los pueblos indígenas.

La ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, respondió que hasta ayer por la tarde se enteró de la solicitud enviada por el Cacif a la OIT, pero indicó que está en su derecho como parte  tripartita de esa organización. La funcionaria lo ve como solicitud de acompañamiento de parte del sector empresarial.

Acerca del alcance que pueda tener una “intervención de la OIT”, indicó que esta respeta la soberanía y lo que puede hacer es brindar acompañamiento  al país para buscar mediante diálogo viabilidad para la consulta de pueblos indígenas.

Los primero minutos de la reunión estuvieron marcados por el anuncio del trabajador del Maga José Antonio Coronado López sobre desistir de las acciones, luego de ser el demandante y solicitante del retiro de la inmunidad al funcionario. 

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La terna de diputados que conforman la pesquisidora pidieron un receso previo a iniciar con la audiencia, para conocer y evaluar el expediente.

La pesquisidora está integrada por los diputados Felipe Alejos, Marvin Orellana y Jaime Lucero.

El ministro Méndez fue el primero en exponer ante la pesquisidora sobre la situación que por la cual buscan que sea investigado, calificando la solicitud de antejuicio como “ilegítima y espuria”.

Méndez argumentó que se dio cumplimiento a la reinstalación de Coronado López, pero que él se habría negado a firmar contrato porque se le ofrecía una plaza en el renglón 031 y él buscaba una en el renglón 011.

El funcionario dijo que le pagaron Q253 mil por salarios caídos, agregó que Coronado quien promovió el antejuicio, estaba como jornalero, pero ahora tiene un contrato 011 (plaza fija presupuestada).

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Estos diputados fueron denunciados por vínculos con Sinibaldi

La celebración, sin embargo, no significaría asueto o pago adicional al salario devengado por quienes ejercen esa labor.

El Congreso tendrá que conocer la iniciativa para decidir su aprobación y de ser así, el decreto entraría en vigencia luego de su publicación en el Diario de Centro América. 

#DiputadaGT Flor de María Chajón presenta una iniciativa para declarar el 29 de julio como El Día Nacional del Mecánico pic.twitter.com/jfMqjNnhjg

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) July 21, 2017

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“Lo que se busca es dignificar al mecánico en todos sus ámbitos, sea marítimo, aéreo, terrestre, automotriz, o industrial. Es para ponerles un día específico para ponerles un día en el que se sientan reconocidos sobre la labor importante que hacen”, dijo la diputada Chajón.

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La diputada añadió que lo que se busca es mejorar las capacidades y conocimientos de los mecánicos y que tiene el apoyo de otros diputados, pues esa labor es importante. 

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Más del 60 por ciento de las carreteras están en malas condiciones

El presidente Jimmy Morales anunció que se presentarán dos iniciativas de ley al Congreso, una para reformar la ley de Compras del Estado y otra para liquidar a las empresas constructoras con problema legales.

La solución al problema de las carreteras es una ley emergente, según Oliverio García que invitó al Ejecutivo a leer la Constitución pic.twitter.com/iHGs65tB0W

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) July 20, 2017

Con el estado de Calamidad, el Ejecutivo buscaba trabajar en las carreteras CA2 Occidente –ruta al Pacífico– y CA Oriente –ruta al Atlántico–, que estaban a cargo de las constructoras brasileña Odebrecht y la guatemalteca Sigma.

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Luego de publicar el decreto, el mandatario Morales se había pronunciado contra diputados de la oposición, a quienes señaló que cuando gobernaron no solucionaron el problema de las carreteras en mal estado.

La denuncia fue presentada en el MP el 27 de julio por Venancio Gómez Pasir.

Según Julia Barrera, vocera del ente investigador, el documento se recibió en la ventanilla de atención ciudadana y se trasladó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

En la querella se menciona que en la asamblea general del MR fue financiada con parte de los sobornos que habría cobrado el exministro de Comunicaciones.

Gómez Pasir aseguró al MP que los diputados Boris España, Luis Hernández Azmitia, José Alejandro de León y Ronald Sierra, así como el excongresista José Fernández Chenal, “desarrollaron de manera orquestada y de mutuo acuerdo la inversión del dinero ilícito”, supuestamente proporcionado por Sinibaldi para llevar a cabo la asamblea general del MR.

El denunciante solicita el MP decomise los libros contables del MR para efectuar la investigación correspondiente.

A través de una red social el diputado Hernández Azmitia aseguró que la denuncia es política y espuria. Más tarde aseguró que sus denuncias siempre han presentado pruebas y que “no le preocupan” los señalamientos “falsos”.

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Aspirantes a PDH se oponen a pena de muerte

Respecto a los 131 votos que obtuvo a su favor, contra dos, refirió que existió acercamiento con diputados para dar a conocer sus planes.

“No existe compromiso político, en el Congreso están conscientes que el país está cambiando, ningún partido me pidió nada a cambio de plazas”, indicó Rodas.

Jordán Rodas fue el primero en ser electo para integrar la terna de candidatos para procurador de Derechos Humanos, con la mejor calificación al obtener 96.33 puntos.

En una de las primeras declaraciones de Rodas, al enterarse de su elección, aseguró que es importante un diálogo sobre la reforma constitucional, pero no hay prisa.

Respecto a la percepción de la población que la Procuraduría de los Derechos Humanos, solo defiende a los delincuentes, indicó que el papel de la institución no es ese.

“Cualquier persona que no tenga quien lo defienda, puede solicitar un abogado en el Instituto Público de Defensa Público Penal”. 

El Acuerdo Gubernativo 20-2017 oficializa la eleción de Rodas Andrade, ahora sucesor de Jorge De León Duque.

De León, en declaraciones a los medios, dijo que estaba “contento” de la elección de Rodas Andrade al desearle lo mejor, para que pueda trabajar desde la Procuraduría de los Derechos Humanos en “un país tan complejo”.

El nuevo magistrado de conciencia resumió sus prioridades de trabajo: la vida, combate frontal contra la desnutrición crónica y la salud.  https://twitter.com/jgramajo_pl/status/887742446901370880

“No voy a ser un procurador de oficina”

El ahora PDH fue entrevistado por Prensa Libre cuando estaba en la terna de candidatos y dijo que no será una produrador de oficina.

¿Cuál será su prioridad número uno?

En el caso de que yo sea electo por el Congreso,  no  voy a ser un procurador de oficina. Hace falta la presencia  del procurador en todo el país. Guatemala no es solo la capital, sino los 339 municipios restantes. Recordemos que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos se da en el interior del país.
 
La actual coyuntura del país necesita un papel muy maduro del procurador. Recordemos que no podemos polarizarnos, los derechos humanos no son patrimonio de nadie, no tienen ideología, independientemente de las diferencias que existan. 
 
¿Cuál es la carencia más grande del país en DD. HH.?

La vida es la carencia más grande, ya que no hay respeto a ella, los  índices de seguridad son preocupantes. Yo hablaba de hacer un trabajo de forma preventiva. Se puede trabajar en las escuelas una cultura de derechos humanos.

¿Quiénes serán sus dos asesores más cercanos?

En su momento los voy a dar a conocer primeramente Dios, en el momento en que sea electo, por ahora hay que tener humildad en el paso que se dio de estar en la terna. Valoro el apoyo de los 13 partidos.
 
Van a ser profesionales con conocimiento, probos y de servicio.

Carrera

• El nuevo procurador electo se graduó como abogado y notario en 1995
• Tiene un postgrado de especialización en garantías constitucionales y derechos fundamentales en el derecho penal y procesal penal
• Cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Pública Local
• En 2012 integró los Tribunales Examinadores y Participantes de exámenes técnicos para la carrera de Abogado y Notario
• Asesoró en 2012 tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala
• En 2005 laboró como docente para una maestría en Gerencia para el Desarrollo Sostenible, entre otros.

El diputado Orlando Blanco, de la bancada UNE, presentó una moción privilegida para que se alterara la agenda del día y así ratificar, rechazar o modificar la medida del gobierno.

La moción obtuvo 69 votos a favor y 57 en contra. El secretario de la Comisión Permanente, Marco Pineda, no dio el tiempo suficiente para la votación.

Los diputados Álvaro Velásquez, Fernando Montenegro y Nineth Montenegro reclamaron la agilidad con la que se levantó la votación.

Los parlamentarios del bloque UNE optaron por retirarse del hemiciclo. 

El diputado Ovidio Monzón, de la bancada Todos, dijo que el estado de Calamidad está en el limbo. “Espero que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Comunicaciones y Defensa, no vaya a creer que mañana puede salir a comprar maquinaria para poder realizar la obra”, indicó.

"El estado de calamidad está en el limbo, asegura el diputado Ovidio Monzón, @BancadaTODOS pic.twitter.com/9W6dNWPojM

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 18 de julio de 2017

Los legisladores de las bancadas FCN-Nación y UCN se retiraron del hemiciclo para romper quórum al ver que no tenían los votos suficientes para aprobar el estado de Calamidad.

El diputado Oliverio García Rodas reconoció que las carreteras están pésimas condiciones, pero dijo que no apoya el estado de Calamidad porque viola la Ley de Orden Público.

“Cuando se habla de una calamidad pública no es la ineficiencia en la construcción o reparación de carreteras, sino fenómenos naturales, o de naturaleza tal, que son como una especie de peste”, señaló García Rodas.

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Diputados de la oposición aseguraron que el gobierno del presidente Jimmy Morales pretende recibir un cheque en blanco.

El diputado de la UNE, Carlos Barreda, dijo que el estado de Calamidad autorizaría la contratación de nuevas obras “sin licitar y eso es volver al pasado”. “Esto apesta, tienen 50 eventos subidos en Guatecompras”, manifestó.

“Aquí lo único que hay de calamidad es el presidente de la República”, expresó el diputado Mario Taracena, de la bancada UNE.

El parlamentario del bloque oficial Juan Manuel Giordano respondió al comentario de Taracena. “Yo quiero ver cuándo el gobierno de la UNE, los que gobernaron, entren en calamidad y salga el tema del Transurbano”, aseveró.

La sesión fue levantada por falta de quórum y se convocó a los diputados para este miércoles a las 10 horas.

"Aquí lo único que está en calamidad es el Presidente" dice @MarioTaracena, quien exige conocer la propuesta hoy porque no tiene lo votos pic.twitter.com/ru9sc4LT3K

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 18 de julio de 2017

El Gobierno planteó ayer el estado de Calamidad con vigencia de 30 días para arreglar las carreteras principales de la República y exhortó al Congreso a aprobarlo como un compromiso con los electores.

Sin embargo, funcionarios no pudieron precisar el monto de lo que se podría desembolsar para la compra de maquinaria y equipo.

Esta resolución ilegal, que ha sido apelada varias veces sin éxito,  fue dictada por el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, el 3 de octubre del 2008, en un laudo arbitral para atender varias peticiones del Comité Permanente de Trabajadores Coaligados del Hospital General San Juan de Dios.

Entre las inconsistencias que señala el ministerio, figura que el Estado pague las  deudas personales de trabajadores, adquiridas en el banco que deseen, así como la instalación de  una agencia dentro del hospital, sin tomar en cuenta la Ley de Contrataciones.

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Estas obligaciones salen a luz luego de que los trabajadores le recordaran al Ministerio del fallo.

Dentro de la resolución, el Juzgado aprobó un aumento salarial de Q1 mil para todo empleado del mencionado hospital. Al principio la petición era un incremento  de Q1 mil 500.

El Juzgado aprobó la  liquidación por Q63 millones 506 mil 767.94, en concepto de reajuste al salario mensual de cada  trabajador  individualizado, por un plazo de dos años,  a partir del 2011, cuando el laudo arbitral quedó   firme.

Problemas legales

El asesor jurídico de la ministra de Salud, Alejandro Argueta, aseguró que han tratado de buscar una salida legal al problema, pero es muy difícil encontrar un mecanismo cuando ya la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió  sentencia.

Argueta explicó que han sostenido reuniones con el sindicato responsable, pero lo único que han encontrado es un rechazo rotundo a negociar y amenazas de que solicitarán que sea conducida la ministra, por incumplir una orden judicial.

“Acá tenemos varias dificultades, porque ambas solicitudes no encuadran con los mecanismos de ejecución de los recursos públicos”, aseguró Argueta.La ministra, Lucrecia Hernández, señaló que se encuentran ante un dilema, ya que si no cumple se le certificaría lo conducente y si lo hace, incurriría en ilegalidades.

El abogado agregó: “En la actualidad no se pueden crear fideicomisos; ahora está prohibido. Además, no se puede dar un aumento salarial selectivo porque sería discriminatorio, ya que solo aplica a los trabajadores del hospital”.

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Según Argueta, en una de las primeras reuniones que sostuvo la ministra con los sindicalistas, los trabajadores del  San Juan de Dios recordaron que existía esta sentencia. “Nosotros la habíamos visto, pero estábamos empezando a analizarla. Ellos preguntaron si cumpliríamos y se les dijo que se haría lo que estuviera en ley”, enfatizó.

El abogado aseguró que a raíz de ello se firmó un acta de compromiso en la que se creó una comisión que debía estudiar la sentencia, la cual se institucionalizó a través de un acuerdo ministerial, y durante las discusiones se trató de explicar las dificultades que existen, pero los sindicalistas no quieren ceder, aunque el fallo es ilegal.

“Dieron 15 días para cumplir. El dilema es ¿por qué una sentencia nos está obligando a violar la ley? El contenido de la sentencia es ilegal”, cuestionó.

Argueta cuestiona: “Por sentido común, ¿será que suena legal que el Estado contrate un fideicomiso de Q10 millones para pagar las deudas privadas de los trabajadores del hospital? ¿Se pueden pagar las deudas particulares  de los empleados con fondos públicos?”.

Negociar

• Plantea propuesta

La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, propone al sindicato revisar punto por punto y corregir las necesidades a través de la negociación colectiva. “Estamos dispuestos a cumplir con los compromisos que tengan las bases legales, administrativas y financieras”, afirmó.

Aníbal Flores, del Sindicato Nacional San Juan de Dios, reconoció  que sí existen algunas inconsistencias en el fallo, ya que, según  la ley del salario, no se le puede aumentar a una sola unidad ejecutora en detrimetro de otra. Agregó que  otro problema  es que se modifica el monto del bono de antigüedad real de cada  trabajador.

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Flores comentó que al principio algunos miembros de este sindicato estaban en el comité, pero se salieron porque este comenzó a cobrar a las personas para el pago de un abogado, a pesar de que la sentencia ya había sido emitida.

Se buscó hablar con Gonzalo Campos, del Comité Permanente de Trabajadores Coaligados, pero su  celular estuvo apagado.

En su investigación, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que de las ocho empresas que Sinibaldi habría utilizado como fachada para lavar Q69 millones en sobornos, cuatro se encontraban en Nicaragua.

La firmas nicaragüenses tenían nombres similares a las guatemaltecas: Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles, y fueron montadas como sociedades anónimas a través de la firma de abogados Pacheco Coto, ubicada en Managua, Nicaragua.

Para crear sus empresas de blanqueo en ese país, el exministro de Comunicaciones utilizó a varios de sus allegados, quienes se presentaron como inversionistas en ganadería que tenían la intención de comprar tierras y abrir cuentas bancarias, detalló al diario nicaragüense La Prensa, Alonso Porras, socio de la filial del bufete Pacheco Coto en Nicaragua.

Porras también aseguró al medio Confidencial que la firma investigó en Guatemala  a las personas antes de abrir las compañías, pero “lo único que encontraron fueron procesos abiertos por una multa que debía uno de ellos a una alcaldía y una demanda de dinero de menor cuantía”.

 En la investigación del MP y la Cicig se señala como responsables de abrir las empresas en Nicaragua a Douglas Paredes, Juan Ramón Solórzano, Jorge Mario Solano, Pedro Valenzuela Crespo y los hermanos Carlos y José Francisco Presa Aguirre.

El representante de la firma de abogados reconoció al Confidencial que los hizo dudar la vinculación que existía entre Juan Ramón Solórzano   y el expresidente Otto Pérez Molina, pero lo discutieron  entre los socios y concluyeron que no se podía “condenar” de forma anticipada a una persona por haber sido yerno de otra. Solórzano estuvo casado con Lissette Pérez Leal.

Denuncian transacción

Para lavar los sobornos se utilizaba una modalidad de préstamos entre las empresas. En noviembre del año pasado se hizo una transacción entre Inversiones Don Nico y Constructora y Agropecuaria El Florido, por US$400 mil, como parte de un supuesto crédito; y otra más por US$500 mil a Agropecuaria Nápoles, ambas avaladas por un notario de apellido Velásquez Vela.

Sin embargo, el  Banco ProCredit de Nicaragua reveló al Confidencial  que advirtió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de ese país —equivalente a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala— sobre las transacciones y cerró las cuentas.

Jaime Pérez Leiva, asesor de la junta directiva del Banco ProCredit y exdirector de la misma institución bancaria, dijo al mencionado medio periodístico que “los inversionistas guatemaltecos  no demostraron el origen de los fondos. La institución bancaria rechazó la primera transferencia, cerró las cuentas de inmediato e informó a las autoridades correspondientes de esta decisión”.

Fácil esconderse

Según el politólogo nicaragüense José Dávila, en ese país es fácil para los inversionistas esconderse porque existen muchas facilidades para abrir las empresas y para proteger sus nombres, pero para ello  deben   contar con el aval del Gobierno, pues  a veces  estos autorizan hasta al gerente que se nombrará en las compañías. 

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, aseguró que las sociedades anónimas suelen utilizarse para esconder a los inversionistas reales, lo que implica desconocer el origen del dinero. Agregó que Nicaragua ha demostrado ser un Estado cerrado y que tiene relaciones internacionales muy opacas, por lo que no es de extrañar que también en ese país se haya visto al expresidente del Congreso Luis Rabbé, quien está prófugo de la justicia guatemalteca.

Karla Martínez, esposa del médico Jesús Oliva, uno de los procesados, expuso que las familias sufren las consecuencias de que no se lleve a cabo el juicio porque muchos de los que están en prisión preventiva eran el sostén del hogar.

“Exigimos libertad, ya es demasiado tiempo, ya es mucho tiempo, nadie pide que no se lleven a cabo los procesos de justicia, pero tampoco es justo que las personas estén encerradas sin que se lleven a cabo los procesos adecuados para que sean juzgados como debe ser”, manifestó.

“Nosotros tenemos que ver cómo salir como familia y nos ha costado demasiado, mis hijos y yo dependíamos del sueldo de mi esposo. Yo adentro del -Mariscal- Zabala tengo un negocio de granizadas y tacos y ahí trabajamos con mi esposo porque eso nos ha ayudado”, añadió.

Martínez coment�� que ayer se tendría que haber dado la apertura a juicio, pero, tentativamente, se pasó para el 11 de agosto.

Oliva, a quien le imputan el delito de fraude, tiene 26 meses de estar en la prisión Mariscal Zavala, según su esposa.

“Ese delito tiene derecho a una medida sustitutiva, nosotros también pedimos eso. Uno entiende que algunos procesos se lleven tanto tiempo, entonces que les den una medida sustitutiva y que les den oportunidad de trabajar y aportar al país”, insistió.

El jefe de la PDH, Jorge de León Duque, comentó que el retraso en algunos casos es por “litigio malicioso” y en otros por acumulación de trabajo.

“Lamentablemente es una realidad en casi todos los procesos, los atrasos y el incumplimiento de los plazos”, dijo el procurador.

De León explicó que se investigará las causas del incumplimiento.

“Tenemos un antecedente de acumulación de casos en los que declaramos violación al debido proceso e hicimos recomendaciones al Organismo Judicial”, agregó.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contrató en forma irregular a la empresa Pisa para proveer un tratamiento a enfermos renales, de los cuales varios fallecieron.

El vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda, tenía apagado el celular al llamarlo para consultarle acerca del retraso en el proceso.

El hallazgo se efectuó durante la auditoría de la CGC sobre la ejecución financiera del Congreso del 2016 y llevó a denuncias penales contra los   directores General y de Recursos Humanos, al tiempo que obligó a los legisladores a devolver el excedente que se les habría dado.

Según el presidente del Congreso, se pidió opinión al contralor en tres oportunidades sobre cómo debía calcularse el pago del bono 14; sin embargo  las respuestas no fueron concluyentes.

Además, el director Legislativo, Luis Eduardo López, explicó que mientras el hallazgo no se desvanezca o las cortes no decidan que no procede, los miembros de la Comisión Permanente corren el riesgo de que se les sancione también.

Contradictorio

Un oficio enviado por la Contraloría General de Cuentas dio luz verde a los diputados para beneficiarse del bono 14 en base a sus ingresos totales que ascienden a Q29 mil 150, siempre y cuando no haya otro impedimento legal. 

En un oficio enviado el 12 de julio al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla,  y firmado por el contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, el ente contralor respondió a una consulta realizada por la junta directiva sobre el pago del bono 14.

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El contralor indicó mediante el oficio A-561-2017 que la norma a la que el Congreso se refería en la consulta puede ser aplicable por estar vigente. “En tanto no exista declaratoria de inconstitucionalidad o cualquier otra resolución judicial”, expresa el oficio.

Esta resolución contradice lo denunciado por el ente contralor en su informe del año 2016, en el que destaca una multa de Q4 millones al Congreso por el hallazgo en el pago del bono 14 y aguinaldo, puesto que se hizo sobre los ingresos totales y no sobre el salario base.

José Valladares, miembro de la Comisión Permanente, también aseguró que no se pagará el resto del bono 14 a los diputados mientras que exista el hallazgo de la CGC.

Según el congresista, los directores ya solicitaron una contrarevisión de la auditoría efectuada por la Contraloría General de Cuentas, pero que aún no se han obtenido resultados y mientras que esto no haya una conclusión al respecto, no se efectuará el pago sobre los Q29 mil 150.

Renunció director

Los jefes de bloques del Congreso se reunieron ayer a puerta cerrada con el presidente de ese organismo, supuestamente para hablar de la agenda, pero  trascendió que el tema central fue insistir en el reclamo de por qué se les calculó el bono 14  sobre su sueldo base y no sobre el total de ingresos.

Esto ha generado el  rechazo ciudadano, debido a la ineficiencia, inasistencias y pobres resultados de los legisladores.

Según varios diputados que participaron en la reunión,  Chinchilla culpó a los administradores del pago parcial. De hecho, el director general del Congreso, Manuel Castellanos, presentó ayer su renuncia, luego de que los jefes de bancadas exigieron que se les explicara por qué el  bono se les pagó sobre el sueldo base.

Se unen por  dinero

La molestia de los diputados inició el lunes por la noche, cuando se les   depositó el bono 14, pues estaban acostumbrados desde 1994 a recibir este beneficio sobre el total de lo que perciben cada mes. Su sorpresa fue  que el cálculo se hizo sobre el sueldo base, por lo que recibieron Q9 mil 550, en lugar de Q29 mil 150.

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, explicó que la decisión se tomó porque la Contraloría General de Cuentas (CGC) hizo un hallazgo en el que aclaró que el bono 14 debía pagarse sobre el sueldo base, e impuso una multa de Q4 millones.

El Legislativo solicitó una contrarrevisión a la CGC, que aún no ha  concluido, y pidió opinión sobre la forma adecuada de pagar ese bono, pero, según Chinchilla, no obtuvo  respuesta directa.

La sesión del martes no se celebró, debido a la inconformidad de los congresistas. La reunión de jefes de bloques de ayer  duró   hora y media. Al salir todos estaban reacios a dar declaraciones, más cuando se les preguntaba si el bono había sido uno de los temas tratados.

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“No hablamos mucho, la Comisión Permanente nos explicó las acciones que se habían tomado, pero más hablamos de la agenda”, repetían como un mensaje aprendido todos los consultados, pero al apagar las grabadoras reconocieron que el bono 14 fue uno de los asuntos que más los ocuparon en la reunión.

Algunos sí aceptaron la discusión. “Creo que no se puede ocultar que hay malestar por el pago parcial, pero el tema ha generado hasta denuncias penales, lo que ha limitado soluciones”, comentó uno de ellos.

La dimisión

Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, dijo que  Chinchilla les explicó que el encargado de la Dirección General, Manuel Castellanos, fue quien tomó la decisión del pago.

Uno de los jefes de bloques  pidió que Castellanos llegara a explicar el porqué del pago parcial. “Chinchilla salió a hacer una llamada y cuando regresó nos dijo que Castellanos había renunciado”, dijo.

“Castellanos fue quien se opuso a cumplir el acuerdo legislativo en el que los diputados conminaron a la Comisión Permanente a pagar el bono completo, pero al final entiendo que prefirió renunciar”, afirmó Carrillo.

Chinchilla negó la renuncia del director general; sin embargo, Prensa Libre habló con Castellanos y este reconoció su dimisión, incluso indicó que se lo dijo directamente al presidente del Congreso.

“Previo al pago sostuvimos varias reuniones. Creí que todo estaba claro hasta que me enteré que los jefes de bloques querían hablar conmigo, pero yo, para no sufrir ningún desgaste, opté por renunciar, pues yo vine al Congreso a hacer una labor administrativa; no soy político. Además, sabía que no iba a poder dialogar porque ¿a qué acuerdos se puede llegar? Es imposible”, explicó Castellanos.

Prensa Libre consultó las páginas web de los diferentes países del Istmo para verificar el salario de los congresistas de la región. Honduras es el que menos invierte en la remuneración de sus 128 congresistas, pues al año eroga US$2 millones 517 mil 335.04; es decir unos Q18 millones 463 mil 192.46.

Aunque Guatemala es el que más gasta en salarios de sus diputados, no significa que estos  sean los mejor  pagados de la región. Es más, los datos reflejan que son los segundos que más ganan al mes, pues perciben unos US$4 mil 35.77, pero el gasto se eleva, debido a la cantidad de legisladores que integran el Organismo Legislativo.

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El país de Centroamérica que mejor paga es Costa Rica. Cada  diputado  devenga US$6 mil 851.38 —Q50 mil 250.90, aproximadamente—, pero  no es el que más gasta en ese rubro, ya que su parlamento está compuesto por 57 legisladores. Si el Congreso fuera del tamaño del de Guatemala, con 158 legisladores, su gasto anual sería de US$   12 millones 990 mil 216.48 —Q95 millones—.

El tercero que mejor paga es El Salvador, con un sueldo similar al de los guatemaltecos. Cada mes los diputados salvadoreños perciben US$4 mil 25.72 —Q29 mil 526—, de los cuales, US$2 mil 311.42 son de base, US$800 en gastos de representación y US$914.29 se detallan como “otros”. Su parlamento está compuesto por 84 congresistas, por lo que al año eroga US$4 millones 57 mil 925.

Los menos costosos

Honduras y Nicaragua son los parlamentos menos costosos de la región. En el primero cada diputado devenga al mes US$1 mil 638.89, lo que representa un gasto anual de US$2 millones 517 mil 335.04 —unos Q18 millones 463 mil 192.46—, por 128 diputados que componen su organismo Legislativo; es decir, Q37 millones 658 mil 407 menos que en Guatemala.

Nicaragua también paga relativamente poco, sus diputados reciben un salario mensual de US$3 millones 221 mil, por lo que, al año, por 92 congresistas eroga US$3 millones 556 mil 646.40.

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¿Aumento?

En agosto del año pasado, el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), sugirió incrementar el salario de los congresistas, durante una reunión de jefes de bloques.

De acuerdo con Linares Beltranena, los diputados devengan muy poco y su salario se debería equiparar con el de un magistrado; es decir, unos Q40 mil mensuales. Si la idea del congresista se llegara a concretar, seguirían siendo los segundos mejor pagados de la región, con US$5 mil 453.74, pero eso dispararía el gasto anual para el Estado, pues habría que erogar US$10 millones 340 mil 285.94.

Óscar Chinchilla, presidente del Congreso, prefirió no   opinar respecto del gasto que representa al Estado  mantener los sueldos de los diputados. “No quisiera calificar el salario. Desde la época de Efraín Ríos Montt hay un acuerdo de cómo se integra el salario de un legislador. En todo caso, la discusión debería   llevarse en la instancia de jefes de bloques”, se limitó a comentar.

En cuanto al gasto total anual, Chinchilla explicó que Guatemala tiene un congreso numeroso por la cantidad de  ciudadanos. “¿Cuántos habitantes tiene Costa Rica? No pasa de tres millones. Acá tenemos más de 14 millones. Pero al final quisiera no discutir sobre salarios; es mejor hablar de agenda legislativa”, afirmó.
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En el mundo 

Una investigación de CNN da a conocer el salario de los diputados a escala mundial.

• En México devengan US$17 mil 750, lo que incluye beneficios y gastos de representación.
• Brasil paga US$10 mil 617, sin incluir otros gastos. Estos varían según el estado donde resida el parlamentario y pueden llegar a US$12 mil.
• En Argentina los diputados perciben un salario mensual de US$9 mil 466, el cual incluye gastos de representación, transporte y desarraigo.
• Paraguay paga US$9 mil 216, lo que no incluye gastos de seguridad ni de comunicaciones como teléfono e internet.
• Perú paga a sus diputados  US$6 mil 956, donde se establece un rubro por desempeño en el Congreso.

Lo que recibieron fue Q9,550 sobre el salario base y no sobre el total que devengan de Q29,150. El Congreso desembolsó alrededor de Q1.5 millones para dicho pago.

Los diputados tienen un salario base de Q9 mil 550, solo por estar electos. Por acudir a las sesiones plenarias se les agrega Q9 mil 600, Q5 mil en gastos de representación y otros Q5 mil por dietas. En total perciben al mes Q29 mil 150.

Los legisladores no lograron el objetivo que tenían al aprobar un acuerdo el pasado 8 de junio, con el que buscaban garantizarse recibir el pago de bono 14 y aguinaldo sobre su ingreso total y no sobre el salario base.

En el acuerdo también exigían a la directiva que respetara su derecho de recibir las prestaciones, así como dietas, gastos de representación, bonificación anual y demás remuneraciones.

El inusual consenso de los parlamentarios surgió luego que la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó un reparo debido al pago de bonos a diputados de manera errónea el año pasado, pues se hizo sobre el ingreso total —sumando dietas y otros pagos extra— y no sobre el salario base, como lo establecen el Código de Trabajo y la Ley del Salario.

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La maniobra de los parlamentarios causó rechazo y críticas por parte de los ciudadanos y organizaciones sociales, debido a que para aprobar otras iniciativas de beneficio para el país no logran acuerdos.

En 2016 el Legislativo erogó Q28.9 millones en bono 14 para sus trabajadores, de los cuales el pago a los diputados fue de Q3.3 millones.

Quórum

Una vez más la falta de quórum hizo que la sesión plenaria de este martes fuera suspendida. 

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, convocó a los diputados para este miércoles a las 10 horas para conocer la ampliación del estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos.

Previo a la plenaria, los ministros de Gobernación, Defensa y agricultura atendieron la citación de los jefes de bloques para que explicaran los logros del estado de Sitio.

“El trabajo no se ha concluido”, dijeron autoridades del ministerio de la Defensa.

En el video se ve como el supuesto agente de seguridad (identificado en Facebook como Mynor Stuardo Andrino Acevedo) está en su escritorio al ingreso de las oficinas del Congreso, las cuales funcionan en un edificio aledaño al Palacio Legislativo.

Las imágenes muestran claramente como uno de sus compañeros lo intenta convencer para que se retire de la vista pública, pero al notar que estaba siendo grabado prefiere poner resistencia.

En el segundo video se observa cómo dos de sus compañeros a base de forcejeos y jalones logran subirlo al segundo nivel del edificio.

Peligro

Lizandro Acuña, analista en seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) dijo que este tipo de situaciones representan un grave riesgo para la seguridad no solo de la persona, sino para la vida de terceros, por la poca capacitación y controles psicológicos que reciben quienes son contratados para estos puestos.

El analista hizo referencia que en el Código de Trabajo una de las causas de despido directo es presentarse a laborar en estado de ebriedad y comentó que si dependiera de la Ley del Congreso o la de Servicio Civil, la agravante podría estar generalizada conforme al Código de Trabajo.

“Lo que se ven son personas que se les contrata y se les da un entrenamiento de una semana y prácticamente se les está poniendo en la prestación de servicio y muchas veces no saben ni maniobrar una arma de fuego y la responsabilidad que esto conlleva”, dijo Acuña.

Agente de seguridad del @CongresoGuate llegó a trabajar ebrio. Analista Lizandro Acuña dice que es un grave riesgo. Video #JoséCastro pic.twitter.com/K25CnJaOsw

— Roni Pocón (@rpocon_pl) 11 de julio de 2017

Analizan caso

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla dijo que están analizando el caso y que mantendrá comunicación con la Dirección de Recursos Humanos para determinar el tipo de sanción que amerita y en base a eso estarían comunicando la forma de proceder en el caso.

Álvaro González, encargado del despacho de Recursos Humanos del Congreso, indicó que le practicaron una evaluación para determinar si se encontraba ebrio o bajo efectos de algún medicamento, mientras tanto tomaron la decisión de enviarlo de regreso a su casa.  

Por aparte se trató de conocer la opinión del Sindicato de Trabajadores del Congreso y no respondieron las llamadas.

Claudia López, actual procuradora adjunta uno de la PDH, Ricardo Alvarado y Jordán Rodas, aspirantes a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos en los próximos cinco años, asistieron a una reunión con los diputados, jefes de bancadas del Congreso.

Los aspirantes tuvieron la oportunidad de exponer sus planes de trabajo durante 15 minutos, quienes posteriormente también fueron cuestionados por los legisladores.

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Claudia López, la procuradora adjunta, llevó unos folletos impresos con la propuesta que pretende ejecutar si es electa como próxima magistrada de conciencia.

López destacó que uno de los problemas es la credibilidad de la institución, puesto que la ciudadanía no confía en las auxiliaturas departamentales.

Agregó que dentro de sus planes está incrementar el personal en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para mejorar la cobertura.

También argumentó sobre la importancia de crear una defensoría que proteja a los defensores de Derechos Humanos.

Por su lado Ricardo Alvarado reconoció que no tiene un plan de trabajo. “Al estar afuera de la institución se complica”, argumentó Alvarado.

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Alvarado también dejó claro que existe una necesidad de  hacer una evaluación organizacional  en la PDH y educar sobre la labor de la institución, incluso con las organizaciones.

Por último Jordán Rodas agradeció a los diputados por haberle dado un voto unánime, comentario que provocó risa a Claudia López.

Rodas expuso ante los legisladores que el nuevo PDH debería ser electo por alguien que no sea de la capital, para descentralizar el alcance de los Derechos Humanos.

Los aspirantes fueron cuestionados sobre temas específicos como el aborto, la pena de muerte y los bloqueos de carreteras. Los tres coincidieron en que se oponen a la pena de muerte. 

Hace 20 años Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece que los países miembros deben  establecer las medidas necesarias para que los pueblos originarios emitan opinión sobre varios temas, entre ellos la explotación de los recursos naturales.

Pero el tema se volvió crítico esta semana, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendió las operaciones de la mina San Rafael, con el argumento de que no se realizó dicha consulta.

El fallo trajo consigo protestas de todo tipo desde el sector empresarial, y el propio presidente Jimmy Morales se mostró contrario a la suspensión.

Sin solución

El país no ha dado una solución,  se ha buscado varias, incluso al Congreso ingresaron tres normativas que pretenden dar certeza jurídica a los pueblos indígenas acerca de la realización de las consultas. Ninguna ha tenido éxito, incluso, una de ellas ni siquiera fue dictaminada por la Comisión de Pueblos Indígenas.

En el 2015 la Comisión de Asuntos Electorales incluyó en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos una propuesta para legitimar las consultas, pero tuvo mucha oposición, principalmente por  diputados relacionados con el sector empresarial. Finalmente no avanzó.

Ahora los diputados se han visto obligados a buscar una solución al problema, luego de  que en una resolución de la CC se les conminó  a decretar al respecto.

De acuerdo con la Dirección Legislativa, el 14 de junio último se envió la resolución de la CC a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, a la de Asuntos Electorales y a la de Pueblos Indígenas para que determinen el camino a seguir. Empero, ninguna de las tres se ha reunido para definir la estrategia a seguir.

Óscar Argueta, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, explicó que después de que recibieron la notificación un equipo técnico inició un análisis de documentos para identificar el papel que como sala legislativa deberán efectuar.
 No obstante, aclaró que en el actual anteproyecto para reformar la Ley Electoral  se encuentra un apartado que busca regular las consultas populares, pero no se habla de manera específica de los pueblos indígenas.

 Luego del análisis que efectúen sus expertos legales, dijo, definirán si a la propuesta actual de reforma política le hace falta algún aspecto para incluirlo y así cumplir con el requerimiento, para el que tienen hasta junio de 2018.

Cornelio García, presidente de la Comisión de Legislación, reconoció que no ha analizado qué hará, pero indicó que tiene instalada una mesa técnica con diferentes sectores a quienes les planteará  buscar una solución.

 El jefe de la Comisión de Pueblos Indígenas, Leocadio Juracán, dijo que sus asesores analizan la resolución de la CC, pero será hasta la última semana de este mes cuando se reúna con los integrantes de esa sala para plantearles el problema.

 Ninguno de los tres presidentes saben a ciencia cierta si unirán esfuerzos para lograr una sola iniciativa.

Una cuarta comisión podría sumarse, ya que según Amílcar Pop, de Probidad, retomará la iniciativa presentada en el 2009 para que en una mesa técnica con pueblos indígenas pueda establecer enmiendas a la propuesta y apresurar una decisión.

Organismo Judicial

Rudy Pineda, vocero de la Corte Suprema de Justica se pronunció respecto a las críticas emitidas ayer por el presidente Jimmy Morales, dentro de las que se refirió al trabajo del Organismo Judicial.

“Justicia: Parecemos chuchos corriendo sus mismas colas, queremos justicia, ¡justicia!. Jueces y magistrados demostrando el carácter y la vocación para lo que dijeron que iban a venir”, dijo Jimmy Morales.

El vocero de la CSJ dijo que la opinión de morales era por un caso en específico conocido por la Cámara de Amparos y Antejuicios, pero que no podían emitir más opinión sobre el caso, porque está en desarrollo y que la acción de amparo solo es provisional y que la opinión del caso está incluida dentro de la resolución.

En el Congreso

Varios diputados reaccionaron a las críticas que hiciera Jimmy Morales al trabajo del Congreso, quienes en su mayoría manifestaron su descontento por lo expresado por el mandatario.

“Seamos coherentes, si hay una ley para una actividad y no queremos esa actividad, señores del Congreso cambien la ley. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero no podemos cerrar una empresa o una actividad si el Estado mismo no está cumpliendo con su responsabilidad, dejemos ya de palabrerías, que vuestro sí, sea sí, y vuestro no, sea no. Señores diputados ¿no quieren una actividad? Legislen, dejen de hablar”, aseveró Morales.

La diputada Sandra Morán, jefa de Convergencia y quien estuvo en el lugar durante el discurso, indicó: “Creo que la llamada de atención se la hizo a su bancada porque no podría meterse con los demás, yo estoy haciendo mi trabajo”.

“Si está llamando la atención, que lo haga a los diputados de su bancada, que no necesariamente aportan al Congreso. Lo que sí fue muy evidente es que el presidente está enojado”, dijo Morán.

Otra de las críticas hechas por el presidente Jimmy Morales fue contra los diputados que han sido reelectos por varios períodos. “Es una vergüenza que el Congreso se les esté cayendo en la cabeza teniendo ahorros, ¡Vergüenza! Y tienen más culpa los que tienen más años de estar ahí”, dijo Morales.

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Sector privado

Morales también habló sobre el reto de financiar los proyectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por la Organización de Naciones Unidas y que Guatemala ratificó. En relación al tema Morales se refirió al pago de impuestos desde el sector privado.

A las declaraciones, hubo reacción del director de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, quien comentó estar de acuerdo con algunas de los puntos expuestos por el mandatario.

“No es tema solo de las pequeñas y medianas empresas, todos tenemos que pagar, pero hay muchos problemas, entre ellos la falta de certeza jurídica, el sistema tributario tampoco es amigable, es perverso e incentiva a la formalidad pasarse a la informalidad y a la informalidad quedarse en la informalidad”, dijo Zepeda. 

Quien mencionó que en términos legales quiso hacer un llamado a distintos sectores de la población a asumir sus responsabilidades, pero dijo que el propio organismo Ejecutivo tiene muchos rezagos y no ha cumplido con todo su trabajo.

eforma el Código Procesal Penal para incluir un nuevo procedimiento de beneficio abreviado para los sindicados que se declaren culpables, lo cual podría favorecer a los señalados en casos como Cooptación del Estado y La Línea.

Nineth Montenegro, del bloque Encuentro por Guatemala, reconoció que este procedimiento existe en otros países y que ha servido para desconcentrar las cortes; sin embargo, afirmó: “Hay que ver la propuesta con una lupa gigante, para no favorecer y estimular la impunidad, porque ello podría desalentar a las personas que empiezan a confiar en la justicia”.

“No puede incluir todos los delitos. Hay que dejar fuera casos como los de corrupción a gran escala, violación y femicidio”, manifestó Montenegro.

La propuesta plantea que quienes se declaren culpables deberán cumplir varios requisitos para ser favorecidos, uno de ellos, resarcir a la víctima por el daño causado.

Esto no es suficiente, según el diputado de Todos y abogado penalista Juan Ramón Lau. “No creo que todo el dinero del mundo vaya a lograr que a una mujer ultrajada se le quite el trauma de una violación. Todos los delitos sexuales conllevan secuelas”, advirtió.

Esos no son los únicos delitos que preocupan a los congresistas. Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), considera que no basta con que la ley haga una excepción a los casos de lesa humanidad, pues  “los funcionarios que se robaron el dinero del pueblo” no deberían  resultar beneficiados.

“Dejaron a la población más pobre sin hospitales, centros de salud, sin educación, porque valiéndose de su puesto y del poder que ostentaban en él se robaron el dinero, y ahora se les quieren dar amnistías. ¡Eso no es justo!”, enfatizó Chavarría.

En cambio, Álvaro Velásquez, diputado independiente, indicó: “Yo tengo la mente abierta. Ha funcionado en otros países. Si se va a beneficiar a los del Mariscal Zavala está bien, pero aceptar la culpabilidad es hasta un castigo bíblico. El problema es que en Guatemala aún vivimos en una aldea que no ha superado la corrupción y todos están molestos por esos casos”.

Lo diputados coinciden en que apoyarían la iniciativa, siempre que se hagan las excepciones necesarias.

Justicia

• Ven viable proyecto

Expertos en seguridad y justicia coincidieron en que la iniciativa de ley de aceptación de cargos, propuesta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es viable. Señalan, sin embargo,  que se debe dejar claro en qué procesos se hará aplicable.

“Hay que sopesar muy bien en qué casos se empleará, porque no creo que sea una ley que deba aplicarse a todos los casos. Por ejemplo,  violaciones o crímenes. Lo que se propone es dar soluciones rápidas a los procesos”, agregó Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Ieccp).

 Francisco Quezada,  investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), manifestó que el proyecto busca agilizar los procesos. Sin embargo, muchos aceptarán los cargos por temor a enfrentar el proceso burocrático del expediente o fallo judicial.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expresó que  esa iniciativa  funciona en Estados Unidos y en naciones europeas, contextos diferentes a los de Guatemala.

“La aceptación de cargos es una forma alterna  de dar soluciones en la  aplicación de la justicia penal, que ha funcionado bien en otros país. Creo que hay una  buena intención de la CSJ, ya que lo que se pretende es descongestionar el sistema de  justicia”, añadió Luis Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Abogados y Notarios.

La Ley de Probidad en su artículo 18, inciso c, prohíbe a los funcionarios públicos solicitar o aceptar de manera directa o a través de otra persona dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de recompensa adicional a lo que normalmente percibe por el desempeño de sus labores.

Esta prohibición no impidió que el congresista escribiera este miércoles en su cuenta de Twitter: “Se les recuerda que el domingo es mi cumple. 50 años!. Regalos a discreción”.

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El diputado recibió varias felicitaciones, algunos le ofrecieron juegos de azar y “mujerzuelas”, pero otros se quejaron y le llamaron “descarado” y lo cuestionaron por el salario que percibe.

Luego de observar la reacción de algunos de sus seguidores, el congresista escribió: “Se les recuerda que es una broma. Pero cumplir 50, no todos los días”.

Se les recuerda que el domingo es mi cumple. 50 años!. Regalos a discreción

— ALVARO VELASQUEZ (@ALVAROVELASQUE6) July 6, 2017

No muy conforme con su aclaración, hizo una nueva publicación: “Ya me regañaron. Funcionarios públicos no pueden recibir regalos. No era literal. Pero necesito estrategia comunicacional”.

El diputado Velásquez indicó a Prensa Libre que fue una broma, y que algunos llegaron a ofrecerle “carritos de juguete” y depósitos en su cuenta bancaria.

“Es que se me olvida que ya no soy de la sociedad civil. Sé que es ilegal pedir regalos, pero se trata de una broma. Yo no aceptaría nunca un regalo”, aseguró.

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Polémico en Twitter

No es la primera vez que el diputado abre su vida personal a través de las redes sociales, hace cuatro días publicó que ya vive con su hija y en otra ocasión reveló que estaba enamorado de una mujer 24 años más joven que él y solicitaba consejos.

Pero no es polémico solo por sus comentarios en la red social, también lo ha sido por algunas iniciativas presentadas, una de ellas proponía la regularización del cobro en los parqueos privados y de centros comerciales; otra fue la legalización de la marihuana para fines recreacionales y medicinales.

ya tengo novia, pero aún no estoy seguro, tengo miedo mí y por ella, le llevo 24 años

— ALVARO VELASQUEZ (@ALVAROVELASQUE6) June 3, 2017

 Esta no es la primera vez que se presenta una iniciativa de esa naturaleza. En agosto del año pasado,  la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso  recibió un proyecto de ley que pretendía reducir  hasta en un 50 por ciento las penas a quienes se declararan culpables de haber cometido algún delito.

Ayer, los magistrados acudieron a la instancia de jefes de bloques para proponer una iniciativa similar, cuyo fin es descongestionar el sistema judicial,  solo que en lugar de reducir las penas en un 50 por ciento, ahora la intención es rebajarlas en una tercera parte  si el sindicado se declara culpable en la primera declaración. Si lo hace en la fase intermedia, la reducción sería de una cuarta parte, y si ya se encuentra en una etapa final, su pena podría reducirse en una quinta parte.

Según la magistrada de la Cámara Penal, Delia Dávila también se incluyen aspectos como la reparación “digna” a favor de la víctima, que incluye componentes como una indemnización, restitución, rehabilitación, prestación de servicio a la comunidad y garantía de no repetición del delito. “Sin este requisito el juez no podrá otorgar los beneficios de la ley”, afirmó.

La propuesta agrega un libro cuarto al Código Procesal Penal y establece que no podrán optar a este beneficio los sindicados en delitos como genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura. Tampoco quienes reincidan en el hecho. Señalados por delitos de corrupción sí podrían optar a la reducción.

Justifican proyecto

Durante la presentación de la propuesta estuvieron presentes varias organizaciones de la sociedad civil, representantes del MP y de la Cicig, para acuerpar la iniciativa. De acuerdo con Dávila, se sostuvieron varias mesas técnicas en el último año, las cuales dieron como resultado la iniciativa en mención.

Durante la presentación de la propuesta a los jefes de bloques, la presidenta de la Cámara Penal aseguró que el procedimiento especial de aceptación de cargos permitiría descongestionar la mora adicional.

“Con esta iniciativa se pretende evitar el desgaste del sistema de justicia en Guatemala. De todos es sabido la sobrepoblación que tienen los tribunales en Guatemala. Contamos con seis jueces por cada cien mil habitantes, cuando la medida estándar internacional es de 17 por cada cien mil”, justificó la magistrada.

Según la funcionaria, datos del Centro de Información de Estadística del Organismo Judicial reflejan que en el 2016 ingresaron 106 mil 779 casos,  se celebraron 210 mil audiencias  y se dictaron 14 mil 995 sentencias por el procedimiento común, y por otras vías, como la que se propone, se resolvieron 40 mil 356.

“Eso refleja que sí han sido efectivas las ejecuciones por otras vías”, argumentó.

Beneficia a los corruptos

El presidente de la CSJ, Nery Medina, reconoció que la propuesta podría beneficiar a los sindicados en casos de alto impacto de corrupción.

 Se cuestionó sobre el caso específico de la magistrada Blanca Stalling, a lo que Dávila respondió: “Si la ley es aprobada y se encuentra vigente, ella y otros más podrán adherirse a este beneficio, siempre que cumplan con las condicionantes de reparación digna. No podrían quedar fuera, por derecho de igualdad”.

Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, quien estuvo presente en la reunión con los jefes de bloques, indicó que los señalados recientemente en casos de corrupción  como la exvicepresidenta Roxana Baldetti o el presidente Otto Pérez Molina podrían acogerse a la medida de reducción de penas si esta entra en vigencia.

 No obstante, señaló: “Si las personas que cometieron el delito se declaran culpables y utilizan el procedimiento abreviado tendrían que resarcir a las víctimas, y si se obtuvieron beneficios económicos, bienes inmuebles o pecuniarios, estos deben restituirse, y  aceptar los cargos implica la obligación de declarar las circunstancias en las que se cometieron los delitos y contra los copartícipes.

“¿Qué ocurre con los grandes casos de corrupción? Consideramos que por las etapas en las que se encuentran estos casos, el procedimiento no será atractivo para los sujetos implicados, porque la reducción de la pena sería mínima, y si han negado su participación resultaría interesante ver que alguien quiera detallar cómo se cooptó el Estado y quiénes participaron”, afirmó el funcionario del MP.

Reconoció que si surgieran nuevos casos, los señalados podrían solicitar que se les aplique el procedimiento especial de aceptación de cargos.

Conlleva obligaciones

Las personas que acepten el procedimiento propuesto por los magistrados de la CSJ estarán obligadas, según la propuesta, a declarar como testigos. También deberán resarcir de manera “digna e integral” a las víctimasn a través de una indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetir el hecho imputado.

Si el condenado incumple con las condiciones que aceptó, los jueces podrán revocarle los beneficios obtenidos.
Dudas y debate

Mientras  algunos diputados ven la propuesta positiva, otros consideran que no traerá nada bueno al sistema de justicia.

Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala y uno de los ponentes de la propuesta similar, el año pasado, aseguró que las personas que enfrentan procesos por delitos de corrupción no pueden quedar fuera del proyecto, porque existe igualdad ante la ley.

“No se puede hacer una propuesta de reducción de cargos para determinados delitos. Que van a verse beneficiados, no lo dudo”, señaló.

Por su parte, Juan Ramón Lau, del bloque Todos, indicó: “Ponen como condicionante que se conviertan en una especie de testigo protegido. No creo que a nadie le cueste ponerle el dedo a otro para salvar su pellejo. Además, yo no sé si puede haber resarcimiento para víctimas de delitos sexuales, y no me parece que los sindicados en hechos de corrupción puedan sumarse, porque sería una burla para la población, ya que cualquiera podría llegar a un puesto público, se hace millonario, luego confeso y sale tranquilo, con un montón de dinero guardado”.

Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, aseguró que al principio de la discusión se intentó dejar fuera de este beneficio varios delitos; sin embargo, no fue posible, debido a la igualdad ante la ley. No obstante, considera que la propuesta es un instrumento adecuado para descongestionar la mora judicial.

Mack reconoció que existen otras medidas que podrían ayudar al sistema de justicia, pero es más difícil aplicarlas; por ejemplo, se podría implementar la reforma penal, que conlleva ampliar la competencia de los jueces de Paz e incrementar el número de defensores públicos; sin embargo, para lograrlo se requiere subir el presupuesto para varias instancias, como el de los institutos de la Defensa Pública Penal y de Ciencias Forenses.

Aunque el MR no logró ningún escaño en las elecciones, se convirtió en la tercera fuerza más grande en el Congreso porque se integró con tránsfugas de Libertad Democrática Renovada (Líder) y, en mayoría, del Partido Patriota (PP).

Eso se debió a que la agrupación se conformó como un asilo para los diputados que quedaron en el aire luego de que se reveló la trama de corrupción con que había funcionado el PP. Fue así como adoptaron políticamente a caciques como Arístides Crespo, de Escuintla, y a los hermanos Iván y Jorge Arévalo, de Totonicapán.

Pero también recibieron a varios señalados de delitos como Jaime Regalado, quien en los últimos días saltó a la palestra pública por ser uno de los cuatro congresistas que contrataron a una empresa de lobby; Alejandra Carrillo, conocida por ser una de las protegidas de Roxana Baldetti; y Manuel García Chutá, quien fue vinculado con el caso Plazas Fantasma, junto con Crespo.

Plan B

MR se presentó como una organización “renovada” durante la asamblea, pero cuando surgió como bancada en el Congreso era la agrupación que se convertiría en la plataforma política de Alejandro Sinibaldi. Cuando este se dio a la fuga, investigado por regalos costosos al expresidente Otto Pérez, la organización quedó en el aire y buscó desentenderse de él.

Reciclados

Celia Luna, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, calificó de preocupante que no haya renovación de liderazgos, pese a que ha sido una de las principales exigencias de la Plaza.

“Si bien Portillo no va como un líder del partido, está allí y es el reflejo de un expresidente que enfrentó a la justicia por casos de corrupción; pese a que eso ya no se quiere”, lamentó.

Para Luna, el MR es una “recicladora” de diputados a lo interno del Congreso, ya que está compuesto por exintegrantes del PP y de Líder. “Se presentó a Luis Hernández como un cuadro nuevo, cuando él fue viceministro de Desarrollo; también estuvo en Visión con Valores y en Encuentro por Guatemala”, indicó.

1. Boris  España, secretario general, fue gobernador de la Gana y en 2015 fue electo por el PP.
2. Jaime Regalado es vinculado con narcotráfico por Insight Crime. Participó en contrato de cabildeo.
3. Luis Hernández, diputado, ganó con el PP y transfugó al MR. Fue viceministro del Mides con el PP.
4. José de León fue electo con Líder, se pasó a PRO y terminó en el MR. Su padre defraudó al fisco.
5. Arístides Crespo, electo por el PP y transfugó al MR. Se le vincula con el caso Plazas Fantasma.
6. Manuel García Chutá, ex PP. Está en la cárcel. Enfrenta un proceso por Plazas Fantasma.
7. Iván Arévalo, ex FRG y PP. Es un cacique en Totonicapán. Participó en el llamado Jueves Negro.
8. Alejandra Carrillo fue secretaria de Conjuve en el PP. Era una de las  cercanas a Roxana Baldetti.
9. Aracely Chavarría, ex PP. Esposa de Rubelio Recinos, exalcalde de Barberena, acusado de desfalco.
10. José Fernández, secretario de actas, exdiputado por el PP. Fue operador de Otto Pérez y Sinibaldi.
11. Alfonso Portillo, expresidente. Fue condenado por lavado de dinero en Estados Unidos.

La propuesta, que se encuentra en la última fase previo a dictamen, plantea establecer techos en el gasto para las campañas. En la actualidad los partidos políticos pueden invertir el equivalente a US$0.50 —unos Q3.67— por ciudadano empadronado. Eso continuaría así para las campañas de presidente, vicepresidente y diputados por la lista nacional.

En cambio, para los candidatos a alcaldes y de las corporaciones municipales se establece un gasto mínimo de US$20 mil —Q146 mil 800— y un máximo de US$750 mil —Q5 millones 505 mil—, lo que dependerá de la densidad poblacional, extensión territorial y vías de comunicación.

Los diputados distritales también tendrán límites de gasto. Lo menos que podrá autorizarles el Tribunal Supremo Electoral (TSE) según las condiciones territoriales son US$50 mil (Q367 mil)  y no más de US$400 mil —Q2 millones 936—.

Para Marvin Pol, de Acción Ciudadana, es bueno que se establezcan topes de gasto, pues hasta ahora se desconoce cuánto realmente se invierte en las campañas de los alcaldes, corporaciones municipales y diputados distritales.

En la actualidad, el TSE puede reducir el gasto de campaña. Para hacerlo debe convocar a los secretarios generales de los partidos, para informarles, pero esa posibilidad se elimina con la nueva propuesta, que está en proceso de revisión por los diputados, luego de haberla presentado a organizaciones sociales.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Óscar Argueta, aseguró que se tomaron en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la intención era elevar el número de afiliados en los partidos políticos de 0.3 por ciento a 0.5 por ciento, pero se eliminó, a petición de los participantes en las mesas técnicas.

Más ingresos

En la propuesta que ha sido denominada como “la segunda generación de la reforma política”, se pretende subir el financiamiento público a las organizaciones, de US$2 a US$3 —Q14.68 a Q22.02— por voto emitido.

Además se eliminan varios cambios que fueron aprobados durante la última reforma, relacionados principalmente con el destino de los fondos que otorga el Estado a las agrupaciones políticas. Uno de ellos es que permitirá a estas destinar más recursos para el pago de deuda de campaña y funcionamiento, así como para “el pago de compromisos financieros internacionales por afiliación a redes u organizaciones, y para gastos de representación en el extranjero”.

Christians Castillo, politólogo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, considera que la propuesta favorece a las agrupaciones grandes. “Pareciera que hay una apuesta por reducir el sistema  de partidos políticos, porque imposibilitan la capacidad de competencia de los que tienen menos recursos”, detalló.

Esa no es la única crítica. Castillo cree que la propuesta denota que los partidos quieren tener recursos casi ilimitados porque no hay tope para el financiamiento privado y se eleva el Estatal.

Agregó: “En la reforma pasada se determinó que el Estado pagará la pauta publicitaria. Ahora pretenden que el financiamiento se eleve a US$3 por voto. No se limita los recursos privados, y encima de todo disparan el techo de campaña. Pareciera que hay una estrategia que más se asemeja a un abuso”.

Linsleyd Tillit, de la Fundación Alas de Mariposa, indicó que les preocupa que no se haya eliminado el financiamiento privado de la campaña electoral y que se esté modificando la distribución de los recursos que los partidos reciben del Estado, porque en la reforma anterior se privilegió la capacitación y formación política, y ahora lo dejan en segundo plano.

La interpelación al ministro de Comunicaciones, Aldo García, inició en la primera semana de mayo, sin embargo, los diputados del bloque de gobierno intentaron cualquier maniobra para impedir que se efectuara el juicio político.

Eso generó que la interpelación no avanzara. La mayoría de veces no había diputados, otras los del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) se salían para romper quórum.

Javier Hernández, jefe del bloque de gobierno, hizo un trato con Velásquez para que avanzara en las preguntas básicas, a cambio ellos permitirían que se iniciara con las repreguntas. Sólo el interpelante cumplió su palabra, pues los de FCN-Nación continuaron sin llegar al pleno.

El 9 de junio fue la última vez que se agendó el juicio político, pero Velásquez no llegó. Finalmente optó por retirar la interpelación y efectuar las preguntas en una citación, pese a que más de 20 diputados habían solicitado unirse al juicio político.

En una misiva enviada a varios jefes de bloques, el MP solicita información bajo “bajo protesta de decir la verdad” en el que se requiere “indicar si fue invitado por la Presidencia de la República y asistió a una reunión en la Finca Santo Tomás”. También pide que se detalle cuál fue el tema a tratar.

La reunión se efectuó el sábado 7 de noviembre del año pasado en la Finca Santo Tomás, fue convocada por el Ejecutivo y contó con la presencia del presidente Jimmy Morales, según detallaron en su momento varios de los asistentes.

El @MPguatemala investiga reunión de #JefesDeBloques donde se definió la Directiva del @CongresoGuate 2017, presidida por @chinchilla_g pic.twitter.com/vrJI6zzZxa

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 28, 2017

El encuentro fue criticado y generó la denuncia por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que presentó una denuncia ante el MP por considerar que el presidente Morales cometió los delitos de tráfico de influencias, colusión e interferencia de poderes.

Luego de conocer acerca de la investigación, Orlando Blanco, jefe de la UNE, aseguró: “Ya era hora, porque en esa reunión no solo se negoció la Junta Directiva, sino que también hubo ofrecimientos de plazas y de obras”.

Fue a Casa Presidencial

Óscar Chinchilla se reunió con el mandatario Jimmy Morales tres días antes de que fuera electo como presidente del Congreso, según reveló la SAAS.

Fue el mismo presidente quien autorizó el ingreso de Chinchilla a la Casa Presidencial el 4 de noviembre de 2016. Según el registro de visitas, entró a las 15.53 horas y se retiró a las 18.38 horas.

Admitió reuniones

En los días posteriores al cuestionado encuentro en la finca Santo Tomás, el presidente Jimmy Morales reconoció que durante el año se había reunido en varias ocasiones con jefes de bancada del Congreso para tratar políticas de Estado.

Al ser cuestionado sobre si su cercanía con el nuevo presidente del Congreso influyó en la elección, el mandatario aseguró que no y que conocía a muchas personas en el Legislativo. “Hemos dejado que los procesos democráticos e institucionales sean respetados”, dijo Morales en esa ocasión.

Mario Taracena, en ese momento presidente del Congreso, calificó de bruto al presidente Morales por su supuesta intervención en la elección de la Junta Directiva presidida por Chinchilla.

“Yo sé que el presidente Morales no lo hace por mala fe sino por falta de experiencia. Él es así buenote, pero el ser bueno no lo quita a uno lo bruto”, dijo Taracena al criticar la reunión de Morales con diputados.

La terna para elegir al procurador quedó integrada el 16 de junio por Augusto Jordán Rodas y Claudia López, quienes tuvieron la puntuación más alta en el proceso de selección, de manera sorpresiva se eligió a Ricardo Alvarado Ortigoza, quien incluso, se pensó en algún momento se eligió por error.

Se presentaron cinco amparos ante el máximo tribunal, el primero se recibió minutos después de que la Comisión de Derechos Humanos presentar la terna.  El abogado Alfonso Carrillo indicó que la tabla de gradación se aprobó a destiempo, pero luego desistió de la acción.

El 19 de junio ingresaron dos más, uno de ellos por Jorge Luis Borrayo, quien participó en la elección pero quedó fuera, y otro de Eddy David Higüeros.

El 18 de junio Borrayo presentó otro amparo, al que se sumó la abogada Zoila Villela Villalobos, quien también participó en la elección pero no logró integrar la terna, presentó una queja a la comisión, pero no fue tomada en cuenta.

¿Qué saber de los aspirantes?

Rodas fue el mejor calificado, pero se le ha criticado por postularse a la alcaldía de Quetzaltenango en 2011.

López, podría tener en contra el ser allegada al actual titular de la PDH y porque estuvo al frente de esa institución durante el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Alvarado fue el quinto mejor calificado con la tabla de gradación, con 80.44 puntos. La única duda que generó su candidatura fue la edad, según diputados de la Comisión de Derechos Humanos.

Una clínica médica integral y bonos extraordinarios anuales incluye la propuesta que  hacen las autoridades del Congreso a cambio de que los trabajadores del Legislativo desistan del incremento salarial de 10 por ciento al año, establecido desde el 2005.

Ese beneficio ha generado que muchos empleados devenguen más que un diputado. El año pasado, después de un señalamiento de la Contraloría General de Cuentas, se conoció que el pago del incremento era calculado de manera errónea, razón por la cual los empleados debieron devolver el pago de más y se calculó de una manera diferente el salario.

Los empleados interpusieron una acción de inconstitucionalidad que aún no ha sido resuelta.

Los diputados propusieron establecer una clínica médica integral que constaría de medicina general, pediatría, odontología y sicología, informó el tercer secretario del Legislativo, Marvin Orellana.

En la actualidad, los trabajadores del Congreso ya cuentan con un médico general y pediatra que labora en el jardín infantil.

Además de la clínica se  propone la entrega de varios bonos anuales.

Orellana explicó que para el Congreso es insostenible  el incremento salarial del 10 por ciento, y por ello será el punto toral de la renegociación del pacto.

Xiomara Conde, del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), aseguró que esa organización no ha sido invitada a las negociaciones y que rechazarían la clínica médica, porque en la actualidad ya cuentan con una que siempre está desabastecida. “Sabemos que será un timo”, manifestó.

Retiro voluntario

El tercer vicepresidente del Congreso explicó que este año se habilitará de nuevo el retiro voluntario de trabajadores en ese organismo,  con el propósito de reducir la población laboral.

Además, “se abrirá para las personas que no pasen la evaluación de desempeño”, la cual se lleva a cabo por primera vez en el Parlamento, luego  de que se  establecieran modificaciones en la Ley Orgánica.

Pese a que los diputados aseguraron que el cabildeo en Estados Unidos se contrató con el propósito de beneficiar a los migrantes guatemaltecos en ese país, el congresista Fernando Linares Beltranena aseguró que se pidió reducir el financiamiento para organizaciones que a su criterio “limitan la inversión”, como la que da la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Linares Beltranena, junto con otros tres diputados, contrataron una firma de relaciones públicas para que entre senadores, diputados y autoridades estadounidenses efectúe una labor de cabildeo, la cual aún no ha quedado clara.

Según él, se solicitó a los contratados que informen a las autoridades estadounidenses acerca de la situación del país, pero también “que Usaid deje de financiar a las organizaciones que limitan la inversión”.

Afirmó que la Usaid financia a entidades como la Fundación Soros y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Este último sería responsable de limitar la inversión a través de bloqueos en carreteras y protestas contra actividades productivas, reclamó.

Prensa Libre trató de ubicar a autoridades de Usaid y de la Fundación Soros, pero fue imposible, y los contactos con Codeca no respondieron.

Política de Estado

Según la justificación presupuestaria de la Usaid para el 2018, la cooperación para democracia, derechos humanos y gobernabilidad se mantendrán en US$26.7 millones (Q202.9 millones). No obstante, habrá  reducción de US$50.6 millones (Q384.6 millones) de los recursos destinados para Guatemala.

Para el economista Érick Coyoy, es normal que ocurra esa reducción con el cambio de un gobierno demócrata a uno republicano.

Ya no existe

La Fundación Soros dejó de existir en Guatemala desde enero de 2014 según un documento que fue entregado a Prensa Libre por la última directora de esta institución, Dina Fernández.

El documento legal establece que la Fundación Soros fue disuelta, hecho que quedó inscrito en el Registro Nacional de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobiernación.

Raúl Sicaján, defensor de Codeca Chimaltenango, negó que esa institución haya recibido fondos de la Usaid. “No hemos recibido, ni vamos a recibir un sólo centavo de esa organización”, aseguró.

De acuerdo con Sicaján su organización es autosostenible y no recibe donación de ninguna instancia, menos de la Usaid, porque consideran que esta instancia “ha promovido la miseria y ha impedido el desarrollo de las comunidades”.

Con el proyecto de ley se obliga a los dueños de los parqueos a contratar un seguro para cualquier daño que puedan sufrir los usuarios de sus locales, ya que según el congresista en la actualidad ninguno se hace responsable de los perjuicios que ocurren.

En el caso de los centros comerciales, el congresista propone que no haya cobro alguno durante las primeras dos horas, y posteriormente no se podrá cobrar más de Q5 si hubo consumo, y Q10 si no se demuestra que se adquirió algo en el lugar.

Para los parqueos de particulares la cuota no podrá sobrepasar los Q15 por hora, ello, según el legislador, abrirá la competencia entre los lugares, pues el que cobre menos de ese monto tendría más clientela.

#DiputadoGT @ALVAROVELASQUE6 propone una iniciativa que obliga a los dueños de parqueos públicos a tener seguro para sus usuarios pic.twitter.com/rf4UETvQf0

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 26, 2017

El cobro en vía pública quedaría prohibida. Según Velásquez, hay personas particulares que se apropian de las calles, por lo que en su propuesta se ordena a los ministerios de Gobernación y de Economía a evitar el cobro en lugares públicos.

Esta no es la primera vez que se hace una propuesta para regular el servicio de los parqueos públicos, sin embargo, todas han quedado en propuesta ya que no ha avanzado ninguna en el pleno.

El anteproyecto de ley aún debe de ser enviado a comisión donde se le daría dictamen, si es favorable que en manos de jefes de bloques incluirlo en la agenda del pleno donde tendría que iniciar su trámite de tres lecturas si no se declara de urgencia nacional.

Según diputados de diferentes bancadas, la intención de retrasar la elección es darle tiempo a la Corte de Constitucionalidad (CC) a que resuelva los cinco amparos, con la esperanza de  que la decisión sea regresar el proceso de elección a la mencionada comisión, para que se repita la selección de los candidatos.

La mayoría de los amparos han reclamado que la tabla de gradación se estableció después de que fue recibida la papelería de los aspirantes a la titularidad de la PDH, por lo que muchos fueron calificados en desventaja, debido a que las reglas de la elección no estaban claras.

Votación fallida

Si la CC no regresa la elección a la Comisión, los diputados tendrían un as bajo la manga. De acuerdo con los congresistas, efectuarán una votación, pero no elegirán a ninguno.

Según la estrategia, hasta ahora, en las próximas dos semanas no se hablará del tema en el pleno del Congreso y será hasta el 11 de julio cuando se retome, si la CC no ha resuelto. Ese día se plantea votar. El que tenga menos apoyo quedará fuera, y se hará un nuevo escrutinio, pero ninguno de los dos restantes lograrán los 105 votos, por lo que se ordenará a la Comisión de Derechos Humanos enviar una nueva terna.

Si consideran que esta estrategia les puede ocasionar algún problema, Ricardo Alvarado Ortigoza podría ser el ungido de las bancadas aliadas con el partido de gobierno, Frente de Convergencia Nacional —Todos, Movimiento Reformador (MR) y Alianza Ciudadana—.

El problema es que los actuales candidatos no cuentan con el apoyo de 105 diputados. Jordán Rodas es apoyado por la Unidad Nacional de la Esperanza y Encuentro por Guatemala, pero no suma más de 45 votos. El apoyo se lo otorgan  bajo el argumento de ser el mejor calificado.

 Alvarado Ortigoza contaría con el aval del FCN-Nación, y algunos otros diputados pero no sobrepasan los 50, debido a que los aliados de la bancada de gobierno tienen otros candidatos.

Y, supuestamente Claudia López David es rechazada por la mayoría, porque es de la “misma línea política que el actual procurador, quien no sólo impulsó las reformas constitucionales, sino que también ha apoyado en la lucha contra la impunidad al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.

Los favoritos

La terna que determinó la Comisión de DD. HH. del Congreso no complació a todas las bancadas. Los favoritos del MR, de Compromiso Renovación y Orden, de Visión con Valores y de Todos estarían entre José Alejandro Córdova, Jorge Luis Borrayo, Irma Elizabeth Palencia y Jorge Mario Andrino.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, aseguró: “Es obvio que hay una estrategia de varias bancadas porque no les gustó la terna. Básicamente se eligió a las personas que no tuvieran tachas, mejor calificadas, sin embargo lamentablemente hay una posición conservadora que creen que los tres son de izquierda”.

Agregó: “Más allá de la ideología política de los candidatos, creo que hay gente que quiere a una persona sumisa, dócil y complaciente en la PDH y no a alguien que llegue a trabajar en defensa de los derechos fundamentales. Están apostando a personas con otro perfil y ese perfil acomodaticio, es decir, que no atienda los cambios que ha logrado el país en la lucha contra la corrupción”.

El embajador Todd Robinson se refería a una contratación que hicieron los parlamentarios a la empresa Barnes & Thornburg para campañas de cabildeo que buscan su salida, lo que a su parecer fue dinero que pudo ser invertido de beneficio para el país.

“He trabajado con muchos de los congresistas, pero hay algunos por los que no tengo ningún respeto, ni como congresistas ni como autoridades de este país”, dijo el diplomático durante una reunión con periodistas.

Ante ello los diputados indicaron que firmaron el contrato en busca de avances en temas de desarrollo e inversión del país, aseguran que no buscan quejarse del embajador y que lo hicieron a título personal.

Lainfiesta no acudió a la conferencia, debido a que se encuentra fuera del país, no obstante utilizó su cuenta de tuiter para acuerpar lo manifestado por sus otros compañeros.

Regalado pidió que Robinson se disculpe y que la Cancillería tome acciones al respecto, pese a que horas después del comentario del embajador estadounidense se limitó a decir: “Lo bendigo”.

Diputado Regalado pide que el embajador Todd Robinson se disculpe por llamarlos "idiotas". pic.twitter.com/5BxYACGqY9

— Dulce Rivera (@drivera_gtv) June 22, 2017

“Nos parece lamentable que un diplomático de carrera tome ese discurso o esa ofensa hacia los guatemaltecos. No nos está ofendiendo a nosotros tres, representamos al pueblo de Guatemala, está ofendiendo al pueblo de Guatemala.  La cancillería debería pedirle al embajador que modere sus palabras”, manifestó el parlamentario.

Linares Beltranena cuestionó la sexualidad del embajador Todd Robinson como parte de sus objeciones como diplomático del país.

Según el congresista del Partido de Avanzada Nacional, “la actitud del Embajador no es nueva, es la misma que ha mostrado durante su mandato en Guatemala” y aseguró que ello ha “erosionado y parcializado las relaciones de EE. UU. con los sectores productivos del país”, debido a que tiene “un sesgo ideológico”.

En un comunicado, Linares Beltranena detalló: “¿Querían una explicación del por qué recurrir a una firma de lobby? Creo que el Embajador acaba de dejar muy clara la razón”, pese a que en la conferencia aseguraron que la contratación se limitaba a mejorar las condiciones de los migrantes guatemaltecos en condiciones irregulares en EE. UU.

Cabildean contra Todd Robinson

El contrato con Barnes & Thornburg fue suscrito  por los diputados Fernando Linares Beltranea, de Partido de Avanzada Nacional (PAN); Jaime Regalado, del Movimiento Reformador (MR); Óscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana (AC); y Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional (UCN).

El congresista Linares aceptó  haber buscado inversionistas privados  para pagar el cabildeo. “No tengo ese dinero y mantengo en secreto profesional no revelar los nombres de quienes lo pagaron”, dijo el congresista.

El contrato asciende a US$80 mil mensuales (Q586 mil 400 mensuales) y vence en marzo del 2018.

El embajador de EE. UU. llamó “idiotas” a diputados que cabildean en su contra.

“Hay cuatro idiotas en el Congreso. He trabajado de cerca con muchos de los congresistas, pero hay algunos por los que no tengo ningún   respeto, ni como  congresistas, ni como autoridades de este país”, refirió el diplomático.

El embajador descalificó de esa manera las acciones emprendidas por cuatro diputados quienes contrataron para ese fin a Barnes & Thornburg, firma que dijo desconocer.

La vicecanciller, Ana María Diéguez, indicó en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que enviaron una misiva al MP en la que detallan la situación de Mérida y se desligan de los actos que este habría generado con la contratación de la empresa de cabildeo.

Diéguez aseguró que desde que Mérida fue separado del cargo se solicitó a la Dirección General de Migración que le cancelara el pasaporte diplomático y que, a solicitud de la Cancillería, también se le retiró la visa estadounidense.

El Gobierno prácticamente anticipa demandar al ex comisionado presidencial del Migrante, Claus Marvin Mérida, por haber firmado un contrato con la empresa de cabildeo Barnes & Thornburg en nombre del Ejecutivo.

En  rueda de prensa, el vicepresidente Jafeth Cabrera indicó: “Creo que el Gobierno tiene toda la potestad de que si alguien de carácter personal está implicando al Gobierno debiera entablarse toda una demanda para que esto no vuelva a suceder”.

Ese pronunciamiento se suma al de funcionarios de la Cancillería respecto de que se analizará una demanda contra Mérida.

En una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la vicecanciller Ana María Diéguez indicó que el nombramiento se hizo a través de la Presidencia y que ese tipo de cargos es normal.

Sin embargo, indicó que en ningún momento Mérida rindió informes acerca de sus actos a la Cancillería.

Mérida fue nombrado comisionado con grado de embajador para el tema de migrantes en Estados Unidos y fue destituido en abril último.

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Durante la citación, los diputados pusieron en tela de duda la versión de Diéguez, debido a que presentaron un acta del Registro Nacional de Personas (Renap) en el que aparece Mérida como representante de la Cancillería.

La viceministra de Relaciones Exteriores indicó que Mérida tenía a su cargo lo relacionado con el tema migrantes, pero no respondió si su asistencia a esa reunión había sido encomendada por la Cancillería.

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Doble discurso

Carlos Barreda, diputados de la UNE, aseguró que el gobierno de Jimmy Morales mantiene una “política bipolar” porque en el discurso dicen una cosa, pero en la realidad hacen otra.

“A la población le dicen que se está a favor de la lucha contra la impunidad, que se recibe con agrado el apoyo países amigos, pero por otro lado contratan a lobistas para desprestigiar al embajador Todd Robinson, y se evita llevar a la fiscal General –Thelma Aldana- a una reunión en Estados Unidos donde su presencia era importante”, criticó el congresista.

Los diputados fueron convocados, pero todos coincidieron en que se hizo para cumplir un requisito, debido a que la mayoría de las bancadas aún no tiene claro por quién votarán.

Para elegir al titular de la PDH se requieren 105 votos, pero ninguno de los candidatos contaba con ese apoyo, ya que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) —con 32 congresistas— le apuesta a Jordán Rodas, pero el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) —con 37— analiza su respaldo a Ricardo Alvarado Ortigoza.

Otros bloques, como Compromiso, Renovación y Orden (Creo), aún no se han sentado a dialogar sobre el candidato que podrían apoyar, aseguró el subjefe de esa bancada, Carlos Chavarría.

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Duda

De acuerdo con varios congresistas, no se han logrado acuerdos en sus bancadas debido a que existe duda sobre la legalidad del proceso de elección, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) recibiera cinco amparos.

Por esa incertidumbre, Orlando Blanco, jefe de la UNE, presentó una moción en el pleno para suspender la elección.

“Estamos en un momento muy importante, pero hay cosas que nos preocupan. Una de ellas es el proceso que llevó la Comisión para integrar la terna, ya que hay dudas sobre que hubo retrasos y que la terna debió estar en abril. También se ha hablado de la tabla de gradación”, detalló Blanco.

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Pero no fueron los únicos, este martes llegaron dos recursos más a la Corte. Borrayo presentó un nuevo amparo, al que se sumó la abogada Zoila Villela Villalobos, quien también participó en la elección pero no logró integrar la terna. La profesional ya había enviado una queja a la Comisión, pero no fue tomada en cuenta por los congresistas. En su momento rechazó el punteo que se otorgó a sus méritos académicos y profesionales.

Para Chavarría, de Creo, los amparos ponen en vilo la elección, pues no se sabe qué sucederá, aunque aclaró que la Comisión efectuó un buen trabajo, que calificó de transparente.

Según la Ley, el pleno del Congreso debería elegir al próximo magistrado de conciencia 60 días antes de que se cumpla el plazo para tomar posesión. Ese período venció ayer, pues Jorge de León asumió el 20 de agosto del 2012. Varios diputados creen que si la Corte de Constitucionalidad da con lugar los amparos, permite que el Congreso no incumpla los plazos de elección.

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Sandra Sandoval, presidenta de la sala que eligió la terna, aseguró muy molesta en el pleno: “Si hoy —ayer— no se vota, no es por falta del buen trabajo de la Comisión. No permito que haya diputados que digan lo contrario. Mejor que reconozcan que no tienen consensos, que no saben por quién votar o que su favorito no está en la lista”.

La terna quedó integrada por Augusto Jordán Rodas y Claudia López, quienes tuvieron la puntuación más alta; y de manera sorpresiva se eligió a Ricardo Alvarado Ortigoza, aunque  incluso, se pensó en algún momento que era por error.

Desde antes que iniciara la sesión, era evidente que no había acuerdos. Después de ponderar las entrevistas efectuadas días antes, se hizo un receso, que se aprovechó para buscar consensos, entre los dos bandos dentro de la Comisión.

El primero, vinculado al sector empresarial,  conformado por Compromiso, Renovación y Orden, Unionista, Partido de Avanzada Nacional, Unión del Cambio Nacional, Fuerza y Visión con Valores (Viva).

Mientras que el otro grupo estuvo integrado por Winaq, Convergencia, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Todos, Encuentro por Guatemala y la Unidad Nacional de la Esperanza. Estos  apoyaban a Jordán Rodas y a Claudia López, y  le apostaban a Nery Rodenas, quien no contaba con el aval de los pro empresariales.

La apuesta de estos era Alejandro Córdova, pero no tenía el apoyo de sus opositores, que buscaban un plan B entre Mario Andrino y Elizabeth Palencia.

Sin embargo, en un momento, en el que pareció se despistaron, apoyaron, sin querer a  Alvarado Ortigoza. Trataron de dar marcha atrás y rectificar, incluso, Eduardo Zachrisson insistió en modificar la cantidad de votos para lograr mayoría absoluta. Se buscó un mecanismo legal para cambiar su decisión “sin traerse abajo el proceso”, pero no tuvieron éxito, por lo que no les quedó de otra que respaldar la decisión que habían tomado.

Algunos, en voz baja, reconocieron que cometieron un error, otros aseguraron que se trató de una estrategia para no calificar a Rodenas.

Los electos

Rodas fue el mejor calificado, pero se le ha criticado por postularse a la alcaldía de Quetzaltenango en 2011.
Mientras que López, podría tener en contra el ser allegada al actual titular de la PDH y porque estuvo al frente de esa institución durante el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La terna para PDH

• Jordán Rodas
  

“No  voy a ser un procurador de oficina”

El abogado Jordán Rodas fue el primero en ser electo para integrar la terna de candidatos para procurador de Derechos Humanos. Tuvo una votación unánime. En  entrevista a Prensa Libre explica cuál será su trabajo, de ser electo PDH.

?¿Cuál será su prioridad número uno?

En el caso de que yo sea electo por el Congreso,  no  voy a ser un procurador de oficina. Hace falta la presencia  del procurador en todo el país. Guatemala no es solo la capital, sino los 339 municipios restantes. Recordemos que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos se da en el interior del país.

La actual coyuntura del país necesita un papel muy maduro del procurador. Recordemos que no podemos polarizarnos, los derechos humanos no son patrimonio de nadie, no tienen ideología, independientemente de las diferencias que existan.  

¿Cuál es la carencia más grande del país en DD. HH.?

La vida es la carencia más grande, ya que no hay respeto a ella, los  índices de seguridad son preocupantes. Yo hablaba de hacer un trabajo de forma preventiva. Se puede trabajar en las escuelas una cultura de derechos humanos.

¿Quiénes serán sus dos asesores más cercanos?

En su momento los voy a dar a conocer primeramente Dios, en el momento en que sea electo, por ahora hay que tener humildad en el paso que se dio de estar en la terna. Valoro el apoyo de los 13 partidos.

Van a ser profesionales con conocimiento, probos y de servicio.

• Claudia López
  

“Todos los derechos tienen  misma jerarquía”

La profesional del Derecho obtuvo 11 votos a favor, uno en contra y una abstención. En la entrevista que Prensa Libre le realizó ella busca continuar con lo que se ha venido trabajando en la PDH, debido a que actualmente es procuradora adjunta uno.

?¿Cuál será su prioridad número uno?

Durante estos cinco años trabajamos en crear protocolos de atención a las víctima, tenemos un equipo especializado para trabajar en mapas de conflictividad, los cuales no existían, y esperamos trabajar con los frutos de lo que hicimos en estos casi cinco años y continuar con el fortalecimiento de la institución.
No puedo irme a un tema en específico, porque todos los derechos tienen la misma jerarquía para la institución, por lo que no le puedo decir a cuál se le va a dar más importancia, no se le pueden dar categorías.

¿Cuál es la carencia más grande del país en DD. HH.?

Me molesta muchísimo ver la hambruna en la niñez, porque uno piensa en la educación, pero no podemos pensar en educar a niños hambrientos. Es triste que nazcan niños desnutridos en el país.

Es necesario agrandar la Defensoría de la Niñez, pues con todos los acontecimientos que ha habido es un problema de país lo que sucede en Guatemala.

¿Quiénes serán sus dos asesores más cercanos?

Yo pensaría en las mismas personas con las que trabajamos. María Eugenia Solís García es una de las asesoras de despacho, por lo que creemos continuar trabajando con las mismas personas.

Yo no he pensado en otro equipo, yo creo en el equipo actual, y a eso le estoy apostando.

• Ricardo Alvarado Ortigoza

“Yo podría ser de izquierda consecuente”

 Fue el quinto mejor calificado con la tabla de gradación, con 80.44 puntos. La única duda que generó su candidatura fue la edad, según diputados de la Comisión de Derechos Humanos.

¿Cuál será su prioridad al frente de la PDH?

Se tiene que entrar por diferentes lados. Yo no soy amigo de estar priorizando cosas cuando hay mucho qué hacer. La planificación ya no es etapista, hay que entrarle a todo y hay que tener un buen equipo que lo entienda.
Los derechos humanos no pueden priorizarse, son interdependientes.

¿Quiénes serán sus  asesores más cercanos?

Es muy temprano para definirlo. Tengo un equipo de personas con el que hemos trabajado muchos años. Pero algo definido, nada. Vienen de diferentes lugares, pero algunos están ocupados ahora. Habrá que esperar qué pasa.

Ideología. ¿Cómo se define?

Como una persona democrática. La democracia es una ideología.
El centro es más cero, no hay nada; la derecha hay ultraconservadora y derecha inteligente; y la izquierda hay aprovechada y otra consecuente. Yo podría ser de izquierda consecuente.

Se criticó su edad. ¿Cómo responde a eso?

Lamentable. No podemos incurrir en actos de discriminación, más cuando se trata de una Comisión de DD. HH. La misma Ley del Adulto Mayor proscribe la discriminación en el trabajo por razón de la edad. Se está invocando una ley que es de aplicación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La PDH tiene su propia ley.

La propuesta plantea que el registro tiene que llevarlo a cabo la Contraloría General de Cuentas (CGC) y que los regalos a los funcionarios y empleados públicos no pueden pasar de US$200 o su equivalente en Quetzales -unos Q1 mil 520-.

Con el proyecto de ley se plantean reformas a las leyes de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y al Código Penal.

CORRECCIÓN. @FelipeAlejos presentó una iniciativa para registrar en la @Contraloria_gt los regalos a los funcionarios de US$200 pic.twitter.com/j639pTE3iJ

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 15, 2017

En la Ley se prohíbe a los funcionarios y empleados públicos solicitar dádivas o beneficios, pero si en caso se los envían sin pedirlos, con la propuesta de Alejos se obliga a  registrarlos vía  electrónica o física a las direcciones que la CGC disponga.

Sanciones 

Los funcionarios y empleados públicos que incumplan esta disposición podrían cometer el delito de cohecho pasivo, el cual plantea entre cuatro y seis años de cárcel y multas de Q50 mil a Q100 mil.

Para el registro se obliga a adjuntar como mínimo cuatro fotografías del obsequio y el valor estimado del mismo, el cual no podrá exceder de US$ 200.00), o su equivalente en moneda nacional.

También se tendrá que detallar quien es el donante y el lugar  en donde se realizó la entrega del artículo o artículos en un máximo de (30) días hábiles.

Para llevar el control de los obsequios, la CGC tendrá que crear un archivo nacional público en el que se almacenará el registro de todos los obsequios reportados, los cuales se deberán publicar en el diario oficial y en un periódico de mayor circulación de manera semestral.

La acción presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pretende que el artículo sea eliminado de la ley.

La semana pasada, los diputados aprobaron un Acuerdo Legislativo en la que le ordenaron a  la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso a cumplir con el artículo 55 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso que garantiza el pago del bono 14 y aguinaldo a los diputados sobre su salario total.

.@AcGuatemala presentó una inconstitucionalidad contra la Ley que permite el pago de bono 14 y aguinaldo sobre salario total a los diputados pic.twitter.com/7fQsmApG1F

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 15, 2017

Manfredo Marroquín, presidente de AC, aseguró que esta Ley daña el principio de igualdad contenido en la Constitución, pues pone a los diputados en una condición de privilegio con respecto a todos los trabajadores.

Según el presidente de AC no actuaron contra el acuerdo, porque el origen del problema es la Ley Orgánica del Congreso, pues es la que autoriza el pago sobre el salario total.

Los diputados se garantizaron su beneficio, luego de que la Contraloría General de Cuentas consideró ilegal el pago y estableció un hallazgo sobre lo percibido el año pasado.

Para evitar un nuevo señalamiento, los congresistas se unieron y aprobaron el acuerdo que hace referencia al artículo de la Ley Orgánica que les permite esos beneficios.

 En tanto, organizaciones como Acción Ciudadana y Congreso Eficiente —esta aún analiza la acción por seguir— se aprestan para impulsar una batalla legal contra la disposición de los diputados de garantizarse el pago completo.

El pasado jueves, el Congreso aprobó un acuerdo legislativo en el que le ordena a la Comisión Permanente que cumpla con el pago total de  bono 14 y aguinaldo, basándose en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Legislativo, la cual garantiza ese pago.

El constitucionalista Édgar Balsells considera que esta disposición viola el derecho de igualdad establecido en el
artículo 4 de la Constitución.

“La igualdad es uno de los derechos más difíciles de entender, pero la Corte de Constitucionalidad ha brindado opiniones acerca de cómo interpretar este concepto. Sin embargo, la igualdad es la igualdad”, manifestó el jurista.

En el acuerdo aprobado el jueves pasado, los diputados utilizaron la palabra conminar; es decir, ordenaron a la Comisión Permanente a pagarles. Para Acción Ciudadana ese verbo le da al documento un nivel de decreto, cuando el carácter de los acuerdos legislativos no es ese.

Ovidio Parra, también constitucionalista, indicó que la ley establece que las prestaciones de los trabajadores se pagan conforme al salario, llamado base, y no al nominal, pero “mientras exista el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso el pago  es legal, mientras no se le declare inconstitucional”.

Revisar Ley

Balsells considera que se debe  revisar la Ley de Servicio Civil y otras  relacionadas, porque solo de esa manera se podrá resolver la confusión.

Landelino Franco, abogado laboralista y catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coincide en que se debe  revisar la normativa, ya que los diputados prestan sus servicios al Estado por una designación de elección pública, por lo que carecen de nombramiento  como el resto de servidores públicos.

“Es una actividad laboral, pero con un período determinado; en su caso, son cuatro años”, dijo.

A criterio de Franco, “guste o no” se deberá  pagar a los diputados, debido a que está establecido en la ley. De lo contrario se dañaría el artículo 106 de la Constitución, que garantiza los beneficios laborales percibidos.

Agregó: “La Constitución establece que todos los derechos laborales son susceptibles a ser superados. Pueden modificarse, pero nunca disminuirse, y los diputados ya tenían este derecho aprobado en el artículo 55 de su Ley Orgánica. ¿Cuándo llegó allí? No sé, pero es ley”.

Esta tarde fueron convocados los simpatizantes de Frente de Convergencia Nacional FCN Nación para elegir a los integrantes de su comité ejecutivo.

El evento político se llevó a cabo en la 7a. calle 12-60 zona 1, de la ciudad de Guatemala.

Javier Hernández previó a la votación dijo que este fin de semana se programaron 12 asambleas municipales, entre ellos municipios de Jalapa, Sacatepéquez y Guatemala.

“Nosotros estamos en ley para hacer nuestras asambleas. Este fin de semana se realizaron 12  en diferentes lugares, la última que se efectúa es la del Distrito Central, en esta se tiene previsto la elección de los miembros del comité ejecutivo”, informó.

Informó que al momento tiene unos 23 mil afiliados. “Estamos cerca del número que la ley pide, no hemos querido crecer por eso dificulta la asamblea”, agregó.

Explicó que a pesar que hay procesos legales en desarrollo con el Tribunal Electoral ellos deben cumplir con lo que establece la Ley de Partidos Políticos.

Durante el evento político fueron propuestas dos planillas la 1 estaba liderada por Javier Hernández, propuesto para secretario general del Partido y la Planilla 2 por Juan Alberto González.

Planillas que fueron propuestas en la asamblea del área metropolitana de @fcnnacion. La 1 la encabeza el papá de @Jhfranco9 pic.twitter.com/6cmwvGiaM5

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 11, 2017

Los que menos han recaudado son Baja Verapaz con Q12.8 millones y Jalapa con Q18.8 millones.

Registros oficiales destacan que el 70.2 por ciento de los pobladores de Escuintla son catalogados como parte de la Población Económicamente Activa (PEA).

La principal actividad económica se efectúa en el corte de caña. La mayoría de pobladores migran hacia los ingenios. La zafa inicia en noviembre y finaliza en abril o mayo.

De acuerdo con los datos de la SAT, Escuintla también es el mayor recaudador del Impuesto al Valor Agregado (IVA) después de Guatemala. De los Q4 mil 373.5 millones que se han recaudado, Q68 millones han sido en la ciudad de las palmeras.

Luego de Puerto Quetzal, el turismo es otro de los principales ingresos económicos de Escuintla. En el lugar hay sitios importantes como el río Los encantos, las grutas y cataratas San Pedro Mártir, y la región de la Democracia.

El ranking de la SAT

En el operativo, denominado No más extorsión se capturaron a 65 personas, entre hombres y mujeres. Además, serán citados 45 reos quienes estarían vinculados con las estructuras criminales.

Los allanamientos los efectuaron en conjunto las fiscalía contra la Extorsión, y la del Crimen Organizado de Quetzaltenango.

A los capturados se les señala de asesinato en grado de tentativa, conspiración para el asesinato, extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita, exacciones intimidatorias, detallaron autoridades del Ministerio Público en una conferencia de prensa.

Las autoridades tienen como objetivo desarticular estructuras de extorsionistas de las clicas conocidas como Crazy Gangster y Vatos Locos, ambas del Barrio 18.

Autoridades contabilizan dinero encontrado en un buzón, producto se extorsiones. pic.twitter.com/kH8wJJH7Wn

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) June 11, 2017

De acuerdo con la investigación, estos grupos son responsables de extorsionar a comercios, empresarios del transporte y personas particulares.

En el operativo a gran escala participan mil 120 agentes de la PNC, 320 investigadores, expertos antiexplosivos, un Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL) y una unidad canina.

Además, utlizaron 160 vehículos, dispositivo Afis para la identificación rápida mediante las huellas dactilares y un dispositivo universal de extracción forense.

Modo de operación

Según las autoridades del MP los, las clicas habrían operado en seis departamentos:

1. Guatemala
2. Escuintla
3. Huehuetenango
4. Suchitepéquez
5. Chimaltenango
6. Quetzaltenango

En Guatemala tenían presencia en las zonas 6, 7, 12, 13 y 18 de la capital, y en los municipios de San Juan Sacatepéquez, Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Palencia, San Pedro Ayampuc, Santa Clara Ayampuc, Santa Catarina Pinula y San José Pinula.

Durante operativos contra las extorsiones también los investigadores realizan excavaciones en El Mezquital, buscan posibles restos humanos. pic.twitter.com/iRmhRLFCZx

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) June 11, 2017

Examinan fosas

Durante las diligencias se tuvo información de dos fosas en las que podrían haberse ubicado restos humanos.

Según la secretaria General del MP, Myra Veliz, una de éstas se localiza en Mezquital, zona 12, y otra más en Santa Catarina Pinula.

Autoridades de la Policía Nacional Civil explicaron que en la fosa ubicada en Mezquital no tuvo resultados positivos, sin embargo, continuarán con la búsqueda porque tienen información que el cuerpo se localizaría en el barranco del lugar.