“Que no se haga justicia con las manos”: autoridades indígenas y PNC llaman a evitar linchamientos en Quiché

Ante los ataques contra agentes policiales y la crisis de seguridad en el país, líderes indígenas y mandos policiales en Santa Cruz del Quiché instan a no tomar la justicia por cuenta propia y entregar a los presuntos delincuentes a las autoridades.

Erick Gutiérrez

19 de enero de 2026

|

21:07h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Autoridades indígenas y policiales de Santa Cruz del Quiché, durante su llamado público en el programa Impacto Directo, pidieron evitar linchamientos ante la tensión por la violencia criminal. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En medio de la conmoción nacional por los recientes ataques armados que dejaron nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos, las autoridades indígenas y policiales de Quiché se pronunciaron este lunes 19 de enero en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, para pedir mesura a la población.

Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, lamentó la pérdida de los agentes y aseguró que este tipo de hechos son “el resultado de un Estado fallido en donde los delincuentes buscan poder”.

“Evitar los linchamientos”

Durante el programa, el subcomisario de la PNC en Quiché, Herson Martínez, enfatizó que están en alerta en todos los municipios del departamento y lanzó una advertencia clave:

LECTURAS RELACIONADAS

Congreso ratifica estado de Sitio por ataques del Barrio 18, hace cambios y critica al Ejecutivo

Mudanzas, armas y vigilancia: el Barrio 18 operó sin ser detectado por inteligencia, pese a incautaciones y capturas

Ambos funcionarios coincidieron en que la organización comunitaria ha sido clave para mantener la calma y evitar la entrada de estructuras criminales en varias regiones de Quiché. “La comunidad organizada ha sido la muralla que mantiene alejadas a las clicas”, recalcó Zapeta.

Contexto nacional: violencia en aumento y estado de sitio

Las declaraciones ocurren en un momento crítico para Guatemala. El Gobierno decretó estado de sitio tras una serie de motines en las cárceles del país, organizados por cabecillas del Barrio 18, que derivaron en atentados simultáneos y mortales contra la PNC. En respuesta, las fuerzas de seguridad han reforzado operativos en todo el territorio, y en departamentos como Quiché, donde aún prevalece cierta calma, las autoridades buscan evitar una escalada de violencia impulsada por la justicia por mano propia.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Linchamiento en Chimaltenango: comunitarios matan a presunto atacante tras herir a un hombre

Pobladores habrían linchado a un hombre a unos 50 metros del lugar donde ocurrió un ataque armado.

Ana Lucía Ola

20 de julio de 2025

|

16:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Comunitarios linchan a supuesto atacante tras hecho armado en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Un ataque armado se registró este domingo 20 de julio en la calle principal de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde un hombre resultó herido y fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.

Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, tras el hecho, comunitarios lincharon a un hombre a unos 50 metros del lugar del ataque, por supuestamente haber disparado.

Hasta el momento se desconoce la identidad del herido y de la persona linchada, así como si existe relación entre ambos.

El cuerpo del hombre linchado permanece tendido en el lugar.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

Los socorristas notificaron a las autoridades competentes para que inicien la investigación del caso.

Persona fallecida

Calle principal de San Andrés Itzapa, Chimaltenango se produce un incidente armado, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de San Andrés Itzapa a bordo de la unidad RD-133 estabiliza y traslada a una persona herida a la emergencia del Hospital Nacional de… pic.twitter.com/4XpVHooD13

— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 20, 2025

La violencia colectiva se extiende a áreas urbanas

Varios de los señalados han muerto calcinados, acusados de cometer, homicidios, extorsiones y asaltos con saldos mortales. Según la PNC, en los últimos siete años han sido vapuleadas y linchadas 322 personas.

José Manuel Patzán

24 de junio de 2025

|

00:13h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

En el 2019 dos supuestos extorsionistas murieron linchados en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco, señalados de ultimar a un taxista.(Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

En los últimos siete años, 71 personas han muerto víctimas de linchamientos en Guatemala —10 durante este año—, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC). Aunque se trata de un fenómeno que históricamente ha sido más común en áreas rurales, las autoridades advierten que esta forma de violencia se ha trasladado también a zonas urbanas y a la metrópoli, donde ciudadanos han optado por vapulear a presuntos delincuentes en plena vía pública.

Casos como el ocurrido en la 5.ª avenida y 21 calle, colonia La Reformita, zona 12, se suma a otros registrados recientemente. En este hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un joven de 20 años, supuesto responsable de haber ultimado a un hombre de la misma edad para robarle un vehículo en ese sector. Sin embargo, antes de la acción policial, vecinos del lugar lo vapulearon, por lo que fue trasladado a un hospital en estado grave.

Para la PNC, el aumento de estos hechos en áreas urbanas es una señal de alarma sobre el deterioro del tejido social, mientras que analistas advierten que recurrir a la justicia por mano propia solo agrava la violencia y debilita aún más el Estado de derecho.

Entre 2019 y lo que va de 2025, se han registrado 71 homicidios por linchamiento, según el informe de la PNC. En las mismas fechas, el registro indica que 251 personas han resultado heridas al ser vapuleadas por distintas razones.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala vs Panamá: historial, victorias y la racha de 19 años sin ganar a los canaleros

Suben precios de gasolina y diésel en Guatemala por tensión entre Israel e Irán

A la metrópoli

Los linchamientos en Guatemala no han aumentado en los pueblos indígenas, pero sí se ha registrado un repunte de golpizas a presuntos delincuentes en el área metropolitana, según reconoció David Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC).

El funcionario explicó que en las comunidades indígenas la organización local evita hechos violentos, pero en la capital y sus alrededores, en los últimos años, se ha evidenciado con mayor frecuencia que los vecinos intentan hacer justicia por sus propias manos.

Boteo indicó que el malestar ciudadano se centra principalmente en los asaltos. Explicó que, debido a que muchas de estas personas tienen antecedentes delictivos o reinciden en sus delitos, la población ya no confía en el sistema judicial, especialmente porque, en muchos casos, los supuestos delincuentes recuperan su libertad poco después de ser consignados. No obstante, acotó que esto también depende de la colaboración de las víctimas para denunciar.

“El problema es que más tarda uno en consignar que en que el delincuente queda libre”, reconoció el jefe policial. Además, señaló que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor o desconfianza, lo que complica que los jueces puedan dictar prisión preventiva.

Agregó que, cuando los pobladores identifican a supuestos delincuentes reincidentes o tatuados, optan por agredirlos antes de entregarlos a las autoridades. Varios de estos hechos, aclaró, se han registrado en la capital y en municipios del departamento de Guatemala, y no en el interior del país.

Falta de información

Carmen Rosa de León, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), indicó que en años anteriores se redujeron los índices de linchamiento debido a un trabajo más estrecho entre la Policía Nacional Civil (PNC) y las comunidades, lo cual generó confianza para que las víctimas de hechos delincuenciales o testigos de homicidios denunciaran y no tomaran la justicia por sus propios medios.

“En años anteriores eso bajó bastante porque se dieron cuenta de que había consecuencias, pero ahora se ha perdido ese contacto del Ministerio de Gobernación con la población”, acotó.

De León sostuvo que hacen falta programas de prevención del delito por parte del ministerio de Gobernación y acercamiento entre las autoridades policiales y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), así como con las juntas de seguridad locales, para informarles cómo funciona el sistema de justicia, algo que —según la analista— también se hizo anteriormente con el apoyo del Organismo Judicial.

“A veces los ciudadanos no diferencian el rol de la PNC y del juez. La PNC ejecuta las capturas, pero el juez a veces los deja libres y entonces los vecinos piensan que es culpa de la PNC”, refirió.

También acotó que, en ocasiones, los jueces no atienden la solicitud de la PNC porque el parte policial no está bien elaborado.

“Entonces puede ser mala actuación de la Policía e incluso del MP. No es excusa porque, al final, es un homicidio, pero entonces en las comunidades pierden la fe en el sistema de justicia”, explicó.

Algunos casos

El pasado 5 de enero último en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, un hombre señalado de asesinar a otra persona fue colgado de los pies en la escuela de la localidad, frente a la mirada de varios niños. El sujeto fue retenido cerca de las 11 horas. Con palos y objetos contundentes fue golpeado el supuesto homicida, de entre 18 y 25 años. Posteriomente fue rociado con gasolina y quemado en el lugar.

El 10 de febrero pasado, en un pozo en San Vicente Pacaya, Escuintla, fue localizado el cadáver de Jenifer Perea, de 10 años, lo que causó el repudio de vecinos, quienes lincharon a la madrastra sindicada del crimen. La PNC también detuvo al padre, como supuesto cómplice.

En septiembre de 2023, dos sujetos murieron calcinados en Sacapulas, Quiché, señalados de ultimar a una comerciante en esa localidad por no pagarles una deuda en la capital. La PNC indicó en esa ocasión que los señalados pertenecían a una estructura de prestamistas.

El 18 de marzo de 2023, un presunto integrante de la clica Solo Para Locos (SPL), de la pandilla del Barrio 18, murió calcinado en Cerro Gordo, zona 21, cuando un grupo de vecinos lo interceptó y le prendió fuego, después de haberle disparado a una persona en el sector. En ese mismo lugar, el 24 de julio de 2024, dos sujetos fueron vapuleados, y la PNC les decomisó un arma de fuego con la cual asaltaban en el área.

El 21 de marzo del 2019, dos hombres fueron quemados y aún con vida fueron trasladados a un hospital donde murieron. Una una turba les prendió fuego al señalarlos de ser los extorsionistas que dispararon a un taxista, quien también falleció.

LECTURAS RELACIONADAS

Fredy Orellana liga a proceso a Angelita Martínez, jefa de Archivo del TSE, en caso Corrupción Semilla

Vapulean y capturan a hombre señalado de matar a joven durante intento de robo de picop en La Reformita

Homicidio por linchamiento a nivel nacional desde el 2019, según datos de la PNC.

• 2019- 13
• 2020 –12
• 2021–1
• 2022–17
• 2023–8
• 2024- 10
• 2025- 10

Lesionados por vapuleo en el mismo lapso

• 2019 –31
• 2020-14
• 2021–18
• 2022-31
• 2023-39
• 2024-70
• 2025-48

Queman a cuatro personas en Quiché señaladas de robo de vehículos

Pobladores de Chichicastenango señalaban de robar vehículos a cuatro hombres que fueron linchados.

Miguel Barrientos

13 de abril de 2024

|

11:18h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Cuatro personas fueron quemadas en un vehículo en Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Un incidente en el cantón Xepol, Chichicastenango, Quiché, dejó cuatro personas muertas, quemadas en un vehículo.

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron requeridos porque un vehículo se incendiaba y al llegar sofocaron las llamas.

Luego de la emergencia, los socorristas corroboraron que dentro del automotor quedaron los cadáveres carbonizados de cuatro personas.

Los socorristas indicaron que elementos de las compañías 34 y 98 de Sololá, y de la 99 de Chupol, asistieron al lugar y corroboraron el suceso.

Según indicaron vecinos del lugar, durante la mañana fueron retenidos cuatro hombres señalados de estar involucrados en robos de vehículos.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

Según las versiones preliminares, las personas quemadas eran de procedentes de Chimaltenango y Sololá, pero no han sido identificadas.

Al lugar ha sido requerido personal del Ministerio Público y Policía Nacional Civil para que efectúen las investigaciones.

El suceso tuvo lugar este viernes 5 de enero a eso de las 11 horas de la mañana. Una vez retenido, lo llevaron a la escuela de la comunidad y lo colgaron de los pies, acto que fue presenciado por niños, quienes fueron testigos del violento episodio.

El trágico incidente se prolongó por aproximadamente dos horas y media, durante las cuales un grupo de mujeres atacó al presunto agresor con palos y otros objetos contundentes.

Los niños aún seguían observando la escena, rodeando al individuo que colgaba boca abajo de una viga afuera de una de las aulas.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

Reformas al IUSI prometen menos impuestos, pero expertos advierten riesgos para servicios municipales

Unos 50 niños rodeaban al sujeto formando un círculo, mientras que otras decenas de personas también eran parte del tumulto que presenciaba el acto violento en el entorno de la escuela.

Este caso fue el primero en registrarse en 2024, pero los linchamientos han sido una práctica de mucho tiempo atrás en esa región.

Lo más leído: Terremoto en Japón: Las similitudes y diferencias de los movimientos telúricos con los ocurridos en 1976 en Guatemala

Ante la ausencia de la policía, los vecinos enardecidos trasladaron al acusado al cementerio de la localidad, acción que quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Las imágenes captaron a un hombre con chumpa negra que prendió fuego al joven, luego de varios intentos de encender los fósforos.

LE RECOMENDAMOS

Accidente en San Cristóbal: video muestra rescate de mujer atrapada en un vehículo suspendido en un paso a desnivel

Hallan sin vida a médico: fiscalía investiga y sostiene diversas hipótesis por suceso ocurrido en Santa Rosa

Sin suficiente presencia policial

La tragedia se agravó por la aparente negligencia de las autoridades locales, según personas de la comunidad. Vecinos aseguraron que se solicitó ayuda a la policía del municipio, pero estos supuestamente habrían argumentado la falta de unidad y combustible, lo que resultó en una respuesta tardía.

La situación mantiene un ambiente de tensión en la comunidad ya que no hay suficientes agentes para ingresar a la comunidad y rescatar el cuerpo, o mantener resguardado el orden.

El problema es persistente en la región, donde los linchamientos han cobrado la vida de al menos 30 personas en los últimos 15 años.

Municipios como Santa Barbara, La Democracia, Santiago Chimaltenango, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas han sido testigos de este tipo de hechos violentos.

Lea también: Boleto de Ornato 2024: tabla de pago, cómo solicitarlo en línea y para qué sirve

Linchamientos y su tipificación como delito

Los estudios sobre el fenómeno de linchamientos en Guatemala dan cuenta que son actos de violencia comunitaria que suelen ocurrir en un contexto de desconfianza hacia las autoridades locales y un sistema de justicia que se percibe como ineficaz.

Estos incidentes no han sido aislados y han constituido en varias comunidades como hacer valer la justicia por sí mismas, lo que abona a un clima de desconfianza hacia las autoridades.

El Código Penal guatemalteco aborda específicamente los linchamientos en su artículo 39, designándolos como el delito de muchedumbre y estableciendo dos disposiciones:

1. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material, asumieron el carácter de directores.
2. Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y éstos se cometieren después por  impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieren participado materialmente en la ejecución y, como autores, los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos.

Los cuatro presuntos responsables están ligados a proceso, gozan de medida sustitutiva y el MP tiene tres meses más para fortalecer la investigación y sentar en el banquillo de los acusados a un hombre y tres mujeres responsables del hecho que se cometió, supuestamente, junto con 12 menores de edad que lanzaron piedras a las víctimas. 

El caso de Aquino Pellecer y Galluser Loskot se derivó de diversos sucesos que ocurrieron aquel día en un centro de recreación en la ruta al puerto Quetzal en horas de la mañana que se extendieron hasta la tarde y noche. Los procesados fueron acusados por el MP del delito de homicidio en riña tumultuosa. 

La información que documentó la PNC es que ese 13 de agosto, las dos víctimas mortales, según la defensa de los detenidos, llegaron a un turicentro en el kilómetro 74, ruta a puerto Quetzal. 

LE RECOMENDAMOS

Asesinato de cardiólogo Mario Fernando Meza Batres: Familia exige esclarecer el caso a las autoridades del Ministerio Público

Accidentes en motocicleta: Los números que hacen a Guatemala vivir una “epidemia que satura los hospitales”, según Salud

En ese lugar, y en estado de ebriedad, agredieron físicamente a diversas personas, e incluso los acusaron de agresión sexual a una mujer que acompañaba a los procesados penalmente. Esto, según las pesquisas, motivó que hubiera una riña tumultuosa que se extendió más allá del centro de diversiones, según la defensa. 

Sin embargo, el hecho se salió de control y las personas ligadas a proceso, persiguieron a ambos sujetos y los vapulearon, los hirieron con arma blanca, e incluso les lanzaron piedras hasta darles muerte.

Al llegar las autoridades a inmediaciones del kilómetro 74 hallaron a una de las personas muertas y el otro fue trasladado a un centro asistencial con heridas en la cabeza, pero murió en el ingreso a la emergencia.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora procesados penalmente se trasportaban en un picop negro placas particulares 833KFY, y después de discutir con las víctimas, por los hechos que habían cometido, supuestamente, en el centro recreativo, los atacaron y apedrearon.

La fiscalía municipal de Puerto San José, Escuintla, investiga el hecho que ocurrió ese día, y en el que tras una discusión hubo una riña entre varias personas, incluidos menores de edad, y que dejó como resultado a las dos personas fallecidas por heridas de arma blanca y golpes contundentes.

Una rápida persecución de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) logró arrestar a cinco personas, a quienes se les decomisó un arma blanca tipo bayoneta y una navaja. También fueron remitidos 12 niños, niñas y adolescentes, entre 3 a 17 años, quienes acompañaban a los procesados.

Ese día, 13 de agosto, las fuerzas del orden detuvieron a Elio Enai Diaz Mirón, Antonia José Solórzano Royan, Erika Oralia Yanet Recancoj López y a Griselda Acevedo Quevedo de Pérez, quienes horas más tarde fueron ligados a proceso por el delito de homicidio en riña tumultuosa y les otorgaron medidas sustitutivas. El juzgado fijó a la fiscalía un plazo de cuatro meses de investigación.

Aunque los matices son distintos, el último caso de linchamiento ocurrió en Sacapulas, Quiché. Esto sucedió el 16 de septiembre en aquella localidad.

En ese lugar unos mil 500 pobladores mataron a golpes y quemaron vivos a Víctor Manuel López Cifuentes, de 25; y José Alberto Gutiérrez Copen, de 23; ambos originarios del departamento de Guatemala. Los acusaron de haberle dado muerte a la comerciante María Marcela Lux Castro, de 47 años. 

Puedes leer más acá: Quemados en Sacapulas: Cómo encontró el MP la escena del crimen y cuáles son las penas por linchamiento según la ley

Dos presuntos sicarios llegaron al negocio de la comerciante María Marcela Lux Castro, de 47 años, a eso de las 9.05 horas, en el centro de Sacapulas, según las autoridades.

Siete detonaciones de arma de fuego alertaron a los residentes del lugar, quienes vieron huir a dos sujetos y abordar una motocicleta después de disparar un arma de fuego en contra de la mujer.

En el local comercial de Lux Castro, donde vendía ropa y zapatos, quedó tendido su cuerpo ensangrentado. Entre gritos de auxilio, familiares llamaron a los Bomberos Voluntarios de la 43 compañía de Sacapulas para llevarla de inmediato a la emergencia del hospital nacional local. Minutos después murió.

LE RECOMENDAMOS

Linchamiento en Quiché: qué se sabe del incidente en donde presuntos sicarios fueron quemados en Sacapulas

Linchamientos son un síntoma de debilidad del Estado

Mientras esto ocurría, pasadas las 9.30 horas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de los presuntos sicarios de Lux Castro en el caserío San Jorge de Sacapulas. Los identificaron como Víctor Manuel López Cifuentes, de 25; y José Alberto Gutiérrez Copen, de 23; ambos originarios del departamento de Guatemala.

Los llevaron a la subestación 71-6-1 de la PNC en Sacapulas, para consignarlos y trasladarlos al juzgado de paz local. Sin embargo, ahí ocurrió lo que no se imaginaban hasta ese momento los elementos de la PNC. No había ocurrido en los últimos años algo parecido.

Una multitud de más de mil personas se aglomeró alrededor del autopatrulla de la PNC y exigió que les entregaran a los sujetos. Los agentes se resistieron por poco tiempo, porque era mucha gente, hasta que se los arrebataron.

Los sacaron por la fuerza y comenzaron a golpearlos. Para eso eran las 10 horas de ese fatídico sábado 16 de septiembre.

Durante media hora, y entre empujones, patadas, discusiones y exigencias porque confesaran por qué habían matado a Lux Castro, a las 10.30, aproximadamente, los llevaron en un picop particular a la aldea Pacuch para continuar el interrogatorio y obligarlos a decir quién “les había pagado por matarla”.  

A partir de ese momento se desconoce qué ocurrió. Los pobladores de la comunidad, de donde era originaria la víctima mortal, bloquearon los ingresos para evitar que las autoridades pudieran ingresar para rescatar a los dos hombres.

Las primeras pesquisas dan cuenta que ya en la aldea confesaron que “una mujer los había mandado al lugar para cobrar una deuda”, pero no dijeron ningún nombre, o por lo menos hasta ahora no se ha hecho público, según las autoridades.  

Una teoría del MP es que al mediodía le dieron muerte a Gutiérrez Copen, de 23 años. Lo quemaron vivo. Esto ha sido difícil que lo confirmen las autoridades porque la población, según el ente pesquisidor, se ha resistido a dar declaraciones del caso.

A las 18.30, luego de continuar con la averiguación del o a responsable de ordenar el crimen de Lux Castro, queman a López Cifuentes, de 25. A partir de ese momento se hacen virales vídeos y fotografías del suceso criminal. 

La fiscalía municipal del MP de Nebaj, Quiché, se había desplazado al área para el procesamiento de la escena en la que en horas de la mañana tuvo lugar un ataque armado contra Lux Castro.

Según el MP, los pobladores, fuertemente armados, evitaron que la PNC pusiera a disposición de juez competente a los sindicados y se los llevaron bajo amenazas a la aldea Pacuch, donde les prendieron fuego a ambos. Hasta ahora ha sido difícil procesar el área donde ocurrió el linchamiento.

No hay ninguna captura, asegura el MP, mientras que personal fiscal continúa la investigación del caso. Verifican cámaras de videovigilancia y analizan, además, vídeos y fotografías que circulan para personalizar a quienes participaron en el linchamiento de las dos personas.

Además, continúan las pesquisas sobre el posible autor intelectual del crimen de Lux Castro.

#ComunicadoPDH | El Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Alejandro Córdova expresa su rechazo a las acciones violentas cometidas el 16 de septiembre, en el municipio de #Sacapulas, del departamento de #Quiché pic.twitter.com/J7yBVjDNwm

— PDH Guatemala (@PDHgt) September 17, 2023

El Código Penal de Guatemala, en el artículo 39, sanciona los linchamientos bajo la denominación de delito de muchedumbre. Este tiene dos disposiciones.

1. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material, asumieron el carácter de directores.
2. Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y éstos se cometieren después por  impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieren participado materialmente en la ejecución y, como autores, los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos.

Los dos atacantes huyeron del lugar pero fueron alcanzados por elementos de la PNC quienes los detuvieron en el caserío San Jorge de ese municipio, los dos fueron identificados tras verificar cámaras de seguridad del centro de Sacapulas, las imágenes coincidían con las personas que había atacado a la comerciante y huyeron en una motocicleta.

Al regresar la PNC con los detenidos al centro de Sacapulas unos 200 vecinos rodearon la unidad y les arrebataron a los detenidos trasladándolos al caserío Pacuch en donde unas horas después fueron quemados.

Los dos hombres linchados fueron identificados como Víctor Manuel López Cifuentes de 25 años de edad y José Alberto Gutiérrez Copen de 23, los dos originarios de Guatemala.

El MP inició las investigaciones para conocer el motivo de la muerte de la mujer comerciante, mientras agentes de la PNC están a la espera de poder ingresar a la comunidad para retirar los cuerpos calcinados de los dos hombres.

Mire el video del momento en que fueron sacados de la patrulla: 

Los policías pusieron a salvo al presunto sicario, que se supone atentó contra un vecino del sector este domingo 23 de abril. Luego de haber accionado de esta forma se desató una persecución y lograron copar el presunto delincuente.

Una de las primeras versiones es que el presunto sicario intentó asesinar a otra persona en el lugar, pero se dio a la fuga y en la 4a avenida, colonia Cerro Gordo, zona 21 de la capital, agentes motorizados lo arrestaron, pero los pobladores se los arrebataron, vapulearon y quisieron lincharlo.

Sin embargo, los agentes de la PNC que se desplazaban en motocicleta, lograron disuadir a los pobladores y rescataron al sujeto, hasta ahora no identificado, y lo pusieron a salvo.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

Reformas al IUSI prometen menos impuestos, pero expertos advierten riesgos para servicios municipales

Esto causó el enojo de los vecinos del sector, quienes arremetieron contra los uniformados, a quienes, se supone, en la disputa por poner a salvo al supuesto sicario, los agredieron.

Esto ocurrió en horas de la tarde de este domingo. Los pobladores quemaron dos motocicletas. Una se supone que es de la PNC, y la otra del presunto delincuente, aunque esta versión no ha sido confirmada por la PNC.

En el lugar se vivieron minutos de tensión y pronto llegaron más refuerzos policiales para devolver el orden en el sector. Dos agentes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médicas por heridas leves, mientras que el presunto sicario fue llevado a una subestación policial para ponerlo en resguardo.

La información preliminar es que eran dos sujetos abordo de una moto los que dispararon contra otra persona cerca de unas canchas deportivas que hay en el lugar.

La población se aglomeró y los detuvo. Dos agentes motorizados intervinieron y rescataron a los delincuentes, pero esto provocó más violencia. Quemaron una moto de la PNC y la de los presuntos sicarios. Un agente resultó herido, y los presuntos delincuentes fueron llevados a una subestación cercana.

Los dos sujetos se desplazaban en una motocicleta, la cual fue quemada por la turba.

El Ministerio Público efectuó la diligencia de ley en compañía de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los agentes de la PNC llegaron con equipo antidisturbios porque vecinos no permitían el ingreso de las autoridades.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

La situación es tensa en la referida aldea, donde según vecinos, las dos personas linchadas delinquían en el lugar.

Los cadáveres de los supuestos delincuentes fueron localizados a la orilla de la carretera.

Vea también: Video: Los 32 segundos que necesitaron dos sujetos para despojar de su motocicleta a una persona

La motocicleta quemada quedó sobre la cinta asfáltica y la presencia de la PNC continúa en el área.

De acuerdo con las primeras indagaciones los sujetos fueron atacados a balazos por hombres que portaban armas de grueso calibre. Posteriormente a ejecutarlos cuando se transportaban en una motocicleta les rociaron gasolina y los quemaron. Uno de ellos quedó completamente calcinado, según las autoridades.

En el lugar del crimen el Ministerio Público y la PNC hallaron unos 60 casquillos calibre 7.11 de uso exclusivo del Ejército de Guatemala. 

Las pesquisas de las fuerzas del orden revelaron que pudo tratarse de un ajuste de cuentas debido a que los sujetos, aparentemente se dedicaban al sicariato y la venta de drogas al menudeo en el área.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

Reformas al IUSI prometen menos impuestos, pero expertos advierten riesgos para servicios municipales

En los registros de la PNC a Celso Ciramagua Sintuj le aparecen antecedentes por homicidio culposo de fecha 9 de febrero de 2020 y 11 de marzo de 2021; por asesinato y asociación ilícita del 29 de septiembre de 2021, extorsión del 29 de enero, el 13 y 24 de marzo y 12 de agosto 2021.  Los delitos, según esos registros, los cometió en Chiquimula, Guatemala y Escuintla.

Mientras que a Edín Arnoldo Aroche Orellana le aparecen antecedentes por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita y portación ilegal de arma de fuego del 11 de enero de 2014 girado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B de Guatemala.

Izabal, de acuerdo con los últimos análisis de datos, aparece como uno de los departamentos con más incidencia criminal en el país. En esta área el Ejecutivo ha impuesto en varias oportunidades estados de Sitio. También la Fiscalía de Narcoactividad del MP ha llevado a cabo erradicaciones de hojas de coca en varios lugares, entre ellos, Los Amates.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil, los tres hombres habrían secuestrado al niño y pedían Q100 mil de rescate.

La familia del niño habría pagado para que les fuera devuelto, pero los sujetos no cumplieron con la entrega y habrían matado al menor.

Eso habría causado que pobladores emprendieran la búsqueda de los supuestos secuestradores para lincharlos.

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

La hipótesis de la PNC indica que pobladores de diferentes caseríos de Colotenango identificaron a los presuntos secuestradores y los ubicaron.

Una turba de unas seis mil personas, según la PNC, retuvo y golpeó a los sujetos y los llevó a un predio, donde los quemaron hasta la muerte.

Lea más: Condenan a 20 años de cárcel a tres personas por el crimen contra Domingo Choc Che, quien fue linchado acusado de brujería

Los sujetos linchados fueron identificados como Ovidio Méndez Gabriel, de 24 años; Selvin Aroldo Pérez Morales, 24; y Samuel Domingo Godínez, 38. Todos eran originarios de Colotenango.

El reporte policial detalla que, por la situación que se dio en el lugar, únicamente pudieron documentar con fotografías la escena del hecho.

Los tres cuerpos de los sujetos fueron hallados carbonizados en un picop, también quemado, junto a otro automotor.

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Distrital de Huehuetenango lleva a cabo las investigaciones para esclarecer el caso.

Dos días antes el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló que entre enero y junio pasado fueron asesinadas en Guatemala 2 mil 119 personas, algo que contrasta con las estadísticas del primer semestre del 2021 que fue de mil 927.  

Un aumento del 9,9 por ciento, según el Inacif, que registró 192 homicidios más en este semestre de 2022 en relación con el año anterior.  

Esos datos ponen una media de crímenes violentos de casi 12 al día, y aquel domingo superó ese dato.  El 63 por ciento de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. El resto fue con arma blanca y por estrangulación, según los datos oficiales.  

Lea también

Violencia en Guatemala: qué dice Gobernación sobre payasos desaparecidos, aumento de homicidios y pandilleros salvadoreños

Los hombres siguen liderando la tabla de víctimas, mientras que los asesinatos de mujeres aumentaron en un 15,5 % en comparación con los primeros seis meses de 2021. 

El Inacif detalló que 341 mujeres fueron asesinadas este año, mientras que de enero a junio de 2021 se reportaron 295 crímenes.  

La búsqueda 

Rosario Mendoza* vive en la colonia Villa Lobos II, zona 12 de Villa Nueva, un lugar declarado por la Policía Nacional Civil (PNC) como área roja por la incidencia criminal que persiste debido a la lucha entre pandillas y otros fenómenos criminales.  

Ella espera paciente afuera de la morgue del Inacif. Busca a su hijo de 19 años, quien desapareció desde aquel infausto domingo 10 de julio. Ha ido a hospitales, colonias cercanas, cementerios y como última instancia la morgue, porque quiere encontrar a su hijo, quien desapareció desde el mediodía.  

Supone lo peor, aseguró, aunque quiere descartar que su familiar sea una víctima más de la violencia homicida que se vive en el país. Espera hallarlo con vida, aunque está consciente de la situación.  

EN ESTE MOMENTO

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

Reformas al IUSI prometen menos impuestos, pero expertos advierten riesgos para servicios municipales

Y no es la única. A diario, al mismo lugar, y en otras morgues del país, se repite el patrón de la búsqueda de personas desaparecidas.  

Para la coordinadora del área de ciudadanía y violencia del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Karla Campos, el tema de las desapariciones no es nuevo y es algo que sigue doliéndole a la población guatemalteca.  

“Si le preguntamos a cualquier víctima, ya sea del pasado o del presente, cuando se le desaparece una persona, las implicaciones psicológicas son exactamente las mismas. Demasiada angustia y dolor por esa ausencia e incertidumbre”, expresó.  

Agregó: “Una falencia que tenemos como Estado es que no hay un sistema de búsqueda para los hombres adultos, y que suponen una mayoría en este tema”.  

En el caso de las mujeres, expresó Campos, está la Isabel-Claudina y para niños y niñas la Alerta Alba-Keneth, y eso ayuda muchas veces para tener luz en el tema, aunque requieren actualizaciones urgentes.   

#Suchitepéquez| Dos cadáveres de sexo masculino con señales de tortura fueron hallados en el km 159 CA2, ingreso a la circunvalación de #Mazatenango

Trasladados al @INACIFGT como XX ya que no portaban documentos. @prensa_libre @Guatevision_tv @RBCNoticiasGT pic.twitter.com/Hldo9vmcgS

— Marvin Túnchez (@MTunchez_19) February 18, 2022

Aun así, con la fundación del Inacif, la identificación de cadáveres ha mejorado y se ha reducido esa brecha histórica de inhumaciones como XX. 

Las inhumaciones XX 

Antes de la creación del Inacif la tarea por identificar se hacía complicada no solo por la falta de tecnología, sino por el pasado que dejó el Conflicto Armado Interno. 

Sin embargo, desde hace 14 años la brecha por las inhumaciones XX se ha reducido debido a la tecnología, estudios y análisis que hace el personal del Inacif, según el director de morgues del Inacif, Elmar González.  

De 2008 a mayo de 2022 la institución sepultó a 6 mil 413 personas como XX, entre hombres, mujeres e indeterminados, según la clasificación que hacen. 

Hombres inhumados como XX suman 4 mil 823, mientras que las mujeres alcanzan la cifra de 993. Los indeterminados, que corresponden a osamentas, restos óseos y cadáveres en estado de putrefacción, suman los 597. 

#CoronavirusGT Según Salud, hasta el 6 de septiembre habían sido inhumadas 929 personas por coronavirus en el Cementerio La Verbena, de estos 71 han sido inhumadas como XX. Junio y julio fueron cuando más entierros se registraron, entre 10 y 15 diarios pic.twitter.com/HZtNqsVYMk

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 7, 2020

Del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo el Inacif practicó 54 mil 342 necropsias, en las cuales han utilizado como métodos para esclarecer la identidad de las personas el Documento Personal de Identificación (DPI), 48 mil 819; el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (Afis, en inglés), 7 mil 739; genética forense, 470; antropología forense, 8; y mil 306 no identificados e inhumados por la institución. 

El top cinco de los rangos de edad de las necropsias lo ocupan los casos en que “no indican edad” con 501, seguido de menores de un año, 152; de 18 a 30 años, 176; de 31 a 40 años, 164; y de 61 años en adelante, 108.  

Guatemala, Petén, Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Chiquimula, Alta Verapaz y Sacatepéquez son los diez departamentos que suman más casos de cadáveres levantados como XX, entre enero de 2017 y mayo de 2022. El 60% son hombres, el 12% mujeres y 27% indeterminados.  

Las cinco principales causas asociadas a hechos criminales – en investigación – en esa misma fecha resaltan por heridas por proyectil de arma de fuego, arma blanca, asfixia por suspensión, por ligadura de cuello y por estrangulación.  

Más de mil personas fallecidas por covid-19 han sido inhumadas en el cementerio La Verbena de la capital. https://t.co/FWdUJaMq50

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 16, 2021

Mientras que las causas asociadas a accidentes de tránsito, a enfermedad común y sus complicaciones – en estudio de investigación – las dividen en intoxicaciones, asfixias por broncoaspiración y asfixias por soterramiento. Además, traumatismos por hechos de tránsito, causas clínicas y en estudio por causa a determinar.  

La tarea científica 

De acuerdo con el director de morgues del Inacif, Elmar González, identificar un cadáver lleva hasta diez días. Aun cuando algunos llegan con una identidad que proporciona el Ministerio Público, indicó, ellos llevan a cabo un proceso de necro identificación, que es bastante minucioso, para dar una certera identidad.  

 En esta tarea se analiza la ropa, cómo iba vestido, que color de zapatos y todos esos detalles que muchas veces se les pregunta a los familiares que reportan a personas desaparecidas, explicó el director de las morgues.  

 “Todos esos datos se documentan para tener un parámetro e incluirlos en la búsqueda que se está haciendo. Luego de eso, el médico hace el examen externo. Esta es una de las pericias más importantes porque es donde se mira la estatura, el peso, los dientes, se observan tatuajes, lunares, cicatrices y todas las características individuales”, explicó.  

 En ese momento, añadió, se toman las huellas dactilares, se hace un estudio de odontología y en algunos casos, que vienen muy degradados, se recurren a estudios de antropología para poder determinar la edad y el sexo. Es un proceso que lleva muchas disciplinas, refirió.  

González asegura que hay otros casos que requieren de más tiempo para identificarlos. Hay casos de cadáveres que llegan quemados, o “que vienen totalmente carbonizados. Hay que buscar un lugar donde se puede extraer el ADN y hay que ver las muestras dentales. Y los casos que vienen en estado de putrefacción también es muy difícil porque ya no hay huellas dactilares o en gente que fallece y no es del país, que son migrantes y no tenemos ninguna base de datos donde poder cotejar sus huellas”.  

Lea también

Gobernación reconoce aumento de violencia y se la atribuye a la nueva normalidad, pero dice que este es un problema social que no depende solo de ellos 

Muchos cadáveres esperan por ser identificados en los cuartos fríos de las diez morgues que hay en el país. A diario llegan personas como Rosario Mendoza* para verificar en la base de datos de Inacif si allí está algún familiar.  

Revisan fotografías de rostros, de tatuajes, de lunares, de prendas de vestir. Y por medio de eso intentan que se identifique al cadáver que aguarda hasta 15 días antes de ser enviado a un cementerio.  

 El registro de Inacif persiste, como la búsqueda de miles de desaparecidos desde hace 14 años. 

El hecho, según el medio local Red 25 Totonicapán, registra que el hecho ocurrió en la plaza del mercado municipal de Totonicapán.

De acuerdo al informe preliminar se trata de una mujer de unos 30 años quien estuvo a punto de ser linchada. Los pobladores, que la vapulearon y le arrancaron la blusa, fue señalada de haber sustraído mercadería y un celular en varios negocios de la localidad.

Los vecinos, enfadaos, la desvistieron y golpearon. Intentaron lincharla, pero luego de un diálogo entre los vecinos y autoridades la entregaron a la PNC destacada en el lugar. Posteriormente la pusieron a disposición del juzgado correspondiente.

Le puede interesar

Colombiano se salva de ser linchado por un grupo de personas luego de ser sorprendido por la PNC cuando tenía retenida a una menor de edad 

El pasado 23 de junio se reportó un hecho violento en el que dos personas murieron torturadas y linchadas por pobladores de la comunidad de Toquián Chico, Tajumulco, San Marcos, lugar que se encuentra actualmente en un estado de Sitio.

Según las versiones preliminares de los pobladores, ambas personas se dedicaban a robar vehículos cercanos al sector.

Sin embargo, se cree que los dos sujetos llegaron a vender un vehículo a aquel lugar. Varios de los videos e imágenes que circulan en las redes sociales muestran los cuerpos de los dos hombres en un terreno baldío mientras una multitud se encuentra alrededor del área.

El hecho fue confirmado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y hasta el momento no se ha podido identificar a las víctimas, ya que presentaban heridas graves y sus cuerpos estaba quemados.

Aún se espera que le Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informe sobre las identidades de estas dos personas.

Lea también

MP desarrolla requisa en cárcel Mariscal Zavala

“En seguimiento a la investigación por la muerte del señor Domingo Choc Che, esta mañana la Fiscalía de Distrito de Petén, con apoyo de la PNC, realiza cinco diligencias de allanamiento en aldea, Chimay, San Luis”, informó el Ministerio Público.

La fiscalía agregó que buscaba ejecutar cinco órdenes de captura contra supuestos responsables de haber participado en la muerte del líder indígena.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de 4 familiares, dos hombres y dos mujeres.

Fueron identificados como Ovidio Ramírez Chub, de 24 años, sus hermanos Edin Arnoldo, de 21; y Magalí Pop Caal, de 27; así como Romelia Caal Chub, de 49 años, prima de los tres anteriores.

Todos son acusados del delito de asesinato.

Choc Che fue víctima de una turba que lo acusó de practicar actos de brujería y lo linchó en la aldea Chimay, San Luis, Petén, un hecho que quedó documentado en videos que circularon por las redes sociales y que causaron indignación.

Varias organizaciones se han pronunciado en contra del hecho y aseguran que Choc era un guía espiritual que formaba parte de la Asociación de Guías Espirituales Mayas.

LE PUEDE INTERESAR

Los árboles con gorgojo del exdiputado Ferdy Elías y un proyecto que incomoda a la comunidad de Sepelá

Además, se han colocado mantas en las que se advierte a delincuentes de que serán sometidos a castigos si son detenidos por pobladores; además, autoridades indígenas dicen que todo delincuente que sea capturado será azotado como parte de un castigo comunitario.

Entre los municipios donde se colocaron mantas de advertencia está Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango y Joyabaj, en esos lugares también se revisan vehículos que no sean de la comunidad y que circulen por las noches.

Marcelino Hernández, vecino de Xatinap Primero, Santa Cruz del Quiché, comentó que desde hace varias semanas se han incrementado los robos, asaltos y extorsiones por lo que decidieron retomar la organización por la seguridad de la comunidad.

“Creemos que después de que se inauguró la carretera a Patzité es más fácil para que los delincuentes se movilicen, porque está a 10 minutos de la cabecera departamental y por eso  decidimos colocar mantas de advertencia para los delincuentes y se formaron las patrullas civiles, indicó Hernández.

Añadió: “agentes de la PNC vinieron a la comunidad y nos dieron una plática sobre la organización civil, en la que no podemos portar armas y lo único que se puede hacer es acompañar a los agentes, pero ellos no llegan a la comunidad y el patrullaje por esta ruta es casi nulo”.

Rosendo López, vecino de Santa Cruz del Quiché, dijo que no permitirán que la delincuencia gane terreno en la cabecera departamental, por lo que se organizaron para patrullar las calles.

López recuerda que son pocos agentes de la PNC los que están asignados a Quiché y muchos autopatrullas están en mal estado, por lo que cree que la organización comunitaria es fundamental para mantener el orden en el pueblo.

Tomás Canil es uno de los vecinos que con el rostro cubierto con un gorro pasa montañas patrulla la plaza central de Chichicastenango, donde se quemó el mercado en un hecho que consideran fue provocado. Además, asegura que la presencia de la Policía es escasa y por eso decidieron organizarse.

TAMBIÉN LEA

Piden Q10 a estudiantes de instituto en Quiché para apoyar a equipo de futbol de la Primera División

Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, explicó que los vecinos se organizaron en patrullas porque es imposible que la PNC cubra en su totalidad algún municipio de Quiché.

“Nosotros azotamos a delincuentes como una corrección, pero en los últimos meses nos hemos percatado que hay muchos que reinciden y eso molesta a la población, estamos en desacuerdo con el linchamiento, pero los vecinos están cansados de estar cuidándose entre ellos.

Flavio Ruiz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quiché, dijo que esas acciones de parte de la población son el resultado de la ausencia del Estado.

“Los vecinos han tomado la justicia en sus manos porque no hay presencia de la PNC. En algunos casos hay 12 agentes en una subestación, donde la mitad descansa y el resto debe dar seguridad a miles de personas”, refirió Ruiz.

Agregó: “los niveles bajos de criminalidad en Quiché no son porque las autoridades ejerzan control en la comunidades, sino porque desde que finalizó el conflicto armado interno los vecinos decidieron tomar la seguridad en sus manos, lo preocupante es que en cualquier momento se pierda el control y se linche a alguna persona”.

Reynabel Samayoa, gobernador departamental, dijo que ha girado instrucciones para aumentar los patrullajes de la PNC, aunque fue claro con que el departamento es extenso ante la cantidad de personal que hay.

“Logramos que regresará la PNC a Zacualpa y Cunén, de donde había sido expulsada por los pobladores”, refirió Samayoa, quien agregó que ese tipo de patrullajes son ilegales.

LE PUEDE INTERESAR:

Cómo afecta el estado de Sitio en Izabal al turismo

De acuerdo con los señalamientos que hicieron los vecinos, los hombres dispararon contra negociantes locales de cardamomo, hiriendo a uno de ellos.

Con palos y machetes, vecinos buscaron a los supuestos asaltantes, quienes les habían robado Q65 mil a los cardamomeros, los vapulearon y les prendieron fuego.

La Policía informó que al llegar al lugar tomaron control de la situación y trasladaron a los dos hombres, heridos, a la subestación local.

Livingston fue agregado al estado de Sitio decretado a raíz de los incidentes en Semuy 2, El Estor, donde murieron tres miembros del Ejército guatemalteco. En ese municipio fue asesinado el alcalde electo, Luis Xol, y su hermana el 19 de agosto de 2019.

Contenido relacionado

Pobladores linchan a un hombre en San José Nacahuil

> Linchamientos son un síntoma de debilidad del Estado

> El fracaso del Estado da lugar a los linchamientos

La turba se había reunido allí luego de que el nombre del presunto violador se diseminara rápidamente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. El joven, alertado, se había escondido en casa de un amigo.

Sin embargo, lo que no sabían los enardecidos vecinos es que la víctima de abuso -el niño- ya había descartado que ese fuera su agresor.

Los trágicos hechos ocurrieron el lunes y ahora hay cuatro personas detenidas -tres hombres y una mujer- por el linchamiento.

En tanto, aún no se ha podido dar con el verdadero culpable del crimen contra el menor.

Dos policías estuvieron presentes durante el linchamiento, pero según el jefe de la policía del lugar “no pudieron hacer nada” para frenar el delito.

Información “distorsionada”

“La información empezó a circular de manera distorsionada”, explicó al diario digital Infobae Martín Cárcamo, fiscal a cargo de la causa de abuso.

Cárcamo señaló que los vecinos del barrio Fracción 14 dieron por hecho que el agresor era un joven de 21 años, vecino de la zona, que ya había tenido altercados con gente del barrio.

Los vecinos decían que el muchacho tenía antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, pero según el fiscal los registros penales locales no revelaron ninguna causa, al menos en los últimos tres años.

El joven debió ser escoltado por la policía para evitar que él también fuera atacado y fue llevado a la comisaría para garantizar su protección, contó Cárcamo.

“Tenemos confirmado que en el momento del hecho (del abuso contra el menor) el joven estaba trabajando”, señaló a la prensa, por su parte, el ministro de Gobierno de la patagónica provincia de Chubut, Federico Massoni.

“Una locura total”

“Esto es una locura total producto del manejo irresponsable de las redes sociales, que empezaron a señalar a una persona”, denunció Massoni.

El subjefe de la Policía de Chubut, Néstor Gómez Ocampo, dio detalles del ensañamiento con el que actuó la pueblada.

Dijo que la turba logró “arrebatar de las manos” de la policía a la víctima del linchamiento y que los efectivos evitaron que dos autos lo atropellaran.

También contó que uno de los agresores “pretendía atarlo con una soga para arrastrarlo por la calle”, lo que también fue impedido por la policía.

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia resaltó que el linchamiento “dificultó la tarea investigativa (del abuso contra el menor) pudiendo incluso haberse eliminado evidencias como consecuencia de la intervención desbordada de los vecinos”.

En tanto, las autoridades de Chubut informaron que iniciaron una investigación “para determinar la responsabilidad policial” en el hecho.

Preocupación

Este viernes, el diario Clarín informó que una jueza en Comodoro Rivadavia decidió suspender las salidas transitorias de un condenado por abuso sexual -a quien se le había permitido salir de prisión para asistir a la universidad- por temor a que fuera linchado.

La magistrada señaló que estaban circulando mensajes en redes sociales “que llamaban a matarlo”.

En los últimos años ha habido en Argentina varios casos de linchamiento o intento de linchamiento contra sospechosos de cometer delitos, en especial ladrones detenidos por vecinos mientras intentaban llevar a cabo un asalto.

• Lo que hay detrás de los linchamientos en Argentina

Ahora las autoridades están preocupadas de que las redes sociales potencien más casos de “justicia por mano propia”..

LEA TAMBIÉN

Linchamientos son un síntoma de debilidad del Estado

Al procesado también se le acusa de haber incendiado una motocicleta propiedad de la PNC. El jueves, después de que fue detenido, compañeros manifestaron y bloquearon el paso del bulevar frente al Juzgado de Mixco por su inconformidad con la captura.

El procedimiento que se desarrollará este viernes es la audiencia de primera declaración en donde la parte acusadora mostraría los indicios para que quede ligado a proceso.

Hasta el jueves por la tarde, el Ministerio Público aún no contaba con medios de investigación como videos y actas de defunción por lo que se programó para el viernes la audiencia. El sindicado permanece en las carceletas de esa judicatura.

Temor

Mientras se dilucida su situación legal, la circulación de taxis en el bulevar El Naranjo disminuyó este viernes, un día después de los violentos sucesos, que dejaron como saldo la muerte del taxista Fardy Mayén Pérez Miranda, así como de los supuestos victimarios, Roger Ronald Gómez y Edwin Herrera, quienes fueron quemados por una turba de enardecidos pilotos de taxi.

Usuarios comentaron que existe temor en abordar esos vehículos que se han convertido en un medio de transporte para los vecinos de las colonias de ese sector de Mixco, quienes, en principio, sintieron que era una forma más segura de transportarse, pero que con el paso del tiempo también han sido víctimas de extorsionistas.

Algunos afirmaron que hay amenazas de venganza por parte de los delincuentes producto del linchamiento de los dos hombres ayer, motivo por el cual también disminuyó la circulación de taxis.

Al final del bulevar El Naranjo, en al 27 calle, zona 4 de Mixco, agentes de la Policía Municipal hacen vigilancia, algunos hablaron con la condición de que no se revelara su nombre, de que solo cinco taxis trabajaron este viernes y en que en las próximas horas serán llevados al área jeeps para dar seguridad.

Contenido relacionado

> Juez Miguel Ángel Gálvez acepta casi todas las pruebas del caso La Línea

> Mujer sentenciada por extorsión declara como testigo en caso Botín Registro de la Propiedad

> Solicitan audio de la audiencia donde juez ordenó captura de Thelma Aldana

LEA TAMBIÉN

Matan a tres mototaxistas y a una mujer

Para el analista Lizandro Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la “debilidad y fragilidad del Estado” generan que la población cometa linchamientos, hechos que que, como en el caso ocurrido este jueves, pueden obedecer a aumentos cíclicos de inseguridad provocada por las extorsiones, ya que los grupos criminales suelen incrementar el cobro de estas en ciertas épocas del año.

La debilidad del Estado queda demostrada, según Acuña, en la falta de equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes muchas veces terminan poniendo de su bolsa los gastos para movilizarse. También en la mora judicial que se refleja en que el Ministerio Público (MP) tenía hasta hace poco un millón 200 mil casos pendientes de resolverse de los cuales el Organismo Judicial no había emitido sentencias en el 48 por ciento.

Según Acuña, la desesperación de las víctimas de extorsionistas hace que caigan en actos de violencia, los cuales no son la solución, puesto que esta genera más violencia y hace que quienes intentan “hacer justicia” de esta forma se conviertan en delincuentes al quitarle la vida a otra persona.

Lea también: Con una bomba intentan robar cajero automático en Villa Nueva

Aunque de acuerdo con cifras oficiales se ha registrado un descenso de la violencia, Acuña resalta que los guatemaltecos continúan sintiéndose inseguros lo cual es fundamental; además, no contribuye el que las instituciones, MP, PNC e Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de no se ponen de acuerdo a la cantidad definitiva de homicidios al año.

Los hechos

La mañana del jueves pasado se produjeron hechos violentos al final del bulevar El Naranjo y 27 calle, zona 4 de Mixco.

Todo comenzó cuando dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos al piloto de un taxi, según las primeras investigaciones fue por un caso de extorsión.

Los supuestos sicarios luego de atacar al taxista intentaron huir, pero fueron copados por un grupo, aparentemente compañeros de la víctima, y luego de vapulearlos les rociaron gasolina y les prendieron fuego.

Tanto el taxista como los presuntos atacantes fueron trasladados a distintos centros asistenciales donde fallecieron. El primero fue identificado como Fardy Mayén Pérez Miranda, mientras que los dos linchados como Roger Ronald Gómez Carrillo, de 23 años, y Edwin Herrera, 19.

Lea también: Se incendian apartamentos en edificio de la zona 15, se registran varios intoxicados

Horas después de los hechos la PNC capturó a Edy Guillermo Sánchez, 26, sindicado de participar en la turba y fue trasladado al Juzgado de Mixco, inmediatamente un grupo de taxistas se dirigió hacia ese lugar a manifestar su descontento y a exigir su liberación. Por varias horas bloquearon el bulevar frente al juzgado.

Sánchez, al parecer, figuraba en uno de los tantos videos y fotografías del suceso que circularon en las redes sociales, y se veía supuestamente cuando agredió y prendió fuego a los sospechosos.

Normalización de la violencia

El linchamiento ocurrió frente a una iglesia mormona. En ese lugar, mientras los vehículos circulaban con normalidad los espectadores aprovechaban para tomar fotos y video del suceso.

Según Juan Orlando Velásquez, investigador de la División de Investigaciones de la PDH, la violencia se ha normalizado a tal punto que un linchamiento, “un acto deleznable que no se puede tolerar”, ha sido recurrente por la permisividad del Estado.

Lea también: Matan a hombre en la calzada Roosevelt

“Vemos una normalización de la violencia y las personas creen que pueden responder con más violencia en estos casos”, puntualizó Velásquez.

Al tratar de explicar por qué la turba exigía la liberación del hombre sindicado del linchamiento, Velásquez precisó que existe una desconfianza en las autoridades por los altos niveles de impunidad y debido a que desde la firma de los acuerdos de paz el Estado no fortaleció al sistema de justicia.

Sumado a ello, agregó Velásquez, Guatemala vivió una larga etapa de conflicto armado interno que, aunque no tiene que ver directamente con los linchamientos, fracturó a la sociedad y abrió la posibilidad de que esta se transformara violenta.

Lea también: Desarticulan a banda que ofrecía servicios de seguridad de manera anómala

“En los últimos cinco años el fenómeno se ha movido más hacia la capital incluso en centros universitarios, es un fenómeno social y hay inconformidades e insatisfacciones sociales no cubiertas que llevan a esas acciones extremas”, subrayó.

Muchos han muerto

El informe Retenciones multitudinarias, vapuleos y linchamientos, elaborado por la PDH, señala que desde el 2005 hasta el 2019 han sido linchadas 431 personas y dos mil 366 fueron vapuleadas y quedaron heridas.

La mayoría de las muertes por linchamiento se produjeron en la capital (103), seguido de Huehuetenango (77), Quiché (39) y San Marcos (34).

Contenido relacionado

> Así vapulearon a un hombre que intentó robar en la Calzada Roosevelt

> PNC rescata a supuestos delincuentes vapuleados en Mixco

> Vecinos vapulean a dos hombres que intentaban robar una tienda

LEA TAMBIÉN

Con una bomba intentan robar cajero automático en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil indicó que otro taxista, Edy Guillermo Sánchez, de 26 años, fue detenido, sindicado de ser parte de la turba que vapuleó y quemó a los dos hombres que habrían atentado en contra de Pérez Miranda sobre el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco.

La PNC informó que el detenido habría incitado al resto de la turba a prenderle fuego a los supuestos sicarios, Roger Ronald Gómez Carrillo, 23, y Edwin Herrera, 19, quienes fallecieron en el Hospital General San Juan de Dios puesto que presentaban quemaduras de primer grado en casi todo el cuerpo.

“Según versiones de personas que se encontraban en el lugar, los vapuleados son los responsables del incidente armado en el cual resulta herido el señor Fardy Mayén Pérez Miranda”, precisó la institución policial en una comunicación con los medios.

Añadió que Sánchez sería el responsable de incendiar una motocicleta propiedad del Ministerio de Gobernación, pues el linchamiento ocurrió bajo la presencia de varios agentes policiales.

En el lugar, aparte de la motocicleta incendiada, quedó el taxi que conducía Pérez Miranda y otra moto, donde los supuestos sicarios pretendían escapar.

Horas después de la detención, un grupo de taxistas se aglomeró sobre la entrada principal del Juzgado de Mixco y bloqueó el paso de vehículos en protesta por la captura Sánchez, mientras exigía su liberación. La Policía de Tránsito llegó al lugar y trata de dialogar con los inconformes.

El hecho se produjo entre 8 y 9 de la mañana en el Bulevar El Naranjo y 27 calle, zona 4 de Mixco, frente a una iglesia mormona y causó embotellamiento en el sector.

Linchamientos

De acuerdo con el Informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Guatemala 2018, entre enero y noviembre de ese año, la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó que hubo ocho linchamientos.

La cifra disminuyó en relación al 2018, cuando, en el mismo periodo hubo 28, mientras que en el 2016 se registraron 11 linchamientos.

Según expertos en seguridad, la falta de aplicación de la justicia, poca atención a población afectada por la violencia, además de no priorizar políticas públicas de prevención, contribuyen a que se produzcan los linchamientos y que, lejos de desaparecer, sea la única defensa para algunos grupos, por lo cual se corre el riesgo de que la práctica continúe durante generaciones.

La falta de respuesta estatal es generalizada, y por ello los linchamientos no son exclusivos de poblaciones indígenas.

Contenido relacionado

> Pasajero frustra asalto y deja un delincuente muerto y otro herido

> Cámara capta a hombre cuando se roba focos de un negocio en Cobán

> Accidente deja 4 muertos en autopistas Palín-Escuintla

LEA TAMBIÉN

El fracaso del Estado da lugar a los linchamientos

Indicaron que, de acuerdo con testigos, dos hombres en motocicleta balearon al taxista, que resultó herido. Los aparentes agresores fueron llevados al Hospital General San Juan de Dios.

Los tres perdieron la vida a eso del mediodía.

Cuando los hombres, presuntos pandilleros de la Mara 18, intentaron escapar fueron alcanzados por una turba que después de golpearlos les prendieron fuego. En el lugar quedó la motocicleta donde los sicarios pretendía huir, así como un taxi azul que manejaba la víctima.

También quedó quemada una motocicleta de la PNC, que hasta el momento no está claro el por qué fue incendiada.

El hospital informó que los presuntos agresores fueron identificados como Roger Ronald Gómez Carrillo, de 23 años, y Edwin Herrera, 19, que tenían quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

El taxista identificado como Fardy Mayén Pérez Miranda.

Lea también: Desarticulan banda que prestaba servicios de seguridad particular de forma irregular

Contenido relacionado

> Matan a hombre en Calzada Roosevelt

> El accidente en el Periférico que causó grandes embotellamientos en el inicio de la semana

> Se incendia edificio de apartamentos en la zona 15

En cada ocasión, el prisionero de Malawi, que había sido condenado a muerte, se salvó porque el verdugo interrumpió su “trabajo” antes de ahorcar a todos los reos en su lista.

Kaula logró sobrevivir hasta que el país africano anunció el fin de las ejecuciones de prisioneros.

El detenido había sido sentenciado a muerte en 1992, cuando el dictamen obligatorio ante un delito de asesinato era la pena de muerte.

Pero Kaula siempre defendió su inocencia y aseguró haber sido acusado por “vecinos envidiosos”.

“Tiempos de sufrimiento”

Kaula creció en una pequeña aldea de Malawi y emigró a Sudáfrica para trabajar en la industria del gas en Johanesburgo.

Con el dinero que pudo ahorrar regresó a Malawi donde compró un terreno y pasó a emplear a cinco trabajadores para cultivar frutas, trigo, maíz y yuca.

“En ese momento comenzaron mis tiempos de sufrimiento”, relató Kaula.

Sus vecinos, según asegura, atacaron a uno de sus trabajadores y lo dejaron con serias lesiones. El hombre no podía caminar sin ayuda y Kaula lo acompañó al baño por un camino de piedras resbalosas un día que diluviaba.

Pero Kaula mismo resbaló y se cayó junto a su empleado, quien luego murió en el hospital.

Fue entonces que con poco más de 40 años de edad fue acusado de asesinato.

Cuando tuvo lugar el juicio, los vecinos de Kayla testificaron en su contra.

Su madre, Lucy, quien estaba sentada en las últimas filas de la sala, no pudo oír la sentencia y preguntó qué sucedía.

“Las lágrimas no paraban de brotar de mis ojos y me bañaban el pecho“, señaló Lucy, al recordar el momento en que le dijeron que su hijo había sido condenado a muerte.

“Comienza a rezar”

El veredicto tuvo lugar en el último período del gobierno totalitario de Hastings Banda, el mandatario que había controlado el país africano desde 1964.

Kaula recuerda bien el horror de esperar su turno en lo que llama “la máquina de la muerte”.

“Cuando me dijeron: ‘ahora ve a la sección de los condenados a esperar tu turno para que te ahorquen’ sentí en ese momento que ya estaba muerto”, relató.

En aquella época sólo había un verdugo, un ciudadano sudafricano que viajaba entre varios países de la región ejecutando sentencias de muerte por horca.

Cuando el verdugo llegaba a Malawi, cada dos meses, los condenados a muerte sabían que su tiempo se había agotado.

Un día un guarda dijo a Kaula que su nombre estaba en la lista de 21 prisioneros que serían ahorcados ese día a partir de las 13:00. “Comienza a rezar”, agregó el guarda.

Las ejecuciones continuaron hasta las 15:00, cuando el verdugo se detuvo. Las últimas tres personas en la lista, incluyendo a Kaula, deberían esperar hasta su regreso.

“El verdugo era la única persona que operaba la máquina. Y ese día, según entiendo, dijo simplemente ‘es demasiado, sigo cuando regrese el mes entrante“.

Lo mismo ocurrió en otras dos ocasiones. Kaula estaba en la lista de ejecuciones, pero el verdugo se detuvo antes de llegar al final.

En la última ocasión, todos los prisioneros fueron ahorcados menos Kaula.

Fue afortunado, asegura, pero la experiencia fue tan traumática que intentó suicidarse dos veces.

Caso histórico

Cuando un nuevo gobierno democrático fue elegido en 1994 en Malawi, todas las ejecuciones fueron suspendidas.

Los jueces aún dictan la pena capital, pero ningún presidente ha autorizado una ejecución en los últimos 25 años.

Los condenados a muerte usualmente languidecen durante años en la cárcel, o sus sentencias son conmutadas por prisión perpetua.

Kaula fue transferido de la sección de condenados a muerte a la sección principal de la Prisión Central de Zomba, y todo indicaba que pasaría allí el resto de su vida.

El prisionero se involucró en programas educativos, enseñando y estudiando, pero no tenía ninguna esperanza de ser liberado.

Sin embargo, en 2007, casi un cuarto de siglo después de ser arrestado, un caso histórico cambió su destino.

Un drogadicto que admitió haber matado a su hijastro y esgrimió en su defensa “locura temporal”, presentó una demanda en contra de la pena de muerte obligatoria.

Su argumento era que la pena capital preceptiva violaba tanto el derecho a un juicio justo como el derecho a protección de trato inhumano y degradante, ambos garantizados en la constitución de Malawi.

El tribunal falló en su favor y dictaminó que había distintos grados de culpabilidad en diferentes asesinatos, por lo que los niveles de castigo también debían ser diferentes.

El fallo obligó a revisar todas las condenas automáticas a la pena de muerte.

“No podía ponerme de pie”

De 170 prisioneros cuyas sentencias de muerte deben ser revisadas, 139 ya han sido liberados.

De acuerdo a la organización internacional defensora de los derechos de prisioneros Reprieve, “Indulto”, muchos de los condenados que fueron liberados tenían problemas mentales y discapacidades intelectuales.

En más de la mitad de los casos revisados, no había registros de audiencias anteriores y ni siquiera estaba claro por qué los condenados estaban en prisión.

Cuando los abogados responsables de las revisiones quisieron llevar a Kaula ante un tribunal, el prisionero dudó en un principio. Estaba aterrado de enfrentar la justicia otra vez luego de su primera experiencia, pero finalmente cedió.

Y cuando un juez le dijo que estaba en libertad y podía irse, Kaula se quedó atónito.

“El guardia del tribunal me dijo que podía abandonar el banquillo de los acusados. Pero no podía ponerme de pie. Estaba temblando, tenía debilidad en todo el cuerpo“, relató.

“Me parecía que estaba soñando. No podía creer lo había dicho el juez”.

“Comencé a saltar como un corderito”

Kaula no fue la única persona cuya vida cambió con ese dictamen.

Su madre lo había visitado en prisión cada año. Lucy trabajaba en cultivos de algodón y juntaba sus ahorros de todo un año para pagar el pasaje hasta la cárcel en la localidad de Zomba, siempre cargando todas las provisiones que podía.

El día en que Kaula quedó en libertad su madre no estaba en la audiencia, pero sí su hijo menor. Cuando él llamó a Lucy para comunicarle la noticia, no podía creer lo que había escuchado.

“Pero luego comencé a saltar como un corderito, un corderito muy joven, mi corazón estaba lleno de alegría“.

Kaula vivió inicialmente en un centro de adaptación a la vida en libertad, donde aprendió nuevos oficios. Con más de 60 años, era la persona de mayor edad que había pasado por el centro.

El exprisionero sigue asistiendo al centro los fines de semana como voluntario, para ayudar a otros liberados que viven una experiencia similar.

La tierra que Kaula cultivaba hace décadas está abandonada y cubierta de malezas. Su esposa murió y sus seis hijos, ahora adultos, viven en otras partes de Malawi.

Kaula vive solo, pero cuida con dedicación a su madre de más de 80 años.

“Cuando estaba en prisión lo que más me preocupaba todo el tiempo era mi madre”, señaló el exprisionero.

Soy su hijo mayor y haría cualquier cosa por ella. Ahora que estoy de regreso, no le permito que realice trabajos pesados. No la dejo que vaya a los campos de cultivo. Ésa es mi responsabilidad.”

¿El nuevo proyecto de Kaula? Construir una casa de ladrillo para compartir con su madre.

Cordero, de 75 años, se acercó más a la puerta y se asomó.

Decenas de personas se amontonaban en la principal calle del pueblo. Y el número no paraba de crecer. Pronto, ya sumaban más de un centenar. La mujer no recordaba haber visto una muchedumbre así fuera de los periodos festivos.

Una patrulla que llevaba a dos hombres a un pequeño calabozo pasó frente a su establecimiento. El vehículo era seguido por más gente y los gritos que acusaban a los detenidos de ser secuestradores de niños empezaron a aumentar.

Del otro lado de la reja que está en la entrada de la comisaría, los agentes les respondían que los hombres no habían raptado menores sino que habían cometido un delito menor. Lo repetían una y otra vez mientras la multitud seguía creciendo.

Dentro de la estación, estaban Ricardo Flores, de 21 años, que había crecido a las afueras de Acatlán pero se había mudado a Xalapa, a 250 kilómetros al noreste, para estudiar Derecho. Junto a él estaba su tío, Alberto Flores, de 43 años, un granjero que había residido durante décadas en una pequeña comunidad al lado de Acatlán.

Ricardo había vuelto recientemente para visitar a sus familiares, quienes aseguran que junto a su tío había ido a comprar material de construcción para terminar un pozo de cemento. La policía afirmó que no había pruebas de que hubiesen cometido ningún crimen y que habían sido llevados a la comisaría por “alteración del orden”, después de haber sido abordados por residentes locales.

• Queman vivos a dos hombres en México tras ser erróneamente acusados de “robar niños”

Pero la multitud estaba convencida de una versión diferente de origen desconocido que se esparció a través de la aplicación de mensajes privados WhatsApp.

“Por favor, todos estén alerta porque una plaga de secuestradores de niños entró en el país”, dice el mensaje que pasó de teléfono a teléfono.

“Al parecer, estos criminales están involucrados en el tráfico de órganos… En los últimos días, desaparecieron niños de 4, 8 y 14 años, y algunos fueron encontrados muertos y con signos de que se les habían extirpado órganos. Sus abdómenes habían sido abiertos y estaban vacíos”.

Ricardo y Alberto habían sido vistos cerca de una escuela primaria llamada San Vicente Boquerón, así que el miedo colectivo los convirtió en esos secuestradores de menores que habían surgido en el imaginario de los habitantes de Acatlán.

La noticia de su detención corrió tan rápido como el mensaje falso de WhatsApp.

La muchedumbre que acudió a la comisaría fue convocada en parte por Francisco Martínez, un antiguo residente del pueblo conocido como el Tecuanito.

Según los agentes, Martínez fue uno de quienes difundieron los mensajes en Facebook y Whatsapp acusando a Ricardo y a Alberto. Fuera de la estación, empezó a transmitir con su celular en directo por Facebook imágenes de lo que acontecía.

“Gente de Acatlán de Osorio, Puebla, por favor vengan a mostrar su apoyo”, le dice a la cámara. “Créanme, los secuestradores están aquí ahora”.

Mientras Martínez intentaba congregar a la población, otro hombre, a quien la policía solo identifica como Manuel, trepó al techo del edificio de estilo colonial donde se ubica la municipalidad, al lado de la comisaría, y tocó las campanas del gobierno para alertar a los habitantes de que la policía planeaba dejar en libertad a Ricardo y Alberto.

Un tercer hombre, Petronilo Castelán, el Paisa, usó un altavoz para llamar a todos los ciudadanos a aportar dinero para comprar combustible y prenderle fuego a los detenidos. Se puso a caminar entre la gente recolectándolo.

En su tienda, Maura Cordero observaba con miedo, hasta que oyó a alguien fuera diciendo que había que correr porque la muchedumbre iba a quemar a los dos hombres. “¡Querido Dios, esto no es posible!”, pensó.

Poco después, la multitud se unió con un solo objetivo. Forzaron la estrecha reja de la comisaría y arrastraron a Ricardo y Alberto Flores fuera. Mientras la gente levantaba sus celulares para grabar lo que sucedía, los hombres fueron empujados al suelo hasta la base de una escalera de cuatro peldaños y golpeados salvajemente. Luego, les echaron encima el combustible.

Los testigos creen que Ricardo ya había fallecido debido a los golpes, pero su tío Alberto aún estaba vivo cuando les prendieron fuego. En los videos se ven sus extremidades moviéndose lentamente mientras las llamas las rodean.

Los cuerpos carbonizados permanecieron en el suelo dos horas después de ser quemados, mientras los fiscales estatales llegaban desde Puebla, y el hedor del combustible se quedó en el aire.

Petra Elia García, la abuela de Ricardo, fue llamada a la escena para identificarlos. Asegura que todavía había lágrimas en las mejillas de Alberto. “¡Miren lo que les hicieron!”, les gritó a quienes habían formado parte de la multitud y todavía estaban allí.

“Es una de las cosas más horrorosas que alguna vez haya sucedido en Acatlán”, dijo Carlos Fuentes, un chofer que trabaja en una parada de taxi cercana a la comisaría. “Las columnas de humo se podían ver desde cualquier parte del pueblo”.

Un pueblo de emigrantes

La carretera que lleva a Acatlán cruza campos de maíz y caléndulas. Árboles con mangos, higos y nueces crecen en los vastos solares de los granjeros locales.

La mayoría de familias del pueblo dependen de las remesas que les envían los familiares emigrados a Estados Unidos.

Como muchas otras localidades de México, ha vivido un éxodo de miles de ciudadanos que partieron al norte en busca de mejores oportunidades.

Entre esos emigrantes, a principios de la década del 2000, estaban María del Rosario Rodríguez y José Guadalupe Flores, que se fueron del país con la esperanza de poder ofrecer mejores condiciones de vida a los dos hijos que habían dejado atrás, José Guadalupe Jr. y su hermano menor, Ricardo.

Los dos niños, de 7 y 3 años, se quedaron con su abuela, Petra Elia García, en Xalapa, en el estado de Veracruz.

Sus padres fueron de ciudad en ciudad en los Estados Unidos antes de establecerse en Baltimore, en la costa este. María se convirtió en una empleada doméstica y José Guadalupe, un obrero de la construcción, y tuvieron una tercera hija, a la que llamaron Kimberley. Mantuvieron el contacto con los mayores a través de Facebook y Facetime.


Hasta que el 29 de agosto, María recibió una serie de mensajes a través de Facebook que al principio parecían una pesadilla. Una amistad cercana de Acatlán le contaba que su hijo Ricardo había sido arrestado y que era sospechoso de haber secuestrado menores.

Pensó que era un error. Ricardo nunca se involucraría en algo así.

Pero los mensajes seguían llegando. Luego, le enviaron un enlace de Facebook a una transmisión en directo. Cuando entró, vio a una muchedumbre y luego a su hijo y a su hermano siendo golpeados por esta.

En vano, dejó un comentario. “Por favor, no les hagan daño, no los maten, no son secuestradores de niños”, recuerda que escribió. Pero su súplica no surtió efecto y observó con horror cómo les echaban combustible.

La misma tecnología que le permitió a un hombre en Acatlán convocar a una muchedumbre para matar a su hijo y su hermano, le permitió a ella verlos morir.

Ese mismo día, María, José Guadalupe y Kimberley regresaron a Acatlán por primera vez en más de una década. Allí, se reunieron con Jazmín Sánchez, la viuda de Alberto, que también había visto lo sucedido a través de Facebook.

Durante décadas, Jazmín y Alberto habían vivido a solo 14 kilómetros de Acatlán, en Xayacatlán de Bravo. Cada día, Alberto iba a trabajar en los campos de maíz que habían cultivado en el terreno que tenía en la cercana localidad de Tianguistengo. Cuando murió, dejó una pequeña casa a medio construir pensada para su esposa y sus tres hijas.

“Era un buen hombre, no se merecía morir de esa forma”, afirma Jazmín mientras se aferra a una gorra, una correa y una billetera que le había pertenecido a su marido.

El muro de silencio

María y José Guadalupe regresaron a otra casa pequeña en Tianguistengo que habían dejado para sus hijos cuando se fueron a Estados Unidos. Allí, María recuerda a Ricardo.

Le gustaban las mariposas y correr a través de los campos de maíz que había alrededor. Se fue a estudiar Derecho porque quería defender a la gente de las injusticias.

“Ellos nos lo arrebataron y él ni siquiera nos había dejado una criatura para que se la cuidáramos”, lamenta.


En Acatlán, la familia se encontró con un muro de silencio.

Con la excepción de Maura Cordero, los comerciantes aseguran haber estado fuera del pueblo cuando el linchamiento sucedió o dicen que cerraron sus tiendas y huyeron, o que ni siquiera las abrieron ese día, pese a que no era festivo.

“Nadie quiere hablar sobre eso”, cuenta Fuentes, el taxista. “Y la gente que estuvo involucrada de manera directa ya no está aquí”.

Según las autoridades estatales, cinco personas han sido acusadas de haber instigado el crimen y cuatro más, de haberlo ejecutado. Martínez, quien hizo la transmisión en directo, Castelán, quien recaudó el dinero para el combustible y el hombre identificado como Manuel, quien tocó las campanas, se encuentran entre los primeros.

Pero los otros dos instigadores y los cuatro sospechosos se dieron a la fuga, según afirma la policía.

El día posterior a las muertes de Ricardo y Alberto, se celebró un funeral en Acatlán. María cree que había testigos del crimen entre los asistentes.

“¡Miren cómo lo mataron! ¡Todos ustedes tienen hijos! ¡Y quiero justicia para mis seres queridos!”, gritó mientras caían lágrimas por sus mejillas y las cámaras de las televisiones locales y nacionales la grababan.

• La ola de cadenas falsas de WhatsApp sobre secuestros de niños que provocaron un linchamiento en Bogotá

Ahora, la familia vive en Acatlán con miedo, dice María. Temen ir al mercado. “Perdí a mi nieto, que era como mi hijo”, cuenta la abuela de Ricardo. “Los acusaron de ser criminales, sin pruebas”.

María todavía no puede entender cómo la multitud se dejó llevar por la mentira. “¿Por qué no comprobaron? Ningún niño fue secuestrado, nadie puso una queja formal. Era una notica falsa”, lamenta.


Las muertes de Ricardo y Alberto Flores en este pequeño de México no son un hecho aislado.

Rumores y noticias falsas difundidas a través de Facebook y WhatsApp han generado episodios fatales en países como India, Myanmar y Sri Lanka. En India, como en México, la tecnología —WhatsApp permite enviar mensajes encriptados a grandes grupos de personas— ha hecho que estos rumores que siempre han existido ahora de dispersen con mayor velocidad, a una mayor distancia y con una menor responsabilidad.

Las tecnológicas

WhatsApp, que fue adquirida por Facebook por US$19 mil millones en 2014, fue vinculada a una ola de linchamientos en India, a menudo alimentada por falsos recuentos de secuestros de menores.

En el estado de Assam, en junio, en un incidente alarmantemente similar al de Acatlán, Abhijit Nath y Nilotpal Das fueron matados a golpes por unas 200 personas.

Tanto la app como la red social son usadas ampliamente para consumir noticias en México, de acuerdo a un informe de 2018 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo. Según este documento, el 63% de los usuarios de internet en México afirman estar muy preocupados o extremadamente preocupados por la difusión de noticias falsas.

• Los brutales linchamientos por rumores en WhatsApp que sacuden a India

“Las plataformas digitales sirven como vehículos instantáneos para canalizar lo mejor y lo peor de nosotros, incluyendo nuestros miedos y prejuicios”, dice Manuel Guerrero, el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, en México.

“Y eso se hace más evidente en la ausencia de autoridades efectivas que puedan garantizar nuestra seguridad”.

El 30 de agosto, al día siguiente del de los fallecimientos de Ricardo y Alberto, los pobladores de San Martín Tilcajete, en el sureño estado de Oaxaca, intentaron linchar a un grupo de siete hombres. Eran pintores de casas que habían sido falsamente acusados de haber raptado niños. Ese día, la policía fue capaz de rescatarlos.

Un día después, la macabra escena de Acatlán se repitió en Tula, en el céntrico estado de Hidalgo, donde dos hombres inocentes fueron acusados de ser secuestradores de menores, golpeados y quemados vivos.

En Ecuador, el 16 de octubre, dos hombres y una mujer arrestados por supuestamente haber robado US$200 fueron asesinados por una multitud después de que circulara en WhatsApp un mensaje que los acusaba falsamente de ser ladrones de menores.

Y, el 26 de octubre, una muchedumbre en Bogotá mató a un hombre falsamente señalado en WhatsApp como alguien ligado al rapto de un niño.

Debido al blindaje que ofrece WhatsApp con el encriptado de los mensajes, el origen de cualquier cosa que se comparta a través de esa aplicación es imposible de rastrear. En julio, la compañía se resistió a los llamados del gobierno indio para romper esta barrera y permitirles rastrear los mensajes.

WhatsApp ha tomado medidas para intentar detener esta ola, añadiendo una etiqueta a los mensajes que han sido reenviados y limitando a 20 el número de veces que puede ser enviado un mensaje en todo el mundo, menos en India, donde esta cifra se reduce a cinco.

“Creemos que el reto de la violencia colectiva requiere acción por parte de las tecnológicas, la sociedad civil y gobiernos”, le dijo la empresa a la BBC. “Hemos elevado el nivel de la educación para el usuario sobre desinformación y provisto formación para los cuerpos policiales sobre cómo usar WhatsApp como un recurso en su comunidad”.

Un portavoz de Facebook le dijo a la BBC que este año identificaron y retiraron videos que mostraban violencia en el estado mexicano de Puebla.

“Y hemos actualizado nuestras políticas para retirar contenido que pueda generar un daño en la vida real”, afirmó este portavoz.

“Continuaremos trabajando con compañías tecnológicas, la sociedad civil y los gobiernos para luchar contra la difusión de contenido que tenga el potencial de causar daño”.

Al menos 10 gobiernos estatales de México, incluyendo a Puebla, han lanzado ahora campañas de información alertando a los ciudadanos de la ola de mensajes falsos en las redes sociales sobre raptos de menores y la policía de la Ciudad de México ha creado grupos en Whatsapp para permitir una comunicación directa con los residentes de por lo menos 300 vecindarios de la capital.

Los ciudadanos le preguntan a la policía a través de estos grupos para verificar historias y, a su vez, la policía los usa para reunir pruebas contra aquellos que difunden denuncias falsas. También para identificar robos, intentos de extorsión y trata de personas dentro de su jurisdicción.

“Creemos que, de cada 10 crímenes, la tecnología se usa en nueve”, afirma José Gil, el subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Ciudad de México.

“Las redes sociales realmente pueden alterar una comunidad a través de la difusión de información falsa que muchos de nosotros percibimos como verdadera, porque esta nos está siendo enviada por gente en la que confiamos”, dijo.

“La sociedad realmente necesita evaluar lo que es cierto y lo que es falso, y decidir lo que es digno de confianza y lo que no”.

Pura dinamita

Una carencia de fuerzas policiales efectivas y una cultura de impunidad en México hacen que los rumores que incitan a la violencia sean “pura dinamita”, afirma la diputada Tatiana Clouthier. Los linchamientos en Acatlán han puesto en la balanza la privacidad y la libertad de expresión contra un costo terrible, opina ella.

“Pero, ¿a qué le damos prioridad? Tenemos que darle prioridad a la libertad de expresión pero, ¿dónde está el límite? Y ese es un tema en el que ninguno de nosotros se quiere meter porque nadie quiere recortar la libertad de expresión, pero no podemos permitir la desinformación. La situación a la que nos estamos enfrentando es muy peligrosa”.

La tarde del 24 de octubre, casi dos meses después del linchamiento, un grupo de unos 30 familiares de Ricardo y Alberto se reunieron bajo el sol de la Iglesia del Calvario en Acatlán para celebrar una misa en su honor.

La misa duró una hora, el cura bendijo dos cruces metálicas que las familias le habían llevado y que después cargaron a lo largo de medio kilómetro hasta el sitio que llevaban dos meses evitando.

El padre de Ricardo, José Guadalupe, puso las cruces en la escalinata de piedra donde Ricardo y Alberto murieron.

Todos estuvieron durante un rato en silencio durante la silenciosa tarde, en plena calle principal del pueblo.

“Fue muy doloroso estar en el mismo lugar donde los cuerpos fueron dejados carbonizados”, admitió luego María. “Todo esto sucedió por los rumores y porque la gente se dejó llevar por ellos”.

Esos rumores todavía existen en el teléfono de María —y tal vez en otros celulares por todo el pueblo y más allá— pero ella no puede soportar mirarlos ahora o mostrárselos a cualquier otra persona.

El día de la misa, María y Jazmín prometieron visitar el sitio del linchamiento una vez a la semana y reponer las velas votivas que dejaron al lado de las cruces.

“Las cruces deben quedarse allí para siempre”, dijo María.

“Para que la gente de Acatlán pueda ver y recordar lo que hizo”.

Lea además

Habla el padre de una mujer que fue linchada: Mi hija era médium, pero no le había mal a nadie.

Posteriormente, alrededor de 150 pobladores “enardecidos” sacaron de la prisión a estas personas, “los ataron y les rociaron gasolina para luego prenderles fuego en la plaza central de la localidad”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

“De manera preliminar se descarta que los occisos hubieran participado en algún delito, presuntamente se dedicaban a labores del campo”, dijo la Fiscalía General del Estado de Puebla en un comunicado en el que confirmó que enviaron personal para recoger los cadáveres.

En un comunicado el Gobierno de Puebla lamentó la muerte de estas personas a manos de la muchedumbre y la gobernadora electa del estado, Martha Erika Alonso, se sumó a la condena del linchamiento al lamentar que las autoridades se vean rebasadas en la demanda de dar seguridad.

Lea además: Condenan a 50 años a hombre que participó en un linchamiento

“Las autoridades municipales de Acatlán de Osorio están rebasadas para brindar seguridad. Condeno enérgicamente los linchamientos suscitados, es inadmisible hacer justicia por propia mano”, señaló la gobernadora electa.

Decenas de personas que estaban presentes optaron por tomar vídeo con sus teléfonos móviles para subirlos a las redes sociales, donde el linchamiento se ha convertido en una tendencia en México.

Familiares de los dos linchados acudieron al lugar pocos minutos después de los hechos, rechazaron los cargos de secuestro y aseguraron que solo eran unos campesinos.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla informó que se investigará el linchamiento y también la razón por la cual la presidencia municipal de Acatlán de Osorio “no informó en tiempo para activar el protocolo” de seguridad.

Un antecedente de este linchamiento sucedió en octubre de 2015 en la comunidad de Ajalpan, donde los pobladores lincharon y quemaron vivos a dos hombres que hacían encuestas tras acusarlos de secuestro.

Contenido relacionado

> Linchan a mujer que habría matado a un mototaxista
> Hombre muere linchado por haber matado a una vaca en India
> Así fueron los linchamientos de afrodescendientes en Estados Unidos

Lea también

¿Por qué todos hablan de Ferrari, tatuajes y calcomanías?<br />

El sacrificio de vacas está prohibido en muchos estados de India, país hinduista al 80%. Solo 8 estados de 29 lo autorizan. A veces es motivo de cadena perpetua y algunas regiones piden un permiso para poder enviar vacas a su territorio.

Millones de personas de minorías musulmanas y cristianas consumen carne bovina, pero es difícil de encontrar.

Shakeel Maqbool, quien acompañaba a Khan y trabajaba como su conductor, sufrió heridas de gravedad en el mismo suceso. Maqboo, de 33 años, fue trasladado a un hospital en estado crítico después del ataque.

India vive un repunte en el número de “vigilantes de vacas” que atacan a los agricultores e impiden con violencia el sacrificio del ganado.

El año pasado, un adolescente musulmán murió apuñalado por portar carne de res. En otro incidente, un granjero que estaba llevando vacas al matadero fue asesinado en plena carretera, reseñan varios medios internacionales.

• Lea además: Más de 70 mil personas salvan del matadero a una vaca en España

Por comer carne

En 2015 ocurrió algo similar. Un musulmán fue linchado en un pueblo de India por los rumores de que habría comido carne de vaca, algo que prohíbe la religión hindú.

Mohammad Akhlaq fue arrastrado afuera de su casa en el pueblo de Dadri, unos 40 kilómetros al oeste de Nueva Delhi, y fue agredido por un centenar de personas.

“Cuando nuestro equipo llegó al lugar había una muchedumbre en la casa (de la víctima). La policía consiguió sacarle y llevarlo al hospital, pero no le pudieron salvar”, indicó un policía del distrito.

Contenido relacionado

> Aerolíneas indias prohíben viajar a diputado que dio 25 zapatazos a empleado

> ¿Qué escucha usted, Yanny o Laurel? Esta es la explicación del audio viral que divide a internautas

> Descuido por una selfi le causa la muerte a una niña en India

Lea más

¿Los linchamientos son causados por el fracaso del Estado?

Otro guardia, quien no aparece en la cámara, dispara contra los dos hombres y logra neutralizarlos, por lo que alertan a las autoridades.

Pobladores llegaron a la cooperativa y sacaron a los dos responsables, quienes después de vapulearlos son linchados, junto a la motocicleta en la que se transportaban. 

Lea también: Dos heridos al desplomarse avioneta en Momostenango

Uno de los dos asaltantes fue identificado como Bieri Cristian Hernández, quien ya había sido detenido por cometer asaltos a cooperativas en Zunil, San Juan Ostuncalco y Cantel. 

Vecinos de Momostenango recordaron que el ultimo linchamiento en el municipio fue en 1998 cuando tres cazadores de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango,  fueron confundidos con asaltantes.

Últimos linchamientos

El 26 de febrero de este año, dos hombres fueron vapuleados por una turba que los acusó de haber violado a una menor de 12 años. 

Vecinos de El Portezuelo, Camotán, Chiquimula, retuvieron a los dos sincados, a quienes querían linchar, ya que estaban acusados de haber violado y matado a una estudiante. 

Santos Auerlio García y Rosendo de Jesús Vásquez, fueron retenidos por la población y reconocieron que habían cometido el crimen contra la menor. 

El diálogo con las autoridades evitó que se consumara el linchamiento, por lo que ambos fueron entregados a los agentes de la Policía Nacional Civil. 

Podría interesarle: Un presunto sicario y el dueño de un taller mueren en hecho armado

En febrero del 2018, autoridades evitaron que pobladores de Huehuetenango lincharan a dos hombres, uno acusado de estafa y otro que pretendía abusar de dos menores. 

El primer incidente ocurrió el 21 de febrero, en El Manzanillo, Aguacatán, donde Homero Agustín Chávez se hizo pasar por empleado del Ministerio de Trabajo y ofreció inscribir a varias personas en un programa para adultos mayores, pero los interesados tenían que pagarle Q700 para ser incluidos.

El segundo, en Vista Hermosa, Santa Eulalia, donde unas 300 personas capturaron a Marcelino Mateo Diego Lorenzo que en estado de ebriedad perseguía a dos niñas de 8 años, a quienes supuestamente pretendía abusar sexualmente.

Según vecinos, los gritos de las dos menores los alertaron, por lo que se organizaron para ver qué sucedía.

Contenido relacionado

> Policía sospecha que madre envenenó a sus hijos y se suicidó
> Hombre mata a su esposa en su cumpleaños y luego se suicida
> Un hombre es vapuleado y desterrado por haber intentado robar un teléfono 

Luego les cercenaron las orejas, les golpearon y usaron un sacacorchos grande para abrir agujeros en sus cuerpos, sacando grandes trozos de carne. Finalmente fueron lanzados en una hoguera donde murieron quemados.

• De esclavos a millonarios: la historia oculta de los primeros negros que hicieron fortuna en Estados Unidos (y en qué la invirtieron)
• Quién fue el polémico general Robert E. Lee, cuya estatua está en el centro de las marchas de supremacistas blancos que desataron la violencia en Charlottesville

Mientras eran torturados y asesinados, la multitud de hombres, mujeres y hasta niños blancos que presenciaron su linchamiento comían huevos rellenos y tomaban limonada y whisky con la misma actitud relajada de quien asiste a un paseo campestre.

Más de 4.400 afroestadounidenses fueron linchados en Estados Unidos entre 1877 y 1950, según documentó la Iniciativa para una Justicia Igualitaria (EJI, por sus siglas en inglés).

Esta organización no gubernamental con sede en Alabama realizó un estudio llamado “Linchamientos en Estados Unidos: confrontando el terror racial”, en el que hallaron unos 800 casos de muertes de este tipo que no habían sido registradas hasta ahora.

Así marcó diferencias con los linchamientos que ocurrían en lugares sin ley, o los que afectaban a otras minorías como la asiática o la comunidad de estadounidenses de origen mexicano.

Se trata de un fenómeno de la historia de Estados Unidos sobre el cual poco se habla, pero que a partir del próximo 26 de abril será recordado con la inauguración del Monumento Nacional por la Paz y la Justicia en Montgomery (Alabama).

Trágico espectáculo

Muertes como la de Holbert no eran extrañas durante lo que los historiadores han llamado “la era de los linchamientos”, que se extendió hasta mediados del siglo XX, pero que tuvo su apogeo entre 1890 y 1930, según explica Stewart Tolnay, profesor emérito de Sociología en la Universidad de Washington, a BBC Mundo.

“3.000 (personas) quemarán a un negro”, rezaba en junio de 1919 un titular del New Orleans State; “John Hartfield será linchado por una muchedumbre de Ellisville a las 5 de la tarde de hoy”, se leía en un ejemplar del Daily News de Jackson (Mississippi), de la misma época.

“Los casos en los que los linchamientos eran anunciados en los periódicos son unos pocos, aunque implicaron algunos de los sucesos espantosos con las mayores multitudes. Más frecuentes eran los casos en los que masas pequeñas detenían y linchaban a alguien a quien señalaban de haber presuntamente cometido algún tipo de delito”, indica Tolnay, quien ha publicado dos libros y numerosos artículos académicos sobre el tema.

“La mayor parte no eran los linchamientos-espectáculo sino más bien eran cosas rutinarias y silenciosas”, agrega.

El hecho de que estas muertes pudieran ser anunciadas en la prensa con anticipación demuestra que no se trataba de acciones impulsivas ejecutadas por una turba enardecida. Pese a ello era muy raro que los linchadores fueran enjuiciados.

Desiguales ante la muerte

Aunque los ciudadanos blancos también fueron objeto de linchamientos, las muertes de afroestadounidenses eran mucho más numerosas. Entre 1882 y 1889, la proporción de víctimas era de 4 negros por cada blanco; entre 1890 y 1900 era de 6 a 1; mientras que a partir de entonces aumentó a 17 a 1.

Las causas que podían llevar a un linchamiento también variaban de acuerdo con la raza.

Según el estudio del EJI, el 30% de los afroestadounidenses asesinados por las turbas habían sido acusados de homicidio y 25% por agresión sexual.

“La definición de violación de un negro a una blanca en el Sur era increíblemente amplia y no necesitaba que se alegara el uso de la fuerza porque las instituciones blancas, las leyes y la mayor parte de los blancos rechazaban la idea de que una mujer blanca podía o consentiría voluntariamente tener sexo con un afroestadounidense“, señala la EIJ.

Otros centenares de negros perdieron la vida al ser señalados por provocar incendios, por robo o simplemente por “vagancia”, hechos por los que —en caso de ser hallados culpables— un tribunal no les habría aplicado la pena de muerte.

Pero había acusaciones aún más triviales.

Según recoge el EIJ, el afroestadounidense Jesse Thornton fue linchado en Luverne (Alabama), en 1940, por referirse a un policía por su nombre sin emplear antes el título de “señor”.

Igual suerte corrió en 1916 Jeff Brown en Cedarbluff (Mississippi) por tropezar accidentalmente con una joven blanca mientras corría para alcanzar el tren, así como el soldado Charles Lewis, en 1918, linchado en Hickman (Kentucky) por negarse a vaciar sus bolsillos mientras estaba vistiendo su uniforme militar.

“Los blancos nunca eran linchados por las razones triviales por las que mataban a los negros y usualmente tampoco eran objeto de tortura”, señala Tolnay, quien aclara que los casos de violencia extrema contra las víctimas representaban en torno al 10% del total.

Sociedad de castas

La “era de los linchamientos” tuvo su epicentro en los estados del sur de Estados Unidos y se inició en las décadas que siguieron al final de la guerra civil y a la declaración formal del fin de la esclavitud, ocurrida en 1865.

“Después de la guerra civil hubo unos 4 millones de esclavos negros que se convirtieron en personas libres y competían en las economías de los estados sureños con los blancos”, señala Tolnay.

“Ellos fueron amenazados hasta que quedaron completamente privados de derechos de participación política en torno al año 1900 y el sur quedó gobernado por el sistema de castas raciales, en el cual había una línea clara que separaba a la “raza blanca superior” de la “raza negra subordinada”.

“Los blancos ricos eran la élite y los blancos pobres usaban el linchamiento para reforzar ese sistema de castas raciales y reducir las probabilidades de ascenso social de los negros sureños”, agrega.

El experto indica que, aunque casi todas las víctimas habían sido acusadas de algún tipo de falta y, en ocasiones, eran sacados por las turbas de los tribunales o de las cárceles —incluso sin haber sido juzgados—, esto no era un asunto de justicia popular ante un sistema disfuncional.

“Había un sistema penal perfectamente adecuado que podía hacerse cargo de los delincuentes, fueran blancos o negros. El linchamiento de los negros tenía un objetivo distinto: enviar un mensaje muy claro a la comunidad negra de que había límites para su movilidad ascendente“, afirma Tolnay.

“Los linchamientos eran actos de violencia racial que estaban en el centro de una campaña sistemática de terror que perpetuaba y respaldaba un orden social injusto. Estos linchamientos eran terrorismo”, apunta la organización en su informe.

¿Vergüenza o negocios?

Pero, ¿cómo se fue extinguiendo esta práctica?

Los linchamientos fueron una de las causas de la migración masiva de unos 6 millones de afroestadounidenses que entre 1915 y 1970 optaron por mudarse al norte del país, donde se establecieron en guetos.

Esa redistribución de la población redujo la disponibilidad de mano de obra barata en el sur, algo que según Tolnay puede haber convencido a las élites del sur de la necesidad de hacer cambios.

“Los linchamientos se convirtieron en algo vergonzoso para el sur en la medida en que la economía se desarrollaba en esos estados. La élite blanca intentaba atraer capitales foráneos por lo que tenía que cambiar la imagen del sur. Esta era una práctica brutal, espantosa e inhumana que no ayudaba”, señala el experto.

Así, el fenómeno se fue extinguiendo paulatinamente pero sin que, según el EIJ, se produjera un proceso de reconciliación a través de la verdad como ha ocurrido en Alemania con el Holocausto o con el apartheid en Sudáfrica.

Con el uso de recursos artísticos, esculturas y diseños esperan poner en contexto la historia del terror racial en el país.

Incluirán más de 800 memoriales de acero de dos metros de altura, uno por cada condado de Estados Unidos donde fue linchado un afroestadounidense, en los que estarán grabados los nombres de las víctimas.

Además, dispersos a lo largo del extenso lugar habrá réplicas de cada uno de esos monumentos que la EJI espera entregar a los condados que quieran exhibirlos para recordar en sus propios territorios la oscura historia de los linchamientos.

Para los responsables de la EJI, ver quienes reclaman estos memoriales será un indicador de cuánto se avanza en el camino de la verdad y de la reconciliación.

Momentos de tensión se vivieron en El Portezuelo, puesto que, según información de líderes comunitarios, los pobladores, con machetes y palos, mantuvieron rodeado los sospechosos durante un buen tiempo en la referida zona con la intención de lincharlos.

Incluso evitaron el paso de personas y vehículos por la carretera que comunica a la cabecera municipal de Camotán.

Fue hasta que las autoridades iniciaron un diálogo que los manifestantes optaron por desbloquear las vías y entregar a los dos hombres, después de haberlos vapuleado. 

Lea también: El fracaso del Estado da lugar a los linchamientos

Aparentemente, fueron familiares y amigos de la menor quienes investigaron los hechos por sus propios medios y habrían dado con los responsables

Los hechos

El pasado 21 de febrero, Ángela Saraí Santiago Hernández, 12, fue hallada sin vida entre unos cafetales de El Tular, Muyurcó, en aquel municipio. Según información oficial fue secuestrada cuando se dirigía al instituto donde estudiaba. Luego fue ultrajada.

Lea también: Vecino que participó en linchamiento es condenado a 50 años de cárcel

El crimen indignó a los pobladores de Camotán quienes exigen justicia.

La Policía Nacional Civil cree que hasta tres sujetos pudieron haber abusado de la menor.

Agricultores fueron quienes encontraron el cadáver de la joven estudiante. Familiares la identificaron por la vestimenta que llevaba, puesto que su rostro quedó desfigurado por los golpes que recibió. 

Investigadores consideran que Ángela fue vigilada por los malhechores para ultrajarla y aprovecharon que pasaba por el lugar para detenerla y arrastrarla hacia los cafetales.

Contenido relacionado

> Investigación de Prensa Libre prueba que linchamientos ocurren donde más reprimió el Ejército
> Linchamiento en El Tablón, Villa Canales, deja dos hombres muertos
> Cuatro sospechosos se libran de ser linchados en San José Pinula

Lea también

Entérese de la estrategia utilizada para capturar a dos presuntos secuestradores en Quiché

Explicó que se coordinó con alcaldes auxiliares y presidentes de consejos comunitarios de desarrollo para negociar la entrega del sospechoso, pues la intención de la turba era lincharlo. 

Se informó que vecinos obligaron a Homero Agustín Chávez a que caminara descalzo varios kilómetros y lo golpearon, finalmente el diálogo entre autoridades e inconformes evitó que fuera linchado.

Lea también: Vecinos se llevan dinero de motorista que se accidentó y que murió en un hospital

Luego de haber sido entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto delincuente fue trasladado al Centro de Atención Permanente de Aguacatán, bajo cargos por estafa.

Segundo caso

El miércoles pasado en el cantón Vista Hermosa, Santa Eulalia, unas 300 personas capturaron a Marcelino Mateo Diego Lorenzo, 21, que en estado de ebriedad perseguía a dos niñas de 8 años, a quienes supuestamente pretendía abusar sexualmente.

Según vecinos, los gritos de las dos menores los alertaron, por lo que se organizaron para ver qué sucedía.

El alcalde de Santa Eulalia, Diego Pedro Domingo, intervino junto a agentes de la PNC para dialogar durante varias horas con la multitud que vapuleó al señalado, a quien pretendía linchar; sin embargo, se lograron acuerdos y fue entregado a las autoridades.

El delegado Herrera indicó que en las últimas dos semanas ha habido intentos de linchamiento en distintos municipios de Huehuetenango, y según él, esto es generado por la falta de certeza jurídica en algunos casos en los que pobladores entregan a un supuesto delincuente a la PNC, pero algunos jueces los dejan libres.

Le puede interesar: Graban agresión contra mujer de 76 años

Añadió que algunos pobladores no comprenden el ordenamiento jurídico, que tiene cauciones económicas para determinados delitos. “Los vecinos esperan que la persona sea encarcelada”, expresó. 

Falta de autoridad 

El auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Erick Villatoro, dijo que las acciones de la población son un reflejo de la ausencia de la institucionalidad pública, pues en el caso de Santa Eulalia desde hace años no hay juzgados.

Manifestó que, si hay acusaciones por haber cometido un delito, son los jueces los llamados a determinar si hay o no ilícito y no corresponde a la población asumir que puede hacer justica al linchar a una persona, pues esto constituye un delito y violación a los derechos humanos.

Lamentó lo sucedido en Aguacatán y Santa Eulalia, pues según Villatoro, esto es un reflejo que la población está cansada de la inseguridad y falta de justicia.

Contenido relacionado

> El fracaso del Estado da lugar a los linchamientos
> Vecino que participó en linchamiento es condenado a 50 años de cárcel
> Dos presuntos delincuentes son linchados en aldea de El Palmar

LEA ADEMÁS:

Tirar basura en la calle casi le cuesta la vida

“El grupo de vecinos vapuleó a los detenidos y amenazaba con lincharlos, pero los agentes intervinieron para rescatarlos”, expresó.

Herrera comentó que, al momento de la captura, los sujetos pretendían recoger un paquete que simulaba contener dinero ya que el comerciante había recibido amenazas de que sería secuestrado él o un familiar.

• Carnaval de Mazatenango se volvió un ring de boxeo

Caso reciente

El pasado 12 de febrero, un hombre murió luego que fue vapuleado por vecinos que lo acusaron de haber intentado robar una motocicleta y atacar a un vecino en Aguacatán. 

• Le puede interesar: Desarticulan laboratorio de pornografía infantil

El acusado fue capturado por los pobladores, quienes lo llevaron al estadio municipal donde fue vapuleado y amenazaban con lincharlo, pero la PNC lo rescató.

Autoridades dijeron en esa oportunidad que los pobladores señalaron que eran tres hombres los sindicados, de los cuales dos lograron escapar en una motocicleta.

Los hechos

En 2009, Pérez Chen se desempeñaba como alcalde y lideraba las patrullas civiles organizadas por él, para supuestamente para detener el avance de las maras en el municipio.

Según la investigación, el 1 de noviembre de ese año, el funcionario detuvo a un joven en el parque de San Juan Cotzal.

El motivo fue porque el joven tenía el pelo largo, luego de la detención fue encerrado en una cárcel habilitada en el edificio municipal y agredido, pues se le señaló de integrar una mara.

• Para leer más: Hombres armados ultiman a esposos cuando preparaban alimentos para la Nochebuena 

El agente Pedro Rodríguez Toma al enterarse de que su hijo estaba detenido, se dirigió a San Juan Cotzal para rescatar al joven, pero al llegar Pérez Chen lo acusó de defender a las maras en el municipio y también lo encerró.

Lo torturó

Ana Rodríguez Itzep, esposa de Rodríguez Toma, quien estaba asignado en Chajul, relató que Pérez Chen torturó durante un día a su esposo, lo obligó a ingerir gasolina, luego le lanzó combustible y lo quemó.

En diciembre 2010 se ordenó la captura del exfuncionario y 27 personas más señaladas de tortura y asesinato.

En febrero del 2011 en San Juan Cotzal se llevó a cabo un operativo en el que participaron unas tres mil personas, entre ellas agentes de la PNC, investigadores del Ministerio Público y soldados, para capturar a sindicados de haber participado en el linchamiento y también se reportó el decomiso de armas de fuego.   

En esa oportunidad, se reportó la captura de dos concejales; sin embargo, Perez Chen huyó para evadir a las autoridades.

Delitos

Después de seis meses de búsqueda, el edil fue detenido y se comenzó el proceso legal, finalmente un tribunal de la capital lo condenó a 82 años de cárcel por los delitos de tortura y detención Ilegal con agravante.

• Lea también: Celebración de posada termina en tragedia cuando dos niños murieron arrollados

El día de su captura, el jefe edil afirmó que su detención obedecía a intereses políticos y aseguró que no había pruebas para demostrar que él había sido el autor intelectual y uno de los autores materiales del linchamiento del agente de la PNC.

José Pérez Chen fue electo en 2007. Luego de su detención trató de recuperar el poder en el municipio al inscribir como candidato a alcalde a un pariente, pero no lo logró.  

Le puede interesar

Entérese por qué aplicación de castigo comunitario a subcomisario de la PNC causó controversia</p> <p>

García Godínez supuestamente ingresó a una tienda propiedad de Itzep Siganty para exigirle el dinero y cuando este se negó, le disparó. 

El presunto delincuente murió por quemaduras e Itzep Siganty por la herida de bala que sufrió.

• Para leer más: Vecino que participó en linchamiento es condenado a 50 años de cárcel

La detención de la pareja fue ordenada por el Juzgado de Primera Instancia Narcoactividad y Delitos en Contra del Ambiente de Zacapa. 

Capturas pendientes

Investigadores informaron que hay más órdenes de capturas vigentes y que los supuestos agresores de García Godínez fueron identificados a través de videos que circularon en redes sociales.

La inconformidad de la comunidad es porque en horas de la tarde del sábado fueron arrestados Juan Chub Choc, 27, y José Domingo Ical Moo, 37, sindicados de haber linchado a una persona el 02 de agosto de 2016 al sindicarla de practicar brujería.

Ese día, vecinos ingresaron a una vivienda y sacaron a la persona, la amarraron, rociaron gasolina y le prendieron fuego. La víctima fue rescatada con vida y luego trasladada al Hospital Regional de Cobán, pero por la gravedad de las quemaduras murió.

Los dos sujetos fueron capturados a eso de las 16.35 horas en la calle principal de Chisec. 

Ambos fueron trasladados al juzgado de paz de Coban. “En el lugar de la aprehensión ya se estaban aglomerado las personas, por eso inmediatamente salimos del lugar”, señala el parte policial.

Ical Moo y Chub Choc son sindicados de asesinato e instigación a delinguir, entre otros delitos.

El comisario Luis Chávez dijo que debido a que este caso aún se encuentra en investigación no pueden dar más detalles.

• Lea también: Turba prende fuego a dos supuestos asaltantes en Escuintla

“La diligencia se llevó a cabo sin novedad, estos resultados positivos son un mensaje claro de que no vamos a permitir la impunidad en este departamento, ya que cualquier hecho criminal cometido, hoy, mañana o pasado, será investigado por nuestro personal”, refirió Chávez.

Agregó que toda persona que cometa hechos delictivos va a ser puesto a disposición de los tribunales correspondientes, para que le caiga todo el peso de la ley, manifestó el jefe policial.

Chávez hizo un llamado a la población para que colaboren en la denuncia de cualquier acto que sea considera ilícito.

• Investigación: Los linchamientos continúan donde el Ejército cometió más represión en los 80

“Queremos que la población en general colabore con nosotros dando información de cualquier situación que observen o tengan conocimiento por medio de los distintos medios, ya que existe personal profesional que le dará seguimiento a todos los casos, ya que solo así habrá más resultados positivos”, sentenció.

Caso similar

El 14 de enero de este año, en Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, pobladores lincharon a Carlos Batzibal Saquil, de 31 años, sindicado de pertenecer a banda de secuestradores.

Los vecinos sindicaban a Batzibal de integrar una banda que opera en San José Poaquil, ya que junto a otras personas pretendían secuestrar a un lugareño, pero se dio la alerta y lo capturaron.

La pronta acción de los pobladores permitió la captura de Batzibal, quien viajaba en una motocicleta; posteriormente fue vapuleado y linchado.

Investigación

La guerra interna dejó implantados los linchamientos

El supuesto agresor es Gilberto Galicia, de 17 años.

La Policía Nacional Civil (PNC) pudo rescatar al hombre para que fuera trasladado al hospital departamental bajo custodia.

Información no confirmada daba cuenta de que la turba intentaba causar destrozos en la subestación policial local.

Ampliaremos

LEA TAMBIÉN |

Mujer recibe por segunda vez "castigo maya" en Quiché

Asalto

La violencia ha aumentado en Chicacao, cuyos pobladores han tomado la decisión de vapulear a quienes consideran asaltantes.

El pasado domingo, seis personas resultaron heridas luego de un ataque armado ocurrido en el cantón Mixpillá, Chicacao, Suchitepéquez. Luego del hecho, vecinos detuvieron a dos presuntos asaltantes a quienes golpearon. 

• Lea también: Supuesto ladrón es obligado a permanecer horas bajo abrasante sol en Petén

Martín Ixcay, pasajero herido, narró que cuatro hombres salieron de los matorrales y portaban escopetas hechizas, y como el piloto no se detuvo “empezaron a dispararnos”.

LEA TAMBIÉN

Cámaras para cachar a quienes tiran basura en las calles: este es el plan de la comuna de Mixco

Juan Humberto Gonzáles, pasajero que resultó herido, expuso que los grupos de delincuentes han crecido sin control en el municipio. Agregó que en la ruta de Mixpillá a la colonia La Bendición se han registrado asaltos a maestros, vendedores ruteros, cobradores y amas de casa.

“Tenemos miedo porque las pandillas están creciendo, ya se había tomado control de la zona, pero empezaron nuevamente a crear pánico en las comunidades, es por eso que solicitamos a la Policía que realicen patrullajes más constantes” reclamó Gonzáles.

Vapuleados

Los gritos de auxilio de los heridos alertaron a los comunitarios, quienes con machetes en mano salieron a buscar a los atacantes. A medio kilómetro del ataque fueron copados dos hombres quienes luego de ser sindicados del ataque fueron vapulearon. Dos más lograron escapar.

La Policía los rescató y con varias heridas y fueron trasladados al Hospital Nacional de Mazatenango. Fueron identificados como  Douglas Otoniel Coché Pu, de 18 años, e Ignacio Martín Ratzan Sicay, 23, a estas personas se les decomisó dos escopetas hechizas.

Fue el domingo 22 de marzo de 2015 cuando una turba linchó a Eliseo Chuy Muxín, 25, y a Marvin Fidel Santizo, 25, en la aldea Chaquiyá.

Un menor, cómplice de los señalados, también fue vapuleado y en estado delicado fue trasladado a un hospital de la cabecera de Chimaltenango.

Ese día la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el robo del picop de un vecino y testigos vieron en qué vivienda habían ingresado los delincuentes, así que dieron el aviso.

Agentes de la PNC sitiaron la residencia y esperaban una orden de juez para allanarla; sin embargo, una turba de unos 200 pobladores irrumpió en la casa.

Al ingresar al inmueble comprobaron que el picop que había sido robado estaba siendo desamantelado, lo cual desató la ira de los pobladores.

La turba vapuleó y prendió fuego a Eliseo Chuy Muxín en el interior de la vivienda, mientras que a Marvin Fidel Santizo lo sacaron de la residencia, le ataron un lazo en el cuello y lo colgaron de la rama de un árbol.

• Lea además: Los linchamientos continúan donde el Ejército cometió más represión en los 80

Los pobladores también quemaron dos vehículos propiedad de los señalados y causaron destrozos en la vivienda.

La versión que surgió en el lugar de los incidentes fue que los linchados se dedicaban a la venta de chatarra para encubrir el robo de carros.

Linchamientos

Según estadísticas del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de 2008 a mayo de 2017 fueron vapuleadas 1 mil 490 personas, de las cuales murieron 323 y las demás quedaron heridas, acusadas de haber cometido algún ilícito.

En ese periodo, Guatemala fue el departamento que registró más casos de linchamientos, con 22 muertes.

• Lea más: Pobladores de comunidad de Petén castigan a supuesto ladrón

Violencia

Hombre atacó con machete a una niña que iba a la tienda

El informe policial añade que, aún con vida, el comerciante fue trasladado al centro de salud de la localidad, pero por las heridas que tenía en la cabeza y rostro, murió media hora después de su ingreso.

La muerte del comerciante provocó la ira de un grupo de comuntarios, quienes se organizaron y empezaron a buscarlo, ubicándolo cuando se subía a una lancha para huir hacia territorio mexicano. La turba lo amarró y amenazaba con quemarlo vivo.

Agentes de la subestación policial ubicada en la comunidad El Naranjo dialogaron con los vecinos y luego de una hora aceptaron entregarlo. Minutos después, cuando el capturado era trasladado hacia la cabecera municipal, otro grupo de vecinos empezó a seguir a la autopatrulla con la intención de linchar al supuesto asesino.

En el interior de la ferretería, técnicos del Ministerio Público (MP) localizaron el mazo manchado de sangre, con la cual León Corado le habría destrozado el cráneo y rostro al comerciante.

Una versión extraoficial indica que el crimen habría sido motivado porque el dueño de la ferretería se negó a darle dinero al detenido para comprar licor, extremo que no pudo ser confirmado por las autoridades.

Hasta el momento los occisos no han sido identificados.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que recibió una llamada en la que indicaba que había ocurrido un asalto en la ruta hacia la aldea Morelia, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, y que un grupo de vecinos tenía retenido a dos sujetos, a quienes acusaban de cometer asaltos en el sector.

Según la denuncia, la turba incautó una pistola, un rifle y una escopeta a los presuntos malhechores.

La fuente policial dijo que, de acuerdo con versiones de curiosos, los pobladores vapulearon a los dos hombres, luego les rociaron gasolina y les prendieron fuego.

Agentes de la PNC llegaron a la comunidad para consignar a los presuntos delincuentes, pero la turba no permitió que se los llevaran.

Pobladores indicaron que en esa ruta son constantes los asaltos, ya que los delincuentes aprovechan cuando los buses y vehículos bajan velocidad por el mal estado del camino de terracería.

Además, denunciaron la escasa presencia de la Policía en el sector, por lo que piden a las autoridades que hagan más patrullajes. Según vecinos, han ocurrido violaciones contra pasajeras de autobuses.

LEA TAMBIÉN |

Identifican el cuerpo de joven mujer que fue hallada carbonizada en Totonicapán

Varios vecinos se acercaron para tratar de averiguar si la víctima residía en el sector, pero por el estado del cuerpo no fue posible.

Los trabajadores relataron que cuando vieron arder el cuerpo, al principio creyeron que erea basura, pero al acercarse comprobaron que se trataba de una persona.

• Lea también: Condenan a agente de PMT por acosar a compañera
• Lea también: Hombres fueron linchados en San Marcos frente a niños

REPORTAJE | La guerra todavía mata

Linchamientos ocurren donde más reprimió el Ejército en los años 80

Vecinos afirman que el sector donde fue incendiado el cuerpo es muy desolado y no hay presencia policial, por lo cual piden a las autoridades que implementen un plan de seguridad que abarque todos los sectores del municipio, para tener mayor tranquilidad.

VEA TAMBIÉN |

Así azotaron a un supuesto ladrón en Quiché por robar celulares

La comunidad donde ocurrieron los hechos pertence a Sayaxché, y está a 130 kilómetros de la cabecera municipal.

Según Caal, este fin de semana se habían organizado con la intención de reparar un puente de madera en las cercanías del poblado, que se encuentra en malas condiciones. A la hora del almuerzo se dirigieron a sus hogares y dejaron las herramientas de trabajo abajo del puente y cuando regresaron ya no estaban.

Indicó que un grupo de vecinos, observaron a Xi Coc, cuando ofrecía en una tienda del sector las herramientas que se habían perdido, un martillo, una almágana y una piocha, por lo cual detenido de inmediato y trasladado al lugar donde se reparaba el puente.

LEA TAMBIÉN |

Joven recibe 20 azotes por agredir a su madre y abuela en Quiché

El hombre estuvo alrededor de seis horas boca abajo y sin camisa, a una temperatura que rondaba los 38 grados centígrados. Al final, prometió no robar animales domésticos y mazorcas de las parcelas de sus vecinos, no obstante, manifestó que la falta de trabajo lo obligó a hacer “cosas indebidas”.

Los pobladores de Roto Viejo afirmaron que estarán al tanto de lo que haga el joven campesino ya que un buen porcentaje de los vecinos se han quejado de él, de que roba sus pertenencias, y aseguraron que la próxima vez que cometa una acción similar lo entregarán a las autoridades.

Algunos vecinos aseguraron que, por ser Roto Viejo una zona fronteriza con México y tener de vecina a la mexicana comunidad La Esperanza del municipio de Benemérito de Las Américas, Xi Coc cruzaba con una canoa artesanal el río y vendía los productos que robaba en su comunidad.

Uno de los hombres atacados, César Augusto Carin, 32 años, quien según fotografías estaba atado de los pies, murió en el lugar. Juan Carlos Hernández, 37, perdió la vida en el Hospital Roosevelt, donde fue trasladado por los socorristas.

La Policía Nacional Civil llegó al lugar para acordonar el área, a la espera del Ministerio Público para la recolección de indicios del crimen.

Lea además

La organización de los pueblos durante la guerra contribuye a los linchamientos

Una turba copó al supuesto agresor, que se conducía en una motocicleta, lo vapulearon  y posteriormente quemaron el vehículo. 

Personal de los Bomberos Voluntarios informaron que el sujeto fue conducido a la Comisaría 16. 

Casos recientes

En la colonia El Paraíso II, dos presuntos sicarios fueron vapuleados el 18 último por vecinos, después de haber supuestamente perpetrado un triple crimen. 

Aunque los presuntos atacantes fueron rescatados por la Policía, murieron a su ingreso a un hospital, según las autoridades. 

La falta de respuesta estatal es generalizada, y por ello los linchamientos no son exclusivos de poblaciones indígenas. Pese a que Prensa Libre de nuevo intentó conocer la estrategia del Ministerio de Gobernación para evitar linchamientos, no se obtuvo respuesta.

Sergio Morales: Se defienden con lo que tienen

La impunidad y la falta de políticas para combatir el crimen se suman al incumplimiento de los acuerdos de paz y propician que las comunidades más afectadas por la guerra entiendan que la única salida para defenderse son los linchamientos, aseguró Sergio Morales, coordinador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos (Idhusac) y exprocurador de los Derechos Humanos.

“No hay una verdadera política contra el crimen, y lejos de bajar, aumenta”, dijo Morales. “Esto propicia que la población ejerza la fuerza”, añadió.

Para Morales, es fácil entender que el incumplimiento de los acuerdos de paz tiene que ver también con el fenómeno de los linchamientos: “Las sociedades que fueron sometidas a violencia nunca recibieron un tratamiento adecuado, son sociedades donde la violencia no es extraña”.

Morales también lamentó que solo una vez se haya hecho, por parte de una entidad del Estado, alguna acción encaminada a prevenir los linchamientos, cuando se capacitó, por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, a grupos de la sociedad civil.

“Pero esa fue una acción aislada, temporal y con pocas posibilidades de éxito”, manifestó Morales.

“Si no existen acciones de respuesta positiva del Estado, los linchamientos serán la solución”, agregó.

Para el exfuncionario, esa falta de respuesta tiene que ver también con la dificultad para que el Ministerio Público esté presente en todo el país.

“Cómo el Estado no les da nada para defenderse, lo hacen con lo único que tienen, y eso es tomar la justicia por su mano. Es para protegerse, es su justicia la que aplican, por miedo”, detalló.

Hay demandas insatisfechas

Mientras no se atiendan las necesidades básicas de la población, las respuestas violentas continuarán. Un problema que pareciera no tener una salida pronta, pues el Estado falla en ello, indicó el sociólogo Miguel Ángel Balcárcel, excoordinador del Diálogo Nacional.

El diálogo es la mejor salida para resolver las diferencias, pero este no cabe cuando se trata de linchamientos, según el experto.

Una comunidad llega al punto de linchar a un supuesto delincuente por una necesidad insatisfecha, así como patrones que de generación en generación se desarrollan y se convierten en la única solución para resolver las diferencias.

Para el excoordinador del Diálogo Nacional, la respuesta violenta no es la primera salida de una población. “Cuando hay necesidades insatisfechas se tienen problemas, cuando los problemas no se resuelven se llega a la tensión, al bloqueo mental, ese es el camino que nos lleva al conflicto”, dijo Balcárcel.

El sociólogo resaltó que el Estado guatemalteco falla en la capacidad de responder a esas necesidades.

“Un Estado, para ser eficiente y eficaz, necesita tener capacidad de respuesta; eso evitará las situaciones de conflicto, porque en la medida en que se atiendan necesidades, la gente estará dispuesta a escuchar”, comentó Balcárcel. “La respuesta no debe ser reactiva, sino preventiva. Allí es donde el aparato estatal es débil”, manifestó.

Balcárcel agregó que los linchamientos ocurren como una tendencia, pues, en resumen, “son el resurgir de manifestaciones de violencia que vivieron las poblaciones” —las que fueron más afectadas durante el conflicto armado interno— y en cuyos líderes hay “conductas patológicas”.

“No se puede estar dialogando todo el tiempo. La población quiere una respuesta que sea medible”, expresó Balcárcel. “La debilidad, y es en eso que fallamos como sociedad, es allí: no hay respuestas”, explicó.

En los últimos 13 años dos mil 612 personas fueron víctimas de linchamientos en toda Guatemala. Casi la mitad de ellos, en Guatemala, Quiché y Alta Verapaz. Que ocurran allí desnuda una lógica perversa: en esas áreas del país también se concentraron 9 de cada 10 masacres cometidas por el Ejército durante el período más sangriento de la guerra, en los años 80.

Quienes golpearon, azotaron, mataron y lincharon durante los últimos tiempos quizás ejercieron una práctica ancestral, pero la actualizaron con un método más nuevo: hacer justicia por mano propia es producto de la ausencia y deserción del Estado moderno.

El mantenimiento de la práctica del linchamiento, y en muchos casos su acentuación, revela la incapacidad o ausencia de voluntad de las autoridades de varias administraciones para detener la violencia en el país.

De alguna forma, el Estado mató durante las guerras, volvió a matar durante la recuperación democrática, cuando se ausentó para normar la vida y aplicar la ley, y vuelve a matar ahora, cuando en Guatemala continúan los linchamientos y la Justicia tarda y en sancionar.

Los datos recogidos por Prensa Libre, al cruzar el registro de riñas tumultuosas de la Procuraduría de Derechos Humanos, el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y publicaciones de la época, demuestran que donde hubo más presencia y organización militar persisten las prácticas violentas sin control del Estado. En el caso de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, aunque no registra masacres durante el período de la guerra, su cercanía con Quiché fue aprovechada por grupos que migraron, huyendo de la guerra.

Las causas de la muerte

Alta Verapaz con 178 linchamientos y Huehuetenango con 191 son los departamentos con mayor cantidad de casos de linchamientos y muertos. Ambas, junto con Quiché fueron las áreas donde más represión hubo durante la guerra y luego de ella también se constituyeron en territorios de conflicto, fuerte organización comunitaria, pobreza y carencia de servicios básicos.

En estos territorios, el Ejército ejecutó las masacres de la base militar 21, Estrella Polar, y Quiquil, entre otras, donde alrededor de mil personas fueron asesinadas entre 1982 y 1984. Tanto en Alta Verapaz como en Huehuetenango, la guerrilla fue barrida con operaciones militares implementadas, según el Ministerio Público, bajo una política de tierra arrasada y la ejecución de planes como Sofía y Victoria 82, que iban dirigidos a eliminar a las comunidades que, supuestamente, ayudaban a la guerrilla.

No es coincidencia que el altiplano concentrase en estos años la mayor cantidad de linchamientos. Según Óscar Manuel Castellanos Martínez, sociólogo de lo urbano, los crímenes presentes en esos municipios tienen “fuertes vínculos” con grupos exparamilitares que “han resistido al tiempo y no fueron desarticulados en su totalidad”.

“Donde hubo presencia de paramilitares y ofensiva contrainsurgente y tierra arrasada reinó la ley del más fuerte, las ejecuciones extrajudiciales estaban a la orden del día” dice Castellanos Martínez. “Allí en dónde quedaron feudos, en esos municipios, los comisionados militares y exparamilitares continuaron actuando con impunidad”.

En 1988 Prensa Libre publicó el linchamiento de 2 personas a manos de un grupo, liderado por un comisionado militar. En 1980, el inicio del período más sangriento de la guerra, también se registró el linchamiento de varios dos personas en Huehuetenango, esta vez fueron pobladores que rechazaban el reclutamiento forzado, las víctimas eran comisionados militares.

El sociólogo Luis Mack, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y profesor de la Universidad de San Carlos, dice que, durante la guerra, las poblaciones del altiplano organizaron estructuras como las Patrullas de Autodefensa Civil que luego mutaron a comités de vecinos o de seguridad, con la misma lógica de organización, donde un grupo de no más de tres personas decide cómo resolver los problemas de la comunidad e imparte justicia, según su criterio.

De hecho, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, el municipio con más linchamientos del departamento, un comité de vigilancia se convirtió poco a poco en un grupo de represión y autoridad paralela al Estado, obligando a las personas a prestar patrullajes “voluntarios” cada semana o pagar una cuota por el servicio. El comité además impuso reglas de convivencia y decidió qué tipo de justicia aplicaría a quien se señalase de algún ilícito.

El grupo, de acuerdo a publicaciones de Prensa Libre, restringe el horario para salir a la calle, así como quién entra y sale de su jurisdicción. El pasado 1 de marzo de 2017, un grupo de “seguridad ciudadana” de San Juan Sacatepéquez, incluso, vapuleó a tres oficiales del ejército que, en su día de descanso, ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. 

“Puede haber relación porque los lugares donde se estableció el conflicto era donde había más pobreza y eran los más olvidados por las instituciones del Estado”, dice Mack.

Los departamentos donde más linchamientos se reportan, con excepción de Guatemala, también concentran condiciones precarias de vida. En Huehuetenango, de acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 8 de cada 10 habitantes viven en pobreza y en promedio solo van cuatro años a la escuela, mientras que en Alta Verapaz, son 9 de cada 10 quienes están en pobreza y la escolaridad se limita a cuatro años.  

No es por cultura

La práctica de linchamientos ha sido reportada desde 1970. Registros de Prensa Libre desde 1970 hasta finales de 1980 muestran que en departamentos como Chimaltenango, Quiché y Alta Verapaz era común. Por años, se extendió la creencia de que los linchamientos eran prácticas propias de las culturas precolombinas, pero la investigación de Prensa Libre no ha hallado ninguna correlación directa entre los asesinatos y crímenes de las turbas y las etnias indígenas del país.

El departamento de Guatemala es la prueba definitiva de que los linchamientos no obedecen a cuestiones étnicas: con 338 casos, casi el mismo número que Huehuetenango y Alta Verapaz combinados, es la jurisdicción con más linchamientos totales entre 2005 y abril de 2017. De acuerdo a los datos cruzados por Prensa Libre, departamentos como Santa Rosa también registran hasta nueve muertos en el último año, un lugar con el 97 por ciento de población ladina.

Según los registros, 90 personas han sido asesinadas y otras 390 heridas en linchamientos, en su mayoría en San Juan Sacatepéquez, donde la población está organizada en un comité de seguridad fuera del control de la Policía Nacional Civil (PNC). Otros hechos, ocurridos en Villa Nueva, Mixco y las zonas 1, 2, 7, 9, 10, 12 y 18 de la capital son menos recurrentes y aislados.

El departamento de Guatemala, y específicamente San Juan Sacatepéquez, es un caso especial. El departamento de Guatemala tiene la menor proporción de población indígena per cápita del país y, con la capital como epicentro, es la región menos desvalida –la pobreza a indigencia alcanza a 30 por ciento de sus habitantes— , y tiene el mayor acceso a servicios de justicia y seguridad. Pero, excluida la capital, los indicadores asemejan al departamento a otras jurisdicciones. En San Juan Sacatepéquez 5 de cada 10 habitantes viven en la pobreza o pobreza extrema.

Según Mack, los linchamientos en San Juan Sacatepéquez se explican en la migración interna de los 80 y serían ejecutados por actores ajenos a las comunidades. El sociólogo dice que durante la guerra y después de ella, familias completas migraron a otros departamentos huyendo de la represión o en busca de nuevas oportunidades de vida. Muchos de ellos se radicaron en áreas específicas de la capital o municipios cercanos.

Villa Nueva y Mixco, los dos municipios más poblados de la jurisdicción, fueron poblados por víctimas de la guerra que migraron a la capital, en busca de trabajo. Actualmente ambos lugares enfrentan serios problemas de violencia y pobreza, con fuerte presencia de pandillas que coordinan extorsiones y sicariato.

En Mixco también hay presencia militar a través de un destacamento que ofrece seguridad civil, Villa Nueva tuvo un programa de seguridad militar similar, sustituido por patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil.

Ausencia de Estado

La gravedad de la situación es tal que el propio Estado reconoce que los crímenes suceden por su incapacidad para actuar en beneficio de la población. A inicios de abril de 2017, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, dijo a Prensa Libre que los linchamientos ocurren, precisamente, porque “hay ausencia del Estado, falta de justicia, desesperanza y frustración de la población, pero no se pueden considerar una práctica legítima”.

El Procurador coincide en que los linchamientos no son una acción ligada a razones culturales o exclusivas de poblaciones indígenas, las razones que motivan los linchamientos pueden ser las mismas pero van más allá de la etnia.

De León destaca como ejemplo a Totonicapán y su organización comunitaria en 48 cantones, un área en el altiplano del país que no registró masacres durante los años de la guerra.

“Grupos de pobladores hacen lo que el Estado no hace, imparten justicia, construyen carreteras, abastecen de agua”, dice. “Su organización es envidiable y da como resultado una comunidad armoniosa”.

En efecto, Totonicapán es el departamento con mayor población indígena del país –98 por ciento de sus habitantes pertenecen a las etnias k’iche’, pero, con 68 casos totales, registran menos linchamientos que cualquier otro departamento del país.

Otros departamentos con un bajo registro de casos de linchamientos son Zacapa, El Progreso y Jutiapa, áreas del oriente que, según la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), no sufrieron ninguna masacre relacionada al conflicto armado.

“No es un fenómeno exclusivo de poblaciones indígenas”, dice De León. “Tiene que ver con falta de justicia, desesperanza y frustración porque la justicia no llega. Hay ausencia del Estado”. 

En poco más de una década, los registros oficiales dan cuenta de la muerte de dos mil 612 personas debido a linchamientos, y la mayoría de esos hechos ha ocurrido en Quiché, Alta Verapaz y Guatemala.

Una penosa estadística que ratifica la posición de Guatemala como uno de los países más violentos del mundo, donde la aplicación de ley pasa a ser un factor relativo y debido a lo cual también amplifica el espectro de la impunidad debido a la pobre institucionalidad y a la precaria presencia del Estado en amplios sectores del país.

Una de las causas de ese desborde de justicia por mano propia también se explica por la poca confianza que existe en las autoridades, policiales y judiciales, que contribuyen a cimentar uno de los más altos niveles de impunidad, la cual parece reforzarse en regiones con un pasado violento y donde la presencia de comisionados militares ha sido determinante en otras facetas sociales.

La debilidad del Estado es patética en muchas de las regiones más castigadas por el enfrentamiento armado interno, y a ello se debe la enorme incidencia de grupos vinculados con el poder que suplen el papel de autoridades locales y nacionales.

Esa fragilidad institucional de hecho dio paso al empoderamiento de grupos locales, como ocurrió con las Patrullas de Autodefensa Civil, que trabajaron bajo fuerte vigilancia del Ejército y las cuales dieron origen a los actuales comités de vigilancia, que funcionan como un brazo represor en varias comunidades, al apunto que imponen sus normas y castigos, hasta convertirse en grupos paralelos con gran capacidad de extorsionar sin temer consecuencias.

Si bien pobreza, etnicidad y herencia violenta parecen coincidir en la conducta social en varias regiones del altiplano, donde son más comunes estos hechos, en Guatemala eso no se cumple y más bien el registro de 338 linchamientos en poco más de una década obliga a buscar más respuestas respecto de los orígenes de esos actos violentos, sobre todo porque es el departamento donde existen mayores facilidades en seguridad.

Hasta ahora, los linchamientos se ubican entre los mayores delitos que quedan impunes, lo que de nuevo desnuda la debilidad del Estado, y aunque muchos justifican esas acciones ante la parsimonia de las autoridades, falta de educación o de oportunidades, lo cierto es que esas cifras también ubican a Guatemala entre los países donde más se cometen linchamientos.

Prensa Libre intentó obtener una explicación sobre la política del Ministerio de Gobernación respecto de la prevención de los linchamientos, pero las autoridades respectivas ni siquiera se dignaron a responder, lo que a su vez explica los pobres resultados ante una serie de hechos violentos y lamentables en costo de vidas humanas.

Pobladores del sector indicaron que vieron cómo los responsables del accidente viajaban en un vehículo a toda velocidad. Muchas personas y vehículos debían quitarse del paso para evitar ser atropellados.

Sin embargo, los cuatro tripulantes de la motocicleta no corrieron con la misma suerte y fueron arrollados. Al ver esto los lugareños intentaron linchar a los responsables quienes, al parecer, iban ebrios.

Los hombres fueron rescatados por agentes de la Policía Nacional Civil. Al ver esta situación, los enardecidos pobladores rodearon la unidad policial y amenazaban con quemarlos.

Los agentes solicitaron más apoyo para sacar del lugar a las tres personas y evitaron que fueran linchadas.  Fueron trasladados al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

Durante el asalto resultó herido el guardia de seguridad Adelso Rogelio Carreto López de 30 años, quien murió minutos después en la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. También sufrió lesiones el trabajador de la empresa Adán Rodas, quien fue trasladado a un centro médico privado.

Luego del hecho, pobladores capturaron a los cuatro supuestos responsables, los llevaron al centro de la comunidad, rociaron de combustible y prendieron fuego.

Lucha por sobrevivir

Cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar, determinaron que tres individuos habían muerto y uno tenía signos vitales, por lo que, en estado grave, fue hospitalizado. Presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo. Fue identificado como Francis Josué Orozco Castillo, 19, originario de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, quien lucha por su vida tras sufrir quemaduras de consideración, durante la noche del lunes..

Trasladado por Bomberos Municipales Departamentales, el hombre acusado de presuntamente participar en un robo a un empleado de una empresa de telefonía móvil, donde murió su guardia de seguridad, presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo.

Un médico que pidió no ser mencionado, aseguro que su condición es delicada, ya que las quemaduras son de consideración, y permanece en el cuarto de shock del Hospital Nacional de San Marcos, esperando los exámenes para practicarle una cirugía urgente, ya que presenta un golpe a la altura de la garganta.

Familiares que no se han pronunciado ante los medios de comunicación, permanecen en la sala de espera del centro asistencial esperando ser salvado, mientras se preguntan qué sucedió en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Mientras que los cadáveres de Carlos Manuel Castillo Rodríguez de 29 años y Anderson Joram López Díaz de 23, permanecen en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, donde se realiza la necropsia.

Sin embargo hace falta identificar un cadáver, pues de acuerdo con la información del Ministerio Publico, la tercera víctima de linchamiento, porta un Documento Personal de Identificación, que no corresponde a la identidad del fallecido, sino que se trata de Lester Benedin Morales Cheguen, pero por el momento no se ha revelado porque la confusión.

Los tres supuestos asaltantes que murieron en la comunidad fueron identificados como

1. Lester Benedin Morales Cheguen
2. Carlos Manuel Castillo Rodríguez
3. Anderson Joram Lopéz Díaz

Los cadáveres fueron trasladados por una autopatrulla a la morgue en el hospital nacional. 

“Me dijeron que los atropellaron y les robaron. Somos originarios de San Antonio Sacatepéquez -San Marcos-, y ya lo reconocimos”, dijo Angélica Carreto, hermana del guardia muerto.

A las 19.40 horas, un contingente de 50 agentes de la PNC ingresó a la comunidad para mantener el orden público.

Las circunstancias en las que fueron apresados los dos supuestos sicarios no están claras. Los primeros reportes indicaron que la PNC los habían detenido, pero luego hubo reportes de que la población los persiguió y detuvo cuando escapaban a bordo de un mototaxi; fueron llevados a una plaza y los lincharon y quemaron.

Los dos supuestos sicarios tendrían 16 y 18 años, y posiblemente pobladores de la aldea El Trapiche, siempre en San Pablo.
 
La PNC se movilizó a San Pablo para evitar alteraciones del orden público. No hay reporte de personas detenidas o daños a la subestación local.
 
Al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Publico quienes han iniciado con la investigación correspondiente para determinar cómo se registró este hecho.

La mujer y sus hijos fueron golpeados y atados por la turba a un “palo santo”, que es el árbol donde anidan las hormigas, tras ser acusados de intentar robar autos en esa localidad selvática.

Agentes policiales rescataron a los acusados, pero la mujer murió poco después en un hospital y sus dos hijos, que son mayores de edad, aún se recuperan de las heridas.

Los hijos de la mujer negaron ser ladrones y dijeron a la Policía que fueron a Caranavi a tratar de cobrar unas deudas.

Según la abogada Roxana Bustillos, la mujer murió por una bronco aspiración supuestamente debido a que las hormigas le picaron en la tráquea provocando una inflamación que le impidió respirar, indicó el portal informativo Urgente.bo

La defensora agregó que se trata de un acto de “barbarie” porque muestra que no hay respeto a “los valores humanos, a los derechos y a las garantías constitucionales”.

Los casos de linchamientos son relativamente habituales en el área rural y algunos barrios periurbanos de Bolivia, y según la Defensoría del Pueblo, en 2015 se produjeron 32 intentos, de los que 5 terminaron en muerte.

En ocasiones, quienes cometen los linchamientos se justifican por la “justicia comunitaria”, reconocida en la Constitución boliviana de 2009, pero las autoridades han explicado varias veces que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni la pena de muerte. 

• Reporte del canal de noticias Bolivision al Día

Esto viene al caso como consecuencia del trágico suceso acaecido la noche del domingo en la aldea Concepción Sacojito, Chinautla, en donde un ciudadano no perteneciente a esa comunidad, tan cercana a la capital del país, fue retenido por enfurecidos vecinos que lo señalaban de integrar una banda delictiva que asedia a comerciantes y transportistas. Los aldeanos manifestaban estar hastiados del acoso de los criminales, pero justificaban su peligrosa e ilegal actuación al declararse totalmente desamparados por las autoridades.

La retención ocurrió de manera parecida a sucesos anteriores: supuestos testigos identificaron a William Aguilar como integrante de una banda, aunque según sus acompañantes solo había llegado al lugar a visitar unas piscinas recientemente inauguradas. Sin embargo, el cierre total de la comunidad a cualquier acción o negociación de las autoridades, así como a los cuerpos de socorro, impidió rescatar con vida al agredido, cuyo cuerpo quedó en una de las calles. Los familiares de Aguilar, quienes lograron salir del lugar con ayuda de la Policía, aseguran que la víctima era ajena a cualquier actividad reñida con la Ley.

Como en tantos otros casos resulta muy difícil comprobar la culpabilidad e incluso la inocencia de la persona señalada y asesinada en forma tumultuaria por un grupo presa de la histeria y de la estupidez, que se escudó en las sombras. Se trata de un nuevo acto de criminalidad colectiva detonado por el persistente convencimiento de inseguridad e indefensión, derivado de la usual percepción de inoperancia o connivencia policial y judicial, como consecuencia de la celeridad con que presuntos delincuentes recuperan su libertad en los juzgados y por la creencia de que tomando la justicia por mano propia será posible erradicar las acciones a largo plazo de las mafias.

El país se encuentra relativamente lejos de los años con mayor incidencia de retenciones y linchamientos. El pico de casos ocurrió en el 2013 con 529 víctimas, de las cuales 52 fueron asesinadas y 243 pudieron ser rescatadas, aunque muchas veces con graves heridas. Este año, hasta el 31 de julio, ya suman 68 casos confirmados de golpizas y agresiones contra presuntos delincuentes, de los cuales 11 han muerto, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Tan lamentable como la pérdida de vidas y las lesiones es el daño que sufren las propias comunidades, puesto que la explosión violenta que presuntamente castiga a un criminal carece de toda legitimidad legal y no tiene continuidad efectiva a lo largo del tiempo. El crimen colectivo acarrea efectos deshumanizantes sobre quienes participan, aun cuando crean que sus motivaciones eran legítimas, que no pueden serlo jamás. Todo linchamiento refleja una fractura social, una desconfianza mutua que rechaza incluso al ordenamiento legal que da el verdadero sustento a la vida en sociedad.

En los primeros cinco meses del 2016, de acuerdo con la PDH, ocho hombres fueron linchados y 42 quedaron heridos, mientras que una mujer también perdió la vida a manos de los pobladores y dos más sobrevivieron y fueron trasladadas a algún hospital.

Juan Orlando Velásquez, investigador sociopolítico de la entidad, precisó que pese a que el 2015 terminó con 170 personas vapuleadas y 28 linchadas, el fenómeno ha tendido a disminuir en algunas áreas, aunque el problema persiste en otras regiones debido a la ausencia de instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

Velásquez precisó que debe crearse una unidad específica que vele por la solución de este fenómeno en todo el país, en la que se involucre el Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial y Ministerio Público (MP) para lograr una mediación con las comunidades.

Mas acciones

El experto considera que también debe desarrollarse un plan de acción y de prevención, acompañado principalmente de inversión social, para crear proyectos de educación y salud en las comunidades donde más han prevalecido este tipo de agresiones.

“No basta con instalar nuevas comisarías. Tienen que establecer programas y se debe ampliar la cobertura del Organismo Judicial y del Ministerio Público en estos lugares. Lo que sucede es que hay desesperación porque no hay presencia policial, juzgados o fiscalías donde interponer denuncias sobre diversos ilícitos”.

Según el investigador sociopolítico, la Fiscalía solo cubre el 17 por ciento de municipios del país, y en el resto no existe ninguna cobertura.

Agregó que en algunos municipios no hay suficientes agentes de la PNC y las autoridades locales no tienen el liderazgo para mediar y evitar un linchamiento.

“En algunas regiones tenemos, incluso, algunas denuncias sobre abusos de la PNC, y es de recordar que hasta las mismas autoridades son golpeadas en varias ocasiones. Ejemplo de esto es cuando queman patrullas para liberar a los supuestos delincuentes porque quieren aplicar su propia justicia”, acotó Velásquez.

Según el informe de la PDH, de los linchamientos ocurridos este año un 8 por ciento han sido contra mujeres y el resto contra hombres adultos.

También se resalta que el problema no solo se registra en la provincia, sino también en la metrópoli debido a que se han documentado casos de personas vapuleadas en Mixco, Villa Nueva y en las zonas 12, 5 y 1 de la capital.

Uno de los hechos recientes ocurrió el 31 de mayo último en la 3a. avenida 8-65 de la zona 1, donde fueron vapuleados Daniel Yánez, de 18 años, y Mynor López, 20, señalados de asaltar un bus urbano, aunque las autoridades no les encontraron armas de fuego ni objetos que hubieran sido robados a los pasajeros.

Mueren inocentes

Lizandro Acuña, analista en seguridad, considera que la principal causa de los linchamientos es la falta de cobertura de la PNC debido a que ha sido expulsada de varias comunidades.

“En esos espacios libres se genera un ambiente de gobernabilidad, pero de los comunitarios. Esto conlleva a que se vulneren los derechos y la integridad física de las personas y muchos inocentes pierden la vida”, refirió.

Añadió: “Cuando se forman comités de seguridad primero hay colaboración, pero se cometen actos ilícitos cuando esa colaboración de los pobladores se convierte en una obligación para contribuir a que se mantengan esos grupos”.

Acuña señala que existe un viceministerio de Prevención del Delito, que hasta el momento no ha podido crear una estrategia en contra de este flagelo.

“También estamos viendo una respuesta del MP en delitos de alto impacto, pero dejan a la delincuencia común por un lado porque tenemos una Policía reactiva y no preventiva”, concluyó el experto.

Con mano propia

• Retenciones y  linchamientos ocurren por diversos señalamientos.
• Entre los  principales delitos que se atribuyen  a quienes son vapuleados figuran robo, violencia sexual, secuestro y  extorsión, según la PNC.
• Tres hombres  y una mujer han sido  linchados este año en San Juan Sacatepéquez, según el informe de la PDH.
• Cinco hombres  fueron linchados en Malacatán, San Marcos, y en Taxisco y Cuilapa, Santa Rosa.
• Las retenciones  ilegales     también han ocurrido este año en las zonas 1, 5, 6, 9 y 12 de la capital.  En la mayoría de esos  casos tanto hombres como mujeres han sido  señalados de asalto a buses o extorsiones. A pesar de las agresiones, todos han sido entregados   finalmente a la PNC.

Benito de la Cruz, jefe de la sub estación de la Policía Nacional Civil, dijo intentaron rescatar a los fallecidos, pero la población no lo permitió.

“Nosotros ya teníamos identificadas las zonas, pero como los pandilleros estaba organizados fue difícil controlarlos, por lo que los mismos vecinos hicieron justicia con sus propias manos a pesar que se trató de dialogar con ellos”, refirió De la Cruz.

Edgar Catalán, alcalde de Taxisco, dijo que  varios vecinos han informado que hay un grupo de personas que asaltan comercios y dejan teléfonos celulares con los cuales presuntamente buscan extorsionar.

“La municipalidad ya ha avisado a las autoridades y esperamos que se resuelva la situación para que no se repita este hecho”, refirió el jefe edil.

Según el alcalde, hay comunicación directa entre las comunidades y las autoridades para que las alerten en casos de emergencia.

Hasta el momento las víctimas y los detenidos no están identificados.

Incidentes en Taxisco, Sta Rosa, se reporta 1 fallecido con herida de bala, 1 calcinado aun con vida, no permiten que @CBMDEPTAL lo asista.

— BDepartamentales (@CBMDEPTAL) February 25, 2016

La detención se efectuó mediante una orden de captura girada por un juzgado local, por el delito de asesinato, informaron investigadores de la PNC.

El martes último, Óscar René Velásquez, 40, y Gerson López Citalán, 28, fueron aprehendidos en diferentes sectores de esa localidad, sindicados de también haber participado en los disturbios donde fue linchado el militar.

Investigadores policiales detallaron que Ortiz fue retenido por manifestantes el 16 de noviembre último cuando tomaba fotografías con un teléfono móvil a los mototaxistas, quienes protestaban contra las extorsiones y le causaron quemaduras.

Ortiz fue trasladado a un hospital de la capital, donde falleció el 26 del mismo mes. 

En la manifestación participaron unos 650 pilotos, quienes por tres días se pronunciaron en las calles para exigir a autoridades de Gobierno que les garanticen seguridad para laborar.

El sueño truncado del sargento Luis Ortiz

Consternación  se vivió en la comunidad San José Las Vegas, de la cabecera  de Retalhuleu, tras el fallecimiento del sargento primero Luis Julio Ortiz Ordóñez, de 27 años, como consecuencia de las quemaduras provocadas por una turba de mototaxistas.

El sargento era encargado de una escuadra en la base aérea del sur y ayudante de copiloto. Aunque no pudo ejercer su profesión de maestro, su sueño en el Ejército  era convertirse en piloto aviador.

Vecinos que omitieron sus nombres dijeron que al parecer no habrá festividad por el ambiente que se vive por la muerte de Juracán Lejá. Añadieron  que únicamente habrá una procesión y una misa en honor de la Virgen de Concepción.  

Otros pobladores indicaron que desconocen qué pasará, ya que las autoridades locales no han indicado si habrá celebración o no. 

Se trató de conocer la versión del alcalde Pedro Juracán, pero se negó a brindar declaraciones, para no generar conflictos entre la población, debido a que la situación del municipio es complicada.

Comerciantes que instalaron sus ventas en el lugar de la feria,  dijeron que dudan si llegarán visitantes y que otros vendedores decidieron no llegar por la incertidumbre que se vive. 

El 11 de octubre último, turbas vapulearon y quemaron al alcalde de Concepción,  Bacilio Juracán Lejá,  a quien sindicaban de ser el responsable de un ataque armado en contra de un excandidato a la alcaldía, en el que murieron dos mujeres.

Como medida de prevención,  un contingente de  agentes de la Policía Nacional Civil permanece en Concepción para resguardar el orden.  

Turbas vapulearon y quemaron al alcalde de Concepción, Sololá, Bacilio Juracán Lejá, la tarde del domingo último, a quien sindicaban de ser el responsable de un ataque armado en contra de un excandidato a la alcaldía, en el que murieron dos mujeres.

En otro hecho, Rodolfo Enrique Garnica Trejo, excandidato a la Alcaldía de la cabecera de Jutiapa por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), murió baleado el lunes pasado  víctima de un supuesto asalto en una gasolinera, aunque pobladores consideran otras hipótesis.

Violencia electoral

La primera vuelta electoral el 6 de septiembre estuvo marcada por distintos de hechos de violencia, sobre todo en la provincia en donde se manifestó inconformismo con los resultados de los alcaldes electos.

Aunque en esta segunda vuelta electoral solo se votará por dos candidatos presidenciales, analistas exponen que con la muerte del alcalde en Sololá, se devela el nivel de violencia que pueden alcanzar los pobladores al argumentar que hacen justicia por su propia mano.

Expertos reiteran que los linchamientos es una  problemática que existirá en el tiempo ante la ingobernabilidad en varias regiones del país.

Este y otros temas son analizados todos los miércoles y viernes a partir de las 15.30 horas en el programa Diálogo Libre, a través de Prensalibre.com.

“Cuando nuestro equipo llegó al lugar había una muchedumbre en la casa [de la víctima]. La policía consiguió sacarle y llevarlo al hospital pero no le pudieron salvar”, indicó el responsable.

“Hemos detenido a seis personas y desplegado a efectivos adicionales para evitar nuevos incidentes”, añadió.

El hijo de Akhlaq, de 22 años, resultó gravemente herido en el ataque y está en la unidad de cuidados intensivos.

Matar vacas está prohibido en la mayoría de Estados de India, un país de mayoría hindú donde también viven musulmanes  (13% de la población), católicos y budistas.

En marzo, el estado de Maharastra fue más lejos y prohibió también poseer carne de vaca, una medida que según las minorías religiosas demuestra la influencia cada vez mayor de los extremistas hindúes desde que el primer ministro Narendra Modi, un nacionalista hindú, llegó al poder.

Antes del linchamiento un ternero había desaparecido del pueblo. Pero según explicó Sajida, la hija de la víctima, al periódico The Indian Express, la familia tenía en su nevera carne de cordero y no de vaca.

Según esta publicación, la víctima formaba parte de un grupo de tres hombres que siguieron el olor de la sopa caliente hasta la cocina de una residencia privada, donde agarraron la cacerola y se dieron a la fuga.

“No es la primera vez que vienen a robar a nuestra residencia. La semana pasada se llevaron la batería del vehículo de un vecino”, declaró un habitante de la zona a la prensa local.

La policía condenó el asesinato, según ThisDay, que citó a un policía declarando que “todo sospechoso se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario” .

Las actividades de autodefensa son una cuestión controvertida en Nigeria, que creó milicias anticrimen en el sur del país a inicios de los años 2000 para apoyar a la policía nacional en un momento en que estaba desbordada.

Recientemente resurgieron los grupos de autodefensa, con el apoyo del ejército, en el noreste del país, bastión de la insurgencia islamista de Boko Haram.

Rosa Torres, esposa de la víctima, dijo que la turba acusaba a su esposo de asaltar por la mañana a un grupo de maestras, pero él estaba trabajando.

Por la mañana, un grupo de vecinos detuvo a Esbin Aroldo Reyna Hernández, 18, y a un menor de edad, a quienes sindicaban de ser los responsables del robo en contra de las maestras. Un tercero de los supuestos delincuentes huyó del lugar.

La Policía Nacional Civil logró convencer a los pobladores que les entregara los detenidos, y los puso a disposición de la autoridades judiciales, quienes dejaron en libertad al menor de edad.

Las personas sacaron de la cárcel al sospechoso —quien aparentemente era un inmigrante no autorizado de Bangladés— y le arrojaron piedras hasta que murió, dijo el policía Constable Sunep Aier.

Las autoridades informaron que se impuso un toque de queda en la ciudad tras el linchamiento y hasta el momento no se han reportado más incidentes de violencia, el hombre había sido arrestado por ser sospechoso de violar a una mujer el 24 de febrero.

En años recientes, India ha visto muestras de furia contra la violencia sexual que prevalece en todo el país, sin embargo, el linchamiento del jueves posiblemente también esté vinculado a las tensiones en Nagaland por el arribo de inmigrantes desde Bangladesh.

Dimapur, la ciudad más grande de Nagaland, está a mil 600 kilómetros al este de Nueva Delhi. Varios grupos locales acusan a los inmigrantes de quitarles tierras y empleos por lo cual han protestado desde hace semanas.